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Procedimiento : 2020/2026(INL)
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Ciclo relativo al documento : A9-0007/2022

Textos presentados :

A9-0007/2022

Debates :

PV 15/02/2022 - 21
CRE 15/02/2022 - 21

Votaciones :

PV 16/02/2022 - 10
CRE 16/02/2022 - 10
PV 17/02/2022 - 2
CRE 17/02/2022 - 2

Textos aprobados :

P9_TA(2022)0044

Textos aprobados
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Jueves 17 de febrero de 2022 - Estrasburgo
Estatuto para las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro transfronterizas europeas
P9_TA(2022)0044A9-0007/2022
Resolución
 Anexo

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de febrero de 2022, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un estatuto para las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro transfronterizas europeas (2020/2026(INL))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos los artículos 114 y 352 del TFUE,

–  Visto el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular su artículo 12,

–  Visto el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,

–  Visto su dictamen(1) sobre la propuesta de la Comisión de un Reglamento por el que se establece el Estatuto de la Asociación Europea(2),

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 1987, sobre las asociaciones sin fines de lucro en la Comunidad Europea(3),

–  Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2020, sobre el establecimiento de un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(4),

–  Vista su Declaración, de 10 de marzo de 2011, sobre el establecimiento de un Estatuto Europeo para las mutualidades, asociaciones y fundaciones(5),

–  Visto el Dictamen del CESE titulado «Filantropía europea: un potencial sin explotar» (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia rumana),

–  Vistas las Directrices conjuntas sobre la libertad de asociación (CDL-AD(2014)046), aprobadas por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE,

–  Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento interno,

–  Vistas la opinión de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0007/2022),

A.  Considerando que el artículo 63 del TFUE y los artículos 7,8 y 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») consagran la libertad de asociación a todos los niveles y protegen a las organizaciones sin ánimo de lucro frente a todo tipo de restricciones discriminatorias, innecesarias e injustificadas relativas a la financiación de sus actividades;

B.  Considerando que, a efectos de la presente resolución, debe entenderse que el término «organización sin ánimo de lucro» refleja la multitud de modelos de organizaciones sin ánimo de lucro que existe en la Unión, tanto si se basan en la afiliación de miembros como si no, como, por ejemplo, las asociaciones, las organizaciones filantrópicas, las organizaciones cuyos activos se destinan a lograr una finalidad específica, como las fundaciones, y otras organizaciones similares;

C.  Considerando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que el Estado tiene una obligación positiva de garantizar el disfrute del derecho a la libertad de asociación y que ha declarado, en su sentencia de 21 de octubre de 2005 en el asunto Ouranio Toxo y otros contra Grecia(6), que el respeto auténtico y efectivo de la libertad de asociación no puede reducirse a un simple deber del Estado de no interferir; que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia en el asunto C‑78/18(7), declaró que la libertad de asociación no solo comprende la facultad de crear o de disolver una asociación, sino que engloba también la posibilidad de esta asociación de actuar entretanto;

D.  Considerando que las organizaciones sin ánimo de lucro son fundamentales para que los intereses de los ciudadanos y de la sociedad civil estén representados, también mediante la prestación de servicios en ámbitos del sector social que a menudo no son rentables, el fomento de la participación en la vida social y la defensa de los derechos de las minorías; que, además, desempeñan un papel clave a la hora de anticipar y abordar los retos socioeconómicos, así como de colmar las lagunas en materia de servicios y actividades económicas, junto con los gobiernos nacionales, regionales y locales;

E.  Considerando que las organizaciones sin ánimo de lucro a menudo utilizan y fomentan la libertad de expresión, en particular en relación con la promoción del interés público, apoyan la participación activa en la vida democrática y funcionan como escuelas de democracia;

F.  Considerando que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto el papel esencial que desempeñan las organizaciones sin ánimo de lucro a la hora de ayudar a los ciudadanos a superar las numerosas dificultades a que se enfrentan, garantizando así la cohesión social; considerando que, sin embargo, su situación se ha visto sacudida por la crisis de la COVID-19, en particular debido a la interrupción de sus actividades y a la creación de nuevas necesidades y misiones;

G.  Considerando que la democracia europea depende de que la sociedad civil y las organizaciones representativas puedan funcionar con libertad y de manera transfronteriza; que el papel esencial de la sociedad civil y de las organizaciones representativas en la contribución a la democracia se considera un valor fundamental de la Unión, tal como se reconoce, en particular, en el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea (TUE), y exige la existencia de un diálogo abierto, transparente y estructurado;

H.  Considerando que las organizaciones sin ánimo de lucro son parte integrante de la sociedad civil de la Unión e incluyen organizaciones filantrópicas, como las fundaciones que facilitan y contribuyen al trabajo de las personas, y organizaciones sin ánimo de lucro en pro del interés público;

I.  Considerando que apenas existe información estadística fiable sobre las organizaciones sin ánimo de lucro o no es fácil acceder a ella;

J.  Considerando que los estatutos europeos de las sociedades anónimas europeas, las sociedades cooperativas europeas o los partidos políticos europeos no resultan adecuados para permitir que las organizaciones sin ánimo de lucro cooperen de manera transfronteriza;

K.  Considerando que las sociedades, las empresas comerciales y las agrupaciones de interés económico tienen la posibilidad de constituir una agrupación europea de interés económico;

L.  Considerando que los organismos públicos pueden constituir agrupaciones europeas de cooperación territorial;

M.  Considerando que el estatuto de la asociación europea debe estar abierto a las organizaciones y las personas que deseen participar en intercambios y aprendizajes mutuos transfronterizos;

N.  Considerando que en la solicitud del Parlamento en favor de la creación de registros estadísticos nacionales de agentes de la economía social no se incluye a las organizaciones que no operan en la economía social;

O.  Considerando que muchas organizaciones in ánimo de lucro desempeñan una función importante en la economía y el desarrollo del mercado interior, ya que participan de manera regular en alguna actividad económica; que en la última década ha aumentado considerablemente el volumen de flujos financieros transfronterizos entre las asociaciones o las organizaciones sin ánimo de lucro;

P.  Considerando que en la actualidad ha aumentado la concienciación entre los responsables políticos y la sociedad civil sobre el potencial que albergan las organizaciones sin ánimo de lucro en cuanto a prestación de servicios, participación ciudadana e innovación social; que probablemente albergan un potencial sin explotar en una amplia variedad de ámbitos, como la educación, la cultura, la atención sanitaria, los servicios sociales, la investigación, la ayuda al desarrollo, la ayuda humanitaria y la preparación para casos de desastres;

Q.  Considerando el potencial socioeconómico cada vez mayor de las organizaciones sin ánimo de lucro en la Unión, que ofrecen posibilidades de empleo en numerosos sectores;

R.  Considerando que las organizaciones sim ánimo de lucro son esenciales a la hora de ayudar a las personas a participar activamente en la vida democrática;

S.  Considerando que la gran mayoría de las actividades de las organizaciones sin ánimo de lucro se llevan a cabo en el ámbito nacional, aunque un número cada vez mayor de organizaciones sin ánimo de lucro operan de manera transfronteriza, reforzando así la cohesión social entre los Estados miembros a nivel social, especialmente en las regiones fronterizas, que representan casi el 40 % del territorio de la Unión;

T.  Considerando que las organizaciones sin ánimo de lucro trasfronterizas, en particular, contribuyen enormemente al logro de los objetivos de la Unión y realizan numerosas y variadas actividades de interés general que tienen relevancia transnacional y redundan en beneficio del interés general en diferentes ámbitos que esto incluye, entre otras cosas, la protección y el fomento de los derechos y valores fundamentales, la protección del medio ambiente, la educación, la cultura, el trabajo social y la ayuda al desarrollo;

U.  Considerando que, pese al creciente número de organizaciones sin ánimo de lucro transfronterizas en la Unión, no existe un marco legislativo paneuropeo armonizado que les permita operar y organizarse adecuadamente a escala transfronteriza;

V.  Considerando que, actualmente, a falta de una normativa de la Unión que regule las organizaciones sin ánimo de lucro, sus actividades transfronterizas se caracterizan por las disparidades culturales, judiciales y políticas derivadas del Derecho nacional;

W.  Considerando que el Parlamento subrayó ya en 1987 la necesidad de introducir un Reglamento europeo adecuado para las organizaciones europeas sin ánimo de lucro en su Resolución de 13 de marzo de 1987 sobre las asociaciones sin fines de lucro en la Comunidad Europea;

X.  Considerando que las asociaciones que cuentan con un estatuto europeo o con normas mínimas comunes europeas deben actuar en favor de la promoción y la aplicación de los valores y objetivos comunes de la Unión, consagrados en los Tratados y en la Carta;

Situación actual

1.  Observa que las organizaciones sin ánimo de lucro carecen de una forma jurídica a escala de la Unión que equipare la representación de los intereses de la sociedad civil con los de las empresas comerciales y las agrupaciones de interés económico, para las que existe una forma jurídica a escala de la Unión desde hace tiempo;

2.  Observa que las diferencias jurídicas, culturales, políticas y económicas entre los Estados miembros siguen provocando que las actividades transfronterizas de las organizaciones sin ánimo de lucro sean muy complejas, y que el actual tratamiento administrativo y fiscal de las actividades transfronterizas de estas organizaciones dé lugar a costes de transacción más elevados que a nivel nacional;

3.  Subraya que el actual marco jurídico a nivel de la Unión y nacional no es suficiente para crear y apoyar una sociedad civil paneuropea sólida, cuya existencia es necesaria para la democracia; señala, por tanto, la necesidad de crear una nueva forma jurídica, la de asociación europea, así como normas sobre la constitución, transparencia, rendición de cuentas y gobernanza de una asociación europea;

4.  Subraya la importancia de garantizar la coordinación a escala de la Unión, evitando la fragmentación y apoyando un enfoque armonizado en toda la Unión con respecto a la asociación europea, a través de un Consejo de Asociaciones Europeas designado; a tal fin, pide a la Comisión que examine las diferentes opciones y presente una propuesta sobre la forma y el estatuto más adecuados para dicho Consejo de Asociaciones Europeas, en el que estén representados todos los Estados miembros y que disponga de facultades de decisión bien definidas;

5.  Considera que también se necesita legislación de la Unión que apoye a las organizaciones sin ánimo de lucro con miras a culminar el mercado interior;

6.  Hace hincapié en que, si bien los Tratados consagran la libertad de circulación y de establecimiento, las jurisdicciones de varios Estados miembros no protegen ni fomentan plenamente el derecho fundamental de asociación debido a que no existen modelos de organización adecuados ni igualdad de trato para las formas jurídicas existentes en toda la Unión, lo que, por una parte, supone un obstáculo para las actividades y los proyectos, las misiones y la movilidad transnacionales de la sociedad civil y, por otra, genera inseguridad jurídica;

7.  Lamenta que no exista un instrumento que facilite aún más la libertad de circulación para las organizaciones sin ánimo de lucro, con independencia del Estado miembro en el que hayan sido constituidas o donde residan sus miembros, en particular suprimiendo los obstáculos jurídicos y administrativos;

8.  Destaca que, debido a la falta de aproximación de las prácticas, las organizaciones sin ánimo de lucro que operan en toda la Unión a menudo se enfrentan a restricciones injustificadas, como tasas, formalidades y obstáculos administrativos y de otra índole, lo que pone en peligro sus actividades cotidianas y disuade a dichas organizaciones de ampliar sus misiones más allá de sus fronteras; subraya que tales obstáculos también dan lugar un aumento significativo de la carga de trabajo debido a que es necesario seguir múltiples procedimientos administrativos diferentes en más de un Estado miembro;

9.  Lamenta que en varios Estados miembros se haya dejado a las organizaciones sin ánimo de lucro completamente fuera de los sistemas de asistencia de respuesta a la pandemia;

10.  Pone de relieve que la falta de aproximación de las prácticas también genera desequilibrios en el espacio de actuación, debido a las distintas condiciones de mercado y a otros obstáculos a los que se enfrentan las organizaciones sin ánimo de lucro en diferentes Estados miembros, por ejemplo, a la hora de abrir cuentas bancarias, de obtener y contabilizar fondos extranjeros, de acceder a medidas y regímenes de ayudas públicas, de acogerse a determinados tratamientos financieros o fiscales, o de contratar personal, en particular al contratar de forma transfronteriza, lo que debería facilitarse conforme al principio de libre circulación de los trabajadores;

11.  Pide a la Comisión que examine las diferentes formas en que operan las organizaciones sin ánimo de lucro en los Estados miembros y que elabore un análisis comparativo;

12.  Señala que las organizaciones sin ánimo de lucro contribuyen a la innovación, la investigación, el desarrollo económico y la creación de empleo, particularmente en los sectores social, empresarial, tecnológico y cultural;

13.  Reconoce las contribuciones de las organizaciones sin ánimo de lucro a ciertos objetivos estratégicos de la Unión, como la lucha contra la crisis climática, la transformación digital y la recuperación de la pandemia de COVID-19; subraya que sería imposible cumplir dichos objetivos sin que la sociedad civil contribuyese promoviendo tales cuestiones en toda Europa, en particular en lo relativo a la aplicación de las políticas necesarias a escala local, regional, nacional y de la Unión, respetando al mismo tiempo los derechos e intereses de los afectados;

14.  Lamenta que los datos sean escasos o estén desactualizados; pide a los Estados miembros que proporcionen datos desglosados de manera periódica y a la Comisión que elabore recursos estadísticos fiables y frecuentemente actualizados, basados en una metodología establecida que garantice la transparencia y la comparabilidad, y que haga posible que estos datos se incluyan en los datos de Eurostat, sobre las actividades y contribuciones transfronterizas; señala que, según el estudio de 2017 «Evolución reciente de la economía social en la Unión Europea», encargado por el CESE, de un total de 13,6 millones de puestos remunerados en cooperativas, mutuas, asociaciones, fundaciones y entidades similares en la Unión, 9 millones eran empleos en asociaciones y fundaciones, lo que las convierte en la principal fuente de empleo en dicho sector; destaca que esto también demuestra la importancia de disponer de más datos sobre un ámbito más amplio que la economía social;

15.  Lamenta que la Comisión y los Estados miembros no hayan propuesto legislación para garantizar un entorno propicio en el que las organizaciones sin ánimo de lucro puedan contribuir al funcionamiento del mercado interior y garantizar la libre circulación de capitales a través de las fronteras, y que no se haya establecido un estatuto de asociación europea a pesar de varios intentos, así como de numerosos llamamientos de la sociedad civil y del Parlamento;

16.  Acoge con satisfacción el próximo Plan de Acción para la Economía Social y considera que, dado que solo algunas organizaciones sin ánimo de lucro operan en la economía social, dicho plan de acción debe incluir recomendaciones sobre cómo superar las barreras transfronterizas y debe complementarse con iniciativas legislativas independientes destinadas a apoyar a las organizaciones sin ánimo de lucro;

17.  Considera que, debido a su carácter particular, los instrumentos jurídicos propuestos no deben afectar a la regulación de los partidos políticos; recuerda, asimismo, que la Unión respeta el estatuto de las iglesias y las organizaciones o comunidades religiosas, así como de las organizaciones filosóficas o no confesionales reconocidas por el Derecho nacional; subraya que esto no impide que las organizaciones cuyos valores y finalidades se basen en creencias de carácter religioso, filosófico o no confesional, como las organizaciones sin ánimo de lucro caritativas basadas en la fe, se incluyan en el ámbito de aplicación de los instrumentos propuestos; señala que a los sindicatos de varios Estados miembros se les otorga una condición favorable especial y que, por tanto, los sindicatos deberían estar excluidos de los instrumentos propuestos; señala que las personas que deseen constituir una asociación pueden hacer uso de las disposiciones del Reglamento propuesto y adoptar la forma de una asociación europea; observa que la propuesta de Directiva sobre normas mínimas debe aplicarse a todas las organizaciones sin ánimo de lucro de la Unión;

Protección de la sociedad civil y de la libertad de asociación

18.  Expresa su preocupación por los obstáculos a los que se enfrentan las organizaciones sin ánimo de lucro en toda la Unión y por las disparidades derivadas de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales o de las políticas nacionales; señala que esto puede afectar negativamente a la sociedad civil, restringir indebidamente los derechos fundamentales, especialmente la libertad de asociación, de expresión y de información, y disuadir a las organizaciones sin ánimo de lucro de ampliar sus actividades más allá de las fronteras;

19.  Tiene debidamente en cuenta las posibilidades que ofrecen la digitalización e internet para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de asociación, por ejemplo, haciendo que el registro y la constitución de organizaciones sin ánimo de lucro sean más sencillos y fácilmente disponibles en línea;

20.  Hace hincapié en que las organizaciones sin ánimo de lucro son fundamentales para la democracia y la formulación de políticas a todos los niveles; afirma que las organizaciones sin ánimo de lucro promueven el bien público y obran en su favor, forman parte del equilibrio de poderes necesario para el Estado de Derecho y son motores de compromiso cívico; acoge con satisfacción que la sociedad civil se involucre en la defensa del interés público y el activismo, y como parte de la vida social activa;

21.  Reitera que las organizaciones sin ánimo de lucro tienen libertad para participar en asuntos de debate político o público a través de sus objetivos o actividades; condena los intentos de restringir el espacio cívico por motivos políticos, y la denegación, el rechazo o el cuestionamiento de su carácter de organizaciones de utilidad pública, sobre la base de su actividad política real o percibida, cuando sus actividades no están destinadas a beneficiar a un partido en concreto o a sustituir la política partidaria de un partido determinado; considera que estos casos son peligrosos para la democracia europea;

22.  Hace hincapié en la importancia de la independencia de las organizaciones sin ánimo de lucro y en la necesidad de garantizar un entorno favorable para ellas, en el que se respete su pluralidad y se comprenda que las organizaciones de utilidad pública contribuyen tanto prestando servicios sobre el terreno como defendiendo el bien público y haciendo un seguimiento de las políticas públicas;

23.  Recuerda la importancia de un periodismo independiente, imparcial, profesional y responsable en lo que se refiere a proporcionar información sobre las actividades de las organizaciones sin ánimo de lucro tanto en los medios de comunicación privados como públicos, así como la importancia del acceso a información plural como pilares fundamentales de la democracia; expresa su preocupación por las campañas de difamación y las demandas abusivas que en varios Estados miembros utilizan algunos cargos electos, organismos públicos o entidades bajo control público, así como particulares y entidades privadas, contra quienes se implican en la participación pública, incluidas las organizaciones sin ánimo de lucro; destaca que el Parlamento aprobó una Resolución sobre las demandas estratégicas contra la participación pública el 11 de noviembre de 2021(8);

24.  Sostiene que un Reglamento que estableciera el marco jurídico solo beneficiará a la sociedad civil europea si las organizaciones sin ánimo de lucro pudieran disponer de financiación adecuada y fácilmente accesible tanto a escala nacional como europea; destaca la importancia que reviste la financiación pública y privada de las organizaciones sin ánimo de lucro, ya que estas organizaciones tienen un menor acceso a ingresos procedentes de actividades lucrativas; subraya, en este contexto, la existencia del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, dirigido, entre otros, a las organizaciones sin ánimo de lucro; señala que, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo(9), las subvenciones de la Unión han de implicar una cofinanciación, que puede revestir la forma de recursos propios, ingresos generados por la acción o el programa de trabajo o contribuciones financieras o en especie de terceros; considera que, en particular en el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro con recursos financieros muy limitados, debe evaluarse un límite para el requisito de fondos propios y contabilizarse como tales las contribuciones no monetarias, siempre que este trato no distorsione la competencia a la hora de acceder a la financiación; observa que, con frecuencia, los fondos de la Unión a disposición de las organizaciones sin ánimo de lucro requieren cofinanciación, lo que a su vez significa que la organización beneficiaria tiene que obtener una parte de los fondos necesarios de otras fuentes; señala que exigir una cuota de recursos propios demasiado elevada puede ser perjudicial para las organizaciones sin ánimo de lucro, ya que podrían no ser capaces de reunir dichos fondos, lo que da lugar a que algunas organizaciones queden excluidas; considera, por tanto, que debe evaluarse un límite para el porcentaje de cofinanciación y que deben tenerse en cuenta los diferentes medios que podrían monetizarse, como el tiempo de voluntariado o las contribuciones en especie;

25.  Señala que es importante que las organizaciones sin ánimo de lucro publiquen información pertinente; llama asimismo la atención sobre el hecho de que la transparencia relativa a la financiación debe considerarse un interés público cuando las organizaciones sin ánimo de lucro tienen una influencia significativa en la vida pública y en el debate público;

26.  Considera que la introducción de un estatuto para las asociaciones europeas va a brindar a las organizaciones nacionales y locales una oportunidad para participar más activamente en los asuntos europeos y realizar aprendizajes mutuos e intercambios transfronterizos, y las ayudará a acceder a la financiación a nivel de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan fondos adecuados a disposición de los agentes de la sociedad civil, que aumenten la accesibilidad de los fondos y que simplifiquen en mayor medida los procedimientos para facilitar el acceso de los agentes de la sociedad civil a los fondos, incluidas las organizaciones pequeñas y locales;

27.  Considera, además, que la legislación propuesta debe complementarse con medidas de apoyo a un diálogo periódico, eficaz y estructurado con las organizaciones representativas y de la sociedad civil, con arreglo al artículo 11 del TUE; pide, a este respecto, a la Comisión que evalúe la posibilidad de desarrollar un estatuto participativo para las organizaciones de utilidad pública a escala de la Unión;

28.  Subraya que la discriminación por motivos arbitrarios y políticos basada en los objetivos y las actividades de las organizaciones sin ánimo de lucro, así como en las fuentes de financiación, socava la libertad de asociación y constituye, por tanto, una amenaza para la libertad de expresión;

Reconocimiento de las asociaciones, las organizaciones sin ánimo de lucro y la utilidad pública en toda la Unión

29.  Reconoce que en las legislaciones nacionales y las tradiciones jurídicas de los Estados miembros existen diferentes enfoques a la hora de definir o reconocer las organizaciones sin ánimo de lucro que se basan o no en la afiliación de miembros, así como de definir, reconocer y conceder el carácter de utilidad pública; subraya que, a pesar de estas diferencias, existe un consenso sobre la necesidad de establecer unas normas mínimas europeas y de ofrecer a las organizaciones sin ánimo de lucro la posibilidad de adquirir personalidad jurídica;

30.  Insta a la Comisión a que reconozca y fomente las actividades de utilidad pública de las organizaciones sin ánimo de lucro mediante la armonización del carácter de utilidad pública en toda la Unión, y subraya que la legislación y las prácticas administrativas nacionales que regulan las organizaciones sin ánimo de lucro, incluidos su constitución, registro, operaciones, financiación, trato financiero y fiscal o medidas de desgravación fiscal, así como las actividades transfronterizas, no deben discriminar por razón del lugar de establecimiento de la organización ni a ningún grupo o individuo por cualquier motivo;

31.  Pide a la Comisión que considere adoptar una propuesta legislativa para facilitar el reconocimiento mutuo de las organizaciones de utilidad pública exentas de impuestos, incluidas las organizaciones filantrópicas, en todos los Estados miembros, si están reconocidas como organizaciones de utilidad pública exentas de impuestos en uno de los Estados miembros;

32.  Destaca el hecho de que la regulación a escala de la Unión del estatuto y de las normas mínimas de las organizaciones sin ánimo de lucro puede contribuir a crear unas condiciones de igualdad, facilitando así la realización del mercado interior;

33.  Insta a la Comisión a desarrollar una estrategia específica e integral de fortalecimiento de la sociedad civil en la Unión, por ejemplo, mediante la introducción de medidas para facilitar las actividades de las organizaciones sin ánimo de lucro a todos los niveles;

34.  Pide a la Comisión que le someta, sobre la base del artículo 352 del TFUE, una propuesta de Reglamento por el que se establezca el estatuto de las asociaciones europeas, siguiendo las recomendaciones que se recogen en la presente resolución y en la parte I de su anexo;

35.  Pide a la Comisión que le someta, sobre la base del artículo 114 del TFUE, una propuesta de Directiva sobre las normas mínimas comunes para las organizaciones sin ánimo de lucro en la Unión, con vistas a establecer unas condiciones equitativas para las organizaciones sin ánimo de lucro mediante el establecimiento de unas normas mínimas, que permitan que la sociedad civil se beneficie de las libertades y los derechos fundamentales y contribuya a fortalecer la democracia europea, siguiendo las recomendaciones que se recogen en la presente resolución y en la parte II de su anexo;

36.  Pide a la Comisión que utilice los resultados del análisis comparativo realizado de conformidad con el apartado 11 para acompañar la propuesta de Reglamento que figura en la parte I del anexo y la propuesta de Directiva que figura en la parte II del anexo, junto con una lista de las formas nacionales de organizaciones que deben considerarse incluidas de conformidad con el artículo 3, apartado 2, de la propuesta que figura en la parte I del anexo y con el artículo 1 de la propuesta que figura en la parte II del anexo;

o
o   o

37.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que la acompañan a la Comisión y al Consejo.

(1) Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión al Consejo relativa a un Reglamento por el que se establece el Estatuto de la Asociación Europea (DO C 42 de 15.2.1993, p. 89).
(2) Propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se establece el Estatuto de la Asociación Europea (COM(1991)0273 — SYN 386).
(3) DO C 99 de 13.4.1987, p. 205.
(4) DO C 395 de 29.9.2021, p. 2.
(5) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 187.
(6) Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 21 de octubre de 2005, sobre la demanda n.º 74989/01, Ouranio Toxo y otros contra Grecia, ECLI:CE:ECHR:2005:1020JUD007498901.
(7) Sentencia del Tribunal de Justicia, de 18 de junio de 2020, en el asunto C-78/18, Comisión/Hungría, ECLI:EU:C:2020:476, apartado 113.
(8) Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2021, sobre el refuerzo de la democracia y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión: recurso indebido a acciones en el marco del Derecho civil y penal para silenciar a periodistas, ONG y a la sociedad civil (2021/2036(INI)).
(9) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).


ANEXO A LA RESOLUCIÓN

RECOMENDACIONES RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

PARTE I

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se establece el Estatuto de la asociación europea

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 352,

Considerando lo siguiente:

(1)  Los proyectos transfronterizos y otras formas de cooperación en los que participa en particular la sociedad civil contribuyen de manera decisiva al cumplimiento de los objetivos de la Unión, incluida la promoción de sus valores, y a la realización de diferentes actividades de relevancia transnacional que redundan en beneficio del interés general en numerosos ámbitos.

(2)  La cooperación transfronteriza europea entre ciudadanos y representantes de las asociaciones es esencial para crear una sociedad civil europea integral, lo que constituye un elemento esencial de la democracia y la integración europeas en consonancia con los artículos 11 y 15 del Tratado de la Unión Europea.

(3)  Al perseguir sus objetivos, muchas asociaciones desempeñan una función importante en la economía y el desarrollo del mercado interior, ya que participan de manera regular en la actividad económica.

(4)  La Directiva .../... del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre normas mínimas) tiene por objeto aproximar las legislaciones de los Estados miembros con el fin de proporcionar unas normas mínimas y un entorno favorable que facilite que las organizaciones sin ánimo de lucro desempeñen sus funciones.

(5)  Las asociaciones son el cemento que mantiene unida a nuestra sociedad. Son esenciales a la hora de ayudar, animar y capacitar a las personas, especialmente a las que sufren exclusión y discriminación, para que participen activamente en la vida democrática y social de la Unión, y pueden desempeñar un papel crucial en el proceso de desarrollo de las políticas de la Unión.

(6)  La Unión debe proporcionar a las asociaciones, que constituyen un modelo de organización que suele estar reconocido en todos los Estados miembros, un instrumento jurídico apropiado capaz de impulsar sus actividades transnacionales y transfronterizas y contribuir al diálogo civil a nivel de la Unión.

(7)  La implantación de un modelo de organización a escala de la Unión facilitaría que todas las asociaciones persiguieran sus objetivos y desarrollasen sus actividades transfronterizos en el mercado interior.

(8)  El artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y los artículos 7, 8 y 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») protegen a las organizaciones sin ánimo de lucro frente a las restricciones discriminatorias o injustificadas para acceder a los recursos y a la libertad de circulación de capitales en la Unión. Esto también se aplica a la búsqueda, la obtención y el uso de recursos, tanto de origen interior como exterior, que son fundamentales para la existencia y la actividad de cualquier entidad jurídica. De conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de junio de 2020 en el asunto C-78/18, Comisión contra Hungría(1), solo se podrán imponer restricciones con fines legítimos, como en el interés de la seguridad nacional, la seguridad ciudadana o el orden público, pero estas deben ser proporcionadas respecto del objetivo de proteger dichos intereses y constituir los medios menos intrusivos de lograr los objetivos deseados. Esto afecta, entre otros asuntos, a las restricciones derivadas de las normas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que se aplican de conformidad con los principios de necesidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta especialmente las obligaciones de realizar evaluaciones de riesgos en virtud del Derecho internacional y de la Unión. Por lo tanto, los Estados miembros no pueden aplicar medidas que no sean razonables, o que sean demasiado intrusivas o perturbadoras, incluidos requisitos de información que supongan una carga excesiva o costosa para las organizaciones.

(9)  Las personas físicas y jurídicas pueden constituir sociedades europeas en virtud del Reglamento (CE) n.º 2157/2001 del Consejo(2), sociedades cooperativas europeas en virtud del Reglamento (CE) n.º 1435/2003 del Consejo(3) y partidos políticos europeos en virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(4). No obstante, ninguno de estos instrumentos establece un marco para que las asociaciones puedan cooperar de manera transfronteriza.

(10)  El Reglamento (CE) n.º 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo(5) prevé la creación de agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT). La mayoría de estas agrupaciones están formadas por autoridades estatales o locales, así como por otras entidades que se rigen por el Derecho público. Por lo tanto, no engloban a agentes no gubernamentales de la sociedad civil ni a ciudadanos.

(11)  La Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE), prevista en el Reglamento (CEE) n.º 2137/85 del Consejo(6), permite la realización de determinadas actividades de manera conjunta, a la vez que preserva la independencia de sus miembros. No obstante, la AEIE no satisface las necesidades específicas de las asociaciones de la sociedad civil.

(12)  Por consiguiente, resulta necesario adoptar a escala de la Unión un marco normativo adecuado y armonizado y normas que permitan la constitución de asociaciones europeas con su propia personalidad jurídica y que regulen la constitución y el funcionamiento transfronterizos de estas.

(13)  Los partidos políticos y los sindicatos, así como las iglesias y otras comunidades religiosas y las organizaciones filosóficas o no confesionales deben quedar excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento debido a la falta de competencia de la Unión para regular su estatuto, y a que tienen un estatuto particular en el Derecho nacional. Por estas razones, deben recibir un trato diferente al de otras asociaciones carentes de tal estatuto, como las organizaciones sin ánimo de lucro caritativas, basadas en la fe o las organizaciones que luchan contra la discriminación, también en el mercado laboral.

(14)  El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de los derechos de los trabajadores y los sindicatos, incluidos los derechos y protecciones existentes en el contexto de los procedimientos de insolvencia y reestructuración, las fusiones, los traspasos de empresas, y los derechos y protecciones relativos a la información y los salarios. Los empleadores deben cumplir sus obligaciones con independencia de la forma en que operen.

(15)  Es importante garantizar la coordinación a escala de la Unión, a fin de evitar la fragmentación y apoyar un enfoque armonizado en toda la Unión para la aplicación del presente Reglamento. A este respecto, el presente Reglamento debe prever la designación de un Consejo de Asociaciones Europeas, dentro de la Comisión o vinculado a ella o a las instituciones, órganos y organismos pertinentes de la Unión.

(16)  El Consejo de Asociaciones Europeas debe invitar a un representante de la Agencia de los Derechos Fundamentales a sus reuniones cuando afecten a la libertad de asociación o a la libertad de expresión, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo(7).

(17)  El presente Reglamento debe establecer plazos específicos para los procedimientos administrativos, incluidos los relativos a la inscripción y el proceso de concesión del carácter de utilidad pública. Al evaluar la ejecución y aplicación del presente Reglamento, la Comisión debe examinar, en particular, cómo se aplican dichos plazos en la práctica.

(18)  A efectos de la verificación de los requisitos establecidos en el artículo 6, los organismos nacionales de asociaciones pueden solicitar los nombres y direcciones de los miembros fundadores. La identidad de los fundadores y los miembros de organizaciones sin ánimo de lucro que sean personas físicas puede constituir información de carácter sensible, por lo que los Estados miembros deben garantizar que cualquier requisito que conduzca al tratamiento de dichos datos personales se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo(8) (Reglamento general de protección de datos) y, en particular, en su artículo 9.

(19)  Una asociación europea podría querer distinguir diferentes categorías de miembros con el fin de conceder el derecho a voto solo a los miembros titulares y de reconocer, al mismo tiempo, a los miembros asociados que apoyan la causa, sin darles derecho a voto, o a los miembros honorarios, eximiéndoles de abonar la cuota de miembro y dándoles derecho a voto. La categorización de los miembros no debe conducir a una discriminación injustificada, sobre todo por razón de la nacionalidad.

(20)  Dado que el ámbito de aplicación del presente Reglamento se limita a las organizaciones sin ánimo de lucro, la única base jurídica que proporciona el TFUE es la prevista en su artículo 352.

(21)  Dado que los objetivos del presente Reglamento, especialmente la constitución de una asociación europea, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, por las razones expuestas anteriormente, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Capítulo I

Objeto y disposiciones generales

Artículo 1

Objeto

1.  El presente Reglamento establece las condiciones y los procedimientos que rigen la constitución, la gobernanza, la inscripción y la regulación de entidades jurídicas bajo la forma de una asociación europea.

2.  Una asociación europea será una entidad transfronteriza independiente y autónoma constituida de manera permanente dentro del territorio de la Unión mediante un acuerdo voluntario entre personas físicas o jurídicas con una finalidad común sin ánimo de lucro.

3.  Una asociación europea establecerá libremente sus objetivos y las actividades necesarias para lograrlos.

4.  Los objetivos de una asociación europea respetarán y apoyarán el fomento de los objetivos y los valores en los que se fundamenta la Unión, tal como se establece en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea.

5.  Una asociación europea se basará en la afiliación y determinará libremente quién puede formar parte de ella. A tal fin, podrá establecer requisitos especiales para los miembros, que deberán basarse en criterios razonables y objetivos y estarán sujetos al principio de no discriminación.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a)  «sin ánimo de lucro»: que no tiene como fin principal generar beneficios, aunque ejerza actividades económicas. Si se generan beneficios, estos se invierten en la organización para el logro de sus objetivos, y no se distribuyen entre sus miembros, sus fundadores o cualquier otra parte privada. El reconocimiento del carácter de utilidad pública de conformidad con el artículo 21 no constituye una condición necesaria para determinar que se trata de una asociación sin ánimo de lucro. No obstante, si se reconoce el carácter de utilidad pública de una organización, se considerará que esta es una asociación sin ánimo de lucro;

b)  «independiente»: dicho de una asociación, que no está sometida a injerencias estatales indebidas o que no forma parte de una estructura gubernamental o administrativa. A este respecto, una asociación que recibe financiación pública o que participa en un órgano consultivo del gobierno podrá ser considerada independiente, siempre y cuando ello no influya en la autonomía del funcionamiento y de la capacidad de decisión de la asociación;

c)  «autónoma»: dicho de una asociación, que tiene una estructura institucional que le permite ejercer todas sus competencias organizativas internas y externas, y adoptar decisiones fundamentales de manera independiente;

d)  «utilidad pública»: una mejora del bienestar de la sociedad o de parte de ella, que redunda en el beneficio del interés general de la sociedad;

e)  «transfronteriza»: dicho de una asociación, que persigue el objetivo de lograr una cooperación trasnacional o una cooperación transfronteriza dentro de la Unión, o que sus miembros fundadores provienen de al menos dos Estados miembros, lo que implica que son ciudadanos o residentes de un Estado miembro si son personas físicas, o tienen su domicilio social en un Estado miembro si son personas jurídicas;

f)  «miembro»: una persona física o jurídica que, de forma voluntaria y deliberada, solicitó afiliarse a una asociación para apoyar sus objetivos y actividades, y a la que se admitió en virtud de los estatutos de esa asociación. En el caso de que una asociación se haya constituido como resultado de una transformación o una fusión, se podrá asumir de forma concluyente la voluntad de ser miembro.

Artículo 3

Normas aplicables a las asociaciones europeas

1.  Las asociaciones europeas se regirán por el presente Reglamento y por sus estatutos. Para las materias no contempladas por el presente Reglamento, las asociaciones europeas se regirán por el Derecho del Estado miembro en el que se encuentre su domicilio social.

2.  Los Estados miembros determinarán la entidad jurídica o la categoría de entidades jurídicas que se considera comparable a una asociación europea a efectos de establecer, de manera coherente con las disposiciones y los objetivos del presente Reglamento, el Derecho aplicable de conformidad con el apartado 1.

Artículo 4

Organismo nacional de asociaciones

1.  Los Estados miembros designarán una autoridad pública independiente (en lo sucesivo, «organismo nacional de asociaciones») e informarán de ello al Consejo de Asociaciones Europeas a que se refiere el artículo 5 y a la Comisión. El organismo nacional de asociaciones será responsable de la inscripción de las asociaciones europeas, de conformidad con el artículo 10, y de supervisar la aplicación del presente Reglamento respetando plenamente los derechos y libertades fundamentales de las asociaciones europeas previstos en los Tratados y en la Carta.

2.  Los organismos nacionales de asociaciones contribuirán a la aplicación coherente del presente Reglamento en toda la Unión. A tal fin, los organismos nacionales de asociaciones cooperarán entre sí, también en el marco del Consejo de Asociaciones Europeas de conformidad con los artículos 5 y 22.

Artículo 5

Consejo de Asociaciones Europeas

1.  Queda designado el Consejo de Asociaciones Europeas.

2.  El Consejo de Asociaciones Europeas estará representado por un presidente y asistido por una secretaría.

3.  El Consejo de Asociaciones Europeas estará compuesto por un representante de cada organismo nacional de asociaciones y tres representantes de la Comisión.

4.  El Consejo de Asociaciones Europeas actuará con independencia en el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus competencias.

5.  Para garantizar la aplicación coherente del presente Reglamento, el Consejo de Asociaciones Europeas:

a)  desarrollará, en cooperación con la Comisión y los organismos nacionales de asociaciones, formularios comunes u otras herramientas para apoyar el registro electrónico de las asociaciones europeas de conformidad con el artículo 10;

b)  creará y gestionará la base de datos digital de asociaciones europeas a escala de la Unión como herramienta de información y de estadística, así como para apoyar el diálogo civil estructurado sobre asuntos de la Unión;

c)  tramitará las notificaciones de registro y disolución, así como cualquier otra decisión pertinente relativa a las asociaciones europeas, con el fin de que se publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea, como se establece en el presente Reglamento;

d)  evaluará la adecuación con la que los Estados miembros determinan las entidades jurídicas comparables de conformidad con el artículo 3, apartado 2;

e)  se encargará de la recepción, el examen y el seguimiento de las reclamaciones sobre la aplicación del presente Reglamento, sin perjuicio de las funciones de los organismos nacionales de asociaciones;

f)  decidirá sobre los recursos, en su caso a través de su Comité de Recursos de conformidad con los artículos 10 y 11;

g)  examinará cualquier cuestión relativa a la aplicación del presente Reglamento y consultará a las partes implicadas y a las partes interesadas y los expertos pertinentes, por iniciativa propia o a petición de uno de sus miembros o de la Comisión;

h)  publicará directrices y recomendaciones, y determinará mejores prácticas para los organismos nacionales de asociaciones y las asociaciones europeas, a fin de garantizar que el presente Reglamento se aplique de manera coherente;

i)  emitirá dictámenes y recomendaciones para la Comisión, por propia iniciativa o a petición de uno de sus miembros o de la Comisión, y tras consultar a las partes, las partes interesadas y los expertos pertinentes sobre cualquier cuestión relativa a las asociaciones europeas o a las medidas derivadas de la Directiva sobre normas mínimas;

j)  emitirá dictámenes opiniones y recomendaciones para la Comisión acerca de los fondos estructurales y operativos destinados a financiar la sociedad civil y la organización del diálogo civil, así como a proteger y fomentar los derechos y los valores de la Unión consagrados en el TUE, el TFUE y la Carta, con vistas a apoyar y favorecer el desarrollo de sociedades abiertas, basadas en derechos, democráticas, igualitarias e inclusivas sobre la base del Estado de Derecho;

k)  promoverá la cooperación, y los intercambios bilaterales y multilaterales efectivos de información y de buenas prácticas entre los órganos nacionales de asociaciones;

l)  promoverá programas comunes de formación y facilitará el intercambio de personal entre organismos nacionales de asociaciones.

6.  El Consejo de Asociaciones Europeas rendirá cuentas al Parlamento Europeo y al Consejo, e informará anualmente sobre sus actividades al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

7.  Los debates del Consejo de Asociaciones Europeas y sus miembros se regirá por el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo(9).

8.  El Consejo de Asociaciones Europeas adoptará su reglamento interno y sus disposiciones de funcionamiento.

9.  El Consejo de Asociaciones Europeas podrá invitar a sus reuniones y consultar regularmente a representantes de las agencias europeas pertinentes y a expertos independientes, sobre todo del mundo académico y de la sociedad civil.

Capítulo II

Constitución y registro

Artículo 6

Constitución

1.  Se constituirá una asociación europea:

a)  por acuerdo de al menos tres miembros fundadores; los miembros fundadores provendrán de al menos dos Estados miembros, lo que implica que son ciudadanos o residentes de un Estado miembro si son personas físicas, o tienen su domicilio social en un Estado miembro si son personas jurídicas; o

b)  como resultado de la transformación en una asociación europea de una entidad existente que fue constituida en virtud del Derecho de un Estado miembro, que cumple los requisitos establecidos en la letra a) y tiene su domicilio social dentro de la Unión; o

c)  como resultado de una fusión entre al menos dos asociaciones europeas existentes; o

d)  como resultado de una fusión entre al menos una asociación europea existente y al menos una entidad perteneciente a las categorías determinadas de conformidad con el artículo 3, apartado 2; o

e)  como resultado de la fusión de al menos dos entidades determinadas de conformidad con el artículo 3, apartado 2, que fueron constituidas en virtud del Derecho de Estados miembros y tienen su domicilio social dentro de la Unión, siempre y cuando estas entidades tengan en total al menos tres miembros y esos miembros procedan al menos de dos Estados miembros diferentes.

2.  Los Estados miembros podrán disponer que una entidad de determinadas conformidad con el artículo 3, apartado 2, y cuyo domicilio social no se encuentre en la Unión pueda participar en la constitución de una asociación europea siempre y cuando dicha entidad esté constituida con arreglo al Derecho de un Estado miembro, tenga su domicilio social en ese mismo Estado miembro y tenga una vinculación efectiva y continua con la economía, la sociedad o la cultura de ese Estado miembro.

3.  Se constituirá una asociación europea por medio de un acuerdo escrito entre todos los miembros fundadores o de un acta escrita de la reunión de constitución firmada por todos los miembros fundadores y debidamente verificada si así lo prevé el Derecho nacional en la constitución de asociaciones.

4.  La desvinculación de un miembro fundador de una asociación europea no conllevará automáticamente la desaparición o la disolución de la asociación europea, siempre y cuando dicha asociación siga llevando a cabo sus actividades en virtud del acuerdo de al menos el número de personas a que se refiere el apartado 1, letra a).

5.  Ni la constitución de una asociación europea ni ningún proceso de reestructuración se utilizarán para menoscabar los derechos de los trabajadores o sindicatos o las condiciones laborales. De conformidad con los convenios colectivos aplicables y con el Derecho de la Unión y nacional, las obligaciones relativas a los trabajadores y acreedores seguirán cumpliéndose, y se informará y consultará debidamente a los trabajadores, los voluntarios, los sindicatos y los representantes de los trabajadores. Se respetarán y mantendrán, cuando sean aplicables, los convenios colectivos y los derechos de representación de los trabajadores en los consejos de administración.

Artículo 7

Composición

Las asociaciones europeas podrán distinguir entre miembros titulares y otras categorías de miembros. Los estatutos de la asociación europea establecerán los derechos y las obligaciones de cada categoría de miembros, especialmente en lo que respecta al derecho a voto.

Artículo 8

Estatutos

1.  Los miembros fundadores redactarán y firmarán los estatutos de la asociación europea en el momento de su constitución o en la reunión constitutiva.

2.  Los estatutos contendrán, al menos, la siguiente información relativa a la asociación europea:

a)  su denominación, precedida o seguida de las siglas «EA»;

b)  una relación precisa de sus objetivos, su carácter no lucrativo y, cuando proceda, una descripción de sus fines de utilidad pública;

c)  dirección de su domicilio social;

d)  sus activos en el momento de la constitución,

e)  la denominación, la dirección y el domicilio social de sus miembros fundadores, cuando se trate de personas jurídicas;

f)  las condiciones y los procedimientos de admisión, expulsión y renuncia de sus miembros;

g)  los derechos y las obligaciones de sus miembros y, en su caso, sus diferentes categorías, así como los derechos y las obligaciones de cada categoría de miembros;

h)  las disposiciones por las que se rige el número de miembros de su Consejo de Administración, la composición, el nombramiento y el cese de los miembros del Consejo de Administración, los requisitos para incoar procedimientos en nombre de la asociación contra los miembros del Consejo de Administración, así como disposiciones sobre el funcionamiento, las competencias y las responsabilidades del Consejo de Administración, incluidos los poderes de representación ante terceros;

i)  las disposiciones sobre el funcionamiento, las competencias y las responsabilidades de la Asamblea General a que se refiere el artículo 16, incluidas las reglas de mayoría y quórum;

j)  las disposiciones relativas a los derechos y obligaciones de los miembros, incluidos los derechos de voto y el derecho a presentar propuestas;

k)  los motivos y procedimientos para su disolución voluntaria;

l)  su compromiso explícito de respetar los valores de la Unión consagrados en el artículo 2 del TUE;

m)  si la asociación dispone o no de un capital de constitución y, en su caso, el importe de dicho capital;

n)  la frecuencia con la que se convocará su Asamblea General; y

o)  la fecha de aprobación de los estatutos y el procedimiento para modificarlos.

Artículo 9

Domicilio social

1.  El domicilio social de la asociación europea estará ubicado dentro del territorio de la Unión, en el lugar establecido en sus estatutos. El domicilio social estará ubicado en el lugar en el que la asociación europea tenga su administración central o su principal centro de actividades en la Unión.

2.  En caso de constitución de una asociación europea por transformación con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), sus miembros decidirán si el domicilio social de la asociación europea permanece en el Estado miembro en el que la entidad original estaba registrada o se traslada a otro Estado miembro.

3.  En caso de constitución de una asociación europea por fusión con arreglo al artículo 6, apartado 1, letras c), d) o e), sus miembros decidirán en cuál de los Estados miembros en los que las entidades fusionadas estaban registradas se ubicará el domicilio social de la asociación europea.

Artículo 10

Registro

1.  Los miembros fundadores de una asociación europea, en el plazo de treinta días a partir de su fecha de constitución con arreglo al artículo 6, apartado 3, presentarán una solicitud de registro ante el organismo nacional de asociaciones.

2.  El organismo nacional de asociaciones, tras comprobar que los solicitantes cumplen los requisitos establecidos en el presente Reglamento, adoptará una decisión sobre el registro de la asociación europea en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud.

3.  Los Estados miembros no impondrán más requisitos para el registro que los establecidos en el presente Reglamento.

4.  Si el organismo nacional de asociaciones acepta la solicitud, inscribirá a la asociación europea en el registro nacional apropiado y comunicará su decisión en un plazo de quince días al Consejo de Asociaciones Europeas, que procederá a incluir la asociación europea en la base de datos digital de asociaciones europeas establecida con arreglo al artículo 5, apartado 5, letra b). En el mismo plazo, el organismo nacional de asociaciones comunicará asimismo su decisión a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, que se encargará de que la información se publique sin demora en el Diario Oficial de la Unión Europea.

5.  Si, en el plazo de treinta días a partir de la presentación de la solicitud de registro, esta ha sido denegada o no se ha adoptado ninguna decisión al respecto, el solicitante podrá, en un plazo de quince días a partir de la recepción de la decisión de denegación o una vez vencido el plazo de treinta días para adoptar una decisión, recurrir ante el Comité de Recursos establecido en virtud del artículo 11.

El Comité de Recursos se pronunciará sobre la solicitud de registro en un plazo de treinta días a partir del recurso.

Si el Comité de Recursos aprueba la solicitud de registro o no adopta una decisión en el plazo de 30 días, el organismo nacional de asociaciones procederá al registro en un plazo de 15 días a partir de la decisión o de la omisión.

Toda decisión de denegación de una solicitud de registro se comunicará a los solicitantes e incluirá los motivos debidamente justificados de la denegación.

6.  Una vez incluida en el registro nacional pertinente de conformidad con el apartado 4, la inscripción de la asociación europea surtirá efectos en el territorio de la Unión.

7.  La inscripción se efectuará a través de los formularios de registro comunes u otras herramientas a que se refiere el artículo 5. El procedimiento de registro será electrónico, accesible y permitirá a los solicitantes utilizar la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que la asociación europea tenga su domicilio social. Las tasas de inscripción no serán superiores a las aplicables a las entidades a que se refiere el artículo 3, apartado 2, ni superarán los costes administrativos ni constituirán una carga financiera indebida, de conformidad con el principio de proporcionalidad. Los organismos nacionales de asociaciones harán posible la inscripción por medios no electrónicos..

8.  Una vez recibida de una asociación europea una solicitud de concesión del carácter de utilidad pública, el organismo nacional de asociaciones evaluará la solicitud en relación con los requisitos establecidos en el presente Reglamento. El organismo nacional de asociaciones no impondrá más requisitos que los establecidos en el presente Reglamento.

9.  En el plazo de quince días naturales a partir de la recepción de la solicitud del carácter de utilidad pública, el organismo nacional de asociaciones adoptará una decisión vinculante sobre la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse quince días en casos debidamente justificados, cuando la evaluación de la solicitud requiera un examen más detenido o se solicite el dictamen del Consejo de Asociaciones Europeas. El organismo nacional de asociaciones informará inmediatamente a la asociación europea de la duración y los motivos de cualquier prórroga del período inicial de quince días.

10.  Si el organismo nacional de asociaciones acepta la solicitud del carácter de utilidad pública, inscribirá dicha decisión en el registro nacional correspondiente y comunicará su decisión en el plazo de quince días al Consejo de Asociaciones Europeas, que procederá a incluir el carácter de utilidad pública de la asociación europea en la base de datos digital de asociaciones europeas establecida con arreglo al artículo 5, apartado 5, letra b). En el mismo plazo, el organismo nacional de asociaciones comunicará también su decisión a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, que se encargará de que la información se publique sin demora en el Diario Oficial de la Unión Europea.

11.  Una vez incluida en el registro nacional pertinente con arreglo al apartado 10, la decisión adoptada sobre el carácter de utilidad pública de la asociación europea surtirá efecto en el territorio de la Unión.

12.  En caso de que la solicitud del carácter de utilidad pública haya sido denegada o no haya sido objeto de una decisión dentro del plazo a que se refiere el apartado 9, el solicitante podrá, en un plazo de quince días a partir de la recepción de la decisión denegatoria, recurrir al Comité de Recursos o, al expirar el plazo para adoptar una decisión, remitir la solicitud al Comité de Recursos establecido en virtud del artículo 11.

El Comité de Recursos adoptará una decisión en un plazo de quince días a partir de la fecha del recurso o de la remisión de la solicitud, o de treinta días en casos debidamente motivados.

Si el Comité de Recursos aprueba la solicitud del carácter de utilidad pública o no adopta una decisión en el plazo previsto en el párrafo primero, el organismo nacional de asociaciones concederá el carácter de utilidad pública en un plazo de quince días a partir de la fecha de la decisión o de la omisión.

Toda decisión de denegación de una solicitud de registro se comunicará a los solicitantes e incluirá los motivos debidamente justificados de la denegación.

13.  Los miembros fundadores de una asociación europea podrán decidir presentar simultáneamente una solicitud de registro y de carácter de utilidad pública, en cuyo caso la decisión sobre ambos se tratará como una sola y serán aplicables los plazos más largos.

Artículo 11

Comité de Recursos

1.  A más tardar el ... [... meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], el Consejo de Asociaciones Europeas creará un Comité de Recursos, compuesto por un representante por Estado miembro, así como un representante de la Comisión. El representante de la Comisión será el presidente.

2.  La Comisión se hará cargo de la secretaría del Consejo de Asociaciones Europeas.

3.  El Comité de Recursos será convocado por su presidente y sus decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 12

Traslado del domicilio social

1.  El domicilio social de una asociación europea podrá trasladarse a otro Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo. Los Estados miembros garantizarán que no existan trabas para el traslado de los activos y los documentos pertenecientes a la asociación europea que traslade su domicilio social. Dicho traslado no dará lugar a ningún cambio de los estatutos de la asociación europea distinto de los previstos en el presente artículo, ni a la disolución de la asociación europea, ni a la creación de una nueva persona jurídica, y dicho traslado tampoco afectará a ningún derecho u obligación existente antes del traslado, aparte de los vinculados intrínsecamente a este.

2.  La propuesta de traslado será elaborada por el Consejo de Administración de la asociación europea y se publicará de conformidad con las normas nacionales del Estado miembro en el que tenga su domicilio social.

3.  La propuesta de traslado a que se refiere el apartado 2 incluirá detalles sobre:

a)  el domicilio social previsto y el nombre propuesto en el Estado miembro de destino;

b)  el nombre y la dirección en el Estado miembro de origen;

c)  los estatutos modificados propuestos, incluido el nuevo nombre de la asociación europea, cuando proceda;

d)  el calendario propuesto para el traslado; y

e)  las consecuencias jurídicas y económicas previstas del traslado.

4.  La decisión de traslado no se adoptará hasta dos meses después de la publicación de la propuesta. Las decisiones de traslado se regirán por las condiciones establecidas para la modificación de los estatutos de la asociación europea.

5.  Los acreedores y titulares de otros derechos frente a la asociación europea que precedieran a la publicación de la propuesta de traslado tendrán derecho a exigir a la asociación europea que les proporcione las garantías adecuadas. La prestación de estas garantías se regirá por el Derecho nacional del Estado miembro en el que la asociación europea tuviera su domicilio social antes del traslado. Los Estados miembros podrán ampliar la aplicación de esta disposición al objeto de incluir las deudas contraídas por la asociación europea con entidades públicas antes de la fecha de traslado.

6.  La autoridad competente del Estado miembro en el que la asociación europea tenga su domicilio social expedirá un certificado en el que se haga constar que los actos y trámites requeridos antes del traslado se han completado correctamente.

7.  El nuevo registro no se efectuará hasta que no se haya presentado el certificado previsto en el apartado 8. El traslado del domicilio social de la asociación europea, así como la correspondiente modificación de sus estatutos, surtirán efecto en la fecha en que el traslado se haya registrado con arreglo al artículo 10.

8.  Un Estado miembro podrá, respecto de las asociaciones europeas que tengan su domicilio social en su territorio, denegar el traslado del domicilio social, en caso de que una autoridad competente designada formule objeción formal en el plazo de dos meses especificado en el apartado 6. Dicha objeción solo podrá formularse si se fundamenta en motivos de seguridad pública, y se comunicará al organismo nacional de asociaciones del Estado miembro de destino y al Consejo de Asociaciones Europeas.

9.  Si se deniega el traslado del domicilio social con arreglo al apartado 8, la asociación europea podrá, en un plazo de quince días a partir de la recepción de la decisión denegatoria, recurrir ante el Comité de Recursos establecido en virtud del artículo 11. El Comité de Recursos adoptará una decisión en un plazo de quince días, o de treinta días en casos debidamente justificados en los que la evaluación de la solicitud requiera un examen más detenido.

10.  Si el Comité de Recursos aprueba el traslado o no adopta una decisión en el plazo previsto en el apartado 11, el organismo nacional de asociaciones del Estado miembro competente aprobará el traslado en un plazo de quince días a partir de la fecha de la decisión o de la omisión.

Toda decisión de denegación de traslado se comunicará a los solicitantes e irá acompañada de los motivos debidamente justificados de la decisión.

11.  Si el traslado de un domicilio social es definitivo, el organismo nacional de asociaciones del Estado miembro en el que la asociación europea tuviera su domicilio social antes del traslado comunicará dicha información en un plazo de quince días al organismo nacional de asociaciones del Estado miembro al que la asociación europea tenga intención de trasladar su domicilio social y al Consejo de Asociaciones Europeas. A más tardar quince días después de recibir esta información, el organismo nacional de asociaciones del Estado miembro de destino incluirá a la asociación europea en el registro nacional correspondiente. El Consejo de Asociaciones Europeas velará por que los detalles del traslado se publiquen en el la base de datos electrónica de las Asociaciones Europeas, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea, a más tardar quince días después de recibir la comunicación del Estado miembro en el que la asociación europea tenía su domicilio social antes del traslado. El traslado del domicilio social de la asociación europea surtirá efecto y será oponible frente a terceros a partir de la fecha en que la asociación europea esté inscrita en el registro nacional del Estado miembro de su nuevo domicilio social.

12.  Una asociación europea que sea objeto de disolución, liquidación, insolvencia, suspensión de pagos u otros procedimientos similares no podrá trasladar su domicilio social.

Artículo 13

Personalidad jurídica

1.  Una asociación europea adquirirá personalidad jurídica en todos los Estados miembros tras su inscripción como asociación europea en el registro nacional correspondiente.

2.  Tras la notificación de la inscripción, pero antes de la inclusión en el registro nacional correspondiente, la asociación europea podrá ejercer sus derechos como persona jurídica si utiliza «asociación europea en fase de constitución» como parte de su nombre y de conformidad con las normas nacionales sobre supervisión cautelar aplicables a las asociaciones nacionales en el Estado miembro en el que la asociación europea tenga su domicilio social durante la fase de constitución. Si, antes de adquirir personalidad jurídica, se han emprendido acciones en nombre de la asociación europea y esta no asume las obligaciones derivadas de dichas acciones, las personas físicas o jurídicas que las lleven a cabo serán responsables solidarias de ellas, salvo que se disponga de otro modo en las normas nacionales aplicables del Estado miembro en el que la asociación europea tenga su domicilio social durante su constitución.

3.  A partir del... [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], únicamente las asociaciones europeas constituidas y registradas con arreglo al presente Reglamento podrán incluir la denominación «asociación europea» en su nombre, en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro en el que estén establecidas. Podrán hacerlo tras su inscripción en el registro nacional correspondiente, de conformidad con el artículo 10, apartado 4.

4.  Como persona jurídica, una asociación europea tendrá la capacidad de ejercer, en su propio nombre, las competencias, los derechos y las obligaciones necesarios para la consecución de sus objetivos en las mismas condiciones que las entidades jurídicas determinadas con arreglo al artículo 3, apartado 2, y constituidas de conformidad con el Derecho del Estado miembro en el que la asociación europea tenga su domicilio social.

5.  Como consecuencia de su adquisición de personalidad jurídica, una asociación europea adquirirá el derecho y la capacidad para:

a)  celebrar contratos y realizar otros actos jurídicos, incluida la adquisición de bienes muebles e inmuebles;

b)  recaudar fondos para apoyar sus actividades sin ánimo de lucro;

c)  recibir donaciones y legados;

d)  contratar personal;

e)  personarse como parte en actuaciones judiciales; y

f)  acceder a servicios financieros.

Artículo 14

Gobernanza y organismos

1.  Una asociación europea tendrá libertad para determinar sus estructuras de gestión interna y su gobernanza en sus estatutos, siempre que se cumplan las disposiciones del presente Reglamento. Dichas estructuras y gobernanza serán en todo caso conformes a los principios democráticos y a los valores fundamentales de la Unión.

2.  Una asociación europea estará dirigida por al menos dos órganos, el Consejo de Administración y la Asamblea General.

3.  El Consejo de Administración o la Asamblea General podrán crear otros órganos de gobernanza, en las condiciones y de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente Reglamento y en los estatutos de la asociación europea.

Artículo 15

Consejo de Administración

1.  El Consejo de Administración gestionará la asociación europea en interés de la asociación europea y en favor de la consecución de sus objetivos, según lo previsto en los estatutos de la asociación europea.

2.  El Consejo de Administración será elegido por la Asamblea General, de conformidad con los estatutos. La información sobre la composición del Consejo de Administración se pondrá a disposición del organismo nacional de asociaciones en un plazo de seis meses a partir de la fecha de su elección. El organismo nacional de asociaciones informará al respecto al Consejo de Asociaciones Europeas. Todo cambio en la composición del Consejo de Administración se comunicará de la misma manera. La asociación europea también pondrá esta información a disposición del público.

3.  Una persona no podrá ser miembro del Consejo de Administración, ni se le podrán conferir poderes, ni tener responsabilidades de gestión o representación con arreglo al apartado 6 si está inhabilitada para formar parte de un consejo de administración o de otro órgano similar de gestión o supervisión de una entidad jurídica debido a:

a)  el Derecho de la Unión o nacional aplicable a dicha persona;

b)  el Derecho de la Unión o nacional aplicable a las entidades jurídicas determinadas con arreglo al artículo 3, apartado 2, en el Estado miembro en que la asociación europea tenga su domicilio social; o

c)  una decisión judicial o administrativa pronunciada o reconocida en un Estado miembro.

4.  En el marco de las funciones que les atribuye el presente Reglamento y los estatutos de la asociación europea, todos los miembros del Consejo de Administración tendrán los mismos derechos y obligaciones.

5.  El Consejo de Administración podrá delegar poderes o responsabilidades de gestión en comités compuestos por uno o más miembros de la asociación europea. Los estatutos o la Asamblea General adoptarán las condiciones de ejercicio de dicha delegación.

6.  El Consejo de Administración podrá celebrar reuniones ordinarias y extraordinarias. En el marco de sus reuniones ordinarias, el Consejo de Administración se reunirá con la periodicidad establecida en los estatutos de la asociación europea, y al menos dos veces al año, para examinar las cuentas, las actividades y las previsiones sobre los proyectos de la asociación europea.

7.  Una vez al año, el Consejo de Administración elaborará un informe sobre las cuentas y las actividades de la asociación europea, que transmitirá al organismo nacional de asociaciones y al Consejo de Asociaciones Europeas. La asociación europea también pondrá a disposición del público ese informe anual.

8.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, apartado 2, y en la medida en que se aplique a las entidades a que se refiere el artículo 3, apartado 2, el Consejo de Administración elaborará anualmente un estado financiero de las cuentas de la asociación europea en el que se indiquen, entre otras cuestiones, los ingresos generados por las actividades económicas y los fondos tales como créditos y préstamos bancarios, y las donaciones o la recepción no compensada de efectivo o bienes durante el año civil anterior, así como una estimación presupuestaria para el ejercicio siguiente. De conformidad con el Derecho nacional, los Estados miembros podrán exigir al Consejo de Administración que muestre el estado financiero a la autoridad competente y a los miembros de la asociación. En tal caso, los miembros podrán pedir al Consejo de Administración que facilite más información, en particular sobre las fuentes de financiación. Los miembros solo podrán hacerlo cuando, tras el examen del estado financiero anual, sea necesario a efectos de transparencia y rendición de cuentas, y a condición de que sea proporcionado. A tal fin, la asociación europea deberá mantener un registro completo y preciso de todas las transacciones financieras, como se establece en el artículo 23, apartado 1.

9.  Los miembros del Consejo de Administración tendrán la facultad de representar a la asociación europea ante terceros y en procedimientos judiciales, dentro de los límites y en las condiciones establecidos en sus estatutos. Cuando se confiera a dos o más miembros la facultad de representar a la asociación europea ante terceros, esas personas ejercerán dicha facultad colectivamente.

10.  Todos los actos realizados por los miembros del Consejo de Administración en nombre de la asociación europea vincularán a la asociación europea ante terceros, siempre que no excedan de las competencias conferidas al Consejo de Administración por la legislación aplicable o legalmente conferidas al Consejo de Administración por los estatutos de la asociación europea.

Artículo 16

Asamblea General

1.  La reunión general de la asociación europea, en la que se reúnen todos los miembros, se denominará Asamblea General.

2.  El Consejo de Administración convocará la Asamblea General de conformidad con los estatutos de la asociación europea.

3.  Se informará a los miembros de la Asamblea General a más tardar quince días antes de la fecha fijada por la Asamblea General.

4.  El Consejo de Administración podrá convocar la Asamblea General en cualquier momento, bien por propia iniciativa, bien a petición de al menos una cuarta parte de los miembros. Los estatutos podrán fijar un umbral inferior.

5.  La Asamblea General podrá celebrarse de forma presencial, en línea o en una combinación de ambas modalidades, sin que ello afecte a su validez ni a la validez de las decisiones adoptadas. El Consejo de Administración decidirá cuál de las tres modalidades se utiliza para cada Asamblea General, a menos que la mayoría de los miembros de la asociación proponga otra modalidad.

6.  En la solicitud de Asamblea General se expondrán los motivos de su convocatoria y los puntos que deban incluirse en el orden del día.

7.  Todos los miembros tendrán derecho a la información y a acceder a los documentos, de conformidad con las normas establecidas en los estatutos, antes de cada Asamblea General.

8.  Todos los miembros tendrán derecho a participar en la Asamblea General, a intervenir y a presentar propuestas.

9.  El derecho de voto y a presentar propuestas de los miembros en la Asamblea General se ejercerá de conformidad con los estatutos de la asociación europea, con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra j).

10.  Los miembros podrán designar a otro miembro para que los represente en la Asamblea General antes de la reunión, con arreglo a un procedimiento que se establecerá en los estatutos de la asociación europea. Un miembro no podrá representar a más de otros dos miembros.

11.  Las decisiones de la Asamblea General sobre asuntos ordinarios se adoptarán, salvo que se disponga de otro modo, por mayoría de los votos de los miembros presentes o representados. Los votos se distribuirán de un modo equitativo, de conformidad con las normas establecidas en los estatutos de la asociación europea.

Artículo 17

Capítulos de la asociación y miembros principales

1.  Una asociación europea podrá tener secciones regionales. No se considerará que las secciones poseen personalidad jurídica propia, pero podrán organizar y gestionar actividades en nombre de la asociación, siempre que se cumplan los requisitos de sus estatutos.

2.  El Consejo de Administración de la asociación europea podrá designar secciones o miembros que sean personas jurídicas para que sean agentes principales en la ejecución y desarrollo de los proyectos de la asociación europea. Los Estados miembros permitirán que secciones o miembros lleven a cabo proyectos en su territorio como agentes principales de una asociación europea.

Artículo 18

Modificación de los estatutos

1.  Toda modificación de los estatutos de la asociación europea se debatirá en la Asamblea General convocada a tal efecto.

2.  Se informará a los miembros de las Asambleas Generales destinadas a debatir y decidir sobre las propuestas de modificación de los estatutos de la asociación europea al menos treinta días naturales antes de la fecha fijada para la Asamblea. La notificación deberá incluir las propuestas en cuestión.

3.  La Asamblea General estará facultada para modificar los estatutos si al menos la mitad más uno de los miembros de la asociación europea están presentes o representados.

4.  Las modificaciones de los estatutos de la asociación europea se adoptarán si al menos dos tercios de los miembros presentes o representados de la Asamblea General votan a favor.

5.  Las enmiendas al objetivo declarado de la asociación europea se adoptarán si al menos tres cuartas partes de los miembros presentes o representados de la Asamblea General votan a favor.

6.  En un plazo de seis meses a partir de la fecha de su aprobación, se transmitirá el texto de los estatutos aprobados al organismo nacional de asociaciones, que informará a su vez al Consejo de Asociaciones Europeas. Dicha información será puesta a disposición del público por la asociación europea y comunicada al Consejo de Asociaciones Europeas para su inclusión en la base de datos europea a que se refiere el artículo 5, apartado 5, letra b).

Capítulo III

Disposiciones relativas al trato de las asociaciones europeas en los Estados miembros

Artículo 19

Principio de no discriminación

1.  Queda prohibido todo trato discriminatorio a las asociaciones europeas.

2.  Las asociaciones europeas recibirán el mismo trato que reciben las entidades nacionales equivalentes determinadas de conformidad con el artículo 3, apartado 2.

Artículo 20

Carácter de utilidad pública

1.  Una asociación europea podrá obtener el reconocimiento de su carácter de utilidad pública si se cumplen las siguientes condiciones acumulativas:

a)  la finalidad y las actividades de la organización persiguen un objetivo de utilidad pública que contribuye al bienestar de la sociedad o de una parte de esta y, por lo tanto, contribuyen al bien público, salvo cuando esa finalidad y esas actividades se orienten sistemática y directamente a beneficiar las estructuras de un partido político específico. Los siguientes fines, entre otros, se considerarán orientados a un objetivo de utilidad pública:

i)  el arte, la cultura o la conservación histórica;

ii)  la protección del medio ambiente y el cambio climático;

iii)  la promoción y protección de los derechos fundamentales y de los valores de la Unión, incluidos la democracia, el Estado de Derecho y la eliminación de toda discriminación por razón de sexo, raza, etnia, religión, discapacidad, orientación sexual o cualquier otro motivo;

iv)  la justicia social, la inclusión social y la prevención o la mitigación de la pobreza;

v)  la asistencia y la ayuda humanitarias, también en caso de catástrofe;

vi)  la ayuda y la cooperación para el desarrollo;

vii)  la protección, la asistencia y el apoyo a los sectores vulnerables de la población, incluidos los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas que buscan o gozan de protección internacional y las personas sin hogar;

viii)  la protección de los animales;

ix)  la ciencia, la investigación y la innovación;

x)  la educación, la formación y la participación de la juventud;

xi)  la promoción y la protección de la salud y el bienestar, incluida la prestación de asistencia médica;

xii)  la protección de los consumidores; y

xiii)  el deporte aficionado y su promoción.

b)  todo superávit de cualquier actividad económica u otra actividad lucrativa generado por la organización se utiliza exclusivamente para promover los objetivos de utilidad pública de la organización;

c)  en caso de disolución de la organización, las salvaguardias estatutarias garantizan que todos los activos seguirán sirviendo a objetivos de utilidad pública; y

d)  los miembros de las estructuras de gobierno de la organización que no están empleados como personal de la organización no pueden optar a una remuneración distinta de unas dietas de gastos adecuadas.

2.  Las asociaciones europeas podrán solicitar al organismo nacional de asociaciones del Estado miembro en el que tengan su domicilio social el reconocimiento de su carácter de utilidad pública, de conformidad con los requisitos establecidos en el apartado 1.

3.  El organismo nacional de asociaciones adoptará una decisión sobre la solicitud del carácter de utilidad pública siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 10, apartados 8 y 9.

4.  Los Estados miembros tratarán a las asociaciones europeas a las que se conceda el carácter de utilidad pública del mismo modo que a las entidades jurídicas a las que, dentro de su ámbito competencial, se haya concedido un estatuto correspondiente .

Artículo 21

Principio del tratamiento nacional

Las asociaciones europeas estarán sujetas a las disposiciones de Derecho nacional aplicables a las entidades jurídicas determinadas con arreglo al artículo 3, apartado 2, en el Estado miembro en que tengan su domicilio social.

Artículo 22

Principio de trato no arbitrario

Las asociaciones europeas no podrán ser objeto de un trato diferenciado por parte de los Estados miembros basado únicamente en la conveniencia política de su finalidad, ámbito de actividad o fuentes de financiación.

Capítulo IV

Financiación e informes

Artículo 23

Captación de fondos y libre utilización de activos

1.  Las asociaciones europeas podrán solicitar, recibir, organizar o donar recursos, incluidos los financieros, en especie y materiales, y solicitar y recibir recursos humanos, desde cualquier fuente o a cualquier destino, ya sean organismos públicos, particulares u organismos privados, en cualquier Estado miembro y en terceros países.

2.  Las asociaciones europeas estarán sujetas a las disposiciones de Derecho de la Unión y nacional aplicable en materia de fiscalidad, aduanas, divisas, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como a las normas que regulan la financiación de las elecciones y los partidos políticos, aplicables a las entidades jurídicas determinadas con arreglo al artículo 3, apartado 2, en el Estado miembro en el que tengan su domicilio social.

3.  Las asociaciones europeas estarán sujetas a obligaciones de información y publicidad de conformidad con el Derecho nacional, también en lo que se refiere a la composición de su Consejo de Administración, las disposiciones de sus estatutos, su financiación y sus estados financieros, siempre que dichas obligaciones respondan al objetivo de interés general de garantizar que las asociaciones europeas operen de forma transparente y rindan cuentas, y siempre que dichas obligaciones sean necesarias y proporcionadas.

El cumplimiento de las obligaciones contempladas en el párrafo primero no dará lugar a que las asociaciones europeas estén sujetas a normas más estrictas que las aplicables a las entidades nacionales equivalentes determinadas con arreglo al artículo 3, apartado 2, y a entidades sin ánimo de lucro. Dichas obligaciones de información y publicidad no darán lugar a ninguna diferencia de trato o limitación de los derechos y obligaciones de la asociación europea, con independencia de la conveniencia de su finalidad o sus fuentes de financiación.

Artículo 24

Contabilidad y auditoría

1.  Las asociaciones europeas mantendrán un registro completo y preciso de todas las transacciones financieras.

2.  Las asociaciones europeas elaborarán al menos una vez al año:

a)  sus cuentas anuales;

b)  sus cuentas consolidadas, en su caso;

c)  un presupuesto estimado para el próximo ejercicio presupuestario; y

d)  un informe anual de actividad.

El Consejo de Administración remitirá el informe anual de actividad y sus estados financieros al organismo nacional de asociaciones con arreglo al artículo 14, apartados 7 y 8.

3.  El informe anual de actividad contendrá como mínimo:

a)  información sobre las actividades de la asociación europea en el año de referencia;

b)  información sobre las previsiones, si está disponible; y

c)  una descripción de cómo se contribuyó al fin de utilidad pública durante al año precedente, si le fue concedido a la asociación europea el carácter correspondiente.

4.  Las cuentas anuales de las asociaciones europeas y, en su caso, las cuentas consolidadas se auditarán de conformidad con las disposiciones aplicables a las entidades jurídicas determinadas con arreglo al artículo 3, apartado 2, en el Estado miembro en el que la asociación europea de que se trate tenga su domicilio social. La auditoría se llevará a cabo al menos una vez cada cuatro años y no más de una vez cada dos años.

5.  El informe resultante de la auditoría contemplada en el apartado 4 será publicado según lo previsto en el Derecho del Estado miembro en el que la asociación europea tenga su domicilio social.

6.  Las autoridades del Estado miembro no exigirán a las asociaciones europeas que proporcionen acceso a información sobre aquellos de sus miembros que sean personas físicas, a menos que sea necesario a efectos de una investigación penal pública relativa a infracciones penales punibles con una pena privativa de libertad de un máximo de al menos un año y tras una decisión de un órgano jurisdiccional independiente.

7.  El organismo nacional de asociaciones remitirá un resumen bianual con información relevante sobre todas las auditorías contempladas en el apartado 4 al Consejo de Asociaciones Europeas, que dispondrá la publicación del informe en el Diario Oficial de la Unión Europea, así como en su sitio web.

8.  Las normas contables y de auditoría aplicables a las asociaciones europeas no serán menos favorables que las aplicables a las empresas en virtud de la Directiva 2006/43/CE(10) o de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(11).

9.  El presente artículo será de aplicación sin perjuicio de las disposiciones nacionales correspondientes más favorables en el Estado miembro donde se ubique el domicilio social.

Capítulo V

Cooperación con los Estados miembros y responsabilidad

Artículo 25

Cooperación con los Estados miembros

1.  El organismo nacional de asociaciones del Estado miembro encargado del registro consultará en tiempo oportuno a los organismos nacionales de asociaciones de otros Estados miembros sobre cualquier cuestión importante relativa a la legalidad y responsabilidad de una determinada asociación europea e informará de ello al Consejo de Asociaciones Europeas.

2.  Salvo que en el presente Reglamento se disponga de otro modo, los organismos nacionales de asociaciones comunicarán, anualmente, un resumen de toda información pertinente sobre las decisiones en materia de asociaciones europeas en el territorio de su Estado miembro. Ese resumen contendrá una lista de asuntos en los que se hayan iniciado investigaciones penales contra asociaciones europeas, incluidos aquellos en los que se haya solicitado la publicidad de información sobre miembros con arreglo al artículo 24, apartado 6.

3.  Si el Consejo de Asociaciones Europeas considera que un organismo nacional de asociaciones no cumple el presente Reglamento, proporcionará a la Comisión toda la información relevante. La Comisión evaluará esa información y tomará las medidas oportunas.

4.  Las asociaciones europeas dispondrán de vías de recurso eficaces para impugnar las decisiones que les afecten adoptadas por el organismo nacional de asociaciones, incluida la posibilidad de obtener la revisión judicial de dichas decisiones.

Artículo 26

Responsabilidad de las asociaciones europeas y de los miembros de su Consejo de Administración

1.  La responsabilidad de las asociaciones europeas se regirá por las disposiciones aplicables a las entidades jurídicas determinadas con arreglo al artículo 3, apartado 2, en el Estado miembro en el que la asociación europea tenga su domicilio social.

2.  Los miembros del Consejo de Administración de una asociación europea serán responsables solidarios de los daños y perjuicios sufridos por la asociación europea como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones inherentes a sus funciones. No obstante, la responsabilidad no será solidaria por los daños y perjuicios sufridos por la asociación europea cuando se demuestre el incumplimiento de obligaciones específicas vinculadas únicamente a las funciones de dicho miembro.

3.  Los estatutos establecerán las condiciones para la incoación de procedimientos en nombre de la asociación europea contra los miembros del Consejo de Administración.

Capítulo VI

Disolución, insolvencia, liquidación

Artículo 27

Disolución voluntaria

1.  Una asociación europea podrá disolverse de forma voluntaria:

a)  por decisión del Consejo de Administración con arreglo a lo dispuesto en los estatutos de la asociación europea, con el acuerdo de la Asamblea General; o

b)  por decisión de la Asamblea General; esta decisión podrá ser anulada por la Asamblea General antes de la disolución o liquidación de la asociación europea surta efecto formalmente.

2.  La asociación europea comunicará al organismo nacional de asociaciones toda decisión de disolución voluntaria adoptada con arreglo al apartado 1 a más tardar quince días después de adoptar esa decisión.

3.  El organismo nacional de asociaciones borrará inmediatamente a la asociación europea del registro nacional pertinente e informará al Consejo de Asociaciones Europeas, así como la Oficina de Publicaciones de Unión Europea, acerca de la disolución de la asociación europea con arreglo al apartado 1, a más tardar quince días después de que tenga conocimiento de la disolución. Inmediatamente después de dicha notificación, el Consejo de Asociaciones Europeas publicará un anuncio de disolución de la asociación europea en el Diario Oficial de la Unión Europea y borrará a la asociación europea de la base de datos electrónica de la Unión, y la Oficina de Publicaciones publicará un anuncio de disolución de la asociación europea en el Diario Oficial de la Unión Europea.

4.  La disolución de la asociación europea surtirá efecto en toda la Unión a partir de la fecha de borrado de la asociación del registro nacional correspondiente.

Artículo 28

Disolución involuntaria

1.  Una asociación europea solo podrá disolverse mediante una decisión definitiva de un órgano jurisdiccional competente del Estado miembro en el que la asociación europea tenga o tuviera finalmente su domicilio social, si:

a)  el domicilio social de la asociación europea va a ser o ha sido trasladado fuera del territorio de la Unión;

b)  las condiciones para la constitución de la asociación europea establecidas en el presente Reglamento dejan de cumplirse; o

c)  las actividades de la asociación europea dejan de ser compatibles con los objetivos y valores de la Unión o suponen una amenaza grave para la seguridad pública.

2.  Cuando se adopte una decisión de disolución de conformidad con el apartado 1, letras a) o b), el Consejo de Asociaciones Europeas concederá a la asociación europea un plazo razonable para regularizar su situación antes de que la decisión surta efecto.

3.  Los solicitantes tendrán acceso a vías de recurso para impugnar una decisión de disolución ante los órganos jurisdiccionales competentes.

4.  El organismo nacional de asociaciones cancelará inmediatamente a la asociación europea del registro nacional pertinente e informará al Consejo de Asociaciones Europeas, así como la Oficina de Publicaciones de Unión Europea, acerca de la disolución involuntaria de la asociación europea, a más tardar quince días después de que la decisión sea firme. Inmediatamente después de dicha notificación, el Consejo de Asociaciones Europeas borrará a la asociación europea de la base de datos electrónica de la Unión y la Oficina de Publicaciones publicará un anuncio de disolución de la asociación europea en el Diario Oficial de la Unión Europea.

5.  La disolución de la asociación europea surtirá efecto en toda la Unión a partir de la fecha de cancelación de la asociación del registro nacional correspondiente.

Artículo 29

Liquidación e insolvencia

1.  La disolución de una asociación europea implica su liquidación. Esa liquidación se regirá por el Derecho aplicable a las entidades jurídicas determinadas con arreglo al artículo 3, apartado 2, en el Estado miembro en que la asociación europea tenga su domicilio social.

2.  Una asociación europea conservará su capacidad, en el sentido del artículo 13, hasta que concluya su liquidación.

Artículo 30

Revisión y evaluación

A más tardar el ... [cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento], la Comisión presentará al Consejo y al Parlamento Europeo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento, en su caso, junto con propuestas de modificación.

Capítulo VII

Artículo 31

Disposiciones finales

El presente Reglamento entrará en vigor el ... [día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea].

PARTE II

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

sobre unas normas mínimas comunes para las organizaciones sin ánimo de lucro en la Unión (Directiva sobre normas mínimas)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)  La libertad de asociación es un derecho fundamental, reconocido en el Tratado de la Unión Europea (TUE) y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y las constituciones de los Estados miembros, y es clave para el funcionamiento de la democracia, ya que constituye una condición esencial para el ejercicio de otros derechos fundamentales por parte de las personas, incluido el derecho a la libertad de expresión.

(2)  Las organizaciones sin ánimo de lucro disfrutan de la protección de determinados derechos, incluidos los derechos fundamentales, en nombre propio, basada en la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(3)  Las organizaciones sin ánimo de lucro contribuyen de manera decisiva a la consecución de objetivos de interés público y de los objetivos de la Unión, en particular promoviendo la participación activa en la vida económica, democrática y social de nuestras sociedades.

(4)  En la actualidad, las organizaciones sin ánimo de lucro, al perseguir sus objetivos, participan plenamente en nuestras economías y en el desarrollo del mercado interior, en particular comprometiéndose en diversas actividades de relevancia nacional y transnacional e interviniendo regularmente en actividades económicas.

(5)  Las organizaciones sin ánimo de lucro son, en especial, motores clave del desarrollo del sector terciario, que se calcula que representa alrededor del 13 % de la mano de obra en toda Europa, sobre la base de los resultados del proyecto 2014-2017 titulado «The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-economic Development» (La contribución del sector terciario al desarrollo socioeconómico de Europa), coordinado por el Instituto de Investigaciones Sociales (ISF) de Oslo(12).

(6)  Las organizaciones sin ánimo de lucro son agentes importantes en el desarrollo y la aplicación de las políticas de la Unión que apoyan el mercado interior, como demuestra su participación en diversos grupos de expertos, como el Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.

(7)  Diversos informes, también de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, señalan los numerosos obstáculos derivados de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales que regulan la constitución, la inscripción, las operaciones, la financiación y las actividades transfronterizas de las organizaciones sin ánimo de lucro, y que afectan a la capacidad de las personas físicas o jurídicas o de grupos de dichas personas, independientemente de su nacionalidad, de establecer, registrar u operar en su territorio una organización sin ánimo de lucro.

(8)  El Comité Económico y Social Europeo ha pedido a los Estados miembros que creen un entorno propicio para la filantropía que, en consonancia con las libertades y los derechos fundamentales de la Unión, fomente la acción filantrópica y ciudadana, las donaciones privadas para causas de utilidad pública y la creación de organizaciones filantrópicas(13). Reforzar la complementariedad entre el trabajo de las instituciones públicas y las organizaciones filantrópicas y garantizar que la legislación nacional y las políticas de la Unión faciliten la donación de recursos privados en favor del bien común mediante la libre circulación de capitales asociada al principio de no discriminación y al trato fiscal equitativo de las organizaciones filantrópicas europeas es, por tanto, importante a la hora de explotar el potencial de las donaciones transfronterizas y las inversiones en el bien común.

(9)  Pese al creciente número de asociaciones transfronterizas y organizaciones sin ánimo de lucro en la Unión, actualmente no existe un marco legislativo paneuropeo armonizado que les permita operar y organizarse adecuadamente con carácter transfronterizo.

(10)  Dada la importancia de las organizaciones sin ánimo de lucro, es fundamental que su constitución y sus operaciones se faciliten y protejan eficazmente en la legislación de los Estados miembros.

(11)  En la Recomendación CM/Rec(2007)14 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la condición jurídica de las organizaciones no gubernamentales en Europa, los Estados miembros ya han reconocido el papel de las organizaciones sin ánimo de lucro y, en particular, de las organizaciones no gubernamentales, como un elemento esencial de la contribución de la sociedad civil a la transparencia y la rendición de cuentas de la administración democrática, y establecido las normas mínimas que deben respetarse en relación con la creación, la gestión y las actividades generales de dichas organizaciones.

(12)  Las Directrices conjuntas sobre la libertad de asociación (CDL-AD(2014) 046), adoptadas por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE, proporcionan orientaciones a los legisladores sobre la trasposición de normas internacionales sobre derechos humanos en materia de libertad de asociación al Derecho nacional.

(13)  Es necesario a escala de la Unión basarse en las normas existentes para las organizaciones sin ánimo de lucro —en consonancia con la libertad de asociación y la libre circulación de capitales—, destinadas a garantizar un nivel uniforme de protección y unas condiciones de competencia equitativas para todas las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas en la Unión, con miras a asegurar un entorno propicio en el que estas organizaciones puedan contribuir sin obstáculos al funcionamiento del mercado interior.

(14)  La presente Directiva debe aproximar las legislaciones de los Estados miembros en lo que respecta a determinados aspectos de la constitución, la inscripción, las operaciones, la financiación, las obligaciones de información y las actividades transfronterizas de las organizaciones sin ánimo de lucro.

(15)  La presente Directiva no debe afectar a las normas de los Estados miembros en materia de fiscalidad de las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas, registradas o que operen en su territorio. Al trasponer sus disposiciones, los Estados miembros han de tener presente que no deben introducir ni aplicar disposiciones en el ámbito del Derecho fiscal que afecten al registro, las operaciones, la financiación y los movimientos transfronterizos de las organizaciones sin ánimo de lucro de manera que se eluda la letra o el espíritu de las normas establecidas en la presente Directiva.

(16)  La presente Directiva no debe afectar al Derecho penal de los Estados miembros. Al trasponer sus disposiciones, los Estados miembros han de tener presente que no deben introducir ni aplicar disposiciones de Derecho penal que regulen específicamente o afecten al registro, las operaciones, la financiación y los movimientos transfronterizos de organizaciones sin ánimo de lucro de manera que se eluda la letra o el espíritu de las normas establecidas en la presente Directiva.

(17)  La presente Directiva debe aplicarse a las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas en la Unión concebidas como asociaciones voluntarias de personas físicas o jurídicas, así como a las organizaciones no basadas en la afiliación y cuyos activos se destinen a la consecución de un objetivo específico, tales como las fundaciones, creadas por un período de tiempo indefinido, que persigan un objetivo principal que no sea la generación de beneficios, y que sean independientes y autónomas. El hecho de que a una organización no se le conceda personalidad jurídica no debe excluirla de la protección prevista en la presente Directiva.

(18)  A la hora de determinar el carácter sin ánimo de lucro de una organización con arreglo a la presente Directiva, no deben considerarse partes privadas los beneficiarios directos de organizaciones cuyo fin sea la prestación de servicios de atención a personas con necesidades sociales o problemas de salud específicos.

(19)  Los partidos políticos deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, en la medida en que sus actividades no solo estén relacionadas con la persecución de intereses, actividades o fines comunes, sino que tengan por objeto alcanzar y utilizar colectivamente el poder político.

(20)  Los sindicatos y las asociaciones de sindicatos deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Esta exclusión no debe ser utilizada por los Estados miembros para justificar una limitación de las prerrogativas sindicales ni los derechos reconocidos en el Derecho nacional, de la Unión o internacional o en los instrumentos de derechos humanos, en particular la Carta Social Europea del Consejo de Europa y los Convenios y Recomendaciones pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia en la materia.

(21)  La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros en lo que respecta al estatuto de las organizaciones religiosas, filosóficas y no confesionales a que se refiere el artículo 17 del TFUE. A este respecto, las organizaciones que tengan finalidades principalmente religiosas, filosóficas y no confesionales —como las iglesias y las comunidades religiosas o no religiosas— deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva. No obstante, ello no debe ser utilizado por los Estados miembros para excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva a otras organizaciones cuyos valores y objetivos se sustenten en una creencia religiosa, filosófica o no confesional, como las organizaciones caritativas sin ánimo de lucro basadas en la fe.

(22)  Debe haber una presunción de la existencia de un interés legítimo en tener acceso a un mecanismo de reclamación y a un recurso administrativo y judicial por parte de las personas que colaboran o colaboraron directamente con una organización sin ánimo de lucro, como sus fundadores, sus directores o su personal, pero también de toda persona que esté legitimada en relación con un procedimiento relacionado con las actividades de la organización sin ánimo de lucro. La presunción debe existir también para los beneficiarios de las actividades de la organización sin ánimo de lucro que, pudiendo no ser miembros, reciban o hayan recibido servicios o estén o estuvieran sujetos a decisiones de la organización que afectaron a su vida cotidiana, como pacientes o residentes de instalaciones o albergues, gestionados por organizaciones sin ánimo de lucro, o receptores de donaciones caritativas, como alimentos o ropa.

(23)  Las instituciones nacionales de derechos humanos son instituciones independientes establecidas por la ley y conforme a lo dispuesto en los Principios de París adoptados en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y tienen el mandato de proteger y promover los derechos humanos a escala nacional de conformidad con las normas y criterios internacionales en materia de derechos humanos.

(24)  La libertad de las organizaciones sin ánimo de lucro a la hora de determinar sus objetivos y actividades se deriva de las normas internacionales y regionales en materia de derechos humanos. Esto implica también la libertad de estas organizaciones para determinar el alcance de sus operaciones, ya sean locales, regionales, nacionales o internacionales, y para convertirse en miembros de otras organizaciones, federaciones y confederaciones de organizaciones.

(25)  La información sobre la identidad de los fundadores y los miembros de organizaciones sin ánimo de lucro que sean personas físicas puede constituir información de carácter sensible. Por consiguiente, los Estados miembros deben garantizar que cualquier requisito que conduzca al tratamiento de dichos datos personales se entienda sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo(14) (Reglamento general de protección de datos), y en particular en su artículo 9.

(26)  Toda persona debe tener libertad para decidir si se afilia o no a una organización sin ánimo de lucro y si permanece en ella, y las organizaciones deben tener libertad para determinar sus normas de afiliación, sujetas únicamente al principio de no discriminación. La afiliación a una organización sin ánimo de lucro no debe constituir un motivo para la aplicación de sanciones o medidas restrictivas, a menos que ello sea consecuencia de la aplicación del Derecho penal.

(27)  Las normas relativas a las organizaciones sin ánimo de lucro deben ser conformes con el principio de no discriminación. Esto incluye la obligación de los Estados miembros de garantizar que ninguna persona o grupo de personas que desee formar una asociación sea indebidamente favorecido o desfavorecido en relación con otra persona o grupo de personas.

(28)  La aplicación de las normas relativas a las organizaciones sin ánimo de lucro debe ser llevada a cabo por autoridades reguladoras que actúen de manera imparcial, independiente y oportuna en consonancia con el derecho a una buena administración. Las decisiones y los actos que afecten al ejercicio de sus derechos y obligaciones por parte de las organizaciones sin ánimo de lucro deben poder estar sujetos a una revisión independiente, incluso por parte de un órgano jurisdiccional.

(29)  Para garantizar un entorno propicio para las operaciones de las organizaciones sin ánimo de lucro en toda la Unión y aumentar la transparencia y la confianza en el sector, es necesario simplificar la burocracia y los requisitos normativos —respetando el carácter autónomo de estas organizaciones—, garantizar que dichos requisitos no sean excesivamente gravosos, racionalizar las normas sobre constitución, registro y baja del registro y modernizar los procedimientos y sistemas conexos. A tal efecto, deben establecerse en la presente Directiva obligaciones generales en lo que respecta a la simplificación de las normas administrativas, así como obligaciones específicas en relación con determinados aspectos del marco regulador.

(30)  Las organizaciones sin ánimo de lucro que contribuyen al beneficio público desempeñan un papel especialmente importante y, por lo tanto, deben recibir un trato favorable en todos los Estados miembros en condiciones uniformes.

(31)  En consonancia con el principio de necesidad y proporcionalidad de las restricciones al derecho de asociación, la prohibición y la disolución de organizaciones sin ánimo de lucro siempre deben ser medidas de último recurso y nunca deben ser consecuencia de infracciones leves que puedan rectificarse o remediarse.

(32)  Debe establecerse un conjunto de normas sobre igualdad de trato, transformaciones transfronterizas y fusiones en lo que se refiere a las organizaciones sin ánimo de lucro con el fin de facilitar la movilidad de las organizaciones sin ánimo de lucro en toda la Unión.

(33)  La libertad de asociación es un derecho fundamental y, si bien la legislación de los Estados miembros puede no reconocer asociaciones que no estén constituidas formalmente, ello no debe afectar al derecho de esas asociaciones a existir y operar en su territorio.

(34)  Las organizaciones sin ánimo de lucro tienen derecho a existir y operar en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales, incluso si su registro ha sido rechazado de forma arbitraria por las autoridades del Estado miembro de establecimiento.

(35)  Las organizaciones sin ánimo de lucro deben tener libertad para buscar, recibir y utilizar recursos financieros, materiales y humanos, ya sean nacionales, extranjeros o internacionales, para el ejercicio de sus actividades. Las organizaciones sin ánimo de lucro de toda la Unión han informado de que el acceso a los recursos, incluida la financiación pública, es cada vez más difícil y en un número cada vez mayor de Estados miembros preocupa la proporcionalidad de las estrictas normas que se adoptan en materia de acceso de las organizaciones sin ánimo de lucro a la financiación extranjera. Además, las organizaciones filantrópicas han informado acerca de dificultades a la hora de ofrecer donaciones o subvenciones en algunos casos. Por consiguiente, es necesario establecer principios y normas en materia de financiación de las organizaciones sin ánimo de lucro, también en lo que se refiere al acceso a los recursos privados y a la financiación pública y a su utilización, la realización de actividades económicas y la obligación de no restringir indebidamente la financiación transfronteriza en consonancia con las normas sobre la libre circulación de capitales establecidas en los Tratados.

(36)  El artículo 63 del TFUE y los artículos 7, 8 y 12 de la Carta protegen a las organizaciones sin ánimo de lucro frente a las restricciones discriminatorias, innecesarias o injustificadas para acceder a los recursos y a la libre circulación de capitales en la Unión. Esto también se aplica a la búsqueda, la obtención y el uso de recursos, tanto de origen nacional como internacional, que son fundamentales para la existencia y el funcionamiento de toda entidad jurídica. De conformidad con la sentencia del TJUE de 18 de junio de 2020 en el asunto C-78/18, Comisión/Hungría(15), solo se podrán imponer restricciones en interés del orden público o la seguridad pública, y deben ser proporcionadas respecto del objetivo de proteger dichos intereses y constituir los medios menos intrusivos de lograr el objetivo deseado. Esto afecta, inter alia, a las restricciones derivadas de las normas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que se aplican de conformidad con los principios de necesidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta especialmente las obligaciones de realizar evaluaciones del riesgo establecidas en el Derecho internacional y de la Unión. Por lo tanto, los Estados miembros no deben adoptar medidas abusivas, demasiado intrusivas o perturbadoras, incluidas exigencias de información que supongan una carga excesiva o costosa para las organizaciones. Con objeto de dar respuesta al interés público por la transparencia, sobre todo en lo que respecta a las organizaciones que influyen en la vida y el debate públicos, las organizaciones sin ánimo de lucro deben estar sujetas a obligaciones de información y divulgación pública en relación con sus representantes y los miembros de sus órganos de gobierno, las disposiciones de sus estatutos y su financiación. Estas obligaciones de información y publicidad no deben dar lugar a ninguna limitación de los derechos y obligaciones de las organizaciones sin ánimo de lucro.

(37)  La jurisprudencia del TJUE reconoce la aplicación del principio de libre circulación de capitales a objetivos de interés público y ha interpretado que las libertades fundamentales consagradas en el TUE y el TFUE exigen que el principio de no discriminación se aplique a los donantes y a las organizaciones de utilidad pública en la Unión, también en lo que respecta al trato fiscal que reciben las entidades de utilidad pública y sus donantes(16). Por tanto, el Derecho nacional que siga discriminando o aplicando procedimientos costosos y onerosos a organizaciones no nacionales entra en conflicto con el Derecho de la Unión.

(38)  Las organizaciones sin ánimo de lucro y sus miembros deben disfrutar plenamente del derecho a la intimidad y a la confidencialidad. Si bien la protección que proporcionan las normas nacionales y de la Unión sobre el tratamiento de datos personales se aplica ya a las organizaciones sin ánimo de lucro, deben fijarse garantías mínimas en especial en lo relativo a la confidencialidad de la afiliación a estas organizaciones y a la publicidad de información confidencial y de carácter sensible. Los Estados miembros deben prohibir cualquier forma de vigilancia de las organizaciones sin ánimo de lucro fuera del marco del Derecho penal.

(39)  Se debe consultar a las organizaciones sin ánimo de lucro, en tiempo oportuno y eficazmente, acerca de la introducción, revisión y aplicación de cualquier legislación, política y práctica que afecte a sus operaciones, también en lo que respecta a la trasposición y aplicación de las disposiciones de la presente Directiva. A tal efecto, debe establecerse un diálogo civil periódico y transparente a todos los niveles gubernamentales.

(40)  La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los derechos de los trabajadores, incluidos los derechos existentes en el contexto de insolvencias y relativos a los salarios. Se exige a los empleadores que cumplan sus obligaciones con independencia de la forma en que operen.

(41)  La presente Directiva establece normas mínimas y debe ser posible para los Estados miembros introducir o mantener disposiciones que sean más favorables para las organizaciones sin ánimo de lucro, siempre que dichas disposiciones no interfieran con las obligaciones derivadas de la presente Directiva. La transposición de la presente Directiva no debe, en ninguna circunstancia, proporcionar una justificación para disminuir el nivel de protección de que ya gozan las organizaciones sin ánimo de lucro en virtud del Derecho nacional en sus ámbitos de aplicación.

(42)  En virtud del artículo 26, apartado 2, del TFUE, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías y servicios está garantizada. Las organizaciones sin ánimo de lucro contribuyen cada vez más al desarrollo del mercado interior, por ejemplo, llevando a cabo actividades transfronterizas y transnacionales. Así pues, el artículo 114 del TFUE es la base jurídica apropiada para adoptar las disposiciones necesarias para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

(43)  La presente Directiva respeta, promueve y protege los derechos fundamentales y los principios que vinculan a la Unión y a sus Estados miembros en virtud del artículo 6 del TUE, tal como se reconoce en particular en la Carta. La presente Directiva tiene por objeto aplicar específicamente el artículo 12 de la Carta sobre el derecho a la libertad de asociación y el artículo 11 de la Carta sobre el derecho a la libertad de expresión y de información, leídos a la luz de las disposiciones correspondientes del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por consiguiente, es esencial que las disposiciones de la presente Directiva se ejecuten y apliquen de conformidad con la obligación de no restringir indebidamente y facilitar el ejercicio de los derechos a la libertad de asociación y de expresión e información, y de garantizar el pleno respeto de otros derechos fundamentales y principios incluidos, entre otros, el derecho a la protección de los datos personales, la libertad de empresa, el derecho a la no discriminación, el derecho a una buena administración, el derecho a la tutela judicial efectiva y los derechos de defensa.

(44)  Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, proporcionar normas mínimas para las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas en la Unión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y los efectos de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1

Finalidad

La finalidad de la presente Directiva es prever un conjunto común de medidas para las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas en la Unión a fin de crear un entorno propicio en el que estas organizaciones puedan contribuir al funcionamiento del mercado interior. Tiene por objetivo aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en lo que respecta a determinados aspectos de los objetivos y actividades, registro, operaciones, financiación, obligaciones de información y actividades transfronterizas de las organizaciones sin ánimo de lucro.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1.  La presente Directiva se aplicará a las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas en la Unión.

2.  En virtud de la presente Directiva, se entenderá por «organización sin ánimo de lucro» toda asociación voluntaria y permanente de personas físicas o jurídicas con un interés, actividad o finalidad comunes, así como toda organización no basada en la afiliación y cuyos activos se destinen a la consecución de un objetivo específico, tales como las fundaciones, que, independientemente de la forma en que la asociación u organización esté establecida:

a)  persiga un fin principal que no sea generar beneficios, lo que significa que, si se obtienen beneficios de las actividades de la organización, no pueden distribuirse como tales entre sus miembros, fundadores ni cualquier otra parte privada, sino que deben invertirse para la consecución de sus objetivos;

b)  sea independiente, en el sentido de que la organización no forma parte de un gobierno ni de una estructura administrativa y está libre de cualquier interferencia indebida del Estado o de intereses comerciales. Recibir financiación pública no impedirá que una organización se considere independiente, siempre y cuando la autonomía del funcionamiento y la capacidad de decisión de la organización no se vean afectadas;

c)  sea autónoma, en el sentido de que la organización tiene una estructura institucional que le permite ejercer plenamente sus funciones internas y externas de organización y adoptar decisiones fundamentales de manera autónoma y sin interferencias indebidas del Estado o de otros agentes externos.

3.  La presente Directiva se aplicará a las organizaciones sin ánimo de lucro que cumplen los criterios definidos en el apartado 2, independientemente de si se basan en un régimen de afiliación y de si están o no registradas o tienen o no personalidad jurídica en el marco de la legislación del Estado miembro en el que tengan su sede.

4.  Los partidos políticos están excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

5.  Los sindicatos y las asociaciones de sindicatos están excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

6.  Las organizaciones que tengan finalidades principalmente religiosas, filosóficas y no confesionales están excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva. No obstante, esta exclusión no se aplicará a otras organizaciones sin tales finalidades específicas cuyos valores y objetivos se sustenten en una creencia religiosa, filosófica o no confesional.

Artículo 3

Relación con otras disposiciones del Derecho de la Unión

1.  Los Estados miembros aplicarán las disposiciones de la presente Directiva de conformidad con las normas de los Tratados acerca de la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios y con los actos pertinentes de la Unión que regulan el ejercicio de tales derechos, entre ellos, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(17) relativa a los servicios en el mercado interior.

2.  La presente Directiva se entiende sin perjuicio del Derecho de la Unión y nacional relativo a la protección de datos personales, en particular del Reglamento (UE) 2016/679 y las disposiciones correspondientes del Derecho nacional.

Capítulo II

Obligaciones generales

Artículo 4

Normas mínimas

1.  Los Estados miembros velarán por que las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas en la Unión disfruten de las garantías mínimas previstas en la presente Directiva.

2.  Se aplicarán límites a las garantías mínimas previstas en la presente Directiva únicamente cuando sean necesarios y proporcionados para responder a objetivos de interés general reconocidos por el Derecho de la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de otros.

3.  La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de introducir o mantener disposiciones que sean más favorables para las organizaciones sin ánimo de lucro, siempre que dichas disposiciones no interfieran con las obligaciones derivadas de la presente Directiva.

Artículo 5

No discriminación

1.  Los Estados miembros velarán por que sus disposiciones legales y administrativas que regulan las organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas su constitución, registro, operaciones, financiación, trato financiero y fiscal o medidas de desgravación fiscal, así como las actividades transfronterizas, no discriminen en función del lugar de establecimiento de la organización sin ánimo de lucro.

2.  Los Estados miembros garantizarán que las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales que regulen las organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas su constitución, registro, operaciones, financiación y actividades transfronterizas, no discriminen a ningún grupo o persona por ningún motivo, por ejemplo, edad, origen, color, género, orientación sexual, identidad de género, estado de salud, estatus migratorio o de residencia, lengua, origen étnico o social, opinión política o de otro tipo, discapacidad física o mental, patrimonio, raza, religión o creencias, o cualquier otra condición.

Artículo 6

Simplificación de las normas administrativas

1.  Los Estados miembros simplificarán, en la medida de lo posible, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales que regulen la constitución, registro, operaciones, financiación, obligaciones de información y actividades transfronterizas de las organizaciones sin ánimo de lucro, al objeto de asegurar que la libertad de asociación esté protegida a todos los niveles y eliminar cualquier obstáculo o discriminación injustificada que afecte a la capacidad de las personas físicas o jurídicas o de los grupos de dichas personas, independientemente de su nacionalidad, para establecer, registrar u operar en su territorio una organización sin ánimo de lucro, también, por ejemplo, permitiendo el acceso a los servicios bancarios y financieros y garantizando canales seguros y protegidos para las donaciones transfronterizas y las asignaciones de activos tanto dentro como fuera de la Unión.

2.  Los Estados miembros velarán por que las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas, registradas u operativas en su territorio tengan acceso a sistemas de identificación electrónica a efectos de seguir procedimientos administrativos, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(18) (Reglamento eIDAS).

Artículo 7

Derecho a una buena administración

1.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales que regulen la constitución, registro, operaciones, financiación, obligaciones de información y actividades transfronterizas de organizaciones sin ánimo de lucro establecidas, registradas o que operen en su territorio sea llevada a cabo por una autoridad reguladora designada cuyas competencias y funciones estén claramente definidas por ley y se ejerzan de conformidad con el derecho a una buena administración, también en lo que respecta al derecho a que se traten sus asuntos imparcial y equitativamente y en un plazo razonable.

2.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las organizaciones sin ánimo de lucro que infrinjan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales que regulen la constitución, registro, operaciones, financiación, obligaciones de información y actividades transfronterizas de organizaciones sin ánimo de lucro reciban una notificación adecuada sobre la presunta infracción y tengan numerosas oportunidades de corregir las infracciones de carácter administrativo.

3.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las normas y prácticas en materia de control y supervisión de las organizaciones sin ánimo de lucro se regulen en Derecho y sean proporcionadas a los objetivos legítimos que persiguen. Ello incluirá garantizar que tales normas y prácticas no sean, por regla general, más exigentes que las aplicables a las empresas privadas y que su aplicación no interfiera con la gestión interna de las organizaciones sin ánimo de lucro y no tenga como resultado una carga administrativa o financiera indebida para las organizaciones en cuestión.

4.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el control y el registro de las organizaciones sin ánimo de lucro los lleve a cabo una autoridad de supervisión designada cuyas competencias y funciones estén claramente definidas en Derecho y se ejerzan con independencia de conformidad con el derecho a una buena administración, también en lo que respecta a los motivos de posibles inspecciones y auditorías, los procedimientos, la duración y el alcance de las inspecciones y auditorías, y las competencias de los funcionarios de inspección y auditoría.

5.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el público disponga de información completa y fácilmente accesible y comprensible sobre la aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales que regulen la constitución, registro, operaciones, financiación, obligaciones de información y actividades transfronterizas de las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas, registradas o que operen en su territorio, así como las competencias, procedimientos y funcionamiento de las autoridades de regulación y supervisión competentes.

Artículo 8

Derecho a la tutela judicial efectiva

1.  Los Estados miembros velarán por que todas las personas con un interés legítimo relativo a la constitución, registro, operaciones, financiación, obligaciones de información y actividades transfronterizas de las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas, registradas o que operen en el territorio de un Estado miembro tengan acceso a mecanismos de reclamación eficaces ante una autoridad independiente competente como el defensor del pueblo o la institución nacional de derechos humanos a fin de buscar ayuda para hacer valer sus derechos, y a una tutela administrativa y judicial efectiva a fin de solicitar la revisión de aquellos actos o decisiones que afecten al ejercicio de sus derechos y obligaciones. Entre esas personas se encontrarán las organizaciones sin ánimo de lucro, sus fundadores, sus directores, su personal y los beneficiarios de las actividades de las organizaciones sin ánimo de lucro.

2.  Los Estados miembros velarán por que cualquier recurso o impugnación de la decisión de prohibir o disolver una organización sin ánimo de lucro, suspender sus actividades o inmovilizar sus activos tenga por efecto, como norma general, suspender tal decisión, a menos que ese efecto suspensivo tenga como resultado impedir la ejecución de disposiciones de Derecho penal.

3.  Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que las organizaciones sin ánimo de lucro con personalidad jurídica tengan capacidad procesal ante los órganos jurisdiccionales nacionales, que incluya, cuando proceda, la prestación de testimonio por terceros en procedimientos judiciales.

4.  Los Estados miembros garantizarán que las organizaciones sin ánimo de lucro que no dispongan de personalidad jurídica puedan estar representadas por personas designadas ante las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales competentes a efectos de acceder a los recursos a que se refiere el presente artículo.

Capítulo III

Marco regulador

Artículo 9

Objetivos y actividades

1.  Los Estados miembros velarán por que la libertad de las organizaciones sin ánimo de lucro que operen en su territorio para determinar sus objetivos y llevar a cabo las actividades necesarias para la consecución de esos objetivos solo pueda limitarse por motivos excepcionales de seguridad pública. Los Estados miembros eliminarán cualquier obstáculo que afecte a la capacidad de las organizaciones sin ánimo de lucro de perseguir dichos objetivos y llevar a cabo dichas actividades.

2.  Los Estados miembros garantizarán que las organizaciones sin ánimo de lucro en su territorio sean libres de determinar el alcance de sus operaciones, ya sea local, regional, nacional o internacional.

3.  Los Estados miembros velarán por que todas las formalidades que rigen la constitución y las operaciones de las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas en su territorio, con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, no constituyan una carga administrativa y económica indebida. Ello incluirá, en el caso de las organizaciones que no se basen en un régimen de afiliación, la posibilidad de constituirlas legalmente mediante donación o legado.

4.  Los Estados miembros velarán por que las organizaciones sin ánimo de lucro en su territorio puedan convertirse en miembros de otra organización sin ánimo de lucro, de una federación o confederación establecida o registrada en su territorio o en el territorio de otro Estado miembro, y garantizarán que tal afiliación no dé lugar a ninguna desventaja para la organización de que se trate.

Artículo 10

Afiliación

1.  Los Estados miembros garantizarán que toda persona física o jurídica pueda solicitar afiliarse —cuando sea posible a la luz de su forma jurídica— a una organización sin ánimo de lucro establecida, registrada o que opere en su territorio de conformidad con los estatutos y constituciones de tal organización, y ejercer libremente sus derechos como miembro siempre que se cumplan los estatutos y los límites reglamentarios de la organización.

2.  Los Estados miembros garantizarán que no se apliquen sanciones ni medidas restrictivas como consecuencia de la afiliación a una organización sin ánimo de lucro establecida, registrada o que opere en su territorio de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales, excepto si tales consecuencias son resultado de la aplicación de disposiciones de Derecho penal.

3.  Los Estados miembros garantizarán que las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas, registradas o que operen en su territorio sean libres de decidir sobre su composición. Ello puede incluir determinar requisitos especiales para los miembros, que deberán basarse en criterios razonables y objetivos.

Artículo 11

Estatutos

1.  Los Estados miembros velarán por que las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas, registradas o que operen en su territorio sean libres de adoptar sus propios estatutos, normas constitutivas y reglas, incluidas normas que determinen su estructura de gestión interna y el nombramiento de sus consejos y representantes.

2.  Los Estados miembros garantizarán que las normas legales, reglamentarias y administrativas nacionales sobre los estatutos de las organizaciones sin ánimo de lucro no exijan que estas organizaciones incluyan en sus estatutos más información que:

a)  el nombre de la organización y su dirección (domicilio social);

b)  los objetivos y las actividades de la organización;

c)  las normas de gobierno de la organización, las competencias de sus órganos de gobierno y, en su caso, la designación de las personas facultadas para actuar en su nombre;

d)  los derechos y las obligaciones de los miembros de la organización;

e)  la fecha de aprobación de los estatutos y el nombre y la dirección del domicilio social de los miembros fundadores, si son personas jurídicas;

f)  el procedimiento aplicable para modificar los estatutos; y

g)  los procedimientos aplicables para disolver la organización o fusionarla con otra organización sin ánimo de lucro.

3.  Se exigirá a las organizaciones sin ánimo de lucro que publiquen, por medio de sus estatutos o mediante informes anuales, información adicional sobre sus operaciones, su funcionamiento, los miembros de sus órganos de gobierno, sus representantes y su financiación, en la medida en que ello cumpla el objetivo de interés general, con respecto a los objetivos y las actividades de la organización.

Artículo 12

Personalidad jurídica

1.  Los Estados miembros velarán por que una organización sin ánimo de lucro en su territorio sea libre de decidir si adquiere personalidad jurídica, no obstante el hecho de que el Estado miembro pueda estipular qué formas de organización tienen personalidad jurídica.

2.  Cuando una organización sin ánimo de lucro haya adquirido personalidad jurídica, los Estados miembros garantizarán que la personalidad jurídica de la organización pueda distinguirse claramente de la de sus miembros, fundadores u otras personas jurídicas vinculadas a dicha organización.

3.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el registro, cuando sea necesario, o la conclusión del acto de constitución sean suficientes para que las organizaciones sin ánimo de lucro adquieran personalidad jurídica.

4.  Los Estados miembros velarán por que una autorización previa nunca sea una condición previa para la adquisición de personalidad jurídica por una organización sin ánimo de lucro ni para el ejercicio de la capacidad jurídica correspondiente.

5.  Los Estados miembros garantizarán que no se considere que los grupos de personas físicas o jurídicas que cooperen y no hayan buscado adquirir personalidad jurídica constituyen una organización sin ánimo de lucro con personalidad jurídica con el único fin de someterlas a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales y así regular o influir en sus operaciones, financiación y actividades transfronterizas, a menos que existan motivos para sostener que la organización sin ánimo de lucro es una organización delictiva con arreglo al Derecho nacional.

Artículo 13

Registro

1.  Los Estados miembros velarán por que el registro formal no sea una condición previa ni un obstáculo para la constitución ni para las operaciones de organizaciones sin ánimo de lucro establecidas o que operen en su territorio.

2.  Los Estados miembros velarán por que los procedimientos de registro de las organizaciones sin ánimo de lucro en su territorio sean accesibles, fáciles de seguir y transparentes.

3.  Los Estados miembros velarán por que todas las formalidades aplicables al registro de organizaciones sin ánimo de lucro establecidas en su territorio con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales no constituyan una carga administrativa indebida. Esto incluirá prever un mecanismo de silencio administrativo positivo aplicable en un plazo de treinta días a partir de la solicitud de registro y abstenerse de introducir requisitos de nuevo registro y renovación.

4.  Los Estados miembros velarán por que las tasas aplicables al registro de organizaciones sin ánimo de lucro no excedan sus costes administrativos y que, en ningún caso, constituyan una carga financiera indebida, con arreglo al principio de proporcionalidad.

5.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de asegurar que las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas en su territorio puedan registrarse por medios electrónicos, garantizando al mismo tiempo que el registro sea también posible por medios no electrónicos.

6.  Los Estados miembros velarán por que la comparecencia en persona ante un órgano jurisdiccional u otra autoridad nacional competente a fines de registro de una organización sin ánimo de lucro solo sea obligatoria cuando sea necesario para determinar la identidad de un solicitante.

7.  Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes que residan o tengan su domicilio social en otro Estado miembro y que estén obligados a comparecer ante un órgano jurisdiccional u otra autoridad nacional competente a fines de registro de una organización sin ánimo de lucro puedan hacerlo ante el órgano jurisdiccional u otra autoridad competentes en el Estado miembro en el que residan y que dicha comparecencia se considere suficiente a efectos de inscripción en el Estado miembro encargado del registro.

8.  Los Estados miembros mantendrán una base de datos de organizaciones sin ánimo de lucro registradas accesible al público que incluya información estadística sobre el número de solicitudes aceptadas y denegadas, teniendo debidamente en cuenta los principios de protección de datos y el derecho a la intimidad.

Artículo 14

Carácter de utilidad pública

1.  Los Estados miembros velarán por que una organización sin ánimo de lucro establecida o registrada en un Estado miembro de la Unión pueda solicitar que se reconozca su contribución a la utilidad pública y por que se le pueda conceder el estatuto correspondiente con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales, únicamente sobre la base de sus objetivos, estructura y actividades, declarados o reales, relacionados con el territorio del Estado miembro que conceda el estatuto.

2.  Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales necesarias que permitan reconocer que las organizaciones sin ánimo de lucro contribuyen a la utilidad pública y concederles el estatuto correspondiente si se cumplen las siguientes condiciones acumulativas:

a)  la finalidad y las actividades reales de la organización persiguen un objetivo de utilidad pública que contribuye al bienestar de la sociedad o de una parte de esta y, por lo tanto, contribuyen al bien público, salvo cuando esta acción se oriente sistemática y directamente a beneficiar las estructuras de un partido político específico. Los siguientes fines, entre otros, se considerarán orientados a la utilidad pública:

i)  el arte, la cultura o la conservación histórica;

ii)  la protección del medio ambiente y el cambio climático;

iii)  la promoción y protección de los derechos fundamentales y de los valores de la Unión, incluidos la democracia, el Estado de Derecho y la eliminación de toda discriminación por razón de sexo, raza, etnia, religión, discapacidad, orientación sexual o cualquier otro motivo;

iv)  la justicia social, la inclusión social y la prevención o la mitigación de la pobreza;

v)  la asistencia y la ayuda humanitarias, también en caso de catástrofe;

vi)  la ayuda y la cooperación para el desarrollo;

vii)  la protección, la asistencia y el apoyo a los sectores vulnerables de la población, incluidos los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas que buscan o gozan de protección internacional y las personas sin hogar;

viii)  la protección de los animales;

ix)  la ciencia, la investigación y la innovación;

x)  la educación, la formación y la participación de la juventud;

xi)  la promoción y la protección de la salud y el bienestar, incluida la prestación de asistencia médica;

xii)  la protección de los consumidores;

xiii)  el deporte aficionado y su promoción.

b)  el superávit de cualquier actividad económica u otra actividad lucrativa generado por la organización sin ánimo de lucro se utiliza exclusivamente para promover los objetivos de utilidad pública de la organización;

c)  en caso de disolución de las organizaciones sin ánimo de lucro, las salvaguardias estatutarias garantizan que todos sus activos van a seguir sirviendo a objetivos de utilidad pública;

d)  los miembros de las estructuras de gobierno de la organización que no sean trabajadores de la organización no pueden optar a una remuneración distinta de unas dietas de gastos adecuadas.

3.  Los Estados miembros garantizarán que las organizaciones sin ánimo de lucro que se haya reconocido que contribuyen a la utilidad pública y hayan recibido el estatuto correspondiente con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales solo vean revocado dicho estatuto si la autoridad reguladora competente aporta pruebas suficientes de que la organización ya no cumple las condiciones establecidas en el apartado 2.

Artículo 15

Terminación, prohibición y disolución

1.  Los Estados miembros velarán por que la existencia de una organización sin ánimo de lucro solo pueda ser terminada por decisión de sus miembros o por decisión de un órgano jurisdiccional.

2.  Los Estados miembros garantizarán que la terminación, prohibición o disolución involuntarias de una organización sin ánimo de lucro solo pueda ser consecuencia de infracciones del Derecho nacional que no puedan rectificarse ni remediarse.

3.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la terminación, prohibición y disolución involuntarias de una organización sin ánimo de lucro solo puedan ser consecuencia de una quiebra, inactividad prolongada o una falta grave contraria a la seguridad pública, tal como reconoce el Derecho de la Unión.

4.  Los Estados miembros garantizarán que las faltas individuales de fundadores, directores, personal o miembros de una organización sin ánimo de lucro, cuando no actúen en nombre de la organización, no comporten, como norma general, la terminación, prohibición y disolución involuntarias de la organización.

5.  La protección prevista en el presente artículo se aplicará también a la suspensión de las actividades de una organización sin ánimo de lucro cuando dicha suspensión pueda dar lugar a una congelación de las operaciones de la organización que sea equivalente a su disolución.

Capítulo IV

Igualdad de trato y movilidad

Artículo 16

Igualdad de trato

1.  Los Estados miembros garantizarán que las organizaciones sin ánimo de lucro que operen en su territorio y que hayan sido establecidas o registradas en otro Estado miembro reciban el mismo trato que las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas o registradas en su territorio, también en lo que se refiere al acceso a servicios, por ejemplo servicios bancarios, la concesión de autorizaciones y, cuando proceda, el trato financiero y fiscal sujeto a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales, así como el acceso a la financiación para actividades que se realicen en el territorio del Estado miembro o que beneficien el bien público en dicho Estado.

2.  A efectos del apartado 1, los Estados miembros no exigirán a las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas o registradas en otro Estado miembro pero que operen en su territorio otras pruebas que no sean la prueba de establecimiento o registro como organización sin ánimo de lucro en otro Estado miembro.

Artículo 17

Principio de trato no arbitrario

Los Estados miembros velarán por que las normas nacionales por las que se rigen las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas, registradas o que operen en su territorio no den lugar a una discriminación injustificada basada únicamente en la conveniencia política de la finalidad de una organización, su ámbito de actividades o sus fuentes de financiación.

Artículo 18

Movilidad transfronteriza y continuidad

1.  Los Estados miembros eliminarán todos los obstáculos que afecten al ejercicio por parte de las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas o registradas en otro Estado miembro de su derecho a la libertad de establecimiento, libre circulación de los servicios y libre circulación de capitales en su territorio. Esto se entenderá sin perjuicio de la prerrogativa de los Estados miembros de exigir, al objeto de conceder a la organización sin ánimo de lucro un estatuto formal, que la organización haya adquirido personalidad jurídica o esté incluida en un registro nacional, conforme al Derecho del Estado miembro donde esté establecida o pretenda operar.

2.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que una organización sin ánimo de lucro registrada en otro Estado miembro tenga el derecho a:

a)  trasladar su domicilio social a su territorio sin necesidad de fundar o constituir una nueva persona jurídica;

b)  tener acceso a un procedimiento de registro simplificado que reconozca la información y documentación ya facilitada por la organización sin ánimo de lucro al Estado miembro en el que estaba registrada anteriormente.

Artículo 19

Transformaciones y fusiones transfronterizas

1.  Los Estados miembros garantizarán que una organización sin ánimo de lucro establecida o registrada en su territorio pueda transformarse en otra organización sin ánimo de lucro establecida o registrada en otro Estado miembro, o fusionarse con esta, sin que dicha fusión o transformación comporte la terminación, prohibición o disolución involuntarias ni la suspensión de las actividades de la organización.

2.  Los Estados miembros velarán por que, en caso de transformación o fusión a que se refiere el apartado 1, la organización sin ánimo de lucro que las lleva a cabo sea libre de establecer su sede o sus operaciones en el Estado miembro de destino.

3.  Los Estados miembros establecerán la forma jurídica que debe adoptar la organización resultado de la transformación o fusión, basándose en el principio de equivalencia.

4.  Los Estados miembros velarán por que, si la organización sin ánimo de lucro que resulte de una transformación o fusión contemplada en el apartado 1 no cumpliera las condiciones y requisitos establecidos en las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales del Estado miembro de acogida, la organización sin ánimo de lucro disponga de un plazo razonable para adoptar las medidas necesarias a fin de regularizar su posición.

5.  Los Estados miembros velarán por que ni las transformaciones ni las fusiones transfronterizas menoscaben los derechos de los trabajadores o de los sindicatos o las condiciones laborales. Asegurarán asimismo que, de conformidad con los convenios colectivos aplicables y con el Derecho de la Unión y nacional, las obligaciones de los empleadores relativas a los trabajadores y acreedores sigan cumpliéndose, y de que se informe y consulte debidamente a los trabajadores, los voluntarios, los sindicatos y los representantes de los trabajadores. Se respetarán y mantendrán, cuando proceda, los convenios colectivos y los derechos de representación de los trabajadores en los consejos de administración.

Capítulo V

Financiación

Artículo 20

Captación de fondos y libre utilización de activos

1.  Los Estados miembros eliminarán cualquier obstáculo que afecte a la capacidad de las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas, registradas o que operen en su territorio para solicitar, recibir, organizar o donar recursos, incluidos los financieros, en especie y materiales, o solicitar y recibir recursos humanos, desde cualquier fuente o a cualquier destino, ya sean organismos públicos, particulares u organismos privados, también nacionales, extranjeros o internacionales.

2.  Los Estados miembros garantizarán que las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales no den lugar a una diferencia de trato entre las organizaciones sin ánimo de lucro en función de sus fuentes de financiación o el destino de esta.

3.  Los Estados miembros garantizarán que las organizaciones sin ánimo de lucro tengan derecho a poseer y disponer libremente de bienes y activos siempre que se cumpla la normativa nacional aplicable a entidades similares en su territorio.

4.  Los Estados miembros minimizarán las cargas administrativas en lo que respecta a la asignación transfronteriza de activos y permitirán a las organizaciones sin ánimo de lucro generar beneficios para su reinversión en proyectos caritativos.

Artículo 21

Financiación pública

1.  Los Estados miembros velarán por que la financiación pública se ponga a disposición y se asigne a organizaciones sin ánimo de lucro mediante procedimientos claros, transparentes y no discriminatorios.

2.  El apartado 1 se aplicará también a la financiación de la Unión desembolsada por los Estados miembros en régimen de gestión compartida, con arreglo a las disposiciones del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo(19).

Artículo 22

Financiación transfronteriza

1.  De conformidad con las normas de la Unión en materia de libre circulación de capitales, los Estados miembros velarán por que las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas, registradas o que operen en su territorio no sufran desventajas como consecuencia de solicitar o recibir fondos de personas físicas o jurídicas que residan o estén establecidas en la Unión o en el EEE, pero estén fuera de su territorio.

2.  De conformidad con las normas de la Unión en materia de libre circulación de capitales, los Estados miembros velarán por que las personas físicas o jurídicas no sufran desventajas como consecuencia de destinar fondos a organizaciones sin ánimo de lucro establecidas, registradas o que operen fuera de su territorio.

Artículo 23

Actividades económicas

Los Estados miembros garantizarán que las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas, registradas o que operen en su territorio sean libres de emprender cualquier actividad económica, empresarial o comercial legítima siempre que dichas actividades apoyen directa o indirectamente sus objetivos sin ánimo de lucro, respetando los requisitos de concesión de licencias o reglamentarios aplicables a las actividades de que se trate con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales.

Artículo 24

Informes y transparencia de la financiación

1.  Los Estados miembros garantizarán que las obligaciones de información y transparencia aplicables a las organizaciones sin ánimo de lucro con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales no sean innecesariamente gravosas y resulten proporcionadas al tamaño de la organización y al ámbito de sus actividades, teniendo en cuenta el valor de sus activos e ingresos.

2.  A efectos del apartado 1, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las obligaciones de información y transparencia aplicables a las organizaciones sin ánimo de lucro con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluidas aquellas en aplicación de obligaciones internacionales y de la Unión, se fundamenten en una evaluación específica y actualizada basada en el riesgo del sector y de las organizaciones en cuestión, y que no tengan como resultado requisitos desproporcionados ni una limitación indebida del acceso de las organizaciones sin ánimo de lucro a los servicios financieros.

3.  Conforme al artículo 11, apartado 3, las organizaciones sin ánimo de lucro informarán anualmente sobre sus cuentas y publicarán esos informes. Esos informes incluirán información sobre la financiación recibida durante el año natural anterior e información sobre el origen y el valor de los fondos, los créditos, los préstamos bancarios y las donaciones o toda recepción no compensada de efectivo o propiedades.

4.  Los Estados miembros velarán por que las obligaciones de información y transparencia aplicables a las organizaciones sin ánimo de lucro con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales no den lugar a una diferencia de trato de esas organizaciones o a cualquier limitación de sus derechos u obligaciones, sobre la base de las fuentes de financiación de la organización, sus objetivos o sus actividades.

Capítulo VI

Confidencialidad

Artículo 25

Confidencialidad de la afiliación

1.  Cuando una organización sin ánimo de lucro se base en un régimen de afiliación, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la información relativa a los miembros pueda permanecer confidencial.

2.  Los Estados miembros velarán por que solo una autoridad competente pueda acceder a información sobre la afiliación a una organización sin ánimo de lucro que sean personas físicas cuando dicha información sea necesaria efectos de una investigación penal pública relativa a infracciones penales punibles con una pena privativa de libertad de un máximo de al menos un año y tras una decisión de un órgano jurisdiccional independiente.

Artículo 26

Información confidencial y de carácter sensible

1.  Los Estados miembros garantizarán que las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales no tengan por efecto exigir a las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas, registradas o que operen en su territorio que hagan pública información confidencial y de carácter sensible como datos personales relativos al personal, los voluntarios, los miembros los fundadores o los donantes.

2.  Los Estados miembros velarán por que las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas, registradas o que operen en su territorio tengan acceso a vías de recurso efectivas para impedir o ser resarcido por la obtención, utilización o divulgación ilícitas de su información confidencial o de carácter sensible.

3.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la protección contra la obtención, utilización o divulgación ilícitas de información confidencial o de carácter sensible de organizaciones sin ánimo de lucro de conformidad con el presente artículo se aplique en relación con las inspecciones, auditorías y cualesquiera otras actividades de supervisión llevadas a cabo por las autoridades competentes.

Artículo 27

Vigilancia

Los Estados miembros velarán por que las organizaciones sin ánimo de lucro no estén sometidas a una vigilancia injustificada y desproporcionada, en especial de sus operaciones o comunicaciones, ni las de los fundadores, miembros de estructuras de gobierno, otros miembros, personal, voluntarios, donantes ni otras partes privadas relacionadas con ella, a menos que esté justificado por razones de seguridad pública.

Capítulo VII

Disposiciones finales

Artículo 28

Trato más favorable y cláusula de no regresión

1.  Los Estados miembros podrán introducir o mantener disposiciones que permitan a las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas, registradas o que operen en su territorio un trato más favorable que el prescrito en la presente Directiva.

2.  La aplicación de la presente Directiva no constituirá una justificación válida para la disminución del nivel de protección de que ya gozan en virtud del Derecho nacional, de la Unión o internacional también en lo relativo a los derechos fundamentales, en los ámbitos que regula la presente Directiva.

Artículo 29

Transposición

1.  A más tardar el ... [un año después de la entrada en vigor de la presente Directiva] los Estados miembros adoptarán y publicarán a las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

2.  Los Estados miembros consultarán de manera oportuna, transparente y eficaz a las organizaciones sin ánimo de lucro ya establecidas, registradas o que operen en su territorio acerca de la transposición y aplicación de las disposiciones de la presente Directiva.

Artículo 30

Informes, evaluación y revisión

1.  Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión toda la información pertinente relativa a la ejecución y aplicación de la presente Directiva. Sobre la base de la información facilitada, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la ejecución y aplicación de la presente Directiva a más tardar tres años después de la fecha de transposición.

2.  La Comisión, teniendo en cuenta su informe presentado con arreglo al apartado 1, presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que evalúe el impacto de la normativa nacional por la que se transponga la presente Directiva a más tardar tres años después de la fecha de transposición. El informe examinará la forma en que ha funcionado la presente Directiva y sopesará la necesidad de introducir medidas adicionales, en particular, en su caso, modificaciones con vistas a una mayor armonización del Derecho nacional aplicable a las organizaciones sin ánimo de lucro.

3.  La Comisión hará que los informes a que se refieren los apartados 1 y 2 sean públicos y fácilmente accesibles.

Artículo 31

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2020, Comisión/Hungría, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.
(2) Reglamento (CE) n.º 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (DO L 294 de 10.11.2001, p. 1).
(3) Reglamento (CE) n.º 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE) (DO L 207 de 18.8.2003, p. 1).
(4) Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (DO L 317 de 4.11.2014, p. 1).
(5) Reglamento (CE) n.º 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT) (DO L 210 de 31.7.2006, p. 19).
(6) Reglamento (CEE) n.º 2137/85 del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativo a la constitución de una agrupación europea de interés económico (AEIE) (DO L 199 de 31.7.1985, p. 1).
(7) Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO L 53 de 22.2.2007, p. 1).
(8) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
(9) Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).
(10) Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87).
(11) Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
(12) https://cordis.europa.eu/project/id/613034/reporting.
(13) Dictamen del Comité Económico y Social Europeo: Filantropía europea: un potencial sin explotar, SOC/611.
(14) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
(15) Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2020, Comisión/Hungría, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.
(16) Stauffer: C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer / Finanzamt München für Körperschaften, 2006, Recopilación de la Jurisprudencia I-08203; Hein Persche: C-318/07, Hein Persche / Finanzamt Lüdenscheid, 2009, Recopilación de la Jurisprudencia I-00359; y Missionswerk: C-25/10, Missionswerk Werner Heukelbach eV / Estado belga, 2011, 2 C.M.L.R. 35.
(17) Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36).
(18) Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
(19) Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (DO L 231 de 30.6.2021, p. 159).

Última actualización: 4 de mayo de 2022Aviso jurídico - Política de privacidad