El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Afganistán, en particular las de 16 de septiembre de 2021(1) y 7 de abril de 2022(2),

–  Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2021, sobre la protección de los derechos humanos y la política exterior de la Unión en materia de migración(3),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 14 de noviembre de 2022, sobre las mujeres, la paz y la seguridad, y de 15 de septiembre de 2021, sobre Afganistán, en las que se esbozan cinco criterios de referencia para el compromiso de la Unión con las autoridades de facto dirigidas por los talibanes,

–  Vistas las declaraciones del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre Afganistán,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Afganistán, incluidas las Resoluciones 2626 (2022), 2596 (2021), 2543 (2020) y 2513 (2020),

–  Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 de noviembre de 2022, sobre la situación en Afganistán,

–  Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 8 de julio de 2022, sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Afganistán,

–  Visto el informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, de 9 de septiembre de 2022,

–  Visto el informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), de 20 de julio de 2022, en el que se describe la situación de los derechos humanos en Afganistán durante los diez meses transcurridos desde la toma del poder por los talibanes,

–  Visto el anuncio de los talibanes, de 7 de septiembre de 2021, del establecimiento del Gobierno en funciones de Afganistán,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, ambas ratificadas por Afganistán,

–  Vistos la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo de 1967,

–  Visto el Acuerdo de Cooperación, de 18 de febrero de 2017, sobre Asociación y Desarrollo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Islámica de Afganistán, por otra,

–  Vistas las Directrices temáticas de la UE sobre defensores de los derechos humanos, para la promoción y protección de los derechos del niño, y sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas,

–  Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que los talibanes tomaron el poder en Afganistán el 15 de agosto de 2021 tras la retirada de la OTAN y de las tropas aliadas; que restablecieron el Emirato Islámico de Afganistán y nombraron un Gobierno provisional compuesto exclusivamente por hombres, también miembros del régimen talibán de 1996-2001, algunos de ellos acusados de delitos de terrorismo; que la Unión mantiene una posición firme de no reconocimiento del Gobierno talibán de facto;

B.  Considerando que los talibanes están anulando los progresos realizados en los últimos veinte años; que han restablecido el antiguo Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, han cerrado el Ministerio de Asuntos de la Mujer, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y otras estructuras locales que prestan apoyo a las mujeres y las niñas, han abolido las leyes que anteriormente se aplicaban para proteger a las mujeres y han impuesto duras restricciones a los derechos de las mujeres; que los talibanes han excluido a las mujeres de la administración y no las han incluido en su nuevo Gobierno no reconocido;

C.  Considerando que, desde la toma del poder por parte de los talibanes, las mujeres y las niñas se enfrentan a restricciones cada vez mayores de sus derechos fundamentales, en particular en lo que se refiere al acceso a la educación y al empleo y a la libertad de circulación; que las mujeres han sido prácticamente eliminadas de todos los ámbitos de la vida pública;

D.  Considerando que a las niñas mayores de doce años se les deniega la educación en Afganistán; que las autoridades de facto de Afganistán se comprometieron el 15 de enero de 2022 a permitir que las jóvenes regresaran a la escuela a todos los niveles tras el inicio del nuevo curso escolar en la segunda mitad de marzo de 2022; que las niñas tienen prohibido cursar del séptimo grado en adelante; que se trata de una violación del derecho fundamental a la educación de toda la infancia consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos; que las niñas y mujeres afganas han organizado con valentía protestas pacíficas en el país, exigiendo que se respete su derecho a la educación; que el matrimonio infantil ha aumentado considerablemente;

E.  Considerando que los talibanes han intensificado recientemente su represión sistémica contra las mujeres y las niñas a través de una oleada de detenciones de defensores de los derechos humanos; que Alia Azizi, directora de la cárcel de mujeres Herat, está desaparecida desde octubre de 2021; que las organizaciones de derechos humanos sospechan que ha desaparecido por la fuerza; que, el 3 de noviembre de 2022, los talibanes interrumpieron una conferencia de prensa en la que se anunciaba la formación del Movimiento de la Mujer afgana por la Igualdad, y detuvieron a una mujer, Zarifa Yaqobi, y a cuatro de sus colegas masculinos; que, el 11 de noviembre de 2022, los talibanes detuvieron a la destacada activista Farhat Popalzai, una de las fundadoras del movimiento espontáneo de mujeres afganas; que, el 13 de noviembre de 2022, otra defensora de los derechos de la mujer, Humaira Yusuf, fue detenida por los talibanes;

F.  Considerando que se denuncian diariamente violaciones de los derechos humanos, entre otras, la detención, el secuestro, la tortura, las amenazas, la extorsión, los asesinatos y los ataques contra defensores de los derechos humanos y sus familiares; que sigue habiendo una falta total de rendición de cuentas por tales violaciones; que los talibanes han ordenado recientemente a los jueces que apliquen plenamente la interpretación talibán de la sharia, lo que podría dar lugar a castigos crueles e inhumanos y suscita temores a nuevas violaciones de los derechos humanos;

G.  Considerando que la toma del poder por parte de los talibanes ha dado lugar a ataques cada vez mayores contra grupos minoritarios, en particular los hazaras, los hindúes, los sijs y los cristianos; que, desde la toma del poder por los talibanes, la Provincia de Jorasán del Estado Islámico y otros actores han perpetrado un gran número de ataques contra la comunidad hazara, una minoría predominantemente chiita; que estos ataques y la persecución histórica de los hazaras podrían constituir crímenes de lesa humanidad; que, desde agosto de 2021, sus lugares de culto y centros educativos y médicos han sido sistemáticamente atacados y sus miembros han sido arbitrariamente detenidos, torturados, ejecutados sumariamente, desahuciados, marginados y, en algunos casos, obligados a huir del país; que, en 2021 y 2022, varios centros educativos fueron atacados en el distrito predominantemente hazara de Dashte Barchi, en Kabul, en particular Sayed ul Shuhada, Abdul Rahman Shahid, Mumtaz y el Centro Educativo Kaaj; que los ataques dejaron centenares de muertos y heridos; que, al parecer, las fuerzas talibanes abrieron fuego y utilizaron la violencia física para disolver las manifestaciones contra los ataques;

H.  Considerando que la situación humanitaria en Afganistán se está deteriorando rápidamente y afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas; que las nuevas políticas introducidas por el Gobierno talibán han reducido de manera crítica la capacidad de las mujeres para trabajar, también como trabajadoras de ayuda humanitaria, lo que ha afectado a su vez negativamente a la capacidad de las mujeres para acceder a este tipo de ayuda; que la restricción de la participación de las mujeres en la población activa ha empujado aún más a las mujeres a la pobreza y ha colocado a unas 850 000 niñas en riesgo de explotación económica y sexual, así como de matrimonio infantil; que menos de una de cada cuatro defensoras de los derechos humanos que permanecen en Afganistán ha declarado tener acceso a algún tipo de ayuda humanitaria o asistencia financiera y jurídica;

I.  Considerando que la UNAMA estima que el 59 % de la población necesitaba ayuda humanitaria en julio de 2022, lo que supone un aumento de seis millones de personas en comparación con principios de 2021; que, en 2023, se espera que veintiocho millones de personas necesiten ayuda humanitaria, y de ellas trece millones son niños; que el Programa Mundial de Alimentos estima que 18 900 000 de afganos se enfrentan a niveles agudos de inseguridad alimentaria; que 4 300 000 de afganos son desplazados internos y 5 600 000 han sido desplazados a países vecinos; que Irán y Pakistán, en particular, acogen a una gran proporción de refugiados afganos, que en conjunto representan 2 200 000 de refugiados afganos registrados;

J.  Considerando que un devastador terremoto sacudió Afganistán oriental en junio de 2022, con más de 1 000 muertos y más de 6 000 heridos; que en agosto de 2022 cayeron fuertes lluvias en varias partes de Afganistán, lo que provocó inundaciones, crecidas repentinas y corrimientos de tierras que causaron más de 180 muertos y más de 250 heridos, según informaciones de los medios de comunicación; que los terremotos, las inundaciones, las sequías, así como el impacto de la pandemia de COVID-19 y el aumento de los precios de las materias primas como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, han exacerbado la ya grave situación humanitaria;

K.  Considerando que, en octubre de 2021, la Unión puso en marcha un paquete de ayuda humanitaria para Afganistán por valor de 1 000 000 000 EUR con el fin de apoyar a los afganos vulnerables que viven en el país y en la región; que, como parte de su nuevo paquete de ayuda humanitaria de 210 000 000 EUR en ayuda alimentaria a los más vulnerables del mundo, el G-20 tiene previsto desembolsar 75 000 000 EUR para Afganistán con el fin de hacer frente a la dramática situación de la seguridad alimentaria en el país;

L.  Considerando que el espacio para los medios de comunicación independientes y la sociedad civil se ha reducido drásticamente bajo los talibanes; que las normativas decretadas por diversos organismos talibanes han restringido masivamente la actividad periodística y han dado lugar a un aumento de las detenciones arbitrarias de periodistas;

1.  Lamenta profundamente el continuo deterioro de la situación política, económica, humanitaria, de derechos humanos y de seguridad en Afganistán, especialmente para las mujeres y las niñas, desde la toma del poder de los talibanes en agosto de 2021; reitera su solidaridad y compromiso inquebrantables con el pueblo de Afganistán;

2.  Condena el alarmante retroceso en el ejercicio por parte de las mujeres y las niñas de sus derechos en el régimen de los talibanes, una situación que actualmente se considera un apartheid de género; denuncia las restricciones adicionales impuestas por los talibanes a la libertad de circulación de las mujeres; pide a las autoridades de facto de Afganistán que velen por que se levanten todas las restricciones de género a las mujeres y por que puedan volver a participar activamente en la vida pública en Afganistán; subraya que esto debe ser una condición clave para cualquier compromiso de la comunidad internacional con los talibanes;

3.  Denuncia la brutal prohibición de la educación secundaria para las niñas, lo que vulnera de forma directa su derecho universal a la educación; recuerda las promesas de los talibanes de permitir que las mujeres volvieran a acceder a la educación; pide, por tanto, que los talibanes cumplan ahora sus propios compromisos, levanten la prohibición y reanuden las clases sin demora y garanticen la consecución de los objetivos educativos de la UNESCO; insta a la Unión a que intensifique su apoyo a los grupos afganos que trabajan para defender los derechos de las mujeres y las niñas, incluidas las opciones educativas alternativas para las niñas, y a que financie programas específicos de asistencia y protección, también mediante la financiación de becas y garantizando la expedición rápida de visados a los estudiantes y académicos afganos a los que se conceden becas de la Unión;

4.  Denuncia los ataques incesantes contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otros agentes de la sociedad civil, las personas LGBTIQ +, los disidentes y los jueces, así como la brutal represión de las protestas pacíficas y las manifestaciones de disidencia en todo el país; condena la detención de mujeres y defensores de los derechos humanos, entre ellos Zarifa Yaqobi y sus colegas, Farhat Popalzai y Humaira Yusuf; y pide su liberación inmediata e incondicional; insta a la Unión a que intensifique su apoyo político y financiero a las mujeres afganas y a los defensores de los derechos humanos y a que garantice su seguridad, así como a las mujeres exiliadas, ofreciendo oportunidades educativas y de empleo de calidad;

5.  Manifiesta su consternación por el aumento de los ataques y la marginación de grupos minoritarios, incluido el reciente ataque dentro del Centro Educativo de Kaaj de Kabul; expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y su solidaridad con los supervivientes; pide a las autoridades de facto que lleven ante la justicia a los responsables de estos ataques y que se les exijan responsabilidades;

6.  Expresa su profunda preocupación por la situación de las minorías hazara, hindú, sij, cristiana y otras desde la toma del poder por los talibanes, así como por los ataques sistemáticos y la discriminación generalizada contra ellos, incluidas las detenciones arbitrarias, las torturas y otros malos tratos, las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas; recuerda la responsabilidad de las autoridades de facto de prohibir y prevenir la discriminación contra todas las comunidades étnicas y religiosas y de proteger sus lugares de culto y los centros educativos y médicos;

7.  Lamenta profundamente que, desde la toma del poder por los talibanes, el acceso a la información se haya vuelto cada vez más difícil, se haya restringido considerablemente la independencia periodística y las organizaciones de la sociedad civil se hayan visto sometidas a una presión cada vez mayor por parte de las autoridades de facto; insta a los talibanes a que proporcionen un entorno propicio para que los periodistas, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil lleven a cabo sus actividades sin limitaciones ni miedo a represalias;

8.  Reitera su extrema preocupación por el deterioro de la situación humanitaria; insta a los países a que intensifiquen y coordinen su ayuda humanitaria con las agencias de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales; pide a las autoridades de facto que eliminen todas las restricciones y obstáculos a la prestación de ayuda humanitaria y hace hincapié en la necesidad de permitir un acceso adecuado a las organizaciones que la prestan; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que aborden los factores económicos que subyacen a la actual crisis humanitaria haciendo todo lo posible por aumentar la ayuda humanitaria, que debe incluir una perspectiva de género;

9.  Expresa su alarma ante el impacto devastador del cambio climático y la degradación del medio ambiente en Afganistán, que ha sido clasificado por las Naciones Unidas como el sexto país del mundo más afectado por las amenazas relacionadas con el clima; pide que la comunidad internacional tome medidas urgentes para ayudar a los afganos a hacer frente a esta dramática situación, que afecta de manera desproporcionada a grupos vulnerables, como las mujeres y las niñas;

10.  Acoge con satisfacción y apoya la labor de la Misión de las Naciones Unidas y del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Afganistán, ya que es esencial supervisar e informar sobre la situación de los derechos humanos en el país; pide a la Unión y a la comunidad internacional que impulsen el apoyo político y financiero a su trabajo;

11.  Acoge con satisfacción la reanudación de la investigación por parte de la Corte Penal Internacional de los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra en Afganistán; pide a la Unión que intensifique su apoyo al intercambio de información, la investigación, el seguimiento y la supervisión para mejorar la rendición de cuentas;

12.  Recuerda que la Unión tiene una posición firme en relación con cualquier colaboración política con los talibanes, que se guía por cinco criterios de referencia temáticos de colaboración basados en los principios de la observancia de los derechos humanos de todos y el Estado de Derecho; destaca que, desde el 15 de agosto de 2021, solo se ha producido un claro deterioro de todos estos criterios de referencia, lo que significa que no puede justificarse ninguna legitimación de las autoridades talibanes; señala que los criterios de referencia actuales deben actualizarse para establecer una estrategia a largo plazo de la Unión para Afganistán a la luz de la situación actual y de la incapacidad de los talibanes para cumplir cualquiera de sus promesas iniciales;

13.  Pide a la Unión que busque la ampliación de la lista de medidas específicas contra los dirigentes talibanes responsables del continuo deterioro de la situación de los derechos humanos;

14.  Pide a las autoridades de facto que adopten las medidas necesarias para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los matrimonios forzados y la violencia en el marco de la pareja, y que sin demora exijan responsabilidades a los autores; pide a las autoridades de facto que reabran el sistema nacional de apoyo a las víctimas;

15.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), a las delegaciones de la Unión y a las embajadas de los Estados miembros que aumenten su apoyo a los defensores de los derechos humanos afganos y a los periodistas independientes, tanto en el país como fuera de él, también mediante la racionalización del reasentamiento de los defensores de los derechos humanos en consonancia con las Directrices de la Unión sobre este asunto;

16.  Pide la creación de un gobierno representativo y elegido que implique a las mujeres y a las minorías en el proceso de toma de decisiones a todos los niveles;

17.  Pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que establezca un mecanismo complementario permanente de rendición de cuentas para investigar todas las presuntas violaciones y abusos de la legislación en materia de derechos humanos que constituyan delitos con arreglo al Derecho internacional, en particular la violencia contra las mujeres y las niñas;

18.  Señala que son necesarios más esfuerzos internacionales para apoyar los diálogos entre afganos dirigidos por mujeres y las redes de mujeres afganas tanto dentro como fuera del país; pide al SEAE que siga implicando al Parlamento y a las demás instituciones de la Unión en el Foro de Mujeres Líderes afganas; pide al VP/AR, a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar la participación de las mujeres afganas en los diálogos políticos sobre Afganistán;

19.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al enviado especial de la Unión Europea para Afganistán.

(1) DO C 117 de 11.3.2022, p. 133. (2) DO C 434 de 15.11.2022, p. 86. (3) DO C 15 de 12.1.2022, p. 70.