El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2020, sobre la situación en Etiopía(1),

–  Vista la declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Josep Borrell, y el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, de 25 de junio de 2021, sobre el asesinato de tres trabajadores humanitarios en Tigray,

–  Vista la declaración conjunta realizada el 24 de junio de 2021 por el VP/AR, Josep Borrell, y el comisario Lenarčič sobre el ataque aéreo en la región de Tigray,

–  Vista la declaración del VP/AR en nombre de la Unión Europea, de 4 de octubre de 2021, sobre la decisión de expulsar a siete funcionarios de las Naciones Unidas,

–  Vista la declaración conjunta de la Unión y los Estados Unidos, de 10 de junio de 2021, tras la mesa redonda sobre la emergencia humanitaria en Tigray,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión, de 12 de julio de 2021, sobre Etiopía,

–  Vista la Resolución 47/13 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 13 de julio de 2021, titulada «Situación de los derechos humanos en la región de Tigré en Etiopía»,

–  Vista la Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 24 de mayo de 2018, en la que se condenan la hambruna de civiles como método de guerra y la denegación ilegal de acceso humanitario a la población civil,

–  Vistas las observaciones del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, de 26 de agosto de 2021, en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a propósito de Etiopía,

–  Vista la declaración de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de 13 de septiembre de 2021,

–  Vista la declaración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de 17 de septiembre de 2021, sobre el Decreto relativo a la crisis en Etiopía,

–  Vista la declaración del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, de 30 de septiembre de 2021, tras la expulsión de Etiopía de siete funcionarios de las Naciones Unidas,

–  Vista la Constitución de la República Democrática Federal de Etiopía adoptada el 8 de diciembre de 1994, en particular las disposiciones del capítulo tercero en materia de derechos y libertades fundamentales, derechos humanos y derechos democráticos,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas,

–  Vistos el Convenio de Ginebra de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, y sus protocolos adicionales de 1977 y 2005,

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967,

–  Vista la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 3 de mayo de 2016, sobre la protección de los heridos y los enfermos, del personal médico y del personal humanitario en los conflictos armados,

–  Vista la Resolución 47/13 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 13 de julio de 2021, sobre la situación de los derechos humanos en la región etíope de Tigray,

–  Vista la Resolución de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 12 de mayo de 2021, sobre la misión de investigación en la región de Tigray de la República Democrática Federal de Etiopía,

–  Vista la segunda revisión del Acuerdo de Cotonú,

–  Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria del Grupo de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y la UE, de 11 de marzo de 2021, sobre la democracia y el respeto de las constituciones en los Estados miembros de la UE y en los países ACP,

–  Visto el informe de Amnistía Internacional, de 10 de agosto de 2021, titulado «"No sé si se percataban de que yo era una persona": violación y otros actos de violencia sexual en el conflicto de Tigray (Etiopía)»,

–  Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el alto el fuego unilateral, declarado por el Gobierno etíope el 28 de junio de 2021, no ha puesto fin a los combates, y que las partes en conflicto han lanzado nuevas ofensivas; que el conflicto se está extendiendo ahora a las regiones vecinas de Afar y Amhara y que se corre el riesgo de que sus efectos se extiendan a todo el Cuerno de África; que este conflicto de once meses de duración ha desencadenado una crisis de origen humano y que este sufrimiento humano a gran escala es evitable en su totalidad;

B.  Considerando que, incluso antes de que comenzaran los combates, 15,2 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria en Etiopía, de las cuales dos millones se encontraban en la región de Tigray; que casi un millón de personas viven en condiciones similares a la hambruna y 5,2 millones de los 6 millones de personas de Tigray se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda como consecuencia directa de la violencia; que el 91 % de la población tiene una necesidad extrema de ayuda humanitaria y que 100 000 menores sufrirán una desnutrición aguda grave y potencialmente mortal durante los próximos doce meses; que, en junio de 2021, las Naciones Unidas ya advirtieron de que 5,5 millones de personas en Tigray y en las regiones vecinas de Amhara y Afar necesitaban ayuda alimentaria y 350 000 pasaban hambre; que la región de Tigray alberga a 100 000 desplazados internos y a 96 000 refugiados eritreos; que cuenta con varios campos de refugiados de grandes dimensiones en los que, según las ONG, el 44 % de las personas alojadas son menores; que, en julio de 2021, había en Tigray alrededor de 1,9 millones de personas desplazadas por el conflicto;

C.  Considerando las múltiples y graves denuncias de presuntas violaciones flagrantes de los derechos humanos, del Derecho humanitario y de la legislación sobre refugiados perpetradas por todas las partes en conflicto; que estas denuncias dan parte de ataques contra civiles, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzosas, detenciones masivas, saqueos sistemáticos y destrucciones sistemáticas y deliberadas de servicios básicos, sistemas de suministro de agua, cultivos y medios de subsistencia;

D.  Considerando que, a pesar de que el Gobierno etíope haya expresado su compromiso con la rendición de cuentas por la violencia sexual(2), las fuerzas armadas de Etiopía, de Eritrea y de la región de Amhara siguen recurriendo ampliamente a la violación y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas, además de a las amenazas de muerte, el insulto étnico y la cautividad en condiciones de esclavitud sexual; que funcionarios y fuerzas gubernamentales han acosado y amenazado a organizaciones humanitarias y proveedores nacionales de asistencia sanitaria que apoyan a las personas supervivientes de la violencia sexual;

E.  Considerando que desde el inicio del conflicto de Tigray se han denunciado varias ejecuciones extrajudiciales, incluidas varias masacres perpetradas supuestamente en Mai-Kadra, en la noche del 9 de noviembre de 2020, en Axum, el 28 de noviembre de 2020, y en Mahbere Dego, en enero de 2021; que, en agosto de 2021, las autoridades sudanesas informaron del hallazgo de los cuerpos de unas 50 personas en el río Tekeze, en la zona fronteriza situada entre la zona occidental de Tigray y Sudán; que se han encontrado pruebas de más de 250 supuestas masacres en Tigray desde el inicio de la guerra civil en noviembre de 2020; que se ha informado de que, en agosto de 2021, el Frente de Liberación Popular de Tigray también cometió ejecuciones extrajudiciales en las regiones vecinas de Tigray, en particular en Chenna y Kobo;

F.  Considerando que, según fuentes creíbles, tanto el Frente de Liberación Popular de Tigray como la Fuerza Nacional de Defensa de Etiopía han cometido violaciones de los derechos humanos en Tigray; que las fuerzas eritreas se han infiltrado en Tigray y en otras partes de Etiopía, y también han cometido graves violaciones de los derechos humanos; que la mayoría de las acusaciones se refieren a violaciones cometidas por la Fuerza Nacional de Defensa de Etiopía y las fuerzas eritreas;

G.  Considerando que, el 13 de septiembre de 2021, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, habló de violaciones cometidas «por todas las partes»; que la Unión ha apoyado sistemáticamente la labor de la alta comisionada Michelle Bachelet;

H.  Considerando que el informe final de la investigación conjunta del responsable de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y de la Comisión de Derechos Humanos etíope sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos y del Derecho humanitario y de los refugiados cometidas por todas las partes en el conflicto de Tigray se publicará el 1 de noviembre de 2021;

I.  Considerando que, además del saqueo y la destrucción de cultivos, se han visto enjambres de langostas del desierto al suroeste de Mekele, en Tigray; que el conflicto y la situación humanitaria en curso han hecho imposibles en muchas zonas los esfuerzos de prevención y vacunación contra la COVID-19;

J.  Considerando que en el último mes solo se ha permitido la entrada a la zona del 10 % de los suministros humanitarios para la sitiada región de Tigray; que cada día se necesitan cien camiones para proporcionar a Tigray suministros humanitarios suficientes; que, desde el 12 de julio de 2021, solo 525 camiones han entrado en Tigray debido al cierre de fronteras y al control del acceso por las fuerzas armadas, la destrucción de infraestructuras tales como puentes, la inseguridad de los conductores, la grave falta de combustible y efectivo para volver a los puntos de suministro y los retrasos prolongados en el registro y autorización de los suministros humanitarios;

K.  Considerando que la persecución de trabajadores humanitarios está tipificada como crimen de guerra y crimen contra la humanidad; que tres miembros del personal de Médicos Sin Fronteras fueron asesinados el 25 de junio de 2021 mientras prestaban ayuda a quienes más lo necesitaban; que, desde noviembre de 2020, han sido asesinados en la región 23 trabajadores humanitarios; que, el 22 de junio de 2021, las fuerzas gubernamentales etíopes impidieron que las ambulancias acudieran a un mercado de Togoga tras un ataque aéreo; que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) informó de que el 17 de junio de 2021 las fuerzas del Gobierno eritreo habían detenido y agredido a un equipo de vacunación en el distrito de Asgede; que se ha informado de que el saqueo de instalaciones sanitarias es recurrente en Tigray; que funcionarios y fuerzas gubernamentales han acosado y amenazado a organizaciones humanitarias y proveedores nacionales de asistencia sanitaria que apoyan a las personas supervivientes de la violencia sexual;

L.  Considerando que más de dos millones de personas se han visto desplazadas de sus hogares; que, según las informaciones, cerca de 76 500 personas en Afar y unas 200 000 personas en Amhara se han visto desplazadas después de que las fuerzas de Tigray se trasladaran a estas regiones; que se ha informado de que 55 000 refugiados y solicitantes de asilo etíopes buscan refugio en Sudán;

M.  Considerando que han sido destruidos algunos campos de refugiados en Tigray; que los refugiados eritreos que viven en Tigray corren peligro de sufrir secuestros y retornos forzosos; que en los campos de refugiados de Tigray no hay asistencia sanitaria y se está agotando el agua potable limpia;

N.  Considerando que se ha informado del reclutamiento de menores por las partes en conflicto, incluidas las fuerzas de Tigray; que el recurso a niños soldados constituye un crimen de guerra;

O.  Considerando que, de forma arbitraria, las autoridades etíopes han detenido y provocado la desaparición forzosa de personas de etnia tigrayana en la capital de Etiopía, y han cometido otros abusos contra ellas, como el cierre de empresas de propiedad tigrayana; que la incitación al odio y la discriminación, así como el aumento de los niveles de la retórica incendiaria contra la población tigrayana, son evidentes en toda Etiopía, inclusive por parte de funcionarios gubernamentales de alto rango;

P.  Considerando que, el 30 de septiembre de 2021, el Ministerio de Asuntos Exteriores etíope declaró a siete miembros del personal de las Naciones Unidas [de Unicef, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la OCAH] personas no gratas en Etiopía;

Q.  Considerando que se han producido restricciones y cortes intermitentes de internet y las telecomunicaciones en Tigray y en las regiones vecinas; que los periodistas han sufrido ataques y se han suspendido las licencias de varios medios de comunicación, lo que dificulta la capacidad de realizar un seguimiento de la situación sobre el terreno; que los servicios básicos, como la electricidad y la banca, siguen estando restringidos;

R.  Considerando que la actual situación de inestabilidad en Etiopía es el resultado de una larga historia de división y tensión étnicas;

S.  Considerando que la unidad de Etiopía, como Estado multiétnico, es de gran importancia para la estabilidad de la región y del continente africano en su conjunto;

T.  Considerando que, al contar con una población de más de 110 millones de personas y estar situada estratégicamente cerca del Cuerno de África, Etiopía resulta un país fundamental en el continente africano y un posible socio de importancia estratégica para la Unión Europea y sus Estados miembros;

U.  Considerando que, como principal donante de ayuda humanitaria del mundo, la Unión Europea sigue mostrándose solidaria con los necesitados a través de su financiación de acciones humanitarias; que, desde el inicio del conflicto en Etiopía, la Unión ha seguido abogando sistemáticamente por un acceso humanitario pleno y sin trabas, de conformidad con el Derecho internacional humanitario;

V.  Considerando que la comunicación recientemente adoptada sobre la acción humanitaria de la Unión Europea prevé reforzar los procesos que sitúan sistemáticamente la promoción y la aplicación del Derecho internacional humanitario en el centro de nuestra acción exterior;

W.  Considerando que el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global (IVCDCI – Europa Global) establece el desarrollo humano, la gobernanza y la consolidación de la paz en Etiopía como ámbitos de acción prioritarios, con un 65 % del programa indicativo plurianual dedicado a estos ámbitos;

X.  Considerando que, para apoyar a las personas necesitadas en Etiopía, la Comisión ha incluido acciones humanitarias por un importe de 5 000 000 EUR en Amhara y Afar para hacer frente a la reciente evolución de la crisis, como parte de la financiación humanitaria total ya movilizada y contratada en 2021, que asciende a 53 7 00 000 EUR; que se han movilizado 118 000 000 EUR para ayudar a los refugiados tigrayanos y etíopes en Sudán; que, como resultado del conflicto en curso, la Unión Europea ha aplazado los desembolsos de apoyo presupuestario a Etiopía;

Y.  Considerando que en septiembre de 2021 la Unión Europea intentó organizar un puente aéreo humanitario a través de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europea (DG ECHO) de la Comisión, con el fin de suministrar a la región de Tigray bienes humanitarios de primerísima necesidad, pero se topó con importantes trabas por parte del Gobierno etíope; que, como consecuencia de ello, se llevó a cabo un solo vuelo de puente aéreo humanitario de la Unión, y apenas se pudo entregar una pequeña parte del cargamento humanitario;

Z.  Considerando que el 21 de junio de 2021 la Unión Europea nombró a Annette Weber nueva representante especial de la Unión Europea para el Cuerno de África; que, con el mandato del VP/AR, el ministro finlandés de Asuntos Exteriores, Pekka Haavisto, ha visitado la región dos veces este año para debatir la crisis en curso en Etiopía y sus repercusiones regionales;

AA.  Considerando que el 26 de agosto de 2021 la Unión Africana nombró al expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo mediador en el conflicto;

AB.  Considerando que en diciembre de 2018 el nuevo Gobierno de Etiopía creó la Comisión para la Reconciliación de Etiopía y el Ministerio de la Paz; que hasta la fecha ninguna de las dos instituciones ha estado a la altura de sus mandatos iniciales de fomentar la paz y prevenir y resolver los conflictos armados en Etiopía en el difícil contexto posterior a su creación;

AC.   Considerando que durante el conflicto en curso el Partido de la Prosperidad etíope, liderado por Abiy Ahmed, se declaró vencedor de unas elecciones generales que habían sido boicoteadas y cuyos resultados fueron denunciados por algunos partidos de la oposición; que no hubo ningún proceso electoral en Tigray; que la Unión Europea no envió una misión de observación electoral;

AD.   Considerando que Etiopía es un país signatario del Acuerdo de Cotonú, cuyo artículo 96 establece que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales es un elemento esencial de la cooperación entre la ACP y la Unión;

1.  Pide el cese inmediato de las hostilidades por todas las partes, un requisito previo imprescindible para la tan necesaria mejora de la situación humanitaria en Tigray y otras regiones, en particular Afar y Amhara; pide la vuelta inmediata al orden constitucional y el establecimiento de un mecanismo de supervisión del alto el fuego;

2.  Pide a todos los agentes nacionales, regionales y locales implicados que permitan, de forma inmediata y sin trabas, el acceso y la ayuda de carácter humanitario a las poblaciones afectadas de Tigray, poniendo fin al bloqueo de facto impuesto a la ayuda humanitaria y los suministros críticos, incluidos alimentos, medicamentos y combustible, y que faciliten la asistencia a las poblaciones necesitadas en las regiones de Amhara y Afar;

3.  Condena enérgicamente los ataques deliberados contra civiles llevados a cabo por todas las partes beligerantes, el denunciado reclutamiento de menores por estas, incluidas las fuerzas de Tigray, y el uso continuado de las violaciones y la violencia sexual; recuerda que los ataques deliberados contra civiles y el reclutamiento y la utilización de niños soldados constituyen crímenes de guerra;

4.  Condena los asesinatos de civiles, refugiados y trabajadores humanitarios y médicos; pide a las fuerzas de todas las partes que respeten los derechos humanos internacionales, el Derecho internacional humanitario y la legislación internacional sobre refugiados, y que garanticen la protección de las personas en las zonas afectadas; pide que se rindan cuentas por los delitos cometidos durante el conflicto en curso y que se encuentre a los responsables y se los lleve ante la justicia; pide que se investigue a las personas sospechosas de haber cometido violaciones o sometido a esclavitud sexual a otras personas por tales crímenes de guerra y por crímenes de lesa humanidad como la violación, la esclavitud sexual, la tortura y la persecución;

5.  Insta al Frente de Liberación Popular de Tigray a que detenga su ofensiva y retire sus fuerzas inmediatamente de las regiones de Amhara y Afar; pide al Gobierno regional de Amhara que retire sus fuerzas de la zona occidental de Tigray, y al Gobierno eritreo, que retire sus fuerzas de Etiopía de forma inmediata y permanente; pide a los países vecinos que se abstengan de toda intervención política y militar que pueda atizar el conflicto;

6.  Pide la constitución de una comisión de investigación independiente e imparcial para investigar los ataques dirigidos contra grupos étnicos y religiosos específicos con la intención de incitar a la violencia intercomunitaria y poner en peligro la paz y la seguridad del pueblo etíope; pide al Gobierno etíope que garantice que los responsables rindan cuentas;

7.  Recuerda que el Gobierno etíope es responsable de la protección y seguridad de los refugiados y desplazados internos dentro de su territorio; pide a las autoridades etíopes que proporcionen protección y asistencia inmediatas y adecuadas a los miles de refugiados y solicitantes de asilo eritreos desplazados de los campamentos de Tigray, y que esclarezcan la suerte y el paradero de los miles de refugiados eritreos no registrados; lamenta el lenguaje incendiario y de odio utilizado por altos cargos e insta a todos los actores implicados a que escojan sus palabras cuidadosamente para evitar una nueva escalada bélica y más sufrimiento humano; pide que las fronteras internacionales y regionales sigan abiertas para la circulación segura y libre de civiles; observa que Etiopía es un importante país de origen, de tránsito y de destino de migrantes; insiste en que el Gobierno federal de Etiopía y las autoridades regionales protejan a la población y garanticen sus derechos fundamentales;

8.  Pide a las autoridades etíopes que rindan cuentas inmediatamente de las desapariciones forzadas de todos los civiles, que liberen a los detenidos sin pruebas creíbles de haber cometido un delito y que pongan fin a todo trato discriminatorio; lamenta el uso del discurso de odio por personalidades públicas que puede avivar la violencia, la intimidación y la discriminación contra los tigrayanos u otras comunidades, sembrando así la desconfianza e instigando conflictos étnicos, e insta a las autoridades nacionales, locales y regionales a que adopten un diálogo más inclusivo y se abstengan de recurrir a la incitación a la violencia;

9.  Anima a las autoridades a que creen un órgano de tipo judicial de justicia reparadora encargado de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto, concretamente las circunstancias, los factores y el contexto de toda violación, dando así a las víctimas la oportunidad de testificar y permitiendo la constitución de un registro histórico imparcial, y pide que el organismo elabore una política de reparación, junto con recomendaciones de medidas para prevenir futuras violaciones de los derechos humanos;

10.  Condena enérgicamente todos los ataques contra trabajadores humanitarios e infraestructuras críticas, incluidos hospitales e instalaciones médicas, y el saqueo generalizado y la destrucción de ayuda humanitaria; condena enérgicamente el bloqueo de ambulancias en su intento por prestar asistencia médica a los heridos tras los bombardeos;

11.  Lamenta que siete trabajadores humanitarios y de derechos humanos de las Naciones Unidas (de Unicef, la ACNUDH, la OCAH y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en Etiopía) hayan sido declarados personas no gratas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía; expresa su preocupación por la seguridad y el bienestar de los trabajadores humanitarios y de derechos humanos independientes en la región y por la neutralidad de la distribución de la ayuda humanitaria en Tigray; acoge con satisfacción la sólida declaración de la Unión y sus 27 Estados miembros, de 30 de septiembre de 2021, en la que condenan firmemente la expulsión de estos trabajadores y piden al Gobierno que revoque su decisión;

12.  Pide al Gobierno eritreo que firme y ratifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; pide a las partes en conflicto que garanticen un acceso sin restricciones a los observadores e investigadores independientes en materia de derechos humanos, incluidos los investigadores de las Naciones Unidas y de la Unión Africana;

13.  Subraya la importante labor de los periodistas en la región y pide a todos los agentes que garanticen el libre acceso a la prensa y permitan a los periodistas llevar a cabo su trabajo en condiciones de seguridad;

14.  Pide que se restablezcan plenamente los servicios públicos básicos, como la electricidad y los servicios bancarios, y que se levanten las restricciones a las telecomunicaciones y al acceso a internet en Tigray; destaca la importancia de garantizar la educación y la escolarización de los niños en Tigray y regiones vecinas;

15.  Recuerda la importancia de Etiopía para la estabilidad del Cuerno de África y del continente en su conjunto; recuerda que la Unión Europea y otros interlocutores internacionales se han ofrecido a actuar como mediadores entre las partes en el conflicto etíope, pero que Etiopía no ha aceptado estas ofertas; pide a todas las partes en conflicto que acudan a la mesa de negociación sin condiciones previas; pide un diálogo político nacional integrador dirigido por Etiopía para hallar una solución a la crisis, que incluya a representantes de todas las zonas afectadas (Tigray, Amhara, Benishangul-Gumuz, Afar, Oromía, Sidama, Somali, la Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur y Gambella);

16.  Recuerda que la situación solo puede resolverse por medios pacíficos y con un diálogo inclusivo entre todas las partes en conflicto, un alto el fuego efectivo y la protección de los derechos humanos;

17.  Reitera la disposición de la Unión Europea a apoyar, entablar y organizar un diálogo, en estrecha coordinación con otras partes, para mantener abierto el espacio de diálogo e intentar sentar las bases para la negociación entre las dos principales partes beligerantes;

18.  Expresa su apoyo a los esfuerzos de mediación regionales, como por ejemplo los del mediador de la Unión Africana, el presidente Obasanjo; celebra, asimismo, el reciente nombramiento de Annette Weber como nueva representante especial de la Unión Europea para el Cuerno de África;

19.  Lamenta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya abordado hasta la fecha la situación en Tigray; insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que presionen al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que celebre reuniones públicas periódicas sobre Tigray y tome medidas decisivas para garantizar el acceso humanitario sin trabas, salvaguardar la protección de los civiles, poner fin a las graves violaciones del Derecho internacional y garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas; pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que considere la posibilidad de desplegar fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en la región;

20.  Insta a los Estados miembros de la UE a que animen al VP/AR a organizar una sesión informativa sobre Tigray entre sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, antes de que finalice el año, para presentar las conclusiones del informe de la investigación conjunta de la ACNUDH y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía; subraya que la investigación conjunta debe contribuir a sentar las bases de un sólido mecanismo internacional de investigación, que deberá establecer con carácter de urgencia el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

21.  Insta al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión a que actúe con rapidez, determinación y unidad para adoptar las medidas necesarias para abordar eficazmente la gravedad y urgencia de la situación sobre el terreno en Tigray;

22.  Celebra y apoya la decisión de la Comisión, de diciembre de 2020, de aplazar los desembolsos de la ayuda presupuestaria al Gobierno etíope; acoge con satisfacción los esfuerzos diplomáticos y las reiteradas declaraciones del VP/AR y de la Comisión en las que se insta a la rendición de cuentas y a permitir un acceso humanitario sin trabas y se condenan los abusos cometidos por todas las partes; reitera firmemente el apoyo de la Unión a Michelle Bachelet en su importante labor como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;

23.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que estudien la posibilidad de adoptar medidas para proteger los derechos humanos y garantizar que los autores de violaciones de los derechos humanos rindan cuentas, por ejemplo, a través del mecanismo general de sanciones de la UE en materia de derechos humanos;

24.  Insiste en que la Unión Europea está de lado de la población de Etiopía; hace hincapié en su voluntad de hallar una solución pacífica al conflicto; sugiere, no obstante, que la Comisión recurra a sanciones contra los miembros del Gobierno de Etiopía, el Gobierno de Eritrea y el Frente de Liberación Popular de Tigray, así como otros responsables de acciones que prolonguen el conflicto y agraven la situación humanitaria de millones de etíopes, si la situación humanitaria no ha mejorado significativamente para finales de octubre de 2021, en particular tras la formación de un nuevo Gobierno etíope;

25.  Pide a los Estados miembros que pongan fin a las exportaciones a Etiopía de armas y tecnología de vigilancia, que se están utilizando para facilitar ataques contra civiles y cometer violaciones de los derechos humanos;

26.  Acoge con satisfacción el Decreto estadounidense promulgado el 17 de septiembre de 2021 con respecto a la crisis etíope, dirigido contra los responsables y los cómplices de la prolongación del conflicto en Etiopía, que obstruyen el acceso humanitario, impiden un alto el fuego y cometen violaciones de los derechos humanos; lamenta, no obstante, que los Estados Unidos hayan mantenido su ayuda presupuestaria, con lo cual las acciones estadounidenses han resultado menos eficaces y resueltas que las acciones de la Unión;

27.  Acoge con gran satisfacción la asistencia de primera necesidad de la Comisión en la región y apoya su ampliación; pide que se movilice una financiación adicional de al menos 30 000 000 EUR con cargo a la Reserva para Solidaridad y Ayudas de Emergencia de la Unión para hacer frente a las necesidades más acuciantes de las personas afectadas por el conflicto de Tigray y de las demás zonas directamente afectadas por la propagación del conflicto del norte de Etiopía, con especial atención a las regiones limítrofes de Afar y Amhara;

28.  Insta a la Unión y a los dirigentes de sus Estados miembros a que den prioridad a los derechos humanos y a la situación humanitaria en Tigray y en el norte de Etiopía durante las próximas cumbre y reunión de dirigentes de la Unión Africana y la UE, y a que determinen medidas concretas y promuevan una mayor coordinación en materia de estrategia y mensajería;

29.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Gobierno federal y la Cámara de la Federación de la República Democrática Federal de Etiopía, a las autoridades de Tigray, al Gobierno de la República de Sudán, al Gobierno del Estado de Eritrea, a los Gobiernos de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, a la Unión Africana y sus Estados miembros, al Parlamento Panafricano y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP‑UE.

(1) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0330. (2) Declaración de 12 de agosto de 2021 relativa al último informe de Amnistía Internacional sobre los supuestos actos de violación y otros actos de violencia sexual en el Estado regional de Tigray de la República Democrática Federal de Etiopía.