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Procedimiento : 2020/2133(INI)
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Ciclo relativo al documento : A9-0260/2021

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A9-0260/2021

Debates :

Votaciones :

PV 16/09/2021 - 2
PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15
CRE 16/09/2021 - 2

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0396

Textos aprobados
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Jueves 16 de septiembre de 2021 - Estrasburgo
Refuerzo de la transparencia y la integridad de las instituciones de la Unión mediante la creación de un órgano independiente de la Unión encargado de las cuestiones de ética
P9_TA(2021)0396A9-0260/2021

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de septiembre de 2021, sobre el refuerzo de la transparencia y la integridad de las instituciones de la Unión mediante la creación de un órgano independiente de la Unión encargado de las cuestiones de ética (2020/2133(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024, presentadas el 10 de septiembre de 2019,

–  Vista la carta de mandato de 1 de diciembre de 2019 de la presidenta de la Comisión a Věra Jourová (vicepresidenta propuesta para la cartera de Valores y Transparencia),

–  Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2017, sobre transparencia, responsabilidad e integridad en las instituciones de la Unión(1),

–  Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2020, sobre el balance de las elecciones europeas(2),

–  Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), y en particular sus artículos 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular su artículo 223, apartado 2, y sus artículos 245 y 295,

–  Vista el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo (en lo sucesivo, «Acta electoral») adjunta a la Decisión del Consejo de 20 de septiembre de 1976, en su versión modificada,

–  Visto el proyecto de Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre un Registro de transparencia obligatorio,

–  Visto el Informe Especial n.º 13/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Marcos éticos de las instituciones de la UE auditadas: se pueden mejorar»,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el Informe Especial n.º 13/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo,

–  Vista su Decisión, de 28 de septiembre de 2005, sobre la adopción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (2005/684/CE, Euratom)(3),

–  Visto el Reglamento interno del Parlamento Europeo, y en particular sus artículos 2, 10, 11 y 176, apartado 1, los artículos 1 a 3, 4, apartado 6, 5 y 6 de su anexo I y su anexo II,

–  Vistos los informes anuales del Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados,

–  Vistos los informes anuales sobre la aplicación del Código de Conducta de los Miembros de la Comisión Europea, incluidos los dictámenes del Comité Independiente de Ética,

–  Vistas las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo sobre la investigación conjunta de las reclamaciones 194/2017/EA, 334/2017/EA y 543/2017/EA relativas a la gestión por parte de la Comisión del empleo de antiguos comisarios y un antiguo presidente de la Comisión tras su mandato y sobre el papel de su «Comité de Ética»,

–  Vistas las recomendaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y de varias ONG,

–  Visto el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, y en particular sus artículos 11, 11 bis, 12, 12 bis, 12 ter, 13, 15, 16, 17, 19, 21 bis, 22 bis, 22 quater, 24, 27 y 40,

–  Vistas las competencias de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, establecidas en el anexo VI de su Reglamento Interno,

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Peticiones,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A9-0260/2021),

A.  Considerando que el TUE establece que la Unión respetará «el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos»; que esto implica que las decisiones públicas se adoptan en interés del bien común;

B.  Considerando que los Tratados han establecido un sistema de separación de poderes entre las instituciones de la Unión que asigna a cada una de ellas su propio papel dentro de la estructura institucional de la Unión y con respecto al ejercicio de las tareas que le son encomendadas;

C.  Considerando que, si bien cada institución de la Unión tiene derecho a la soberanía organizativa, todas las instituciones de la Unión deben cumplir las normas más estrictas de independencia e imparcialidad;

D.  Considerando que el TUE y el TFUE establecen un marco de gobernanza europea basado en la separación de poderes, fijando derechos y obligaciones distintos para cada institución;

E.  Considerando la suma importancia que revisten la independencia, la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas, sus representantes electos, los comisarios y los funcionarios para fomentar la confianza de los ciudadanos, necesaria para el funcionamiento legítimo de las instituciones democráticas;

F.  Considerando que las normas deontológicas aplicables a las instituciones europeas son, en muchos aspectos, superiores a las aplicables a las instituciones nacionales homólogas, pero que no se han aplicado de manera satisfactoria;

G.  Considerando que la aplicación del marco ético podría mejorarse;

H.  Considerando que la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y en los procesos de toma de decisiones constituye un pilar para cualquier gobierno democrático y requiere ejemplaridad, integridad, transparencia, rendición de cuentas y los más altos niveles de comportamiento ético;

I.  Considerando que, para garantizar que los procesos democráticos no se vean influidos por intereses privados y que los derechos de los ciudadanos se respeten plenamente, es fundamental que no exista una influencia indebida por parte de los representantes de intereses, en particular mediante la oferta de actividades retribuidas a los diputados al Parlamento Europeo, obsequios o invitaciones de viaje, la creación de expectativas de empleo futuro tras el cese del mandato de los diputados o el cese del servicio de los funcionarios, y el uso indebido de informaciones o contactos;

J.  Considerando que las deficiencias del actual marco ético de la Unión se derivan en gran medida del hecho de que se basa en un enfoque autorregulador, de la inexistencia de un Derecho penal de la Unión y de la insuficiencia de recursos y de competencias para verificar la información; que cualquier modificación del marco ético de la Unión debe tener una base jurídica clara y respetar la separación de poderes establecida en los Tratados; que la creación de un órgano independiente encargado de las cuestiones de ética podría contribuir a reforzar la confianza en las instituciones de la Unión y su legitimidad democrática;

K.  Considerando que se han dado casos de conductas problemáticas; que cada caso de conducta poco ética y su inadecuada tramitación por parte de las instituciones de la Unión ponen en peligro la confianza que los ciudadanos europeos depositan en ellas y han contribuido en gran medida a dañar la reputación de la Unión Europea;

L.  Considerando que se está produciendo, en particular, un fuerte aumento del fenómeno de las puertas giratorias; que muchos comisarios y la tercera parte de los diputados al Parlamento Europeo en la legislatura 2014-2019 han sido contratados por organizaciones incluidas en el Registro de transparencia de la Unión; que este fenómeno entraña riesgos de conflictos de intereses con los ámbitos legítimos de competencia de los Estados miembros y las instituciones de la Unión, riesgos de divulgación o uso inadecuado de información confidencial, y el riesgo de que antiguos miembros del personal recurran a sus estrechos contactos personales y amistades con antiguos colegas para ejercer actividades de representación de intereses;

M.  Considerando que los marcos actuales de normas deontológicas a escala de la Unión están adaptados a las particularidades de cada institución de la Unión, lo que conlleva diferentes procesos y niveles de aplicación, incluso del propio Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea en las diferentes instituciones, órganos y organismos de la Unión, y que todo ello crea un sistema complejo que resulta difícil de comprender tanto para los ciudadanos de la Unión como para quienes tienen que respetar dichas normas;

N.  Considerando que, en su Informe Especial n.º 13/2019, el Tribunal de Cuentas Europeo señaló que en muchos ámbitos hay buenas razones para aplicar enfoques armonizados al tratamiento de cuestiones éticas en las instituciones de la Unión; que el Defensor del Pueblo Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo han advertido en reiteradas ocasiones acerca de deficiencias notables en las políticas de prevención de conflictos de intereses de las instituciones de la Unión; que tanto el Defensor del Pueblo como el Tribunal de Cuentas han expresado su especial preocupación por la inexistencia de un marco ético común de la Unión con procedimientos y canales de denuncia claros; que este problema afecta en particular al trabajo de los representantes de los Estados miembros en el Consejo, donde se deben abordar los conflictos de intereses de alto nivel, las puertas giratorias y las normas de transparencia; que las normas deontológicas de la Unión no se ajustan a las Directrices de la OCDE para la gestión de los conflictos de intereses en la administración pública;

O.  Considerando que el ejemplo de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en Francia demuestra que un organismo único e independiente responsable del seguimiento, la aplicación y la sanción en relación con las normas deontológicas aplicables a los organismos públicos es un instrumento eficaz y poderoso que puede permitir reducir a largo plazo los comportamientos poco éticos;

P.  Considerando que el equilibrio de poderes entre las instituciones es una garantía fundamental que ofrecen los Tratados a los ciudadanos de la Unión;

Q.  Considerando que la doctrina Meroni desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) permite delegar las competencias de las instituciones de la Unión en órganos externos, incluidas las competencias que aún no se ejercen; que, según el TJUE, las delegaciones de competencias deben ser limitadas y solo pueden referirse a facultades exactamente definidas, cuyo uso debe estar totalmente controlado por las instituciones, y no puede referirse a facultades discrecionales que impliquen un juicio político para no poner en peligro el equilibrio de poderes entre las instituciones;

R.  Considerando que, de conformidad con el principio de atribución, las instituciones no pueden delegar, mediante un acuerdo interinstitucional, competencias que ellas mismas no tienen, por ejemplo, cuando dichas competencias son atribuidas por los Tratados al Tribunal de Cuentas o corresponden a los Estados miembros;

S.  Considerando que, durante el examen de los posibles conflictos de intereses de los comisarios propuestos en 2019, los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos destacaron las enormes limitaciones del procedimiento vigente; que entre esas limitaciones se encuentran el acceso a tan solo una parte limitada de la información, la falta de tiempo para el examen, la ausencia de competencias de investigación y la falta de apoyo por parte de expertos; que el artículo 17, apartado 3, del TUE establece que los miembros de la Comisión Europea serán elegidos «de entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia»;

T.  Considerando que es necesario seguir desarrollando el estricto marco ético existente para los comisarios con el fin de colmar las lagunas legislativas existentes, como la inexistencia de un estatuto de los comisarios; que este proceso está estrechamente relacionado con el control y la supervisión parlamentarios, que es necesario elaborar un estatuto de los comisarios de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario y que la Comisión debe presentar una propuesta a este fin;

U.  Considerando que todos los cabezas de lista de las elecciones europeas de 2019 apoyaron la creación de un órgano independiente encargado de las cuestiones de ética que sea común para todas las instituciones de la Unión; que la presidenta de la Comisión lo apoyó en sus orientaciones políticas;

V.  Considerando que la libertad de mandato de los diputados al Parlamento Europeo redunda en interés de los ciudadanos a los que representan;

W.  Considerando que una de las funciones primordiales del Parlamento, tal como se establece en el TUE, es la de ejercer el control político;

X.  Considerando que el personal de las instituciones está cubierto por el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea;

1.  Opina que un único órgano independiente de la Unión encargado de las cuestiones de ética podría garantizar mejor la aplicación coherente y completa de las normas deontológicas en todas las instituciones de la Unión, a fin de velar por que las decisiones públicas se adopten únicamente en aras del bien común y de la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión; propone la celebración de un acuerdo interinstitucional basado en el artículo 295 del TFUE para la creación de un órgano independiente de la Unión encargado de las cuestiones de ética para el Parlamento y la Comisión abierto a la participación de todas las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y propone que este órgano también proporcione a las instituciones, órganos y organismos participantes formación y orientación activa;

Principios

2.  Considera que las disposiciones de dicho acuerdo interinstitucional deben respetar las siguientes disposiciones y principios:

   a) el principio de buena gestión financiera, que garantiza una gestión eficiente y eficaz de los recursos de la Unión,
   b) los principios de atribución y separación de poderes,
   c) la libertad profesional y el derecho a trabajar, tal como establece el artículo 15 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
   d) el Estado de derecho y principios europeos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a ser oído y los principios de legalidad y proporcionalidad,
   e) el Estatuto de los diputados y, en particular, la libertad de mandato consagrada en su artículo 2,
   f) la ausencia de duplicaciones o interferencias con la labor de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Fiscalía Europea, el Defensor del Pueblo Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo o el TJUE,
   g) el derecho de investigación del Parlamento Europeo consagrado en el artículo 226 del TFUE;

3.  Considera que, en el ámbito de sus funciones, incluidas las relativas a la supervisión y la investigación, el órgano debe recurrir a las competencias existentes de las instituciones para solicitar información a sus miembros o bien al acuerdo de las autoridades nacionales para compartir información; destaca que el poder de decisión último debe seguir correspondiendo al presidente del Parlamento, al Colegio de Comisarios o a la autoridad respectiva de una institución participante hasta que se lleve a cabo, en su caso, una revisión de las normas;

4.  Considera que el procedimiento seguido por el órgano independiente de la Unión encargado de las cuestiones de ética debe garantizar un nivel adecuado de transparencia, al tiempo que se protegen las garantías procedimentales, tal como se establecen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que el acuerdo interinstitucional debe incluir normas de procedimiento y un protocolo adecuado de protección de datos, remitiendo al acervo actual de principios de los órganos de ética de la Unión existentes, así como a los valores comunes de la Unión (artículo 2 del TUE), los derechos de las personas afectadas a ser oídas y a recurrir, la obligación de colaborar y los requisitos de publicación;

Ámbito de aplicación y mandato

5.  Considera que debe delegarse en el nuevo órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética una lista de tareas acordadas para proponer y asesorar sobre normas deontológicas para los comisarios, los diputados al Parlamento Europeo y el personal de las instituciones participantes antes, durante y, en algunos casos, después de su mandato o servicio, de conformidad con las normas aplicables, y en particular:

   a) el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (artículos 2 y 3),
   b) el Reglamento interno del Parlamento (artículos 2, 10 (apartados 5, 6 y 7), 11, 176 (apartado 1), anexo I (artículos 1 a 8) y anexo II),
   c) el Reglamento interno de la Comisión (artículo 9), su Código de Conducta (artículos 2 a 13 y anexo II), y su Decisión, de 25 de noviembre de 2014, relativa a la publicación de información acerca de las reuniones celebradas entre miembros de la Comisión y organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia, y la misma Decisión para los directores generales,
   d) el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (artículos 11, 11 bis, 12, 12 bis, 12 ter, 13, 15, 16, 17, 19, 21 bis, 22, 22 bis, 22 quater, 24, 26, 27, 40, 43, 86, 90 y 91 bis y anexo IX, que se aplican mutatis mutandis a todo el personal empleado por los organismos si son signatarios del acuerdo interinstitucional,
   e) el Acuerdo interinstitucional sobre un Registro de transparencia obligatorio;

6.  Considera que los diputados y el personal de las instituciones participantes deben estar cubiertos por el acuerdo antes, durante y después del mandato o servicio, de conformidad con las normas aplicables; considera que lo anterior debe aplicarse a los diputados al Parlamento, a los comisarios y a todo el personal de la Unión al que se aplique el Estatuto de los funcionarios;

7.  Recuerda que, cuando se trata de personas cubiertas por el Estatuto de los funcionarios, la competencia puede delegarse en el órgano independiente de la Unión encargado de las cuestiones de ética recurriendo a las cláusulas de habilitación del artículo 2, apartado 2, y del artículo 9, apartado 1, o a ambas, y que esa competencia se referiría a la supervisión y el cumplimiento de las obligaciones éticas, mientras que las demás obligaciones profesionales seguirían siendo aplicadas por las autoridades facultadas para proceder a los nombramientos;

8.  Insiste en que el acuerdo interinstitucional debe estar abierto a la participación de todas las instituciones y órganos de la Unión; señala que los colegisladores pueden decidir vincular a las agencias a través de sus reglamentos de base; considera que el acuerdo interinstitucional debe permitir que el órgano encargado de las cuestiones de ética intercambie información con las autoridades nacionales cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones, tratando dicha información con la misma confidencialidad que la autoridad de origen (por ejemplo, la información fiscal, los registros de la propiedad y los datos en poder de los órganos nacionales de ética), y estudiar las mejores prácticas y las revisiones por pares; considera que, sin perjuicio de los principios generales establecidos en el apartado 2, y cuando sea pertinente para el ejercicio de sus funciones, el órgano independiente encargado de las cuestiones de ética debe tener la posibilidad de cooperar e intercambiar información con los órganos pertinentes de la Unión, como la OLAF, la Fiscalía Europea, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas Europeo, en el marco de sus mandatos respectivos;

Competencias y poderes

9.  Considera que, sin perjuicio del equilibrio entre las instituciones establecido por los Tratados, todas las instituciones participantes deben confiar al órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética, en el marco de su respectiva autonomía procesal, por una parte, un papel preventivo a través de la sensibilización y la orientación sobre cuestiones éticas y, por otra, un papel consultivo y en materia de cumplimiento, con la posibilidad de formular recomendaciones sobre cuestiones de ética, incluidos los conflictos de intereses; considera que los poderes de decisión deben permanecer en el seno de la institución respectiva hasta que se confíen al órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética poderes de decisión conforme a una base jurídica adecuada; recuerda que las funciones del órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética se limitarían a la lista acordada de tareas delegadas por las instituciones participantes y, por lo tanto, se entenderían sin perjuicio y en el pleno respeto de las competencias de la OLAF, la Fiscalía Europea y las jurisdicciones nacionales en relación con cualquier infracción de la legislación que entre en sus ámbitos de competencias; destaca que, con el fin de supervisar la integridad, el Parlamento debe encargar periódicamente estudios que definan la integridad con un conjunto de objetivos e indicadores de rendimiento bien definidos e informar sobre los progresos realizados;

10.  Considera que esta función de supervisión debe incluir, entre otros aspectos, la posibilidad de comprobar la veracidad de las declaraciones de intereses económicos que las personas afectadas deben presentar directamente al órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética, así como al Parlamento cuando se trata de los comisarios propuestos —para garantizar que llegan lo más rápidamente posible a todos los responsables del control democrático o público, tal como establecen las normas aplicables—, la gestión de los conflictos de intereses, las normas relativas a las actividades de representación de intereses, el control de las obligaciones de transparencia, también en el procedimiento legislativo, y la verificación del cumplimiento de las normas relativas a las puertas giratorias y, en términos más generales, la verificación del cumplimiento de todas las disposiciones de los códigos de conducta y de las normas aplicables en materia de transparencia, ética e integridad;

11.  Señala que, en el seno de las instituciones de la Unión, las distintas disposiciones legislativas y de otro tipo destinadas a prevenir los conflictos de intereses ofrecen definiciones diferentes de los términos «conflicto de intereses»; observa que las definiciones dependen del contexto y evolucionan por naturaleza, y que una transparencia total no garantiza necesariamente la ausencia de conflictos de intereses ni garantiza que se obtendrá o aumentará la confianza de los ciudadanos; señala que la aplicación de normas deontológicas y la rendición de cuentas pública en caso de conflictos de intereses son una condición previa para que los ciudadanos confíen en las instituciones públicas;

12.  Recuerda la importancia de distinguir entre un conflicto de intereses surgido durante el ejercicio de un cargo y un conflicto que surja posteriormente, así como entre los actos que se autorizan si se declaran y los que no se autorizan en ningún caso;

13.  Señala que el Parlamento Europeo creó el Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados como órgano responsable de orientar a los diputados sobre la interpretación y aplicación del Código de conducta; observa, además, que el Comité Consultivo también evalúa las presuntas infracciones del Código de conducta y asesora al presidente sobre las medidas que, en su caso, deban adoptarse; considera que el Parlamento Europeo debe dar ejemplo en lo tocante a las normas deontológicas y su aplicación efectiva;

14.  Opina que el órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética podría tener también autoridad sobre las obligaciones impuestas por el Registro de transparencia y debe prever una mejor protección de los denunciantes y una mejor gestión de los conflictos de intereses en los casos de corrupción y fraude;

15.  Considera que el órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética debe desarrollar un portal público de la Unión con información pertinente sobre las normas deontológicas, informes sobre las mejores prácticas, estudios y estadísticas, así como una base de datos que contenga las declaraciones de intereses económicos de todas las instituciones participantes;

16.  Insiste en que el órgano independiente de la Unión encargado de las cuestiones de ética debe tener derecho a iniciar una investigación por iniciativa propia y llevar a cabo investigaciones documentales e in situ basadas en la información que haya recopilado o que haya recibido de terceros, por ejemplo, periodistas, medios de comunicación, ONG, denunciantes, la sociedad civil o el Defensor del Pueblo Europeo; insiste en que todo tercero que recurra de buena fe al órgano independiente encargado de las cuestiones de ética debe estar protegido, y en que se debe mantener su anonimato; considera que, al iniciar una investigación por iniciativa propia, el organismo debe notificarlo, mediante mensaje confidencial, a la persona interesada y a la autoridad responsable de la aplicación de las sanciones en las respectivas instituciones; opina que, en tal caso, la autoridad correspondiente de esta institución, organismo u órgano puede exigir que el órgano facilite una explicación;

17.  Subraya que la solicitud de documentos fiscales y registros bancarios son injerencias en el derecho privado, para las que deben existir acusaciones serias que entren dentro de las competencias de la OLAF;

18.  Insiste en la necesidad de que el órgano independiente encargado de las cuestiones de ética proteja a los denunciantes, en particular a los funcionarios europeos, para que puedan compartir sus preocupaciones sobre posibles infracciones de las normas vigentes sin temor a represalias; sugiere, a este respecto, que dicho órgano supervise los mecanismos de reclamación interna y confidencial establecidos por el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes; recuerda que solo un entorno de trabajo seguro y protector permitirá a los funcionarios comunicar sus preocupaciones y contribuir así a un buen trabajo del órgano independiente en cuestiones de ética;

19.  Opina que, para ser plenamente efectivo, el órgano debe fusionar las funciones de los actuales órganos responsables de las cuestiones éticas; considera que el órgano debe asesorar a los diputados al Parlamento Europeo o a los comisarios cuando soliciten orientación sobre cuestiones éticas; estima que el órgano debe formular recomendaciones de sanciones a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en relación con las obligaciones éticas del personal, y que, por lo que respecta a los diputados al Parlamento Europeo o los comisarios, el órgano debe formular recomendaciones a las autoridades responsables de las respectivas instituciones participantes; recomienda que el órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética formule recomendaciones que puedan servir de precedentes en casos idénticos o similares; cree que esto garantizará la eficiencia, la coherencia y una reducción previsible y significativa de la carga de trabajo, especialmente en lo que respecta a las cuestiones de personal en caso de que se produzcan numerosos casos similares;

20.  Considera que el órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética debe promover la integridad y estar a cargo de las funciones consultivas para que asesore de forma fiable y fidedigna a cualquier persona o institución dentro de su ámbito de aplicación que desee solicitar la interpretación de una norma ética en relación con una conducta adecuada en un caso concreto; considera que, para garantizar la aplicación coherente de las normas deontológicas y la previsibilidad, el asesoramiento debe ser vinculante para la posición que exprese el órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética sobre la misma cuestión;

21.  Recuerda que la confirmación por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la ausencia de conflictos de intereses es una condición previa esencial para el nombramiento de los comisarios propuestos y que la Comisión de Asuntos Jurídicos tiene competencias claras para rechazar a los comisarios propuestos si se ha detectado un conflicto de intereses;

22.  Recuerda que, con arreglo a lo dispuesto en el punto 5 del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, de 20 de noviembre de 2010, el Parlamento puede retirar la confianza a un miembro de la Comisión de forma individual, tras lo cual el presidente de esta exigirá la dimisión de dicho miembro o explicará su negativa a solicitarla ante el Parlamento en el siguiente período parcial de sesiones;

23.  Opina que el examen de las declaraciones formuladas por los comisarios propuestos con el fin de descubrir conflictos de intereses reviste una importancia institucional y democrática fundamental y debe realizarse con la máxima atención, compromiso y sentido de la responsabilidad por medio de una interpretación plenamente objetiva, democrática e independiente; considera que las normas sobre el examen de posibles conflictos de intereses también deben aplicarse a la declaración del presidente electo de la Comisión Europea;

24.  Subraya que la decisión sobre los conflictos de intereses de los comisarios propuestos antes de las audiencias sigue siendo una competencia democrática e institucional de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento; hace hincapié, a este respecto, en que el futuro órgano independiente de UE encargado de las cuestiones de ética debe tener las competencias de investigación adecuadas, así como la facultad de solicitar y tener acceso a documentos administrativos, de manera que pueda llevar a cabo evaluaciones debidamente razonadas y documentadas; destaca la necesidad de que se cumplan plenamente las normas en materia de confidencialidad, privacidad y protección de datos personales en la verificación de las consecuencias de un conflicto de intereses; opina que la Comisión de Asuntos Jurídicos debe disponer de más tiempo y que, al tiempo que mantiene plenamente su competencia en la materia, debe decidir si existe un conflicto de intereses de los comisarios propuestos con posterioridad a la recepción de recomendaciones no vinculantes, precisas y razonadas del órgano independiente de la Unión encargado de las cuestiones de ética, que reforzaría así la acción de esta; considera que la Comisión de Asuntos Jurídicos debe celebrar en última instancia un debate sobre las recomendaciones formuladas por el órgano independiente de la Unión encargado de las cuestiones de ética; cree que las recomendaciones deben publicarse junto con las declaraciones de intereses económicos de los comisarios propuestos; considera que, además del control por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos de las declaraciones de los comisarios propuestos, el examen de los conflictos de intereses debe efectuarse, en general, antes, durante y después del ejercicio de un cargo o empleo público para todas las instituciones, órganos y organismos de la Unión; estima, además, que debe dotársele de recursos, herramientas y competencias suficientes para cotejar y localizar la información necesaria, así como para solicitar información complementaria cuando proceda;

Composición

25.  Considera que el órgano encargado de las cuestiones de ética debe estar compuesto por nueve miembros, tres elegidos por la Comisión, tres elegidos por el Parlamento y tres nombrados de jure entre antiguos jueces del TJUE, el Tribunal de Cuentas y antiguos defensores del Pueblo Europeo; opina que, en lo que respecta a las cuestiones relativas al personal, debe incluirse a los representantes del personal de la institución del interesado; señala que el anexo II del Estatuto de los funcionarios debe modificarse en consecuencia;

26.  Considera que sus miembros deben ser independientes, ser elegidos en función de su competencia, experiencia y cualidades profesionales, así como su integridad personal, tener un historial impecable de comportamiento ético y presentar una declaración de ausencia de conflictos de intereses; opina que la composición del órgano debe reflejar el equilibrio de género; subraya que todos los miembros deben ser independientes en el ejercicio de sus funciones; considera que los miembros deben ser elegidos por un período de seis años y que un tercio de ellos debe renovarse cada dos años;

27.  Pide que un responsable de deontología se ocupe de comprobar las declaraciones de los candidatos; opina que los miembros deberán trabajar con un espíritu de colaboración y coherencia en sus análisis y recomendaciones; pide que la composición del órgano refleje el equilibrio de género;

28.  Considera que la composición del órgano encargado de las cuestiones de ética debe ir acompañada de un marco para el ejercicio del mandato, así como de un procedimiento para ponerle fin;

29.  Sugiere que, con el fin de garantizar un apoyo firme, el Parlamento elija a los miembros del órgano por amplia mayoría, en su caso de forma análoga al procedimiento para los miembros de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas o las decisiones relativas al Premio Sájarov;

30.  Sugiere que cada institución elija a estos miembros, en particular entre antiguos jueces del TJUE, antiguos presidentes de la OLAF y del Tribunal de Cuentas, antiguos magistrados o magistrados en activo de los órganos jurisdiccionales supremos de los Estados miembros, antiguos diputados al Parlamento Europeo, antiguos miembros del personal de las instituciones y de los órganos participantes, antiguos defensores del Pueblo Europeo y miembros de las autoridades de los Estados miembros encargadas de las cuestiones de ética; sugiere, asimismo, que el órgano elija entre sus miembros un presidente y dos vicepresidentes; subraya que esto se entiende sin perjuicio del derecho del personal a organizar a sus propios representantes cuando se trate de asuntos de personal;

31.  Insiste en la necesidad de garantizar la variedad de trayectorias y conocimientos especializados independientes de los miembros; sugiere que se limite la presencia de antiguos diputados europeos y comisarios a una tercera parte de los miembros de este órgano;

32.  Recomienda que el colegio cuente con el apoyo de una secretaría dotada de recursos humanos, materiales y financieros acordes con su mandato y sus funciones, así como con un responsable de ética, encargado de la formación deontológica y de ofrecer asesoramiento en el seno del órgano independiente de la Unión encargado de las cuestiones de ética; considera que fusionar los presupuestos y el personal actualmente asignados a los distintos órganos de ética de la Unión mejoraría la eficiencia en el uso de los recursos y podría reducir los costes;

Procedimientos

33.  Estima que la creación de un órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética debe contribuir a la construcción de una cultura institucional basada fundamentalmente en la prevención, el apoyo y la transparencia; propone, para ello, un enfoque en dos fases en virtud del cual, en caso de que el órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética tenga conocimiento de una infracción o posible infracción de las normas deontológicas, recomiende en primer lugar medidas para poner fin a la infracción antes de un plazo establecido; considera que este primer paso preventivo debe garantizar la confidencialidad y secreto y el derecho de la persona a ser oída y a refutar las acusaciones; sugiere que, en caso de que el interesado se niegue a adoptar las medidas adecuadas y persista la infracción, el órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética formule una recomendación motivada de medidas sancionadoras y transmita toda la información pertinente sobre el caso a la autoridad competente, que decidirá cómo dar curso a la recomendación en un plazo de 20 días hábiles;

34.  Opina que, al final de este período, debe hacerse pública la recomendación motivada del órgano independiente encargado de las cuestiones de ética, sin perjuicio del Reglamento general de protección de datos y de los derechos personales, junto con la decisión de la autoridad competente, que debe proporcionar una explicación en caso de que no se sigan plenamente las recomendaciones; estima que, como medida inicial, la publicación o transmisión de las recomendaciones y decisiones formuladas podría constituir una forma de sanción en sí misma; resalta que dicho órgano no puede sustituir al TJUE; sugiere que, en situaciones excepcionales, cuando la autoridad competente justifique debidamente que se necesita más tiempo para investigar el caso, esta pueda pedir al órgano de ética que amplíe su plazo para tomar una decisión en un plazo de hasta veinte días laborables; considera que este enfoque en dos fases debe aplicarse siempre que la persona tenga motivos razonables para creer que la información era verdadera en el momento de su revelación, y recomienda que cualquier infracción intencionada, negligencia grave, ocultación de pruebas, incumplimiento o falta de cooperación se consideren circunstancias agravantes con respecto a las recomendaciones de sanciones, incluso cuando la propia infracción haya cesado;

35.  Pide que se establezcan disposiciones claras que otorguen al interesado un derecho de recurso contra cualquier decisión de este tipo adoptada por el presidente, respetando plenamente los principios básicos del Estado de derecho;

36.  Considera que, como norma general, el órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética debe decidir por mayoría simple de sus miembros;

37.  Insiste en que deben aplicarse los procedimientos establecidos en los Tratados, como la transferencia de las investigaciones del Tribunal de Cuentas Europeo a la OLAF y al TJUE;

Disposiciones generales

38.  Considera que el órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética debe realizar estudios y recopilar estadísticas anuales sobre las declaraciones de intereses económicos, los casos de puertas giratorias y otra información pertinente, y publicar un informe anual que contenga información sobre el cumplimiento de sus tareas y, en su caso, recomendaciones para mejorar las normas deontológicas, que se presentará al Parlamento; recomienda que el informe anual incluya el número de casos investigados, las instituciones de las que procedían las personas, el tipo de infracciones cometidas, el tiempo que duraron los procedimientos, el plazo en que se puso fin a la infracción, la proporción de sanciones decididas y las recomendaciones;

39.  Opina que el Acuerdo interinstitucional debe incluir una cláusula de revisión que garantice que, a más tardar dos años después de su creación, las instituciones participantes puedan aprobar una evaluación de sus actividades que incluya un análisis del funcionamiento de las normas y procedimientos y la experiencia adquirida en su aplicación; destaca, en particular, que esta cláusula de revisión debe centrarse en la evaluación de la eficacia de la aplicación del mandato del órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética, y que la evaluación del Parlamento debe tener en cuenta las aportaciones del propio órgano;

40.  Considera que el nuevo órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética debe estar facultado para contribuir, mediante propuestas, al desarrollo y la actualización periódica de un marco ético común para las instituciones de la Unión, que incluya normas comunes y un modelo común de declaración de intereses económicos legible electrónicamente y una propuesta, así como para presentar al Parlamento Europeo una propuesta de modificación de sus competencias; cree que deben armonizarse lo antes posible las normas deontológicas de todas las instituciones, organismos y órganos; opina que es necesario elaborar un estatuto de los comisarios de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario;

41.  Sugiere que el órgano independiente encargado de las cuestiones de ética trabaje en la elaboración de una definición de conflicto de intereses común a las instituciones de la Unión, sobre la base de las normas más estrictas; resalta que en muchos Estados miembros existen disposiciones exigentes; recuerda la definición de conflicto de intereses de la OCDE: «cuando un individuo o una empresa (ya sea privada o gubernamental) está en condiciones de explotar su propia profesión o su capacidad oficial de alguna manera en beneficio personal o corporativo»;

42.  Pide plena transparencia en relación con todas las reuniones organizadas por el órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética y en las que este participe con agentes privados y sus representantes, con fines tanto lucrativos como no lucrativos;

43.  Insiste en que, sin perjuicio de las competencias del Parlamento mencionadas en el apartado 24, las recomendaciones del órgano de la Unión encargado de las cuestiones de ética deben estar debidamente justificadas, bien documentadas y disponibles para el diputado o el miembro del personal y para la institución de que se trate; considera que las instituciones participantes deben comprometerse a cooperar plenamente en todos los procedimientos que entren en el ámbito de aplicación del Acuerdo interinstitucional acordado y, en particular a transmitir al órgano independiente de la Unión encargado de las cuestiones de ética toda la información y los documentos necesarios para el correcto control de las normas deontológicas; señala que seguiría siendo posible presentar reclamaciones respecto de las actividades del órgano encargado de las cuestiones de ética ante el Defensor del Pueblo Europeo y recurrir ante el TJUE las decisiones de las instituciones participantes basadas en las recomendaciones;

44.  Considera que la mejora de la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas, así como los más altos niveles de comportamiento ético en las instituciones y los procesos de toma de decisiones de la Unión, deben formar parte de los temas que se debatan en el marco de la Conferencia sobre el futuro de Europa; subraya que se trata de una oportunidad para que los ciudadanos de la Unión debatan la revisión de los Tratados y que ello garantizaría una base jurídica clara para introducir un órgano independiente de la Unión encargado de las cuestiones de ética para todas las instituciones a través del procedimiento legislativo ordinario;

45.  Pide al órgano independiente encargado de las cuestiones de ética que dé ejemplo en materia de transparencia publicando todas las recomendaciones, informes anuales, decisiones y gastos en un formato de datos abiertos legible electrónicamente que esté a disposición de todos los ciudadanos y de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de protección de datos; recomienda encarecidamente que todo programa informático desarrollado para defender las normas deontológicas en la administración pública de la Unión se ponga a disposición con arreglo a una licencia de software libre y de código abierto y que se comparta con toda institución europea que desee utilizarlo; pide una cooperación estrecha a este respecto con el Supervisor Europeo de Protección de Datos;

46.  Solicita a los Estados miembros que velen por que los casos penales relacionados con infracciones de las normas de integridad, en particular aquellos que impliquen a diputados al Parlamento Europeo y políticos nacionales que participan en la elaboración de las políticas de la Unión, se traten de manera eficiente y sin demoras indebidas;

47.  Constata con preocupación que, lamentablemente, no se han estudiado medidas de prevención y ejecución para evitar los conflictos de intereses en el procedimiento de la Comisión relativo a las licitaciones públicas;

48.  Señala que la aplicación de las normas vigentes a los comisarios, diputados al Parlamento Europeo y funcionarios de la Unión ha mostrado demasiadas deficiencias; recuerda que, de acuerdo con un informe de Transparencia Internacional en la UE, a principios de 2017, más del 50 % de los antiguos comisarios y el 30 % de los antiguos diputados al Parlamento Europeo que habían abandonado la política trabajaban para organizaciones consignadas en el Registro de transparencia de la Unión; destaca, en especial para los diputados electos, la necesidad de transparencia y rendición de cuentas sobre los compromisos personales y financieros; subraya que las cuestiones de transparencia e integridad a escala de la Unión y nacional están estrechamente interrelacionadas; apoya en este sentido la labor del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y solicita a los Estados miembros que apliquen sus recomendaciones, específicamente las relativas a la creación de un estricto código de conducta para los políticos nacionales y la adopción de normas respecto a las ocupaciones posteriores al ejercicio de cargos públicos;

49.  Pide que se refuerce el marco regulador y de ejecución vigente para los conflictos de intereses antes y después de ejercer un cargo público, con el fin de fijar límites adecuados, claros, vinculantes y proporcionados entre el sector público y los sectores privado y sin ánimo de lucro, y mejorar de esta manera la credibilidad de la toma de decisiones de la Unión ante la población en general;

50.  Destaca que las situaciones de conflicto de intereses posteriores al ejercicio de cargos públicos y de puertas giratorias constituyen preocupaciones recurrentes de carácter sistemático y un problema común a todas las instituciones, órganos y organismos del conjunto de la Unión; recomienda que todas las instituciones de la Unión establezcan períodos de incompatibilidad armonizados y adecuados y que se refuerce su aplicación; considera que las situaciones de conflicto de intereses podrían poner en peligro la integridad de las instituciones y organismos de la Unión, lo que socavaría la confianza de los ciudadanos en ellas; subraya la necesidad de armonizar la legislación y los códigos de conducta pertinentes de la Unión, en concreto con vistas a exigir plena transparencia sobre las ocupaciones o los proyectos asumidos por altos funcionarios de la Unión tras el cese del empleo público y sobre cualesquiera actividades paralelas que puedan desarrollar los diputados al Parlamento Europeo; opina que las normas relativas a la prevención de conflictos de intereses después del ejercicio de un cargo o empleo público deben aplicarse en un plazo razonable, al tiempo que se respetan las normas sobre una retribución adecuada; destaca la necesidad de aprender de las mejores prácticas de los Estados miembros que ya cuentan con autoridades nacionales encargadas de las cuestiones de ética que disponen de los conocimientos especializados pertinentes; subraya que existen diferentes prácticas nacionales relativas el cumplimiento de las normas deontológicas; señala que, en algunos Estados miembros, los representantes electos deben abstenerse de votar sobre cuestiones en las que tengan un interés personal y, en consecuencia, pide a los diputados al Parlamento Europeo que se abstengan de ser ponentes en casos similares; recuerda, en este contexto, las disposiciones establecidas en los artículos 2 y 3 del Código de conducta de los diputados al Parlamento Europeo en materia de intereses económicos y conflictos de intereses;

51.  Subraya que el Defensor del Pueblo Europeo ha venido tratando las reclamaciones en materia de conflictos de intereses en ausencia de un mecanismo dedicado específicamente a esta tarea, adicionalmente a sus otras misiones, y sin disponer de los medios adecuados ni la facultad para ejecutar sus decisiones;

52.  Subraya que el órgano independiente de la Unión encargado de las cuestiones de ética no será suficiente en sí mismo para abordar con eficiencia las situaciones de conflicto de intereses en las instituciones y organismos de la Unión; considera que la revisión de las normas de la Unión en materia de ética e integridad podría incluir medidas como la ampliación de los períodos de notificación y de incompatibilidad para los altos funcionarios considerada caso por caso de manera proporcionada, garantizando al mismo tiempo la igualdad de trato en consonancia con el artículo 15 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el refuerzo de la Directiva 2014/24/UE(4) sobre contratación pública, la cesión obligatoria de intereses en empresas sujetas a la autoridad de la institución en la que ha sido nombrado recientemente el funcionario o que mantienen relaciones con dicha institución, la recusación obligatoria cuando se traten asuntos que afecten a un empleador anterior del sector privado, o la prohibición de propiedad individual de acciones por comisarios o altos funcionarios de las instituciones y agencias de la Unión mientras ejerzan su cargo; reitera su llamamiento a la Comisión para que considere la posibilidad de proponer una revisión del marco jurídico pertinente;

53.  Estima que, si se basan en un procedimiento objetivo con criterios claros, los períodos de incompatibilidad más largos para los altos funcionarios que abandonen un organismo o institución son medidas jurídicas justificadas para proteger el interés público y la integridad de los organismos públicos;

54.  Expresa su preocupación por los procedimientos de nombramiento de altos funcionarios de la Unión, la gestión de los conflictos de intereses de los comisarios y las violaciones del Código de conducta de los diputados al Parlamento Europeo, así como por los controles de las obligaciones de transparencia y la verificación del cumplimiento de las normas relativas a las puertas giratorias;

55.  Considera que las instituciones de la Unión deben aplicar las normas deontológicas más estrictas para evitar casos de puertas giratorias o conflictos de intereses, también en lo que respecta a los nombramientos para altos cargos en las instituciones y organismos de la Unión;

56.  Estima que los procedimientos de selección de candidatos para ocupar altos cargos deben desarrollarse sobre la base de criterios totalmente objetivos y ser plenamente transparentes para la opinión pública; señala que se debería establecer un marco para preguntas y objeciones, junto con procedimientos de seguimiento abiertos y la competencia para anular decisiones cuya transparencia e integridad hayan demostrado ser inadecuadas; destaca que deben evaluarse periódicamente los procedimientos a fin de observar su eficacia y practicar mejoras cuando resulte necesario;

57.  Destaca el papel clave que ha de desempeñar el Parlamento en el proceso de consolidación del actual sistema de la Unión de supervisión en materia de ética aplicable a todas las instituciones, órganos y organismos de la Unión, a fin de incrementar la confianza del público en los procesos de toma de decisiones de la Unión;

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58.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 337 de 20.9.2018, p. 120.
(2) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0327.
(3) DO L 262 de 7.10.2005, p. 1.
(4) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).

Última actualización: 12 de enero de 2022Aviso jurídico - Política de privacidad