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Procedimiento : 2021/2982(RSP)
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Textos presentados :

RC-B9-0560/2021

Debates :

Votaciones :

PV 25/11/2021 - 8
PV 25/11/2021 - 15

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0482

Textos aprobados
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Jueves 25 de noviembre de 2021 - Estrasburgo
Violaciones de los derechos humanos por parte de empresas militares y de seguridad privadas, en particular el Grupo Wagner
P9_TA(2021)0482RC-B9-0560/2021

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2021, sobre violaciones de los derechos humanos por parte de empresas militares y de seguridad privadas, en particular el Grupo Wagner (2021/2982(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones y recomendaciones, en particular su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre las empresas de seguridad privadas(1), su Resolución, de 16 de septiembre de 2020, sobre la cooperación UE-África en materia de seguridad en el Sahel, África Occidental y el Cuerno de África(2), su Recomendación, de 16 de septiembre de 2021, sobre la dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia(3), y su Resolución, de 5 de julio de 2018, sobre Somalia(4),

–  Visto el Reglamento (UE) 2020/1998 del Consejo, de 7 de diciembre de 2020, relativo a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos(5) (el Régimen general de sanciones de la UE en materia de derechos humanos),

–  Vistos los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales,

–  Vista la Convención de la Organización para la Unidad Africana para la Eliminación del Mercenarismo en África, de 1977,

–   Vista la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, de 1989,

–  Visto el Documento de Montreux sobre las Obligaciones Jurídicas Internacionales Pertinentes y las Buenas Prácticas de los Estados en lo que respecta a las Operaciones de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas durante los Conflictos Armados, de 17 de septiembre de 2008 (el Documento de Montreux),

–  Visto el informe de 1 de octubre de 2021 de la Misión Independiente de Investigación sobre Libia establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Vistas las declaraciones de los expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 31 de marzo de 2021, sobre instructores rusos, y de 27 de octubre de 2021, sobre el Grupo Wagner en la República Centroafricana,

–  Vista la Declaración de la Conferencia Internacional de París sobre Libia, de 12 de noviembre de 2021,

–  Vistas las directrices de las Naciones Unidas sobre la utilización de servicios de seguridad armados de empresas de seguridad privadas,

–  Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos,

–  Vistos los informes, los comunicados de prensa y las cartas de transmisión de denuncias del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios como medio para violar los derechos humanos e impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la autodeterminación (Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios), en particular los de 24 de marzo de 2021 y 27 de octubre de 2021,

–  Vista la carta, de 25 de junio de 2021, del Grupo de Expertos sobre la República Centroafricana, prorrogado en virtud de la Resolución 2536 (2020) dirigida al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

–  Visto el Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar el contenido de un marco normativo internacional, sin prejuzgar su naturaleza, relativo a las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas,

–  Visto el Código de Conducta Internacional para los Proveedores de Servicios de Seguridad Privada,

–  Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que las empresas militares y de seguridad privadas son entidades empresariales privadas que prestan servicios militares o de seguridad, que pueden incluir, entre otras cosas, la guardia armada, el mantenimiento y la explotación de sistemas armamentísticos, la detención de prisioneros y los servicios de asesoramiento o formación para las fuerzas y el personal de seguridad locales; que la dependencia por parte de agentes estatales y no estatales de empresas militares y de seguridad privadas ha aumentado significativamente en las zonas de conflicto en los últimos años; que los conflictos del siglo XXI, empezando por las guerras de Afganistán e Irak, han conocido la participación de empresas militares y de seguridad privadas a todos los niveles, desde el apoyo logístico hasta operaciones de alta intensidad;

B.  Considerando que la situación normativa actual del sector consiste en un conjunto de normas incoherentes que varían enormemente de un país a otro; que la heterogénea legislación nacional y la autorregulación adoptada por algunas empresas militares y de seguridad privadas no son suficientes para evitar los abusos, habida cuenta de la ausencia de sanciones, y pueden repercutir sobremanera en cómo actúan las empresas militares y de seguridad privadas en intervenciones multilaterales y en regiones en conflicto;

C.  Considerando que las empresas militares y de seguridad privadas están sujetas al Derecho internacional cuando intervienen en hostilidades, en particular según lo dispuesto en los Convenios de Ginebra, ratificados por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas; que las disposiciones de los Convenios de Ginebra están reconocidas como Derecho internacional consuetudinario; que el artículo 47 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra establece una definición de mercenario; que, sobre esta base, los mercenarios están definidos como civiles y, en cuanto tales, no están autorizados a participar en conflictos; que la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios prohíbe la utilización de mercenarios;

D.  Considerando que están en curso los trabajos de regulación de las empresas militares y de seguridad privadas, en particular en el marco del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar el contenido de un marco normativo internacional, sin prejuzgar su naturaleza, relativo a las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas; que está prevista la presentación de un proyecto de marco reglamentario para las empresas militares y de seguridad privadas en abril de 2022; que la Unión fue elegida miembro del Grupo de Amigos de la Presidencia del Foro del Documento de Montreux;

E.  Considerando que innumerables integrantes de empresas militares y de seguridad privadas que actúan como mercenarios han cometido graves violaciones de los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra, contra combatientes y contra civiles en el pasado, en conflictos recientes y en conflictos en curso; que la mayoría de estas violaciones se han perpetrado con impunidad y sus autores no han sido objeto de investigación, procesamiento o condena;

F.  Considerando que algunos países, como Rusia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, están presentes en diversas zonas de conflicto o posconflicto de todo el mundo a través de empresas militares y de seguridad privadas;

G.  Considerando que el Grupo Wagner es una red de paramilitares y empresas vinculadas por solapamientos de la propiedad y de las redes logísticas; que el Grupo Wagner se distingue de otras empresas militares y de seguridad privadas por varios motivos, como sus presuntas conexiones con los más altos niveles del Estado ruso, su presunta presencia en numerosos Estados, la envergadura de sus operaciones, con un personal estimado en 10 000 empleados, y las graves violaciones de los derechos humanos que se han documentado y de las que ha sido acusado; que la legislación rusa prohíbe el uso de mercenarios en virtud del artículo 359 de su Código Penal, lo cual permite al Kremlin distanciarse públicamente de las acciones ilegales de empresas militares y de seguridad privadas como el Grupo Wagner, y genera al mismo tiempo una serie de lagunas que hacen posible el uso de empresas militares y de seguridad privadas como una importante herramienta política y militar en conflictos de todo el mundo;

H.  Considerando que sus vínculos con las autoridades rusas han sido documentados por organizaciones independientes como Bellingcat en informes publicados entre enero de 2019 y noviembre de 2021; que el Grupo Wagner supuestamente depende de infraestructura militar rusa, comparte una base con el ejército ruso, es transportado por aviones militares rusos y utiliza servicios sanitarios militares; que se financia en parte mediante contratos de restauración y construcción multimillonarios para las fuerzas armadas rusas adjudicados a empresas vinculadas a Yevgeny Prigozhin, un aliado cercano al presidente ruso Vladimir Putin; que la agencia de inteligencia militar de Rusia GRU, su Ministerio de Defensa y sus servicios consulares están plenamente involucrados en la financiación, la contratación, la formación y la protección de integrantes de Wagner;

I.  Considerando que la Unión ha impuesto sanciones al Sr. Prigozhin por su implicación en el conflicto libio; que varias empresas bajo su control han sido objeto de sanciones estadounidenses por «apoyar operaciones paramilitares rusas, sostener regímenes autoritarios y explotar los recursos naturales», según el Tesoro de los Estados Unidos;

J.  Considerando que el uso de empresas militares y de seguridad privadas por parte del Kremlin se deriva de la larga trayectoria de la Unión Soviética respecto a la utilización de fuerzas afines en el extranjero con el envío de miles de especialistas del sector militar camuflados como «asesores» a muchos conflictos en todo el mundo, mientras negaba oficialmente la participación rusa; que, el 11 de abril de 2012, el presidente Putin afirmó en un discurso ante la Duma rusa que «un grupo de empresas militares privadas sería un instrumento eficiente para alcanzar objetivos nacionales sin implicar directamente al Estado ruso»; que la denominación del Grupo Wagner se está borrando progresivamente para eludir el control público y poner distancia entre el grupo y el Sr. Prigozhin y el presidente Putin, y que el grupo está siendo sustituido por otras entidades con nombres diferentes; que el Kremlin, a través de esta estructura y aprovechando que el Grupo Wagner carece de estatuto jurídico, está intentando mantener plausible su desmentido de tener relación con las acciones y los delitos cometidos por el grupo;

K.  Considerando que, en el contexto de la agresión rusa contra Ucrania, el recurso a empresas militares y de seguridad privadas como el Grupo Wagner, E.N.O.T Corp y los cosacos, entre otras, puede tener por objeto ocultar injerencias militares, evitar bajas en las tropas militares regulares y ocultar así a la opinión pública rusa el coste humano de las agresiones militares;

L.  Considerando que el Grupo Wagner fue identificado por primera vez en 2014 cuando respaldó a los separatistas prorrusos y asistió al ejército ruso en las hostilidades bélicas en la región ucraniana de Donbas y en la invasión y anexión ilegales de la Crimea ucraniana; que desde entonces ha estado involucrado en conflictos en Siria, Sudán, Mozambique, Libia, la República Centroafricana y Venezuela;

M.  Considerando que expertos de los grupos de trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios, sobre empresas y derechos humanos y sobre desapariciones forzadas, así como los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, concluyeron conjuntamente en octubre de 2021 en la República Centroafricana que el Grupo Wagner había perpetrado violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, incluidas ejecuciones sumarias masivas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, saqueos, desapariciones forzadas y torturas en interrogatorios;

N.  Considerando que el Grupo Wagner ha estado implicado en la apropiación predatoria de recursos esenciales como el producto de la minería y las aduanas, debilitando a países en desarrollo y privándolos de recursos públicos fundamentales; que, por ejemplo, tras la firma en 2018 de un acuerdo militar entre Rusia y la República Centroafricana, fueron concedidos a la empresa Lobaye Invest, del Grupo Wagner, los derechos de prospección de oro y diamantes en varios yacimientos mineros; que un informe de la CNN de junio de 2021 reveló que mercenarios rusos habían ejecutado a civiles y expulsado a los habitantes de las zonas mineras;

O.  Considerando que, en Libia, el Grupo Wagner ha estado involucrado en operaciones de asistencia logística y de combate en apoyo del general rebelde libio Jalifa Haftar al menos desde 2018; que, según el informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Libia de octubre de 2021, el Grupo Wagner ha participado en crímenes de guerra, como ejecuciones sumarias de civiles y detenidos, esclavitud, la colocación de minas antipersonas, prohibidas internacionalmente, y la muerte o la mutilación de civiles, incluidos niños, por ejemplo en el pueblo de Al-Sbeaa al sur de Trípoli; que el informe documenta incumplimientos múltiples y reiterados del embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas y el uso de aviones militares de carga rusos por el Grupo Wagner; que el apoyo de mercenarios e instructores militares rusos a grupos armados radicales ha contribuido a desestabilizar aún más la vecindad meridional de la Unión;

P.  Considerando que, el 12 de noviembre de 2021, los países participantes en la Conferencia de París sobre Libia expresaron su oposición a toda injerencia extranjera en los asuntos libios y apoyaron la aplicación del plan de acción para la retirada de mercenarios, combatientes extranjeros y fuerzas extranjeras del territorio libio; que, a principios de noviembre de 2021, Turquía envió aproximadamente 150 mercenarios sirios adicionales a Libia, además de los 7 000 mercenarios ya presentes en el país y leales a Turquía, a pesar de las demandas locales e internacionales de retirada a todas las fuerzas extranjeras antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales previstas para el 24 de diciembre de 2021; que, según el informe final del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Libia, conforme a la Resolución 1973 (2011), publicado en septiembre de 2019, la empresa emiratí Black Shield Security Services reclutó a nacionales sudaneses para que prestaran sus servicios en el conflicto libio;

Q.  Considerando que, desde finales de 2015, se ha enviado a efectivos del Grupo Wagner a Siria para apoyar al ejército ruso en su intervención para salvar al régimen de Asad; que los mercenarios han cometido y filmado crímenes atroces contra la población siria, como torturas, asesinatos y decapitaciones de civiles cerca de Palmira; que una compañía aérea privada siria, Cham Wings, ha participado en el transporte de mercenarios de Rusia a Libia y, más recientemente, en el transporte de migrantes a Minsk;

R.  Considerando que el Grupo de trabajo sobre la Utilización de Mercenarios cita informes en los que se afirma que Azerbaiyán, con la ayuda de Turquía, desplegó mercenarios sirios para apoyar sus operaciones militares en la zona de conflicto de Nagorno-Karabaj;

S.  Considerando que tres periodistas rusos premiados fueron asesinados el 30 de julio de 2018 cuando investigaban las actividades mineras del Grupo Wagner en la República Centroafricana; que la muerte del periodista ruso Maxim Borodin, que informaba sobre actividades del Grupo Wagner en Siria en marzo de 2018, siguió el patrón de las muertes de periodistas en Rusia por cubrir cuestiones sensibles con posibles repercusiones para las autoridades, según la Comisión para la Protección de los Periodistas;

T.  Considerando que, el 15 de noviembre de 2021, el vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, anunció un consenso entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para adoptar medidas restrictivas contra el Grupo Wagner en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión de diciembre de 2021; que el 20 de septiembre de 2021 advirtió contra una posible implicación del Grupo Wagner en Mali;

U.  Considerando que se ha informado de un acuerdo entre el Grupo Wagner y las autoridades malíes que prevé desplegar 1 000 contratistas en el país; que la Unión tiene misiones de la política común de seguridad y defensa (PCSD) desplegadas en Mali;

V.  Considerando que, el 7 de diciembre de 2020, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2020/1998 por el que se establece el régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos, que permite a la Unión imponer medidas restrictivas a personas, entidades y organismos concretos —incluidos Estados y agentes no estatales— que sean responsables de casos de violaciones y abusos graves de los derechos humanos en todo el mundo, estén implicados en dichos casos o estén asociados a ellos; que la Unión tiene la responsabilidad de hacer pleno uso de este Reglamento en caso de violaciones de los derechos humanos;

1.  Expresa su más profunda preocupación por las múltiples violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario que siguen denunciándose en relación con las actividades cada vez mayores de las empresas militares y de seguridad privadas y de las que, en su mayor parte, todavía no ha respondido nadie;

2.  Condena en los términos más enérgicos los odiosos crímenes cometidos por el Grupo Wagner y entidades militares privadas conexas; subraya los firmes indicios de que el Estado ruso es responsable de la financiación, la formación, la gestión y el mando operativo de esos grupos paramilitares; hace hincapié en que las actividades del Grupo Wagner coinciden y se corresponden con la propagación de la influencia de Rusia en las zonas de conflicto; expresa su firme convicción de que el Grupo Wagner y otros contratistas de seguridad dirigidos por Rusia deben ser tratados como organizaciones delegadas del Estado ruso;

3.  Pide a las autoridades rusas que apliquen el Código Penal ruso, en particular su artículo 359, que prohíbe el reclutamiento, la formación, la financiación o el suministro material de mercenarios y su uso en un conflicto armado; solicita a las autoridades rusas, a este respecto, que prohíban también a las empresas estatales que tengan empresas militares privadas que lleven a cabo actividades mercenarias que vulneren el Derecho internacional humanitario;

4.  Subraya la importancia de contrarrestar la estrategia del Grupo Wagner y sus filiales, en particular la ocultación de su identidad mediante el uso de diversos nombres para evitar el control internacional;

5.  Pide a todos los Estados que utilizan los servicios del Grupo Wagner y sus filiales, en particular la República Centroafricana, que corten todos los lazos con el grupo y sus empleados; solicita a todos los Estados que asuman sus responsabilidades en la aplicación del Derecho internacional, que investiguen las violaciones de los derechos humanos denunciadas y enjuicien a las empresas establecidas en su territorio cuando lleven a cabo actividades contrarias al Derecho internacional; apoya, en este sentido, los esfuerzos de grupos de defensa de los derechos humanos y de personas a título individual para que los miembros del Grupo Wagner rindan cuentas por los delitos cometidos en Ucrania, Siria, Libia y la República Centroafricana;

6.  Expresa su profunda preocupación por las señales de que la autoridad de transición de Mali se ha planteado recurrir a empresas militares privadas, en particular al Grupo Wagner; insta a Mali a que no avance en esta dirección; cree firmemente que la participación del Grupo Wagner sería contraria al objetivo de restablecer la paz, la seguridad y la estabilidad en Mali y de proteger al pueblo malí, que son los objetivos fundamentales de la Unión a través de sus misiones de la PCSD y de los Estados miembros de la Unión que actúan a petición de las autoridades malíes;

7.  Considera que las misiones y operaciones de la Unión no pueden ofrecer ni lograr adecuadamente la paz, la seguridad y la estabilidad en los países socios cuando en el mismo país actúan simultáneamente empresas de seguridad privadas acusadas de violaciones graves de los derechos humanos; señala las campañas de desinformación dirigidas contra las misiones y operaciones de la Unión en África, de las que el Grupo Wagner y sus filiales podrían ser responsables como parte de la guerra híbrida moderna de Rusia; pide a las unidades pertinentes del Grupo de Trabajo StratCom del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que den cuenta de estas campañas de desinformación;

8.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que aprovechen todas las oportunidades para comunicar a los países interesados los riesgos asociados a la adhesión o la colaboración con el Grupo Wagner y sus filiales, y que destaquen el espantoso historial de derechos humanos del grupo; anima a los Gobiernos a que garanticen disposiciones estrictas sobre el cumplimiento del Derecho internacional humanitario, la supervisión democrática y la responsabilidad en los contratos con empresas militares y de seguridad privadas extranjeras para servicios de asistencia militar y seguridad; anima a los Estados a que sean plenamente transparentes en lo que respecta a la contratación de servicios de apoyo militar, especialmente en cuanto al número, las tareas y las cadenas de mando de las empresas militares y de seguridad privadas presentes en sus territorios, así como a los equipos utilizados para cumplir sus contratos;

9.  Pide al SEAE que elabore un informe sobre las actividades del Grupo Wagner con el fin de adquirir una visión clara de sus distintas violaciones, lo que contribuiría a garantizar la rendición de cuentas por sus diversos delitos y allanaría el camino para enjuiciar a sus perpetradores ante tribunales internacionales; afirma que el Parlamento continuará siguiendo atentamente el asunto mediante un informe y posibles audiencias;

10.  Pide a los Estados miembros de la Unión y a sus aliados que intensifiquen el intercambio de información sobre el Grupo Wagner y sus filiales;

11.  Pide a la Comisión que garantice que los fondos de la Unión no puedan ser utilizados bajo ninguna circunstancia por los países receptores para financiar empresas militares privadas con tales antecedentes en materia de derechos humanos; solicita a la Comisión que aborde este asunto en su diálogo bilateral con todos los países pertinentes;

12.  Exige que los países en los que se lleven a cabo misiones y operaciones de la PCSD de la Unión para apoyar el desarrollo de capacidades estatales resuelvan sus contratos con las empresas militares y de seguridad privadas que violen los derechos humanos; pide que la Comisión revise de forma crítica la ayuda de la Unión a los Gobiernos e instituciones estatales asociados con el Grupo Wagner; pide a los Estados miembros y a la Comisión que se abstengan de crear nuevos proyectos de cooperación que proporcionen apoyo presupuestario directo a Gobiernos relacionados con el Grupo Wagner; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que reorienten dicho apoyo presupuestario hacia las organizaciones de la sociedad civil y los proyectos que benefician directamente a las poblaciones de estos países;

13.  Recuerda que la Unión y sus Estados miembros solo deben recurrir a empresas privadas de seguridad en zonas de conflicto para proteger sus instalaciones o garantizar la seguridad del transporte, y solo si respetan plenamente los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario; subraya que no debe subcontratarse a empresas militares y de seguridad privadas ninguna actividad que implique el uso de la fuerza o la participación activa en hostilidades, excepto en caso de legítima defensa, y que en ninguna circunstancia se debe permitir que las empresas militares y de seguridad privadas participen en interrogatorios o los efectúen; cree firmemente que el ejercicio de la seguridad y la defensa debe corresponder principalmente a los poderes públicos;

14.  Pide que en la próxima Cumbre Unión Europea-África se debata a fondo la cuestión de las actividades del Grupo Wagner y de otras empresas militares privadas en África;

15.  Reitera el llamamiento hecho durante la Conferencia de París para Libia, de 12 de noviembre de 2021, para que todos los combatientes extranjeros, incluidos los mercenarios, abandonen el territorio libio; insta a Rusia, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y todos los demás Estados a que cumplan este llamamiento, pongan fin inmediatamente al envío de mercenarios a Libia y retiren a los que se hallan actualmente en el país;

16.  Insta a las autoridades rusas a que retiren a todos los mercenarios del este de Ucrania y Crimea; apoya los esfuerzos de las autoridades ucranianas para llevar ante un tribunal ucraniano a los miembros del Grupo Wagner que operan en Crimea y Donbas, y pide a Interpol que coopere estrechamente en este y otros casos similares;

17.  Acoge con satisfacción la declaración del VP/AR sobre la inminente adopción por el Consejo de Asuntos Exteriores de sanciones selectivas de la Unión contra las personas y entidades pertinentes al Grupo Wagner, así como contra personas y entidades que trabajan con ellos, utilizando los regímenes de sanciones de la Unión existentes, como el régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos; pide que estas sanciones incluyan la prohibición de viajar y la inmovilización de activos de los integrantes del Grupo Wagner; pide a los países socios que adopten sanciones similares, incluidos los Estados miembros de la Unión Africana; pide a la Unión que prepare y adopte medidas restrictivas para otras empresas militares y de seguridad privada que violen los derechos humanos;

18.  Pide a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que ratifiquen y apliquen plenamente los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra y que refuercen el Derecho internacional para la prohibición efectiva de los mercenarios, basándose en el espíritu de la Convención de la OUA de 1977 para la Eliminación de los Mercenarios en África, la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de 1989 y el Documento de Montreux de 2008;

19.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que garanticen la existencia de un marco normativo claro y vinculante para las empresas militares y de seguridad privadas, en particular en el contexto del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta de las Naciones Unidas, en particular en relación con los grandes proyectos en países no pertenecientes a la Unión, cuando estos estén financiados por inversores o instituciones financieras con sede en la Unión, y que garanticen un seguimiento transparente de dichos proyectos; espera con interés que su proyecto de marco se distribuya en abril de 2022; pide requisitos obligatorios de diligencia debida por parte de las entidades que contraten empresas privadas y de seguridad privadas;

20.  Apoya el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas; pide a los Estados en los que se haya informado de presuntas graves vulneraciones de los derechos humanos por parte de empresas militares y de seguridad privadas que inviten oficialmente al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios a realizar visitas a países con carácter de urgencia;

21.  Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que adopten medidas enérgicas para abordar la brecha existente en la responsabilidad de las empresas militares y de seguridad privadas, también en lo que respecta a la supervisión y el seguimiento de la transparencia; recuerda a todos los Estados su obligación de velar por que las empresas militares y de seguridad privada de su ámbito de competencia territorial o que operen en su territorio respeten los derechos humanos; subraya la necesidad de garantizar vías de recurso judicial, incluidas las sanciones penales, para las violaciones de los derechos humanos derivadas de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas; pide un acceso sin trabas a la justicia y al resarcimiento para todas las víctimas de violaciones, incluidos los abusos cometidos por mercenarios rusos; pide a la Unión que promueva y apoye los esfuerzos de los órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales para incoar procedimientos penales para que las empresas militares y de seguridad privadas respondan de las violaciones de los derechos humanos; pide a Rusia, a tal fin, que coopere plenamente con las Naciones Unidas, la Unión y los países en los que el Grupo Wagner ha cometido presuntamente crímenes;

22.  Opina que el refuerzo de las misiones de formación de la UE (EUTM) contribuiría más eficazmente a la reforma del sector de la seguridad en los países socios; opina que la rápida aplicación del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, de plena conformidad con la Posición Común del Consejo sobre el control de las exportaciones de armas(6), la legislación internacional de derechos humanos, el Derecho internacional humanitario y disposiciones efectivas en materia de transparencia, incluida una lista detallada de equipos suministrados en el marco del Fondo, aumentaría la influencia de la Unión en el desarrollo de capacidades de las fuerzas armadas de los países socios y garantizaría que no recurriesen a empresas militares y de seguridad privadas que no comparten nuestros valores;

23.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, y al Parlamento de la Federación Rusa.

(1)  DO C 334 de 19.9.2018, p. 80.
(2)  DO C 385 de 22.9.2021, p. 24.
(3)  Textos Aprobados, P9_TA(2021)0383.
(4)  DO C 118 de 8.4.2020, p. 113.
(5)  DO L 410 I de 7.12.2020, p. 1.
(6) Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares (DO L 335 de 13.12.2008, p. 99).

Última actualización: 2 de marzo de 2022Aviso jurídico - Política de privacidad