El Parlamento Europeo,

–  Vistas la Convención de las Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 1979, sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Recomendación general n.º 30 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Naciones Unidas, de 18 de octubre de 2013, sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos,

–  Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, aprobadas por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, así como los resultados de sus conferencias de examen,

–  Vistas la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su entrada en vigor en la Unión el 21 de enero de 2011, de conformidad con la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2021, titulada «Una Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030» (COM(2021)0101),

–  Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015, así como sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los ODS 1, 4, 5, 8, 10 y 17,

–  Visto el Convenio n.º 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1951, sobre igualdad de remuneración,

–  Visto el Convenio n.º 111 de la OIT, de 1958, sobre la discriminación (empleo y ocupación),

–  Visto el Convenio n.º 190 de la OIT, de 2019, sobre la violencia y el acoso,

–  Vista la Recomendación n.º 202 de la OIT, de 2012, sobre los pisos de protección social,

–  Visto el Cuarto Convenio de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) y 2493 (2019) relativas a las mujeres, la paz y la seguridad,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), de 11 de mayo de 2011,

–  Vistos los Convenios del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, de 16 de mayo de 2005, y para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, de 25 de octubre de 2007,

–  Vistas la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo en 1994, así como su Programa de Acción y los resultados de sus conferencias de examen, y la Cumbre de Nairobi de 2019 (CIPD+25), con la que se celebró el vigesimoquinto aniversario de la Conferencia de El Cairo,

–  Vista la Agenda de Acción de Adís Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, de julio de 2015,

–  Vista la Iniciativa conjunta Spotlight de la Unión Europea y las Naciones Unidas para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas,

–  Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, así como el artículo 8, el artículo 153, apartado 1, y el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, de junio de 2016,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 25 de noviembre de 2020, titulada «Plan de Acción en materia de Género de la UE (GAP) III – Un ambicioso programa para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la acción exterior de la UE» (JOIN(2020)0017), así como el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión que la acompaña relativo a los objetivos e indicadores para enmarcar la aplicación del GAP III (2021-2025) (SWD(2020)0284),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640),

–  Visto el Reglamento (UE) 2021/522 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 2021, por el que se establece un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud («programa UEproSalud») para el período 2021-2027 y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 282/2014(2),

–  Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas, de 9 de abril de 2020, titulado «The Impact of COVID-19 on Women» (El impacto de la COVID-19 en las mujeres),

–  Visto el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas titulado «Repercusión de la pandemia de COVID-19 en la planificación familiar y la eliminación de la violencia de género, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil», publicado el 27 de abril de 2020,

–  Vista la estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para acelerar la eliminación del cáncer del cuello uterino como problema de salud pública, puesta en marcha en noviembre de 2020,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» (COM(2020)0152),

–  Vistas las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos,

–  Visto el Plan de Acción de la UE sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad 2019-2024, de 5 de julio de 2019,

–  Vistos el Foro Generación Igualdad, celebrado del 29 al 31 de marzo de 2021 en Ciudad de México y del 30 de junio al 2 de julio de 2021 en París, y los compromisos anunciados para acelerar los avances de cara al logro de la igualdad de género en todo el mundo, así como el Plan de Aceleración Global para la Igualdad de Género y el nuevo Pacto para las Mujeres, la Paz y la Seguridad y la Acción Humanitaria, puestos en marcha como resultado del Foro,

–  Visto el Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2021, por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global(3),

–  Vista su Resolución, de 31 de mayo de 2018, sobre la aplicación del documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión (SWD(2015)0182) – Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las niñas y las mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)(4),

–  Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2020, sobre una estrategia de la Unión para poner fin a la mutilación genital femenina en el mundo(5),

–  Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2020, sobre las prioridades de la Unión para el 64.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas(6),

–  Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2020, sobre la igualdad de género en la política exterior y de seguridad de la Unión(7),

–  Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre la perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis(8),

–  Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre el cierre de la brecha digital de género: participación de la mujer en la economía digital(9),

–  Vista su Resolución, de 24 de junio de 2021, sobre el vigesimoquinto aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD25) – Cumbre de Nairobi(10),

–  Vista su Resolución, de 24 de junio de 2021, sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el marco de la salud de las mujeres(11),

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Presupuestos,

–  Visto el informe conjunto de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (A9-0025/2022),

A.  Considerando que la igualdad de género es un valor de la Unión Europea y un derecho humano fundamental y universal;

B.  Considerando que la violencia de género en todas sus formas, en particular el feminicidio, es la forma más extrema de desigualdad de género; que la violencia de género debe considerarse una forma extrema de discriminación y una violación de los derechos humanos;

C.  Considerando que es necesario defender los derechos de las mujeres y tomar medidas para combatir todas las formas de explotación, violencia, opresión y desigualdad entre mujeres y hombres; que la prevención de la violencia de género requiere cuestionar las normas de género que perpetúan las desigualdades y que esto se traduzca, entre otras cosas, en la adopción y aplicación de reformas y medidas legislativas eficaces;

D.  Considerando que la violencia de género es tanto causa como consecuencia de desigualdades estructurales y de la ausencia de una distribución equitativa del poder; que, para luchar contra la violencia, es necesario comprender sus causas y los factores coadyuvantes; que la desigualdad de género está profundamente arraigada en valores sociales basados en estereotipos de género; que el compromiso de los hombres y los niños con la igualdad de género es tanto un objetivo como un requisito previo para lograr una igualdad sostenible y real;

E.  Considerando que la violencia contra las mujeres y las niñas se manifiesta de formas diferentes pero que no se excluyen entre sí, incluida la ciberviolencia; que, según unas estimaciones, de 14 000 mujeres y niñas de 31 países diferentes, más de la mitad (un 58 %) han sido víctimas de acoso y abusos en línea;

F.  Considerando que las mujeres con vulnerabilidades e identidades interseccionales se enfrentan a un mayor riesgo de violencia y acoso;

G.  Considerando que la Unión Europea y las Naciones Unidas han lanzado la Iniciativa Spotlight con el fin de combatir la violencia, incluida la violencia sexual, contra las mujeres y las niñas;

H.  Considerando que la explotación sexual es una forma grave de violencia y explotación que afecta mayoritariamente a las mujeres y niñas; que la Unión debe apoyar a los países socios para que aumenten la financiación destinada a prestar apoyo social y garantizar el acceso a los públicos a las víctimas de trata y explotación sexual, con apoyo psicológico y social de especialistas, y deben crear servicios especializados dedicados a la plena inclusión social y económica de las mujeres y niñas vulnerables para liberarlas de la explotación sexual;

I.  Considerando que el acceso a los servicios de salud y a los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos debe ser universal; que los derechos a la salud, en particular a la salud reproductiva y sexual, son derechos fundamentales de las mujeres que deben reforzarse y no pueden, en modo alguno, debilitarse ni retirarse; que está prosperando un determinado discurso que amenaza el respeto de los derechos sexuales y reproductivos tanto dentro como fuera de la Unión;

J.  Considerando que las mujeres, en toda su diversidad, se enfrentan a discriminaciones estructurales interseccionales por motivos de raza, etnia, religión o creencias, discapacidad, salud, situación socioeconómica, origen social, edad, clase, condición de refugiada o migrante, orientación sexual e identidad de género, lo que debe reconocerse como una barrera al pleno disfrute de los derechos fundamentales;

K.  Considerando que es esencial para el conocimiento y la gobernanza mundiales recopilar datos desglosados y cuantificables sobre la desigualdad de género, teniendo en cuenta los factores interseccionales;

L.  Considerando que los derechos de las mujeres y las niñas están amenazados y que en muchos países, tanto de dentro como de fuera de la Unión, se están estrechando los márgenes de actuación de las organizaciones de la sociedad civil, en especial de aquellas que defienden los derechos de las mujeres, así como de las organizaciones de base y feministas; que se observa un preocupante retroceso en los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+ en todo el mundo, que se traduce en limitaciones en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos y la prohibición de la educación sobre sexualidad y los estudios de género;

M.  Considerando que el empoderamiento y la financiación adecuada de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres y las niñas en los países socios son cruciales para generar nuevas actitudes sociales y un consenso que facilite la igualdad de género; que, para que el Plan de Acción en materia de Género (GAP) III se aplique con éxito, es fundamental la participación activa de las organizaciones de mujeres sobre el terreno;

N.  Considerando que las mujeres y las niñas se ven afectadas de forma desproporcionada por un número cada vez mayor de situaciones de emergencia, como las resultantes de conflictos armados, de catástrofes naturales y del cambio climático;

O.  Considerando que la pandemia de COVID-19 y las consiguientes medidas de confinamiento han tenido graves repercusiones en las mujeres y las niñas y han exacerbado las desigualdades de género existentes, en particular al afectar al acceso a la educación y los servicios sanitarios, en particular la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como al equilibrio entre la vida privada y la vida profesional; que esto está provocando un aumento de la violencia de género y de las desigualdades sociales y económicas;

P.  Considerando que la pandemia ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres; que alrededor de un 70 % de los trabajadores sociales y sanitarios que luchan contra la COVID-19 en primera línea, tanto personal de enfermería, médicos o personal de limpieza, son mujeres; que las mujeres que trabajan desde casa, están desempleadas o trabajan a tiempo parcial han estado sometidas a una presión aún mayor, ya que han seguido realizando la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidado de la familia; que los datos disponibles sugieren que el número de mujeres víctimas de violencia o acoso aumentó durante el confinamiento debido a la COVID-19;

Q.  Considerando que hay pocas mujeres en las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM);

R.  Considerando que una representación, una participación y una influencia iguales de las mujeres y los hombres en la vida política es una condición indispensable para una sociedad verdaderamente democrática; que la participación constructiva de las mujeres y las niñas en la prevención y la resolución de conflictos, así como en la reconstrucción, contribuye a que la paz sea más duradera;

S.  Considerando que las medidas de lucha contra las desigualdades serán fundamentales para la recuperación tras la pandemia; que la participación, la representación y el liderazgo de las mujeres y las niñas deben constituir una prioridad al diseñar, aplicar y evaluar dichas medidas;

T.  Considerando que lograr el respeto de la dignidad humana y la igualdad de género sigue siendo un reto; que ningún país del mundo estará cerca de lograr la igualdad de género antes de 2030;

U.  Considerando que el GAP III debe ser el marco para una contribución activa de la acción exterior de la Unión a la lucha contra la desigualdad de género; que el GAP III debe aplicarse en su totalidad como instrumento clave para frenar la discriminación y la marginación y garantizar la dignidad y los derechos de las mujeres y las niñas, defendiendo la incorporación de las cuestiones de género a todos los programas de cooperación internacionales y la integración de la igualdad de género en los planes y estrategias nacionales, en colaboración con socios locales y organizaciones de la sociedad civil;

V.  Considerando que es necesario un enfoque más estratégico, coordinado y sistemático sobre la manera en que la Unión y los Estados miembros trabajan conjuntamente en relación con las cuestiones de género en los países socios; que las misiones y delegaciones de la Unión ocupan una posición de primera línea en la aplicación del GAP III y que, para que se aplique con éxito, son fundamentales los conocimientos especializados del personal de las delegaciones y misiones; que la Comisión debe dotar a las delegaciones de asistencia técnica para poner en marcha los planes de aplicación a nivel nacional;

1.  Acoge con satisfacción el nuevo Plan de Acción en materia de Género de la UE (GAP) III para 2021-2025 y su llamamiento en favor de un mundo con igualdad de género, como continuación y desarrollo del trabajo, las lecciones aprendidas y los logros del GAP II; se congratula de la mejora del GAP III, así como de sus compromisos y exhaustivos objetivos, en especial del avance que supone pasar de un documento de trabajo a una comunicación conjunta, tal como solicitó el Parlamento Europeo en su Resolución, de 23 de octubre de 2020, sobre la igualdad de género en la política exterior y de seguridad de la Unión;

2.  Celebra el carácter inclusivo del proceso de consulta acometido para fundamentar la redacción del GAP III y la inclusión en él de las recomendaciones del Parlamento, los Estados miembros, los coordinadores de la UE para las cuestiones de género y, en particular, las organizaciones de la sociedad civil de defensa de los derechos de las mujeres;

3.  Lamenta que el Consejo no haya logrado la unanimidad sobre las conclusiones, debido a las objeciones de cuatro Estados miembros a la palabra «género», lo que ha impedido la aprobación formal del Plan de Acción, y subraya que esto da señales claras de la involución existente en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres; reitera su llamamiento para que se cree una nueva formación del Consejo sobre igualdad de género que reúna a los ministros y secretarios de Estado de la Unión responsables de la igualdad de género a fin de facilitar la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión, incluidas la política exterior y de seguridad y la política de desarrollo; pide que se trabaje en pos de una posición común de la Unión y que se adopten medidas enérgicas para denunciar de forma inequívoca el retroceso registrado en materia de igualdad de género;

4.  Señala que la Unión tiene una importante función que desempeñar en el logro de un mundo con igualdad de género mediante el apoyo a los países socios en su lucha contra la discriminación por razón de género; pide a la Unión que dé ejemplo e insta a los seis Estados miembros que aún no han ratificado ni aplicado el Convenio de Estambul a que lo hagan lo antes posible; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que impulse la ratificación del Convenio de Estambul en el marco de su diálogo político con los países socios del Consejo de Europa;

5.  Condena enérgicamente la retirada de Turquía del Convenio de Estambul; considera que la denuncia del Convenio de Estambul es un nuevo elemento que pone en entredicho la condición de Turquía como país candidato a la adhesión a la Unión;

Un compromiso de la Unión más concreto y una aplicación eficaz

6.  Pide la plena aplicación del GAP III y que se considere prioritario en todos los elementos de la acción exterior de la Unión a través de la adopción de un enfoque interseccional y transformador en materia de género, tanto en términos de cobertura geográfica del Plan como en lo que atañe a sus ámbitos de acción, así como la integración de la dimensión de género en todos los ámbitos de acción exterior, ya sea en materia comercial, de política de desarrollo, de ayuda humanitaria, de seguridad o en sectores como el energético o el agrícola; reitera que las medidas de aplicación del GAP III deben estar guiadas por la necesidad de atajar las causas profundas de las desigualdades de género y permitir una participación significativa y la inclusión de hombres, mujeres y grupos desfavorecidos, y que una financiación limitada y la falta de personal son algunos de los principales obstáculos para la consecución de los objetivos de la Unión en materia de igualdad de género e incorporación de la perspectiva de género; reitera que cualquier medida destinada a alcanzar los objetivos del GAP III debe tener en cuenta a las mujeres en toda su diversidad; recuerda que el GAP III debe garantizar la coherencia de las políticas en favor del desarrollo mediante una evaluación sistemática del impacto de género, a fin de evitar cualquier repercusión negativa de las políticas de la Unión en los derechos de las mujeres y las niñas y en la igualdad de género; pide a la Comisión que proporcione las herramientas prácticas y políticas necesarias para que los principios del GAP III puedan plasmarse fácilmente en acciones y llevarse a la práctica; pide que la Unión sea ambiciosa a la hora de promover objetivos que garanticen el respeto de los derechos humanos y una auténtica igualdad de género entre los socios externos con los que la Unión pretende trabajar;

7.  Pide que se establezca un programa de formación amplio y exhaustivo con miras a respaldar la ejecución del GAP III, en particular sobre la incorporación de la perspectiva de género, la presupuestación con perspectiva de género y las evaluaciones del impacto de género, así como sobre la violencia de género; insiste en la necesidad de invertir en conocimientos, recursos y especialización a nivel interno en materia de igualdad de género dentro de las delegaciones de la Unión para que puedan aplicar adecuadamente el GAP III; pide que esos programas de formación se adecuen en la medida de lo posible al contexto local y nacional en que se aplique el GAP III; pide que esos cursos de formación y las herramientas asociadas se pongan a disposición de los socios locales interesados de forma fácil y gratuita;

8.  Destaca que es necesaria una evaluación periódica, externa e independiente de los resultados del GAP III, a todos los niveles y en todas las fases, en relación con los objetivos específicos y mensurables establecidos, y que deben tenerse cuenta de manera transparente e inclusiva las aportaciones de la sociedad civil, las ONG y otras partes interesadas pertinentes sobre el terreno; pide la aplicación sistemática de análisis rigurosos en materia de género y la utilización de indicadores y estadísticas sensibles al género y desglosados por sexo; insiste en que la evaluación del GAP III debe analizar la aplicación de todas las políticas de la Unión relacionadas con su acción exterior; pide que el GAP III incorpore herramientas claras para hacer un seguimiento del importe total del gasto en igualdad de género y evaluar el impacto cualitativo de estas iniciativas en términos de promoción de la igualdad de género; confía en que se añadan sin demora hipótesis de referencia, acciones, metas e indicadores específicos y mensurables al documento de trabajo, junto con las respectivas hojas de ruta y calendarios de todos los objetivos; resalta la importancia del ejercicio de programación del Instrumento Europa Global, que brinda una ocasión única de llevar a la práctica los objetivos del GAP III;

9.  Pide a las misiones y delegaciones de la Unión, a los Estados miembros, a los países socios y a los gobiernos locales y regionales que colaboren estrechamente en la aplicación del GAP III, utilizando todas las herramientas diplomáticas y programáticas de que disponen, siguiendo una orientación adecuada desarrollada y compartida por las delegaciones; recuerda que los coordinadores para las cuestiones de género ocupan un lugar central y pide que se refuercen su cometido y su visibilidad; acoge con satisfacción la introducción de los planes de aplicación a nivel nacional e insiste en que todos ellos se hagan públicos y se traduzcan para que resulten fácilmente accesibles para la sociedad civil local y las organizaciones de base;

10.  Pide a la Comisión que potencie las sinergias con las Naciones Unidas, los países socios y las partes interesadas a escala internacional, para avanzar de manera conjunta y lograr los objetivos internacionales relacionados con la igualdad de género de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y sus conferencias de examen;

11.  Pide que se establezcan vínculos estrechos con las organizaciones locales de la sociedad civil, especialmente las que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, incluidas las de las comunidades vulnerables, y con los ministerios y los gobiernos regionales y locales de los países socios, con el fin de aumentar la responsabilidad de cada país en la aplicación del GAP III y sus planes de aplicación a nivel nacional, así como de mejorar su eficacia; pide, además, que se establezca un diálogo político y estratégico anual con el Parlamento Europeo sobre la aplicación del GAP III, que incluya a las partes interesadas y, en particular, a las autoridades locales, la sociedad civil y las organizaciones de mujeres; reitera su llamamiento a las misiones y delegaciones de la Unión para que entablen un diálogo constructivo con las organizaciones de la sociedad civil y faciliten e intercambien información sobre el modo en que se han utilizado sus aportaciones y se han plasmado en las políticas de género;

12.  Celebra que el GAP III se centre en los jóvenes como impulsores del cambio; pide a la Unión que garantice, a través de financiación y formación, que las mujeres y las niñas, así como las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y las organizaciones de base, en particular las dirigidas por niñas y jóvenes y las entidades humanitarias de primera línea dirigidas por mujeres, participen de manera significativa y desempeñen un papel de liderazgo en la aplicación del GAP III en sus respectivos países; reitera la importancia y el valor añadido de la experiencia de los activistas locales, las organizaciones de base y otros expertos en cuestiones de género o partes interesadas pertinentes, así como de la colaboración a largo plazo con estos, para que los proyectos relacionados con las cuestiones de género se adapten al contexto socioeconómico y cultural local;

13.  Pide una colaboración más estrecha y sistemática entre las partes interesadas que participan en la aplicación del GAP III, también entre las direcciones generales de la Comisión; alienta vivamente a los Estados miembros y a las delegaciones de la Unión a que consideren a los gobiernos locales y regionales actores clave de la política de desarrollo, ya que representan el nivel democrático más cercano a los ciudadanos y son los mejor situados para promover la igualdad de género y el desarrollo sostenible; resalta la necesidad de trabajar en estrecha colaboración con las comunidades rurales y los líderes comunitarios para que los programas de igualdad de género lleguen a todos los rincones;

14.  Pide la inclusión de un objetivo específico para financiar a las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y a la sociedad civil; pide una financiación plurianual, flexible, directa, adecuada y suficiente para las organizaciones de la sociedad civil y redes locales en toda su diversidad, especialmente para aquellas que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, las niñas y otros grupos vulnerables, y las organizaciones de derechos humanos que trabajan para mejorar el marco jurídico de los países; pide a la Comisión que presente mecanismos y prácticas de financiación simplificados que permitan a las organizaciones de base más pequeñas acceder a la financiación de la Unión en favor de la igualdad de género; condena todas las formas de represión contra activistas feministas, incluidos los defensores de los derechos humanos de las mujeres, e insta a todos los gobiernos a que protejan y apoyen la sociedad civil y colaboren con ella;

15.  Resalta que los defensores de los derechos humanos de las mujeres se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, en especial en las zonas de conflicto y en las situaciones de conflicto y posteriores a conflictos; celebra el llamamiento para colaborar con los defensores de los derechos humanos de las mujeres y favorecer un entorno seguro para estos y pide a la Comisión que los proteja mediante acciones y mecanismos adecuados y dotando de recursos específicos a las delegaciones de la Unión;

16.  Pide a las delegaciones de la Unión que apliquen rigurosamente las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos en relación con los activistas que defienden los derechos de las mujeres, en especial en lo que atañe a la obligación de denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por organismos públicos, y que proporcionen medios jurídicos a los activistas cuando sea necesario; pide al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) que informe anualmente al Parlamento sobre la aplicación de dichas Directrices;

17.  Subraya que se necesita financiación suficiente a través del proceso de programación de la Unión para la aplicación efectiva del GAP III; insta a que el GAP III se coordine de forma más estrecha con otras iniciativas, como la Iniciativa Spotlight, cuyo presupuesto debe incrementarse, si bien cabe mejorar su eficacia de conformidad con la reciente evaluación intermedia y extrayendo conclusiones del nuevo contexto creado por la pandemia de COVID-19; acoge con satisfacción la Iniciativa Spotlight y su objetivo de eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas; pide que se renueven los fondos asignados a la Iniciativa Spotlight tras la finalización del programa actual en 2022 y que se prorrogue dicho programa durante todo el período de financiación plurianual y en todas las subregiones;

18.  Subraya que el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 5 (ODS 5) consiste en lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, y que este ODS debe integrarse en los distintos ámbitos en los que la Unión tiene competencia para intervenir; lamenta que el ODS 5 sea uno de los tres ODS menos financiados; observa con satisfacción que el GAP III considera la igualdad de género una prioridad transversal de la acción exterior de la Unión en su labor política y de programación; reitera que la perspectiva de género debe incorporarse adecuadamente en todos los ámbitos de la acción exterior de la Unión y que las prioridades de Europa Global en los países socios así como las iniciativas del Equipo Europa han de resultar transformadoras en materia de género, de conformidad con el GAP III, en particular en el caso de la ayuda humanitaria;

19.  Se congratula de que el género deba ser un objetivo significativo o principal en el 85 % de todas las nuevas acciones exteriores; celebra la meta de la Comisión Europea de que el 5 % de sus nuevos programas de acción exterior tengan como objetivo principal la igualdad de género; se congratula asimismo de la inclusión de al menos una iniciativa por país que tenga como objetivo principal la igualdad de género; recuerda que el objetivo del 5 % ya se logró en 2019 y pide que en el GAP III se incorporen objetivos más ambiciosos, un mayor apoyo y una financiación concreta destinada a iniciativas específicas en materia de género; pide que el 20 % de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de cada país se asigne a programas que tengan la igualdad de género como uno de sus objetivos principales; pide que se fije un objetivo específico para destinar el 85 % de los fondos de la AOD de la Unión a programas que tengan la igualdad de género como objetivo principal o significativo; espera de la Unión y los Estados miembros que se comprometan a no destinar AOD a proyectos que puedan revertir o perjudicar los logros obtenidos en materia de igualdad de género, y, en consecuencia, así se lo pide; subraya que los objetivos fijados deben cuantificarse también en términos de financiación específica y no solo como un porcentaje de los programas globales;

20.  Insta a la Comisión y al SEAE a que den ejemplo y se centren en sus propias estructuras internas; destaca la importancia de un liderazgo con perspectiva de género para lograr la igualdad de género y la correcta aplicación del GAP III; acoge con satisfacción el compromiso de garantizar el equilibrio de género en los puestos directivos, tanto en la sede del SEAE y en los servicios exteriores de la Comisión como en las delegaciones de la Unión y las misiones de la política común de seguridad y defensa (PCSD); lamenta, no obstante, que el SEAE esté lejos de alcanzar el objetivo del 50 % de mujeres en puestos directivos y pide al actual VP/AR que aplique plenamente la igualdad de género en todos los niveles, tal como está previsto; celebra el compromiso de introducir cursos de formación en materia de igualdad de género y en relación con el GAP III para todos los cargos directivos de la sede del SEAE y de las delegaciones de la Unión y pide que esta medida sea obligatoria y se amplíe a todo el personal que trabaja en la acción exterior de la Unión;

21.  Señala que el SEAE debe asumir el liderazgo a la hora de convertir el género en un componente clave de la acción exterior, y que debe incentivar y apoyar políticamente a las delegaciones de la Unión para que hagan lo mismo en los países socios; destaca la necesidad de que las cartas de mandato y las descripciones del puesto de trabajo de los jefes de delegación incluyan una referencia específica a la igualdad de género, en relación con la aplicación del GAP III, y la importancia de que las delegaciones de la Unión y los Estados miembros colaboren y se consulten mutuamente de forma sistemática para garantizar la plena integración del GAP III y de su enfoque transformador en materia de género, basado en los derechos humanos e interseccional en la planificación de los programas indicativos plurianuales; celebra el compromiso del GAP III de garantizar que todos los servicios exteriores de las delegaciones y de la sede dispongan de asesores en materia de género o de coordinadores o puntos de coordinación para las cuestiones de género, pero insiste en que es necesario que se trate de puestos a tiempo completo y dotados con suficientes recursos para desempeñar su cometido; pide una vez más que también se designen asesores en materia de género en las misiones militares de la PCSD;

22.  Pide a la Comisión y al SEAE que recopilen datos pertinentes en materia de recursos humanos desglosados por sexo para evaluar las cifras de nombramientos, candidatos preseleccionados, selecciones, ampliaciones de contrato y duración del servicio, entre otros criterios, y realizar un seguimiento de los avances, así como que realicen entrevistas sistemáticas a las mujeres y personas pertenecientes a grupos desfavorecidos sobre sus motivos para dejar sus puestos de trabajo;

23.  Lamenta que la importante cuestión de la diversidad se haya incluido en las competencias del asesor del SEAE en materia de género y diversidad, y pide al SEAE que confiera la importancia necesaria tanto a la igualdad de género como a la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad, así como a la diversidad y la inclusión, y que cree un puesto para cada una de estas cuestiones, así como que refuerce sus funciones, mandatos, recursos y competencias; solicita el nombramiento de un asesor encargado de las cuestiones de género en cada dirección del SEAE, que dependería directamente del asesor del SEAE en materia de género y diversidad, y anima a su personal a que colabore estrechamente con el Instituto Europeo de la Igualdad de Género;

24.  Destaca que la igualdad de género es un derecho humano, crucial para el desarrollo sostenible y las economías inteligentes, que beneficia tanto a las mujeres como a los hombres, en toda su diversidad, incluida la comunidad LGBTQI+; señala que la desigualdad de género se ve exacerbada por otras formas de desigualdad; subraya que las desigualdades tienen consecuencias socioeconómicas de gran alcance para las sociedades en su conjunto, algo que deben tomar en consideración los agentes refractarios al cambio; hace hincapié en que los compromisos de la Unión serán más efectivos si su acción adopta un enfoque interseccional de la igualdad de género; reitera su llamamiento para que toda acción de la Unión tenga en cuenta las identidades interseccionales y reconozca que las mujeres y las niñas en toda su diversidad no se ven afectadas de igual manera por las desigualdades de género;

25.  Celebra la inclusión de la interseccionalidad como principio fundamental del GAP III, pero lamenta la falta de metas, indicadores y acciones concretas para aplicarlo; destaca el compromiso de la Comisión y del SEAE por proteger a las personas LGBTQI+ y permitirles hacer valer sus derechos en todo el mundo;

26.  Celebra que en el GAP III se haga referencia al potencial que reviste el proceso de adhesión a la Unión a la hora de promover la igualdad de género en los países candidatos y candidatos potenciales; destaca la necesidad de un diálogo político sólido y de asistencia técnica al objeto de integrar la igualdad de género en las políticas de ampliación y vecindad; pide a la Comisión y al SEAE que utilicen en mayor medida las negociaciones de adhesión como una vía para que la ampliación logre resultados para las mujeres;

27.  Se felicita por que el GAP III aborde la vulnerabilidad extrema de las mujeres y niñas migrantes; pide que se preste especial atención a la situación de las mujeres y las niñas que se desplazan, que están en las rutas migratorias o se encuentran en campamentos de migrantes, y pide específicamente que se garantice su acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene, a la salud y derechos sexuales y reproductivos y a la atención sanitaria materna;

Siete ámbitos de actuación

Eliminar todas las formas de violencia de género

28.  Celebra que el primer ámbito de compromiso del GAP III se centre en la eliminación de todas las formas de violencia de género; pide que se intensifique una acción mejorada, coordinada y holística en pro de la lucha contra el feminicidio y todas las formas de violencia de género, tanto en línea como fuera de línea, en particular en las situaciones de conflicto y emergencia, en las que las mujeres y las niñas se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad, centrándose en aquellas que con mayor probabilidad puedan ser víctimas de la violencia, como son las mujeres y las niñas con discapacidad; pone de relieve la necesidad de trabajar con los países socios para tipificar como delito todas las formas de violencia de género;

29.  Pide una acción urgente para atajar las causas profundas de la violencia contra las mujeres y las niñas mediante un enfoque interseccional y transformador en materia de género, en especial habida cuenta del importante incremento de los feminicidios y otras formas de violencia de género en el contexto de la pandemia; acoge con agrado que la Comisión se centre en promover la prevención cuestionando las normas de género perjudiciales; resalta, a este respecto, que es esencial trabajar con los países socios y las organizaciones de la sociedad civil para combatir los estereotipos de género en todos los aspectos de la vida social; pide a las delegaciones de la Unión y a los Estados miembros que utilicen todos los medios diplomáticos posibles para promover la adopción de legislación que facilite la igualdad de género estructural en todos los aspectos;

30.  Recuerda que la formación obligatoria dirigida a todo el personal del SEAE, la Comisión, las delegaciones de la Unión y las misiones y operaciones de la PCSD debe incluir programas exhaustivos de identificación de las víctimas de violencia sexual o de género relacionada con los conflictos, así como programas de prevención y formación dirigida a todo el personal de la Unión, incluido el personal militar y policial; insta a la Unión a que haga uso de todos los medios posibles para velar por que los autores de violaciones masivas en situación de guerra sean denunciados, identificados, procesados y castigados de conformidad con el Derecho penal internacional; recuerda que el Estatuto de Roma ofrece un marco jurídico permanente para abordar de manera extensiva la violencia sexual y por motivos de género como un crimen contra la humanidad y, por tanto, pide a la Unión que apoye de forma activa, tanto política como financieramente, la labor esencial e independiente de la Corte Penal Internacional; celebra que la violencia sexual y por motivos de género se haya incluido entre los criterios para la imposición de sanciones en el marco del régimen de sanciones de la Unión de alcance mundial en materia de derechos humanos y anima a los Estados miembros a que lo utilicen con eficacia;

31.  Hace hincapié en que los matrimonios infantiles y forzados constituyen una violación de los derechos humanos que hace a las niñas especialmente vulnerables a la violencia y los abusos; recuerda que la mutilación genital femenina está reconocida a escala internacional como una violación de los derechos humanos, que ha causado 200 millones de víctimas en todo el mundo y 500 000 solo en la Unión, y que, cada año, al menos tres millones de niñas corren el riesgo de sufrir mutilaciones genitales; subraya que la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados constituyen una amenaza para la dignidad de las mujeres como personas; pide que se adopten medidas integradas para elevar la concienciación sobre la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados y evitarlos, en especial en situaciones de conflicto y emergencia; pide a la Comisión que adopte un enfoque coherente a largo plazo para poner fin a la mutilación genital femenina dentro y fuera de la Unión, mediante la mejora de las sinergias entre los programas interiores y exteriores de la Unión; reitera su llamamiento a fin de que se incorporen medidas de prevención de la mutilación genital femenina en todos los ámbitos políticos en su acción exterior;

32.  Recuerda que las víctimas de la trata y la explotación sexual son, en su mayoría, mujeres y niñas; pide un mayor liderazgo y seguimiento por parte de la Comisión y los Estados miembros y una mayor cooperación internacional para poner fin a estas prácticas perniciosas, que abocan a formas de esclavitud; recuerda que la vulnerabilidad de las mujeres a la trata y la explotación sexual se ve agravada en tiempos de dificultades económicas, conflictos armados y situaciones de emergencia; pide que se refuerce la integración de la lucha contra la trata de mujeres y niñas en los objetivos del GAP III y que aumenten las sinergias con la Estrategia de la UE en la lucha contra la trata de seres humanos (2021-2025);

Garantizar el acceso de las mujeres a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos

33.  Reitera que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y elementos fundamentales de la dignidad humana y del empoderamiento de las mujeres; manifiesta su preocupación por la involución en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres y por el auge de la retórica conservadora misógina y los grupos organizados religiosos y de otro tipo, que amenaza con socavar, entre otros aspectos, el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos tanto dentro como fuera de la Unión; subraya que los retrocesos legislativos en relación con el aborto socavan la protección de la salud, los derechos y la dignidad de las mujeres, y ponen en mayor riesgo a las mujeres más vulnerables social y económicamente; señala que la Unión debe ser un ejemplo destacado en todo el mundo en cuanto se refiere a la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, libre de coacciones, violencia, discriminaciones y abusos; pide, por tanto, a todos los Estados miembros que garanticen el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en sus territorios;

34.  Deplora que en muchas regiones del mundo el acceso a la salud sexual y reproductiva y, en particular, al aborto seguro y legal, sea extremadamente limitado y a menudo criminalizado; resalta que las víctimas principales de esta situación son las mujeres pobres, las de zonas rurales y las pertenecientes a minorías; subraya la necesidad de centrarse en todos los grupos de edad, incluidas las niñas y las mujeres jóvenes, y de facilitar la información, la educación y el acceso correspondientes a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos, que abarquen la asistencia prenatal, un aborto legal y seguro y medios contraceptivos; pone de relieve la importancia de seguir cuestionando las normas discriminatorias que dificultan a las mujeres, las niñas y las personas LGBTQI+ el disfrute de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como los estereotipos que generan discriminación contra mujeres marginadas durante el parto;

35.  Hace hincapié en la importancia de mejorar la disponibilidad de métodos anticonceptivos en los países socios, en particular para las adolescentes; afirma que todas las mujeres y adolescentes tienen derecho a tomar sus propias decisiones libres e informadas con respecto a su salud sexual y reproductiva; recuerda que la calidad de la atención sanitaria materna es un indicador importante del desarrollo de un país; considera que la Unión debe ayudar a los países socios a defender el derecho a la salud en el contexto del embarazo y el parto mediante el establecimiento de servicios de salud materna dignos que disminuyan eficazmente la mortalidad infantil y las muertes relacionadas con complicaciones en el parto;

36.  Pide que el GAP III conceda una alta prioridad a la igualdad de género y la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la respuesta de ayuda humanitaria de la Unión y los Estados miembros, así como a la rendición de cuentas y el acceso a la justicia y la reparación por violaciones de los derechos sexuales y reproductivos y por violencia de género, tanto en términos de oferta de formación de agentes humanitarios como en lo tocante a la financiación;

37.  Pide que el GAP III conceda más importancia a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, habida cuenta de las considerables repercusiones de la pandemia en las mujeres y las niñas en los países socios, y que se coordine y se les asigne una financiación adecuada, flexible, continuada y específica al programar el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global; pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros que consideren la salud y los derechos sexuales y reproductivos como una prioridad en los procesos de programación de la acción exterior de la Unión, incluida la programación conjunta; resalta el papel crucial de las organizaciones no gubernamentales en la prestación de servicios y la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

38.  Recuerda la importancia de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en lo que respecta a los cuerpos de las mujeres y las niñas y su autonomía, e insta a que la salud y los derechos sexuales y reproductivos se traten como cuestiones de salud pública, y sean accesibles para todos sin discriminación; pide que se garantice el acceso universal y adecuado a la edad a una educación sexual integral, a anticonceptivos eficaces, a la prevención del VIH y las infecciones de transmisión sexual, y al aborto seguro y legal; pide que los programas de educación sexual integral aborden las relaciones interpersonales, la orientación sexual, la igualdad de género, las normas de género, la prevención de la violencia de género y el consentimiento, y que faciliten información sobre la pubertad, el ciclo menstrual, el embarazo y el parto, la contracepción y la prevención de enfermedades de transmisión sexual;

39.  Destaca la necesidad de tomar en consideración la edad en las acciones relacionadas con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo garantizando información y servicios que sean accesibles y afines a la juventud; resalta que la Unión debe promover que los países socios incluyan estas cuestiones en los planes nacionales de salud pública; pide a la Unión y a los Estados miembros que se comprometan con los objetivos del GAP III relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos y elaboren «planes de aplicación a nivel nacional» en los que den prioridad a este aspecto;

40.  Insiste en la necesidad de impulsar el acceso a la educación a todos los niveles y en todas las circunstancias, con el fin de reducir los matrimonios precoces, los embarazos en la adolescencia y la dependencia económica; pide que se intensifiquen los esfuerzos para prevenir el absentismo, con miras a que las adolescentes que sean madres puedan volver a la escuela y terminar sus estudios e incorporarse al mercado laboral;

41.  Pide medidas para prevenir el absentismo escolar de las niñas durante la menstruación mediante la mejora de los servicios de agua, saneamiento e higiene y las instalaciones de higiene menstrual en las escuelas y a través de la lucha contra la pobreza menstrual y la estigmatización en este ámbito, trabajando también con las mujeres y las niñas, así como con los hombres y los niños; pide mayores sinergias entre los programas que abordan la atención sanitaria, la salud y los derechos sexuales y reproductivos y los servicios de agua, saneamiento e higiene en las escuelas y el apoyo personal a las niñas;

42.  Llama la atención sobre las desigualdades y disparidades intersectoriales entre mujeres y hombres en el acceso a la atención sanitaria y la calidad de la atención sanitaria prestada, teniendo en cuenta la falta de atención y servicios sanitarios con perspectiva de género; pide que se garantice el acceso universal a instalaciones donde se facilite información sobre las enfermedades ginecológicas —como la endometriosis y el cáncer de cuello uterino— y las de transmisión sexual —como el VIH—, y donde se prevengan, diagnostiquen, atiendan y traten esas enfermedades; pide a la Unión que respalde la aplicación de la estrategia mundial de la OMS para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino;

43.  Pide que los países socios financien y refuercen adecuadamente sus sistemas públicos de salud y que lleven a cabo investigaciones sobre la salud de las mujeres en todo el mundo, con el fin de avanzar en el conocimiento de las cuestiones de género y de sexo en los ámbitos de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la investigación de enfermedades; pide asimismo que se eleve la concienciación de la opinión pública sobre las cuestiones de salud relacionadas con el género;

44.  Subraya la necesidad de que los Estados miembros adopten una política de salud pública que haga especial hincapié en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, garantizando una atención sanitaria universal y de alta calidad y la disponibilidad de los recursos necesarios para luchar contra los principales problemas de salud pública;

Fomentar los derechos económicos y sociales y la igualdad y garantizar la autonomía de las mujeres y las niñas

45.  Reitera que la crisis y las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia de COVID-19 repercuten de un modo desproporcionado en el acceso de las mujeres al mercado laboral; pone de relieve la importancia y la necesidad de que la Unión respalde el desarrollo y la inclusión de una dimensión de género intersectorial en todos los planes de recuperación de la COVID-19 en los países socios y e iniciativas del «Equipo Europa»; hace hincapié en la necesidad de que la respuesta a la COVID-19 tenga en cuenta las cuestiones de género en el contexto de la aplicación del GAP III a fin de reconocer las circunstancias únicas de las mujeres y las niñas y estimular las oportunidades después de la crisis; pide a la Comisión que integre la dimensión de género e incluya acciones transformadoras en materia de género en todas las medidas relacionadas con la pandemia de COVID-19 en los países socios, también en los planes y medidas de recuperación, y que apoye los proyectos, en particular los financieros, de forma que incorporen la igualdad de género; destaca que ciertas nuevas formas de financiación, como los bonos de género, podrían relanzar las economías nacionales y, al mismo tiempo, empoderar a las mujeres;

46.  Considera que el trabajo es fundamental para hacer frente a la desigualdad; defiende la negociación colectiva como un medio no solo de mejorar las condiciones laborales, sino también de luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres;

47.  Acoge con agrado que la Comisión tenga la intención de exigir el cumplimiento de los convenios pertinentes de la OIT y de las Naciones Unidas en materia de igualdad de género en su próxima revisión del Reglamento relativo al Sistema de Preferencias Generalizadas; pide a la Comisión que incluya efectivamente la igualdad de género en todos los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible, y que garantice que el comercio y la inversión no agraven la desigualdad de género; subraya que todas las evaluaciones de impacto relacionadas con el comercio deben tener en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil;

48.  Insiste en que el apoyo financiero a las mujeres debe ir acompañado de la formación, el acceso a la información, el perfeccionamiento profesional y la sensibilización sobre sus derechos fundamentales;

49.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen con los países socios para prevenir y abordar el acoso a las mujeres en el trabajo, así como para promover la ratificación del Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso (n.º 190);

50.  Aboga por que el GAP III promueva la actividad económica de las mujeres y su acceso a los instrumentos económicos y sociales, los recursos y la protección social necesarios, especialmente en contextos de emergencia; subraya la importancia de la participación de las mujeres en la economía mundial para el desarrollo sostenible y un crecimiento económico continuo e inclusivo, que están intrínsecamente ligados al objetivo mundial de erradicar la pobreza, tal como se indica en los Objetivos de Desarrollo Sostenible; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen y promuevan mecanismos de protección social que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluidas las transferencias de efectivo, para mejorar la capacidad de los países socios de responder a las crisis y a las perturbaciones externas;

51.  Pide a la Unión y a los países socios que adopten medidas para mejorar la empleabilidad de las mujeres y proporcionarles puestos de trabajo dignos, acceso a la financiación y oportunidades de negocio, también mediante el apoyo a las organizaciones locales dirigidas por mujeres y el fomento de su participación en sindicatos; destaca la importancia de impulsar, por ejemplo, el acceso a los microcréditos con vistas a facilitar y motivar la creatividad y el espíritu empresarial de las mujeres a menor escala;

52.  Subraya la necesidad de considerar la complementariedad de otras acciones para garantizar su eficacia, como la ausencia de violencia de género, el acceso a un trabajo digno y un cuidado de niños y ancianos asequible; pide a la Unión y a sus Estados miembros que empoderen y protejan a las madres y los padres en todo el mundo, y que colaboren con los países socios al objeto de garantizar un permiso de maternidad, paternidad y parental adecuado, y que adopten medidas prácticas con miras a garantizar dicha protección, junto con inversiones en servicios de guardería y educación;

53.  Subraya que la Unión debe apoyar la creación de un instrumento vinculante sobre las empresas y los derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas con el fin de garantizar plenamente el disfrute de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres;

54.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren con los países socios para financiar e impulsar medidas que aborden la carga desproporcionada de trabajo no remunerado que tienen que soportar las mujeres, y que apoyen acciones que ayuden a las trabajadoras a pasar de la economía informal a la formal; subraya que las mujeres y los hombres deben compartir por igual las responsabilidades asistenciales y domésticas no remuneradas; solicita que se adopten medidas concretas en pro del reconocimiento, la disminución y la redistribución del trabajo asistencial y doméstico no remunerado;

55.  Pide que se promueva activamente el papel y la participación de las mujeres en la economía y la sociedad, reconociendo sus derechos civiles y jurídicos, incluido el derecho a la propiedad, el acceso al crédito y el derecho a participar en los distintos sectores económicos y en la vida política, muy especialmente mediante el fomento de políticas macroeconómicas con perspectiva de género; lamenta que el derecho a la igualdad de retribución por un mismo trabajo de igual valor no se aplique en muchas circunstancias, tanto dentro como fuera de la Unión, incluso aunque esté consagrado en la legislación, y subraya que es necesario abordar la causa profunda de esta discriminación;

56.  Subraya que es esencial que el sector privado se implique en la consecución de los objetivos establecidos en el GAP III y que rinda cuentas en caso de que los derechos de las mujeres se violen en el curso de las actividades empresariales; pide a la Comisión que incluya la perspectiva de género en su próxima propuesta legislativa sobre la diligencia debida de las empresas;

57.  Resalta que la autonomía económica y social de las mujeres es crucial para un crecimiento sostenible e inclusivo; aboga por un esfuerzo global con miras a dar acceso a las niñas y las mujeres a una educación de alta calidad y a una formación de calidad sobre las capacidades, y a herramientas eficaces que faciliten su acceso al mercado laboral, especialmente en situaciones de emergencia y de desplazamiento; recomienda encarecidamente que los países socios impulsen la inversión en una educación inclusiva y de calidad, con apoyo presupuestario de la Unión; resalta que el apoyo presupuestario de la Unión, que ha demostrado su eficacia en el ámbito de la educación, siga siendo la modalidad elegida para permitir el acceso a una educación inclusiva y de calidad en todos en los países en desarrollo; acoge con agrado la intención de aumentar la financiación global para la educación, destinando a la educación un 10 % del presupuesto de la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia;

58.  Subraya la necesidad de respaldar inversiones sustanciales en servicios sanitarios y educativos, viviendas asequibles y un transporte público seguro, asequible y accesible, tanto en zonas rurales como urbanas, con vistas a satisfacer las necesidades de la población y contribuir a la independencia, la igualdad y la emancipación de las mujeres; recuerda que debe prestarse especial atención a estas cuestiones en los Estados frágiles y en situación de posconflicto, en los que la Unión también llevará a cabo proyectos de desarrollo para ayudar a hacer frente a la falta de derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad por parte de las mujeres;

59.  Expresa su preocupación por el incremento de la brecha digital de género en muchos países, que obstaculiza la igualdad de acceso a la información y a los servicios digitales; destaca la importancia de promover la alfabetización digital, así como el acceso a las herramientas digitales y su asequibilidad, y el acceso al mercado laboral; pide que se incrementen la financiación y las becas específicas para que las mujeres y las niñas puedan acceder a estudios superiores y a la formación profesional, con vistas, en particular, a promover la formación digital y tecnológica de las niñas y la participación de las mujeres en los ámbitos CTIM, así como respaldar proyectos liderados por mujeres; celebra la voluntad del GAP III de reducir la brecha digital de género para impulsar una transformación digital verdaderamente inclusiva;

60.  Recuerda que las mujeres, en particular las que se enfrentan a una discriminación interseccional, pueden tener dificultades para acceder a los servicios digitales y a las infraestructuras conexas; pide que las mujeres y las niñas, especialmente las que viven en zonas rurales y remotas, tengan un acceso mejorado, universal, seguro y protegido a las herramientas digitales y a la formación sobre su uso;

61.  Subraya la necesidad de apoyar la prestación de servicios públicos y privados a través de canales, tecnologías y servicios digitales que tengan en cuenta las cuestiones de género (por ejemplo, la administración electrónica, los servicios financieros digitales,...) y que mejoren la inclusión y la participación de las mujeres y las niñas en la sociedad; pide a los Estados miembros que aborden la exclusión digital en todos los grupos vulnerables de la sociedad y que les faciliten el acceso a formación en tecnologías de la información y la comunicación, teniendo en cuenta al mismo tiempo los diferentes factores que condicionan el acceso de las mujeres a la educación, y creando puntos de acceso digital gratuitos;

62.  Pide a la Unión que apoye la modernización y la digitalización de la administración de los países socios, de forma que dispongan, en particular, de unos registros civiles fiables donde se inscriban todos los nacimientos;

63.  Reconoce que las situaciones de emergencia, como los conflictos armados y las crisis económicas, y las situaciones de desplazamiento ponen en peligro la educación y la formación de mujeres y niñas; reitera que el acceso de las mujeres a los medios de subsistencia y a las oportunidades laborales se ve gravemente afectado durante las emergencias y subraya, por tanto, la importancia de asignar los fondos necesarios en tales casos, especialmente a las organizaciones dirigidas por mujeres y estructuras existentes a nivel local, con el fin de mejorar las estructuras que garantizan el desarrollo adecuado de su educación, sus capacidades y su acceso al empleo a largo plazo;

64.  Señala que la inseguridad alimentaria afecta a las mujeres de manera asimétrica y que poseen, en proporción, menos tierras, ganado y otros bienes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen el objetivo de lograr la igualdad de género en el sector alimentario y agrícola, oportunidades financieras y el acceso a la formación para empoderar a las mujeres en la agricultura; pone de relieve la importancia de apoyar los esfuerzos realizados por los países socios en lo que se refiere a las reformas legales, políticas e institucionales acometidas para proporcionar a las mujeres una igualdad de derechos respecto a los recursos económicos, en particular con respecto al acceso y el control sobre la tierra y otras formas de propiedad;

65.  Pide a la Unión que promueva políticas económicas y comerciales coherentes con los ODS y los objetivos del GAP III; recuerda su posición anterior sobre comercio y género resumida en su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre la igualdad de género en los acuerdos comerciales de la Unión(12); pide a la Unión que siga apoyando e introduciendo políticas comerciales que reduzcan las brechas socioeconómicas y garanticen un elevado nivel de protección y respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos, incluida la igualdad de género;

66.  Acoge con satisfacción que en el GAP III se pida la promoción de la igualdad de género a través de la política comercial de la Unión; pide a la Comisión, al Consejo y al SEAE que promuevan y apoyen la introducción de un capítulo específico sobre género en todos los acuerdos comerciales y de inversión de la Unión, incluidos compromisos de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; pide a la Comisión que incluya el impacto de género de la política y los acuerdos comerciales de la Unión en las evaluaciones de impacto ex ante y ex post;

67.  Destaca su posición anterior, en la que pedía un capítulo específico sobre comercio e igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en la próxima modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile; observa con interés los progresos realizados en relación con un capítulo sobre comercio y género en las negociaciones;

68.  Recuerda su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales(13);

69.  Señala que la política comercial no es neutral en cuanto al género y que se precisa una mejor recopilación de datos desglosados por género, junto con indicadores claros, con el fin de evaluar adecuadamente las diferentes repercusiones de la política comercial en las mujeres y los hombres; reitera su petición a la Unión y a los Estados miembros para que se inspiren en el conjunto de herramientas desarrollado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo e incluyan en las evaluaciones de impacto ex ante y en las evaluaciones ex post las repercusiones de género específicas por país y por sector de la política y los acuerdos comerciales de la Unión; pide a la Comisión que colabore con socios internacionales, como la OMC, y con las autoridades y organizaciones locales a fin de recopilar datos, analizar el impacto del comercio en las mujeres y traducir los datos en propuestas concretas con el objetivo de mejorar el papel de las mujeres en el sistema comercial internacional y fomentar un crecimiento económico inclusivo; destaca que la intensificación de la cooperación entre organizaciones internacionales como la OMC, el Centro de Comercio Internacional y las Naciones Unidas y la creación de redes en las que participen el mundo académico, las organizaciones de la sociedad civil y los parlamentos pueden dar lugar a un mejor intercambio de buenas prácticas y métodos de recopilación de datos, así como a la inclusión de una perspectiva de género en el comercio; insiste en que las cuestiones de género no deben limitarse al capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible;

70.  Pide a la Comisión que participe de forma activa en el Grupo de Trabajo Informal sobre Comercio y Cuestiones de Género de la OMC, creado recientemente, con el fin de lograr una declaración ministerial firme en la XII Conferencia Ministerial que pueda servir de hoja de ruta para la aplicación de la Declaración de Buenos Aires de 2017; subraya que el Grupo de Trabajo Informal sobre Comercio y Cuestiones de Género es un primer paso hacia una plataforma más permanente en el seno de la OMC donde se debatan cuestiones relacionadas con el comercio y el género; pide a la Comisión que siga colaborando activamente con otros miembros de la OMC al objeto de contribuir a la labor del Grupo de Trabajo Informal y explorar la posibilidad de establecer un grupo de trabajo permanente;

71.  Recuerda su petición a la Comisión de que la composición de los grupos consultivos internos sea equilibrada desde el punto de vista del género, se amplíe su papel de supervisión y se establezca un comité de comercio e igualdad de género en cada acuerdo de libre comercio al objeto de detectar las deficiencias;

72.  Pide a la Comisión que evalúe cuidadosamente el impacto de los acuerdos comerciales en los sectores con un elevado porcentaje de trabajadoras, como la confección y la agricultura a pequeña escala; recuerda que la crisis económica provocada por la COVID-19 ha afectado gravemente a estos sectores y ha acrecentado el riesgo de aumento de la desigualdad, discriminación y explotación de las trabajadoras;

73.  Pide a la Comisión que garantice la disponibilidad de recursos suficientes y que publique los recursos asignados, promueva el valor fundamental de la igualdad de género en sus políticas comercial y de inversión y se cerciore de que las secretarías de las instituciones de la Unión responsables de la política y las negociaciones comerciales cuenten con los conocimientos y la capacidad técnica necesarios para incorporar la perspectiva de género al conjunto del proceso de negociaciones comerciales y elaboración de las políticas mediante la determinación de centros de referencia de género en las instituciones y delegaciones de la Unión;

74.  Pide que se incluyan disposiciones exigibles en todos los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible basadas en el respeto de las normas fundamentales del trabajo de la OIT y los convenios pertinentes, en particular el Convenio n.º 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, el Convenio n.º 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, la CEDAW, el Convenio n.º 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), el Convenio n.º 100 relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, y el Convenio n.º 190 sobre la violencia y el acoso, y que dichos convenios y convenciones se incluyan en la lista correspondiente durante la revisión del SPG+;

75.  Acoge con satisfacción el International Workshop Agreement (acuerdo derivado de un taller internacional) de la Organización Internacional de Normalización (ISO/IWA 34) sobre definiciones mundiales relacionadas con el espíritu empresarial de las mujeres, que tiene como objetivo facilitar la elaboración de políticas, la recopilación de datos y el acceso al desarrollo de capacidades, a la financiación y a los mercados para el empoderamiento económico de las mujeres;

76.  Celebra los logros alcanzados hasta la fecha en materia de género en las políticas de concesión préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y pide al BEI que redoble sus esfuerzos y, en particular, que tenga en cuenta en la mayor medida posible los objetivos políticos del GAP III en su mandato de préstamo exterior;

77.  Subraya que la actuación del BEI y otras instituciones europeas de financiación del desarrollo relevantes debe estar completamente alineada con el GAP III; pide al BEI que tenga en cuenta los objetivos del GAP III a la hora de prestar apoyo a las empresas de los países socios mediante evaluaciones de impacto ex ante que deben realizarse para cada proyecto financiado por el BEI, y aboga por un seguimiento continuo de las operaciones sobre el terreno;

Fomentar la participación y el liderazgo de las mujeres, las niñas y las jóvenes

78.  Destaca la importancia del liderazgo y la participación de las mujeres y las niñas en todos los niveles de la toma de decisiones y resalta que la participación equitativa de las mujeres en la vida pública y política es esencial para una buena gobernanza y elaboración de políticas; subraya la importancia de que las mujeres estén representadas en ambos lados de la mesa de negociación en todos los niveles de la acción exterior; reitera que, cuando las mujeres y las niñas dirigen desde la igualdad, comunidades enteras se benefician de soluciones mejores y más duraderas; observa que las mujeres están infrarrepresentadas en todos los niveles de la vida política y pública y que los progresos son lentos;

79.  Pide que se financien programas que fomenten la formación, el compromiso cívico y la participación de las mujeres, incluido el apoyo a enfoques de participación a nivel comunitario y actividades educativas específicas para las niñas y las jóvenes, ya que son la más afectadas por la discriminación; pide la inclusión de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones, gobierno, liderazgo y puestos de poder, a través de reformas de la administración pública, programas y actividades como la creación de redes, los intercambios, la tutoría y el patrocinio, y aboga por la inclusión de las organizaciones locales de defensa de los derechos de las mujeres y de las organizaciones de respuesta humanitaria en primera línea dirigidas por mujeres en las estructuras de coordinación y toma de decisiones humanitarias;

Involucrar a las mujeres en las iniciativas de consolidación de la paz y de seguridad

80.  Destaca la importancia de la contribución de las mujeres y la sociedad civil en la promoción del diálogo, la formación de coaliciones, la mediación en favor de la paz y la aportación de perspectivas diferentes sobre el significado de la paz y la seguridad, en particular en la prevención y la resolución de conflictos y en la reconstrucción tras un conflicto; pide a la Unión que promueva una mayor participación de las mujeres en los procesos de mantenimiento y consolidación de la paz, y que reconozca a las mujeres, las jóvenes, las niñas y las defensoras de los derechos de las mujeres como impulsoras clave del cambio, las respalde y las proteja; pone de relieve que el respeto y la plena materialización de los derechos humanos de las mujeres son la base de una sociedad democrática e inclusiva;

81.  Acoge con agrado la integración del Plan de Acción de la UE sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad en el GAP III y aboga por su aplicación efectiva; destaca el importante papel desempeñado por las iniciativas locales de consolidación de la paz existentes y exitosas dirigidas por mujeres y defensoras de los derechos humanos, y pide a la Unión que apoye, mejore e incluya sistemáticamente estas iniciativas en las consultas, la coordinación y la toma de decisiones en materia de consolidación de la paz;

82.  Pide al SEAE que realice un análisis sistemático de los conflictos que integre una perspectiva de género basada en el análisis de género y en el análisis no sexista de los conflictos, en particular en relación con las misiones y operaciones de la PCSD y las actividades con arreglo al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz; destaca que hacen falta recursos suficientes para crear y reforzar los conocimientos especializados y la capacidad de la Unión para llevar a cabo análisis de riesgos y de conflictos con una perspectiva de género integrada, que deben entrañar que se preste una atención específica a la igualdad de género y se garantice la participación significativa de las mujeres y de los grupos marginados;

83.  Señala que es importante vincular el concepto de seguridad humana a la perspectiva de género; pide a la Unión que, en su agenda sobre la mujer, la paz y la seguridad utilice el concepto de seguridad humana, tal y como se recoge en la Resolución 66/290 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; insiste en que la seguridad debe centrarse en las vidas humanas y en proteger dichas vidas de amenazas tales como la violencia y la falta de educación, atención sanitaria, alimentos o independencia económica; pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros que desarrollen y promuevan el programa de las Naciones Unidas para el desarme; insiste en contar con una política exterior feminista en materia de desarme y no proliferación;

84.  Señala que las mujeres sufren de manera desproporcionada la violencia sexual relacionada con los conflictos, así como otras violaciones de los derechos humanos perpetradas con impunidad, incluido un riesgo más elevado de ser objeto de la trata de seres humanos; hace hincapié en la necesidad de que las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en las zonas y países en conflicto reciban una atención y un trato integrales y adecuados y una reparación eficaz y rápida; observa que este sistema ya funciona allí donde se aplica y contribuye también a la reintegración de las víctimas en la sociedad; recuerda la importancia de combatir la estigmatización de las víctimas; pide que se sigan respaldando medidas que proporcionen paquetes de ayuda en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos a las mujeres en contextos de conflicto y emergencia, mediante la financiación y el apoyo destinados a organizaciones de primera línea y organizaciones dirigidas por mujeres;

85.  Recuerda que el impacto de los conflictos armados en las mujeres y las niñas es desproporcionado; lamenta el uso de la violencia sexual como arma de guerra y subraya la urgente necesidad de luchar contra esta violencia y de combatir la impunidad llevando a los responsables ante la justicia; resalta asimismo que las mujeres son con frecuencia las primeras víctimas de los desplazamientos de población en las zonas de conflicto y a menudo sufren una pérdida de autonomía económica y una falta de acceso a la educación y a unos servicios fiables de salud sexual y reproductiva; insiste en la necesidad de garantizar el acceso a la educación y al empleo a las poblaciones desplazadas por los conflictos o las catástrofes naturales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen con los países socios y sus fuerzas armadas para garantizar la correcta aplicación del IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, centrándose específicamente en la prevención y el castigo de la violencia sexual;

86.  Lamenta la falta de consideración que se presta en el GAP III al patrimonio cultural de los distintos países y al papel de las mujeres en su protección y desarrollo; pide a la Comisión y al SEAE que desarrollen programas encaminados a proteger y reconocer el patrimonio cultural y las tradiciones desarrolladas por mujeres, que con frecuencia pasan desapercibidas, en particular a lo largo de todo el ciclo de los conflictos;

Garantizar una acción humanitaria con perspectiva de género

87.  Lamenta que la Comunicación de la Comisión relativa a la acción humanitaria de la UE: nuevos desafíos, mismos principios (COM(2021)0110), no aborde de manera suficiente la perspectiva de género en contextos humanitarios; pide a la Comisión que presente propuestas más concretas sobre gastos, programas, seguimiento y evaluación específicos de las actividades relacionadas con el género en contextos humanitarios, y que elabore medidas para seguir desarrollando una acción humanitaria de la Unión con perspectiva de género adaptada y eficiente, dada la oportunidad que brinda el enfoque de triple nexo entre la ayuda humanitaria, el desarrollo y la paz para proteger los derechos de las mujeres y las niñas y promover la igualdad de género en todos los contextos;

Construir una sociedad ecológica y digital

88.  Acoge con agrado la inclusión en el GAP III del ámbito prioritario sobre el cambio climático, dado que el cambio climático no es neutro desde el punto de vista del género, pues actúa como amplificador de las desigualdades de género existentes, especialmente entre los pobres, los jóvenes y los pueblos indígenas, y en particular en entornos frágiles; valora la determinación de la Unión a la hora de abordar las cuestiones de género en el contexto de la transición ecológica, habida cuenta del impacto interseccional y desproporcionado del cambio climático en las mujeres y las niñas, en especial en los países en desarrollo; subraya la necesidad de incluir, escuchar y empoderar a las mujeres y a las niñas en lo que se refiere al diseño y la aplicación de enfoques eficaces sobre la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo en los países socios, asegurando de esta forma una acción por el clima transformadora en materia de género y eficaz; pide a la Unión que lidere con el ejemplo incluyendo, sin demora, una perspectiva de género y objetivos en materia de igualdad de género en el Pacto Verde Europeo y en las iniciativas conexas;

89.  Reitera que la igualdad de género es un requisito previo para el desarrollo sostenible y para el logro de una transición justa y equitativa sin que nadie quede excluido; reitera, por tanto, su llamamiento en favor de que el Pacto Verde Europeo vaya seguido rápidamente de una «diplomacia del Pacto Verde» que incluya de forma sistemática una perspectiva de género e interseccional e involucre a las mujeres y las niñas, incluidas las mujeres de los pueblos indígenas, en la toma de decisiones estratégicas de adaptación al cambio climático;

90.  Destaca que mujeres y organizaciones de mujeres están a la vanguardia en lo que se refiere a la búsqueda de soluciones y la facilitación de conocimientos especializados sobre agricultura, clima, energía y preservación de la biodiversidad, y están en primera línea en la lucha contra el cambio climático; pide que se les apoye mediante una financiación adecuada y flexible, marcos legislativos y un acceso a tierras y recursos, y una cooperación con los sectores privados y financieros; reitera la importancia que reviste la adaptación con perspectiva de género, incluida la agricultura climáticamente inteligente, la reducción del riesgo de catástrofes, la economía circular y la gestión sostenible de los recursos naturales;

91.  Aboga por que se fomente el acceso de las mujeres y las niñas a las herramientas digitales y a formación sobre su uso y por que se adopten medidas que promuevan su progresión en las profesiones de los ámbitos CTIM;

92.  Resalta que las redes sociales son una fuente de discriminación y acoso por motivos de género; hace hincapié en la necesidad de que los gobiernos redoblen sus esfuerzos en pro de una mejor regulación de esas redes, junto con las plataformas digitales, con miras a luchar contra la violencia y el acoso en línea por motivos de género; reconoce que esta situación supone una barrera importante para el acceso de las mujeres y las niñas a los espacios digitales y para su participación en línea, y que obstaculiza gravemente la participación política de las niñas y las mujeres, especialmente las que poseen identidades interseccionales, quienes presentan índices de violencia en línea más elevados; pide mecanismos de protección en línea específicos para las mujeres y una mayor participación de las mujeres en el diseño, la construcción y el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial para luchar contra la perpetuación de los estereotipos y los prejuicios de género; aboga por el cumplimiento de disposiciones de Derecho penal adecuadas para contrarrestar los abusos en línea, los mensajes amenazantes, el acoso sexual y la difusión de imágenes privadas sin consentimiento;

93.  Señala que el comercio electrónico tiene potencial para conectar a más empresarias con los mercados internacionales; pide, no obstante, a la Comisión que apoye a las mujeres en la adopción de nuevas tecnologías como la cadena de bloques, que, debido a su naturaleza «entre iguales», anonimato y eficiencia, puede ayudar a determinadas mujeres a superar algunos obstáculos al comercio jurídicos y culturales discriminatorios, mejorar su acceso a la financiación y ayudarles a integrarse en las cadenas de valor mundiales;

Crear una verdadera Generación Igualdad

94.  Reitera la necesidad de que la Unión desempeñe un papel de liderazgo a nivel multilateral en la promoción de una diplomacia feminista, a fin de materializar los compromisos internacionales en el ámbito de los derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas; pide a la Unión, a sus Estados miembros, a la Comisión y al SEAE que se comprometan a avanzar hacia una política exterior, de seguridad y de desarrollo feminista que conlleve una visión transformadora en materia de género y que haga de la igualdad de género una parte fundamental de sus acciones y prioridades exteriores;

95.  Acoge con satisfacción el compromiso de 33 000 000 000 EUR alcanzado por gobiernos de todo el mundo, el sector privado y la sociedad civil en el Foro Generación Igualdad de París; pide un sistema de rendición de cuentas internacional y eficaz y solicita a la Comisión que supervise los compromisos acordados y su aplicación en la práctica;

96.  Recuerda el compromiso de la Comisión de destinar 4 000 000 000 EUR del presupuesto exterior a las mujeres y las niñas, así como de aumentar la financiación para las organizaciones de mujeres; pide que estos compromisos se aclaren, se supervisen adecuadamente y se lleven a la práctica, así como el establecimiento de una base de referencia y unos objetivos claros;

97.  Señala una vez más que el diálogo intergeneracional, la inclusión de hombres y niños y su compromiso con los avances en la igualdad de género son cruciales de cara a lograr un cambio social y la creación una verdadera Generación Igualdad;

98.  Celebra el reconocimiento por parte del GAP III de la importancia que reviste implicar de manera activa a los hombres y a los niños para promover un cambio en las actitudes sociales y, en consecuencia, un cambio estructural más amplio; hace hincapié en la importancia de crear vías prácticas para implicar a los hombres y los niños como agentes del cambio, estableciendo indicadores y metas adicionales relativos a la participación de hombres y niños y velando por que el GAP III tenga resultados positivos también para ellos;

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99.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

(1)  DO L 23 de 27.1.2010, p. 35. (2)  DO L 107 de 26.3.2021, p. 1. (3)  DO L 209 de 14.6.2021, p. 1. (4)  DO C 76 de 9.3.2020, p. 168. (5)  DO C 294 de 23.7.2021, p. 8. (6) DO C 294 de 23.7.2021, p. 58. (7)  DO C 404 de 6.10.2021, p. 202. (8)  DO C 456 de 10.11.2021, p. 191. (9)  DO C 456 de 10.11.2021, p. 232. (10) DO C 81 de 18.2.2022, p. 63. (11) DO C 81 de 18.2.2022, p. 43. (12)  DO C 162 de 10.5.2019, p. 9. (13)  DO C 99 E de 3.4.2012, p. 31.