El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 7 de abril de 2022, sobre las Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo de 2022, en particular las últimas novedades en cuanto a la guerra en Ucrania, las sanciones de la Unión contra Rusia y la aplicación de estas(1),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2022,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2022, titulada «REPowerEU: acción europea conjunta por una energía más asequible, segura y sostenible» (COM(2022)0108),

–  Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulado «Identifying Europe’s recovery needs» (Determinar las necesidades de recuperación de Europa) (SWD(2020)0098),

–  Visto el informe de las perspectivas económicas regionales del Fondo Monetario Internacional (FMI), de 22 de abril de 2022, titulado «Europa: La guerra retrasa la recuperación europea»,

–  Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2022, sobre la necesidad de un plan de acción urgente de la UE para garantizar la seguridad alimentaria dentro y fuera de la Unión en vista de la invasión rusa de Ucrania(2),

–  Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2022, sobre el impacto de la guerra contra Ucrania en las mujeres(3),

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 16 de diciembre de 2020, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios(4),

–  Vista su Resolución, de 8 de julio de 2021, sobre la revisión del marco legislativo macroeconómico para lograr una mayor repercusión en la economía real de Europa y una mayor transparencia en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas democrática(5),

–  Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Rusia, sin provocación previa alguna, libra una guerra de agresión contra Ucrania ilegal e injustificada desde el 24 de febrero de 2022;

B.  Considerando que la invasión rusa de Ucrania constituye una importante crisis humanitaria que afecta a millones de personas y que inevitablemente provocará en la Unión una grave conmoción económica de duración y magnitud inciertas;

C.  Considerando que las consecuencias más importantes de la guerra en Ucrania son las vidas perdidas y la crisis humanitaria asociada con el gran número de personas asediadas y desplazadas; que, hasta el 5 de mayo de 2022, más de 5 700 000 de personas habían huido de Ucrania, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y que más del 85 % de ellas se encuentran acogidas actualmente en un país de la Unión; que la carga de la crisis humanitaria está recayendo en gran medida en los Estados miembros limítrofes con Ucrania;

D.  Considerando que los impactos medioambientales ocasionados por el conflicto, como consecuencia de los bombardeos, las fugas de petróleo y gas y los incidentes en fábricas de productos químicos y plantas nucleares, son motivo de gran preocupación para la población tanto en Ucrania como en la Unión; que la Unión debe ayudar a proteger frente a los daños medioambientales causados por la guerra y contribuir a subsanarlos, así como sancionar los delitos medioambientales, ya que inevitablemente tendrán consecuencias duraderas;

E.  Considerando que Rusia ha decidido unilateralmente cortar el suministro de gas a Bulgaria y Polonia; que un número cada vez mayor de Estados miembros de la Unión ya han expresado su apoyo a la aplicación de un embargo energético total a Rusia para escapar de este chantaje;

F.  Considerando que las sanciones están teniendo un efecto severo en la economía rusa (según el FMI, un 8,5 % de contracción de su PIB y un 21,3 % de inflación en 2022); que las compras europeas de combustibles fósiles a Rusia con pagos de hasta 800 000 000 EUR al día a Rusia por el suministro siguen proporcionando al régimen medios que ayudan a financiar la guerra; que la Comisión ha presentado un ambicioso plan para prohibir la importación de petróleo ruso en un plazo de seis meses y de productos refinados a finales de año;

G.  Considerando que el contexto económico, combinado con los efectos de las sanciones necesarias, tendrá un grave impacto en la situación social y económica, entre otros, en los mercados laborales de la Unión y las condiciones de vida; que existe el riesgo de que la crisis resultante de la guerra afecte negativamente al crecimiento y al empleo también a través de repercusiones en los mercados financieros, escasez de energía y nuevas presiones sobre los precios de esta, cuellos de botella persistentes en las cadenas de suministro y efectos en la confianza;

H.  Considerando que la inflación de los precios al consumo en la Unión ha alcanzado niveles no registrados desde la década de 1970 en muchos países, situándose en el 7,5 % en abril de 2022, el nivel más alto desde la introducción de la moneda única, un máximo debido principalmente a las subidas de los precios de las energías fósiles; que esto ha provocado un aumento de los precios agrícolas; que, según las últimas previsiones del BCE para la zona del euro, se espera que la tasa de inflación (IPC armonizado) disminuya de una media del 5,1 % en 2022 al 2,1 % en 2023 y al 1,9 % en 2024;

I.  Considerando que el aumento de la inflación y, en particular, el rápido incremento de los precios de los alimentos y de la energía en toda la Unión están afectando a las poblaciones más vulnerables, acrecentando aún más la desigualdad y agravando la pobreza y la pobreza energética; que no se prevé que los salarios aumenten tan rápido como la inflación y que, por lo tanto, los trabajadores van a perder poder adquisitivo y sus condiciones de vida podrían empeorar en los próximos meses; que esto también ejercerá una mayor presión sobre la capacidad de la política social, así como sobre los estabilizadores automáticos, como los programas nacionales de desempleo; que el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) que adoptó la Comisión fue un éxito;

J.  Considerando que, según las perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI) de abril de 2022, se prevé que el crecimiento mundial se ralentice desde un 6,1 % estimado en 2021 hasta un 3,6 % en 2022 y 2023, es decir, 0,8 y 0,2 puntos porcentuales menos para 2022 y 2023 de lo proyectado en enero; que se prevé que el crecimiento en la zona del euro disminuya de un 5,3 % estimado en 2021 a un 2,8 % en 2022 y un 2,3 % en 2023;

K.  Considerando que, según la propuesta de la Comisión de un Informe Conjunto sobre el Empleo 2022, el uso generalizado de sistemas de retención de empleo durante la pandemia contribuyó al aumento relativamente limitado del desempleo en 2021, pasando de un aumento del 6 % en 2020 a solo un 0,4 % en 2021(6);

L.  Considerando que las pequeñas y medianas empresas (pymes) tienen más dificultades para obtener financiación que las grandes empresas; que los procedimientos administrativos dificultan especialmente el acceso de las pymes a los fondos públicos; que, por consiguiente, las condiciones para el acceso de las pymes a la ayuda financiera deben tener en cuenta la necesaria simplificación de los procedimientos;

M.  Considerando que Europa se enfrenta a nuevos retos, como el aumento de las desigualdades entre generaciones, la reducción de las oportunidades y los recursos sociales, sanitarios, económicos y medioambientales, las disparidades territoriales y el acceso desigual a los servicios sociales y sanitarios fundamentales, al empleo y las oportunidades empresariales y a las infraestructuras sociales; que, en 2020, 96 500 000 personas en la Unión estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale al 21,9 % de la población de la Unión; que la pobreza y la exclusión social han disminuido en la última década; que es necesario que sigan reduciéndose; que la reducción de las desigualdades es una responsabilidad compartida entre la Unión y los Estados miembros; que debemos abordar las causas profundas de los desequilibrios económicos y sociales a largo plazo;

N.  Considerando que alrededor de 34 000 000 de europeos comunicaron que no podían calentar adecuadamente sus hogares y, en una encuesta realizada en 2019 en el conjunto de la Unión, el 6,9 % de su población declaró que no puede permitirse calentar suficientemente su hogar;

O.  Considerando que unos sistemas de protección social sólidos son esenciales para la resiliencia social en tiempos de crisis; que la principal consecuencia social en Europa es el aumento del coste de la vida y del precio de los bienes y servicios, hecho que pone en peligro derechos humanos como el acceso a la alimentación, la vivienda, la ropa y la educación, unas condiciones de trabajo favorables y la protección contra el desempleo, así como el acceso a la atención médica;

P.  Considerando que el Plan de Acción del pilar europeo de derechos sociales fijó como objetivo de la Unión reducir el número de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social en al menos 15 000 000 y adoptó una serie de propuestas para alcanzar este objetivo para 2030; que, en el contexto actual, es más difícil alcanzar el objetivo, dado que se prevé un aumento de la pobreza y del desempleo en los próximos meses; que los sistemas de protección social están sometidos a una fuerte presión para mitigar el impacto social de la crisis, prestar apoyo a los refugiados y garantizar a todos unas condiciones de vida dignas, así como el acceso a servicios esenciales de calidad, como la salud, la educación y la vivienda;

Q.  Considerando que la Agencia Internacional de la Energía ha estimado que los beneficios extraordinarios ascienden a 200 000 000 000 EUR(7) en 2022; que asimismo ha declarado que podrían introducirse medidas fiscales temporales sobre los beneficios inesperados para obtener ingresos públicos con los que compensar parcialmente el aumento de la factura energética; que la Comisión propuso orientaciones sobre la introducción de medidas fiscales temporales sobre los beneficios inesperados en marzo de 2022(8);

R.  Considerando que la guerra librada por Rusia en Ucrania ha demostrado la determinación, la unidad y la fuerza de la Unión en la defensa de los valores democráticos; que también ha demostrado la necesidad de aplicar reformas económicas, sociales e institucionales de la Unión para hacer frente a las consecuencias mundiales de la agresión militar rusa; que es absolutamente necesario mantener la hasta ahora impresionante unidad y solidaridad de la Unión en respaldo del uso de todas las herramientas no militares disponibles para poner fin a la agresión rusa contra Ucrania y a través de medios colectivos para hacer frente a los efectos inmediatos dentro de la Unión, así como mantener la agenda legislativa en curso con el objetivo de mejorar la resiliencia social, económica y medioambiental de la Unión, a pesar del deseo de Putin de dividirnos y desbaratar esos esfuerzos;

S.  Considerando que es necesario garantizar el funcionamiento de la economía de mercado social, incluso en tiempos de crisis, para que desarrolle todo su potencial en beneficio de los consumidores europeos y contribuya a impulsar la productividad, la competitividad de las empresas europeas y la creación de empleo de calidad;

T.  Considerando que la Comisión ha presentado medidas concretas para hacer realidad el plan REPowerEU;

U.  Considerando que la Unión debe convertirse en una verdadera potencia en la escena mundial con capacidad para actuar y decidir por sí misma, en particular en materia de defensa, energía, agricultura, acuicultura e industria;

V.  Considerando que para los refugiados que llegan a la Unión también es cada vez más difícil acceder a la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos; que la Unión ha asumido un compromiso en favor de la promoción, la protección y la observancia del derecho de todas las personas, y de todas las mujeres y niñas, a ejercer un control absoluto sobre las cuestiones relacionadas con su sexualidad y sus derechos sexuales y reproductivos, y a decidir libremente y de manera responsable al respecto, sin discriminaciones, coacciones ni violencia por motivos de género;

Consideraciones generales

1.  Manifiesta su solidaridad con el pueblo ucraniano y reconoce que la guerra activa en las fronteras inmediatas de la Unión tiene graves consecuencias sociales y económicas para Europa; se muestra plenamente consciente de que la democracia y la libertad no pueden expresarse a través de ningún equivalente monetario o comodidad social; reitera su más enérgica condena de la agresión militar ilegal, no provocada e injustificada contra Ucrania y de la invasión de este país por la Federación de Rusia, así como de la implicación de Bielorrusia en estas acciones;

2.  Destaca que la agresión militar rusa contra Ucrania y las sanciones justificadas de la Unión contra Rusia y Bielorrusia están afectando a la recuperación económica posterior a la pandemia de la Unión y suponen una grave amenaza para su estrategia de recuperación y resiliencia, así como para la integridad del mercado único;

3.  Destaca que la actual guerra en Ucrania ha exacerbado una crisis de precios de la energía en toda Europa que ya era grave y que está teniendo un efecto negativo directo en el poder adquisitivo de todos los ciudadanos de la Unión y en las pymes; recuerda que los actuales precios elevados del gas y de la electricidad afectan a la mayoría de los Estados miembros, aunque en diferentes grados y en diferentes momentos, y que el aumento actual de los precios requiere una intervención rápida para identificar, evitar y prevenir las consecuencias socioeconómicas a través de una coordinación económica y social de la respuesta política;

4.  Subraya la importancia de garantizar la soberanía energética y la independencia con respecto al suministro ruso, así como una mayor autonomía estratégica y seguridad energética, modernizando la infraestructura energética de la Unión y garantizando importantes inversiones en dicha infraestructura, incluidas las interconexiones y las infraestructuras transfronterizas para la producción de energías renovables, así como en la eficiencia energética;

5.  Tiene el convencimiento de que es necesario seguir reforzando las capacidades solidarias de la Unión en tiempos de crisis; pide a la Comisión y al Consejo que estén preparados en caso de que los efectos adversos de la crisis no puedan abordarse suficientemente con los programas existentes, y que reaccionen con determinación, unidad y rapidez y en solidaridad con los afectados por esta nueva grave crisis, con el fin de ayudar a los hogares y las empresas, en particular a las pymes; subraya que una respuesta europea decidida, coordinada y solidaria es fundamental para limitar la propagación de la crisis mediante la identificación, la prevención y la mitigación de sus consecuencias económicas y sociales y para mantener, por tanto, el apoyo de los ciudadanos europeos a las acciones emprendidas contra Rusia y las demás medidas necesarias para ayudar a los ucranianos a defenderse; pide a las instituciones de la Unión que concedan a Ucrania el estatuto de candidato a la Unión, de conformidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea y sobre la base del mérito;

6.  Subraya su pleno apoyo a Ucrania y al pueblo ucraniano; destaca la importancia de que el Consejo Europeo apruebe los cinco paquetes de sanciones contra Rusia y pide su aplicación rápida y efectiva; pide a los Estados miembros que adopten con urgencia el sexto paquete de sanciones, incluida la prohibición de las importaciones de petróleo ruso, como propone la Comisión; reitera su llamamiento a un embargo inmediato y completo de las importaciones rusas de petróleo, carbón, combustible nuclear y gas, y al abandono total de Nord Stream 1 y 2; pide la adopción urgente de medidas para limitar los daños en relación con las sanciones, a fin de garantizar que las consecuencias de estas decisiones políticas no recaigan sobre los trabajadores y los hogares;

7.  Apoya los esfuerzos mundiales para ayudar a Ucrania, en particular a través del G7, y pide que se alivie la deuda de este país; pide a la Comisión y a los Estados miembros que dirijan la labor sobre un Fondo Fiduciario de Solidaridad con Ucrania y la estrategia para reconstruir Ucrania tras la guerra; reitera la posición que defiende desde hace tiempo de que el Parlamento debe participar plenamente en el establecimiento y la supervisión de los fondos fiduciarios de la Unión y en la correspondiente toma de decisiones operativas;

8.  Pide al Consejo que amplíe la lista de personas afectadas directamente por las sanciones de la Unión, incluidos los oligarcas rusos, teniendo en cuenta la lista de 6 000 personas presentada por la Fundación de Navalny; pide que se amplíe la lista de entidades de medios de comunicación afiliadas a Rusia que operan en territorio europeo sancionadas por la Unión, para incluir concretamente a la «agencia de noticias» InfoRos, afiliada al Departamento Central de Inteligencia de Rusia;

9.  Señala que antiguos políticos como Esko Aho, François Fillon y Wolfgang Schüssel han dimitido recientemente de sus cargos en empresas rusas y pide encarecidamente que otros, como Karin Kneissl y Gerhard Schröder, hagan lo mismo; pide además al Consejo que amplíe la lista de personas objeto de las sanciones de la Unión para incluir a los miembros europeos de los consejos de administración de las principales empresas rusas y a los políticos que siguen recibiendo dinero de Rusia;

Abordar la crisis económica y social de manera coordinada

10.  Tiene el convencimiento de que una respuesta eficaz a corto plazo debe contribuir a mitigar los altos precios de la energía para los hogares y las empresas y a mantener el poder adquisitivo, el empleo de calidad y los servicios públicos, mientras se continúa aplicando el Pacto Verde Europeo y la transición digital y ecológica justa y reforzando el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales; pide que se refuerce el mercado interior de la energía para eliminar las dependencias de la Unión sin crear otras nuevas;

11.  Subraya, una vez más, la importancia de diversificar los recursos energéticos, las tecnologías y las rutas de suministro, evitando al mismo tiempo los efectos de dependencia, además de establecer un plan a gran escala para la inversión pública y privada en eficiencia energética y energías renovables, e inversiones públicas sostenibles a largo plazo en la lucha contra el cambio climático y el problema del suministro energético; pide, por tanto, a la Comisión que aumente la coordinación de la planificación y la financiación de la eficiencia energética y las energías renovables, en particular el hidrógeno verde; pide la rápida eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles;

12.  Reitera la estimación de la Comisión sobre la necesidad de una inversión anual suplementaria de miles de millones(9) con el fin de hacer frente a los retos y las oportunidades de la transformación digital, la transición ecológica y justa y la recuperación económica y social; destaca, por tanto, que durante muchos años habrá que estabilizar el aumento del nivel de la inversión y mejorar la convergencia al alza en la Unión;

13.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que condicionen la inversión pública y el apoyo financiero, incluido el apoyo financiero público a las empresas concedido en el marco de la flexibilización de las normas sobre ayudas estatales, a los requisitos pertinentes relacionados con los objetivos de las políticas públicas, en particular los requisitos sociales, medioambientales y financieros, que deben cumplir los beneficiarios mientras reciban apoyo público, garantizando al mismo tiempo una competencia leal y abierta, unas condiciones de competencia equitativas entre nuestras empresas y el respeto de los principios fundamentales en los que se basa nuestro mercado único;

14.  Reconoce que mitigar el impacto del aumento de los precios de la energía en los hogares vulnerables será fundamental para contener las tasas de pobreza; pide a los Estados miembros que actúen con eficacia y precisión al aumentar el gasto social, incluido el apoyo a la renta, con el fin de mitigar el impacto del aumento de los precios de la energía, especialmente para los hogares de renta baja, y al financiar políticas públicas para aumentar la eficiencia energética y la expansión de las energías renovables; destaca que el crecimiento de los salarios debe tener en cuenta la inflación a largo plazo y el crecimiento de la productividad, a fin de mantener el poder adquisitivo de los hogares;

15.  Se hace eco del llamamiento del Consejo a la Comisión para que presente propuestas que aborden eficazmente el problema de los precios excesivos de la electricidad, preservando al mismo tiempo la integridad del mercado único; recuerda las actuales opciones a corto plazo presentadas por la Comisión (apoyo directo a los consumidores a través de bonos, desgravaciones fiscales o a través de un «modelo de agregador/único comprador», ayudas estatales, fiscalidad, límites de precios y medidas reglamentarias, como contratos por diferencias) con el fin de reducir el impacto de los precios extraordinariamente elevados en los ciudadanos y las empresas, abordando al mismo tiempo el efecto de contagio en los mercados de la electricidad; manifiesta su preocupación por los posibles abusos del mercado; pide a la Comisión que evalúe el impacto de los precios del gas en el funcionamiento del mercado de la electricidad, en particular la función del precio del gas en el establecimiento del precio final;

16.  Manifiesta su profunda preocupación por las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania en la seguridad alimentaria de la Unión; destaca la urgente necesidad de reforzar el enfoque de la Unión con respecto a la seguridad alimentaria y, en caso necesario, de aumentar la capacidad de producción sostenible con el fin de reducir la dependencia global del sistema alimentario de la Unión y aumentar la resiliencia de la cadena de suministro alimentario; señala las grandes repercusiones en el sector agroalimentario del fuerte aumento de los costes de producción, como destacó en su Resolución, de 24 de marzo de 2022, sobre la necesidad de un plan de acción urgente de la Unión para garantizar la seguridad alimentaria dentro y fuera de la Unión en vista de la invasión rusa de Ucrania; advierte que las restricciones a la exportación anunciadas por muchos países pueden dar lugar a aumentos de precios, desestabilizar los mercados, contribuir al hambre y alimentar las prácticas especulativas;

Integración de las personas desplazadas temporalmente de Ucrania

17.  Destaca que, si no se aplican medidas de protección adicionales adecuadas, la guerra en Ucrania y el consiguiente aumento del coste de la vida y del riesgo de desempleo podrían agravar aún más la situación de las familias, los refugiados, las mujeres y los niños en riesgo de pobreza y de exclusión social o de quienes necesitan acceder a una atención de calidad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que centren sus esfuerzos en la aplicación de la Garantía Infantil Europea para garantizar el acceso a servicios gratuitos de calidad para los niños que huyen de Ucrania en pie de igualdad con sus homólogos nacionales de la Unión en los países de acogida y que aumenten urgentemente la financiación de la Garantía Infantil Europea con un presupuesto adecuado;

18.  Considera que debe garantizarse en todos los Estados miembros el acceso a servicios de atención sanitaria completos para todos, y en particular para las mujeres y niñas víctimas de crímenes de guerra que son refugiadas en la Unión; pide a los Estados miembros que ayuden a las ucranianas temporalmente desplazadas a fin de garantizar el acceso universal a una atención sanitaria sexual y reproductiva de calidad sin discriminación, coacción ni abusos, que aborden la cuestión de las vías de recurso y que prevengan las violaciones de los derechos humanos que las afectan; acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión de la asignación de 1 500 000 EUR para un proyecto específico de apoyo al Fondo de Población de las Naciones Unidas con el objetivo de ayudar a las mujeres y las niñas en Ucrania mediante la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva;

19.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten especial atención a la situación de los menores no acompañados, separados y procedentes de centros de acogida de Ucrania para garantizar que se satisfagan sus necesidades inmediatas, que se les identifique y se les siga adecuadamente y que se compartan los datos entre los Estados miembros con el objetivo de reunirlos con sus familias o reintegrarlos posteriormente en la sociedad ucraniana, al tiempo que se garantiza su protección contra los abusos o la trata de personas, especialmente en el caso de las mujeres jóvenes y las niñas;

20.  Destaca que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la contribución fundamental de los trabajadores migrantes a la hora de apoyar las economías europeas; advierte, no obstante, que muy a menudo los trabajadores migrantes sufren condiciones de trabajo y de vida deficientes, ausencia de protección social, denegación de la libertad de asociación y de los derechos laborales, discriminación y xenofobia, y expresa su preocupación por los casos denunciados de explotación laboral de personas procedentes de Ucrania; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden estos casos y que garanticen la protección de los derechos de los trabajadores ucranianos, así como que su integración se lleva a cabo en pleno respeto del Derecho, en igualdad y sin discriminación; cree que los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil de toda la Unión deben recibir apoyo, cuando lleven a cabo acciones destinadas a salvaguardar los derechos laborales y sociales fundamentales de los refugiados, a organizar y sindicalizar a los trabajadores refugiados y a capacitarlos;

21.  Pide a la Comisión que proporcione también ayuda financiera a los Estados miembros que respetan el Estado de Derecho para la acogida y la integración de los refugiados en la sociedad y en el mercado laboral, incluyendo los servicios de atención, alojamiento, alimentación, ayuda material, programas de formación y servicios públicos de empleo; subraya la necesidad de ofrecer protección y cuidados especializados a las personas con discapacidad procedentes de Ucrania; pide a los Estados miembros que apoyen a las autoridades nacionales, los centros de acogida, educación y empleo, las ONG y las organizaciones caritativas en el uso de la Herramienta de la UE para crear el perfil de capacidades de nacionales de terceros países;

22.  Señala que los sistemas de salud mental europeos deben financiarse mejor y que el acceso a la asistencia resulta difícil para la población general, por lo que debe mejorarse; destaca que este acceso es aún más difícil para los refugiados y otros migrantes; considera que será fundamental aumentar significativamente la financiación de los servicios clínicos de salud mental para ayudar a los refugiados a lidiar con el trauma, junto con enfoques no clínicos en colaboración con escuelas, organizaciones comunitarias y otras entidades;

Un nuevo paquete de resiliencia para Europa

Un paquete de resiliencia social para las personas

23.  Destaca que se prevé que la situación económica y social de la Unión se deteriore aún más en los próximos meses y que se intensifique debido a la combinación de precios de la energía aún más elevados y, por tanto, un mayor gasto en calefacción, y una inflación más alta para otros bienes y servicios; reitera que los riesgos para la salud deben seguir siendo objeto de seguimiento; considera que sería importante que la Unión se anticipase a este deterioro y estableciese un marco político e iniciativas concretas para los Estados miembros, que deben estar encaminadas a apoyar a los segmentos más vulnerables de sus poblaciones, para el verano de 2022; se hace eco del llamamiento del Consejo a los Estados miembros y a la Comisión para que, con vistas a la próxima temporada de invierno, establezcan urgentemente los mecanismos de solidaridad y compensación necesarios y colaboren para adoptar medidas comunes;

24.  Pide un paquete europeo temporal de resiliencia social que coordine un conjunto de medidas y medios para reforzar el bienestar social y los sistemas de protección social en la Unión, incluida la continuidad y la refinanciación de SURE, siempre que las consecuencias socioeconómicas de la guerra sigan teniendo un impacto negativo en el mercado laboral, y un mecanismo de rescate social con un mayor apoyo público a los instrumentos existentes destinados a los más pobres de nuestra sociedad; pide, además, la rápida adopción del Fondo Social para el Clima; pide que se refuerce la inversión en medidas sociales para el clima; pide a los Estados miembros que consideren la posibilidad de suspender temporalmente los sistemas nacionales de indexación de los alquileres, cuando proceda;

25.  Pide a la Comisión que organice un seguimiento de la Cumbre Social de Oporto en el que participen las instituciones de la Unión y los interlocutores sociales con el fin de debatir los desafíos de la situación extraordinaria a la que nos enfrentamos con la creciente inflación y sus consecuencias sociales, en particular en lo que respecta a las condiciones de vida, una redistribución justa de la riqueza entre diferentes grupos de la sociedad y salarios dignos, y que trabaje en una actualización del Plan de Acción del pilar europeo de derechos sociales para garantizar que se cumplan los objetivos establecidos posiblemente mediante la adopción de propuestas adicionales, cuando sea necesario, o medios financieros;

26.  Subraya que la Comisión presentará una recomendación sobre un marco para los regímenes de renta mínima, con el fin de salvaguardar el derecho a una vida digna, erradicar la pobreza y abordar las cuestiones de adecuación y cobertura, incluida una cláusula de no regresión, ya que se trata de una necesidad urgente; recuerda que la Comisión viene recomendado regímenes de renta mínima en las recomendaciones específicas por país y ha declarado que no todos los Estados miembros han fijado los suyos por encima del umbral de pobreza; pide, además, que se adopten regímenes de ayudas para la obtención de cualificaciones que se concedan a todas las personas necesitadas que deseen matricularse en formación profesional o educación superior, con el fin de cubrir sus costes educativos y sus necesidades esenciales;

27.  Recuerda que los jóvenes se han visto especialmente afectados por la crisis de la COVID-19 en términos de empleo, educación, formación y bienestar mental; expresa su preocupación por que las consecuencias económicas de la crisis actual provocada por la agresión rusa en Ucrania dejen sin empleo a muchos más jóvenes en Europa, con consecuencias socioeconómicas duraderas;

28.  Recuerda que el derecho a un nivel de vida adecuado, y a la vivienda, está incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos; advierte de que el mercado de la vivienda en Europa se verá sometido a una presión aún mayor y pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible a todas las personas, a través de los planes nacionales de vivienda asequible incluidos en los programas nacionales de reforma; acoge con satisfacción, en este contexto, la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo;

29.  Advierte del impacto de la guerra en curso en las cadenas mundiales de suministro y en los precios de los alimentos, así como de las consecuencias para el poder adquisitivo; destaca, a la luz del aumento de los precios de los alimentos, el aumento de la asignación mínima adoptado para medidas de inclusión social en el nuevo FSE +, así como el 3 % adicional a las medidas en el marco del FEAD, y anima a los Estados miembros a asignar cantidades superiores a las mínimas requeridas en consonancia con el FSE +;

Un paquete de ayuda económica para las empresas

30.  Reitera su llamamiento a una acción concertada de la Unión para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Rusia contra Ucrania y de las sanciones impuestas; propone la creación de un paquete de ayuda económica para las empresas, que incluya elementos económicos, presupuestarios y legislativos, para pymes e inversión pública, sin comprometer los objetivos climáticos de la Unión para 2030 y 2050; considera que dicho paquete debería incluir al menos:

31.  Subraya las Conclusiones recientes del Consejo, en las que se invita a los Estados miembros y a la Comisión a seguir haciendo el mejor uso posible del conjunto de herramientas de ayudas estatales, incluido el nuevo marco temporal de crisis para las ayudas estatales; subraya, a este respecto, la ausencia de condiciones sociales y de sostenibilidad en el marco de las ayudas estatales presentado por la Comisión; insiste en que las instituciones de la Unión y los Estados miembros se aseguren de que las ayudas financieras públicas concedidas a las empresas para combatir los efectos económicos de la pandemia y de la guerra se concedan únicamente si la financiación se utiliza en beneficio de sus empleados, y si las empresas beneficiarias se abstienen de pagar bonificaciones a sus directivos, practicar la evasión fiscal, abonar dividendos o recomprar valores mientras estén recibiendo dicho apoyo;

32.  Acoge favorablemente la próxima adopción por parte de la Comisión de un instrumento de emergencia del mercado único; insta a la Comisión a que integre disposiciones en el contexto de dicho marco legislativo que establezcan pruebas de resistencia de la resiliencia para las empresas, de modo similar a las pruebas de resistencia para las entidades financieras, que categoricen, evalúen y ofrezcan posibles respuestas a los riesgos en sus cadenas de suministro, incluidas las externalidades y los riesgos sociales, medioambientales y políticos.

33.  Recuerda la importancia de un mercado único que funcione correctamente como columna vertebral de la economía de la Unión; subraya que la invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto una serie de retos para la resiliencia de la oferta y la demanda de la Unión, que están afectando a sus industrias y fragmentando el mercado único; pide a la Comisión que presente nuevas propuestas para animar a los agentes privados a invertir en la Unión y, en particular, que refuerce el mercado único de servicios, que avance en la unión de los mercados de capitales y en la unión bancaria y que utilice nuevas formas de asociación entre el sector público y el privado, en las que el Estado asuma riesgos de financiación limitados para atraer más actividades de inversión del sector privado, como los planes de apoyo a las pymes frente a la COVID-19;

Reforzar la capacidad de actuación de la Unión

34.  Destaca que, en la respuesta europea a la crisis de la COVID-19, los ciudadanos europeos sintieron que la Unión los estaba protegiendo y estaba abriendo perspectivas, en particular mediante la creación del programa SURE y NextGenerationEU; subraya que ni el fondo de NextGenerationEU, con su componente del Fondo de Recuperación y Resiliencia, ni la flexibilidad del actual marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 son suficientes para cubrir plenamente las necesidades financieras generadas por la guerra en Ucrania; recuerda que estos instrumentos no están ni diseñados ni concebidos, en términos de dimensiones, para hacer frente a los nuevos retos derivados de la agresión y la invasión rusas y mantener al mismo tiempo las inversiones en los programas y las políticas de la Unión, que comprenden prioridades importantes como las transiciones justa, verde y digital;

35.  Destaca la necesidad de hacer un uso óptimo de las oportunidades de financiación existentes, la flexibilidad y otras disposiciones establecidas en el Reglamento del MFP y el Reglamento Financiero; está convencido, no obstante, de que debe preverse más flexibilidad en el presupuesto de la Unión, incluida la plena utilización de liberaciones, para responder a necesidades urgentes e imprevistas; pide a la Comisión que lleve a cabo una revisión en profundidad del funcionamiento del MFP actual y que presente una propuesta legislativa para una revisión exhaustiva del MFP lo antes posible y a más tardar en el primer trimestre de 2023; espera que dicha revisión tenga en cuenta las implicaciones a largo plazo de la guerra en Ucrania, así como las medidas de emergencia adoptadas;

36.  Recuerda su disposición a movilizar todos los instrumentos presupuestarios de la Unión disponibles con vistas a proporcionar el mayor apoyo financiero posible a las personas que huyen de la guerra en Ucrania y advierte de que dicha movilización no debe ir en detrimento de los programas y acciones existentes; pide a la Comisión que identifique los recursos adicionales no asignados, en particular de ejercicios de programación anteriores, que pueden movilizarse para apoyar a Ucrania y hacer frente a las consecuencias de la guerra;

37.  Acoge con satisfacción el plan trazado por la Comisión en el marco de su nuevo programa REPowerEU para poner fin a la dependencia de Europa de los combustibles fósiles rusos mucho antes de 2030, empezando por el gas, a la luz de la invasión rusa de Ucrania; pide a la Comisión que estudie cómo puede utilizarse este programa junto con los planes nacionales de recuperación y resiliencia para impulsar las inversiones en la transición energética, incluida la financiación de proyectos plurinacionales en el ámbito de la seguridad energética;

38.  Pide la rápida aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, en particular en el ámbito de la energía, tanto a escala nacional como europea; cree firmemente que lo anterior debería aumentar la autonomía estratégica de la Unión;

39.  Recuerda que no se han contratado más de 200 000 000 000 EUR de préstamos; pide, por tanto, a los Estados miembros que utilicen los préstamos no solicitados del MRR para cubrir los actuales costes económicos y sociales negativos derivados de la guerra, de conformidad con el Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia;

40.  Toma nota también de las conclusiones del FMI, según las cuales la política fiscal es más adecuada que la política monetaria para hacer frente a las nuevas perturbaciones y los estabilizadores fiscales automáticos deben poder funcionar libremente, mientras que el gasto adicional debe destinarse, entre otras cosas a la ayuda humanitaria a los refugiados y a las transferencias a los hogares de bajos ingresos, así como al apoyo específico a las empresas vulnerables, pero viables;

41.  Toma nota de la Comunicación de la Comisión titulada «Orientaciones de la política fiscal para 2023»(10) y de su llamamiento a mantener una postura presupuestaria complementaria, estando al mismo tiempo preparados para reaccionar ante la evolución de la situación económica y social; espera que la Comisión presente un conjunto de medidas de política fiscal para reaccionar ante las perturbaciones económicas y el aumento de los niveles de pobreza; espera, además, en este sentido, que la cláusula general de salvaguardia siga activada mientras persistan las justificaciones económicas subyacentes; considera que volver a las normas fiscales en las circunstancias actuales puede tener consecuencias indeseadas para la economía de la Unión y la capacidad de los Estados miembros para hacer frente a la crisis actual;

42.  Aprovecha la oportunidad, en medio de los actuales desafíos geopolíticos mundiales, como la pandemia de COVID-19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, para reconsiderar la gobernanza económica de la Unión a fin de aumentar su resiliencia ante perturbaciones y crisis, así como de fortalecer su dimensión social y energética; pide a la Comisión que actualice la respuesta global de política económica a la crisis actual con el fin de abordar eficazmente las desigualdades económicas y sociales en un contexto de enormes necesidades de inversión;

43.  Pide a la Comisión que inicie una revisión de las normas presupuestarias de la Unión; señala que la revisión del marco de gobernanza económica debe tener en cuenta las consecuencias de la pandemia, la guerra y las implicaciones para la transición energética;

44.  Pide la creación de un nuevo fondo europeo específico (un fondo de autonomía estratégica para Europa) para financiar la infraestructura energética transfronteriza, evitando los efectos de dependencia de los combustibles fósiles, la producción de energías renovables y la eficiencia energética, reforzando el camino hacia el Pacto Verde Europeo, así como la ciberseguridad, la competitividad industrial, la economía circular, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible, asegurando así la autonomía de Europa y protegiendo unos servicios públicos de calidad para las próximas décadas; insiste en que todo fondo nuevo debe establecerse con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y funcionar bajo la plena supervisión del Parlamento Europeo y con la gestión directa de la Comisión; hace hincapié en que su importe total debe establecerse sobre la base de una evaluación clara de los costes y los déficits de inversión; pide que todo ello se base en las lecciones aprendidas de NextGenerationEU;

45.  Destaca que, paralelamente, se necesitan nuevos recursos propios de la Unión para cubrir al menos los costes de reembolso de NextGenerationEU (capital e intereses) y para garantizar una financiación sostenible del presupuesto de la Unión a largo plazo a fin de evitar que las nuevas prioridades de la Unión se financien a expensas de los programas y políticas de la Unión existentes; está decidido a seguir de cerca la aplicación de la hoja de ruta sobre recursos propios jurídicamente vinculante acordada en diciembre de 2020; insta al Consejo a que acelere las negociaciones sobre la primera cartera de recursos propios de la Unión, que incluye los ingresos procedentes del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, el régimen de comercio de derechos de emisión y una parte de los beneficios de las multinacionales más grandes y rentables, con vistas a alcanzar un acuerdo antes de que finalice el procedimiento presupuestario de 2023; reitera su petición de que se introduzca sin más demora la segunda cartera de nuevos recursos propios, incluido un impuesto sobre las transacciones financieras, e insta a la Comisión a que presente una propuesta antes de diciembre de 2023; destaca la necesidad de acometer nuevas medidas si los nuevos recursos propios propuestos no se adoptan o no generan el nivel de ingresos previsto para el presupuesto de la Unión; señala la importancia, en este contexto, del diálogo periódico sobre recursos propios entre las tres instituciones;

46.  Destaca que, como ha subrayado el Consejo Europeo, la imposición temporal o las intervenciones reguladoras sobre los beneficios inesperados pueden ser una fuente de financiación pública nacional; pide a la Comisión y a los Estados miembros que coordinen el diseño de regímenes fiscales para los beneficios inesperados u otras medidas reglamentarias para utilizarlos para mitigar las consecuencias sociales y económicas de la guerra en Ucrania para la Unión;

47.  Destaca la urgencia de la rápida aplicación del acuerdo del segundo pilar de la OCDE sobre un nivel mínimo de imposición efectiva, además de la aplicación del primer pilar centrado en una distribución más justa de los beneficios y los derechos de imposición entre los países con respecto a las grandes multinacionales, incluidas aquellas del sector digital(11);

48.  Reitera la urgencia de luchar contra la evasión fiscal, la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva mediante nuevas reformas, incluida la del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas), en consonancia con las recomendaciones del Parlamento; pide al Consejo que alcance un acuerdo sobre las propuestas de la Comisión de revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía(12) y de una directiva por la que se establecen normas para evitar el uso indebido de sociedades fantasma con fines fiscales(13), tras la opinión del Parlamento al respecto;

49.  Acoge con satisfacción el estudio de viabilidad solicitado por la Comisión en relación con un registro de activos de la Unión a raíz de una solicitud específica del Parlamento; señala que dicho mecanismo podría proporcionar a las autoridades públicas un acceso oportuno a la información sobre la propiedad de activos y bienes de gran valor en toda la Unión y, de este modo, frenar eficazmente los esfuerzos por eludir sanciones financieras específicas y luchar contra el blanqueo de capitales y la evasión y elusión fiscales; considera, además, que la Comisión debe solicitar que las jurisdicciones de fuera de la Unión divulguen información sobre la propiedad de los activos de las personas y entidades sancionadas dentro de sus jurisdicciones;

50.  Reitera su llamamiento para que se utilice el marco de las negociaciones sobre el paquete legislativo de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para colmar las lagunas existentes que permiten ocultar las estructuras de titularidad real, y para garantizar que todos los activos pertinentes en poder de los oligarcas rusos identificados en la Unión se confisquen de conformidad con el marco jurídico de la Unión; reconoce el trabajo del grupo de trabajo «Inmovilización y Decomiso» de la Comisión en este contexto;

o
o   o

51.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados, P9_TA(2022)0121. (2) Textos Aprobados, P9_TA(2022)0099. (3) Textos Aprobados, P9_TA(2022)0206. (4) DO L 433 I de 22.12.2020, p. 28. (5) DO C 99 de 1.3.2022, p. 191. (6) Propuesta de la Comisión, de 24 de noviembre de 2021, de Informe Conjunto sobre el Empleo 2022 [COM(2021)0743]. (7) https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas (8) Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2022, titulada «REPowerEU: acción europea conjunta por una energía más asequible, segura y sostenible» (COM(2022)0108). (9) Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulado «Identifying Europe's recovery needs» (Determinar las necesidades de recuperación de Europa) (SWD(2020)0098, p. 16 y siguientes). (10) Comunicación de la Comisión, de 2 de marzo de 2022, titulada «Orientaciones de la política fiscal para 2023» (COM(2022)0085). (11) Véase la respuesta del comisario Gentiloni el 15 de febrero de 2022 a la pregunta escrita E‑005563/2021 sobre los ingresos fiscales de los Estados miembros y de la UE tras el acuerdo de la OCDE. (12) Propuesta de Directiva del Consejo, de 14 de julio de 2021, por la que se reestructura el régimen de la Unión de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (COM(2021)0563). (13) Propuesta de Directiva del Consejo, de 22 de diciembre de 2021, por la que se establecen normas para evitar el uso indebido de sociedades fantasma a efectos fiscales (COM(2021)0565).