El Parlamento Europeo,

–  Vista la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 30 de enero de 2020, según la cual la COVID-19 constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional,

–  Vistas las observaciones iniciales del director general de la OMS en la sesión informativa para los medios de comunicación sobre la COVID-19, de 11 de marzo de 2020, en la que se reconoció la COVID-19 como pandemia,

–  Visto el informe de las Naciones Unidas de marzo de 2020 titulado «Responsabilidad compartida, solidaridad global: Responder ante las repercusiones socioeconómicas de la enfermedad por coronavirus de 2019»,

–  Vista la declaración conjunta del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de 25 de marzo de 2020, sobre un llamado a la acción en relación con la deuda de los países clientes de la Asociación Internacional de Fomento y el comunicado de los ministros de Hacienda y de los gobernadores de bancos centrales del G-20, de 15 de abril de 2020, en el que se anuncia una suspensión temporal de los pagos destinados al servicio de la deuda para los países más pobres que soliciten la concesión de períodos de gracia,

–  Vista la Resolución 74/270 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 2 de abril de 2020, sobre la solidaridad mundial para luchar contra la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID‑19),

–  Vista la Resolución 74/274 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de abril de 2020, sobre la cooperación internacional para garantizar el acceso mundial a los medicamentos, las vacunas y el equipo médico con los que hacer frente a la COVID-19,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 8 de abril de 2020, sobre la respuesta de la UE a escala mundial a la COVID-19 (JOIN(2020)0011),

–  Vista la Conferencia Internacional de Donantes organizada por la Unión, junto con la OMS y otros socios, el 4 de mayo de 2020, en la que se recaudaron 7 400 000 000 EUR de financiación inicial para impulsar la cooperación mundial en materia de investigación,

–  Vista la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la pandemia de COVID-19, de 28 de mayo de 2020 (COM(2020)0441), presentada por la Comisión, que proponía asignar hasta 5 000 000 000 EUR (a precios de 2018) para la prestación de ayuda humanitaria fuera de la Unión,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 8 de junio de 2020, sobre la respuesta a escala mundial del «Equipo Europa» a la COVID-19,

–  Vista la propuesta contemplada en el proyecto de Conclusiones del Consejo, de 10 de julio de 2020, para asignar 5 000 000 000 EUR para la ayuda humanitaria a través del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional en el marco del instrumento Next Generation EU,

–  Vista la propuesta del Consejo contemplada en el proyecto de Conclusiones de 10 de julio de 2020 de que se definan criterios y modalidades claros para la asignación de la nueva dotación de la Reserva para Solidaridad y Ayudas de Emergencia,

–  Visto el componente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) del Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19 para 2020, titulado «Abordar el impacto de la COVID-19 en las crisis alimentarias, abril-diciembre de 2020»,

–  Visto el artículo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) titulado «Proteger a los niños más vulnerables de los efectos de la COVID-19: Programa de acción», publicado el 3 de abril de 2020 y actualizado el 21 de septiembre de 2020,

–  Visto el informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), de 29 de septiembre de 2020, titulado «WFP Global Response to COVID-19» (Respuesta a escala mundial del PMA a la COVID-19),

–  Visto el informe de la Food Security Information Network, de 20 de abril de 2020, titulado «2020 Global Report on Food Crises: Joint Analysis for Better Decisions» (Informe mundial de 2020 sobre las crisis alimentarias: análisis conjunto para unas decisiones mejores),

–  Visto el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, de 19 de noviembre de 2020, titulado «Impact of the COVID-19 pandemic on trade and development: transitioning to a new normal» (El impacto de la pandemia de COVID-19 en el comercio y el desarrollo: transición hacia una nueva normalidad),

–  Visto el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), UNICEF, el PMA y la OMS de 2020, titulado «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020: Transformación de los sistemas alimentarios para que promuevan dietas asequibles y saludables»,

–  Visto el documento temático del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, de septiembre de 2020, titulado «Los impactos de COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición: elaboración de medidas normativas eficaces para abordar la pandemia del hambre y la malnutrición»,

–  Vista la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre el agua, el saneamiento y la higiene en los establecimientos de salud, de 28 de mayo de 2019,

–  Visto el informe de situación de la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA), de 23 de noviembre de 2020, titulado «COVID-19 and HIV: Progress Report 2020» (COVID-19 y VIH: informe de situación 2020),

–  Vista la Declaración política de las Naciones Unidas de la reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria universal, de 23 de septiembre de 2019, titulada «Cobertura sanitaria universal: avanzando juntos para construir un mundo más saludable»,

–  Visto el informe de la OMS, de 15 de octubre de 2020, titulado «Informe mundial sobre la tuberculosis 2020»,

–  Vistas las recomendaciones derivadas de la consulta de la OMS sobre zoonosis, de 5 de mayo de 2004,

–  Visto el Plan de Acción en materia de género de la UE (GAP) III para 2021-2025 titulado «Un ambicioso programa para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la acción exterior de la UE»,

–  Visto el resumen de políticas de ONU Mujeres, de 9 de abril de 2020, titulado «El impacto de COVID‑19 en los niños»,

–  Visto el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), de 27 de abril de 2020, titulado «Repercusión de la pandemia de COVID-19 en la planificación familiar y la eliminación de la violencia de género, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil»,

–  Visto el artículo del UNFPA, de 28 de abril de 2020, titulado «Se prevén millones de nuevos casos de violencia, matrimonio infantil, mutilación genital femenina y embarazos no deseados debido a la pandemia de COVID-19»,

–  Vistos los Reglamentos Sanitarios Internacionales de la OMS de 2005,

–  Visto el Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo, de 2018, titulado «Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro»,

–  Visto el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria, de 2008,

–  Vista su Resolución, de 27 de octubre de 2015, sobre la crisis del virus del Ébola: lecciones a largo plazo y maneras de reforzar los sistemas sanitarios de los países en desarrollo para prevenir futuras crisis(1),

–  Visto el estudio de la profesora Sabine Oertelt-Prigione, de 27 de mayo de 2020, titulado «The impact of sex and gender in the COVID-19 pandemic» (El impacto del sexo y el género en la pandemia de COVID-19),

–  Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias(2),

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Vista la opinión de la Comisión de Cultura y Educación,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A9‑0151/2021),

A.  Considerando que la COVID-19 es una pandemia mundial que afecta a todos los países del mundo;

B.  Considerando que, según el informe especial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de 2020 titulado «Impact of the Covid-19 pandemic on trade and development: transitioning to a new normal» (El impacto de la pandemia de COVID-19 en el comercio y el desarrollo: transición hacia una nueva normalidad), la perturbación causada por la COVID-19 ha tenido consecuencias reales y desproporcionadas en los hogares vulnerables y desfavorecidos de bajos ingresos, los migrantes, los trabajadores del sector informal y, a menudo, mujeres, sobre todo en los países en desarrollo, donde las poblaciones no gozan de la cobertura de las redes de seguridad social y, además, se ven especialmente afectadas por un desempleo creciente;

C.  Considerando que la pandemia de COVID-19 ha aumentado los casos de violencia de género, los matrimonios infantiles y las desigualdades existentes, en particular en lo que se refiere al acceso a los servicios sanitarios, incluidos los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos, y que ya ha revertido algunos de los avances logrados en materia de igualdad de género en las últimas décadas;

D.  Considerando que la ayuda humanitaria está gravemente infrafinanciada, lo que hace difícil abordar adecuadamente las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en los países en desarrollo;

E.  Considerando que los efectos económicos y sociales de la pandemia de COVID-19 se han dejado sentir con mayor intensidad en los países en desarrollo; que se prevé que la pobreza extrema mundial aumente en 2020 por primera vez en más de 20 años, dando lugar a la venta de activos, un mayor endeudamiento y el uso de ahorros por parte de personas vulnerables;

F.  Considerando que la ayuda humanitaria a corto plazo debe combinarse con el apoyo para superar retos existentes como los que atañen a la seguridad, la pobreza, la paz, la democracia y el cambio climático, con el fin de fortalecer la resiliencia a largo plazo;

G.  Considerando que existe un riesgo desproporcionadamente alto de contagio para millones de refugiados en todo el mundo que, a menudo, viven en campamentos de refugiados densamente poblados o centros colectivos, donde se estima que solo la población de niños se sitúa en torno a 3,7 millones;

H.  Considerando que la pandemia de COVID-19 ha afectado enormemente al acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), en particular en el caso de las mujeres y los jóvenes, debido a la falta de prioridades y a la perturbación en la prestación de los servicios de SDSR, así como a las restricciones de viaje y a los cambios en las conductas saludables; que otros 49 millones de mujeres han tenido una necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos debido a la COVID-19;

I.  Considerando que el cambio climático y la destrucción de hábitats naturales y la pérdida de biodiversidad que continúan a escala mundial aumentan considerablemente el riesgo de que se desarrollen enfermedades zoonóticas; que el brote de COVID-19 no debe utilizarse en ningún caso como excusa para justificar retrasos en la lucha contra la emergencia climática y medioambiental; considerando la urgente necesidad de una reconstrucción ecológica y social de la economía mundial tras el brote de COVID-19;

J.  Considerando que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado en gran medida los problemas de deuda existentes de los países en desarrollo, poniendo aún más en peligro sus esfuerzos por movilizar recursos suficientes para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al tiempo que ha reducido gravemente las remesas mundiales y la inversión extranjera directa;

K.  Considerando que, a lo largo de la pandemia de COVID-19, la presión sobre los sistemas de salud públicos y las medidas de confinamiento han restringido aún más el acceso a los servicios de SDSR, lo que pone en peligro la salud de las mujeres;

L.  Considerando que, según UNICEF, 1 600 millones de niños y jóvenes de todo el mundo se vieron afectados por el cierre de centros escolares, en su punto álgido en 2020, y que muchos de ellos no disponían de acceso a internet en sus hogares; que al menos 24 millones de estudiantes podrían abandonar la escuela debido a la pandemia de COVID‑19;

M.  Considerando que la pandemia de COVID-19 eleva las necesidades de las comunidades afectadas por fenómenos meteorológicos extremos, catástrofes naturales y el cambio climático;

N.  Considerando que la perturbación causada por el brote de COVID-19 en los sistemas de educación y formación de todo el mundo probablemente no tenga precedentes en la historia contemporánea, con un cierre de escuelas e instituciones de formación que afecta al 94 % de la población mundial de alumnos, según la UNESCO, lo que podría tener una repercusión duradera en las perspectivas a largo plazo de muchos jóvenes, en particular de las niñas; que el cierre de escuelas debido a la pandemia ha privado a los niños vulnerables de servicios de alimentación y nutrición escolar que son esenciales para su salud, incrementándose así en 36 millones el número de niños que pasaron hambre en 2020, y aumentando también su exposición a la violencia y el abuso;

O.  Considerando que la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de las cadenas de suministro mundiales, especialmente en los sectores alimentario y de la salud, y ha aumentado la vulnerabilidad de los países en desarrollo que dependen de ellas; que la pandemia brinda la oportunidad de desarrollar cadenas de suministro más sostenibles y resilientes, entre ellas cadenas de valor regionales, y de impulsar la integración regional; que la inseguridad alimentaria y la desnutrición aumentan como efecto secundario de la pandemia;

P.  Considerando que la educación desempeña un papel fundamental en la fractura del ciclo de la pobreza y en la reducción de las desigualdades; que la meta del ODS 4 consiste en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, y que esto es esencial para el logro de otros ODS; que la contribución de la cultura al desarrollo sostenible se recoge en varias metas de los ODS, en particular en el ODS 4;

Q.  Considerando que la pandemia tendrá consecuencias devastadoras para las personas de países con sistemas sanitarios infrafinanciados, especialmente mujeres y niñas, y para las personas que viven en países afectados por conflictos; que la pandemia situará a más de 47 millones de mujeres y niñas de todo el mundo por debajo del umbral de la pobreza de aquí a 2021;

R.  Considerando que las consecuencias económicas de las medidas adoptadas para abordar la pandemia de COVID-19 en los países en desarrollo exacerbarán las desigualdades y vulnerabilidades existentes, también a través de un mayor debilitamiento de la infraestructura sanitaria, el agravamiento de la inseguridad alimentaria, la ampliación de las brechas en la educación y el aumento de la pobreza y la exclusión social;

S.  Considerando que en torno a 1 800 millones de personas corren un mayor riesgo de contraer la COVID-19 y otras enfermedades porque utilizan o trabajan en centros sanitarios sin servicios básicos de suministro de agua, según un informe de diciembre de 2020 de la OMS-UNICEF;

T.  Considerando que la pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente a programas rutinarios de vacunación y otros servicios sanitarios básicos, lo que pone en peligro vidas humanas;

U.  Considerando que, según datos recientes del UNFPA, se estima que el retraso o la interrupción de la educación y de los programas de acercamiento comunitarios sobre prácticas dañinas a nivel mundial provocará dos millones más de casos de mutilación genital femenina y 13 millones más de matrimonios infantiles a lo largo de la próxima década, en comparación con cálculos previos a la pandemia;

V.  Considerando que los confinamientos han ejercido un impacto particularmente severo en las personas con discapacidades físicas o intelectuales;

W.  Considerando que es necesario mejorar la coordinación, la puesta en común de capacidades y la cooperación como parte de los esfuerzos internacionales para promover un nexo eficiente y resiliente entre la esfera humanitaria, el desarrollo y la paz;

X.  Considerando que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las violaciones de los derechos humanos y el estigma y la discriminación a los que se enfrentan las personas que viven con el VIH, las personas LGBTI y otros grupos vulnerables, y ha subrayado la necesidad crítica de que las respuestas a la COVID-19 se fundamenten en los derechos humanos y la igualdad, como se aprendió de la respuesta al VIH; que, en ocasiones, poblaciones clave han sufrido la denegación del acceso a servicios o la aplicación discriminatoria de órdenes de confinamiento relativas a la COVID-19;

Y.  Considerando que es probable que las consecuencias a medio plazo de la COVID-19 tengan un impacto devastador, revirtiendo años de avances en el ámbito del desarrollo, y que requieran una cooperación mundial sin precedentes;

Z.  Considerando que la crisis provocada por la pandemia ha acelerado la transición digital y un avance hacia nuevas herramientas docentes como el aprendizaje a distancia y combinado;

AA.  Considerando que es crucial reconocer una vez más que la consecución de los ODS y los objetivos del Acuerdo de París requiere invertir en desarrollo humano y adoptar un enfoque basado en los derechos, respetando al mismo tiempo los principios de Busan sobre la eficacia de la cooperación para el desarrollo;

Enfoque del Equipo Europa

1.  Acoge con satisfacción la respuesta mundial de la Unión a la pandemia de COVID-19, que demuestra su ambición de liderar y mostrar solidaridad con todos los países asociados, incluidos los afectados por conflictos y crisis humanitarias; señala, no obstante, que los fondos actuales se reasignan esencialmente de otras líneas presupuestarias y que hay que hacer frente al reto de la distribución anticipada de la ayuda; solicita que los criterios de distribución para la asignación se actualicen en función del impacto de la pandemia en los países asociados; pide, por consiguiente, que se movilicen nuevos fondos flexibles y sustanciales para ayudar a los países en desarrollo de todo el mundo a luchar contra las consecuencias directas e indirectas de la pandemia de COVID-19 y abordar sus necesidades críticas en materia de gobernanza sanitaria y vigilancia epidemiológica; subraya que uno de los primeros pasos debe ser la puesta a disposición de vacunas, tratamientos, equipos, terapias y medios de diagnóstico seguros en todo el mundo de manera rápida, equitativa y asequible; destaca que también es importante que se prioricen las vacunas para los trabajadores sanitarios y sociales, seguidos por los profesores y otros trabajadores esenciales y las personas con mayor riesgo de complicaciones derivadas de la COVID-19; insta a los donantes a elevar con rapidez la ayuda oficial al desarrollo para alcanzar los niveles prometidos en el pasado, pero nunca alcanzados;

2.  Acoge con satisfacción, en este sentido, el Mecanismo COVAX —el mecanismo mundial para garantizar un acceso justo y universal a las vacunas contra la COVID-19— y el firme apoyo del Equipo Europa, que es el mayor donante y ha destinado hasta la fecha más de 850 000 000 EUR a esta iniciativa, mientras que la Unión y terceros países han anunciado ya su intención de donar su superávit de vacunas a través del Mecanismo COVAX; se congratula del anuncio de la OMS de que el despliegue mundial en 91 países elegibles comenzó en el primer trimestre de 2021 y que, a estas alturas, se han entregado 2 000 millones de dosis de vacunas; subraya que las vacunas seguras deben suministrarse de manera universal, asequible y fácilmente accesible para todos a fin de frenar la pandemia; incide en que se debe otorgar prioridad al personal sanitario y a los más vulnerables;

3.  Pide al Equipo Europa que refuerce los mecanismos eficaces para garantizar la coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible, de modo que el conjunto de las instituciones de la Unión y los Estados miembros los utilicen de forma sistemática y eficiente; subraya que la Unión debe realizar evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad en todos los ámbitos de la formulación de políticas, también en lo que respecta a sus respuestas a la pandemia;

4.  Insiste en que el impulso alcanzado por el enfoque común del Equipo Europa en lo que respecta al análisis, la programación y la aplicación conjuntos debe traducirse en una nueva norma de cooperación en los ámbitos de la ayuda humanitaria y la política de desarrollo, tanto en el Derecho como en la práctica; considera que la Unión debe promover que la coordinación deba incrementarse no solo entre los Estados miembros, sino también con terceros países donantes, con vistas a maximizar la eficacia y la eficiencia de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria; destaca la importancia del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional-Una Europa Global (IVDCI-Una Europa Global) para garantizar la financiación del desarrollo humano, incluidos la salud, la nutrición, el agua, el saneamiento y la higiene, la protección social y de la infancia y el sector educativo; pide a la Unión y a los Estados miembros que den prioridad al desarrollo humano y a la sanidad en su programación conjunta; anima a la Comisión a que recurra a la flexibilidad de los instrumentos de ayuda humanitaria y desarrollo, con arreglo a un planteamiento de nexo integrado, sobre todo en lo que atañe a la financiación y la distribución de vacunas;

5.  Pide a los donantes de la Unión que garanticen que las organizaciones locales de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales que trabajan en primera línea reciban financiación para ejecutar programas y proyectos que aborden la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias a escala comunitaria, con el fin de llegar a las personas a las que se ha dejado más atrás; subraya que, en ausencia de recursos adicionales para la respuesta y la recuperación frente a la COVID-19, y habida cuenta de que la mayoría de los fondos se destinan a dotaciones geográficas, resulta crucial garantizar una complementariedad óptima de la financiación de la Unión;

Fondos de ayuda humanitaria

6.  Advierte de que se corre el riesgo de que la pandemia desencadene una crisis humanitaria; expresa, por tanto, su profunda preocupación por la infrafinanciación del presupuesto de ayuda humanitaria de la Unión, habida cuenta de las necesidades humanitarias adicionales causadas por la pandemia; pide que se distribuya claramente la dotación de la Reserva para Solidaridad y Ayudas de Emergencia, que debe tener por objeto proporcionar una cobertura equilibrada de sus obligaciones de la siguiente manera: no se podrá asignar más del 60 % del importe anual de la reserva a operaciones internas o externas; el 1 de octubre de cada año deberá seguir estando disponible, como mínimo, la cuarta parte del importe anual del ejercicio n, con el fin de cubrir las necesidades que puedan surgir hasta el final de ese ejercicio presupuestario; a partir del 1 de octubre, los fondos restantes podrán movilizarse con el fin de cubrir las necesidades que puedan surgir hasta el final de ese ejercicio presupuestario;

7.  Hace hincapié en la necesidad de proporcionar asistencia humanitaria, como la dotación de personal y equipos médicos, incluidos los equipos de protección personal y kits de pruebas, a las poblaciones más vulnerables; acoge con satisfacción, en este sentido, la creación del Puente Aéreo Humanitario de la Unión Europea 2020;

8.  Insta a la Unión y a los Estados miembros a asignar fondos adicionales a los países que sufrirán los mayores efectos de la pandemia para abordar sus repercusiones directas e indirectas, e insiste en la necesidad de acelerar la ejecución de los programas de ayuda alimentaria de emergencia dirigidos a aquellos que ya habían sido identificados como vulnerables antes de la crisis de la COVID-19, aplicando al mismo tiempo procedimientos para reducir los riesgos de transmisión;

Seguridad alimentaria

9.  Hace hincapié en que la pandemia amenaza la seguridad alimentaria en entornos rurales, urbanos y periurbanos; subraya que la ganadería de pastoreo es un método de producción de alimentos locales y de buena calidad ecológica respetuoso con el medio ambiente y, por lo tanto, forma parte de un sistema alimentario sostenible; señala que los pastores son especialmente vulnerables a las perturbaciones de la seguridad alimentaria y a los efectos del cambio climático; considera esencial apoyar a los pastores garantizando el acceso seguro a los mercados locales durante la pandemia, a fin de velar por que puedan seguir suministrando alimentos ricos en proteínas a la población local, que se permita la movilidad transfronteriza de las personas y el ganado, que sus rebaños tengan acceso al agua y a las tierras de pastoreo y que los equipos móviles comunitarios con el enfoque previsto en el Plan de Acción «Una sola salud» supervisen la situación e intervengan en casos individuales, aunque también, cuando sea necesario, con miras a mantener la salud pública; pide que se hagan transferencias de efectivo a los pastores con el fin de garantizar la cobertura de sus necesidades básicas, también en lo que ataña a los alimentos y piensos, y pide ayuda alimentaria para los rebaños, como parte del apoyo a los medios de subsistencia en forma de ayuda humanitaria, cuando sea necesario;

10.  Subraya la necesidad de apoyar a las explotaciones agrarias familiares y a las pequeñas y medianas empresas locales, sobre todo en el sector agroindustrial, con el fin de reforzar la seguridad alimentaria y la resiliencia;

11.  Pone de relieve la necesidad de apoyar las medidas de las agencias de las Naciones Unidas, y en particular de la FAO y el PMA, así como las acciones del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y las ONG internacionales, encaminadas a mitigar el hambre, la desnutrición y la pérdida de medios de subsistencia y a crear sistemas alimentarios resilientes, como las destinadas a establecer un mecanismo mundial de datos para facilitar información rápida sobre las necesidades humanitarias, prestar asistencia para la producción de alimentos y el acceso a estos, organizar transferencias de efectivo y vales o la distribución de alimentos en especie y comidas escolares, desarrollando vínculos con los sistemas de protección social capaces de responder a las crisis, estabilizar los sistemas alimentarios y garantizar el funcionamiento de los mercados de alimentos, las cadenas de valor y los sistemas locales, centrándose al mismo tiempo en los pequeños agricultores y pescadores mediante la aplicación de medidas sanitarias a fin de evitar la transmisión de la COVID-19, y responder a otras crisis, recesiones económicas y conflictos diferentes, como la propagación de la langosta del desierto en África oriental; considera que el proceso de recuperación económica brinda la oportunidad de integrar mejor a los pequeños agricultores y productores en los mercados locales y regionales y de desarrollar medios de vida más sostenibles; hace hincapié en la importancia de la tecnología y la digitalización en este sentido, como medio para facilitar el conocimiento del mercado y el acceso a este, y de ampliar el tamaño de las pequeñas empresas mediante herramientas como las aplicaciones de dinero para dispositivos móviles;

12.  Recuerda que deberán proporcionarse alimentos seguros y asequibles a una población mundial de aproximadamente 10 000 millones de personas de aquí a 2050, al tiempo que se garantiza un empleo y unos medios de vida dignos a lo largo de toda la cadena de valor alimentaria, se protege a los más vulnerables en las zonas rurales, incluidos los pueblos indígenas, los migrantes y los trabajadores informales y ad hoc y se contrarresta la extrema volatilidad de los precios de los alimentos en los mercados nacionales e internacionales de estos productos; reconoce el papel crucial de la nutrición en el fortalecimiento de la resiliencia; pide un enfoque más integrado respecto a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del hambre y la desnutrición, tanto en las respuestas humanitarias como en las de desarrollo, particularmente en el caso de los países más vulnerables al cambio climático; destaca que es crucial desarrollar la agricultura local para el consumo local, con el fin de reducir la dependencia de los países en desarrollo respecto de las importaciones y exportaciones y las posibles perturbaciones a lo largo de la cadena alimentaria; subraya que la consecución de los ODS 1 y 2 requiere un enfoque interdisciplinario con el fin de transformar el modo en que se producen, transforman, consumen y comercializan los alimentos; hace hincapié, en este sentido, en la necesidad de una transformación global para acelerar la adopción de sistemas alimentarios justos, seguros y saludables, tomando la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas de 2021 como punto de inflexión para procurar una reconstrucción mejor tras la crisis de la COVID-19; invita a la Unión a promover la sostenibilidad a lo largo de todas las cadenas de suministro de alimentos, desde la producción hasta el consumo, de conformidad con el Pacto Verde Europeo y la Estrategia «De la Granja a la Mesa»;

13.  Señala que la pandemia de COVID-19 exacerba el problema ya extremadamente grave de la inseguridad alimentaria en África oriental y Oriente Próximo causado por las plagas de langostas, ya que las restricciones retrasan la entrega de plaguicidas y equipos para el control de las langostas; hace hincapié en la necesidad de una mayor cooperación para ayudar a los países de África oriental y Oriente Próximo a hacer frente a la pérdida de cosechas;

14.  Señala que diversas cargas mundiales como el rápido crecimiento de la población, el cambio climático, la escasez de recursos naturales y los cambios en los patrones de consumo restan capacidad a nuestros sistemas alimentarios para garantizar la seguridad alimentaria y la disponibilidad de alimentos de una manera sostenible desde el punto de vista social y medioambiental para todos;

15.  Subraya que se necesitan medidas suficientes para mejorar la situación actual en los países africanos, que se enfrentan a un rápido crecimiento de la población combinado con la capacidad incierta de sus sectores agrícolas para garantizar la producción de alimentos y aplicar medidas de adaptación al cambio climático;

16.  Considera que los límites de la disponibilidad y la degradación de la tierra, la escasez de agua y las restricciones a la producción de alimentos constituyen graves barreras para aumentar el suministro y la productividad agrícolas, que están vinculados a la incertidumbre socioeconómica e institucional de los países en desarrollo;

Pobreza y protección social

17.  Subraya que se prevé que la pobreza mundial extrema aumente drásticamente en 2020 por primera vez en más de veinte años, especialmente en el caso de los niños, y que la pandemia de COVID-19 agrave las causas de los conflictos, la mala gobernanza y el cambio climático y tenga un impacto especialmente profundo en las mujeres y las niñas (se prevé que el número de personas que viven en condiciones de extrema pobreza aumente en 47 millones de aquí a 2021), los trabajadores informales y migrantes (que representan la cuarta parte de la mano de obra mundial), el sector del turismo y las economías de América Latina, el Caribe y África; pone de relieve, en el contexto de esta crisis extrema, la importancia de la protección social universal y el diálogo social; solicita a la Comisión que diseñe estrategias con los países asociados para la recuperación económica y la creación de empleo y para mejorar los sistemas de seguridad social, fomentando la ampliación de la cobertura de protección social a los trabajadores informales en los sectores rurales;

18.  Destaca que los más vulnerables están siendo los más golpeados por la pandemia, en particular refugiados, desplazados internos y migrantes en situaciones precarias, que se enfrentan a tres crisis: una crisis sanitaria, otra socioeconómica y una más de protección; pone de relieve que los niños desplazados son especialmente vulnerables debido a su acceso limitado a servicios esenciales, como el agua, el saneamiento y la higiene, la educación, la atención sanitaria y los servicios de asistencia, poniendo así en grave peligro el desarrollo, el futuro y la salud de estos niños;

19.  Considerando que las consecuencias del brote de la pandemia de COVID-19 afectan de manera desproporcionada a las personas más pobres y a las de las categorías sociales más desfavorecidas, marginadas y desprotegidas, incluidas las personas con discapacidades físicas o intelectuales, las personas con dolencias crónicas, las personas con problemas de salud mental y las personas mayores, que ya son objeto de un acceso limitado o nulo a la higiene y tratamiento básicos en lo que a sus necesidades sanitarias se refiere, y que se han vuelto incluso más vulnerables debido a la pandemia;

Refugiados y desplazados

20.  Insta a la Comisión a que atienda las necesidades específicas de los refugiados, los migrantes y los desplazados internos, defendiendo el principio rector de las redes públicas de salud de no dejar a nadie atrás y absteniéndose de impedir que los trabajadores humanitarios de primera línea tengan contacto directo con aquellos a los que prestan servicios; recuerda con preocupación que los refugiados, los migrantes y los desplazados internos se encuentran entre las poblaciones más vulnerables que hacen frente a esta crisis sanitaria, ya que a menudo se enfrentan a condiciones de vida más precarias y tienden a afrontar más obstáculos que las poblaciones locales a la hora de acceder a los servicios sanitarios básicos; subraya la necesidad absoluta de que todas las personas afectadas, independientemente de su nacionalidad, condición legal, origen, sexo, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra característica, tengan acceso en condiciones de igualdad a los tratamientos de la COVID-19 y a otros servicios de salud y programas de redes de seguridad; subraya la importancia de apoyar a los refugiados y a los desplazados internos para hacer frente al desproporcionado impacto socioeconómico de la pandemia, mediante el refuerzo del apoyo a los medios de subsistencia y las actividades generadoras de ingresos, así como su acceso a la seguridad; hace hincapié en que las políticas de la Unión deben tratar de apoyar su acceso al empleo, la educación y la documentación cívica; insta a la Unión y a los Estados miembros a crear las condiciones necesarias para que los niños y los jóvenes en los campos de refugiados tengan acceso a la educación, incluidas opciones de aprendizaje a distancia, en particular de aprendizaje básico;

Fortalecimiento del sector de la salud

21.  Subraya que el brote de COVID-19 ha exacerbado el problema persistente de la escasez de medicamentos a escala mundial, con consecuencias graves en los países en desarrollo; subraya que la ayuda al desarrollo debe dedicarse ante todo a prestar una cobertura universal «transversal» del sistema sanitario mediante un enfoque integral y basado en los derechos, lo que supone, entre otras cosas, abordar plenamente el carácter multidimensional de la salud (estrechamente relacionada con el género, la seguridad alimentaria y la nutrición, el agua y el saneamiento, la educación y la pobreza); pide, en particular, que se revisen las estrategias y asociaciones propuestas o existentes con el fin de seguir fortaleciendo y respaldando los sistemas de salud públicos en los países socios, en particular por lo que respecta a la preparación ante las pandemias y la organización y gestión de los sistemas de salud, incluidos la prestación de asistencia sanitaria universal, las vacunas, la vigilancia y la información sanitarias (incluida la vigilancia de enfermedades), la capacitación, la contratación y la retención del personal médico, la capacidad de diagnóstico y el suministro de medicamentos;

22.  Recuerda que el fortalecimiento de los sistemas sanitarios no debe tener en cuenta exclusivamente los efectos epidemiológicos de la pandemia de COVID-19 en los países socios, sino que también debe tomar en consideración factores como la necesidad de gestionar el aumento de la desnutrición causado por las perturbaciones de las cadenas de suministro de alimentos o los efectos psicológicos de las medidas para mitigar los brotes de COVID-19;

23.  Recuerda a la Comisión que las organizaciones asociadas consolidadas de la Unión, como el Fondo Mundial, proporcionan una valiosa ayuda para procurar y desplegar rápidamente equipos de protección personal, y medios de diagnóstico y tratamiento para la COVID-19, además de desempeñar un papel esencial en el desarrollo y el refuerzo de sistemas sanitarios y en la provisión de donantes;

24.  Destaca la necesidad de ponerse al día en los programas de inmunización rutinaria lo antes posible y de garantizar que se reanuda la prestación de otros servicios sanitarios básicos; pide financiación adecuada a iniciativas como la Alianza para las Vacunas (GAVI) y la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI); expresa su preocupación por el sistema de gobernanza mundial de las vacunas, externalizado y fragmentado, que ha llevado a la competencia por las vacunas, los diagnósticos y los tratamientos, más que a la cooperación; insta a la Unión y a los Estados miembros a liderar los llamamientos a favor de un acceso equitativo y asequible a las vacunas en todo el mundo, basado en el principio de la solidaridad mundial; pide a la Comisión que se asegure de que la respuesta mundial de la Unión a la pandemia de COVID-19 no menoscabe la financiación de la Unión para otros programas de salud vitales, incluyendo el paquete de servicios iniciales mínimos para la salud sexual y reproductiva y los programas destinados a la salud de las mujeres y las embarazadas; insta a todos los Estados miembros y a la Comisión a que sigan apoyando a los países asociados en la prestación de servicios relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, garantizando al mismo tiempo la seguridad de las comunidades y los trabajadores sanitarios;

25.  Recuerda la importancia de aplicar las lecciones clave extraídas de crisis sanitarias anteriores, como la epidemia de ébola; destaca, en este sentido, la importancia de colaborar con los líderes de la comunidad para difundir mensajes clave de salud pública y movilizar a las sociedades; subraya el papel crítico desempeñado por las organizaciones de la sociedad civil y las ONG nacionales e internacionales en la prestación de servicios de salud a las comunidades más desfavorecidas; reconoce que estas organizaciones serán socios esenciales en la distribución de vacunas contra la COVID-19; invita a la Unión a apoyar el desarrollo de capacidades de estas organizaciones;

26.  Subraya el papel de la educación sanitaria en la prevención y la atenuación de los efectos de los brotes pandémicos, y en la preparación para futuras emergencias de salud pública; pone de relieve los beneficios del deporte para abordar las consecuencias físicas y mentales de confinamientos prolongados y el cierre de centros escolares;

27.  Pide encarecidamente a la Comisión y a los Estados miembros que se comprometan a hacer de las vacunas y los tratamientos contra la pandemia un bien público mundial al que todos puedan acceder;

28.  Destaca que la continuidad de los servicios sanitarios básicos, incluidos los de nutrición, es necesaria en la respuesta y la recuperación frente a la COVID-19; subraya que deben prestarse servicios de calidad en materia de nutrición en el marco de la asistencia sanitaria primaria, incluidos la prevención, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de todas las formas de desnutrición; reconoce el papel de los trabajadores sanitarios comunitarios como personal de primera línea al que debe apoyarse, también a través de formación;

29.  Subraya que la investigación y la innovación (I+i) han revestido una importancia decisiva en la respuesta mundial a la COVID-19, al permitir el desarrollo de tratamientos, vacunas y diagnósticos requeridos con urgencia; hace hincapié en que las actividades de I+i deben orientarse hacia herramientas que funcionen en entornos de recursos escasos para permitir una respuesta verdaderamente global; incide en que se requieren esfuerzos similares para abordar las brechas existentes en materia de investigación y de productos para combatir otras epidemias, en particular las enfermedades relacionadas con la pobreza y desatendidas que afectan a miles de millones de personas en todo el mundo, pero que ofrecen incentivos de mercado limitados para las inversiones del sector privado, y con el fin de poner fin a la dependencia respecto a los países más ricos en lo que atañe a su investigación sobre enfermedades que pueden no afectarles directamente; pide a la Unión y a los Estados miembros, por tanto, que refuercen las oportunidades de colaboración transnacional entre investigadores y fomenten el desarrollo de las capacidades humanas en el terreno de la investigación en los países asociados, prestando especial atención a las mujeres;

30.  Apoya la importante labor de la OMS y señala su papel central como autoridad rectora y coordinadora de la respuesta a la pandemia de COVID-19, reconociendo al mismo tiempo su necesidad de reforma, incluida, entre otras, la del Reglamento Sanitario Internacional, una vez se haya gestionado la fase crítica de la crisis;

31.  Subraya la necesidad de medidas urgentes, el aumento de la financiación y la mejora de la coordinación de las respuestas en materia de conductas y prácticas higiénicas como una de las defensas más esenciales para prevenir, contener y tratar la COVID-19; subraya la necesidad de suministros fiables de agua limpia para mantener la limpieza de los hogares, las escuelas y los centros sanitarios, y destaca la importancia del acceso a agua potable, el saneamiento e infraestructuras, servicios y productos básicos de higiene, porque son esenciales para desarrollar la resiliencia frente a futuros brotes de enfermedades; invita a la Unión y a sus Estados miembros a aumentar significativamente su financiación en materia de agua, saneamiento e higiene en el marco de su respuesta a la COVID-19, y a reforzar la resiliencia global frente a futuras crisis;

32.  Pone de relieve el papel crucial desempeñado por las organizaciones comunitarias y las organizaciones de la sociedad civil en la prestación de servicios de salud a las comunidades más marginadas y desfavorecidas; pide a la Comisión que garantice el apoyo político, financiero y técnico a las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios en la comunidad, garantizando así que las personas que no pueden acudir a las clínicas de salud puedan acceder a servicios personalizados y adecuados;

33.  Subraya que una distribución más equitativa de las vacunas en todo el mundo es esencial para combatir eficazmente la propagación de la COVID-19 y su mutación; recuerda asimismo que los instrumentos médicos contra la COVID-19 deben ser asequibles, seguros, eficaces, fáciles de administrar y de acceso universal, y que deben considerarse un bien público mundial;

Derechos humanos, gobernanza y democracia

34.  Le preocupa que, desde el comienzo de la crisis de la COVID-19, muchos Gobiernos hayan utilizado la emergencia para justificar la imposición de restricciones a los procesos democráticos y al espacio civil, incluida la limitación del acceso humanitario, y para oprimir a las minorías; condena, en particular, la censura, las detenciones y la intimidación de periodistas, opositores, profesionales sanitarios y otras personas por criticar a los Gobiernos, incluida su gestión de la crisis; hace hincapié, de forma más amplia, en el creciente impacto negativo de la COVID-19 en todos los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho y pide, por consiguiente, que se refuerce la ayuda, el diálogo político y el apoyo a la sociedad civil y al fortalecimiento de las instituciones en todos estos ámbitos, prestando especial atención a los defensores de los derechos humanos y los activistas de la sociedad civil;

35.  Señala que las investigaciones a escala mundial indican que el estigma y la discriminación siguen afectando a las personas que viven con el VIH, en particular a ciertas poblaciones clave y grupos vulnerables; recuerda las conclusiones de ONUSIDA de que las personas y los grupos asociados a la COVID-19 también han experimentado percepciones y acciones negativas; destaca que las poblaciones vulnerables y marginadas siguen siendo estigmatizadas, también a causa de las intersecciones entre el VIH y la COVID-19, como es el caso de las personas que viven en la pobreza, las personas sin hogar, los refugiados, los migrantes, los trabajadores de la industria del sexo, las personas que consumen drogas y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales;

36.  Subraya que las consecuencias de la combinación de una pandemia sanitaria y una recesión mundial socavarán gravemente la capacidad de los países en desarrollo para alcanzar los ODS, en particular de los países menos adelantados (PMA); recuerda el llamamiento de las Naciones Unidas a favor de un paquete de medidas frente a la crisis de la COVID-19 dotado con 2 500 000 000 de dólares para los países en desarrollo, que se enfrentan a unos daños económicos sin precedentes derivados de la crisis de la COVID-19; aboga por una respuesta política de amplio alcance basada en el principio fundamental de la Agenda 2030 de «no dejar a nadie atrás»;

37.  Subraya que el estado de emergencia tiene consecuencias negativas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que siempre debe estar limitado en el tiempo, y debidamente justificado mediante procedimientos democráticos y jurídicos, y ha de ser proporcional a la emergencia, respetando el orden constitucional y el Derecho internacional de los derechos humanos; insiste en que las emergencias sanitarias no deben utilizarse nunca como pretexto para socavar el Estado de Derecho, las instituciones democráticas, la rendición de cuentas democrática o el control judicial;

38.  Expresa su preocupación por los ataques violentos contra el personal y los centros humanitarios y médicos, así como por los obstáculos burocráticos, como la falta de claridad y la modificación de los requisitos para obtener acceso o las restricciones en cuanto a personal y número de vehículos en los países asociados; subraya la importancia de seguir abordando estos ataques y obstáculos a escala diplomática y política;

39.  Invita a la Comisión y a los Estados miembros a apoyar a los Parlamentos para que sigan desempeñando un papel activo en el examen de las medidas gubernamentales para contener la pandemia de COVID-19, y en la evaluación de las consecuencias para los derechos humanos de las medidas de salud pública; subraya que el sector sanitario en muchos países es propenso a la corrupción y que es necesario reforzar la rendición de cuentas y la supervisión;

40.  Destaca las consecuencias especialmente graves del período de confinamiento de la COVID-19 y los daños colaterales que han sufrido las mujeres, las jóvenes y los niños, en particular el aumento de la violencia de género, incluyendo la mutilación genital femenina, la incidencia creciente del matrimonio infantil, los embarazos precoces y no deseados y el acceso limitado a los servicios de salud, incluidos los servicios de SDSR, pero también la exposición de las mujeres a la COVID-19 debido a su representación desproporcionadamente alta en el personal sanitario mundial; observa que en muchos países socios las mujeres trabajan en sectores feminizados, como el sector de la confección, que se han visto gravemente afectados; subraya la necesidad de que el IVDCI-Una Europa Global estimule las oportunidades de empleo de las mujeres posteriores a la crisis; pide que se adopten medidas para contrarrestar la carga asistencial desproporcionada que soportan las mujeres y cualquier posible retroceso en materia de seguridad, salud, emancipación, independencia económica y empoderamiento, así como en materia de educación, mediante programas específicos como la Iniciativa Spotlight y el Plan de Acción de la UE en materia de Género III y la reorientación del apoyo europeo; pide que se redoblen los esfuerzos para prevenir y abordar mejor la violencia doméstica; pide la participación significativa de las mujeres en las decisiones que afectan a su salud y su vida laboral; subraya la necesidad de incluir la perspectiva de género en la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19, para abogar por órganos inclusivos de toma de decisiones y recopilar datos desglosados por sexo y edad para el análisis de género;

41.  Recuerda que se está demostrando que los efectos económicos y sociales de la pandemia afectan de manera desproporcionada a las mujeres, y que se corre el riesgo de que tales efectos reviertan décadas de progreso en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que, con vistas a abordar este reto y garantizar una recuperación sostenida, mejoren su apoyo externo a acciones destinadas a potenciar la voz y la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, mejorar la educación y la formación de las mujeres, eliminar la discriminación en el acceso al crédito y promulgar leyes contra la violencia de género;

Servicio de la deuda y presupuestos sólidos

42.  Acoge con satisfacción la suspensión temporal de los pagos destinados al servicio de la deuda de los países más pobres anunciada por el G-20 y se suma al llamamiento a los acreedores privados y los bancos comerciales de propiedad estatal para que sigan su ejemplo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la plena ejecución de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G-20 (ISSD) y el nuevo Marco Común del G-20 para Reestructuraciones de Deuda más allá de la ISSD; subraya que la magnitud de la crisis económica y social en el mundo en desarrollo exige medidas más profundas y de mayor alcance, y alienta a la Comisión a que apoye los esfuerzos internacionales a este respecto; considera que los intereses ahorrados gracias a esta suspensión deberían invertirse, en su lugar, en el sector de la salud, que suele estar gravemente infrafinanciado en los países en desarrollo; invita a la Comisión y a los Estados miembros, en este sentido, a que apoyen asimismo las iniciativas a escala internacional en las que se propongan mecanismos flexibles para la reducción de la deuda vinculados a la creación de fondos de contrapartida en moneda local con el fin de promover las inversiones encaminadas a lograr los ODS;

43.  Señala que muchos países en desarrollo ya presentaban niveles significativos de deuda antes de la pandemia, lo que impedía las inversiones adecuadas en la prevención de crisis, los sistemas de salud y la protección social; subraya la importancia de abordar con prioridad la sostenibilidad de la deuda en los países asociados; pide a la Comisión que adopte nuevas iniciativas para hacer frente a los problemas de los flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal y el fraude fiscal, a fin de mejorar las bases tributarias de los países en desarrollo; insta a tal fin a la Unión a que garantice que sus acuerdos comerciales, de doble imposición y de inversión están en consonancia con el objetivo de movilización de los recursos nacionales de los países ACP y se traducen en resultados de desarrollo tangibles y sostenibles, de conformidad con el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo que recoge el artículo 208 del Tratado de Lisboa; aboga, en un sentido más amplio, por la creación de un organismo fiscal mundial al nivel de las Naciones Unidas que ayude a coordinar las políticas fiscales; pide, además, que el apoyo presupuestario se dirija a los servicios básicos universales, y en particular al acceso a los servicios básicos de salud, agua y saneamiento, y a la capacidad de recuperación;

44.  Pide a la Comisión que prevea más apoyo para los países más frágiles con el fin de hacer frente a la pandemia de COVID-19 y proporcionar acceso a la asistencia sanitaria, sin descuidar retos existentes como la pobreza extrema, la seguridad, el acceso a una educación y un empleo de calidad, la democracia, la igualdad de oportunidades y el cambio climático;

45.  Destaca que la reducción de los flujos de remesas en los países en desarrollo empeorará las condiciones de vida de los hogares que dependen de esta fuente de ingresos para financiar el consumo de bienes y servicios como los de alimentación, asistencia sanitaria y educación; insta por tanto a la Unión y a la comunidad de donantes a que adopten medidas decisivas para cumplir su promesa de contribuir a reducir casi a cero el coste de las tasas de envío de remesas, y como mínimo al 3 %, como se pide en el ODS 10;

Educación y digitalización

46.  Subraya el hecho de que la pandemia de COVID-19 ha provocado que un número sin precedentes de alumnos pierdan meses de escolarización, lo que constituye un importante revés para los esfuerzos en el sector de la educación, especialmente en lo que respecta a la educación de las mujeres, las niñas y los desplazados; insta a los Gobiernos a que solo utilicen la medida del cierre de escuelas como último recurso en la lucha contra la pandemia; apoya la continuidad y priorización de la inversión en educación en situaciones de emergencia y otros entornos humanitarios; pide que la educación siga constituyendo una prioridad de gasto en la política de desarrollo de la Unión y que se tenga debidamente en cuenta la función social y cultural de las escuelas; insta a los Gobiernos a que, en este contexto, den prioridad al apoyo a los niños más marginados y a sus familias, ya que las desigualdades económicas y sociales están profundamente vinculadas al abandono escolar prematuro y al bajo rendimiento desde la primera infancia, lo que pone en peligro las perspectivas de empleabilidad durante la edad adulta; recalca que los niños en situaciones de mayor riesgo, especialmente los niños con discapacidad y los que viven en zonas afectadas por conflictos, son los más duramente golpeados por esta pandemia; recomienda que la Unión apoye las acciones de UNICEF y que los Estados miembros de la Unión compartan sus enfoques para mantener la enseñanza incluso en tiempos de crisis, y pide a la Unión y a sus Estados miembros que aprovechen el potencial del aprendizaje digital y a distancia (aplicaciones fuera de línea, radio, televisión y material impreso) en sus programas de apoyo internacional, de manera que no se deje a ningún niño sin educación; apoya, por tanto, el acceso abierto, seguro y asequible a internet (incluidos los datos móviles) y la igualdad de acceso, uso y creación de tecnología digital, con vistas a superar las brechas digitales, incluidas la de género y la de edad, y a incluir a las personas desfavorecidas o marginadas por la transformación digital;

47.  Pide que se considere la cultura por su valor intrínseco como cuarto pilar transversal e independiente del desarrollo sostenible, junto con las dimensiones social, económica y medioambiental; pide a la Unión que integre la sostenibilidad cultural en todos los niveles de la cooperación para el desarrollo e incluya sistemáticamente la dimensión cultural en las negociaciones de los acuerdos de asociación y en todo el conjunto de sus relaciones exteriores e instrumentos de política exterior;

48.  Destaca la importancia del aprendizaje permanente y la reconversión profesional, también a largo plazo tras la pandemia de COVID-19, ya que se convertirán no solo en una práctica común, sino también en un requisito necesario para los ciudadanos que trabajan, dada la rapidez con la que se desarrolla la tecnología;

49.  Señala la necesidad de proporcionar apoyo y reconocimiento a los profesores, cuya función crucial en la educación y en la construcción de una ciudadanía activa se ha puesto aún más de relieve por la pandemia; subraya la necesidad de invertir en formación del profesorado con el fin de preparar adecuadamente a los profesores para nuevos modelos docentes, como el aprendizaje electrónico y el aprendizaje combinado, como requisito para garantizar la continuación de la educación cuando se vea comprometido el aprendizaje presencial;

50.  Destaca el papel de los medios de comunicación independientes en la promoción de la diversidad cultural y de las competencias interculturales, y la necesidad de reforzar tales medios como fuente de información fiable, especialmente en tiempos de crisis e incertidumbre;

51.  Llama la atención respecto al elevado peaje que ha cobrado la pandemia a los sectores de la cultura y la creación, los sitios del Patrimonio Mundial, el patrimonio cultural inmaterial y el turismo relacionado con el patrimonio en todo el mundo, en particular en los países menos desarrollados, donde estos sectores son especialmente frágiles; insta a la Unión y a los Estados miembros a proporcionar ayuda financiera a estos sectores en el contexto de la cooperación al desarrollo, mediante fondos específicos con prioridades temáticas y geográficas, así como asistencia técnica, incluidas iniciativas de apoyo digital para mitigar los efectos negativos de las medidas de confinamiento, y a aprovechar las sinergias entre las organizaciones culturales, las ONG y los gobiernos locales, por un lado, y las delegaciones de la Unión y las sucursales en el extranjero de las instituciones culturales de los Estados miembros, por otro;

52.  Recuerda que la proporción dedicada a la educación en el total de la ayuda al desarrollo ha caído de manera constante en la última década; invita a los Estados miembros a invertir el 10 % de su ayuda oficial al desarrollo en educación de aquí a 2024 y el 15 % de aquí a 2030, incluida la inversión en educación, infraestructuras y conectividad digitales, para abordar la brecha digital que agrava las desventajas socioeconómicas;

Resiliencia

53.  Subraya la importancia de intercambiar mejores prácticas con los países socios y prestarles asistencia —incluido el desarrollo de capacidades de sus administraciones locales y regionales— y de intercambiar mejores prácticas con las organizaciones de la sociedad civil locales y prestarles asistencia para determinar las vulnerabilidades y crear mecanismos de prevención de crisis y respuesta a estas, así como proteger la infraestructura esencial para hacer frente a futuras perturbaciones sistémicas de todo tipo de manera más eficaz; subraya, asimismo, la importancia de adoptar el concepto «Una sola salud» desde el Gobierno central hasta el nivel de la comunidad con el fin de prevenir y combatir las zoonosis;

54.  Observa con preocupación que, debido a la evolución a raíz del cambio climático, se producirán sucesos meteorológicos extremos añadidos a la crisis de la COVID-19 que someterán a las economías, el funcionamiento de los Estados y la provisión de ayuda humanitaria a una presión adicional; exige, por tanto, que la estrategia de recuperación persiga los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático; considera además que las medidas de estímulo económico deben allanar el camino hacia un futuro sin emisiones de carbono y resistente al cambio climático, y pide apoyo para conservar variedades de semillas bajo la égida del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura para ayudar a las comunidades a restaurar las variedades pertinentes después de las catástrofes inducidas por el cambio climático;

55.  Considera que la pandemia ofrece una oportunidad para reconstruir mejor, y que las políticas humanitarias y de desarrollo de la Unión deben contribuir a la consecución de este objetivo en los países asociados; destaca en particular la necesidad de ayudar a los países en desarrollo a impulsar el progreso de la economía digital en ámbitos como los de la salud, la educación y otros servicios públicos; acoge con satisfacción la puesta en marcha del Centro Digital4Development (D4D) en diciembre de 2020, y anima a la Unión a realizar más inversiones en iniciativas de digitalización en los países asociados, recurriendo asimismo al fomento de la inversión del sector privado;

56.  Recuerda que la resiliencia consiste, en última instancia, tanto en la preparación general como en la capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias; recuerda asimismo, en este contexto, que las comunidades que lideran sus propias soluciones adaptadas a su contexto particular muestran mayor implicación a lo largo de todo el proceso de recuperación y, en última instancia, reconstruyen con más solidez; subraya que superar esta crisis desde un espíritu de solidaridad con nuestros socios reforzará las relaciones entre la Unión y los países en desarrollo y las dotará de mayor resiliencia;

57.  Recuerda que la inversión del sector privado podría desempeñar un papel importante en la contribución a la recuperación económica y la consecución de los ODS, dadas las mayores necesidades generadas por la pandemia; pide que se siga estudiando el papel del sector privado y la financiación combinada en el marco de los esfuerzos de recuperación y generación de resiliencia;

58.  Señala que las pandemias suelen tener un origen zoonótico; subraya, por consiguiente, la necesidad de apoyar los programas de educación sobre los peligros de la caza y el comercio de animales salvajes, así como la protección más estricta y la restauración de los ecosistemas y los hábitats, y de abordar los retos que plantea la agricultura industrial; pide un mayor apoyo a los países socios en su lucha contra la caza furtiva y el tráfico de animales salvajes, en particular garantizando la participación de las comunidades locales en la protección de la fauna salvaje; considera que deben concederse más fondos de la Unión a la investigación prospectiva sobre los vínculos entre la salud humana, la salud animal y los ecosistemas, al objeto de reforzar la preparación para responder a futuras crisis sanitarias creadas por mutaciones de virus de origen zoonótico;

59.  Opina que la resiliencia frente a futuras crisis de salud pública debe basarse asimismo en la investigación de enfermedades que causan brotes mortales en los países en desarrollo de manera regular; lamenta que actualmente no existan estudios suficientes sobre el desarrollo de vacunas que prevengan eficazmente enfermedades que son recurrentes en los países en desarrollo, como la malaria o el zika; pide a la Unión y a sus Estados miembros que financien más investigaciones con vistas al desarrollo de vacunas que eviten futuros brotes de tales enfermedades;

60.  Señala que, incluso en tiempos de crisis, la producción y la distribución de alimentos debe ser una prioridad absoluta; considera que debe reducirse la dependencia de fuentes externas de alimentos, plantas, semillas y fertilizantes, al tiempo que debe aumentarse la producción agrícola local y diversificada; acoge con satisfacción, a este respecto, el apoyo de la Unión a la agroecología, que debe reforzarse aún más; solicita apoyo para que se comparta el conocimiento sobre semillas agroecológicas nuevas, antiguas y más resilientes;

61.  Recuerda que los países en desarrollo son históricamente vulnerables frente a perturbaciones externas debido a unas bases de exportación limitadas y a unas economías menos diversificadas; subraya, en este sentido, que uno de los principales retos para los países en desarrollo consiste en ascender en la cadena de valor mundial a través de la diversificación económica, y pasar de un modelo de producción orientado a la exportación a un desarrollo basado en los mercados nacionales y regionales; subraya, a tal efecto, el papel crucial de la cooperación económica regional, la política industrial interna y la promoción de la inversión para reforzar la autonomía nacional o regional en la producción de bienes y servicios esenciales; considera esencial, en este contexto, aprovechar la financiación y las prácticas empresariales con vistas a promover la integración de las normas de sostenibilidad en toda la cadena de inversión; reitera que la diligencia debida obligatoria de las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente es condición necesaria para prevenir y mitigar futuras crisis y garantizar unas cadenas de valor sostenibles;

62.  Subraya que las inversiones en acciones de recuperación deben ser responsables con arreglo a las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el marco de la seguridad alimentaria nacional del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y a sus Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, al objeto de mitigar el cambio climático y fomentar la resiliencia de las poblaciones vulnerables;

63.  Pide a la Unión que integre mejor la consideración de los derechos de la infancia en la lucha contra el cambio climático y en sus acciones de promoción de la resiliencia y la preparación ante catástrofes directamente en sectores sociales como los de la educación, la salud, el agua, el saneamiento y la higiene, la nutrición, y la protección social y de la infancia;

Nexo entre la esfera humanitaria, el desarrollo y la paz

64.  Subraya que la aplicación del nexo entre la esfera humanitaria, el desarrollo y la paz ha de ser una prioridad en la programación del IVDCI-Una Europa Global en los países frágiles; pide a la DG ECHO, a la DG INTPA y a la DG NEAR de la Comisión que, siempre que sea posible, apliquen programas complementarios adaptados a los contextos y las oportunidades locales, a fin de reforzar mutuamente los diferentes aspectos del nexo;

65.  Subraya la necesidad de colaborar con las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil locales en la definición y ejecución de la respuesta a la crisis de la COVID-19; hace hincapié en el papel del Cuerpo Europeo de Solidaridad en el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil sobre el terreno para prestar asistencia a las personas necesitadas;

66.  Defiende el empoderamiento de las comunidades locales y su implicación en acciones humanitarias y de desarrollo, junto con las organizaciones de la sociedad civil locales, incluidas iglesias, organizaciones confesionales y demás representantes locales;

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67.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a los Gobiernos y los Parlamentos de los países de la Unión Africana, al secretario general de las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud.

(1) DO C 355 de 20.10.2017, p. 2. (2) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0054.