El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Filipinas, en particular las de 15 de septiembre de 2016(1), 16 de marzo de 2017(2), 19 de abril de 2018(3) y 17 de septiembre de 2020(4),

–  Vistas las Directrices de la UE sobre derechos humanos,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Visto el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Filipinas, firmado por el Gobierno de Filipinas y las Naciones Unidas el 22 de julio de 2021,

–  Visto el comunicado de prensa conjunto UE-Filipinas, de 5 de febrero de 2021, a raíz de la primera reunión del Subcomité de Buena Gobernanza, Derechos Humanos y Estado de Derecho,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI),

–  Vista la Ley de la República de Filipinas n.º 11479, de 3 de julio de 2020, también conocida como Ley antiterrorista,

–  Vista la declaración sobre Filipinas de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el 48.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, de 7 de octubre de 2021,

–  Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Filipinas y la Unión mantienen relaciones diplomáticas, económicas, culturales y políticas desde hace ya tiempo; que, con la ratificación del Acuerdo de Colaboración y Cooperación, la Unión Europea y Filipinas han reafirmado su compromiso común con los principios de buena gobernanza, democracia, Estado de Derecho, derechos humanos y promoción del desarrollo social y económico, así como con la paz y la seguridad en la región;

B.  Considerando que, desde la elección del presidente Rodrigo Duterte en mayo de 2016 y el inicio de la «guerra contra las drogas», se ha producido un número espantoso de ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los derechos humanos en Filipinas;

C.  Considerando que, en junio de 2020, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de que los asesinatos relacionados con la campaña gubernamental contra las drogas eran generalizados y sistemáticos; que, según organizaciones de la sociedad civil, entre 12 000 y 30 000 personas han resultado muertas durante redadas policiales por asuntos de drogas, mientras que las autoridades atribuyen 6 200 muertes a la actuación policial durante las redadas; que el presidente Duterte ha animado expresamente a la policía a cometer ejecuciones extrajudiciales y le ha prometido inmunidad, y que los agentes de policía implicados en tales prácticas han sido ascendidos; que el presidente Duterte ha prometido continuar su campaña contra las drogas hasta el final de su actual mandato presidencial en junio de 2022;

D.  Considerando que al menos 146 defensores de los derechos humanos y al menos 22 periodistas han sido asesinados desde junio de 2016 y que, hasta la fecha, no ha habido condenas en ninguno de estos casos;

E.  Considerando que los ataques al ejercicio del derecho a la libertad de asociación han sido sistemáticos; que, entre junio de 2019 y agosto de 2021, 16 sindicalistas fueron detenidos y encarcelados, y 12 obligados a darse de baja; que se han cometido 50 ejecuciones extrajudiciales de sindicalistas durante el mandato del presidente Duterte; que el contexto de miedo creado ha minado gravemente la capacidad de los trabajadores para ejercer sus derechos protegidos por el Convenio n.º 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que el Gobierno ha utilizado la pandemia como pretexto para justificar su inacción y ha aplazado una misión tripartita de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al país;

F.  Considerando que la vinculación de organizaciones y personas con grupos comunistas por parte de las autoridades, conocida como «etiquetado rojo», sigue dando lugar a asesinatos, amenazas, detenciones sin orden judicial y acoso contra defensores de los derechos humanos, opositores, activistas sindicales, defensores del medio ambiente y periodistas que tratan de denunciar públicamente ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los derechos humanos; que la Ley antiterrorista, adoptada en 2020, ha institucionalizado el «etiquetado rojo»;

G.  Considerando que, el 9 de diciembre de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la legalidad de la mayor parte de la Ley antiterrorista promulgada por el Gobierno del presidente Duterte, que otorga a las fuerzas de seguridad el poder de detener y privar de libertad a sospechosos durante un máximo de 24 días sin orden judicial y sin presentar cargos;

H.  Considerando que la pandemia de COVID-19 ha acelerado aún más el deterioro de la situación de los derechos humanos en Filipinas, en particular en lo que respecta a la libertad de expresión, la integridad de los medios de comunicación y la predecibilidad de la aplicación de las leyes, y ha tenido graves repercusiones en la capacidad de los medios de comunicación y de la sociedad civil para documentar tales transgresiones; que las comunidades más vulnerables de las zonas urbanas se han visto gravemente afectadas por la policía y por el recurso a la violencia por parte del ejército para imponer la cuarentena;

I.  Considerando que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, subrayó en su último informe sobre Filipinas, de 7 de octubre de 2021, que se están produciendo constantemente violaciones y abusos graves de los derechos humanos en todo el país y que se están soslayando las normas básicas en materia de derechos humanos;

J.  Considerando que, en octubre de 2020, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puso de relieve la importancia de que el Gobierno de Filipinas garantice la rendición de cuentas por los abusos y violaciones de los derechos humanos, lleve a cabo investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes sobre estos y enjuicie a todos los autores de delitos graves;

K.  Considerando que, el 15 de septiembre de 2021, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI anunció que había autorizado a la Fiscalía a abrir una investigación sobre los crímenes contra la humanidad, en particular los asesinatos cometidos en el contexto de la «guerra contra las drogas» bajo el Gobierno del presidente Duterte, así como a los presuntamente perpetrados en la ciudad de Davao por el llamado Escuadrón de la Muerte de Davao de 2011 a 2016;

L.  Considerando que, en marzo de 2018, Filipinas se retiró de la CPI por iniciativa del presidente Duterte después de que la CPI iniciara su «examen preliminar» de la denuncia presentada contra el Sr. Duterte en relación con el alto número de muertes violentas en el marco de la campaña contra las drogas;

M.  Considerando que, a la vista de las próximas elecciones de mayo de 2022, hay noticias de que están aumentando las campañas de difamación, odio y desinformación y crecen los «ejércitos de troles» en el ciberespacio filipino; que las redes sociales son la principal fuente de información en Filipinas; que los ataques afectan en particular a mujeres y grupos minoritarios; que recientemente se han suprimido más de 300 cuentas de las redes sociales por infringir las normas sobre el correo electrónico no deseado y la manipulación; que el Parlamento filipino, en un intento de luchar contra los abusos en línea, ha aprobado una ley que exige a los usuarios de las redes sociales que registren sus identidades legales al crear nuevas cuentas; que existen motivos de preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno pueda aprovecharse indebidamente de esta ley para atacar a periodistas y a la sociedad civil; que las autoridades filipinas no han invitado a la Unión a llevar a cabo una misión de observación electoral;

N.  Considerando que, el 2 de marzo de 2021, la Cámara de Representantes filipina aprobó en tercera lectura el proyecto de ley n.º 7814, que, según el comisario de Derechos Humanos de Filipinas, establece la presunción de culpabilidad para las personas acusadas de traficar con drogas ilegales, financiar el tráfico, protegerlo o encubrirlo o de estar implicado en él, además de intentos de reintroducir la pena de muerte;

O.  Considerando que la aprobación del proyecto de ley de protección de los defensores de los derechos humanos, aprobado por la Cámara de Representantes, sigue pendiente en el Senado;

P.  Considerando que, según el perfil de género de 2021 elaborado por la Delegación de la Unión en Filipinas sobre el país, las normas patriarcales en la política, la cultura y la sociedad están también codificadas y reforzadas en la legislación y la política filipinas, gracias al perpetuo dominio masculino de los órganos legislativos y decisorios; que leyes vigentes, como el Código Penal revisado y el Código de la Familia, siguen incluyendo disposiciones que discriminan a las mujeres;

Q.  Considerando que la Premio Nobel de la Paz Maria Ressa, periodista y cofundadora del sitio web de noticias Rappler, fue detenida en 2019 por ciberdifamación y condenada el 15 de junio de 2020; que en 2021 los periodistas Orlando Dinoy y Reynante Cortes fueron asesinados por pistoleros no identificados;

R.  Considerando que la senadora Leila de Lima sigue encarcelada después de cinco años sin juicio bajo acusaciones falsas; que la senadora De Lima fue detenida por motivos discriminatorios, ya que se la perseguía por sus opiniones políticas y por su condición de defensora de los derechos humanos y de mujer, y que durante estos años de prisión preventiva ha estado privada de sus derechos electorales y de la posibilidad de asistir a distancia a reuniones del Senado; que la senadora De Lima, que ha anunciado su intención de volver a presentarse al Senado, no tendrá los mismos derechos y oportunidades que otros candidatos para llevar a cabo su campaña electoral;

S.  Considerando que Filipinas es un país beneficiario del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG+); que esto significa que Filipinas debe aplicar efectivamente 27 convenios internacionales sobre derechos humanos, derechos laborales, protección del medio ambiente y buena gobernanza; que, en 2020, el 26 % del total de las exportaciones filipinas a la Unión (casi 1 600 000 000 EUR) recibió un trato preferencial en el marco de este sistema;

1.  Condena enérgicamente los miles de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de los derechos humanos en relación con la «guerra contra las drogas»; pide una respuesta firme de la Unión;

2.  Reitera su llamamiento al Gobierno de Filipinas para que ponga fin de inmediato a toda violencia y a las violaciones de los derechos humanos contra presuntos delincuentes relacionados con las drogas, como las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otros abusos, y que disuelva los grupos paramilitares privados y apoyados por el Estado implicados en la «guerra contra las drogas»;

3.  Condena cualquier forma de amenaza, acoso, intimidación y violencia contra quienes tratan de denunciar públicamente ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los derechos humanos en el país; denuncia la práctica de los funcionarios gubernamentales del «etiquetado rojo» contra activistas, periodistas y críticos, lo que los expone a posibles daños y, en este sentido, pide la abolición del Grupo de Trabajo Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ELCAC, por sus siglas en inglés), que lleva a cabo el «etiquetado rojo»;

4.  Pide a las autoridades que pongan fin al «etiquetado rojo» de organizaciones y personas, incluidos defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, periodistas, activistas sindicales y trabajadores eclesiásticos y humanitarios; pide al Gobierno que libere a todos los defensores de los derechos humanos, disidentes políticos y periodistas que hayan sido detenidos injustamente, y que retire inmediatamente todos los cargos contra ellos por motivos políticos;

5.  Pide a las autoridades que respeten el derecho a la libertad de expresión y que garanticen que los periodistas pueden desempeñar su trabajo sin temores; pide que se ponga fin a la persecución contra Maria Ressa, Frenchie Mae Cumpio y todos los demás periodistas independientes;

6.  Reitera su llamamiento a las autoridades filipinas para que pongan fin al acoso político contra la senadora Leila de Lima, que ordenen su liberación inmediata e incondicional, y que sometan a un juicio justo a los responsables de su detención arbitraria y otras violaciones de los derechos humanos cometidas contra ella, por ejemplo, los ataques de género y las violaciones de sus garantías procesales; pide a la Unión que siga supervisando de cerca el proceso contra la senadora De Lima;

7.  Condena enérgicamente las declaraciones denigratorias, sexistas y misóginas del presidente Duterte sobre las mujeres y las personas que se identifican como pertenecientes al colectivo LGBTIQ+, y le insta a que se abstenga de incitar a la violencia contra ellas;

8.  Pide a las autoridades filipinas que lleven a cabo de inmediato investigaciones imparciales, transparentes, independientes y significativas de todas las ejecuciones extrajudiciales, incluidos los casos de Jory Porquia, Randall «Randy» Echanis y Zara Alvarez, así como sobre la desaparición forzada y la muerte de Elena Tijamo y otras presuntas violaciones del Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, con miras a enjuiciar a los autores; pide a las autoridades de Filipinas que garanticen la investigación y el enjuiciamiento de todos los altos cargos de la policía y de los políticos cuando existan sospechas razonables de que hayan dirigido u ordenado delitos contra el Derecho internacional y otras violaciones y abusos graves de los derechos humanos, o bien tengan la responsabilidad superior de los mismos;

9.  Pide a las autoridades filipinas que consulten inmediatamente a los sindicatos sobre una hoja de ruta sujeta a plazos al fin de aplicar las conclusiones del informe de intercambio virtual de la OIT sobre Filipinas, y que acepten una misión tripartita de alto nivel de la OIT en el país antes de la Conferencia de la OIT de 2022 a fin de supervisar la aplicación de las conclusiones de la OIT de 2019;

10.  Hace hincapié en que los responsables de violaciones del Derecho nacional e internacional en materia de derechos humanos deben rendir cuentas, independientemente de su rango o cargo, en juicios justos ante tribunales civiles;

11.  Reitera su oposición a la pena de muerte y recuerda que la legislación penal debe basarse siempre en la presunción de inocencia;

12.  Pide a Filipinas que modifique o derogue la legislación que sigue discriminando a las mujeres, y que promueva y proteja los derechos de las mujeres;

13.  Subraya que la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI dio curso favorable a la solicitud del fiscal de iniciar una investigación sobre los delitos que entran dentro de la jurisdicción de la Corte cometidos presuntamente en el territorio de Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, durante la campaña de «guerra contra las drogas»;

14.  Lamenta profundamente la decisión del Gobierno de Filipinas de retirarse del Estatuto de Roma; pide al Gobierno de Filipinas que revoque su decisión; anima a la CPI a seguir investigando las denuncias de crímenes contra la humanidad en el contexto de los asesinatos durante la «guerra contra las drogas»; pide al Gobierno de Filipinas que coopere plenamente con la Fiscalía de la Corte en su investigación sobre la situación en el país y que mejore urgentemente los instrumentos nacionales que garantizan la seguridad de testigos y mediadores, y su financiación;

15.  Pide al Gobierno que modifique la Ley antiterrorista y sus normas y reglamentos de ejecución a fin de adecuarlos a las normas internacionales en materia de lucha contra el terrorismo;

16.  Considera que, sin una divulgación pública y transparente de todas las conclusiones y sin la participación activa de organizaciones independientes de derechos humanos y de la sociedad civil, se mina la capacidad de supervisar la situación de los derechos humanos en el país por parte del programa conjunto de las Naciones Unidas para la promoción y la protección de los derechos humanos en Filipinas, y puede no conducir a las soluciones necesarias;

17.  Insta a Filipinas a que aplique plenamente la Ley sobre los derechos de los pueblos indígenas y cumpla sus obligaciones en virtud del Derecho internacional de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, también durante conflictos armados; expresa su consternación ante la práctica por grupos paramilitares de la trata, el reclutamiento militar y la implicación de niños en los conflictos del país, e insta a todas las partes implicadas a que pongan fin a tales prácticas;

18.  Teme que, durante el próximo período de elecciones y la campaña electoral, se sigan violando y restringiendo los derechos políticos en línea y fuera de línea; pide a todos los candidatos que se abstengan de recurrir a campañas de desinformación y ejércitos de troles, y que se comprometan a realizar una campaña justa y basada en hechos, lo que evitará ulteriores divisiones en la sociedad y la política filipinas; pide a las autoridades filipinas que cooperen estrechamente con las empresas de medios sociales a fin de evitar la manipulación, el correo electrónico no deseado y otros intentos de degradar el discurso público;

19.  Pide a las autoridades filipinas que redoblen sus esfuerzos por garantizar unas elecciones justas y libres y un entorno no tóxico para las campañas en línea y fuera de línea; lamenta, en este contexto, que las autoridades filipinas no hayan invitado a la Unión a efectuar una misión de observación electoral; pide al Gobierno de Filipinas que garantice una campaña electoral segura, libre y justa, y que adopte medidas para garantizar el acceso de todos a los recursos electorales; pide a la Delegación de la Unión y a las representaciones de los Estados miembros que respalden el envío de una misión electoral internacional y den pleno apoyo a los observadores electorales locales independientes, que se reúnan periódicamente con ellos y que sigan de cerca cualquier incidente denunciado durante la campaña electoral, también planteando estas preocupaciones directamente a las autoridades filipinas;

20.  Lamenta el deterioro de la situación de los derechos humanos en Filipinas bajo el mandato del presidente Duterte y espera que unas elecciones libres y justas conduzcan a un nuevo Gobierno democrático que defienda los derechos humanos, investigue y enjuicie las violaciones de los derechos humanos del pasado y vuelva a adherirse al Estatuto de Roma;

21.  Pide a la Comisión que fije criterios de referencia claros, públicos y sujetos a plazos para que Filipinas cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos en el marco del SPG+, y reitera firmemente su llamamiento a la Comisión para que inicie de inmediato el procedimiento que podría conducir a la retirada temporal de las preferencias del SPG+ si no se registran mejoras sustanciales y una voluntad de cooperación por parte de las autoridades filipinas;

22.  Reitera su llamamiento al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para que siga de cerca la situación en Filipinas, y que informe periódicamente al Parlamento Europeo;

23.  Pide a los Estados miembros que se abstengan de exportar armas, tecnología de vigilancia y otros equipos que las autoridades filipinas puedan utilizar para la represión interna;

24.  Pide a la Delegación de la Unión y a las representaciones de los Estados miembros en el país que den prioridad al apoyo a la sociedad civil y que utilicen todos los instrumentos disponibles para intensificar su apoyo a la labor de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente;

25.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al presidente, al Gobierno y al Congreso de Filipinas, a los Gobiernos de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al secretario general de las Naciones Unidas y al secretario general de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN).

(1) DO C 204 de 13.6.2018, p. 123. (2) DO C 263 de 25.7.2018, p. 113. (3) DO C 390 de 18.11.2019, p. 104. (4) DO C 385 de 22.9.2021, p. 133.