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Procedimiento : 2021/2042(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0259/2021

Textos presentados :

A9-0259/2021

Debates :

PV 14/09/2021 - 10
PV 14/09/2021 - 12
CRE 14/09/2021 - 10
CRE 14/09/2021 - 12

Votaciones :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0383

Textos aprobados
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Jueves 16 de septiembre de 2021 - Estrasburgo
Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia
P9_TA(2021)0383A9-0259/2021

Recomendación del Parlamento Europeo, de 16 de septiembre de 2021, al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia (2021/2042(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Rusia, en particular las de 18 de septiembre de 2014, sobre la situación en Ucrania y el estado de las relaciones UE‑Rusia(1), de 11 de junio de 2015, sobre la situación militar estratégica en la cuenca del mar Negro tras la anexión ilegal de Crimea por Rusia(2), de 16 de marzo de 2017, sobre los presos ucranianos en Rusia y la situación en Crimea(3), de 14 de junio de 2018, sobre los territorios georgianos ocupados diez años después de la invasión rusa(4), de 23 de noviembre de 2016, sobre la comunicación estratégica de la Unión para contrarrestar la propaganda de terceros en su contra(5), de 12 de marzo de 2019, sobre la situación de las relaciones políticas entre la Unión Europea y Rusia(6), de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa(7), de 19 de diciembre de 2019, sobre la Ley rusa de «agentes extranjeros»(8), de 17 de septiembre de 2020, sobre la situación en Rusia, en particular la intoxicación de Alexéi Navalny(9), de 21 de enero de 2021, sobre la detención de Alexéi Navalni(10), de 29 de abril de 2021, sobre Rusia, en particular el caso de Alexéi Navalni, el despliegue militar en la frontera de Ucrania y el ataque ruso en la República Checa(11), y de 10 de junio de 2021, sobre la designación de ONG alemanas como «organizaciones indeseables» por Rusia y la detención de Andrei Pivovarov(12),

–  Vistos la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa,

–  Vista la pertenencia de la Federación de Rusia al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y los consiguientes compromisos y obligaciones,

–  Vistas las medidas restrictivas de la Unión en respuesta a la crisis de Ucrania, que están en vigor desde 2014,

–  Visto el conjunto de medidas para la aplicación de los Acuerdos de Minsk, adoptado y firmado en Minsk el 12 de febrero de 2015 y adoptado en su totalidad por la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2202 (2015), de 17 de febrero de 2015,

–  Vistos los resultados del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión de 14 de marzo de 2016, en particular el acuerdo sobre los cinco principios rectores de la política de la Unión respecto a Rusia, así como las conclusiones del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de mayo de 2021 sobre Rusia y de 24 de junio de 2021 sobre relaciones exteriores,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 16 de junio de 2021, titulada «Relaciones UE‑Rusia: Rechazo, contención e implicación» (JOIN(2021)0020),

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 10 de junio de 2020, titulada «La lucha contra la desinformación acerca de la COVID‑19: contrastando los datos» (JOIN(2020)0008),

–  Vista la Declaración conjunta de la Plataforma de Crimea de 23 de agosto de 2021,

–  Visto el artículo 118 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9‑0259/2021),

A.  Considerando que Rusia forma parte integral del continente europeo y es el mayor vecino de la Unión y que existe una fuerte interdependencia histórica, así como lazos culturales y humanos, entre Rusia y los Estados miembros de la Unión; que los acontecimientos en Rusia en lo que a sus políticas y las características de sus autoridades respecta están afectando directamente tanto a la Unión como a la vecindad inmediata de esta; que, a pesar de los obstáculos impuestos en 2014, la Unión sigue siendo el mayor socio comercial de Rusia y Rusia es el quinto mayor socio comercial de la Unión; que la Unión es el principal inversor en Rusia;

B.  Considerando que en el Parlamento Europeo se distingue entre el pueblo ruso y el régimen del presidente Putin, una cleptocracia autoritaria estancada dirigida por un presidente vitalicio rodeado de un círculo de oligarcas; que las acciones críticas propuestas en la presente Recomendación van por tanto dirigidas contra el régimen del presidente Putin y sus actos delictivos y políticas antidemocráticas, al tiempo que se hace hincapié en el carácter urgente de entablar contacto con la ciudadanía rusa para mostrarle que la Unión Europea está en disposición de atender sus inquietudes;

C.  Considerando que el principal interés de la Unión consiste en proteger la libertad, la estabilidad y la paz dentro y fuera del continente europeo, las cuales se ven amenazadas por las agresivas políticas de las autoridades rusas, que representan una de las principales dificultades que se le plantean a la agenda estratégica y de política exterior de la Unión;

D.  Considerando que el futuro de Rusia puede ser democrático; que, como todos los pueblos, la ciudadanía rusa aspira a los valores universales de libertad y democracia; que la Unión debe presentar al pueblo ruso propuestas concretas para una cooperación mutuamente beneficiosa;

E.  Considerando que en la estrategia de la Unión con respecto a Rusia se han de conjugar dos objetivos principales: en primer lugar, poner fin a las agresiones exteriores y la represión interior del Kremlin y, en segundo lugar, colaborar con el pueblo ruso y ayudarle a construir ese otro futuro para Rusia, lo que beneficiaría a todos los pueblos del continente europeo, en particular al ruso;

F.  considerando que las relaciones de la Unión con la Federación de Rusia se basan en los principios del Derecho internacional, los principios fundacionales de la OSCE, la democracia, la resolución pacífica de los conflictos y las relaciones de buena vecindad; que, a pesar de haberse comprometido a respetar estos principios, el Gobierno ruso actual ha hecho patente su desdén por ellos; que Rusia abusa de instituciones internacionales, principalmente las Naciones Unidas y la OSCE, para impedir la justicia y la resolución de conflictos en todo el mundo;

G.  Considerando que, en 2019, Rusia se reincorporó al Consejo de Europa, pero no cesan sus graves violaciones de los derechos humanos, así como tampoco su negativa a cumplir las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

H.  Considerando que la política exterior del presidente Putin resulta claramente agresiva y revisionista, ya que busca ser considerado el defensor de los intereses rusos e intenta hacerse con el control de, entre otros territorios, aquellos que, a su parecer, se perdieron tras el desmoronamiento de la Unión Soviética; que los objetivos del régimen del presidente Putin incluyen asimismo los siguientes elementos: afirmar su autoridad en cuanto gran potencia; consolidar la injerencia del régimen en países postsoviéticos, sin limitarse a estos; situar la soberanía de los Estados poderosos por encima del derecho a la soberanía de otros Estados; utilizar la idea de proteger a las personas de etnia rusa en el extranjero como justificación para la guerra híbrida y la desinformación; aprovechar las zonas de conflictos enquistados como elemento estratégico para la injerencia en los países afectados impidiendo el acercamiento de estos a la Unión y a la OTAN; utilizar los recursos energéticos y las prácticas ilícitas de blanqueo de capitales como instrumentos de manipulación y chantaje; socavar el modelo de democracia liberal y presentar a Rusia como moralmente superior y a Occidente como moralmente inferior; suprimir la democracia, la oposición democrática y el derecho del pueblo a expresar su libre voluntad en Rusia; que el régimen del presidente Putin rechaza de manera especial el multilateralismo y el orden internacional basado en el Estado de Derecho y hace caso omiso del Derecho internacional, en particular de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, el Acta final de Helsinki de 1975 y la Carta de París de la OSCE de 1990, como queda demostrado, entre otras acciones, con las modificaciones constitucionales de 2020, cuyo proceso de adopción ha sido tildado de claramente inadecuado por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) y ha constituido una vulneración tanto del Derecho de Rusia como de sus obligaciones en el marco de la OSCE; que hay más de un millar de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que Rusia no ha cumplido;

I.  Considerando que el actual régimen ruso está amenazando la paz y la seguridad en Europa al seguir cometiendo violaciones sistémicas de los derechos humanos contra su pueblo y manteniendo conductas agresivas en su política exterior, incluidas, entre otras, las siguientes: ejercicios y despliegues militares a gran escala, la ocupación y anexión ilegal y violenta de Crimea, la violación de la integridad territorial y la desestabilización de Ucrania, Georgia y Moldavia, el mantenimiento de conflictos enquistados y el incumplimiento de los acuerdos de cese de hostilidades en Georgia y Ucrania, supuestos actos terroristas en el territorio de Estados miembros de la Unión, como Chequia, ciberataques y ataques a infraestructuras sensibles en Estados miembros de la Unión, violaciones del Derecho internacional, injerencia electoral, y violaciones del espacio marítimo y aéreo de países de las regiones del mar Báltico y el mar Negro; que la falta de respuesta adecuada por parte de la Unión a las diversas agresiones rusas desde la dirigida contra Georgia en 2008 ha llevado a Rusia a proseguir sus campañas militares y políticas agresivas tanto en sus países vecinos como en otros, debilitando y socavando así la estabilidad y el orden internacional basado en normas en Europa y en otros lugares;

J.  Considerando que el Gobierno ruso sigue almacenando armas ofensivas y estacionando tropas en las inmediaciones de las fronteras de la Unión en el enclave de Kaliningrado;

K.  Considerando que, gobernada por el actual régimen, Rusia constituye una amenaza a largo plazo para la seguridad europea, según ha valorado hace poco el Grupo de reflexión de la OTAN; que Rusia ha establecido nuevas bases militares y ha modernizado otras antiguas en el norte del país; que ha remodelado su flota septentrional para convertirla en una zona militar, ha ampliado distintas ramas de sus fuerzas armadas y ha reactivado el concepto de defensa de bastiones con el objetivo de proteger sus capacidades estratégicas; que la Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN en el flanco oriental ha desempeñado un papel crucial a la hora de disuadir a Rusia de llevar a cabo actividades desestabilizadoras, incluido el despliegue militar en la Zona Militar Occidental; que el fracaso del control de armamento junto con Rusia (por ejemplo, su retirada del Tratado de eliminación de misiles nucleares de mediano y corto alcance y del Tratado de Cielos Abiertos) y la falta de avances en materia de desarme nuclear en el marco del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, así como el rechazo por parte de Rusia del nuevo Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, son motivo de gran preocupación en lo que respecta a la seguridad de la ciudadanía europea; que ello va acompañado de una peligrosa modernización de los arsenales nucleares y convencionales rusos y de sus vectores, así como de la introducción de tecnologías desestabilizadoras (misiles y torpedos hipersónicos con potencia nuclear, etc.);

L.  Considerando que, de manera pronunciada en marzo y abril de 2021, el régimen del Kremlin ha aumentado sustancialmente la presencia militar en la frontera oriental y septentrional de Ucrania con Rusia en lo que es la mayor concentración de soldados rusos desde 2014; que el régimen del Kremlin suspendió el derecho de paso para los buques de guerra y los buques comerciales de otros países a través de parte del mar Negro en dirección al estrecho de Kerch, lo que constituye una violación de los derechos de navegación garantizados por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la que Rusia es parte;

M.  Considerando que Rusia está prestando un apoyo político y económico constante al régimen ilegítimo y reprobable de Aliaksandr Lukashenka en Bielorrusia; que la inversión política y económica del presidente Putin en la supervivencia del régimen ilegítimo de Aliaksandr Lukashenka es la única razón por la que este puede aún continuar con su brutal abuso de la ciudadanía bielorrusa, que exige respeto de los derechos humanos, elecciones libres y transparentes, Estado de Derecho y justicia; que los recientes acontecimientos políticos en Bielorrusia y Rusia comparten multitud de características, y que los procesos en ambos países se influyen entre sí de manera muy notable; que las manifestaciones contra el régimen autoritario y las demandas de cambio en Bielorrusia están sirviendo de estímulo para demandas parecidas por parte de la ciudadanía rusa; que las autoridades del Kremlin están endureciendo la represión sobre la oposición política de cara a las próximas elecciones a la Duma en septiembre de 2021, limitando y negando la posibilidad de participar, impidiendo a determinados políticos de la oposición presentarse a los comicios, y aniquilando de este modo la pugna política al hurtar la posibilidad de unas elecciones limpias, al igual que hizo la dictadura de Bielorrusia en agosto de 2020;

N.  Considerando que la Rusia del presidente Putin no ceja en sus intentos por desestabilizar los países candidatos a la adhesión a la Unión y los países de la Asociación Oriental (AO) con el objetivo de obstaculizar o detener el proceso de su integración euroatlántica; que se está utilizando una política de «pasaportización» para incrementar el número de ciudadanos rusos y hacer de hecho extensiva la competencia territorial de Rusia a territorios que ocupa y territorios separatistas, en particular Transnistria, Osetia del Sur, Abjasia, Donbas y la península de Crimea; que estas acciones constituyen una violación del Derecho internacional;

O.  Considerando que mediante las reformas constitucionales rusas de 2020 se revisó la historia de la Segunda Guerra Mundial, expurgando la historia soviética y designando a Rusia como sucesora de la Unión Soviética, se introdujo el derecho a intervenir a escala internacional en defensa de ciudadanos rusos y se ilegalizaron los debates sobre la devolución de territorio reivindicado por Rusia a otros países;

P.  Considerando que la UE debe seguir de cerca la posición y la implicación de Rusia en Afganistán, ya que Rusia está tratando de aprovechar la retirada de Occidente en su beneficio y de llenar el consiguiente vacío de poder;

Q.  Considerando que los Estados miembros de la Unión que permiten la doble nacionalidad están expuestos a la política de «pasaportización» de Rusia; que los Estados miembros de la Unión que adoptaron los regímenes denominados «de pasaporte de oro» (programa de ciudadanía para inversores) permiten a los partidarios del Kremlin disfrutar de la calidad de vida europea con dinero robado del pueblo ruso y propagar la corrupción por la Unión;

R.  Considerando que Rusia está aplicando un concepto hostil del «mundo ruso» para abrir camino a su injerencia en otros países en defensa de ciudadanos rusos; que se está promoviendo este «mundo ruso» a través de canales de comunicación de propiedad estatal como Russia Today y Sputnik en las lenguas nacionales de los Estados miembros de la Unión; que la pandemia de COVID‑19 está siendo aprovechada por la maquinaria propagandística del Kremlin para aumentar la división entre los Estados miembros de la Unión, dar la impresión de una Unión incapaz de hacer frente a la pandemia, sembrar dudas en cuanto a las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos, disuadir a las personas que viven en la Unión de vacunarse y lavar la imagen de Rusia a ojos de la población de la Unión, en particular mediante la promoción de la vacuna Sputnik V;

S.  Considerando numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos radicales locales, incluidos movimientos políticos, reciben financiación de Rusia;

T.  Considerando que continúa la intervención de Rusia en distintas partes del mundo, incluidos los Balcanes Occidentales, Asia Central, Oriente Próximo, África septentrional y subsahariana, América Latina y el Ártico; que el Gobierno ruso utiliza unidades paramilitares (Grupo Wagner) para apoyar a regímenes dictatoriales de todo el mundo y socavar las iniciativas de la Unión y la comunidad internacional para mitigar los conflictos, consolidar la paz y alcanzar la estabilidad; que la región de los Balcanes Occidentales, en la que se hallan países que podrían convertirse en nuevos Estados miembros de la Unión, se caracteriza por una fuerte presencia rusa, en particular en Serbia; que, en 2016, la agencia de información militar rusa (GRU) participó en Montenegro en los intentos de derrocar el Parlamento del país, asesinar al primer ministro y poner en el poder un Gobierno prorruso y contrario a la OTAN al objeto de impedir la adhesión de Montenegro a esta;

U.  Considerando que, en lo que a la Unión respecta, supuestamente el régimen del Kremlin tuvo relación a través de la participación de agentes en activo de los servicios de espionaje rusos en dos explosiones en depósitos de municiones en 2014 en las que perdieron la vida dos ciudadanos checos y se produjeron importantes daños materiales; que esos mismos agentes del GRU también fueron responsables del intento de asesinato de Serguéi y Yulia Skripal en el Reino Unido en 2018 mediante una sustancia neurotóxica de uso militar de la familia novichok; que también se acusó a agentes del GRU del intento de asesinato de Emilian Gebrev, propietario de una fábrica de armas, y de otras dos personas en Bulgaria en 2015, así como de Zelimkhan Khangoshvili, asesinado en Berlín en 2019 por agentes rusos; que las acciones ilícitas del régimen del Kremlin en el territorio de Chequia, Bulgaria y muchos otros Estados miembros, así como en el Reino Unido y en países de la AO, constituyen una gravísima violación de la soberanía de estos; que el régimen del Kremlin no coopera en la investigación de estos delitos y protege a sospechosos clave;

V.  Considerando que resulta lamentable que las autoridades rusas estén, ya sea consciente o inconscientemente, dejando a su país atrapado en la dependencia de China, lo que no puede más que debilitar a la Federación de Rusia y a todo el continente europeo y, en particular, permitir a las autoridades chinas ampliar su presencia e influencia en Asia Central y Siberia;

W.  Considerando que el Kremlin continúa su desinformación, propaganda e injerencia híbrida en la política interior y los procesos democráticos de la Unión, las cuales suponen una amenaza para los valores fundamentales de la Unión —a saber, el respeto de la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos— y son capaces de socavar las políticas de los Gobiernos nacionales, propagar difamación y transmitir la imagen de Occidente como enemigo, promover el odio, la intolerancia y la nostalgia soviética, reescribir la historia de los crímenes soviéticos y, en última instancia, acentuar la ruptura entre Rusia y Europa, en particular en relación con aquellos países que pertenecieron en su momento al bloque comunista; que la Unión y las instituciones de los Estados miembros, así como elementos de importancia estratégica y procesos democráticos como las elecciones, son el blanco constante de los ciberataques rusos; que la cúpula de la Iglesia ortodoxa de Rusia apoya al régimen de Putin; que la legislación rusa permite la represión de grupos religiosos considerados extremistas; que las recientes revelaciones sobre contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos, incluidos miembros del servicio de seguridad, y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España requieren una investigación en profundidad; que esto podría resultar ser otro ejemplo de injerencia rusa en los Estados miembros y de los constantes intentos de Rusia de explotar cualquier asunto que pueda promover la desestabilización interna de la Unión;

X.  Considerando que la combinación de las sanciones occidentales contra Rusia, la disminución de los ingresos procedentes de las exportaciones de combustibles fósiles, una economía no competitiva, el elevado gasto militar y las transferencias sociales nacionales han conducido a Rusia a dificultades financieras; que Rusia ocupa el puesto 129 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020, ya que la ingente corrupción estatal afecta a la calidad de los servicios públicos destinados a la ciudadanía rusa, los cuales están infrafinanciados, incluida la asistencia sanitaria, de especial importancia durante la pandemia; que casi 19 millones de rusos viven por debajo del umbral de pobreza;

Y.  Considerando que el Gobierno ruso impuso sanciones a, entre otros, el presidente del Parlamento David Sassoli, la vicepresidenta de la Comisión Věra Jourová y otros seis cargos públicos de Estados miembros y que dichas sanciones son inaceptables y carecen de fundamento, al no tener ninguna justificación jurídica; que el Gobierno ruso ha aprobado asimismo una lista de «países hostiles», que incluye Chequia y los Estados Unidos;

Z.  Considerando que en 2019 más del 60 % de las importaciones de la Unión procedentes de Rusia fueron productos energéticos; que la Unión debe reducir la dependencia de su economía, especialmente en el sector energético, del suministro de gas ruso a los mercados de la Unión, que actualmente es del 48 % y es probable que aumente; que el Pacto Verde Europeo constituye un importante instrumento a la hora de lograr la seguridad geopolítica de la Unión y que de aplicarse se espera, con arreglo a las previsiones de la Comisión, que las importaciones de petróleo y gas natural de la Unión caigan drásticamente a partir de 2030, con una reducción del 78‑79 % de las importaciones de petróleo y del 58‑67 % de las de gas natural con respecto a las de 2015;

AA.  Considerando que el consumo europeo de gas ha alcanzado su nivel máximo y que actualmente no se está aprovechando toda la capacidad del actual gasoducto Nord Stream; que la decisión no consensuada de algunos Estados miembros de construir el Nord Stream 2 es incompatible con los valores de solidaridad y confianza de la Unión de la Energía; que Nord Stream 2 es incompatible con los objetivos del Pacto Verde Europeo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión en al menos un 55 % para 2030 y lograr que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050;

AB.  Considerando que la UE debe pedir a Rusia que garantice un acceso libre y sin trabas a los llamados archivos trofeo, que fueron transferidos a Moscú en 1944 y 1945 desde los territorios ocupados por la Unión Soviética, así como a los archivos y objetos históricos detraídos de países europeos por el Imperio Ruso que actualmente se encuentran en Rusia;

AC.  Considerando que el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y la libertad de prensa resultan básicos para toda sociedad democrática resiliente;

AD.  Considerando que la Federación de Rusia no solo representa una amenaza exterior para la seguridad europea, sino que también está reprimiendo a su propio pueblo; que la situación en Rusia está degenerando de manera horrible a causa de la represión en aumento sobre las fuerzas democráticas ejercida por el presidente Putin al objeto de hacer callar a sus críticos internos, a la oposición política y a los activistas anticorrupción, restringir su libertad de reunión y obstaculizar sus actividades y las de la sociedad civil rusa, siendo un ejemplo de ello que, solo dos semanas después de la detención de Alexéi Navalni, las autoridades rusas detuvieran a más de 11 000 manifestantes pacíficos, elevando así el número total de rusos detenidos desde enero de 2021 a más de 15 000; que Rusia ha seguido deteniendo ilegalmente a sus ciudadanos y actuando contra líderes de la oposición, periodistas independientes, manifestantes y defensores de los derechos humanos; que las condiciones carcelarias en Rusia siguen siendo terribles y que los presos son sometidos a torturas, acoso y agresiones físicas;

AE.  Considerando que, al adoptar leyes sobre «agentes extranjeros» y «organizaciones indeseables», el régimen del Kremlin hace posible la estigmatización de personas, asociaciones y canales de comunicación, por lo que de este modo viola sus derechos humanos y sus libertades de expresión y asociación, restringe el derecho de la ciudadanía a asumir compromisos y contribuir a la sociedad civil rusa y pone en peligro su seguridad personal; que el régimen del Kremlin reforzó aún más esta legislación al hacer extensivas las restricciones a las personas o entidades que apoyan a «agentes extranjeros» y «organizaciones extranjeras indeseables», impidiendo sistemáticamente de este modo a los miembros activos de la sociedad civil, a las ONG de derechos humanos y a la oposición la participación en las elecciones parlamentarias de 2021 en Rusia; que, en concreto, los nuevos actos legislativos adoptados en diciembre de 2020 y enero de 2021 ampliaron el conjunto de personas y grupos a los que puede declararse «agentes extranjeros», la definición de «fondos extranjeros» y los requisitos para el etiquetado de material; que los nuevos proyectos de ley propuestos en mayo de 2021 tenían por objetivo ampliar el efecto de la ley sobre organizaciones «indeseables» e imponer prohibiciones con efecto retroactivo a los posibles candidatos a la Asamblea Federal rusa; que las autoridades rusas siguen procesando a personas por su supuesta afiliación a grupos declarados extremistas en virtud de la ley rusa de lucha contra el extremismo, que es excesivamente amplia; que la decisión de las autoridades rusas de clasificar la Fundación Anticorrupción que dirige Alexéi Navalni como organización extremista carece de fundamento, es discriminatoria y se ha adoptado con el único objetivo de acabar con las posibilidades de la oposición de tener una participación efectiva en campañas electorales;

AF.  Considerando que, según el Centro de Derechos Humanos Memorial, las autoridades rusas retienen actualmente a cerca de cuatrocientos presos políticos en vulneración de las obligaciones de la Federación de Rusia en virtud del artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 23 del Documento de Clausura de la Reunión de Viena del 5 de enero de 1989 de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa;

AG.  Considerando que en las dos últimas décadas se ha producido una serie de asesinatos o intentos de asesinato de opositores al régimen y periodistas independientes, dentro de Rusia o en el extranjero, incluidos los de Anna Politkóvskaya, Borís Nemtsov, Alexandr Litvinenko, Serguéi y Yulia Skripal, Serguéi Protazánov, Piotr Verzílov, Vladímir Kará‑Murzá, Alexéi Navalni y Zelimkhan Khangoshvili, entre otros; que quienes planearon estos delitos siguen sin ser descubiertos ni acusados, puesto que la represión en curso de la disidencia social se ve reforzada por la impunidad de la policía y las fuerzas de seguridad, así como por la falta de interés del poder judicial en perseguir a los verdaderos autores de estos delitos; que los representantes de la oposición son sistemáticamente objeto de ataques verbales, campañas ad hominem y deshumanización por parte del Gobierno o de los medios de comunicación progubernamentales; que en el informe de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE sobre el asesinato de Borís Nemtsov se llegó a la conclusión de que el principal factor a la hora de hacer frente a la impunidad no es la capacidad policial rusa, sino la voluntad política; que en el informe de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE se señala asimismo que una investigación completa del asesinato sería el primer paso para encarar el clima de impunidad en Rusia;

AH.  Considerando que las ilícitas reformas constitucionales, además de conceder al presidente Putin una exención relativa a los límites del mandato presidencial para 2024, erosionaron aún más el derecho a un juicio justo en Rusia, llegando incluso a otorgar al presidente el poder de designar a los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y de iniciar el nombramiento de todos los jueces federales y la destitución de los altos magistrados federales;

AI.  Considerando que en Rusia la libertad de los medios de comunicación está empeorando rápidamente al haber el Gobierno ruso acelerado su campaña de años para acabar con la sociedad civil y la prensa independiente, amenazando a organizaciones como Meduza, Radio Free Europe/Radio Liberty, VTimes, Por los Derechos Humanos, la Dotación Europea para la Democracia y Open Rusia con cargas legislativas, reglamentarias y administrativas onerosas, bloqueando el acceso a todas las fuentes de financiación que escapan al control del Gobierno y de sus aliados y tildándolas de «agentes extranjeros» o «indeseables», lo que sirve para desacreditar a estos grupos y a los elevados principios periodísticos y de derechos humanos que representan, sin los cuales Rusia no puede ser democrática, próspera ni libre; que el espacio de los medios de comunicación en Rusia está controlado por el Estado y es de propiedad estatal, no hay un organismo público de radiodifusión y las pocas fuentes mediáticas independientes que quedan tienen dificultades financieras y se enfrentan a la persecución, lo que incluye agresiones físicas y el encarcelamiento de su trabajadores; que, desde 1992, cincuenta y ocho periodistas han sido asesinados en Rusia; que la ley conocida como «internet soberana» permite al Gobierno bloquear todo contenido no deseado de internet; que la labor libre e independiente de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación es la piedra angular de una sociedad democrática basada en el Estado de Derecho;

AJ.  Considerando que las posibilidades de contar con una observación electoral imparcial se han ido reduciendo constantemente en Rusia durante esta pasada década, dado que la ausencia de disposiciones para la acreditación directa de ciudadanos en cuanto observadores electorales les obliga a actuar en nombre de candidatos o canales de comunicación, lo que está en contradicción con la propia idea del control independiente de las elecciones por parte de la sociedad civil y también contraviene las normas internacionales; que, en el informe titulado «Freedom in the World 2021» (Libertad en el mundo 2021), se incluye a Rusia en la categoría de países «no libres»; que en Rusia las libertades fundamentales de la ciudadanía están coartadas y el entorno electoral está controlado y que los engorrosos procedimientos burocráticos para la obtención de autorización y la violencia policial durante las protestas pacíficas disuaden a los ciudadanos rusos de manifestarse públicamente;

AK.  Considerando que estos acontecimientos en el país serán la antesala de un posible agravamiento aún mayor de la situación durante el período previo a las elecciones parlamentarias de Rusia de septiembre de 2021, los cuales podrían desembocar en una intensificación de la represión de la oposición política en Rusia, incluso con violaciones graves de los derechos humanos; que las autoridades rusas mantienen en prisión o bajo arresto domiciliario a los principales actores de la oposición de cara a la campaña de las elecciones parlamentarias; que la continua represión por parte de las autoridades rusas contra los candidatos de la oposición, abusando de los procedimientos de inscripción y persiguiendo de forma selectiva a opositores políticos y organizaciones de la sociedad civil en la calle y en los tribunales recurriendo a acusaciones falsas, harán que resulte sencillamente imposible hablar de unas elecciones parlamentarias justas en septiembre de 2021, ya que el régimen ruso está destruyendo la pugna política y la democracia pluralista con estas acciones;

AL.  Considerando que es por lo tanto legítimo que existan dudas en lo que respecta a si las próximas elecciones parlamentarias serán libres y limpias;

AM.  Considerando que en múltiples ocasiones el Parlamento Europeo ha expresado su preocupación por la situación de la democracia, la sistemática falta de respeto del Estado de Derecho y de los principios y derechos fundamentales, la reducción del espacio que ocupan los actores independientes y disidentes, y el ataque a la libertad de prensa en Rusia; que la opresión sistémica, en constante aumento, por parte del Kremlin contra la oposición en Rusia constituye una llamada de atención para toda la comunidad internacional y la Unión debe estar en disposición de afrontarla y establecer una estrategia coherente de respuesta; que la Unión debe en particular ejercer una presión cada vez mayor sobre el régimen del Kremlin en el período previo a las elecciones parlamentarias de 2021 y en el período posterior, al objeto de defender el derecho del pueblo ruso a unas elecciones libres en las que todos los partidos políticos disfruten de igualdad de acceso y de oportunidades;

AN.  Considerando que la comunidad LGBTI+ se enfrenta en diversas zonas de la Federación de Rusia a una discriminación generalizada, lo que incluye el acoso, la tortura, el encarcelamiento y el asesinato, y que la situación de esta comunidad es especialmente peligrosa en Chechenia, que en 2017 comenzó su purga de personas LGBTI+, con decenas de detenciones y torturas, al menos dos muertos y muchas personas empujadas a buscar refugio seguro en el extranjero; que la legislación vigente prohíbe cualquier debate público sobre las «relaciones sexuales no tradicionales»; que, a raíz de cambios constitucionales ilícitos, se ha adoptado legislación que afecta negativamente a los derechos de las personas LGBTI +, incluidos los derechos a contraer matrimonio y a la crianza de los hijos;

AO.  Considerando que en Rusia siguen existiendo graves lagunas en la respuesta oficial a la extendida violencia doméstica y de género, incluida la falta de protección y vías de recurso que resulten satisfactorias para las víctimas; que en el proyecto de ley sobre violencia doméstica presentado en noviembre de 2019 no se llegaba a definir de manera completa la «violencia doméstica»; que a principios de 2020 el Parlamento restó prioridad a la revisión del proyecto de ley, que sigue pendiente; que la defensora del pueblo ruso señaló que la violencia doméstica se agravó durante la pandemia de COVID‑19, duplicándose con creces los casos notificados durante el confinamiento de primavera; que la estrategia de la Unión con respecto a Rusia debe por ende hacer frente a la desigualdad por razón de género y discriminación en aumento, así como abordar los derechos de las mujeres, de las personas LGBTI+ y de otras minorías en Rusia;

AP.  Considerando que la transformación democrática de Rusia reviste un gran interés geopolítico para la Unión en materia de seguridad y que la Rusia del presidente Putin sigue siendo el principal desafío al que se enfrenta la seguridad europea;

AQ.  Considerando que, en sus Resoluciones de 17 de septiembre de 2020, 21 de enero de 2021 y 29 de abril de 2021, el Parlamento pidió a Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que llevara a cabo una revisión de la política de la Unión respecto a Rusia, incluidos los cinco principios rectores acordados en 2016, haciendo hincapié en que las relaciones de la Unión con este país dependerían en el futuro del ritmo de la transformación democrática (o de su ausencia) de Rusia; que pidió asimismo a las instituciones de la Unión que elaboraran un nuevo enfoque estratégico global partiendo del supuesto de que todo diálogo con Rusia ha de basarse en el respeto del Derecho internacional y los derechos humanos;

AR.  Considerando que en la estrategia actualizada de la Unión se han de tener en cuenta distintos marcos hipotéticos, posibles acontecimientos y respuestas claras en relación con las infracciones de Rusia del Derecho internacional y de los derechos humanos, incluidos instrumentos eficaces contra la injerencia y la propagación de desinformación por parte de Rusia, así como instrumentos para la cooperación selectiva, en la medida de lo posible; que el Parlamento Europeo también ha pedido al Consejo que inicie inmediatamente los preparativos y adopte una estrategia de la Unión para las futuras relaciones con una Rusia democrática, incluida una amplia oferta de incentivos y condiciones para reforzar los movimientos nacionales favorables a la libertad y a la democracia;

AS.  Considerando que los cinco principios rectores de la Unión para las relaciones con Rusia han contenido al régimen del Kremlin a la hora de persistir en su agresión contra Ucrania, pero no se hace en ellos mención alguna de una contención de la represión del presidente Putin contra el pueblo ruso; que, si bien los cinco principios rectores de la Unión para las relaciones con Rusia siguen siendo válidos en cuanto marco funcional, deben ir acompañados de una estrategia real tendente a alcanzar los objetivos de la Unión en sus relaciones con Rusia, entre otras cosas, haciendo frente a las actuales políticas hostiles del Kremlin y disuadiéndole de persistir en su agresión contra sus países vecinos y haciendo más onerosas las consecuencias de las acciones militares en otros países, incluidas las acciones por parte de sus satélites y mercenarios; que, al no haber perspectivas de cambios positivos destacables con los actuales dirigentes rusos, han de completarse los cinco principios al objeto de contener tanto la represión del presidente Putin contra el pueblo ruso como las actividades más amplias de desestabilización por parte del Kremlin;

AT.  Considerando que la nueva estrategia de la Unión debe centrarse en los principios de rechazo, contención e implicación, que están orientados a reforzar la capacidad de la Unión para luchar contra las amenazas del Kremlin, especialmente en la región de la AO, incluida Bielorrusia, y en la propia Rusia, mediante la defensa de los derechos humanos y contribuyendo a la transformación de Rusia en una democracia de conformidad con el principio de «la democracia ante todo»; que el objetivo fundamental general de la Unión debe ser configurar las relaciones con la Federación de Rusia de tal manera que se preserven la paz, la estabilidad, la seguridad, la prosperidad, la soberanía y la integridad territorial de todos los países de la Unión y de los países vecinos de esta, que se respete el Derecho internacional, y que los principios rectores sigan siendo los derechos humanos y el Estado de Derecho; que los últimos acontecimientos en Rusia han demostrado que la estrategia de la Unión con respecto a Rusia debe ser mucho más proactiva y tener un objetivo de «implicación» claramente definido, en el cual se debería prestar atención no solo a la clásica cooperación denominado «selectiva» con el Kremlin, sino más bien a un compromiso «estratégico» con la sociedad civil rusa al objeto de ayudar a la transformación del país hacia la democracia;

AU.  Considerando que un pilar de la estrategia de la Unión con respecto a Rusia debe ser el apoyo a la libertad y la democracia; que dicha estrategia debe redundar en beneficio de los intereses en materia de seguridad de la Unión y ofrecer a Rusia la posibilidad de un diálogo constructivo; que una relación constructiva seguiría beneficiando tanto a la Unión como a Rusia, así como a sus pueblos; que sigue existiendo la posibilidad de colaborar para compartir intereses comunes, resolver problemas y abordar retos estratégicos, como la política climática o la lucha contra el terrorismo, al tiempo que se fomentan los valores de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia, así como para garantizar que todo fortalecimiento futuro de las relaciones bilaterales dependerá del cumplimiento por parte de la Federación de Rusia de sus propios compromisos en materia de derechos humanos y democracia, de conformidad con su Constitución y sus obligaciones internacionales;

AV.  Considerando que la Unión debe al mismo tiempo centrarse en mantener su credibilidad en relación con su comportamiento basado en valores en su seno, defendiendo de forma mucho más directa y franca el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, ya que la violencia policial, las leyes penales anticuadas y las reticencias en materia de igualdad de género y diversidad en algunos Estados miembros perjudican su reputación y credibilidad en el extranjero; que la Unión también debe presentar expectativas comparables respecto a todos los socios, denunciando las violaciones del Derecho internacional, adoptando sistemáticamente y en consecuencia medidas contundentes y absteniéndose de emplear un doble rasero a la hora de valorar dichas violaciones;

AW.  Considerando que la unidad entre los Estados miembros de la Unión es la mejor política para disuadir a Rusia de llevar a cabo acciones desestabilizadoras y subversivas en Europa; que, a la hora de fijar la manera de coordinar su estrategia actualizada —en particular en ámbitos estratégicos como la Unión Europea de Defensa, la Unión de la Energía, la ciberdefensa, el ciberterrorismo y las herramientas de comunicación estratégica—, la Unión debe por lo tanto mostrarse más unida, puesto que la política de Rusia con respecto a ella ha sido durante mucho tiempo dar de lado a las instituciones de la Unión en favor de las relaciones bilaterales con Estados miembros al objeto de hacer patentes y agravar las divisiones internas de la Unión; que para un diálogo constructivo con las autoridades rusas serían necesarias una coordinación, cooperación y unidad más estrecha entre los Estados miembros y una mayor fortaleza y firmeza en su respuesta ante cualquier provocación y agresión de Moscú, a fin de alcanzar un equilibrio entre firmeza y apertura al diálogo sobre cuestiones de interés común;

AX.  Considerando que la estrategia de la Unión con respecto a Rusia debe apoyar a este Estado en su camino para convertirse en un tipo de país democrático mediante i) el rechazo y la imposición de sanciones punitivas selectivas a personas del Kremlin o próximas a este dispuestas a robar elecciones u ofrecer sobornos para ganarlas, así como a cometer otros delitos graves contra los derechos humanos y los valores democráticos, tanto dentro de Rusia como en la vecindad inmediata de la Unión, ii) el ofrecimiento de ayuda a los países de la AO brindando una política de integración de la Unión de calado y fomentando la responsabilidad estratégica y las capacidades de liderazgo geopolítico de la Unión necesarias para aplicar tales políticas y iii) una estrategia de implicación con la sociedad en favor de la democracia de Rusia al objeto de establecer una vía para las futuras relaciones con una Rusia democrática;

AY.  Considerando que el Kremlin estima que una vecindad oriental de la Unión de buenos resultados, próspera y democrática constituye una amenaza para la estabilidad del régimen del presidente Putin, ya que puede influir a través del «poder blando» en los ciudadanos rusos de a pie; que la democratización de la vecindad oriental de la Unión redunda por tanto en interés tanto de estos países como de la Unión y reviste una importancia fundamental para la futura democratización de Rusia; que el verdadero objetivo del Kremlin en relación con los conflictos en esta región es deslegitimar el cambio democrático como medio de traspaso de poder, impedir el desarrollo satisfactorio de estos Estados, desacreditar la democracia liberal y exportar el propio sistema de poder de Rusia;

AZ.  Considerando que la Unión debe aplicar una estrategia a largo plazo con respecto a Rusia que parta del supuesto de que el pueblo ruso puede —al igual que el ucraniano y el bielorruso— tener la aspiración de transformar su país en una democracia; que la transformación para que Rusia vuelva a la democracia dependerá de la voluntad de su población; que la Unión debe estar dispuesta a ayudar a los rusos en su deseo de vivir un país democrático;

BA.  Considerando que deben reforzarse el papel de la Unión en cuanto actor global y las competencias de las instituciones de la Unión en materia de política exterior;

1.  Recomienda al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que revisen, junto con los Estados miembros, la política de la Unión con respecto a Rusia, incluidos los cinco principios rectores, y elaboren una estrategia integral de la Unión con respecto a Rusia basada en los siguientes principios y acciones:

  

Disuasión de la amenaza rusa: rechazo de la amenaza para la seguridad

   a) la Unión debe reformar radicalmente su política exterior para demostrar de forma creíble su ambición como actor mundial influyente y su capacidad de tomar decisiones en el momento oportuno y actuar de forma resuelta en el ámbito de la política exterior, en particular ampliando las competencias del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en sus actuaciones en nombre de la Unión, aboliendo la unanimidad en asuntos de política exterior y reforzando sus capacidades de prospectiva y acción estratégica; la Unión, asimismo, debe ver reforzado su papel como actor a escala mundial, así como las capacidades de las instituciones de la Unión, a fin de no permitir que Rusia continúe con la denominada bilateralización de las relaciones con la Unión, ya que Bruselas debe ser la única capital en la que se adopten decisiones clave sobre las relaciones entre la Unión y Rusia;
   b) la Unión, junto con la OTAN y los socios internacionales, debe disuadir a Rusia a fin de mantener la paz y la estabilidad en Europa y más allá, en particular reforzando sus propias capacidades de defensa y presionando a las autoridades rusas para que no intervengan en las vecindades meridional y oriental de la Unión; en particular, la Unión debe exigir —incluso ante organizaciones tanto de la propia Unión como internacionales, por ejemplo la OSCE o las Naciones Unidas— que Rusia se comprometa a resolver los conflictos en curso y a prevenir posibles conflictos futuros, empezando por la devolución de los territorios ocupados y anexionados ilegalmente en la región de la AO con arreglo a sus fronteras reconocidas internacionalmente y por el respeto de las decisiones adoptadas por estos países en materia euroatlántica y en lo que a la Unión y la democracia respecta;
   c) la Unión, en particular los Estados miembros, debe cumplir sus compromisos en materia de defensa colectiva contraídos como miembros de la OTAN; recuerda que la Unión y la OTAN afrontan retos comunes en materia de seguridad, tienen intereses comunes en materia de defensa y operan en el mismo entorno de seguridad, cada vez más arduo, y que, por lo tanto, es indispensable una sólida asociación transatlántica en materia de seguridad y defensa a través de la OTAN, mientras que la Unión avanza al mismo tiempo hacia la autonomía estratégica; la Unión debe redoblar sus esfuerzos para establecer unas auténticas fuerzas de defensa europeas como parte de una OTAN reforzada para poder contribuir con fuerzas y capacidades militares más eficaces, desplegables, interoperables y sostenibles, con el fin de destacarse como un actor internacional fuerte y seguro, capaz de mantener la paz;
   d) la Unión debe reaccionar ante la última estrategia de seguridad nacional de la Federación de Rusia, que reconoce formalmente el vector antioccidental de la política exterior rusa y subraya la incompatibilidad fundamental y sistémica de los sistemas sociopolíticos de Rusia y Occidente;
   e) la Unión debe reforzar la cooperación entre los servicios de inteligencia de sus Estados miembros para exponer, atribuir y desacreditar sistemáticamente las acciones hostiles de Rusia, en particular con el fin de ser más eficaz a la hora de impedir que los servicios especiales rusos realicen sus operaciones en el territorio de la Unión, y debe seguir colaborando con sus socios estratégicos en la adopción de nuevas medidas para combatir el terrorismo amparado por el Kremlin; la Unión debe asimismo invertir en proyectos destinados a reforzar su seguridad y sus capacidades conjuntas en materia militar, cibernética y energética, así como la coordinación de las labores de contraespionaje de los Estados miembros;
   f) la Unión debe estar dispuesta a ejercer su influencia y pedir la exclusión de Rusia del sistema de pago SWIFT para disuadir a las autoridades rusas de persistir en su comportamiento agresivo, y debe estar preparada para poner fin gradualmente a sus importaciones de petróleo y gas procedentes de Rusia si las autoridades rusas persisten en sus amenazas contra los Estados miembros y su acción militar contra los países de la AO en la vecindad;
   g) la Unión, además, debe proceder a la plena sincronización de las redes eléctricas de todos los Estados miembros con la red síncrona de Europa continental como mejor respuesta a largo plazo al problema de la dependencia energética estratégica de Europa con respecto a Rusia, y también debe oponerse a cualquier avance de la expansión del sector ruso de la energía nuclear hacia la Unión y adoptar medidas para impedir que se venda en el mercado de la Unión la electricidad producida en la central nuclear de Ostrovets, construida por Rosatom, y en otros proyectos futuros, como la Central Nuclear Báltica (Baltiyskaya);
   h) la Unión, en consonancia con sus intereses y su política en materia de energía, debe elaborar y aplicar una estrategia clara sobre la forma de poner fin a su dependencia del gas y el petróleo y de otras materias primas (principalmente el hierro o acero, el aluminio y el níquel) rusas, y debe aumentar su propia autonomía energética, por lo menos mientras el presidente Putin esté en el poder; la Unión, en este sentido, debe defender una agenda verde ambiciosa y enérgica, y debe tener como prioridad geopolítica principal la aplicación rápida del paquete del Pacto Verde Europeo, que incluye medidas como el impuesto de la Unión relativo a la fuga de carbono e iniciativas de descarbonización con el desarrollo de industrias de hidrógeno verde; la Unión, asimismo, debe aplicar inmediatamente nuevas medidas físicas, como capacidades de flujo en sentido inverso y más infraestructuras transfronterizas entre los Estados miembros; la Unión, además, debe diversificar su suministro energético, también mediante el desarrollo de nuevas capacidades en relación con las importaciones de gas natural licuado, la transición energética y las iniciativas de descarbonización, que están cobrando impulso rápidamente y podrían reducir la demanda de combustibles fósiles, poniendo así fin al dominio energético de Rusia sobre el continente europeo; en este contexto, la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que se contrapone a la solidaridad europea y supone el riesgo de que el dominio de Rusia y la dependencia de la Unión del gas de Rusia aumenten y de que Ucrania quede expuesta a las malas intenciones de Rusia, debe detenerse de inmediato, y dicho gasoducto no debe ponerse en funcionamiento incluso aunque se termine de construir;
   i) la Unión y sus Estados miembros deben acelerar la aplicación del Pacto Verde Europeo, teniendo en cuenta que la estrategia energética más reciente de Rusia para 2035 prevé un aumento de la capacidad de exportación de gas a través de gasoductos dirigidos hacia el oeste;
  

Contención de la amenaza rusa actual: lucha contra la injerencia de Rusia en la Unión y en los países de la vecindad oriental

   j) la Unión debe seguir defendiendo la independencia, la soberanía y la integridad territorial de los países de la AO dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, y condenar la participación directa e indirecta de Rusia en conflictos armados y en el aumento del despliegue militar dentro de las fronteras de la región de la AO o en sus propias fronteras con esta, la ocupación y anexión ilegales de Crimea por parte de Rusia y la ocupación de facto de determinadas partes de las regiones de Donetsk y Luhansk, así como las violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional que Rusia está cometiendo en territorios que ha ocupado o anexionado, como demuestran las recientes detenciones del primer vicepresidente del Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea (Mejlis), Nariman Celâl, y de otros cuatro dirigentes tártaros de Crimea: Aziz y Asan Ajtemov, Shevket Useinov y Eldar Odamanov; la Unión debe aclarar que no se puede prever un retorno al statu quo hasta que Rusia ponga fin a su política agresiva y su guerra híbrida contra la Unión, sus Estados miembros y los países de la AO y se restablezca la integridad territorial de Georgia, Moldavia y Ucrania en el marco de sus fronteras reconocidas internacionalmente; la Unión debe velar, por tanto, por que las sanciones sigan vigentes hasta que Rusia cumpla las condiciones correspondientes a su levantamiento y también debe estudiar la posibilidad de prorrogarlas por períodos de un año en lugar de por períodos de seis meses, como ocurre en la actualidad;
   k) la Unión debe seguir contribuyendo al desarrollo del formato de consulta y coordinación de la plataforma internacional sobre Crimea, con el objetivo de poner fin pacíficamente a la ocupación temporal de la República Autónoma de Crimea y de la ciudad de Sebastopol por parte de la Federación de Rusia y de restablecer el control de Ucrania sobre el territorio, respetando plenamente el Derecho internacional;
   l) la Unión debe reconocer las aspiraciones europeas de los países de su vecindad y rechazar la política de Rusia de esferas de influencia; además, la Unión debe reconocer que tiene una responsabilidad estratégica en materia de estabilidad y desarrollo en su vecindad, sobre todo en la región de la AO, y debe seguir exigiendo a Rusia que participe constructivamente en el proceso de Normandía y cumpla sus obligaciones internacionales, en particular con arreglo a los Acuerdos de Minsk y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; la Unión debe mantener su implicación, también a través de los Estados miembros de la Unión pertinentes que participan en el cuarteto de Normandía, con respecto a la plena aplicación de los Acuerdos de Minsk y explorar las posibilidades de cooperación transatlántica en esta materia; la Unión, asimismo, debe ampliar el alcance de sus sanciones para cubrir la «pasaportización» y la organización de elecciones ilegales en Crimea y para aumentar el precio que Rusia paga por bloquear la aplicación de los Acuerdos de Minsk y las conversaciones del cuarteto de Normandía; la Unión debe coordinar estas medidas con los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Japón y otros socios para ampliar su alcance y aumentar su eficacia;
   m) la Unión, además, debe adoptar medidas enérgicas para disuadir a Rusia de eludir las actuales sanciones impuestas por la Unión; la Unión debe a tal fin revisar y actualizar su normativa aplicable para subsanar las múltiples lagunas existentes, a fin de hacer más eficientes las sanciones y lograr que Rusia pague un precio verdaderamente más alto por su agresión híbrida;
   n) la Unión debe presionar a la Federación de Rusia para que cumpla incondicionalmente todas las disposiciones del acuerdo de alto el fuego de 12 de agosto de 2008, alcanzado con la mediación de la Unión, en particular el compromiso de retirar a todas sus fuerzas militares de los territorios ocupados de Georgia;
   o) para contener la conducta revisionista del presidente Putin hacia sus vecinos, a fin de reforzar la resiliencia de las instituciones, economías y sociedades de los países de la AO y profundizar en su asociación política e integración económica, y para intensificar sus esfuerzos por el acercamiento de estos países a la Unión, la Unión debe proponer una nueva estrategia clara para el compromiso a largo plazo con los países de la AO;
   p) la solidaridad de la Unión con los países de la AO debe dirigirse al refuerzo de la confianza en la Unión como socio fiable en cuestiones de seguridad, por ejemplo mediante una mayor participación de la Unión en la resolución pacífica de conflictos; la Unión debe asegurarse de que, además, la dimensión de seguridad de los países de la AO quede correctamente reflejada en la brújula estratégica de la Unión, y también debe considerar la posibilidad de poner en marcha una serie de pactos de seguridad —marcos en materia de mayor inversión y apoyo en relación con la seguridad, el Ejército, la inteligencia y la cooperación cibernética— con países seleccionados entre la vecindad de la Unión, como Ucrania, Moldavia y Georgia, a fin de reforzar su resiliencia; la Unión no debe ver la coordinación de la seguridad con estos países solo a efectos de la ampliación de la OTAN, sino que debe ser ambiciosa a la hora de examinar sobre el terreno los desafíos para la seguridad, y, en coordinación con socios internacionales, considerar la posibilidad de proporcionar equipos de defensa a los países de la AO amigos, en consonancia con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas; la Unión también debe mejorar la cooperación con los países de la AO amigos a través de la Agencia Europea de Defensa y en ámbitos como la resiliencia informativa y cibernética y el intercambio de información, y debe intensificar los ejercicios militares conjuntos;
   q) la Unión debe colaborar con la OTAN y activar y reforzar los compromisos existentes en la región del mar Negro, y, en concreto, seguir colaborando con los países de la AO mediante un enfoque que incluya a la sociedad en su conjunto con el fin de garantizar la seguridad y estabilidad de la región del mar Negro;
   r) la Unión debe preocuparse también por el papel desempeñado por el Kremlin en los Balcanes Occidentales, en particular la desinformación respaldada por el Estado y el establecimiento de vínculos políticos y militares con las élites políticas regionales; la Unión debe ser consciente de que la injerencia del Kremlin en las elecciones y el apoyo a las fuerzas antidemocráticas en la región de los Balcanes Occidentales siguen suponiendo un problema, en particular en los países que también son miembros de la OTAN;
   s) la Unión debe asimismo responder al hecho de que el presidente Putin apoye abiertamente el régimen de Lukashenka y su brutal represión del pueblo de Bielorrusia y colabore con Aliaksandr Lukashenka en lo que respecta a los ataques híbridos contra las fuerzas democráticas de Bielorrusia; la Unión debe reconocer que, de este modo, el Kremlin representa una amenaza directa para la soberanía y los esfuerzos por la democracia de Bielorrusia y debe dejar claro que, si Rusia prosigue su política actual en relación con Bielorrusia, la Unión tendrá que introducir contundentes medidas adicionales de contención y disuasión, pues, mediante su defensa de la democracia en Bielorrusia, la Unión también apoya la democracia en Rusia; la Unión debe denunciar la participación de Rusia en las acciones híbridas del régimen de Lukashenka contra la Unión, incluido el uso de los migrantes como instrumento para desestabilizar a Occidente, y exigir responsabilidades al Kremlin por estas acciones hostiles y bárbaras;
   t) la Unión tiene que poner orden en su propia casa en lo que respecta a las injerencias híbridas y las prácticas de blanqueo de capitales del Kremlin, que están repercutiendo en las élites políticas y empresariales europeas, si quiere ayudar eficazmente al pueblo ruso en su senda hacia la democracia;
   u) la Unión y sus Estados miembros deben dejar claro que no aceptarán ninguna tentativa de integración de Bielorrusia en Rusia, ya que esas tentativas serían contrarias a la voluntad del pueblo bielorruso y negociadas por un dirigente ilegítimo;
   v) observa que un número cada vez mayor de actores internacionales, entre ellos Rusia, aplica estrategias de guerra híbrida, también contra la Unión y sus Estados miembros; destaca que esos actos son de carácter especialmente desestabilizador y peligroso, ya que desdibujan la línea entre guerra y paz, desestabilizan democracias y siembran dudas en la mente de las poblaciones objetivo; por consiguiente, en coordinación con la OTAN y sus socios, incluidos los países de la AO, que cuentan con una experiencia y unos conocimientos únicos a este respecto, la Unión y sus Estados miembros deben reforzar el seguimiento y el análisis de las actividades rusas de guerra híbrida (incluidas campañas de desinformación manipuladoras, ciberataques, espionaje e injerencia en las elecciones); en particular, deben garantizar urgentemente el despliegue de recursos, personal e instrumentos suficientes para detectar, analizar, prevenir, contrarrestar y eliminar las injerencias y amenazas híbridas rusas; lo anterior es especialmente importante en lo que respecta a los intentos de socavar el proyecto europeo, polarizar y dividir a las sociedades democráticas a través de la desinformación y apoyar y financiar a partidos, movimientos y ONG antidemocráticos populistas y extremistas, principalmente de derechas o de la izquierda radical, o a fuerzas políticas separatistas de toda Europa, también en el ciberespacio y a través de redes sociales y medios de comunicación como Russia Today y Sputnik; tienen una responsabilidad política y moral los partidos políticos de la Unión que se benefician voluntariamente de recursos financieros proporcionados por la Federación de Rusia a cambio de apoyo político y de otro tipo ofrecido desde el Parlamento y otras organizaciones para contribuir a políticas y objetivos rusos en detrimento de los intereses y valores de la Unión;
   w) la Unión, en este sentido, debe elaborar una estrategia de contención coordinada e integral, que incluya medidas para proteger su propio panorama mediático y supervisar sistemáticamente los contenidos difundidos por los medios de comunicación y los proveedores de internet de Rusia y vinculados a este país (ya sea en ruso o en cualquier otra lengua), sin restringir la libertad de prensa; como parte de su estrategia, la Unión debe denunciar a Rusia cada vez que lleve a cabo ataques híbridos contra la Unión y los Estados miembros, aumentar la resiliencia frente a los ciberataques y reforzar las capacidades del Grupo de Trabajo East StratCom, ya que es necesario abarcar la desinformación también en el territorio de la Unión; la Unión y sus Estados miembros deben aplicar respuestas proporcionadas más audaces y coordinadas para contrarrestar estos ataques, por ejemplo expulsando a diplomáticos rusos a escala de la Unión en respuesta a la expulsión de diplomáticos de determinados Estados miembros por parte de las autoridades rusas;
   x) por último, la Unión debe velar por una aplicación rápida de las próximas propuestas de la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación, del Parlamento Europeo;
  

Implicación y diálogo selectivo con el Kremlin para preparar la transición de Rusia, incluida la cooperación sectorial

   y) la Unión, en lo que respecta a su implicación con Rusia, debe trabajar en dos direcciones: por un lado, hacia un diálogo selectivo sometido a condiciones con las autoridades del Kremlin y los Gobiernos regionales, y, por el otro, hacia un compromiso estratégico con la sociedad civil rusa, que está luchando por la democracia en Rusia, y una cooperación independiente con los agentes regionales y locales; la estrategia de la Unión con respecto a Rusia no debe excluir la colaboración con las autoridades en caso de que redunde en interés de la Unión y no socave los compromisos de la Unión con los objetivos en materia de derechos humanos y democracia, ya que sigue siendo importante que la Unión encuentre formas de reducir las tensiones actuales mediante la definición de medidas para aumentar la transparencia y reducir el riesgo de malentendidos y errores de cálculo;
   z) en particular, la Unión debe continuar la cooperación institucional con Rusia a través de organizaciones internacionales y tratados multilaterales como las Naciones Unidas, la OSCE, el Consejo Ártico o el Consejo de Europa con el fin de abordar problemas regionales y mundiales urgentes, actuar con vistas a la prevención y resolución de conflictos y promover intereses complementarios o idénticos, por ejemplo en el ámbito de las cuestiones medioambientales y la transformación ecológica tanto de Rusia como de la Unión, el Tratado de Cielos Abiertos, el desarme nuclear, la reducción y el control de armas, las cuestiones relativas al Ártico, la aplicación del Plan de Acción Integral Conjunto y la situación en Oriente Próximo y Afganistán; la Unión debe utilizar su diálogo selectivo con Rusia en cuestiones regionales y mundiales para afianzar firmemente a Rusia en la cooperación multilateral y el orden internacional basado en normas, disuadiéndola así de amenazar la seguridad y la prosperidad, en particular en la Unión y en los países vecinos europeos; más concretamente, la Unión debe utilizar el Pacto Verde Europeo y sus objetivos climáticos para colaborar con Rusia en su transición ecológica, en particular con el fin de acelerar la descarbonización, reducir sus emisiones de CO2 (que siguen incrementándose a pesar de la ratificación del Acuerdo de París por parte de Rusia), aumentar la eficiencia energética y ampliar el uso de energías renovables, para las que existe un enorme potencial en Rusia; la Unión también puede contribuir a sensibilizar sobre el cambio climático, cuestión respecto a la cual la concienciación se está extendiendo con extrema lentitud por Rusia;
   aa) la Unión, sus Estados miembros y Rusia deben mantener un buen historial de cooperación en el Ártico en el contexto de la dimensión septentrional, ya que es de suma importancia que sigan cooperando constructivamente para luchar contra las consecuencias del cambio climático en el Ártico y eviten que la región se convierta en otra fuente de tensiones militares;
   ab) no obstante, la cooperación en determinados ámbitos específicos no debe dar lugar a concesiones en materia de valores, y la Unión nunca debe ignorar las implicaciones e intereses geoestratégicos de sus socios; de hecho, la Unión debe garantizar que toda nueva implicación con el Kremlin estará supeditada a la promesa de este de poner fin a su agresión interna contra su propio pueblo, detener la represión sistemática de la oposición y la intimidación y tortura de presos políticos, derogar o modificar la legislación incompatible con las normas internacionales, como la relativa a los «agentes extranjeros» o a las organizaciones denominadas «extremistas» o «no deseables», dejar de reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, en particular a las que luchan contra la corrupción y defienden los derechos humanos en Rusia, y poner fin a su agresión externa contra los países vecinos; como parte de esto, la Unión debe recordar a Rusia que la detención de opositores políticos es contraria a sus compromisos internacionales e insistir en que se despolitice el poder judicial, se respete el derecho a un juicio justo y se garantice el acceso al asesoramiento jurídico; en otras palabras, al intentar implicarse con el Kremlin, la Unión debe tener líneas rojas claramente definidas, incluido el pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial de los países socios, y abstenerse de proseguir la cooperación con Rusia con el único fin de mantener abiertos los canales de diálogo; la Unión no debe perseguir un gran pacto con el Kremlin si el Kremlin desea plena discrecionalidad en Rusia y en su zona declarada de intereses privilegiados (Ucrania, Bielorrusia, etc.); la Unión debe dejar absolutamente claro que no sacrificará los intereses de otros países en aras de unas relaciones mejores con Moscú;
   ac) la Unión, asimismo, debe instar a la Federación de Rusia a que aborde urgentemente las cuestiones planteadas por la comunidad internacional y a que divulgue inmediatamente y de manera plena y completa su programa Novichok a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas; la Unión también debe condenar el papel de Rusia en el derribo del vuelo MH17 en 2014 y pedir a la Federación de Rusia que coopere plenamente en la investigación de delitos, incidentes y tragedias internacionales importantes, como el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, así como de otros incidentes recientes en los que han participado los servicios de inteligencia de Rusia en el territorio de los Estados miembros de la Unión y de los países de la AO, incluida Bielorrusia;
   ad) la Unión debe reiterar el llamamiento realizado en numerosas ocasiones a las autoridades rusas para que devuelvan a Polonia los restos y las cajas negras del avión Tu‑154 del Gobierno polaco estrellado en las cercanías de Smolensk en abril de 2010;
  

Compromiso en favor de la democracia: rechazo mediante sanciones, controles financieros e investigaciones internacionales

   ae) la Unión debe reforzar su cooperación con los Estados Unidos y otros socios que comparten su visión y establecer una alianza para defender la democracia a escala mundial y proponer un conjunto de instrumentos de defensa de la democracia, que debe incluir acciones conjuntas en materia de sanciones, políticas de lucha contra los flujos financieros ilícitos, normas sobre la condicionalidad de la ayuda económica y financiera, investigaciones internacionales y una ambiciosa agenda para apoyar la libertad y la democracia, a los activistas de los derechos humanos y a los defensores de la democracia; asimismo, la agenda de la Unión debe contrarrestar los esfuerzos de Rusia y China para debilitar la democracia en todo el mundo y desestabilizar el orden europeo;
   af) la Unión debe establecer un marco centralizado para combatir los flujos financieros ilícitos, reforzar en mayor medida su marco de lucha contra el blanqueo de capitales y velar por que se aplique coherentemente, facilitar el refuerzo de la cooperación entre las autoridades competentes y crear una autoridad de control financiero de la Unión para mejorar la protección de la Unión y de sus Estados miembros frente a las injerencias y prácticas financieras ilícitas de Rusia y otros regímenes autoritarios, que se están utilizando con fines políticos subversivos y representan por tanto una amenaza para la seguridad y la estabilidad de Europa;
   ag) en particular, la Unión debe considerar la posibilidad de incluir a Rusia en una lista de terceros países con alto riesgo de blanqueo de capitales, que debe ser decisiva para reforzar el control por parte de la Unión de todos los flujos financieros sospechosos procedentes del régimen ruso y sus representantes; la Unión, además, debe reforzar su sistema bancario y establecer un marco reglamentario para luchar contra la injerencia financiera de Rusia en los procesos democráticos de la Unión y los Estados miembros, incluida la estrategia de captura de élites y la técnica de hacerse con la colaboración de funcionarios de alto nivel y antiguos políticos europeos; dicho marco debe aumentar la transparencia de los fondos de las élites rusas depositados o gastados en la Unión y ayudar a responder a la financiación de los partidos políticos, movimientos políticos y campañas políticas por parte de agentes rusos, así como a inversiones en infraestructuras y organismos estratégicos, incluidas las universidades y los grupos de reflexión políticos, que suponen el riesgo de crear o reforzar la dependencia de determinados sectores económicos con respecto a Rusia y pueden servir de puntos de entrada para el espionaje ruso y las amenazas a la seguridad, además de a evitar dicha financiación e inversiones; en este sentido, la Unión también debe penalizar los activos rusos utilizados directa e indirectamente para injerir en sus procesos democráticos, así como en los de los Estados miembros y los países de la AO; en paralelo, los Gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales deben llevar a cabo investigaciones sobre los patrimonios ocultos de los principales líderes y oligarcas rusos y dar a conocer a cuánto ascienden;
   ah) la Unión debe crear medios jurídicos eficaces para luchar lo antes posible contra la corrupción transfronteriza y el blanqueo de capitales conexo, especialmente en lo que se refiere a la corrupción y las prácticas de financiación ilícita procedentes de Rusia, y aplicar de manera mucho más amplia el decomiso no basado en condena para hacer frente eficazmente a la cleptocracia del Kremlin; en este sentido, las ONG y las organizaciones de la sociedad civil rusas no deberían verse privadas sistemáticamente por las autoridades rusas de los medios para luchar contra la corrupción; asimismo, la Unión debe desarrollar la capacidad para sacar a la luz y detener los flujos de dinero negro procedentes de Rusia y para poner al descubierto los tesoros ocultos y los activos financieros de los autócratas y oligarcas corruptos del régimen ruso en los Estados miembros; las instituciones de la Unión deben informar periódicamente sobre estos casos en el marco de las audiencias semestrales del Parlamento sobre el estado de la democracia en Rusia; estos informes deben incluir los nombres de los miembros más importantes del entorno del presidente Putin;
   ai) la Unión, en su lucha por detener los flujos de dinero ilícito procedentes de Rusia, debe prestar especial atención a los flujos financieros procedentes de Bielorrusia, pues los autócratas y los oligarcas corruptos están relacionados; los informes especiales de las instituciones de la Unión al Parlamento deben abordar la cuestión de la injerencia financiera de Rusia en Bielorrusia, también en sectores estratégicos, e incluir información sobre los activos del entorno de Aliaksandr Lukashenka y de los oligarcas corruptos;
   aj) la Unión debe hacer frente a la manipulación de la información y los intentos de interferir en los procesos democráticos a escala de la Unión y en sus Estados miembros por parte de Rusia examinando y poniendo en marcha los instrumentos necesarios para oponerse y abordar la situación;
   ak) la Unión, en consonancia con el principio de «la democracia ante todo», debe reforzar el requisito de condicionalidad en sus relaciones con Rusia abogando por un diálogo o acuerdo con Rusia sobre medidas destinadas a proteger los derechos humanos, la libertad de los medios y la celebración de elecciones libres como requisito más importante para el diálogo; la Unión y sus Estados miembros deben asimismo revisar sus proyectos de apoyo a la inversión y de cooperación económica (como el Nord Stream 2 y las centrales nucleares construidas por Rosatom) y redoblar los esfuerzos para frenar las inversiones estratégicas del Kremlin, que a menudo proceden de Estados miembros a través de los flujos financieros de oligarcas y empresas rusas creadas para financiar la infame injerencia de Rusia y la propagación de la corrupción en la Unión; la Unión, en este sentido, debe prestar especial atención a la institución legal de la doble nacionalidad e insistir en que Bulgaria y Malta abandonen sus programas de ciudadanía para inversores; la Unión, asimismo, no debe llevar a cabo proyectos transaccionales o empresariales conjuntos sin la debida diligencia política previa en materia de transparencia, corrupción e implicaciones políticas, ya que dichos proyectos no deben poner en peligro la solidaridad entre los Estados miembros o con la vecindad de la Unión, no deben beneficiar a los sistemas de corrupción en Rusia ni en la Unión, y no deben tener un impacto negativo sobre los derechos humanos ni el medio ambiente;
   al) la Unión, al mismo tiempo, debe aplicar también el principio de «la democracia ante todo» en su reevaluación de los programas de apoyo financiero a Rusia y de inversiones en el país, que, entre otras medidas, debe incluir una revisión de los mandatos de préstamo de las instituciones financieras de la Unión; con ese mismo espíritu, la Unión debe evaluar su cooperación con Rusia en varios formatos de política exterior y revisar el cumplimiento de Rusia con sus compromisos contraídos con el Consejo de Europa;
   am) la Unión debe crear nuevos medios para ser más eficaz a la hora de exigir la liberación de presos políticos; la Unión debe exigir a las autoridades rusas que liberen a todas las personas encarceladas injustamente por motivos políticos, incluidos Alexéi Navalni, Alexéi Pichugin, Yuri Dmitriev y el resto de personas designadas por el Centro de Derechos Humanos Memorial como «presos políticos» de conformidad con los criterios establecidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la Resolución 1900/2012; la Unión debe aprovechar todas las oportunidades para poner en conocimiento de las autoridades rusas estas y otras violaciones en el ámbito de la libertad de expresión, en particular en lo que se refiere al acoso, la persecución y los ataques físicos contra activistas políticos y de la sociedad civil, periodistas y defensores de los derechos humanos en Rusia; la Unión debe exigir firmemente que se ponga fin a estas violaciones y que se investiguen e instar a Rusia a que exija que los responsables rindan cuentas;
   an) las instituciones de la Unión deben informar periódicamente en el marco de las audiencias del Parlamento sobre la situación de los presos políticos en Rusia, establecer estrechos contactos con los disidentes, las ONG, las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes rusos y aumentar el apoyo financiero para estos, y estar en todo momento al corriente de la identidad y las condiciones de encarcelamiento de los activistas políticos en Rusia; asimismo, los Estados miembros deben abstenerse de permitir o facilitar deportaciones y extradiciones de opositores políticos y solicitantes de asilo a Rusia, donde su vida o integridad física correrían peligro; además, la Unión debe facilitar, cuando proceda, la expedición de visados de emergencia y proporcionar refugio temporal en los Estados miembros de la Unión;
   ao) la Unión, asimismo, debe seguir de cerca la situación de los derechos humanos en Rusia, también mediante el seguimiento de los asuntos judiciales de organizaciones de la sociedad civil, políticos de la oposición y activistas por parte de la Delegación de la Unión en Rusia y de las embajadas de los Estados miembros; la Unión, además, debe ampliar su régimen de sanciones de alcance mundial en materia de derechos humanos y aplicarlo a las violaciones de los derechos humanos cometidas en todos los territorios en los que se registran conflictos latentes o en las regiones ocupadas ilegalmente de los países de la AO; paralelamente, la Unión debe cumplir su compromiso con la integración de la perspectiva de género en toda la acción exterior y debe apoyar los derechos humanos fundamentales, en particular combatiendo la violencia de género, el racismo, la xenofobia, los delitos de odio, la brutalidad policial y otras formas de discriminación, así como defendiendo la igualdad de género, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGBTI+ y los derechos de las minorías en Rusia; la Unión debe ayudar, en la medida de lo posible, a los residentes en Rusia oprimidos, especialmente a aquellos que sufren discriminación por motivos de edad, raza, origen étnico, grupo lingüístico o social, orientación sexual, expresión de género, identidad de género, características sexuales o por cualquier otra razón; la Unión, además, debe implicarse con Rusia en relación con el tratamiento de los defensores de los derechos de la mujer, la representación de las mujeres en la política y la Administración Pública, las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral y la salud y derechos sexuales y reproductivos en Rusia; la Unión debe, asimismo, condenar la persecución, la detención arbitraria y la tortura de personas LGBTI+ en muchas partes de la Federación de Rusia, hacer hincapié en la continua necesidad de llevar a cabo investigaciones y pedir la liberación inmediata de todos los presos en estas situaciones, en particular en Chechenia; la Unión, además, debe hacer hincapié en el uso constante de la prohibición de la «propaganda gay» por parte del Gobierno ruso para justificar el enjuiciamiento penal; la Unión debe simplificar, con el apoyo de los Estados miembros, los procedimientos de solicitud de asilo para estas víctimas de conformidad con el Derecho nacional y de la Unión;
   ap) la Unión debe aumentar su capacidad para preparar y adoptar sanciones contra las autoridades rusas, los oligarcas rusos y los acólitos del presidente Putin y familiares suyos por sus violaciones de los derechos humanos o su represión sistemática de las fuerzas democráticas, las minorías y los grupos religiosos y LGBTI+ en el país; a tal fin, debe centralizar su toma de decisiones haciendo que la adopción de sanciones sea automática en casos de violación grave de los derechos humanos y contemplar la introducción de una norma de votación por mayoría cualificada en el Consejo para otros casos de abuso de los derechos humanos; la Unión, además, debe adoptar urgentemente un régimen de sanciones contra la corrupción a escala de la Unión, posiblemente siguiendo el ejemplo del régimen de sanciones de alcance mundial adoptado por el Reino Unido en materia de lucha contra la corrupción, con el fin de complementar el actual régimen de sanciones de la Unión de alcance mundial en materia de derechos humanos, y, en caso de agravarse aún más la situación, también debe contemplar la aplicación de sanciones contra la financiación de los servicios de inteligencia y el Ejército, así como del sector del petróleo y el gas; si esto sucede, la Unión debe preparar un nuevo mecanismo de sanciones en virtud del cual la continuación de los actos hostiles perpetrados por la Federación de Rusia provocaría una reducción a escala de la Unión de las importaciones de energía procedentes de proveedores establecidos en Rusia en un porcentaje determinado, al tiempo que ayudaría a los Estados miembros de la Unión a subsanar esta laguna mediante medidas coherentes con el Pacto Verde Europeo; subraya que la reducción debe aumentar automáticamente en el mismo porcentaje sobre una base anual hasta que la Federación de Rusia detenga sus actos hostiles;
   aq) la Unión debe llevar a cabo consultas con ONG para recabar información útil de cara a su política de sanciones, a fin de que estas organizaciones puedan ayudarla a preparar e investigar casos de forma integral; recomienda que los Estados miembros refuercen sin demora la cooperación y el intercambio de información en materia de contrainteligencia a fin de exponer y desbaratar las redes clandestinas de Rusia en la Unión;
   ar) la Unión debe poner en marcha investigaciones internacionales de los crímenes cometidos por el régimen del presidente Putin contra el pueblo ruso y por el régimen de Aliaksandr Lukashenka en Bielorrusia, y contribuir a ellas, mediante una plataforma contra la impunidad y un centro de justicia de la Unión; la Unión debe, en el marco de estas investigaciones, establecer un grupo de trabajo de asesores que preste asistencia en las investigaciones nacionales e internacionales, los juicios y la creación de tribunales de la Unión, además de informar periódicamente al Parlamento sobre la situación de las libertades políticas en Rusia;
   as) la Unión, asimismo, debe alentar y apoyar las iniciativas de las jurisdicciones nacionales e internacionales para incoar procedimientos penales a fin de que los grupos militares y paramilitares rusos rindan cuentas por las violaciones y los delitos, incluidos los crímenes de guerra, cometidos contra civiles durante operaciones en varios países, como por ejemplo en Siria, la República Centroafricana y Libia;
   at) la Unión, además, debe exigir una investigación independiente e imparcial del asesinato del líder de la oposición Borís Nemtsov y llevar a sus autores ante la justicia, en consonancia con las recomendaciones de la OSCE y del Consejo de Europa;
   au) además, la Unión debe condenar en los términos más enérgicos las sanciones injustificadas contra cargos públicos de la Unión y pedir a las autoridades rusas que las retiren sin demora;
   av) la Unión debe estar dispuesta a no reconocer la Asamblea Federal rusa y a plantearse la posibilidad de instar a la suspensión de Rusia de las organizaciones internacionales con asambleas parlamentarias, en particular la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, si las elecciones parlamentarias de Rusia de 2021 se consideran fraudulentas y celebradas de forma contraria a los principios democráticos y el Derecho internacional; la Unión, además, debe condenar cualquier intento por parte del presidente Putin de continuar en el cargo más allá del término de su mandato presidencial actual y último, el 7 de mayo de 2024, sobre la base de las enmiendas constitucionales de 2020, que el Parlamento Europeo ha calificado de «cambios introducidos ilegalmente»;
   aw) la Unión debe pedir al Gobierno ruso y a la Duma de Estado que revisen el marco jurídico para las elecciones, también en materia de observación electoral, con el fin de facilitar el pluralismo y unas elecciones libres y justas con arreglo a las normas internacionales y crear unas condiciones de competencia equitativas para los candidatos de la oposición;
   ax) los Estados miembros, al mismo tiempo, deben tomar todas las medidas posibles para evitar que sus ciudadanos actúen como observadores internacionales en las elecciones parlamentarias de 2021, organizadas ilegalmente por Rusia en la Crimea ocupada; en este contexto, el Parlamento y los Parlamentos nacionales deben evitar cualquier actividad de la que se pueda alegar falsamente que constituye observación internacional; además, la Unión debe condenar y negarse a reconocer la organización ilegal por parte de Rusia de estas y otras elecciones en la Crimea ocupada, así como en las zonas ocupadas de las regiones de Donetsk y Luhansk, e introducir sanciones en su caso;
  

Compromiso en favor de la democracia: apoyo a una sociedad a favor de la democracia en Rusia

   ay) la Unión debe expresar su voluntad de mejorar sus relaciones con el pueblo de la Federación de Rusia mediante la adopción y la publicación de un «Discurso al pueblo ruso»;
   az) la Unión debe tener en cuenta las diferentes evoluciones posibles en las relaciones entre la Unión y Rusia, así como en la propia Rusia; en particular, la Unión debe tener una visión y una estrategia sobre el futuro de las relaciones de la Unión con una Rusia libre, próspera, pacífica y democrática, plenamente comprometida con el Derecho internacional, sus obligaciones internacionales y los principios de buena vecindad; tal estrategia debe incluir una extensa propuesta con condiciones e incentivos como la liberalización de visados, programas de modernización e inversión en libre comercio y una asociación estratégica dirigida, entre otras cosas, a garantizar la estabilidad del continente y el pleno respeto de sus fronteras internacionales; la Unión debe asimismo transmitir los posibles beneficios que está dispuesta a ofrecer a cambio de una transformación democrática de Rusia en un sistema de gobernanza cooperativo y plenamente democrático, que respete los derechos humanos, las libertades fundamentales, el Derecho internacional y el orden internacional basado en normas, así como de un cambio radical de su política exterior y comportamiento internacional actual;
   ba) la Unión debe apoyar a la sociedad civil rusa y fomentar los contactos interpersonales entre ciudadanos de la Unión y ciudadanos rusos, sobre todo teniendo en cuenta que estos últimos son los mayores receptores de visados Schengen del mundo, en su mayoría de entrada múltiple y vigencia plurianual; por tanto, debe considerar la posibilidad de reducir las barreras y las tasas de los visados para los ciudadanos rusos y de dirigir una campaña de información eficaz para demostrar que la Unión recibe con agrado al pueblo ruso; la Unión también debe ampliar los programas de intercambio escolar, universitario y cultural con Rusia, y considerar la posibilidad de ofrecer oportunidades de contratación directa y para hacer prácticas tanto para los trabajadores rusos con alto nivel de capacidades como para los poco cualificados; la Unión debe crear y facilitar alternativas para que los inmigrantes por razones políticas procedentes de Rusia puedan vivir en la Unión en condiciones seguras tanto desde el punto de vista material como jurídico; asimismo, la Unión debe aumentar sustancialmente su asistencia financiera y técnica a los sindicatos, los medios de comunicación independientes, las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil y las medidas de desarrollo de capacidades del sector cívico en Rusia; además, la Unión debe apoyar económicamente programas de estudios en el ámbito de las humanidades de las universidades de la Unión, lo que permitiría que el pueblo ruso, y en particular los estudiantes, participaran en la transformación democrática de su país;
   bb) la Unión debe adoptar una lista exhaustiva de todos los instrumentos disponibles para colaborar con la sociedad democrática de Rusia, lo que puede incluir propuestas elaboradas por multitud de organizaciones de la sociedad civil rusa;
   bc) la Unión debe hacer frente a la propaganda en lengua rusa y las campañas de desinformación del régimen del presidente Putin en la Unión, los países de la AO y la propia Rusia, respaldando y ayudando a periodistas y medios de comunicación independientes que ofrecen una alternativa a la desinformación del Kremlin, y apoyar el establecimiento de una televisión «Rusia libre» que retransmita ininterrumpidamente; la Unión debe seguir apoyando a los periodistas, blogueros y medios de comunicación independientes en Rusia con el fin de reforzar fuentes y canales alternativos que no estén controlados por el Kremlin;
   bd) la Unión debe contrarrestar la presión sobre los medios de comunicación independientes, también mediante la creación de un fondo de la Unión para los medios de comunicación democráticos que apoye a los medios de comunicación independientes en todo el mundo, incluida Rusia; la Unión, además, debe esforzarse más por respaldar y ayudar a los periodistas y a los medios de comunicación independientes que ofrecen una alternativa a la desinformación procedente del Kremlin, sin los cuales Rusia no puede ser democrática, próspera y libre; la Unión debe apoyar, en este sentido, a medios de comunicación independientes, como Meduza y Radio Free Europe/Radio Liberty, habida cuenta de las leyes onerosas e impracticables relativas a los denominados «agentes extranjeros» promulgadas por las autoridades rusas para eliminar la libertad de expresión y el periodismo independiente;
   be) la Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE‑Rusia debe asumir la tarea de determinar las personas de interés que desempeñan un papel de liderazgo en la sociedad rusa y estarían dispuestas a entablar un diálogo constructivo e ininterrumpido y establecer un programa para el contacto público con la sociedad civil rusa, sus universidades, sus principales instituciones científicas y culturales, sus ONG, sus movimientos políticos y sus círculos artísticos e intelectuales;
   bf) la Unión debe tener en cuenta que la aprobación de Josef Stalin entre la población rusa ha alcanzado el nivel más alto de la historia en la era de Vladimir Putin, y que el 70 % de la sociedad cree que Stalin desempeñó un papel positivo en la historia rusa; la Unión debe reconocer que esto se debe a la política de Putin de «estalinización de la conciencia de masas» y a la represión de los historiadores independientes; la Unión ha de insistir en que los archivos soviéticos deben abrirse a académicos e investigadores y en que se deben hacer públicos los pormenores de los genocidios cometidos por los estalinistas contra los rusos y otras naciones de la Unión Soviética y sus Estados satélite, incluidos los expedientes relativos a la operación militar criminal conocida como la redada de Augustów;
   bg) las Naciones Unidas han declarado que el acceso a internet es un derecho humano y, a este respecto, la Unión debe condenar los intentos del Kremlin de bloquear, controlar, censurar e incluso aislar al pueblo ruso del acceso a Internet; la Unión debe hacer un llamamiento a las empresas del sector digital de ámbito mundial para que tengan en cuenta estas actuaciones antidemocráticas cuando consideren la posibilidad de operar en el mercado ruso;
   bh) finalmente, la Unión debe establecer un marco jurídico vinculante que le permita reaccionar con firmeza ante las campañas dirigidas a socavar la democracia o el Estado de Derecho, también mediante acciones específicas contra los responsables de dichas campañas; la Unión también debe desarrollar estrategias eficaces en el ámbito de la política digital con el fin de utilizar las normas tecnológicas y la internet abierta para apoyar los espacios libres y restringir las tecnologías opresivas; la Unión debe apoyar, por tanto, las tecnologías de código abierto, los servicios que garantizan una comunicación segura, las plataformas descentralizadas y nuevas plataformas de redes sociales de bajo umbral que protejan la intimidad y sean atractivas para la población rusa, al tiempo que amplía las normas tecnológicas mundiales en materia de intimidad, crea normas éticas y jurídicas que marquen la pauta en lo que respecta al fomento de la protección de los derechos fundamentales, trabaja en pro de la prohibición internacional de las tecnologías de vigilancia masiva y de los sistemas de puntuación ciudadana invasivos e insiste en la prohibición de los sistemas armamentísticos autónomos;
  

Compromiso en favor del pueblo ruso y de la democracia: el éxito de la AO como inspiración para el pueblo ruso

   bi) la Unión debe seguir mejorando la AO con el objetivo de promover la democracia, el Estado de Derecho, las libertades fundamentales, los derechos humanos, la cooperación regional y las relaciones de buena vecindad; en particular, la Unión podría proponer en la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa una estrategia de cooperación reforzada que le permita prepararse para el nuevo impulso de integración europea protagonizado por los países de la vecindad oriental de la Unión y apoyar la buena evolución de los países de la AO orientados hacia la Unión, lo que constituiría un buen ejemplo e incentivaría el apoyo a la democracia por parte del pueblo ruso; consiguientemente, la Unión debe mantener una perspectiva realista sobre la adhesión a la Unión de los países de la AO, preservando así su motivación de llevar a cabo más reformas;
   bj) la Unión debe seguir apoyando el cumplimiento por parte de Ucrania, Georgia, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán y Bielorrusia de los criterios políticos, democráticos, sociales y jurídicos de la Unión en los que se basan los Tratados de la Unión y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
   bk) finalmente, la Unión debe impulsar una estrategia más ambiciosa para la integración de los países de la AO que tienen un acuerdo de asociación con la Unión; la Unión, de este modo, motivará a los países de la AO asociados a ella para que realicen reformas inspiradas por la Unión, entre otras cosas ofreciéndoles un modelo basado en la fórmula «todo salvo las instituciones» que les traiga todos los beneficios de la integración en la Unión, como el acceso a las políticas comunes de la Unión, a sus recursos financieros y a su jurisdicción, al tiempo que mantiene abierta la puerta a una futura adhesión a la Unión;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a los Gobiernos y los Parlamentos de los países de la Asociación Oriental y de los países del G7, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y al presidente, al Gobierno y a la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

(1) DO C 234 de 28.6.2016, p. 14.
(2) DO C 407 de 4.11.2016, p. 74.
(3) DO C 263 de 25.7.2018, p. 109.
(4) DO C 28 de 27.1.2020, p. 97.
(5) DO C 224 de 27.6.2018, p. 58.
(6) DO C 23 de 21.1.2021, p. 7.
(7) DO C 171 de 6.5.2021, p. 25.
(8) DO C 255 de 29.6.2021, p. 54.
(9) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0232.
(10) Textos Aprobados, P9_TA(2021)0018.
(11) Textos Aprobados, P9_TA(2021)0159.
(12) Textos Aprobados, P9_TA(2021)0291.

Última actualización: 12 de enero de 2022Aviso jurídico - Política de privacidad