El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones, y en particular las de 19 de diciembre de 2019, sobre las violaciones de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, en Burkina Faso(1), y de 16 de septiembre de 2020, sobre la cooperación UE-África en materia de seguridad en el Sahel, África Occidental y el Cuerno de África(2),

–  Vista la declaración del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en nombre de la Unión Europea, de 26 de enero de 2022, sobre los últimos acontecimientos en Burkina Faso,

–  Vista la declaración del portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, de 24 de enero de 2022, sobre Burkina Faso,

–  Vista la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 9 de febrero de 2022, sobre la situación en Burkina Faso,

–  Visto el comunicado final de la Cumbre extraordinaria de la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), de 28 de enero de 2022, sobre la situación política en Burkina Faso,

–  Visto el protocolo de la CEDEAO sobre la democracia y la buena gobernanza,

–  Visto el comunicado final adoptado por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana en su 1 062.ª reunión, de 31 de enero de 2022, sobre la situación en Burkina Faso,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 9 de marzo de 2020, titulada «Hacia una estrategia global con África» (JOIN(2020)0004),

–  Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria del Grupo de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y la Unión Europea, de 11 de marzo de 2021, sobre la democracia y el respeto de las constituciones en los Estados miembros de la UE y en los países ACP,

–  Vista la declaración conjunta de los miembros del Consejo Europeo y los países miembros del Grupo de los Cinco del Sahel (G5 del Sahel), de 28 de abril de 2020,

–  Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), en particular el ODS 16 sobre la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vista la Constitución burkinesa,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Vista la Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979,

–  Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, el 24 de enero de 2022, el ejército de Burkina Faso, liderado por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, y el autoproclamado «Movimiento Patriótico para la Salvaguardia y la Restauración» (MPSR) derribaron al Gobierno elegido democráticamente encabezado por el presidente Roch Marc Christian Kaboré; que el Tribunal Constitucional de Burkina Faso proclamó posteriormente al teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba como nuevo jefe de Estado de facto;

B.  Considerando que, poco antes del golpe de Estado, el presidente Kaboré había sido elegido para un segundo mandato en las elecciones democráticas celebradas en 2020; que fue obligado a anunciar su marcha y a dimitir como presidente; que desde que se produjo el golpe de Estado ha permanecido detenido por las fuerzas armadas y mantiene un contacto limitado con el exterior; que el partido del presidente Kaboré, el Movimiento Popular por el Progreso (MPP), aseguró el 26 de enero de 2022 que Kaboré se encontraba en una residencia presidencial bajo arresto domiciliario y que tenía un médico a su disposición;

C.  Considerando que, al asumir el poder, la junta militar anunció la suspensión de la Constitución y la disolución del Gobierno y de la Asamblea Nacional; que la Constitución fue reinstaurada el 31 de enero de 2022; que el teniente coronel Damiba anunció en una declaración televisada que Burkina Faso respetaría sus compromisos internacionales;

D.  Considerando que la sociedad civil de Burkina Faso recibió la toma de poder por parte de los militares con gran cautela y relativa indulgencia;

E.  Considerando que la Unión Africana, la CEDEAO y el Consejo Permanente de la Francofonía suspendieron a Burkina Faso tras el golpe militar; que la CEDEAO y las Naciones Unidas enviaron una delegación interministerial pidiendo una transición breve y la liberación del presidente Kaboré; que, el 3 de febrero de 2022, la CEDEAO decidió no imponer nuevas sanciones a Burkina Faso, pero pidió a las nuevas autoridades del país que presentaran un calendario razonable para el retorno al orden constitucional;

F.  Considerando que el 8 de febrero de 2022 se creó un comité técnico con miembros no militares para esbozar los parámetros de la transición; que el comité dispone de dos semanas para proponer un proyecto de ruta para la transición; que el trabajo del comité técnico debe girar en torno al restablecimiento de la integridad territorial, la consolidación de la paz mediante el retorno gradual de los desplazados internos, la buena gobernanza y el retorno al orden constitucional;

G.  Considerando que el MPSR afirmó que el golpe de Estado respondía al deterioro de la situación de la seguridad en el país; que el Gobierno de Burkina Faso inició un proceso de reforma del sector de la seguridad en 2017 con la creación de un consejo nacional de defensa y seguridad, con el objetivo de modernizar el sector de la seguridad y luchar contra la corrupción en dicho sector; que el descontento y las críticas de la población civil, la oposición y el Ejército han ido en aumento por la incapacidad del presidente Kaboré de hacer frente a la corrupción y aplicar soluciones eficaces a los enormes retos en materia de seguridad, sociales y económicos del país causados por la escalada de ataques violentos por parte de grupos terroristas;

H.  Considerando que la situación de la seguridad en el Sahel es consecuencia directa de la desestabilización de la región y de la proliferación de armas tras la intervención en Libia en 2011;

I.  Considerando que, entre 2016 y 2021, el presupuesto nacional para defensa y seguridad aumentó de 240 000 000 EUR a 650 000 000 EUR, lo que representa un aumento de más del 170 %; que este gasto no logró mejorar las condiciones de vida ni la capacidad operativa de los soldados, en parte debido al descontrol en la gestión financiera;

J.  Considerando que, en los últimos seis años, miles de personas han perdido la vida en ataques de yihadistas e insurgentes; que en dos años se han cerrado más de mil escuelas y muchas personas han huido de sus hogares para escapar de la violencia; que, en junio de 2021, 174 personas murieron en las localidades de Solhan y Tadaryat en el ataque más mortífero desde 2015; que, el 4 de noviembre de 2021, un ataque yihadista contra la guarnición de la gendarmería de Inata, en el norte de Burkina Faso, causó la muerte de 53 de sus 120 soldados, que estaban esperando suministros y apoyo logísticos, incluidas raciones de comida; que Human Rights Watch informó de ejecuciones sumarias de cientos de sospechosos por parte de las fuerzas de seguridad y las milicias progubernamentales, y que prácticamente ninguno de estos ataques ha sido investigado ni nadie ha sido llevado a juicio;

K.  Considerando que la creciente inseguridad provocó protestas masivas en las calles en noviembre de 2021; que el Gobierno cerró internet, lo que acentuó el descontento de la población y suscitó críticas entre las organizaciones de derechos humanos y los movimientos de ciudadanos en el país;

L.  Considerando que el 22 de enero de 2022, en el transcurso de unas protestas ciudadanas por el deterioro de la seguridad en el país, estallaron manifestaciones violentas en Uagadugu y Bobo Dioulasso, las dos mayores ciudades de Burkina Faso; que la toma de poder de los militares se produjo dos días después de que la policía antidisturbios se enfrentara a manifestantes antigubernamentales en la capital, Uagadugu;

M.  Considerando que la escalada de la violencia ha provocado que Burkina Faso se convierta en escenario de una de las crisis de protección y desplazamiento de más rápido crecimiento del mundo, con al menos 1,6 millones de desplazados; que más de 19 000 burkineses han huido a Costa de Marfil, Mali, Níger y Benín; que el número de desplazados internos aumentó hasta superar el millón y medio el año pasado, lo que supone un incremento del 50 %; que la región del Sahel experimenta un éxodo rural sin precedentes, ya que las personas desplazadas por la fuerza se están trasladando a zonas urbanas en las que se enfrentan a nuevos riesgos; que, entre los desplazados internos, las amenazas para las mujeres y los jóvenes son especialmente graves, entre ellas, la explotación sexual y laboral, la violencia de género, el reclutamiento forzoso y la trata de seres humanos; que las mujeres burkinesas, que tienen la mitad de oportunidades de acceder a la educación que los hombres, son las más afectadas por la pobreza extrema en el país;

N.  Considerando que la emergencia climática está teniendo un efecto visible y profundamente perjudicial en la región del Sahel, provocando sequías, la pérdida de cosechas, desplazamientos, conflictos por la tierra y los recursos, inseguridad alimentaria y pobreza; que la falta de acceso a la educación, a oportunidades de empleo y a fuentes de ingresos está favoreciendo el reclutamiento por parte de organizaciones extremistas y movimientos yihadistas, lo que alimenta la inestabilidad regional;

O.  Considerando que el reciente golpe de Estado y el deterioro de la situación en Mali, en particular, han repercutido en la situación de Burkina Faso; que el reciente golpe de Estado también es el cuarto que se produce en África Occidental en menos de dos años; que el creciente número de golpes de Estado refleja una grave crisis en los sistemas políticos de África Occidental;

P.  Considerando que el G5 del Sahel, esfuerzo colaborativo en el ámbito de la defensa de Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger, apoyado, en especial, por la Unión Europea y la Unión Africana, coordina la actuación en materia de desarrollo y seguridad regionales con el fin de luchar contra el terrorismo y aportar estabilidad a la región, pero no ha conseguido convencer a la población local de su eficacia;

Q.  Considerando que un grupo de contratistas militares rusos ha escrito a los cabecillas del golpe de Estado de Burkina Faso ofreciéndoles sus servicios para adiestrar al ejército del país en la lucha contra los yihadistas;

1.  Condena, manifestando su preocupación, el golpe de Estado perpetrado por las fuerzas armadas contra el Gobierno elegido democráticamente de Burkina Faso; subraya la necesidad imperiosa de reinstaurar con urgencia el orden constitucional, incluido el retorno inmediato a un Gobierno civil;

2.  Pide que se ponga en libertad de forma inmediata e incondicional al presidente Kaboré y a todos los demás cargos públicos;

3.  Acoge con satisfacción el anuncio de la creación de un comité técnico que defina las próximas etapas del proceso de transición; toma nota de las declaraciones públicas del teniente coronel Damiba, en las que se comprometió a la reanudación de la vida constitucional normal en el plazo más breve posible y a seguir respetando los compromisos internacionales; pide a los dirigentes militares que cumplan los compromisos internacionales de Burkina Faso, incluido el pleno respeto de los derechos humanos y la lucha contra las organizaciones terroristas, colaborando estrechamente con la comunidad internacional;

4.  Reitera su apoyo a la CEDEAO y a la Unión Africana en sus esfuerzos por mediar en esta crisis; pide a la comunidad internacional, incluidos el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión, que sigan dialogando con las autoridades burkinesas para lograr una transición rápida y democrática a un Gobierno dirigido por civiles; pide a las autoridades de Burkina Faso y al comité técnico que establezcan plazos y procesos claros para celebrar elecciones inclusivas y transparentes lo antes posible;

5.  Subraya que se requiere un diálogo nacional genuino y franco en el que participen todos los sectores de la sociedad civil, a fin de definir una clara visión de futuro para la democracia burkinesa;

6.  Insta a todas las partes de Burkina Faso a que defiendan la libertad de prensa a fin de garantizar que las organizaciones de medios de comunicación nacionales e internacionales puedan llevar a cabo libremente su labor, incluidas la documentación de la situación de los desplazados internos y las operaciones de las fuerzas de seguridad;

7.  Alienta a la Coordinación Nacional para el Éxito de la Transición (CNTR, por sus siglas en francés) a que controle la actuación de las autoridades y exija que velen por la protección de los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de sus funciones, en particular denunciando las violaciones de los derechos humanos, la violencia policial y el uso excesivo de la fuerza; pide a la Unión y a sus Estados miembros que aumenten su protección y apoyo a los defensores de los derechos humanos en Burkina Faso y, cuando proceda, que faciliten la expedición de visados de emergencia y les ofrezcan amparo temporal en los Estados miembros de la Unión;

8.  Recuerda que no abordar la impunidad por las atrocidades pasadas de los servicios de seguridad y las milicias constituye un obstáculo a los esfuerzos de paz en Burkina Faso; pide a las autoridades de Burkina Faso que protejan los derechos de los sospechosos detenidos en operaciones de lucha contra el terrorismo y que se aseguren de que los autores de violaciones de los derechos humanos respondan de sus actos; pone de relieve que un Gobierno autoproclamado que carece de mandato democrático va en detrimento de los esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho y la rendición de cuentas;

9.  Reitera que la protección y la seguridad de los civiles es uno de los cometidos fundamentales de cualquier Gobierno y subraya que deben adoptarse nuevas medidas en Burkina Faso para mejorar la protección de los civiles;

10.  Insta a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros a que sigan dando prioridad al apoyo a la reforma judicial y del sector de la seguridad en Burkina Faso, a fin de garantizar que se proporcionan recursos y asistencia técnica suficientes para la reforma integral del sector de la seguridad, la cooperación transparente y constructiva entre un Gobierno civil y el Ejército y la intensificación de la lucha contra la corrupción;

11.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que incrementen el apoyo financiero y la ayuda humanitaria al objeto de satisfacer las necesidades urgentes de la población de Burkina Faso, en particular de los desplazados y de los refugiados en los países vecinos;

12.  Pide a las autoridades de Burkina Faso que revisen la cláusula de inmunidad del estatuto de las Fuerzas Especiales, una nueva unidad militar creada en mayo de 2021, que establece que los miembros de las Fuerzas Especiales no pueden ser llevados ante los tribunales por los actos que cometan durante sus operaciones, lo que vulnera los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación;

13.  Pide a los Estados miembros de la Unión que cumplan sus obligaciones internacionales de aplicar un sistema exhaustivo de control y seguimiento de sus exportaciones de armas a países que no pertenecen a la Unión, tal como se dispone en el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), a fin de evitar que se usen indebidamente y favorezcan la comisión de violaciones de los derechos humanos;

14.  Muestra su preocupación por el estado general de la democracia en la región y pide a todos los actores, tanto nacionales como internacionales, que reflexionen sobre las lecciones que deben extraerse de los distintos golpes de Estado y sobre la forma de apoyar y fomentar mejor los procesos democráticos en la región;

15.  Sigue estando firmemente convencido de que la intervención del Grupo Wagner en África Occidental es contraria al objetivo de lograr la paz, la seguridad y la estabilidad en Burkina Faso y proteger a su población; pide que en la próxima Cumbre Unión Europea-África se debata a fondo sobre las actividades del Grupo Wagner y de otras empresas militares privadas en África;

16.  Subraya que el terrorismo y la inestabilidad que sufre todo el Sahel desafían y debilitan la consolidación democrática y el Estado de Derecho; recuerda que la lucha contra las causas subyacentes del extremismo y los esfuerzos militares para restablecer el control gubernamental en toda la región son esenciales para reforzar la legitimidad popular de los Gobiernos elegidos democráticamente;

17.  Manifiesta su especial preocupación por los efectos que las amenazas para la seguridad tienen en la eficacia de la ayuda humanitaria y la cooperación para el desarrollo; insta a los Estados miembros y a la comunidad internacional a que refuercen su ayuda humanitaria a Burkina Faso, en particular mediante el suministro de alimentos, agua y servicios médicos; pide a las autoridades que apoyen y faciliten la labor de las organizaciones humanitarias en Burkina Faso con el fin de garantizar un acceso sin trabas de la ayuda humanitaria y permitirles atender las necesidades de los desplazados;

18.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a las autoridades de la República de Burkina Faso, a la Secretaría del G5 del Sahel, a los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano, a la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental y a la Unión Africana y sus instituciones.

(1) DO C 255 de 29.6.2021, p. 45. (2) DO C 385 de 22.9.2021, p. 24.