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Procedimiento : 2022/2664(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

RC-B9-0270/2022

Debates :

PV 18/05/2022 - 24
CRE 18/05/2022 - 24

Votaciones :

PV 19/05/2022 - 7.8
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P9_TA(2022)0215

Textos aprobados
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Jueves 19 de mayo de 2022 - Bruselas
Procesamiento de opositores y detención de dirigentes sindicales en Bielorrusia
P9_TA(2022)0215RC-B9-0270/2022

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2022, sobre el procesamiento de opositores y la detención de dirigentes sindicales en Bielorrusia (2022/2664(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Bielorrusia,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de octubre de 2021,

–  Vistas las recientes declaraciones del vicepresidente de la Comisión / alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre Bielorrusia, especialmente las de los días 10 de noviembre de 2021 sobre la situación en la frontera de la Unión Europea y 28 de febrero de 2022 sobre el referéndum constitucional,

–  Visto el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 4 de marzo de 2022, sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia en el contexto de las elecciones presidenciales de 2020,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los convenios sobre derechos humanos de los que Bielorrusia es parte,

–  Vistos el preámbulo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la necesidad de reconocimiento del principio de libertad sindical, el Convenio de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,

–  Vistos los artículos 36 y 41 de la Constitución de la República de Bielorrusia en lo que respecta a la libertad de asociación y el derecho a formar sindicatos,

–  Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 29 de abril de 2022, sobre las nuevas medidas represivas en Bielorrusia que amplían el ámbito de aplicación de la pena capital,

–  Visto el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, Anaïs Marin, de 4 de mayo de 2021, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Vista la declaración del G7, de 14 de mayo de 2022, sobre la guerra de Rusia contra Ucrania,

–  Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el régimen de Lukashenka en Bielorrusia está posibilitando directamente la agresión militar rusa contra Ucrania, entre otras cosas permitiendo a Rusia atacar a Ucrania, en particular mediante el lanzamiento de misiles balísticos desde el territorio bielorruso, consintiendo el estacionamiento y el transporte de personal militar ruso, el almacenamiento y el transporte de equipos y armamento militares, incluidas las armas pesadas, autorizando que aeronaves militares rusas vuelen a Ucrania por el espacio aéreo bielorruso y proporcionando puntos de repostaje;

B.  Considerando que, el 27 de febrero de 2022, Bielorrusia organizó un supuesto referéndum en un ambiente de represión por el que aprobó una nueva Constitución que menoscaba su neutralidad, renuncia a su estatuto de país no nuclear y otorga al presidente una inmunidad permanente de enjuiciamiento una vez que haya abandonado su cargo;

C.  Considerando que, el 2 de diciembre de 2021, la Unión adoptó el quinto paquete de sanciones contra Bielorrusia por las continuas violaciones de los derechos humanos y la instrumentalización de los migrantes;

D.  Considerando que la Unión adoptó una serie de medidas en 2022 en respuesta a la implicación de Bielorrusia en la guerra rusa de agresión contra Ucrania no provocada, injustificada e ilegal, entre otras la imposición de sanciones individuales y económicas;

E.  Considerando que Polonia, Letonia y Lituania, que son Estados miembros vecinos de Bielorrusia, están siendo sometidos a una forma de guerra híbrida mediante los cruces ilegales de las fronteras exteriores de la Unión auspiciados por Bielorrusia y cuyo objetivo es seguir intimidando y desestabilizando a la Unión;

F.  Considerando que, el 4 de mayo de 2022, el Consejo de la República aprobó una modificación del artículo 289 del Código Penal por la que se introduce la pena de muerte para los «actos de terrorismo en grado de tentativa», una medida que va contra la tendencia mundial de abandonar la pena de muerte, mientras que más de treinta presos políticos han sido acusados o condenados a largas penas de prisión en virtud de la misma disposición del Código Penal y otros representantes de la oposición democrática o activistas políticos son perseguidos bajo acusaciones de «terrorismo»; que Bielorrusia es el único país de Europa que sigue aplicando la pena capital;

G.  Considerando que las autoridades bielorrusas han disuelto al menos 275 organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos y que han bloqueado varios medios de comunicación independientes que informan sobra la guerra, alegando difusión de «materiales extremistas» e «información falsa»; que, el 5 de abril de 2022, el fiscal general de Bielorrusia anunció el bloqueo del sitio web de Human Rights Watch; que Aliaksandr Lukashenka ha ampliado su campaña contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas encarcelando a Andrzej Poczobut, destacado periodista y activista que fue víctima de una campaña de propaganda basada en hechos históricos falsos; que más de sesenta representantes de los medios de comunicación están siendo procesados penalmente; que veintiséis están encarcelados;

H.  Considerando que, el 6 de julio de 2021, el candidato presidencial Víktar Babaryka fue condenado a catorce años de prisión y que la jefa de su campaña presidencial, galardonada con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo en 2020, María Kalésnikava, y su abogado Maksim Znak fueron condenados a once y diez años de prisión, respectivamente;

I.  Considerando que, el 14 de diciembre de 2021, los dirigentes de la oposición bielorrusa Siarhéi Tsijanouski y Mikalái Statkévich, galardonados con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo 2020, e Íhar Losik, Artsiom Sakau, Uladzímir Tsyhánovich y Dzmitry Papou fueron condenados a largas penas de prisión por falsas acusaciones de tentativas de tomar el poder, incitación al odio y a los disturbios sociales, y extremismo; que Siarhéi Tsijanouski, detenido en mayo de 2020 tras anunciar su intención de presentarse a la presidencia contra el dictador bielorruso de larga duración Aliaksandr Lukashenka, y que ha permanecido detenido desde entonces, ha sido condenado a dieciocho años de prisión; que Mikalái Statkévich, veterano político líder del partido político no registrado Narodnaya Hramada que participó en las elecciones presidenciales de 2010, fue condenado a catorce años de prisión y que Íhar Losik, Artsiom Sakau, Uladzímir Tsyhánovich y Dzmitry Papou fueron condenados a penas de quince, dieciséis, quince y dieciséis años, respectivamente, por similares cargos amañados;

J.  Considerando que los sindicatos desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar el correcto funcionamiento de la democracia, la representación de los ciudadanos y los trabajadores, y la defensa de sus derechos;

K.  Considerando que al menos dieciocho líderes sindicales y representantes del movimiento sindical independiente de Bielorrusia fueron detenidos el 19 de abril de 2022 y acusados, en virtud del artículo 342 del Código Penal, de organización y preparación de acciones que atentan gravemente contra el orden público o de participación activa en tales acciones, lo que da lugar a detenciones, privación de libertad de dos a cinco años o a penas de prisión de hasta cuatro años; que entre los detenidos figuran Aliaksandr Yarashuk, presidente del Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia, que también es vicepresidente de la Confederación Sindical Internacional y miembro del Consejo de Administración de la OIT, Siarhéi Antusevich, vicepresidente del Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia, Aleh Padalinski, secretario internacional del Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia, Alena Yaskova, abogada del Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia, y Mikalái Sháraj, presidente del Sindicato Libre de Bielorrusia;

L.  Considerando que en los dos últimos meses se han intensificado los ataques contra activistas y líderes sindicales, principalmente por el hecho de que muchos de ellos estén plantando cara al apoyo de Bielorrusia a la guerra rusa de agresión contra Ucrania, así como por su apoyo continuado a la democracia y su oposición al régimen de Lukashenka; que el último ataque al movimiento sindical independiente tuvo lugar el 19 de abril de 2022; que se han realizado registros en la oficina del Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia y en las oficinas de sus organizaciones afiliadas, el Sindicato Libre de Bielorrusia, el Sindicato Libre de Trabajadores Metalúrgicos y el Sindicato de Trabajadores de Radio y de la Industria Electrónica de Bielorrusia en Minsk y en las regiones próximas, así como en los domicilios particulares de líderes sindicales y activistas;

M.  Considerando que, el 17 de mayo de 2022, Maksim Pazniakou fue detenido por las autoridades estatales bielorrusas; que, el 13 de mayo de 2022, el Consejo de Representantes del Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia había elegido a Maksim Pazniakou (presidente del Sindicato Independiente de Mineros y Trabajadores Químicos de Bielorrusia) vicepresidente del Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia, convirtiéndolo, conforme a sus estatutos, en presidente en funciones de la organización; que, el 13 de mayo de 2022, el Consejo del Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia redactó una declaración pública para reiterar su condena de las detenciones de sus compañeros y anunció que proseguirían con su labor a pesar de las detenciones, en una declaración firmada por Maksim Pazniakou y publicada el 16 de mayo de 2022;

N.  Considerando que la persecución de los sindicatos y los dirigentes sindicales independientes ha adquirido recientemente un carácter sistémico y es una muestra de la campaña antisindical actualmente en marcha en Bielorrusia, como también subrayó el Parlamento en su Resolución de 7 de octubre de 2021;

O.  Considerando que muchos sindicalistas siguen detenidos, entre ellos el presidente y el vicepresidente de la principal confederación sindical independiente, el Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia, con defensa jurídica limitada y sin acceso a sus familiares o compañeros sindicales; que las personas detenidas no pueden ver a sus familiares o compañeros sindicales y que su seguridad, salud y bienestar psicológico siguen siendo motivo de gran preocupación;

P.  Considerando que el movimiento sindical independiente en Bielorrusia es objeto de graves ataques desde hace muchos años; que los locales sindicales están bajo vigilancia, los defensores de los derechos laborales son objeto de acoso, así como de despidos y detenciones ilegales, y los miembros de los sindicatos son intimidados para que dimitan; que se han realizado registros en los domicilios particulares de los dirigentes y miembros y que el KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti — Comité de Seguridad del Estado bielorruso) ha clasificado recientemente algunos sindicatos como «grupos extremistas», entre otros el Sindicato de Trabajadores de Radio y de la Industria Electrónica de Bielorrusia, el 7 de abril de 2022;

Q.  Considerando que las autoridades bielorrusas han revocado el estatuto jurídico de las organizaciones del Sindicato Independiente de Bielorrusia (miembro del Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia) en las refinerías de petróleo de Grodno Azot, Naftan y Mozyr, lo que supone una nueva merma en los derechos de representación y protección de los trabajadores; que Olga Britikova, presidenta del Sindicato Independiente de la refinería de petróleo OSJC Naftan, ha sido condenada por quinta vez consecutiva;

R.  Considerando que el movimiento sindical independiente de Bielorrusia ha estado en la vanguardia de la lucha por la democracia y el diálogo en Bielorrusia durante mucho tiempo; que la detención de los líderes sindicales repercutirá en el ejercicio de los derechos sindicales en Bielorrusia y tendrá un efecto disuasorio sobre los trabajadores;

S.  Considerando que el régimen de Minsk procesa continuamente a sus ciudadanos por motivaciones políticas, también por protestas contra la guerra, que siguen detenidos manifestantes pacíficos y que se imponen detenciones arbitrarias por exhibir símbolos blanquirrojos, también en casas y terrenos privados; que, en mayo de 2022, alrededor de 1 200 personas en Bielorrusia eran consideradas presos políticos, según el Centro de Derechos Humanos Viasna; que, desde agosto de 2020, han sido detenidas más de 40 000 personas y se han incoado más de 5 500 procesos penales contra ciudadanos bielorrusos, mientras que no se ha presentado ni un solo cargo contra las personas responsables o cómplices de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos;

T.  Considerando que la persecución penal es una forma severa de represión y sigue siendo indiscriminada y generalizada en Bielorrusia; que el poder judicial se ha convertido en un instrumento eficaz para la supresión de los derechos y libertades en Bielorrusia, donde los jueces participan activamente en la represión; que las pruebas presentadas no son objeto de una evaluación crítica objetiva, que la legislación antidemocrática se aplica a ciegas y que los acusados son condenados de forma sistemática a la pena más severa posible; que la impunidad generalizada de las violaciones de los derechos humanos perpetúa la situación desesperada del pueblo bielorruso;

U.  Considerando que el examen de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que las personas, contra las que se ha dirigido sistemáticamente un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, han sido objeto de detenciones, arrestos —incluida la detención incomunicada— torturas o malos tratos, violaciones y violencia sexual y de género, y denegación sistemática de las garantías procesales y del derecho a un juicio justo; que miles de ciudadanos de Bielorrusia se han visto forzados u obligados de otro modo a abandonar su país y buscar refugio en el extranjero;

V.  Considerando que el 6 de mayo de 2022 un tribunal bielorruso condenó a Sofia Sapega, ciudadana rusa y estudiante de la Universidad Europea de Humanidades, que fue detenida luego de que el vuelo comercial entre dos capitales de la Unión Europea en el que viajaba se viera obligado a aterrizar en Bielorrusia el año pasado, a seis años de prisión por incitar al odio social;

W.  Considerando que Bielorrusia inició la explotación comercial de la central nuclear bielorrusa de Astravets sin tener en cuenta todas las recomendaciones de seguridad recogidas en el informe de las pruebas de resistencia de la UE de 2018; que la parte bielorrusa no es transparente y no proporciona información fiable sobre los acontecimientos en el emplazamiento de la central, lo que confirma de nuevo que la central nuclear bielorrusa no es segura y representa una grave amenaza para la seguridad nuclear del pueblo de Bielorrusia, de los países vecinos y de toda Europa;

1.  Reafirma su solidaridad con los ciudadanos de Bielorrusia, que sigue manifestándose por una Bielorrusia soberana, libre y democrática, poniendo en riesgo su libertad y cada vez más su propia vida, y exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de todas las personas detenidas, encarceladas o condenadas arbitrariamente por motivos políticos, y que se retiren todos los cargos contra ellos, así como su plena rehabilitación e indemnización económica por los daños sufridos como consecuencia de su detención ilegítima; pide que se ponga fin a la violencia estatal;

2.  Condena la represión sistemática del régimen de Lukashenka contra civiles, que desde las elecciones amañadas del 9 de agosto de 2020 ha obligado a miles de bielorrusos a huir del país; reitera que la campaña de represión sistemática en curso y el desplazamiento forzoso de civiles constituyen graves violaciones de los derechos humanos;

3.  Pide que se organicen nuevas elecciones libres y justas bajo la observación internacional de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); recuerda que la Unión Europea y sus Estados miembros no reconocieron los resultados de la elección presidencial de 2020 por razones de fraude y mentira masivos y que no reconocen a Aliaksandr Lukashenka como presidente de Bielorrusia;

4.  Recuerda a Bielorrusia sus obligaciones en virtud del Derecho internacional en materia de derechos humanos e insiste en la necesidad de garantizar las libertades fundamentales y los derechos humanos, el Estado de Derecho y un poder judicial independiente en Bielorrusia; Insta a las autoridades bielorrusas a que cooperen plenamente con los organismos internacionales pertinentes, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la OSCE y la OIT, también mediante la concesión de acceso sin trabas y la aplicación de recomendaciones, y a que cumplan sus obligaciones en virtud del Derecho nacional e internacional; insiste en la necesidad de poner fin a toda represión, persecución, malos tratos, violencia sexual y de género, desapariciones forzadas y torturas; pide que se ponga fin a la discriminación contra las mujeres y los grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad y las personas LGBTQI;

5.  Denuncia que los juicios con motivaciones políticas se celebren a puerta cerrada y sin las debidas garantías procesales, contraviniendo así las obligaciones y compromisos internacionales del país, lo que se traduce en las duras e injustificadas sentencias dictadas contra líderes de la oposición, en particular Siarhéi Tsijanouski, Mikalái Statkévich, Víktar Babaryka, María Kalésnikava, Maksim Znak, Íhar Losik, Artsiom Sakau, Uladzímir Tsyhánovich y Dzmitry Papou; toma nota de las condiciones inhumanas en los centros de detención bielorrusos, incluidos los abusos físicos y psicológicos y las celdas superpobladas y poco higiénicas;

6.  Reclama a la Comisión y a los Estados miembros que presten apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil en Bielorrusia, que se enfrentarán a una severa represión, en particular mediante la expedición de visados de emergencia para abandonar Bielorrusia en caso necesario;

7.  Pide a las autoridades bielorrusas que liberen de forma inmediata e incondicional a todos los líderes sindicales y representantes detenidos y que retiren todos los cargos contra ellos; pide que se ponga fin a las intimidaciones contra dirigentes y activistas sindicales independientes y a las injerencias en el funcionamiento de los sindicatos independientes en Bielorrusia; insiste en que las autoridades bielorrusas deben eliminar todos los obstáculos, tanto jurídicos como prácticos, a la organización de sindicatos independientes y a la participación en ellos; pide a las autoridades bielorrusas que adapten la legislación del país a sus compromisos internacionales en materia de Derecho laboral y a las conclusiones pertinentes de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y del Comité de Libertad Sindical de la OIT, y que cooperen con la OIT para aplicar plenamente y sin demora las recomendaciones de la Comisión de Investigación;

8.  Condena la reciente detención y arresto de líderes y representantes sindicales por parte de las autoridades bielorrusas, así como el ataque que representa tanto a los derechos humanos como a los derechos fundamentales consagrados en los convenios internacionales, incluidos los de la OIT relacionados con el derecho de los trabajadores a organizarse y participar en la acción pública;

9.   Pide a las autoridades bielorrusas que faciliten información clara sobre el paradero y el estado de salud de los detenidos por motivos políticos, que los liberen inmediatamente y que garanticen su acceso a una justicia independiente;

10.  Reitera que el derecho de manifestación y huelga es un derecho fundamental, y pide a Bielorrusia que levante todas las restricciones legales y prácticas que impiden estas libertades, que restablezca inmediatamente el estatuto jurídico de los sindicatos independientes a los que se ha privado recientemente de este en varias empresas, incluidas las refinerías de petróleo Grodno Azot, Naftan y Mozyr, y que retire la clasificación del Sindicato de Trabajadores de Radio y de la Industria Electrónica de Bielorrusia como organización extremista;

11.  Anima a los sindicatos de todos los Estados miembros a seguir reforzando los contactos con sus homólogos bielorrusos, a intercambiar información sobre la evolución de la situación de los activistas sindicales en Bielorrusia y la represión por parte del régimen al que se enfrentan, a facilitar la cooperación y a proporcionarles apoyo material y psicológico;

12.  Pide a la Comisión que refuerce el apoyo al desarrollo de capacidades de los sindicatos independientes de Bielorrusia, los medios de comunicación libres, la sociedad civil y los activistas en favor de la democracia, tanto en Bielorrusia como en el exilio;

13.  Destaca que las acciones de las autoridades bielorrusas contra los sindicatos independientes representan una violación de la legislación nacional del país y de sus obligaciones internacionales; pide a la OIT que suspenda la condición de miembros de la organización de los sindicatos bielorrusos progubernamentales, ya que no representan la voz independiente de los trabajadores ni protegen sus derechos;

14.  Subraya el importante papel de coordinación desempeñado por el Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia al representar a los miembros de sindicatos bielorrusos independientes en instituciones nacionales e internacionales, y pide a las autoridades bielorrusas que pongan fin a su represión y establezcan una relación de trabajo con los sindicatos democráticos e independientes basada en el diálogo social, como forma de entablar un diálogo entre las autoridades, las instituciones estatales, los empleadores y los trabajadores, y la sociedad civil en general;

15.  Expresa su profunda preocupación por los riesgos que suponen el abandono de la neutralidad de Bielorrusia, la acogida de fuerzas armadas rusas y la realización de ejercicios militares conjuntos; observa el papel cada vez mayor de Rusia en Bielorrusia, incluida su influencia financiera, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad de Bielorrusia para tomar decisiones soberanas;

16.  Manifiesta su consternación por el apoyo prestado por el régimen de Lukashenka a la guerra no provocada de Rusia contra Ucrania, en particular a través del llamado referéndum que restablece el estatuto nuclear del país, pero también permitiendo la circulación de tropas y armas, el uso del espacio aéreo del país, el repostaje y el almacenamiento de munición militar;

17.  Condena firmemente el uso del territorio bielorruso por parte del ejército ruso; condena el apoyo de Bielorrusia y de las fuerzas armadas y de los servicios secretos bielorrusos al lanzamiento de la guerra de agresión ilegal, no justificada y no provocada contra Ucrania; considera a Bielorrusia corresponsable del ataque, con todas las consecuencias jurídicas que se derivan del Derecho internacional;

18.  Hace hincapié en que el referéndum constitucional del 27 de febrero de 2022, gestionado por las autoridades ilegítimas bielorrusas en un contexto de violaciones generalizadas de los derechos humanos, represión brutal y uso deliberado de la desinformación, no puede considerarse la expresión democrática legítima de la voluntad del pueblo bielorruso ni legitimar la continua presidencia ilícita de Aliaksandr Lukashenka; pide a las autoridades bielorrusas que apliquen las recomendaciones de la misión de expertos independiente en el marco del Mecanismo de Moscú;

19.  Condena las campañas de desinformación y la difusión de la propaganda bélica del Kremlin en Bielorrusia;

20.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que velen por que se adopten las medidas necesarias para reforzar la resiliencia frente a todas las formas de injerencia extranjera que podrían ser perpetradas por el régimen de Lukashenka, incluidos, entre otros, los ciberataques y la desinformación en el contexto de la actual agresión de Rusia contra Ucrania;

21.  Observa con preocupación la continua integración de Rusia y Bielorrusia en varios ámbitos, entre ellos la militarización progresiva de Bielorrusia y del conjunto de la región, lo que constituye un posible desafío para la seguridad y la estabilidad del continente europeo y, en particular, para los países de la vecindad oriental de la Unión con los que Rusia ya está en conflicto;

22.  Expresa su reconocimiento y apoyo a los ciudadanos bielorrusos que han salido a las calles, arriesgando su propia seguridad, para condenar la guerra iniciada por la Federación de Rusia y apoyada por el dictador ilegítimo de Bielorrusia, y también a aquellos que han realizado operaciones de sabotaje para impedir y perturbar la logística militar rusa dentro del territorio bielorruso;

23.   Lamenta que Bielorrusia sea actualmente el único país de Europa que sigue aplicando la pena de muerte e incluso ha ampliado su ámbito de aplicación; condena la reforma del Código Penal bielorruso que introduce la pena de muerte para los «actos de terrorismo en grado de tentativa»; considera que el régimen puede abusar fácilmente de este mecanismo para liquidar a sus opositores políticos; recuerda que muchos presos políticos han sido acusados o ya han sido condenados a largas penas de prisión en virtud de las disposiciones sobre terrorismo del Código Penal bielorruso; pide a las autoridades bielorrusas la abolición inmediata de la pena de muerte con carácter irreversible;

24.   Destaca la importancia de abordar las amenazas para la seguridad nuclear que plantea la central nuclear bielorrusa de Astravets; insiste en que Bielorrusia debe comprometerse con cuestión de la seguridad nuclear de esa central mediante una total transparencia y con la plena aplicación de las recomendaciones formuladas en la revisión inter pares de esa central por parte del Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear; respalda, hasta ese momento, la prohibición de importar energía procedente de la central nuclear bielorrusa en el mercado de la Unión y la plasmación de esta posición en el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea; pide la introducción de salvaguardias eficaces contra la venta directa o indirecta de electricidad bielorrusa producida en la central nuclear de Astravets a los mercados de la Unión, así como el cese de las inversiones de los Estados miembros de la Unión en proyectos de infraestructura energética en Bielorrusia;

25.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión relativa a un sexto paquete de sanciones contra Rusia y Bielorrusia, y pide al Consejo que vele por su aplicación integral y sin demora; pide que todas las sanciones impuestas a Rusia tengan su estricto reflejo también en Bielorrusia y se apliquen adecuadamente, inclusive en todas las futuras rondas de sanciones;

26.  Subraya la necesidad de una investigación exhaustiva sobre los crímenes cometidos por el régimen de Lukashenka contra el pueblo de Bielorrusia; pide a los Estados miembros que apliquen activamente el principio de jurisdicción universal y preparen causas judiciales contra los funcionarios bielorrusos responsables o cómplices de la violencia y la represión, incluido Aliaksandr Lukashenka;

27.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y al SEAE que cooperen con socios internacionales, como el Mecanismo de Moscú de la OSCE y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como con los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil sobre el terreno, a fin de garantizar el seguimiento, la documentación y la notificación de las violaciones de los derechos humanos y la consiguiente rendición de cuentas y justicia para las víctimas;

28.  Pide a las instituciones de la Unión que adopten todas las medidas necesarias en las instituciones y procedimientos internacionales y en la Corte Penal Internacional u otras jurisdicciones o tribunales internacionales pertinentes para apoyar la investigación y el enjuiciamiento, en relación con la guerra rusa de agresión contra Ucrania, de las acciones de los responsables políticos, y en particular de Aliaksandr Lukashenka, como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad;

29.  Elogia la labor sistemática y coherente de las fuerzas democráticas bielorrusas en Bielorrusia y en el exilio, en particular la líder de la oposición democrática, Svetlana Tijanóuskaya, el Consejo de Coordinación y la Gestión Nacional Anticrisis; reitera la imperiosa necesidad de mantener y ampliar los contactos y la cooperación con estas fuerzas; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen a la oposición política democrática en Bielorrusia prestándole la ayuda necesaria para reforzar sus capacidades;

30.  Lamenta que los Estados miembros no actuaran de manera coordinada unificada al retirar sus representaciones diplomáticas de Bielorrusia;

31.  Insta a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros de la Unión a que aumenten el apoyo directo a la oposición bielorrusa, a la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos, a los representantes sindicales y a las organizaciones de medios de comunicación independientes dentro y fuera de Bielorrusia; destaca la importancia de mantener relaciones con estas personas, de hacer un seguimiento de la situación y de los juicios contra los diferentes presos políticos sobre el terreno, la flexibilización de los requisitos de visado, la mejora de los procesos de asilo y la prestación de refugio temporal en los Estados miembros de la UE a quienes buscan refugio procedentes de Bielorrusia;; se compromete a intensificar sus propias actividades de apoyo a la democracia; reitera su llamamiento en favor de un programa de asistencia específico de la Unión Europea para ayudar a la sociedad civil, los medios de comunicación independientes, el mundo académico —inclusive mediante la ayuda continuada a la Universidad Europea de Humanidades como base educativa para los estudiantes bielorrusos y la oposición bielorrusa en el exilio—, así como a las víctimas de la represión política y de la violencia policial y a quienes huyen del régimen opresor;

32.  Apoya los preparativos para una conferencia internacional de donantes dirigida por la Unión para ayudar a las fuerzas democráticas de Bielorrusia; pide a la Unión que colabore a nivel operativo con los representantes de las fuerzas democráticas de Bielorrusia con el fin de concluir los trabajos sobre la adopción de una hoja de ruta destinada a la aplicación del paquete económico y de inversión de 3 000 000 000 EUR ya previsto por la Comisión como una forma de asumir las aspiraciones democráticas del pueblo bielorruso; pide un diálogo político entre la UE y las fuerzas democráticas de Bielorrusia con el fin de buscar una visión conjunta sobre dicho plan de apoyo; destaca la necesidad de un debate público de fondo con el fin de fomentar el apoyo público a una participación sustancial de la Unión;

33.  Reitera la importancia de la creación de embajadas populares de Bielorrusia en todo el mundo e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que presten más apoyo para proteger los derechos e intereses de los ciudadanos bielorrusos en el extranjero y los intereses de una Bielorrusia democrática, por ejemplo, explorando formas de financiar las embajadas populares de Bielorrusia;

34.  Pide a los Estados miembros que mejoren su cooperación en materia de gestión de fronteras, lucha contra la trata de seres humanos y otros retos en materia de seguridad creados o agravados por el régimen bielorruso;

35.  Pide a la Comisión, al Consejo, al VP / AR y a los Estados miembros que sigan planteando la situación en Bielorrusia en todas las organizaciones europeas e internacionales pertinentes, en particular la OSCE, las Naciones Unidas y sus órganos especializados, y la OIT, con el fin de aumentar el control internacional de las violaciones de los derechos humanos, reforzar la acción internacional sobre la situación en Bielorrusia y superar la obstrucción de Rusia y otros países a dicha acción;

36.  Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que organicen cumbres de periodicidad regular con altos representantes de las fuerzas democráticas de Bielorrusia; considera que ello se traduciría en la adopción de directrices políticas conjuntas sobre el futuro de las relaciones de la UE con una Bielorrusia democrática;

37.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a las autoridades de la República de Bielorrusia y a los representantes de la oposición democrática bielorrusa.

Última actualización: 30 de agosto de 2022Aviso jurídico - Política de privacidad