El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Visto el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),

–  Vistas sus Resoluciones, de 15 de noviembre de 2017(1), de 28 de marzo de 2019(2), de 16 de diciembre de 2019(3) y de 29 de abril de 2021(4) sobre el Estado de Derecho en Malta,

–  Vistos las audiencias, los intercambios de puntos de vista y las visitas de delegación efectuados por el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior desde el 15 de noviembre de 2017,

–  Vistos los intercambios de cartas entre la presidenta del Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales y el primer ministro de Malta,

–  Vista la Resolución 2293(2019) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 26 de junio de 2019, sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia y el Estado de Derecho en Malta y otros países, y garantizar que se conozca toda la verdad,

–  Visto el informe sobre el seguimiento de la Resolución 2293(2019) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria el 8 de diciembre de 2020,

–  Visto el dictamen n.º 993/2020 de la Comisión de Venecia, de 8 de octubre de 2020, sobre diez actos y proyectos de ley de ejecución de propuestas legislativas objeto del dictamen CDL-AD(2020)006,

–  Visto el informe de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa tras su visita a Malta del 11 al 16 de octubre de 2021,

–  Vista la carta de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa al primer ministro de Malta, de 23 de septiembre de 2022, y la respuesta de este, de 4 de octubre de 2022,

–  Visto el informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2022 (COM(2022)0500),

–  Visto el informe de misión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) tras la visita de su delegación sobre el Estado de Derecho a La Valeta, Malta, del 23 al 25 de mayo de 2022,

–  Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la Unión se fundamenta en los valores comunes consagrados en el artículo 2 del TUE, esto es, el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, que son valores comunes a los Estados miembros y que los países candidatos si desean adherirse a la Unión deben asumir como parte de los criterios de Copenhague, que no pueden ignorarse o reinterpretarse después de la adhesión; que la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales son valores que se refuerzan mutuamente y que, cuando se socavan, pueden suponer una amenaza sistémica para la Unión y los derechos y las libertades de sus ciudadanos;

B.  Considerando que el Estado de Derecho, el respeto de la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales y los valores y principios consagrados en los Tratados de la Unión y los instrumentos internacionales de derechos humanos son obligaciones que incumben a la Unión y sus Estados miembros y que deben ser observadas;

C.  Considerando que la Carta forma parte del Derecho primario de la Unión; que la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación están consagrados en el artículo 11 de la Carta y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH);

D.  Considerando que la independencia del poder judicial se consagra en el artículo 19, apartado 1, del TUE, el artículo 47 de la Carta y el artículo 6 del CEDH, y que es un requisito esencial del principio democrático de la separación de poderes;

E.  Considerando que, tanto en la Unión como en terceros países, los periodistas, en particular, aunque no exclusivamente, los periodistas de investigación, son cada vez más objetivo de las denominadas «demandas estratégicas contra la participación pública», cuyo único propósito es frustrar su trabajo, evitar el control público e impedir que las autoridades rindan cuentas; que ello tiene un efecto disuasorio en la libertad de los medios de comunicación;

F.  Considerando que los Estados miembros deben fomentar la creación de mecanismos de alerta temprana y respuesta rápida a fin de garantizar que los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación tengan acceso inmediato a medidas de protección cuando se encuentren amenazados; que tales mecanismos deben someterse a una supervisión significativa de la sociedad civil y garantizar la protección de los denunciantes y las fuentes que deseen permanecer en el anonimato;

G.  Considerando que, para evitar la impunidad, los Estados miembros tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para llevar ante la justicia a los autores de delitos contra periodistas y otros agentes de los medios de comunicación; que las investigaciones y los enjuiciamientos deben tener en cuenta todas las distintas funciones (reales y potenciales) que intervienen en estos delitos, tales como los autores, instigadores, ejecutores y cómplices, así como la responsabilidad penal que se deriva de cada una de esas funciones;

H.  Considerando que Daphne Caruana Galizia, periodista de investigación y bloguera maltesa dedicada a la lucha contra la corrupción, fue asesinada en un atentado con coche bomba el 16 de octubre de 2017; que fue objeto de acoso y de numerosas amenazas en forma de llamadas telefónicas, cartas y mensajes de texto amenazantes, así como de un incendio provocado en su casa; que el sicario confeso declaró en juicio el 16 de marzo de 2021 que, dos años antes del asesinato de Daphne Caruana Galizia, se tramó, de manera previa e independiente, un plan para acabar con su vida utilizando un rifle AK-47; que, en el primer día del juicio, el 14 de octubre de 2022, los otros dos sicarios acusados se declararon culpables ante el tribunal y fueron condenados a cuarenta años de prisión;

I.  Considerando que las investigaciones sobre el asesinato dirigidas por las autoridades maltesas y con la asistencia de Europol han dado lugar a la identificación, la inculpación y un juicio en curso de varios sospechosos y de uno de los posibles autores intelectuales del asesinato, propietario de la empresa con sede en Dubái 17 Black Ltd. y antiguo miembro del Consejo de Administración de ElectroGas Malta Ltd., responsable de generar la mayoría de la electricidad del país, que fue detenido el 20 de noviembre de 2019 en un aparente intento de huir de Malta; que la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos también participó en las investigaciones;

J.  Considerando que se recurrió a los Emiratos Árabes Unidos para ocultar transacciones supuestamente relacionadas con la corrupción que Daphne Caruana Galizia estaba destapando en el momento de su asesinato;

K.  Considerando que la empresa con sede en Dubái 17 Black Ltd. figuraba en la lista de empresas de las que debían recibir fondos sociedades con sede en Panamá propiedad del antiguo jefe de gabinete del ex primer ministro de Malta y del antiguo ministro de Turismo, anteriormente ministro de Energía; que siguen descubriéndose vínculos entre 17 Black Ltd. y numerosos proyectos públicos en Malta;

L.  Considerando que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha señalado al jefe de gabinete del ex primer ministro de Malta y al antiguo ministro de Turismo, anteriormente ministro de Energía, y sus familias por su participación en una corrupción significativa, por lo que se les ha prohibido entrar en los Estados Unidos;

M.  Considerando que Daphne Caruana Galizia desveló que Pilatus Bank fue el banco elegido para transacciones sospechosas en las que participaron personas del medio político maltesas y azerbaiyanas; que, en agosto de 2020, el director general de la policía de Malta declaró públicamente que se presentarían cargos de forma inminente contra los implicados en actividades delictivas en el Pilatus Bank; que veintiséis meses después solo se han presentado cargos contra una persona y las investigaciones parecen haberse estancado; que se permitió a los implicados entrar y salir libremente del país a pesar de que se habían emitido órdenes de detención; que se permitió a un antiguo responsable del cumplimiento de la Autoridad de Juegos de Malta salir del país en un viaje de vacaciones con el ex primer ministro maltés pese a estar en vigor una orden de detención europea en su contra, y que posteriormente fue detenido a su llegada a Italia;

N.  Considerando que dos socios de la empresa actualmente desaparecida Nexia BT, vinculada a Mossack-Fonseca, que Daphne Caruana Galizia y los papeles de Panamá revelaron que habían diseñado las estructuras de blanqueo de capitales para facilitar la corrupción, solo han sido acusados de algunas de las denuncias contra ellos, excluido el escándalo de ElectroGas;

O.  Considerando que el acuerdo sobre la seguridad del suministro de gas natural licuado entre ElectroGas Malta Ltd. y el Gobierno de Malta, firmado por el antiguo ministro de Turismo, que en 2015 era ministro de Energía, se mantuvo secreto durante años y no salió a la luz hasta septiembre de 2022 gracias a la Fundación Daphne Caruana Galizia y un medio de comunicación; que la actual fiscal general ha sido criticada por facilitar la firma de este contrato sin ninguna otra aprobación del Gabinete o del Parlamento en su anterior cargo de fiscal general adjunta; que, en el momento de su asesinato, Daphne Caruana Galizia estaba investigando un gran número de documentos internos de ElectroGas Malta Ltd.;

P.  Considerando que uno de los presuntos cómplices y algunas grabaciones presentadas en el proceso judicial han implicado al antiguo jefe de gabinete del ex primer ministro de Malta en la planificación y la financiación del asesinato; que fue detenido y acusado de blanqueo de capitales, fraude, corrupción y falsificación el 20 de marzo de 2021 en otro asunto, sobre el que Daphne Caruana Galizia había estado investigando, junto con varios de sus socios comerciales;

Q.  Considerando que, a finales de 2019, se inició una investigación pública independiente sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia que concluyó el 29 de julio de 2021; que la junta de investigación pública publicó un informe con una serie de conclusiones y recomendaciones sobre el refuerzo del Estado de Derecho, el respeto de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la protección de los periodistas, sobre la reforma jurídica en el nivel constitucional y sobre las propuestas legislativas relativas a la libertad de los medios de comunicación; que dicha junta afirmó también que, si bien no había pruebas de que el Estado como tal tuviera algún papel en el asesinato de Daphne Caruana Galizia, el Estado debía asumir la responsabilidad del asesinato al haber creado un clima de impunidad, generado desde los niveles más elevados en el centro de la administración de Castille(5) y extendiendo sus tentáculos a otras entidades, como las instituciones reguladoras y la policía, que condujeron al colapso del Estado de Derecho;

R.  Considerando que el Gobierno de Malta ha propuesto una serie de reformas para abordar algunas de estas recomendaciones, incluidos proyectos de actos legislativos para reforzar la libertad de los medios de comunicación y una propuesta de ley contra las demandas estratégicas contra la participación pública; que las reformas del sistema judicial maltés que comenzaron en 2020 siguen su proceso de implantación;

S.  Considerando que el último Media Pluralism Monitor calificó de «medio» el riesgo general para el pluralismo de los medios de comunicación en Malta, pero calificó de «alto» el riesgo para la autonomía editorial y la independencia política;

T.  Considerando que el canal de noticias maltés The Shift News se ha enfrentado a cuarenta acciones judiciales independientes de las autoridades públicas contra solicitudes de libertad de información relativas al gasto público respecto a los medios de comunicación independientes;

U.  Considerando que, en el discurso sobre el estado de la Unión de 2021, se mencionó la reforma judicial emprendida por las autoridades maltesas;

V.  Considerando que el Comité Especial de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (MONEYVAL) ha reconocido los importantes avances de Malta en el nivel de respeto de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional, ha considerado que Malta cumple las normas y ha retirado el país de la lista gris tras doce meses;

W.  Considerando que, en su informe de misión tras la visita de la Delegación de la Comisión LIBE sobre el Estado de Derecho a Malta del 23 al 25 de mayo de 2022, el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales de la Comisión LIBE del Parlamento expresó su preocupación por los lentos avances en la respuesta al asesinato de Daphne Caruana Galizia y en la aplicación de las recomendaciones por parte de la investigación pública, entre otros, reconociendo al mismo tiempo que los procedimientos judiciales siguen abiertos;

1.  Rinde homenaje a Daphne Caruana Galizia, cinco años después de su asesinato, y a su trabajo esencial de denuncia de la corrupción, la delincuencia organizada, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, así como para la rendición de cuentas de los implicados en tales actividades ilegales; condena enérgicamente la criminalización, los ataques y los asesinatos de periodistas por hacer su trabajo, incluidos los asesinatos de Ján Kuciak y su prometida Martina Kušnírová el 21 de febrero de 2018, de Viktoria Marinova el 6 de octubre de 2018, del periodista griego George Karaivaz el 9 de abril de 2021 y del periodista neerlandés Peter R. de Vries el 15 de julio de 2021, y subraya el papel clave que desempeñan a la hora de revelar la verdad, proteger la democracia y poner fin a la cultura de impunidad; rinde homenaje nuevamente a todos los periodistas asesinados en Europa en los últimos años; reitera la importancia primordial de unos medios de comunicación independientes y de una sociedad civil activa como pilares fundamentales de la justicia, la democracia y el Estado de Derecho; señala que el asesinato de periodistas no afecta a un único Estado miembro, sino a la Unión en su conjunto; está firmemente convencido de que la protección del Estado de Derecho democrático es una responsabilidad común que trasciende las fronteras nacionales y de partido;

2.  Reconoce los progresos realizados en los procedimientos judiciales en curso sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia, al tiempo que lamenta profundamente que solo hayan dado lugar a tres condenas en relación con la ejecución del asesinato, tras la confesión de culpabilidad de los sicarios; reitera, por tanto, su llamamiento en favor de finalizar la investigación sobre los principales motivos del asesinato y cerrar los procedimientos judiciales penales lo antes posible, llevando ante la justicia a las personas implicadas en el asesinato, a cualquier nivel; reitera su llamamiento en favor de la participación plena y continua de Europol en todos los aspectos de la investigación del asesinato y todas las investigaciones conexas;

3.  Reconoce que el actual primer ministro de Malta se ha disculpado públicamente por las deficiencias del Estado que podrían haber contribuido al asesinato de Daphne Caruana Galizia;

4.  Expresa su preocupación por que, un año después de la publicación del informe de la investigación pública, el proceso de ejecución de sus recomendaciones sea deficiente; señala que el Gobierno maltés ha presentado una serie de reformas, incluidas propuestas legislativas, con el fin de responder a algunas de estas recomendaciones; toma nota de que la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa indicó que las autoridades maltesas deben garantizar que el trabajo legislativo iniciado con arreglo al informe de la investigación pública se ajuste a las normas internacionales y esté plenamente abierto al control y la participación públicos; pide al Gobierno maltés que aplique sin más demora todas las recomendaciones del informe de la investigación pública;

5.  Acoge con satisfacción los esfuerzos de la unidad de análisis de inteligencia financiera y subraya que es fundamental que se persigan rigurosamente los delitos financieros y económicos de alto nivel, especialmente la corrupción y el blanqueo de capitales; manifiesta su consternación, no obstante, por la falta de progresos en el enjuiciamiento de la corrupción y el blanqueo de capitales que Daphne Caruana Galizia investigaba en el momento de su asesinato, en el que están implicados sospechosos de los más altos niveles políticos; manifiesta asimismo su alarma ante el fracaso institucional de la garantía del cumplimiento de la ley y de la justicia en Malta e insta encarecidamente a las autoridades responsables a que lleven ante la justicia a todas las personas implicadas en uno o varios de los numerosos asuntos que se están investigando o denunciando actualmente; expresa su profunda preocupación por las recientes revelaciones de una reiterada inacción en cuanto a las órdenes europeas de detención contra las personas relacionadas con altos cargos políticos; pide a las autoridades maltesas que aborden los retos relacionados con la duración de las investigaciones de casos de corrupción de alto nivel, en particular estableciendo un historial sólido de sentencias firmes; hace hincapié en la importancia de la independencia institucional para el buen funcionamiento del Estado de Derecho; pide a las autoridades maltesas que avancen en las investigaciones de posibles intentos, por parte de cargos públicos de la época, de ocultar pruebas y obstaculizar las investigaciones y los procedimientos judiciales;

6.  Manifiesta su preocupación ante la falta de avances en los procedimientos de investigación y judiciales contra altos cargos del Pilatus Bank y ante los esfuerzos de las autoridades maltesas por paralizar los procedimientos; toma nota de las medidas provisionales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, de 14 de septiembre de 2022(6), que retrasan las investigaciones de las autoridades maltesas; pide a las autoridades maltesas que proporcionen recursos adicionales para investigar las razones del retraso y garantizar que la justicia siga su curso; pide a los organismos europeos pertinentes que supervisen de cerca los avances en el asunto relativo al Pilatus Bank; manifiesta asimismo su alarma ante la falta de progresos contra los dos socios de Nexia BT y pide a la Comisión y a MONEYVAL que supervisen el asunto; expresa asimismo su preocupación por las acusaciones de blanqueo de capitales y corrupción en relación con el acuerdo con ElectroGas y pide a la Comisión que utilice todos los instrumentos a su disposición para analizar si se ha respetado la legislación europea aplicable;

7.  Acoge con satisfacción las capacidades adicionales que se están poniendo a disposición para la investigación y el enjuiciamiento de la delincuencia en general, la reforma del procedimiento de nombramiento de jueces y la reforma del cargo y la función del fiscal general; pide al Parlamento maltés que alcance un acuerdo sobre la despolitización del nombramiento del magistrado supremo con la participación del poder judicial en el procedimiento, teniendo en cuenta las normas europeas en materia de nombramientos judiciales y el dictamen de la Comisión de Venecia;

8.  Lamenta la pérdida de eficiencia del sistema judicial maltés y pide que se encuentren soluciones para reducir la duración de los procedimientos;

9.  Señala la importancia de la información de que disponen los Emiratos Árabes Unidos en relación con las transacciones efectuadas por empresas vinculadas a la corrupción y su importancia para las investigaciones en curso; observa que, desde entonces, los Emiratos Árabes Unidos figuran en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional; se compromete a supervisar la cooperación en curso entre los Emiratos Árabes Unidos y Malta a fin de garantizar que la información necesaria para las actuaciones judiciales se solicite y transmita adecuadamente, y señala que esta cooperación debe tener implicaciones para la posición de los Emiratos ante los organismos reguladores de la lucha contra el blanqueo de capitales; reitera su llamamiento a la Comisión y a las autoridades maltesas para que utilicen todos los instrumentos a su disposición para garantizar la cooperación y una asistencia jurídica adecuada en todas las investigaciones; pide a los Emiratos Árabes Unidos que cooperen rápidamente con las autoridades maltesas a fin de facilitar las investigaciones, y con la Unión en general;

10.  Acoge con satisfacción las recientes remisiones de asuntos del Gobierno maltés a la Fiscalía Europea; considera, no obstante, que el número total de asuntos sigue siendo relativamente bajo en comparación con otros Estados miembros y que el sistema maltés para detectar, investigar y enjuiciar delitos sigue siendo opaco;

11.  Expresa su profunda inquietud por la denunciada falta de cooperación de las autoridades maltesas con la Fiscalía Europea en los asuntos en curso; toma nota, en particular, de las acusaciones relativas a la investigación en curso de un proyecto financiado por la Unión en el que está implicado el presunto autor intelectual del asesinato de Daphne Caruana Galizia y propietario de la empresa 17 Black Ltd., con sede en Dubái;

12.  Expresa su preocupación por la impunidad de personalidades clave de la administración del ex primer ministro, incluido el propio ex primer ministro, su jefe de personal y el exministro de Turismo, anteriormente ministro de Energía;

13.  Reconoce las diversas propuestas presentadas por el Gobierno maltés para mejorar la situación de la libertad de los medios de comunicación; insta a las autoridades maltesas a que velen por que las reformas propuestas cumplan las normas europeas e internacionales en materia de protección de los periodistas, en particular en lo que se refiere a la prevención y sanción de las amenazas y el acoso a periodistas, tanto en público como en línea, y a que las implanten rápidamente; insta asimismo a las autoridades maltesas a que introduzcan medidas adicionales y otras salvaguardias a fin de mejorar el entorno para el periodismo crítico e independiente en Malta, y la rendición de cuentas de políticos y funcionarios;

14.  Expresa su preocupación por la persistencia de obstáculos a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, por ejemplo en lo que se refiere al acceso a las solicitudes de información al Gobierno, así como a una financiación potencialmente discriminatoria de los medios de comunicación; lamenta que entidades gubernamentales hayan presentado una serie de recursos contra las cuarenta resoluciones favorables adoptadas por el responsable de la protección de datos en relación con las solicitudes de libertad de información realizadas por The Shift News, y considera que estos recursos podrían enviar un mensaje disuasorio a los agentes de los medios de comunicación y a los ciudadanos; pide al Gobierno maltés que retire inmediatamente estos recursos;

15.  Expresa su preocupación ante informaciones que indican que, si bien se encargó al Comité de Expertos en Medios de Comunicación que asesorara sobre los cambios en el sector de los medios de comunicación, el Gobierno maltés no llevó a cabo una consulta pública; pide a las autoridades maltesas que garanticen una amplia consulta pública sobre el sector de los medios de comunicación, a lo que se comprometió el primer ministro de Malta el 13 de octubre de 2022 tras la labor de presión de la sociedad civil internacional, la comunidad de los medios de comunicación y el Consejo de Europa, y, en particular, sobre la restricción del uso de demandas estratégicas contra la participación pública; pide al Parlamento maltés que adopte con carácter prioritario legislación al respecto, incluidas enmiendas a la Constitución;

16.  Lamenta que los periodistas, así como familiares de Daphne Caruana Galizia, sigan siendo objeto de demandas estratégicas contra la participación pública, y reitera su llamamiento urgente a las personas que iniciaron las demandas, incluidos antiguos funcionarios gubernamentales, para que las retiren;

17.  Acoge con satisfacción las propuestas actuales por las que las costas de los tribunales en asuntos de difamación no se pagarán durante la presentación inicial de una respuesta por parte del periodista demandado, así como la posibilidad de que los tribunales malteses puedan considerar las demandas por difamación «manifiestamente infundadas» y, por tanto, rechazarlas; pide a las autoridades maltesas que apliquen la Recomendación de la Comisión y promulguen políticas eficaces para la protección de los periodistas; acoge con satisfacción la propuesta de Directiva de la Comisión para luchar contra las demandas estratégicas contra la participación pública (COM(2022)0177);

18.  Pide al Gobierno maltés que siga abordando las preocupaciones existentes en relación con la libertad de los medios de comunicación y la independencia de los medios públicos frente a las injerencias políticas, incluido un marco para garantizar la transparencia en la publicidad estatal, y el creciente uso de la incitación al odio en las redes sociales;

19.  Acoge con satisfacción la modificación en 2021 de la Ley de protección de denunciantes de irregularidades de Malta de 2013 y su compromiso de crear una base de datos para recopilar información sobre denuncias de irregularidades antes de finales de 2024;

20.  Expresa su preocupación por que no se haya encontrado ninguna solución para el nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo y por que no se haya nombrado a ninguna mujer como comisaria de indagaciones administrativas; pide a las autoridades maltesas que creen un mecanismo antibloqueo para los nombramientos parlamentarios y que adopten con carácter prioritario y trabajen en pro de la creación de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad en consonancia con los Principios de París y el acervo de la Unión en materia de igualdad;

21.  Reitera su llamamiento a las autoridades maltesas para que apliquen plenamente todas las recomendaciones pendientes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, el Grupo de Estados contra la Corrupción y MONEYVAL; pide a las autoridades maltesas que soliciten el dictamen de la Comisión de Venecia sobre el cumplimiento de sus recomendaciones;

22.  Hace hincapié en que el programa de ciudadanía maltesa por inversión sigue siendo motivo de gran preocupación; reitera su posición de que la ciudadanía de la Unión no está en venta y pide la prohibición inmediata del programa en Malta y en toda la Unión; acoge con satisfacción las acciones de la Comisión al remitir el procedimiento de infracción al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y espera la sentencia definitiva del Tribunal;

23.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, al Gobierno y el Parlamento de los Emiratos Árabes Unidos y al presidente de la República de Malta.

(1) DO C 356 de 4.10.2018, p. 29. (2) DO C 108 de 26.3.2021, p. 107. (3) DO C 255 de 29.6.2021, p. 22. (4) DO C 506 de 15.12.2021, p. 64. (5) El Auberge de Castille es la oficina del primer ministro de Malta en La Valeta desde marzo de 1972. (6) https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/21/36