El Parlamento Europeo,

–  Vistas su Resolución, de 11 de febrero de 2021, sobre la situación de los derechos humanos en Kazajistán(1) y sus anteriores resoluciones sobre Kazajistán de 14 de marzo de 2019(2), 18 de abril de 2013(3), 15 de marzo de 2012(4) y 17 de septiembre de 2009(5),

–  Visto el Acuerdo de Colaboración y Cooperación Reforzado (ACC Reforzado) entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kazajistán, por otra, firmado en Astaná el 21 de diciembre de 2015 y que entró en vigor el 1 de marzo de 2020 tras su ratificación por todos los Estados miembros,

–  Vistas la 18.ª reunión del Consejo de Cooperación UE-Kazajistán, celebrada el 10 de mayo de 2021, la 13.ª reunión del Diálogo UE-Kazajistán sobre Derechos Humanos, de los días 2 y 3 de diciembre de 2021, y la 18.ª reunión del Comité de Cooperación Parlamentaria UE-Kazajistán, celebrada el 11 de octubre de 2021,

–  Vistos los artículos 2, 3, apartado 5, 21, 24, 29 y 31, del Tratado de la Unión Europea (TUE), y los artículos 10 y 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por los que la Unión y sus Estados miembros se comprometen, en sus relaciones con el mundo, a defender y promover los derechos humanos universales y la protección de los derechos individuales, y a adoptar medidas restrictivas en caso de grave quebrantamiento de los derechos humanos,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de junio de 2019, sobre la nueva Estrategia de la UE para Asia Central,

–  Vista la declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) de 8 de enero de 2022, así como la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 5 de enero de 2022, sobre los últimos acontecimientos en Kazajistán,

–  Vista la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 6 de enero de 2022,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura,

–  Visto el examen periódico universal sobre Kazajistán del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 12 de marzo de 2020,

–  Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el 2 de enero de 2022 miles de personas iniciaron una protesta pacífica en la ciudad de Zhanaozen, oponiéndose a la decisión del Gobierno de eliminar el tope tarifario del gas licuado del petróleo y que provocó un fuerte aumento de los precios; que las protestas se propagaron rápidamente a más de sesenta poblaciones, con la exigencia de un auténtico cambio político, elecciones justas y medidas eficaces para hacer frente a la corrupción generalizada;

B.  Considerando que la situación de los derechos humanos en Kazajistán se ha deteriorado siguiendo una peligrosa tendencia durante las recientes protestas, y que los manifestantes alegan la falta de representación democrática en los procesos de toma de decisiones del Gobierno, el agravamiento de la corrupción y los abusos contra los derechos humanos y las libertades políticas como causas subyacentes de sus quejas;

C.  Considerando que, como es sabido, en 2011 tuvo lugar una protesta similar en la ciudad de Zhanaozen, cuando un grupo de personas altamente organizadas recurrió a la violencia, lo que posteriormente sería el argumento utilizado por las autoridades para justificar una violenta represión con armas letales contra manifestantes pacíficos; que las autoridades kazajas no investigaron los sucesos en torno a la masacre de Zhanaozen de 2011, pese a las peticiones del Parlamento Europeo; que el sistema judicial y las autoridades policiales no han investigado estos hechos, lo que cuestiona la probabilidad de que los responsables del actual baño de sangre sean llevados ante la justicia y condenados;

D.  Considerando que los días 4 y 5 de enero de 2022 marcaron un punto de inflexión en los acontecimientos, con una escalada de violencia, en particular en Almatý, la ciudad más poblada del país, y la aparición de nuevos actores en las protestas, como bandas criminales, colectivos marginales y grupos armados, que aprovecharon la situación para perpetrar actos de violencia, como ataques, incendios y saqueos, inclusive contra comisarías de policía e instalaciones militares; que las autoridades kazajas respondieron a las protestas, incluidas las legítimas y pacíficas, con una violencia desproporcionada; que la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas pacíficas ha sido muy dura, recurriéndose de manera excesiva, innecesaria e indiscriminada a la fuerza, incluida la letal, con uso intensivo de gases lacrimógenos, porras, granadas aturdidoras y cañones de agua; que los días 3 y 4 de enero de 2022 se produjeron al menos 206 casos de persecución política con el fin de impedir la participación de personas en las manifestaciones pacíficas, a pesar de que las autoridades dicen respetar el derecho de reunión pacífica; que el 5 de enero de 2022 grupos de manifestantes violentos ocuparon el aeropuerto de Almatý y asaltaron edificios oficiales de esta ciudad, como su ayuntamiento;

E.  Considerando que, desde el inicio de las protestas, casi 10 000 personas han sido detenidas en todo el país y al menos 225 personas han sido asesinadas, incluidos niños, personas no participantes en las protestas y diecinueve agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad; que las cifras reales son probablemente más elevadas y difíciles de verificar por la falta de fiabilidad de la información oficial y las interrupciones en los servicios de internet y de telefonía móvil; que siguen llegando noticias de que continúan las detenciones, las intimidaciones y las torturas de activistas civiles y de personas de a pie que comenzaron durante las concentraciones de enero de 2022; que, según parece, los activistas Nuráliya Aitkulova y Aitbay Aliyev, junto con otros doce, fueron abatidos a tiros por los cuerpos de seguridad durante las protestas; que los civiles pacíficos Nurbolat Seitkulov y Altynai Yetayeva, junto con su hija de quince años, fueron también abatidos por el ejército, en Taldykorgán, el 8 de enero de 2022;

F.  Considerando que el 4 de enero de 2022 las autoridades kazajas impusieron restricciones al internet móvil y a las redes sociales; que el 5 de enero de 2022 el presidente Kassym-Zhomart Tokáyev declaró el estado de emergencia a nivel nacional, que incluye un toque de queda, restricciones temporales a los desplazamientos y la prohibición de las reuniones masivas; que se tienen noticias de un «apagón» de internet de cinco días destinado a perturbar las comunicaciones de los manifestantes;

G.  Considerando que el 6 de enero de 2022 se desplegaron en Kazajistán fuerzas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTCS), previa solicitud formal de asistencia del Gobierno kazajo frente a los manifestantes, lo que supone la primera vez que se ha pedido a la alianza militar liderada por Rusia que intervenga en un país miembro;

H.  Considerando que el 11 de enero de 2022 el presidente Tokáyev anunció la retirada total de las fuerzas de la OTSC del país antes del 23 de enero de 2022; que el Gobierno ruso, alegando la propagación de una enfermedad vírica en la cabaña ganadera, impuso una prohibición a las importaciones de carne y productos lácteos procedentes de Kazajistán un día después del citado anuncio del presidente Tokáyev;

I.  Considerando que a partir del 4 de enero de 2022 las autoridades kazajas iniciaron una campaña de desinformación generalizada y un bloqueo de internet y de los medios de comunicación para ocultar la participación del Estado en la violencia contra su propio pueblo y desacreditar las manifestaciones pacíficas y la verdadera voluntad del pueblo kazajo de buscar la justicia, la dignidad y el respeto de sus derechos;

J.  Considerando que el 7 de enero de 2022 el presidente Tokáyev dictó la orden de «tirar a matar» frente a los manifestantes, a los que calificó de terroristas internacionales; que dicha orden vulnera las obligaciones jurídicas internacionales de Kazajistán de respetar y proteger el derecho a la vida; que las autoridades kazajas han aplicado interpretaciones vagas y excesivamente amplias de las leyes y medidas contra el terrorismo y el extremismo, con el fin de restringir arbitrariamente la libertad de expresión y reprimir la disidencia pacífica; que el 11 de enero de 2022 expertos de las Naciones Unidas denunciaron el uso excesivamente amplio del término «terrorismo» contra manifestantes, activistas de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas y partidos políticos;

K.  Considerando que las autoridades kazajas persiguen políticamente a sus opositores, que se han visto obligados a vivir en el extranjero;

L.  Considerando que periodistas nacionales e internacionales y medios de comunicación han sido criticados y atacados por el Gobierno y las fuerzas estatales kazajas, y que a los corresponsales extranjeros se les ha denegado la entrada al país; que funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad sin identificación dispararon al periodista de TV Rain Vasili Polonski y al fotógrafo Vasili Krestiyaninov mientras estos realizaban su trabajo cerca de la morgue de Almatý; que numerosos periodistas, como por ejemplo Saniya Toiken, Majambet Abzhan, Lukpán Ajmediyarov, Kassym Amanzhol, Darján Omirbe y otros han sido detenidos o acosados por los cuerpos de seguridad por su cobertura de las protestas;

M.  Considerando que las autoridades kazajas llevan mucho tiempo restringiendo los derechos fundamentales, incluidos el derecho a protestar pacíficamente, la libertad de asociación y la libertad de expresión; que Kazajistán ocupa el puesto 155 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de Reporteros sin Fronteras; que trece activistas vinculados a los movimientos pacíficos de oposición Koshe Partiyasy y Opción Democrática de Kazajistán han sido condenados, entre ellos los presos políticos Kairat Klyshev, Noyán Rajimzhanov, Asjat Zheksebayev y Abái Beguimbetov, condenados a cinco años de prisión justo después de la visita a Kazajistán del representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos y del representante especial de la Unión Europea para Asia Central; que sus juicios políticos tuvieron lugar por internet y que no se presentaron resoluciones judiciales de prohibición de los citados movimientos en apoyo de las acusaciones;

N.  Considerando que el presidente Tokáyev ha acusado a activistas, defensores de los derechos humanos y medios de comunicación libres de incitar a los disturbios; que en los últimos años la situación de los derechos humanos en Kazajistán se ha deteriorado drásticamente; que varias destacadas ONG de derechos humanos, medios de comunicación y organizaciones de observación electoral en Kazajistán han sido objeto de crecientes presiones y de acoso judicial por parte de las autoridades del país; que ello se inscribe dentro de una represión más generalizada contra la sociedad civil, los sindicatos y los derechos democráticos fundamentales, en particular las libertades de expresión, asociación y reunión, el pluralismo político, el derecho a la participación en los asuntos públicos y el Estado de Derecho;

O.  Considerando que la defensora de los derechos humanos Raigul Sadyrbayeva, cuyo estado de salud es precario, permanece en prisión preventiva durante la instrucción de una causa penal de motivación política por haber seguido las protestas en Semey, y se enfrenta a la posibilidad de una dura pena de prisión; que a la defensora de los derechos humanos Aliya Isenova le dispararon en el brazo agentes de las fuerzas del orden durante el seguimiento de una protesta en Semey y que, al parecer, también se enfrenta a la posibilidad de una larga condena de prisión fruto de un juicio por motivos políticos;

P.  Considerando que, pese a las declaraciones del Ministerio del Interior de Kazajistán al director de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en el sentido de que se mejorarían las condiciones de los centros de detención y el respeto de los derechos humanos, no se han logrado resultados tangibles; que, a pesar de un memorando firmado por el sistema penitenciario de Kazajistán y la defensora de los derechos humanos Yelena Semenova, las torturas y los malos tratos en los centros de detención siguen siendo sistemáticos, al igual que la impunidad de estos crímenes, puesto que las autoridades siguen sin investigar de forma creíble las acusaciones de tortura;

Q.  Considerando que las autoridades intentan regularmente piratear las cuentas en redes sociales de activistas civiles, defensores de los derechos humanos y opositores; que Kazajistán intenta censurar los contenidos de la oposición y los derechos humanos en las redes sociales;

R.  Considerando que la Unión Europea y Kazajistán son socios desde la independencia del país en 1991; que la Unión Europea y Kazajistán firmaron un Acuerdo de Colaboración y Cooperación Reforzadas, el primero de este tipo con un socio de Asia Central, que hizo avanzar las relaciones entre la Unión y Kazajistán de manera considerable y representó un hito importante en más de veinticinco años de relaciones entre ambos; que el Acuerdo de Colaboración y Cooperación Reforzadas, ratificado por todos los Estados miembros de la Unión y por el Parlamento Europeo, entró en vigor el 1 de marzo de 2020;

1.  Lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y condena enérgicamente los actos de violencia generalizados que estallaron tras las protestas pacíficas en Kazajistán; expresa sus condolencias a las víctimas y a sus familias;

2.  Apoya al pueblo de Kazajistán, que debería disfrutar plenamente del derecho a organizar una concentración pacífica para protestar contra la falta de reformas en Kazajistán y defender un futuro próspero para el país; condena enérgicamente la situación dramática y en constante deterioro de los derechos humanos en Kazajistán, en particular de la libertad de expresión y de los derechos laborales y sociales; insta a las autoridades kazajas a que cumplan sus obligaciones internacionales y respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales;

3.  Pide al Gobierno de Kazajistán que retire los cargos de motivación política y ponga fin a todas las formas de detención arbitraria, represalias y acoso contra defensores de los derechos humanos, activistas, organizaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, periodistas y movimientos de oposición política, y que permita a las personas expresar libremente sus opiniones políticas, religiosas y de otro tipo;

4.  Insta al Gobierno de Kazajistán a que ponga en libertad inmediatamente a los manifestantes y activistas detenidos arbitrariamente; insta a las autoridades del país a que liberen y rehabiliten inmediata y plenamente a todos los presos políticos, incluidos Bekizhán Mendygaziyev, Erulán Amirov, Ígor Chuprina, Ruslán Guinatullin, Yerzhán Yelshibayev, Saltanat Kusmankyzy, Baurzhán Yusipov, Natáliya Dauletiyarova, Rinat Batkayev, Yerbol Yesjozin, Askar Kayyrbek, Ulasbek Ajmetov, Asjat Zheksebayev, Kairat Klyshev, Noyán Rajimzhanov, Abái Beguimbetov y Raigul Sadyrbayeva; pide a las autoridades que levanten las medidas que obligan a la prisión preventiva y el arresto domiciliario y las restricciones de la libertad impuestas a los activistas de la sociedad civil;

5.  Condena las violaciones de las libertades fundamentales y de los derechos humanos cometidas por las autoridades kazajas contra manifestantes, trabajadores de los medios de comunicación y activistas, en particular el uso indiscriminado de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad; condena la retórica incendiaria del presidente Tokáyev, incluida su caracterización general de los manifestantes como «terroristas», las afirmaciones exageradas e infundadas sobre su número (presuntamente alrededor de veinte mil) y la amenaza de «matarlos»; le insta a cancelar públicamente cualquier orden de disparar a matar sin previo aviso;

6.  Pide a las autoridades que divulguen información relacionada con las detenciones y las víctimas derivadas de las protestas, y que garanticen que todos los enjuiciados tengan acceso a un abogado y reciban juicios justos de conformidad con el Derecho internacional;

7.  Pide a las autoridades kazajas que revisen la ley sobre reuniones públicas para garantizar el derecho a protestar pacíficamente, en consonancia con las normas internacionales, a fin de permitir que las personas de Kazajistán participen en protestas pacíficas sin temor a la detención o al acoso y la injerencia policial y asegurar que los medios de comunicación independientes, los grupos de la sociedad civil, los grupos de la oposición política, los activistas, los sindicalistas y los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades sin injerencias gubernamentales indebidas, miedo al acoso o enjuiciamiento por motivos políticos; pide, en este sentido, una reforma exhaustiva del sistema judicial y, como recomiendan las Naciones Unidas y la OSCE, la derogación de los artículos del Código Penal que se utilizan para los enjuiciamientos por motivos políticos; pide a las autoridades de Kazajistán que anulen las resoluciones judiciales sobre los movimientos pacíficos de la oposición Koshe Partiyasy y DCK;

8.  Pide a las autoridades kazajas que pongan fin a la persecución política de los grupos de derechos humanos como Bostandyq Kz, Qaharman, Femina Virtute, Veritas, 405, Elimay y Article 14;

9.  Pide a la Unión y a la comunidad internacional que inicien inmediatamente una investigación internacional adecuada de los crímenes cometidos contra el pueblo kazajo durante las dos semanas de manifestaciones en Kazajistán, y que, entre otras cosas, investigue las desapariciones, así como las denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y manifestantes pacíficos asesinados o heridos por francotiradores, entre los que se encontraban menores de edad, en Almatý y otras ciudades de Kazajistán;

10.  Pide al SEAE y a los Estados miembros que recurran a los foros multilaterales para supervisar la situación de los derechos humanos en Kazajistán, en particular el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la OSCE;

11.  Pide a los Estados miembros que tomen la iniciativa de invocar el mecanismo de Moscú de la OSCE para que se investiguen los hechos y las circunstancias en torno a las muertes de manifestantes y agentes de las fuerzas de seguridad en Almatý en enero de 2022 y otras acusaciones de violaciones de los derechos humanos desde el inicio del movimiento pacífico de protesta en todo Kazajistán;

12.  Pide a las autoridades kazajas que inviten a Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y a expertos de la OSCE a que realicen visitas sobre el terreno y cooperen plenamente con ellos, y que consideren la posibilidad de crear un grupo de trabajo permanente bajo los auspicios de la OSCE para evaluar si los disturbios fueron el resultado de injerencias extranjeras o de luchas internas por el poder y abordar sus causas profundas;

13.  Expresa su preocupación ante la inaceptable situación de la libertad de los medios de comunicación en el país; pide al Gobierno de Kazajistán que proporcione a los periodistas independientes un entorno libre y seguro; condena enérgicamente el recurso al cierre de internet para reprimir la disidencia y violar la libertad de expresión y de reunión, lo cual es contrario a las normas internacionales en materia de derechos humanos; pide a las autoridades kazajas que restablezcan el acceso sin restricciones a internet, desbloqueen todas las demás formas de comunicación y pongan fin a las represalias contra quienes comparten noticias de forma independiente; pide al presidente Tokáyev que reconozca públicamente y respete plenamente la importancia y el papel de los medios de comunicación libres en Kazajistán;

14.  Condena la práctica de la tortura y los malos tratos en los centros de detención e insta a las autoridades kazajas a que garanticen el derecho de los ciudadanos a estar libres de torturas y malos tratos, velen por que las condiciones de detención cumplan plenamente las normas internacionales, investiguen exhaustivamente los casos de tortura y pongan fin a la impunidad; pide a las autoridades kazajas que faciliten a los representantes del mecanismo nacional de prevención y al Defensor del Pueblo un acceso inmediato y sin trabas a todas las personas detenidas;

15.  Insta a las autoridades kazajas a abstenerse de acusar de terrorismo basándose en interpretaciones demasiado amplias del término y a distinguir entre los manifestantes pacíficos y aquellos que han recurrido a la violencia y han cometido delitos según las normas internacionales; reitera su llamamiento para que se revise la definición de extremismo de manera que concuerde con las obligaciones internacionales de Kazajistán; insta a las autoridades kazajas a que dejen de recurrir al artículo 405 del Código Penal kazajo para perseguir a los miembros presuntos o reales de grupos «extremistas» prohibidos y a que reexaminen la prohibición arbitraria impuesta por los tribunales a movimientos políticos pacíficos; solicita que se lleve a cabo una revisión independiente de todas las condenas pronunciadas por la organización o participación en una organización «extremista» prohibida, y pide a los órganos jurisdiccionales que anulen todas las condenas impuestas a personas simplemente por su supuesta pertenencia o apoyo a un grupo de oposición política o de defensa pacífico;

16.  Pide que los derechos humanos sean una prioridad en el compromiso de la Unión con Kazajistán; hace hincapié en que unas relaciones políticas y económicas más profundas con la Unión, como las que se prevén en el Acuerdo de Colaboración y Cooperación Reforzado, deben basarse en valores compartidos y corresponderse con un compromiso activo y concreto de Kazajistán de llevar a cabo reformas democráticas derivadas de sus obligaciones y compromisos internacionales; anima al VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros a solicitar sin cesar a Kazajistán que derogue o modifique todas las leyes incompatibles con las normas internacionales y a plantear las cuestiones relativas a los derechos humanos en todas las reuniones bilaterales pertinentes;

17.  Pide a la Delegación de la Unión y a las representaciones de los Estados miembros en Kazajistán que supervisen de cerca la situación, visiten y presten apoyo a los manifestantes detenidos y a los presos políticos, colaboren activamente con los miembros locales de la sociedad civil organizando reuniones periódicas sin discriminación y desempeñen un papel a la hora de facilitar el diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil; les insta, además, a hacer un seguimiento y reaccionar rápidamente ante las violaciones de los derechos humanos en curso y a dar a conocer públicamente su posición al respecto proporcionando asistencia a las víctimas de persecución política y a los activistas encarcelados, así como asistiendo a los juicios de las personas que critican al Gobierno y de los defensores de los derechos humanos y visitando los centros de detención; pide a la Unión y a sus Estados miembros que elaboren con carácter de urgencia un programa global para apoyar a la sociedad civil y las fuerzas democráticas de Kazajistán;

18.  Pide a la Delegación de la Unión y a las embajadas de los Estados miembros en Kazajistán que se coordinen y actúen rápidamente a fin garantizar la expedición de visados para los defensores de los derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo y necesiten instalarse temporalmente fuera de Kazajistán; solicita a la Delegación de la Unión y a las embajadas de los Estados miembros en Kazajistán que colaboren con las autoridades kazajas para garantizar la puesta en libertad inmediata de centenares de presos políticos y detenidos en Kazajistán, el levantamiento de las restricciones a la libertad impuestas a la sociedad civil y activistas de la oposición y la erradicación de la tortura y los malos tratos en las cárceles;

19.  Acoge con satisfacción la oferta que el VP/AR formula en su declaración del 8 de enero de 2022 de asistencia para una resolución pacífica de la crisis, pero lamenta la falta de una iniciativa diplomática; anima al SEAE a invertir en la creación de capacidades y a aprovechar el potencial existente para la mediación, la resolución pacífica de crisisy otros instrumentos, como la diplomacia de lanzadera, en particular por parte del VP/AR o el representante especial de la UE para Asia Central;

20.  Pide al SEAE que promueva un examen de la situación en Kazajistán en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con la consiguiente adopción de una resolución sobre la situación;

21.  Pide a las autoridades de Kazajistán que cumplan las normas internacionales en lo que respecta al marco jurídico para la celebración de elecciones, y que aborden las recomendaciones de la misión limitada de observación electoral de la OIDDH relativas a las libertades fundamentales garantizadas constitucionalmente, la participación de la sociedad civil, el pluralismo político y la imparcialidad de la administración electoral, el derecho de sufragio activo y pasivo, el registro de votantes, los medios de comunicación y la publicación de los resultados electorales;

22.  Pide a Kazajistán que aplique reformas urgentes destinadas a luchar contra la corrupción y el aumento de las desigualdades; solicita a las instituciones de la Unión que aceleren la adopción de legislación anticorrupción para perseguir a los funcionarios corruptos y sus partidarios en Kazajistán por violaciones de los derechos humanos y blanqueo de capitales;

23.  Recuerda el régimen general de sanciones de la Unión en materia de derechos humanos, aprobado recientemente, que permite a la Unión perseguir a los autores de violaciones graves de los derechos humanos en todo el mundo, lo que, en el caso de Kazajistán, permitiría perseguir a personas, entidades y organismos implicados en violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos o asociadas a ellas; pide al Consejo que imponga sanciones específicas a los funcionarios kazajos de alto nivel responsables de las graves violaciones cometidas durante las protestas de enero de 2022;

24.  Toma nota del anuncio del presidente Tokáyev de las reformas socioeconómicas y políticas, y espera que el Gobierno y las autoridades pongan en marcha su aplicación con el fin de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos y responder a su descontento, y pide al presidente que facilite más aclaraciones sobre las reformas políticas y la estructura del nuevo «Fondo para el pueblo de Kazajistán» lo antes posible; anima al Gobierno kazajo a que coopere con la Unión, la OSCE y el Consejo de Europa en este proceso de reforma, y pide al SEAE que esté dispuesto a prestar cualquier apoyo pertinente en este proceso;

25.  Solicita a los países vecinos de Kazajistán que se abstengan de toda injerencia que pueda tener un impacto negativo en los asuntos internos de Kazajistán;

26.  Pide a las instituciones y organismos europeos, incluidos el SEAE y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y al Banco Mundial que paralicen los programas de financiación en Kazajistán hasta que el Gobierno realice esfuerzos sustanciales y tangibles para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, en particular mediante la aplicación de todas las recomendaciones del Parlamento Europeo, las Naciones Unidas y la OSCE, de una manera que no afecte al apoyo directo a la sociedad civil independiente, a los activistas, a los defensores de los derechos humanos y a los medios de comunicación;

27.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la Unión Europea para Asia Central, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al presidente, el Gobierno y el Parlamento de la República de Kazajistán.

(1) Textos Aprobados, P9_TA(2021)0056. (2) DO C 23 de 21.1.2021, p. 83. (3) DO C 45 de 5.2.2016, p. 85. (4) DO C 251 E de 31.8.2013, p. 93. (5) DO C 224 E de 19.8.2010, p. 30.