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Procedimiento : 2023/2636(RSP)
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B9-0458/2023

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Martes 21 de noviembre de 2023 - Estrasburgo
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (CP 28) en Dubái (Emiratos Árabes Unidos)
P9_TA(2023)0407B9-0458/2023

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de noviembre de 2023, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (CP 28) en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) (2023/2636(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto,

–  Visto el acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC (CP 21) celebrada en París el 12 de diciembre de 2015 («Acuerdo de París»),

–  Vistos la 27.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC (CP 27), el 17.º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CP/RP 17) y el 4.º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CP/RA 4), y el Pacto de Glasgow por el Clima adoptado en la 26.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC (CP 26) celebrada en Glasgow el 13 de noviembre de 2021,

–  Visto el acuerdo alcanzado en la CP 27 para crear un fondo específico para pérdidas y daños y para decidir en la 28.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC (CP 28) cómo se pondría en funcionamiento el fondo, y la Red de Santiago para Pérdidas y Daños,

–  Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2022, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (CP 27) en Sharm el Sheij (Egipto)(1),

–  Vistos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

–  Vista su Resolución, de 15 de junio de 2023, sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible(2),

–  Vistos el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) sobre el calentamiento global de 1,5 °C, su informe especial sobre el cambio climático y la tierra, su informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, y su Sexto Informe de Evaluación,

–  Vistos el Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático y su informe, de 15 de junio de 2023, titulado «Scientific advice for the determination of an EU-wide 2040 climate target and a greenhouse gas budget for 2030-2050» (Asesoramiento científico para establecer un objetivo climático europeo para 2040 y un presupuesto de gases de efecto invernadero para el período 2030-2050),

–  Visto el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima»)(3),

–  Vista la legislación de la Unión recientemente adoptada que traduce los objetivos de la Unión de reducción de las emisiones netas al menos en un 55 % para 2030 en comparación con los niveles de 1990 con vistas a alcanzar el objetivo vinculante de neutralidad climática de la Unión para 2050 (paquete de medidas «Objetivo 55») en políticas concretas en diferentes sectores,

–  Vista la Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de abril de 2022, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030(4),

–  Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental(5),

–  Visto el Informe Especial 18/2023 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 26 de junio de 2023, titulado «Objetivos climáticos y energéticos de la UE. Se han alcanzado los objetivos fijados para 2020, pero existen pocos indicios de que las acciones para lograr los establecidos para 2030 vayan a ser suficientes»(6),

–  Visto el informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables titulado «World Energy Transitions Outlook 2023: 1.5 °C Pathway» (Perspectiva mundial de las transiciones energéticas 2023: ruta de 1,5 °C)(7),

–  Visto el informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de mayo de 2021 titulado «Net zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector» (Cero neto para 2050: una hoja de ruta para el sector energético mundial),

–   Visto el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(8),

–  Visto el informe de síntesis de la CMNUCC, de 26 de octubre de 2022, sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional presentadas en virtud del Acuerdo de París,

–  Vistos el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2022 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de 27 de octubre de 2022, titulado «La ventana de oportunidad se está cerrando. La crisis climática requiere de una transformación rápida de las sociedades humanas», su Informe sobre la Brecha de Adaptación 2022, de 1 de noviembre de 2022 titulado «Too Little, Too Slow – Climate adaptation failure puts world at risk» (Demasiado poco, demasiado lento – El fracaso de la adaptación climática pone al mundo en riesgo), y su Informe sobre la Brecha de Producción 2021, de 20 de octubre de 2021,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de febrero de 2021, titulada «Forjar una Europa resiliente frente al cambio climático – La nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE» (COM(2021)0082),

–  Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2020, sobre la estrategia de adaptación al cambio climático de la UE(9),

–  Visto el informe del PNUMA, de 31 de octubre de 2022, titulado «Informe An Eye on Metane​ 2022 del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano» y el informe del PNUMA, de 6 de mayo de 2021, titulado «Global Methane Assessment: Benefits and Costs of Mitigating Methane Emissions» (Evaluación mundial del metano: ventajas y costes de la mitigación de las emisiones de metano),

–  Visto el informe de la AIE titulado «Global Methane Tracker 2022» (Rastreador mundial de metano 2022), de febrero de 2022,

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 15 de diciembre de 2021, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la reducción de las emisiones de metano en el sector energético y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/942 (COM(2021)0805),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, sobre la estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano (COM(2020)0663),

–  Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2021, sobre una estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano(10),

–  Visto el informe de la Organización Meteorológica Mundial, de 21 de abril de 2023, sobre el estado del clima mundial en 2022,

–  Visto el Servicio de Cambio Climático de Copernicus y su informe de Datos Destacados del Clima Mundial en 2022,

–   Visto el Global Registry of Fossil Fuel Emissions and Reserves (Registro mundial de emisiones y reservas de combustibles fósiles)(11),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2020, titulada «Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva» (COM(2020)0098),

–  Visto el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,

–  Visto el informe de 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) del examen de mitad de período de la Aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,

–  Visto el informe de 2022 de la UNDRR de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres,

–  Vista su Resolución, de 15 de junio de 2023, sobre el Día de la Unión Europea por las víctimas de la crisis climática mundial(12),

–   Visto el informe del Centro Común de Investigación, de 7 de junio de 2023, titulado «Impacts of climate change on defence-related critical energy infrastructure» (Efectos del cambio climático en las infraestructuras energéticas críticas relacionadas con la defensa),

–   Vista la adopción de la Brújula Estratégica de la Unión para la Seguridad y la Defensa el 21 de marzo de 2022,

–   Vista la adopción de la Hoja de ruta sobre cambio climático y defensa el 9 de noviembre de 2020,

–  Vista su Resolución, de 28 de abril de 2021, sobre la protección del suelo(13),

–  Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) titulado «The European environment – state and outlook 2020 – Knowledge for transition to a sustainable Europe» (El medio ambiente europeo – Estado y perspectivas 2020 – Conocimiento para la transición hacia una Europa sostenible), que es la evaluación de la AEMA del potencial de los suelos europeos para una acción por el clima más intensa(14),

–  Visto el acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (Acuerdo BBNJ), adoptado el 19 de junio de 2023,

–  Visto el informe del PNUMA, de 18 de febrero de 2021, titulado «Hacer las paces con la naturaleza: un plan científico para abordar la triple emergencia del clima, la biodiversidad y la contaminación»,

–  Visto el informe de la evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, elaborado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), de 25 de noviembre de 2019,

–  Visto el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, adoptado en la 15.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CP 15),

–  Visto el informe del taller copatrocinado por la IPBES y el GIECC sobre biodiversidad y cambio climático, de 10 de junio de 2021,

–  Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2022, titulada «Impulso para los océanos: reforzar la gobernanza de los océanos y la biodiversidad»(15),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 22 de junio de 2022, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restauración de la naturaleza (COM(2022)0304),

–  Vista su Resolución, de 9 de junio de 2021, sobre la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas(16),

–  Vista su Resolución, de 16 de septiembre de 2020, sobre el papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo(17),

–  Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2022, titulada «Consecuencias de la sequía, los incendios y otros fenómenos meteorológicos extremos: intensificación de la labor de la Unión en la lucha contra el cambio climático»(18),

–  Vistos el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2023 – Alianzas y cooperación por el agua, de 9 de mayo de 2023, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada del 22 al 24 de marzo de 2023, la primera conferencia importante de las Naciones Unidas dedicada al agua desde 1977,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 23 de marzo de 2023,

–  Vistas las conclusiones acordadas que se adoptaron en la 66.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas el 25 de marzo de 2022 tituladas «El logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en el contexto de las políticas y programas relativos al cambio climático, el medio ambiente y la reducción del riesgo de desastres»,

–  Vista la Resolución 41/21, de 12 de julio de 2019, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas titulada «Los derechos humanos y el cambio climático»,

–  Visto el informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, de 26 de julio de 2022,

–  Vistos el informe de la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, de 1 de noviembre de 2017, sobre los efectos del cambio climático y la financiación para el clima en los derechos de los pueblos indígenas, y la declaración sobre los pueblos indígenas de la reunión internacional Estocolmo+50,

–  Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2022, sobre la situación de los derechos humanos en Egipto(19),

–  Vista su Resolución, de 17 de septiembre de 2021, sobre el caso de Ahmed Mansur, defensor de los derechos humanos, en los Emiratos Árabes Unidos(20),

–  Vista su Resolución, de 17 de septiembre de 2020, sobre el Año Europeo por unas Ciudades más Verdes 2022(21),

–   Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la preparación de la 28.ª Conferencia de las Partes (CP 28) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (Dubái, 30 de noviembre - 12 de diciembre de 2023)(22),

–  Visto el Informe Especial 04/2023 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 15 de febrero de 2023, titulado «Alianza Mundial contra el Cambio Climático(+) – Los logros no estuvieron a la altura de las ambiciones»,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 4 de octubre de 2022, sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático en vista de la 27.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC (CP 27) que se celebrará en Sharm el Sheij entre el 6 y el 18 de noviembre de 2022,

–  Vistas las preguntas a la Comisión y al Consejo sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) (CP 28) (O-000049/2023 y O-000048/2023),

–  Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A.  Considerando que el Parlamento Europeo ha declarado la situación de emergencia climática y medioambiental y se ha comprometido a adoptar urgentemente las medidas concretas necesarias para combatir y contener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde; que la pérdida de biodiversidad y el cambio climático están interrelacionados y se refuerzan entre sí, representan amenazas similares para la vida en nuestro planeta y, como tales, deben abordarse conjuntamente y con urgencia;

B.  Considerando que el Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016; que, hasta la fecha, 193 Estados más la Unión Europea se han adherido al Acuerdo, lo que representa más del 98 % de las emisiones mundiales;

C.  Considerando que el Acuerdo de París reconoce que la prioridad fundamental es salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre;

D.  Considerando que, según el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2022 del PNUMA, la aplicación de contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) daría lugar a un aumento de 2,4 °C de las temperaturas mundiales a finales de siglo; que las políticas actuales son insuficientes para cumplir incluso las CDN incondicionales y que continuar con las políticas actuales daría lugar a un aumento de las temperaturas mundiales de 2,8 °C;

E.  Considerando que el progreso colectivo hacia la consecución de los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París ha sido inadecuado desde su adopción en 2015; que en el informe de síntesis de 2022 de las CDN se afirma que el nivel total de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030, teniendo en cuenta la aplicación de todas las últimas CDN, se estima que solo se sitúa un 0,3 % por debajo del nivel de 2019; que en el Sexto Informe de Evaluación se concluye que, en los escenarios que limitan el calentamiento a 1,5 °C (con una probabilidad de más del 50 % para 2100), las emisiones de GEI deben situarse un 43 % por debajo del nivel de 2019 de aquí a 2030;

F.  Considerando que el balance mundial que va a tener lugar por primera vez en 2023 es un elemento central del Acuerdo de París que da una perspectiva general sobre los avances en la aplicación del Acuerdo; que el resultado del ejercicio del balance mundial debe a su vez espolear a las Partes para aumentar su nivel de ambición e impulsar la acción por el clima;

G.  Considerando que el Sexto Informe de Evaluación del GIECC confirmó que las emisiones de GEI procedentes de las actividades humanas ya han elevado la temperatura mundial en 1,1 °C con respecto a los niveles preindustriales como promedio para el período 2010-2019; que, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se cifra actualmente en un 66 % la probabilidad de superar transitoriamente los 1,5 °C ya durante el período comprendido entre 2023 y 2027(23); que la OMM señala que el calentamiento del Ártico es desproporcionadamente elevado(24) y que nuevas investigaciones muestran que el Ártico podría estar libre de hielo en los veranos tan pronto como en la década que se inicie en 2030; que se prevé que los riesgos que el cambio climático entraña para la salud, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, el abastecimiento de agua y el crecimiento económico se incrementen con un calentamiento global de 1,5 °C sobre los niveles preindustriales y se intensifiquen aún más con un calentamiento global de 2 °C(25);

H.  Considerando que el metano es responsable de alrededor del 30 % del aumento de las temperaturas mundiales desde la revolución industrial, y que unas reducciones rápidas y mantenidas de las emisiones de metano son esenciales para limitar el calentamiento a corto plazo y mejorar la calidad del aire(26); que, según el Sexto Informe de Evaluación del GIECC, mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C requiere importantes reducciones de las emisiones antropogénicas de metano de aquí a 2030(27); que el metano es un potente GEI que es veintiocho veces más potente que el CO2 en términos de su impacto climático a lo largo de un período de cien años, y ochenta veces más potente a lo largo de un período de veinte años; que, de acuerdo con el Informe sobre la Brecha de Emisiones del PNUMA, las emisiones de metano y de óxido nitroso se mantuvieron estables entre 2019 y 2021 y las de gases fluorados continuaron al alza; que actuar con mayor contundencia para reducir las emisiones de metano es una de las medidas más rentables para reducir las emisiones de GEI a corto plazo(28); que el sector de la agricultura y la ganadería emite 145 millones de toneladas de metano al año, lo que lo convierte en el sector con las emisiones de metano mayores y más significativas; que las emisiones de metano en la agricultura se deben principalmente al incremento del número de cabezas de ganado; que las emisiones del ganado procedentes del estiércol y la fermentación entérica representan aproximadamente el 32 % de todas las emisiones antropogénicas de metano;

I.   Considerando que las conclusiones del Sexto Informe de Evaluación del GIECC advierten de que las repercusiones del cambio climático ya afectan, y cada vez en mayor medida, a la productividad de todos los sectores agrícolas y pesqueros, lo que agrava la escasez de agua y amenaza la seguridad alimentaria, la nutrición y los medios de vida; que los sistemas alimentarios mundiales son responsables del 31 % de las emisiones totales; que cada año se aplican a los cultivos a nivel mundial más de 100 millones de toneladas de fertilizantes sintéticos(29); que la mayoría de las emisiones de los fertilizantes nitrogenados sintéticos se producen después de su aplicación en el suelo y se introducen en la atmósfera en forma de óxido nitroso (N2O, un GEI persistente con un potencial de calentamiento global 265 veces mayor que el CO2 durante un período de cien años); que se estima que la cadena de suministro de fertilizantes nitrogenados sintéticos es responsable de aproximadamente el 2,1 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero(30);

J.  Considerando que el Consejo declaró en sus conclusiones de 24 de octubre de 2022 que está listo, tan pronto como sea posible tras las conclusiones de las negociaciones sobre los componentes esenciales del paquete de medidas «Objetivo 55», para actualizar, según proceda, las CDN de la Unión y sus Estados miembros;

K.  Considerando que el primer informe de la CMNUCC sobre la determinación de las necesidades de las Partes que son países en desarrollo establece que los informes nacionales presentados por las Partes que son países en desarrollo demuestran que los costes para satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicación de la Convención y el Acuerdo de París ascienden acumulativamente a entre 5 800 000 000 000 y 5 900 000 000 000 USD hasta 2030, de los cuales 502 000 000 000 USD se consideran costes para satisfacer sus necesidades que requieren fuentes de financiación internacionales(31); que los flujos de financiación pública y privada dedicados a los combustibles fósiles siguen siendo mayores que los destinados a la mitigación y adaptación al cambio climático(32);

L.  Considerando que, según el artículo 4, apartado 3, del Acuerdo de París, la actualización de las CDN de la Unión debe reflejar su máxima ambición posible, sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades;

M.  Considerando que las crisis climática y de biodiversidad están interrelacionadas, se agravan mutuamente y deben abordarse con urgencia de forma conjunta;

N.  Considerando que en el preámbulo del Acuerdo de París se reconoce la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los océanos; que el informe de la evaluación mundial de la IPBES sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas(33) subraya que el uso sostenible de la naturaleza será crucial para mitigar las interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático y adaptarse a estas;

O.  Considerando que los suelos son el mayor almacén terrestre de carbono del planeta; que garantizar unos suelos saludables refuerza la resiliencia y reduce la vulnerabilidad frente al cambio climático; que a nivel mundial se pierden 500 000 hectáreas de turberas cada año, mientras que las turberas ya drenadas y degradadas aportan cerca del 4 % de las emisiones mundiales anuales inducidas por el ser humano(34); que, a pesar de que solo cubren entre el 3 y el 4 % de la superficie terrestre de todo el mundo, las turberas son responsables del almacenamiento de cerca de una tercera parte del carbono del suelo a nivel mundial, más del doble que todos los bosques del mundo juntos;

P.  Considerando que en el Informe sobre la Brecha de Adaptación más reciente del PNUMA se destaca que los esfuerzos mundiales en la planificación, financiación y aplicación de la adaptación no logran igualar el ritmo al que aumentan los riesgos climáticos; que el programa de trabajo Glasgow–Sharm el Sheij sobre el objetivo mundial relativo a la adaptación y el balance mundial deben utilizarse como oportunidades para que todas las Partes actúen a partir de las conclusiones de dicho Informe, así como de las del Grupo de Trabajo II en el Sexto Informe de Evaluación del GIECC;

Q.  Considerando que existen interrelaciones demostradas científicamente entre las crisis sanitarias y las crisis medioambientales y climáticas; que el Observatorio Europeo del Clima y la Salud detecta graves efectos sobre la salud derivados del calor, los incendios forestales, las inundaciones, las enfermedades transmitidas por vectores, las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, la contaminación, la contaminación atmosférica, la radiación ultravioleta, los alérgenos aerotransportados y el ozono troposférico, efectos en la salud mental y efectos en la salud y la seguridad en el trabajo; que los fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la escasez de agua están desplazando a las personas y teniendo un impacto drástico en su salud y en su capacidad para disfrutar plenamente de sus derechos humanos;

R.  Considerando que el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2023 advierte de una crisis mundial del agua con riesgos inminentes; que más del 90 % de las catástrofes tienen que ver con el agua y que los efectos del cambio climático a través del agua son más virulentos(35); que las Partes en el Acuerdo de París reconocen la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre;

S.  Considerando que la escasez de agua se está haciendo endémica a consecuencia del impacto local del estrés hídrico físico, sumado a la aceleración y difusión de la contaminación del agua dulce; que países de renta baja media y alta muestran signos de riesgo relacionados con la calidad del agua(36); que deben garantizarse los múltiples servicios ecosistémicos proporcionados por el agua, entre otras formas, a través de la planificación hídrica y la inversión en innovación relacionada con el agua, en particular en eficiencia en el uso de los recursos energéticos e hídricos, en consonancia con los principios por los que debe regirse una sociedad inteligente en su gestión del agua;

T.  Considerando que, en la Unión, las catástrofes naturales afectaron a casi 50 millones de personas entre 1980 y 2020, y provocaron, de media, pérdidas económicas por valor de 12 000 000 000 EUR cada año durante ese período(37); que estas pérdidas se distribuyen de forma desigual; que el Servicio de Cambio Climático de Copernicus constató que 2022 fue otro año de extremos en el que se batieron numerosos récords de temperaturas y que el verano de ese año fue el más caluroso registrado en Europa; que la escasez de agua, las inundaciones y las sequías son riesgos clave también en Europa; que las regiones ultraperiféricas y las islas se encuentran entre las zonas más afectadas por el cambio climático en particular y en términos de desarrollo sostenible, en comparación con el resto de la Unión y el resto del mundo desarrollado;

U.  Considerando que, si bien los océanos desempeñan un papel único y vital como reguladores del clima en el contexto de la crisis climática, ya que cubren el 71 % de la superficie del planeta, producen la mitad de nuestro oxígeno y absorben un tercio de las emisiones de CO2 y el 90 % del exceso de calor en el sistema climático(38), la biodiversidad marina corre un grave peligro, según IPBES y el GIECC; que el calentamiento de los océanos está afectando a los ecosistemas costeros, provocando una intensificación de las olas de calor marinas, acidificación, pérdida de oxígeno, intrusión salina y un aumento del nivel del mar(39); que la Agencia Europea de Medio Ambiente ha alertado sobre el actual estado de degradación del medio marino europeo y la necesidad de recuperar con prontitud nuestros ecosistemas marinos abordando el impacto de las actividades humanas en el entorno marino; que puntos clave de biodiversidad marina, como arrecifes de coral, manglares y lechos de vegetación marina, están gravemente degradados y amenazados por el cambio climático y la contaminación;

V.  Considerando que, según el PNUMA, la contaminación por plásticos altera los hábitats y los procesos naturales, lo que reduce la capacidad de los ecosistemas para adaptarse al cambio climático e influye directamente en los medios de subsistencia de millones de personas; que el sector mundial de los plásticos es responsable del 6 % del consumo mundial de petróleo y que se espera que este porcentaje alcance el 20 % en 2050(40); que los procesos de extracción y sintetización de petróleo y de producción de plástico son intensivos en consumo de energía; que los residuos plásticos desechados generan emisiones de GEI cuando se exponen a la radiación solar en el aire y el agua, y también interfieren en la capacidad de los océanos para capturar carbono; que se prevé que las emisiones mundiales de plásticos se dupliquen, hasta los 44 millones de toneladas anuales, y que, en ausencia de políticas ambiciosas, el consumo mundial de plástico aumentará de 460 millones de toneladas en 2019 a 1 231 millones de toneladas en 2060(41);

W.  Considerando que la crisis energética ha sacado a la luz el problema de la seguridad energética y la necesidad de reducir la demanda de energía y de contar con un sistema energético diversificado; que la invasión militar rusa de Ucrania hace que la necesidad de transformar rápidamente el sistema energético mundial sea aún más urgente;

X.  Considerando que el Pacto de Glasgow por el Clima y el Plan de Aplicación de Sharm el Sheij reconocen el importante papel de las partes interesadas que no son Parte a la hora de contribuir a los avances hacia la consecución de los objetivos del Acuerdo de París;

Y.  Considerando que el Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático recomienda que, de aquí a 2040, las emisiones en la Unión se reduzcan entre un 90 y un 95 % con respecto al año 1990, y se fije un presupuesto restante de gases de efecto invernadero de entre 11 000 y 14 000 millones de toneladas de CO2 para el período 2030-2050, sobre la base de una evaluación científica, al objeto de mitigar los riesgos climáticos y asegurar un futuro sostenible;

Z.  Considerando que el reciente informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre los Compromisos de Cero Emisiones Netas de las Entidades no Estatales recomienda aumentar la transparencia y la información sobre la acción por el clima de las entidades no estatales;

AA.  Considerando que el 1 % más rico de la población mundial generará en 2030 unas emisiones de consumo per cápita aún treinta veces superiores al nivel per cápita mundial, mientras que las huellas de carbono de la mitad más pobre de la población mundial se mantendrán varias veces por debajo de ese nivel(42); que los 46 países menos adelantados del mundo, que albergan a unos 1 100 millones de personas, han contribuido de forma mínima a las emisiones de CO2; que, no obstante, el 69 % de las muertes en todo el mundo causadas por catástrofes relacionadas con el clima en los últimos cincuenta años se han producido en estos países(43); que de aquí a 2050, hasta 216 millones de personas podrían convertirse en migrantes climáticos internos en las regiones de África, América Latina, Asia y el Pacífico y Europa Oriental(44);

AB.  Considerando que los efectos adversos de la crisis climática y las pérdidas y daños derivados de ella afectan de manera desproporcionada a las personas vulnerables y marginadas;

CP 28 en Dubái y el primer balance mundial

1.  Recuerda las conclusiones del Sexto Informe de Evaluación del GIECC, según las cuales limitar el calentamiento global a 1,5 °C, o incluso a menos de 2 °C, requiere medidas de mitigación rápidas, profundas y sostenidas; subraya que limitar el calentamiento mundial a 1,5 °C exige una reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de un 43 % en comparación con los niveles de 2019 en esta década crítica antes de 2030; insta a la comunidad internacional a que realice esfuerzos concertados para lograr este objetivo y pide a los países desarrollados y a los mayores emisores que lideren con su ejemplo; reitera los compromisos en el marco del Pacto de Glasgow por el Clima y manifiesta su preocupación por los limitados avances realizados a la hora de impulsar la mitigación del cambio climático desde entonces, también durante la CP 27 y la reunión intermedia celebrada en Bonn en junio de 2023;

2.  Reconoce que el Sexto Informe de Evaluación del GIECC confirmó que el exceso de emisiones de GEI procedentes de las actividades humanas ya ha elevado la temperatura mundial en 1,1 °C con respecto a los niveles preindustriales; expresa su preocupación por las conclusiones del Informe sobre la Brecha de Emisiones 2022 del PNUMA, en particular por que, si bien la aplicación de las CDN condicionales daría lugar a un aumento de 2,4 °C de las temperaturas mundiales a finales de siglo, las políticas actuales son insuficientes para cumplir incluso las CDN incondicionales y continuar con las políticas actuales daría lugar a un aumento de las temperaturas mundiales de 2,8 °C; manifiesta su alarma ante el hecho de que las emisiones sigan aumentando y la brecha de emisiones se siga agrandando, y hace hincapié en que cualquier retraso a la hora de aplicar medidas eficaces para mitigar el cambio climático y adaptarse a este magnificarán los riesgos climáticos, y tendrán como consecuencia un incremento de las pérdidas y daños;

3.  Destaca que 2023 será el año más cálido registrado, con 1,43 °C por encima de los niveles preindustriales(45); expresa su profunda preocupación por que la posibilidad de permanecer por debajo de los 1,5 °C disminuya a un ritmo alarmante; subraya que los récords de olas de calor, sequías e incendios forestales ya han causado una pérdida del producto interior bruto mundial de alrededor del 0,6 % en 2023(46), y que los fenómenos extremos relacionados con las condiciones meteorológicas y el cambio climático causaron pérdidas por un valor de alrededor de 600 000 000 000 EUR en Europa durante el período 1980-2022(47);

4.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen todos los canales diplomáticos antes de la Conferencia al objeto de que todas las Partes se comprometan a ampliar sus objetivos climáticos a corto, medio y largo plazo y las políticas conexas, y a elevar el nivel de ambición de sus CDN para proseguir los esfuerzos en favor de limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 °C, en consonancia con el Pacto de Glasgow por el Clima;

5.  Subraya la necesidad de acelerar la acción por el clima para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de una manera que asegure una transición justa y no deje a nadie atrás; pide que la CP 28 aborde la necesidad de una transformación sistémica hacia un modelo económico que garantice el bienestar para todos dentro de los límites del planeta;

6.  Subraya que el proceso de balance mundial es un elemento central del Acuerdo de París y que el primer balance mundial es un momento clave para reforzar la ambición colectiva de la acción por el clima y el apoyo al clima; espera que todas las Partes participen plenamente en el balance mundial con el fin de reforzar los compromisos en consonancia con el Acuerdo de París, concertando la ambición con la aplicación acelerada de medidas concretas a fin de dar lugar a una transición eficaz y asegurar un futuro justo y climáticamente neutro y resiliente;

7.  Reitera que el trabajo del balance mundial debe basarse en la ciencia y guiarse por el principio de equidad y el principio de responsabilidades y capacidades respectivas comunes pero diferenciadas; recuerda que el balance mundial debe revisar la acción por el clima, teniendo en cuenta al mismo tiempo los derechos humanos, el género y la justicia intergeneracional; insta a las Partes en la CMNUCC a que integren la dimensión de los derechos humanos en sus CDN;

8.  Apoya un objetivo mundial de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética de aquí a 2030 en la CP 28, junto con una eliminación gradual tangible de los combustibles fósiles lo antes posible, a fin de mantener los 1,5 °C al alcance, en particular paralizando todas las nuevas inversiones en la extracción de combustibles fósiles; insta a la Unión y a los Estados miembros a que desempeñen un papel proactivo y constructivo a este respecto; reitera su llamamiento a la Comisión, los Estados miembros y otras Partes para que trabajen en el desarrollo de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles; hace hincapié en que la transición medioambiental debe llevarse a cabo con el menor coste medioambiental y que deben maximizarse las sinergias entre las energías renovables y la restauración de la naturaleza;

9.  Pide a todas las Partes que establezcan un sistema integral de seguimiento de la pobreza energética y de transporte, y que hagan todo lo posible para garantizar que no aumente la proporción de personas que sufren pobreza energética y de transporte;

10.  Insta a todas las Partes en la CMNUCC a que aumenten sus CDN con miras a colmar con carácter de urgencia las brechas en materia de emisiones sobre la base de la evaluación del balance mundial y según han detectado el GIECC y el PNUMA, y colmar las brechas en la aplicación intensificando y mejorando la aplicación de las políticas de mitigación a fin de alcanzar todos los compromisos correspondientes; subraya la especial responsabilidad de todos los principales emisores y de los países del G20 a la hora de asumir el liderazgo; anima a todas las Partes, incluida la Unión Europea, sobre la base de la decisión de la CP 26 relativa a los plazos comunes, a que comuniquen, en 2025, una CDN para 2035;

11.  Hace hincapié en que los resultados del balance mundial y las correspondientes decisiones de la CP 28 deben proponer procesos concretos, ejecutables y específicos para seguir la senda de los objetivos del Acuerdo de París; opina que dichos procesos deben incluir la continuación del informe anual de síntesis sobre las CDN con el fin de evaluar los progresos en el cierre de la brecha de ambición, así como informes anuales de la CMNUCC que midan los avances en los objetivos sectoriales y los compromisos asumidos hasta la fecha; subraya que estos procesos deben dar lugar a políticas y planes concretos con una base científica;

12.  Urge a todas las Partes a que aseguren normas sólidas para los mecanismos cooperativos en virtud del artículo 6 del Acuerdo de París, y pide a la Unión y a los Estados miembros que defiendan con rigor un nivel elevado de integridad climática, basado en el mejor conocimiento científico disponible, en las negociaciones sobre las cuestiones pendientes, incluido el papel que desempeñan las absorciones, con el fin de garantizar que las normas proporcionen una verdadera reducción de las emisiones y total transparencia;

13.  Opina que la Unión y los Estados miembros no deben aceptar un resultado que promueva tecnologías de reducción de emisiones para los combustibles fósiles en el sector energético, o una postura débil sobre una transición energética justa;

Adaptación

14.  Subraya la necesidad de intensificar las medidas de adaptación dentro de la Unión y a nivel mundial; reitera que las medidas de adaptación a corto, medio y largo plazo constituyen una necesidad para todas las Partes si pretenden minimizar los efectos negativos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, destacando al mismo tiempo la particular vulnerabilidad de los países en desarrollo, en especial los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo; pide a aquellos países que todavía no hayan presentado comunicaciones sobre la adaptación o planes nacionales de adaptación que lo hagan sin mayor dilación; pide a todas la Partes que actualicen sus CDN de modo que incluyan un sólido componente de adaptación, con medidas específicas de adaptación acompañadas de objetivos cuantificados, con anterioridad a la CP 28;

15.  Insta a todas las Partes a alcanzar un marco de adaptación mundial creíble, sólido y aplicable en la CP 28 con el fin de mejorar la capacidad de adaptación, reforzar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, que preste una mayor atención al agua, los ecosistemas y los servicios hídricos; insiste en la importancia de fijar el objetivo mundial de adaptación y de que todas las Partes mejoren las medidas de adaptación; insta a todas las Partes a adoptar un punto del orden del día permanente sobre el objetivo mundial de adaptación en la Conferencia de las Partes en calidad de reunión del Acuerdo de París (CP/RA) y sus órganos subsidiarios; destaca la necesidad de redoblar los esfuerzos encaminados a traducir el objetivo mundial de adaptación en resultados mensurables que, entre otras cosas, deben ofrecer una comprensión exhaustiva de los riesgos climáticos de catástrofes y de las necesidades y costes de adaptación asociados a múltiples niveles, incrementar la disponibilidad de datos coherentes y comparables, determinar y mejorar el suministro y la accesibilidad de los mecanismos de aplicación, incluido el apoyo financiero y tecnológico, y elaborar un conjunto común de métricas, metodologías y enfoques cuantitativos y cualitativos para realizar un seguimiento de los avances hacia la consecución del objetivo a lo largo del tiempo; destaca la importancia de los enfoques de adaptación basados en la comunidad; aboga por que el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo de Adaptación y el Sustainable Impact Fund (fondo de impacto sostenible) desarrollen mejores estrategias para llegar a los agentes de ámbito local que lideran las soluciones de adaptación al cambio climático;

16.  Observa que el apoyo financiero a la mitigación sigue siendo más elevado que el destinado a la adaptación; señala que, en 2019, la mitigación representaba dos terceras partes de la financiación total para el clima proporcionada y movilizada por los países desarrollados (50 800 000 000 USD), mientras que la financiación de la adaptación solo alcanzaba los 20 100 000 000 USD y los fondos transversales para la mitigación y la adaptación, los 8 700 000 000 USD(48); pide a todas las Partes que redoblen sus compromisos y presenten una hoja de ruta definitiva en pro de un objetivo colectivo de duplicación de la financiación de la adaptación de aquí a 2025, sobre la base de los niveles de 2019, con el fin de lograr un equilibrio entre la financiación de la mitigación y la financiación de la adaptación, y pide unas mayores contribuciones del Fondo para los Países Menos Adelantados y del Fondo Especial para el Cambio Climático; pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan vías concretas para aumentar su financiación de la adaptación de aquí a 2025, también a través del presupuesto de la Unión;

17.  Recuerda que, en consonancia con la Legislación europea sobre el clima, los Estados miembros deben garantizar un avance continuo en el aumento de la capacidad de adaptación, el fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, de conformidad con el artículo 7 del Acuerdo de París; reitera su petición de que la Comisión prepare una evaluación exhaustiva del riesgo climático a escala de la Unión para abordar la resiliencia y la preparación ante el cambio climático en Europa; reitera, asimismo, su petición a la Comisión de que proponga un marco europeo de adaptación al cambio climático global, ambicioso y jurídicamente vinculante, que incluya los instrumentos legislativos adecuados, haciendo especial hincapié en las regiones más vulnerables; destaca la importancia de la nueva Estrategia de Adaptación de la UE y sus vínculos con la Estrategia de la Unión sobre la Biodiversidad y el nuevo marco regulador sobre la adaptación derivado de la Legislación europea sobre el clima, y reitera sus llamamientos para que se apliquen de manera ambiciosa, incluidos sus componentes internacionales;

18.  Destaca que los sistemas de alerta temprana son críticos para una adaptación eficaz, pero solamente están al alcance de menos de la mitad de los miembros de la OMM; apoya la propuesta de la OMM de garantizar que los sistemas de alerta temprana lleguen a todos en los próximos cinco años; pide la rápida aplicación de esta iniciativa de servicios de alerta rápida con el objetivo de salvar muchas vidas lo antes posible;

Pérdidas y daños

19.  Insta a todas las Partes a que lleven a cabo la puesta en funcionamiento del fondo para pérdidas y daños en la CP 28, con el fin de garantizar financiación pública nueva, adicional, adecuada y predecible para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños asociados a los efectos adversos del cambio climático; cree firmemente que la financiación para pérdidas y daños debe basarse en subvenciones y ser adicional y diferente respecto de la ayuda humanitaria; insta a la Comisión y a los Estados miembros, junto con otros principales emisores, a que estén dispuestos a contribuir equitativamente al fondo para pérdidas y daños con el fin de garantizar una justicia climática mundial, asumiendo importantes compromisos plurianuales en la CP 28 o mediante ella;

20.  Toma nota de la adopción de las recomendaciones del Comité de Transición del fondo de pérdidas y daños; pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen para abordar y aclarar las lagunas y deficiencias restantes en la CP 28; reitera, a este respecto, la necesidad de contribuciones significativas y justas en favor de las comunidades perjudicadas por las crisis climática y de deuda;

21.  Acoge con agrado el compromiso del comisario de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra, de trabajar con socios mundiales a fin de crear nuevas e innovadoras fuentes de financiación para las pérdidas y daños, en consonancia con el principio de que quien contamina paga; pide a la Comisión y a los Estados miembros que asuman el liderazgo a este respecto, tanto a nivel internacional como predicando con el ejemplo, en particular dedicando una parte de los ingresos del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea a la financiación de las pérdidas y daños;

22.  Observa que el artículo 8 del Acuerdo de París (sobre pérdidas y daños) establece que las Partes deben cooperar con respecto a las pérdidas y daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático; reclama una definición clara de pérdidas y daños y una metodología para su estimación, que se fundamente en la ciencia y en las necesidades de las comunidades; pide que, en la CP 28, se llegue a un resultado que ofrezca recomendaciones claras sobre la nueva estructura, gobernanza y mecanismos de financiación del fondo; pide a las Partes que aseguren una participación significativa de la sociedad civil y de las comunidades más afectadas en el instrumento por el que se rija el fondo para pérdidas y daños; hace hincapié en que las autoridades locales y regionales desempeñan un papel esencial a la hora de diagnosticar, evaluar y concebir respuestas basadas en las necesidades, riesgos y amenazas relacionados con su población y sus territorios; resalta que la prestación descentralizada de financiación para pérdidas y daños a través de las administraciones locales puede garantizar que la financiación esté disponible a nivel local cuando se produzcan los contratiempos, y que las inversiones se orienten de manera que respondan a las condiciones locales y se destinen con mayor eficacia a las prioridades de los ciudadanos;

23.  Subraya que, para hacer frente a los desafíos globales que plantea el cambio climático, es necesario aumentar en gran medida las inversiones y los flujos de financiación de la lucha contra el cambio climático, tanto públicos como privados, a escala mundial; insiste en que esta financiación debe ser fácilmente accesible para todos los países, especialmente para los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, siempre que sea posible, mediante modalidades de acceso directo; pide a la Comisión y los Estados miembros que sigan desempeñando su papel de creadores de puentes entre los países desarrollados, los países en desarrollo y los países menos adelantados, con el objetivo de impulsar el trabajo de la Coalición de Gran Ambición sobre la financiación de la mitigación y la adaptación y la puesta en marcha del fondo para pérdidas y daños;

24.  Pide al Comité de Transición sobre pérdidas y daños que vele por que el fondo para pérdidas y daños sea sensible al género y transformador, esté guiado por las necesidades de las personas más afectadas y responda a las pérdidas específicas sufridas por las mujeres; considera que las mujeres deben ocupar un lugar central en el diseño, la gestión y el desembolso del nuevo fondo;

25.  Reitera su llamamiento en favor de que las pérdidas y daños sean un punto permanente del orden del día de las futuras CP, de manera que haya un espacio de negociación claro al objeto de supervisar y avanzar en esta cuestión, y en favor de la plena operatividad de la Red de Santiago, a fin de catalizar eficazmente la asistencia técnica para abordar adecuadamente las pérdidas y daños; insta a la Comisión a que respalde la continuación de los trabajos sobre la selección del anfitrión de la Red de Santiago para Pérdidas y Daños, de acuerdo a los principios establecidos en la decisión de la CP 27 con miras a una decisión en la CP 28;

Participación de las partes interesadas en la CP 28

26.  Recuerda la importancia de la plena participación de todas las Partes en el proceso de toma de decisiones en el marco de la CMNUCC; destaca que el actual proceso de toma de decisiones en el marco de la CMNUCC podría mejorarse para permitir la plena participación de delegados de los países en desarrollo y de los países menos adelantados; pide, por tanto, a la Presidencia de la CP 28 y a las futuras Presidencias que exploren otras vías para garantizar una participación efectiva y significativa de esos delegados y que destinen recursos adicionales a tal efecto;

27.  Elogia a quienes buscan elevar la concienciación sobre la crisis climática y participan en campañas en favor de actuaciones significativas, y expresa su solidaridad con ellos; destaca el importante papel de los jóvenes, como se señala en el Pacto de Glasgow por el Clima, a la hora de impulsar la ambición climática en sus ámbitos pertinentes; pide recursos adecuados para elevar la concienciación, desarrollar capacidades e implicar a las comunidades locales en la acción por el clima;

28.  Subraya que los objetivos climáticos no pueden alcanzarse sin el apoyo y la participación de los ciudadanos, incluidos los jóvenes; pide a todas las Partes que eleven la concienciación sobre el cambio climático y las cuestiones conexas, luchen contra la desinformación y trabajen con representantes públicos, incluidas las organizaciones no gubernamentales, para obtener apoyo público a las medidas de mitigación y adaptación;

29.  Mantiene su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos, en particular la restricción y la violación de las libertades de expresión tanto en línea como fuera de línea, de asociación y de reunión pacíficas, consagradas no solo en los instrumentos universales de derechos humanos, sino también en la Carta Árabe de Derechos Humanos; expresa una vez más su preocupación por el encarcelamiento arbitrario y prolongado, tras juicios injustos, de Ahmad Mansur, Mohamed al Roken, Mohamed al Mansuri y Naser bin Gaith, defensores de los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos, y pide su liberación inmediata e incondicional;

30.  Insta a la CMNUCC, a todas las Partes y a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos a que garanticen un acceso equitativo a la CP 28 y una participación plena y sin restricciones, que comprenda el acceso a los documentos pertinentes, en la CP 28 a todos los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, en particular a quienes representan a las comunidades más vulnerables; condena los obstáculos a la participación en anteriores CP; lamenta profundamente los numerosos casos de censura, intimidación, acoso y vigilancia a miembros de las organizaciones de la sociedad civil y la oleada de arrestos y detenciones que tuvieron lugar en torno a la CP 27 en Egipto; reitera su llamamiento a la Secretaría de la CMNUCC para que desarrolle criterios sobre derechos humanos que los países que acojan las futuras CP deban comprometerse a cumplir como parte del acuerdo de sede, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que asuman el liderazgo en este proceso; aboga, además, por que los acuerdos de sede con los países se pongan a disposición del público por razones de transparencia y para asegurar que existan medidas en vigor a fin de proteger a los delegados de cualquier forma de acoso; pide a la CMNUCC y a los países anfitriones que adopten medidas contundentes para proteger a los delegados y a los participantes del acoso y la intimidación en la CP 28 y en futuras CP;

Conflictos de intereses, transparencia e integridad

31.  Expresa su preocupación por que en la CP 27 estuvieran acreditados más de 630 miembros de grupos de presión del sector de los combustibles fósiles, lo que supone un aumento de más del 25 % con respecto a la CP 26; pide a la CMNUCC y a las Partes que velen por que el proceso de toma de decisiones esté protegido frente a intereses contrarios a los objetivos del Acuerdo de París y por que las empresas de combustibles fósiles no ejerzan ninguna influencia indebida e impropia sobre funcionarios públicos o el proceso público de toma de decisiones de la CMNUCC que pueda poner en peligro el logro de los objetivos del Acuerdo de París; insta a la CMNUCC a que tome la iniciativa y proponga un marco de rendición de cuentas ambicioso que proteja la labor de la CMNUCC de la influencia indebida de agentes corporativos con notorios intereses creados, sobre la base del modelo recogido en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco con respecto a la industria del tabaco;

32.  Manifiesta su profunda preocupación por que los Emiratos Árabes Unidos hayan designado a Sultan Al Jaber, jefe de la compañía petrolera estatal de Abu Dabi (Grupo ADNOC), como presidente de la CP 28 y por que una docena de empleados del equipo de la CP 28 tengan vínculos directos con la industria de los combustibles fósiles; expresa su alarma por los informes que muestran que los trabajadores del Grupo ADNOC han podido leer mensajes de correo electrónico desde y hacia la oficina de la CP 28 y que se les haya consultado sobre cómo responder a las preguntas de los medios de comunicación; considera que estos hechos plantean un grave riesgo de conflicto de intereses; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que esta y las próximas Presidencias de la CP estén libres de conflictos de intereses;

33.  Subraya que el acceso efectivo a la justicia en cuestiones medioambientales, en consonancia con el Convenio de Aarhus, reviste una importancia fundamental de cara a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París; opina que la Unión Europea y los Estados miembros deben predicar con el ejemplo y atenerse a las conclusiones y recomendaciones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus;

Una ambiciosa política climática de la Unión

34.  Toma nota de la actualización de las CDN de la Unión; destaca que el paquete de medidas «Objetivo 55» adoptado recientemente por la Unión y su impacto acumulativo reducirán las emisiones netas de GEI de la Unión en aproximadamente un 57 % en comparación con 1990; resalta que, según el Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático, emprender esfuerzos adicionales para incrementar la ambición de la Unión más allá de lograr una disminución del 55 % de las emisiones netas de GEI en 2030 reduciría considerablemente las emisiones acumuladas de la Unión hasta 2050 y, por ende, aumentaría la equidad de la contribución de la Unión a la mitigación mundial; insta a otras Partes en la CMNUCC a que aumenten sus CDN a la luz de la decisión contenida en el Pacto de Glasgow por el Clima de revisar el objetivo de 2030 y a que conviertan los compromisos en medidas concretas;

35.  Acoge con agrado la labor del Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático y su asesoramiento sobre la determinación de un objetivo climático a escala de la Unión para 2040 y un presupuesto de gases de efecto invernadero para el período 2030-2050; destaca que, según el Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático, la Unión debe adoptar medidas adicionales para tener en cuenta el hecho de que ya ha agotado su parte equitativa del presupuesto global de GEI, en consonancia con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C;

36.  Pide a la Comisión que publique a principios de 2024 su recomendación basada en una evaluación de impacto relativa a los objetivos de la Unión para después de 2030 y que adopte su propuesta de conformidad con el artículo 4, apartado 3, de la Legislación europea sobre el clima, teniendo en cuenta la decisión de la CP 26 relativa a los plazos comunes; subraya que, al presentar esta propuesta, la Comisión debe tener en cuenta el asesoramiento del Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático, así como todas las consideraciones sociales, económicas y medioambientales enumeradas en el artículo 4, apartado 5, de la Legislación europea sobre el clima; pide, asimismo, a la Comisión que actualice la legislación de la Unión y que prepare las propuestas legislativas correspondientes para contribuir a lograr los objetivos del Acuerdo de París;

37.  Acoge con agrado los compromisos asumidos por el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Maroš Šefčovič y el comisario Wopke Hoekstra en el sentido de preparar un objetivo climático de la Unión para 2040 que esté en consonancia con el Acuerdo de París y que se base en una evaluación de impacto exhaustiva en la que se examinen los impactos previstos de situaciones que contemplen toda una gama de trayectorias en el período entre 2030 y 2050 y objetivos para 2040, incluidos los que figuran en las recomendaciones del Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático sobre las trayectorias hacia 2040 y el presupuesto de carbono;

38.  Reitera la necesidad de integrar la ambición climática en todas las políticas de la Unión y las medidas que las transponen y subraya que el artículo 6, apartado 4, de la Legislación europea sobre el clima obliga a la Comisión a evaluar la coherencia de cualquier proyecto de medida o propuesta legislativa, incluidas las propuestas presupuestarias, con los objetivos climáticos de la Unión; insta a la Comisión a que aplique plenamente esta disposición en la forma en que lleva a cabo evaluaciones de impacto en todos los ámbitos políticos de la Unión; reitera el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, con el que la Unión y sus Estados miembros se han comprometido y que tiene por objeto minimizar las contradicciones y crear sinergias entre las diferentes políticas de la Unión; insiste en un enfoque coherente de la aplicación del Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tanto en las políticas interiores como en las exteriores;

39.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que se aseguren de que los planes nacionales de energía y clima y las estrategias a largo plazo de los Estados miembros incluyan suficientes actuaciones y medios financieros con miras a alcanzar los objetivos de la Unión para 2030 y proporcionen transparencia sobre el desempeño de los Estados miembros y la Unión en su conjunto en el ámbito de la acción climática y energética, en consonancia con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo;

40.  Pone de relieve que, para garantizar la coherencia de las CDN con los compromisos del conjunto de la economía exigidos por el Acuerdo de París, debe animarse a las Partes a que incluyan las emisiones procedentes del transporte marítimo y aéreo internacional en sus CDN y a que acuerden la aplicación de medidas a nivel regional y nacional para reducir las emisiones de estos sectores, incluidos los efectos de la aviación distintos del CO2 y las emisiones perjudiciales para el clima de los combustibles de uso marítimos; destaca que la Unión debe liderar con el ejemplo a este respecto;

41.  Respalda la recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo en el sentido de que la Unión contabilice todas las emisiones de GEI causadas por la Unión, que es una importadora neta de mercancías del resto del mundo; reitera su petición de que se fijen objetivos a escala de la Unión vinculantes y basados en la ciencia para la reducción de la huella medioambiental de la Unión, que incluyan las mercancías importadas;

42.  Pone de relieve la importancia de mantener el compromiso con el Pacto Verde Europeo; considera que el Pacto Verde Europeo en su conjunto debe aplicarse en aras de alcanzar los objetivos de la Unión y pide, por tanto, a la Comisión que cumpla sin demora todos los elementos del Pacto Verde Europeo; subraya, asimismo, las lagunas de datos que deben colmarse para realizar un seguimiento de los avances en la consecución de los objetivos climáticos de la Unión y permitir una revisión periódica de las políticas actuales;

43.  Destaca que la situación geopolítica actual pone de manifiesto la urgencia de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y la necesidad de impulsar el despliegue de las energías renovables;

44.  Toma nota de la propuesta de la Comisión de retirar a la Unión, sus Estados miembros y Euratom del Tratado sobre la Carta de la Energía; hace hincapié en la intención anunciada de varios Estados miembros de retirarse del Tratado sobre la Carta de la Energía y reitera la posición del Parlamento, de 24 de noviembre de 2022, sobre este asunto; subraya la necesidad de actuar de manera coordinada al objeto de tener más fuerza en las negociaciones de retirada, limitar los efectos negativos de la cláusula de extinción y evitar de forma efectiva los litigios dentro de la Unión; reconoce que el Tratado sobre la Carta de la Energía ha sido objeto de duras críticas como obstáculo a la transición hacia las energías renovables y a la protección de la seguridad energética en la Unión Europea y sus Estados miembros; subraya que el aumento de las fuentes de energía renovables contribuirá a la transición de la Unión hacia una economía próspera, sostenible, compatible con el clima e independiente; insta a todos los agentes a que aceleren la transición energética; lamenta que, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables, la inversión en estas energías siga estando concentrada en un número reducido de países y en unas pocas tecnologías exclusivamente; pide a la Unión y a los Estados miembros que promuevan la reforma sistémica y estructural necesaria con vistas a fomentar un sistema energético global más resiliente, integrador y seguro desde el punto de vista climático que se base en energías renovables;

Financiación internacional de la lucha contra el cambio climático y financiación sostenible

45.  Señala que la Unión y sus Estados miembros son los mayores proveedores de financiación pública para la lucha contra el cambio climático, al tiempo que expresa su profunda preocupación por que la financiación pública proporcionada por la Unión y sus Estados miembros para tal fin disminuyese en 2022 en comparación con 2021; reitera que, en sus Conclusiones sobre la preparación de la 28.ª Conferencia de las Partes (CP 28) en la CMNUCC, el Consejo renovó el compromiso asumido por la Unión y sus Estados miembros de seguir aumentando su financiación internacional para luchar contra el cambio climático en favor del objetivo de los países desarrollados de movilizar al menos 100 000 000 000 USD anuales lo antes posible y hasta 2025 procedentes de una amplia gama de fuentes; subraya la necesidad de mantener y aumentar las contribuciones; reitera, en este sentido, su llamamiento en favor de un mecanismo de financiación pública de la Unión que proporcione un apoyo adicional y adecuado para alcanzar los objetivos de financiación internacional de la lucha contra el cambio climático de la Unión; subraya que, a la hora de determinar el uso de los ingresos generados a partir de la subasta de derechos del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE), los Estados miembros deben tener en cuenta la necesidad de seguir aumentando la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático en terceros países vulnerables de conformidad con el acuerdo adoptado recientemente sobre la revisión del RCDE UE;

46.  Resalta que se necesitan recursos financieros significativos procedentes de diversas fuentes para aplicar los objetivos del Acuerdo de París en los países en desarrollo, teniendo también en cuenta que muchos países en desarrollo cuentan con CDN condicionadas, cuyo logro depende de un apoyo financiero suficiente; recuerda que el Pacto de Glasgow por el Clima insta a las Partes que son países desarrollados a aumentar significativamente su financiación de la lucha contra el cambio climático con carácter de urgencia; señala que no todas las Partes que son países desarrollados han cumplido su parte del objetivo de 100 000 000 000 USD de financiación de la lucha contra el cambio climático; subraya que el incumplimiento del compromiso en materia de financiación de la lucha contra el cambio climático a más tardar en 2020 contraído por los países desarrollados en sucesivas CP ha erosionado la confianza y obstaculiza los avances en otros aspectos de la agenda, tal y como pudo comprobarse en junio de 2023 durante las negociaciones de Bonn sobre el clima en el marco de la CMNUCC;

47.  Expresa su preocupación por la creciente brecha entre las necesidades de las Partes que son países en desarrollo y la escala, suficiencia y accesibilidad actuales de la financiación de la lucha contra el cambio climático; subraya que será imposible colmar esta brecha sin una movilización significativa de financiación privada, además de la financiación pública; señala el déficit de financiación, especialmente para la adaptación; hace hincapié en que las Partes deben aspirar a alcanzar un equilibrio entre la financiación destinada a la mitigación y la reservada a la adaptación, y pone de relieve que en la CP 26 se asumió el compromiso de duplicar la financiación colectiva dedicada a la adaptación hasta 2025 sobre la base de los niveles de 2019; destaca que la financiación aportada por los países desarrollados, responsables de una gran parte de las emisiones históricas, también resultará crucial para generar confianza de cara a un diálogo más ambicioso sobre los objetivos de mitigación del cambio climático; pide a los emisores históricos que ayuden a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático, entre otras medidas, mediante la financiación basada en subvenciones y el apoyo técnico;

48.  Pide a las Partes que son países desarrollados, incluida la Unión y sus Estados miembros, que garanticen que el objetivo de financiación de la lucha contra el cambio climático de 100 000 000 000 USD pueda cumplirse en 2023 y desembolsarse por término medio entre 2020 y 2025, y que detallen en mayor medida el camino a seguir hacia el nuevo objetivo de financiación de la lucha contra el cambio climático después de 2025, que debe superar el objetivo anual de 100 000 000 000 USD de 2020; estima que el objetivo para después de 2025 debe tener en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo en relación con una financiación adicional y adecuada de la lucha contra el cambio climático, priorizar claramente la financiación basada en subvenciones y abarcar tanto medidas de mitigación como de adaptación; considera que la responsabilidad de cumplir el nuevo objetivo deberá comprender una amplia base de donantes que incluya tanto a países desarrollados como a otros países en condiciones de contribuir, así como fuentes innovadoras de financiación y fondos privados; recuerda su postura de que deben explorarse objetivos independientes de mitigación, adaptación y pérdidas y daños como parte de este nuevo objetivo colectivo cuantificado sobre financiación de la lucha contra el cambio climático; destaca la importancia del desarrollo de capacidades y la formación para facilitar el acceso a la financiación de la lucha contra el cambio climático por parte de los agentes locales y regionales con el fin de ofrecer soluciones adaptadas a los retos únicos sobre el terreno;

49.  Recuerda que, según las conclusiones de la CP 27, alcanzar la financiación necesaria para la transición climática requerirá de una transformación del sistema financiero y de sus estructuras y procesos, con la participación de los Gobiernos, los bancos centrales, los bancos comerciales, los inversores institucionales y demás agentes financieros; considera esencial avanzar sin demora en la Agenda de Bridgetown y adecuar el sistema financiero internacional a los desafíos del siglo XXI; pide a todos los bancos multilaterales de desarrollo e instituciones financieras internacionales importantes que adapten sus carteras y políticas de concesión de préstamos al Acuerdo de París, que integren en sus prácticas y prioridades la lucha contra el cambio climático y la preservación de la naturaleza y la biodiversidad, que eliminen gradualmente todas las ayudas directas e indirectas a los combustibles fósiles y que recopilen y utilicen datos de alta calidad sobre el riesgo climático, la vulnerabilidad y los efectos con el fin de orientar las inversiones de modo que se alineen con el objetivo de 1,5 °C; toma nota de la hoja de ruta elaborada en la Cumbre de París para un Nuevo Pacto Financiero Mundial de junio de 2023 y pide su oportuna aplicación;

50.  Pone de relieve el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) como «banco del clima de la Unión» y su Hoja de ruta del banco del clima y su política actualizada de concesión de préstamos al sector energético, así como los esfuerzos adicionales del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) para encabezar las inversiones climáticas; celebra que el Banco Central Europeo se haya comprometido a integrar las consideraciones relativas al cambio climático en su marco de política monetaria;

51.  Reitera su respaldo a la labor de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática y anima a todos los Gobiernos a adoptar los compromisos de la coalición relativos a la adaptación de todas las políticas y prácticas dentro del ámbito de competencias de los ministros de Finanzas a los objetivos del Acuerdo de París, así como un sistema de tarificación del carbono eficaz, tal como establecen los Principios de Helsinki;

52.  Recuerda que, de conformidad con el Acuerdo de París, todas las Partes deben hacer que los flujos financieros —públicos y privados, nacionales e internacionales— sean compatibles con el camino hacia el objetivo de 1,5 °C establecido en el Acuerdo; subraya la importancia de abordar este aspecto del Acuerdo de París de manera exhaustiva en la CP 28;

53.  Señala que muchos de los países vulnerables al cambio climático tienen problemas de endeudamiento o corren un riesgo significativo de sufrirlos; acoge con satisfacción el compromiso asumido por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Reino Unido, Francia, Canadá y los Estados Unidos de incluir, en futuros préstamos, cláusulas sobre la deuda relativas a la resiliencia frente al cambio climático, de modo que se suspenda la amortización de la deuda en caso de catástrofes relacionadas con el clima; pide a otros países y a los bancos multilaterales de desarrollo, incluido el BEI, que adopten medidas similares; apoya el establecimiento en la CP 28 de una revisión de expertos mundiales sobre la deuda, la naturaleza y el clima, tal como propusieron Francia, Colombia y Kenia durante la Cumbre de París para un Nuevo Pacto Financiero Mundial; considera necesario contar con soluciones que aborden conjuntamente las crisis climática y de deuda; reitera la necesidad de priorizar claramente la financiación de la lucha contra el cambio climático sobre la base de subvenciones para garantizar que dicha financiación no contribuya a unos niveles de deuda insostenibles en los países en desarrollo y pide a las Partes que entablen conversaciones y adopten las medidas necesarias para aliviar la carga que supone la deuda para los países en desarrollo; subraya que muchos países en desarrollo tienen grandes necesidades fiscales y requieren inversiones para la transición de sus sistemas energéticos y para acometer esfuerzos efectivos de mitigación del cambio climático y adaptación al mismo; pone de relieve la importancia de aumentar la financiación basada en subvenciones, especialmente para la adaptación, y que la financiación de la lucha contra el cambio climático proporcionada en forma de préstamos puede agravar los problemas de endeudamiento de los países en desarrollo; señala que el 50 % de la financiación total de la Unión destinada a la lucha contra el cambio climático en 2020 se proporcionó en forma de subvenciones, e insta a la Unión y a todos los Estados miembros a que aumenten la financiación basada en subvenciones, en particular la dirigida a la adaptación y especialmente para los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo;

54.  Recuerda que los combustibles fósiles son los mayores contribuyentes al cambio climático, responsables de más del 75 % de todos los GEI y que los planes actuales llevarían a la producción de alrededor de un 240 % más de carbón, un 57 % más de petróleo y un 71 % más de gas de lo que sería coherente con limitar el calentamiento global a 1,5 °C; muestra su inquietud por el hecho de que las emisiones de CO2 procedentes de las infraestructuras de combustibles fósiles existentes a nivel mundial superarían en solitario el presupuesto de carbono restante para mantenerse por debajo de 1,5 °C, lo que confirma la evaluación de la AIE de que no debe haber nuevos proyectos en torno al petróleo, el gas o el carbón para que el calentamiento global se mantenga por debajo de los 1,5 °C;

55.  Lamenta que las subvenciones a las energías fósiles en la Unión se hayan mantenido estables desde 2008, por un importe total de entre 55 000 000 000 y 58 000 000 000 EUR al año, lo que corresponde a aproximadamente un tercio de todas las subvenciones a la energía en la Unión; reitera su petición de que se ponga fin urgentemente a todas las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles en la Unión lo antes posible y a más tardar en 2025, y a las demás subvenciones perjudiciales para el medio ambiente lo antes posible y a más tardar en 2027, tanto a escala de la Unión como de los Estados miembros, mediante la aplicación de políticas, plazos y medidas concretos; anima a todos los Estados miembros a que mejoren su información nacional sobre las subvenciones a los combustibles fósiles y su plan para su eliminación progresiva en sus próximas revisiones de los planes nacionales de energía y clima;

56.  Muestra su inquietud por que los Gobiernos de todo el mundo gastaran en 2022 más de 900 000 000 000 EUR en subvenciones a los combustibles fósiles, la cifra más alta jamás registrada(49); anima a las demás Partes a poner fin a todas las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles lo antes posible y a más tardar en 2025;

57.  Llama la atención sobre el Diálogo de Sharm el Sheij, en virtud del artículo 2, apartado 1, letra c), del Acuerdo de París, en cuanto que constituye una oportunidad para avanzar en las conversaciones sobre un enfoque equitativo respecto de la eliminación progresiva de la financiación pública y privada de los combustibles fósiles y aquella que resulta perjudicial para el medio ambiente, reorientar la financiación para favorecer una transición justa, y hacer que la financiación sea más accesible y asequible para que los países en desarrollo acometan acciones por el clima, con vistas a avanzar en las medidas relativas al artículo 2, apartado 1, letra c), en la CP 28 y más allá; pide que la aplicación del artículo 2, apartado 1, letra c), del Acuerdo de París pase a ser un punto permanente del orden del día; pide a la Unión y a sus Estados miembros que promuevan el debate internacional sobre las normas relativas a bonos verdes, teniendo en cuenta el estándar de bonos verdes europeos ya establecido;

58.  Reitera su apoyo al lanzamiento de la iniciativa Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) en la CP 26 y subraya el imperativo de su objetivo de limitar el suministro de combustibles fósiles y poner fin a la producción de petróleo y gas; apoya una transición global socialmente justa y equitativa para adaptar la producción de petróleo y gas a los objetivos del Acuerdo de París; pide a todos los Estados miembros y a otras Partes en el Acuerdo de París que se sumen a esta iniciativa; acoge con satisfacción el compromiso del G7 de dejar de financiar el desarrollo de combustibles fósiles en el extranjero para finales de 2022, al tiempo que subraya que este compromiso debería aplicarse también a escala nacional;

59.  Acoge con agrado el Registro mundial de emisiones de combustibles fósiles, que ofrece un repositorio abierto y transparente de datos sobre la producción mundial de combustibles fósiles expresada en términos de sus emisiones implícitas de CO2; considera que la herramienta puede dar pie a un mejor entendimiento de los efectos de la extracción en el presupuesto de carbono restante, la información comunicada por las Partes y la toma de decisiones;

La crisis climática y medioambiental

60.  Subraya que las crisis climática y de biodiversidad están interrelacionadas y que las respuestas a ambas crisis deben armonizarse; recuerda que, en la actualidad, el 80 % de los hábitats de la Unión están en mal estado(50); hace hincapié en la importancia de proteger, conservar y recuperar la biodiversidad y los ecosistemas, en particular los suelos, los bosques, los ecosistemas agrícolas, las masas de agua dulce y los océanos, y otros ecosistemas ricos en carbono, y de gestionar los recursos naturales de manera sostenible para reforzar la mitigación del cambio climático basada en la naturaleza y aumentar la resiliencia, aspectos necesarios a fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París; cree firmemente que no es posible cumplir los objetivos del Acuerdo de París sin recuperar la naturaleza, también en la Unión; pide la rápida conclusión de que la Unión alcance un acuerdo sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza;

61.  Destaca las conclusiones incluidas en el Sexto Informe de Evaluación del GIECC, según las cuales la conservación, la mejora de la gestión y la restauración de los ecosistemas representan la mayor parte del potencial económico de mitigación en el sector del uso de la tierra; subraya que el Sexto Informe de Evaluación del GIECC también demuestra la necesidad de que se adopten con urgencia medidas destinadas a la recuperación de los ecosistemas degradados a fin de mitigar y adaptar los efectos del cambio climático, en particular mediante la recuperación de humedales y ríos, bosques y ecosistemas agrícolas degradados; señala la importancia expresada en el informe de que en la toma de decisiones se incluya a los pueblos indígenas y a las comunidades locales para lograr una adaptación y mitigación satisfactorias en todos los ecosistemas; pide a todas las Partes, incluidos los Estados miembros de la Unión, que apliquen medidas ambiciosas de restauración de la naturaleza en sus territorios y que inviertan más en soluciones basadas en la naturaleza y enfoques basados en los ecosistemas;

62.  Resalta que la agricultura debe contribuir a proteger y restaurar la biodiversidad;

63.  Reconoce que el buen estado de los ecosistemas y la riqueza de la biodiversidad son los pilares de la supervivencia del ser humano y contribuyen a prestar servicios fundamentales para la vida como alimentos y agua limpia, y pone de relieve que el cambio climático es una de las causas directas de la pérdida de biodiversidad; señala que el cambio climático ya ha alterado ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos de todo el mundo, lo que ha causado la pérdida de especies y el deterioro de servicios ecosistémicos clave; reconoce que estos efectos en los ecosistemas que ha propiciado el cambio climático han causado pérdidas económicas y de medios de vida cuantificables en todo el planeta; señala que el Sexto Informe de Evaluación del GIECC concluye que el cambio climático ha reducido la seguridad alimentaria y ha afectado a la seguridad del agua debido al calentamiento, los cambios en los patrones de precipitación, la reducción y pérdida de elementos criosféricos y la mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos; destaca que los sumideros terrestres y oceánicos de todo el mundo han absorbido el 56 % de las emisiones de GEI inducidas por el ser humano de los últimos sesenta años, y que, según el GIECC, mantener la resiliencia de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a escala mundial depende de una conservación eficaz y equitativa de entre el 30 y el 50 % de las zonas terrestres, de agua dulce y oceánicas del planeta(51);

64.  Subraya que la conservación y recuperación de los ecosistemas de alto contenido en carbono, como las turberas, los humedales o los pastizales, y de los ecosistemas de carbono azul, como las marismas saladas, las praderas marinas y los manglares, ofrece un amplio abanico de beneficios desde el punto de vista de la mitigación y la adaptación; pide a la Comisión que realice un inventario de dichos ecosistemas y que siga trabajando en la búsqueda de metodologías sólidas, transparentes y basadas en la ciencia para contabilizar adecuadamente la absorción y las emisiones de carbono de estos ecosistemas de una forma que no socave otros objetivos de biodiversidad;

65.  Subraya la necesidad de proteger los derechos e intereses de los pueblos indígenas y las comunidades locales garantizando una protección normativa eficaz y sólida del medio ambiente, de los derechos de tenencia de la tierra y de los derechos, medios de vida y culturas de los pueblos indígenas, incluido el derecho al consentimiento libre, previo e informado; destaca el papel fundamental de las comunidades indígenas en la acción por el clima, la puesta en práctica, la recogida de datos, la toma de decisiones y el intercambio de conocimientos; pide a las Partes que garanticen que todos los compromisos asumidos en la CP 28 en relación con la aplicación del Acuerdo de París se ajusten a las obligaciones y normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos aplicables a las operaciones empresariales y respeten los derechos de los pueblos indígenas; subraya la necesidad de apoyar y proteger a los defensores del medio ambiente y pide que los responsables de asesinatos, ataques difamatorios, actos de persecución, criminalización, encarcelamiento, acoso e intimidación contra ellos rindan cuentas;

66.  Acoge con profunda satisfacción el acuerdo sobre el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, adoptado en la 15.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica; subraya la importancia de aplicar de manera eficaz, rápida y plena dicho Marco para que constituya un éxito; recuerda que las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica no se alcanzaron, en gran medida por la falta de aplicación;

67.  Recuerda la meta 8 del Marco Mundial Kunming-Montreal de Diversidad Biológica, a saber, minimizar el impacto del cambio climático y la acidificación de los océanos en la biodiversidad, y aumentar su resiliencia mediante medidas de mitigación, adaptación y reducción del riesgo de desastres, entre otras vías, por medio de soluciones basadas en la naturaleza o enfoques basados en los ecosistemas, al tiempo que se minimizan los efectos negativos y se fomentan los efectos positivos de la acción por el clima en la biodiversidad; recuerda el emblemático informe titulado «The European environment – state and outlook 2020» (El medio ambiente europeo – Estado y perspectivas 2020), que concluye que se prevé una intensificación de los efectos del cambio climático en la biodiversidad y los ecosistemas, mientras que actividades como la agricultura, la pesca, el transporte, la industria y la producción de energía siguen causando una pérdida de biodiversidad y emisiones nocivas;

68.  Insta a las Partes a que aumenten su nivel de ambición en los sectores de la tierra, el agua dulce y los océanos a través de un enfoque basado en los derechos en su próxima ronda de CDN, planes nacionales de adaptación y estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones en consonancia con sus estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad;

69.  Acoge con satisfacción todos los esfuerzos realizados por agentes gubernamentales y no gubernamentales a fin de aprovechar al máximo el potencial de los suelos para mitigar el cambio climático y mejorar la disponibilidad de agua; subraya el impacto transfronterizo de la degradación del suelo que justifica un esfuerzo internacional conjunto para hacer frente a todas las amenazas de degradación del suelo; llama la atención sobre la enorme importancia de las turberas como factor de mitigación del cambio climático; reclama que se realicen esfuerzos a nivel mundial y dentro de la Unión para recuperar rápidamente turberas, de modo que puedan ser un sumidero y no una fuente;

70.  Insiste en la importancia de proteger, conservar y restaurar los ecosistemas acuáticos y relacionados con el agua, como las cuencas hidrográficas, los acuíferos y los lagos; destaca los efectos medioambientales, sociales y económicos devastadores de la desertificación, las sequías, las inundaciones y la contaminación del agua y la necesidad de adoptar enfoques comunes para prevenir este fenómeno, adaptarse adecuadamente a él y superarlo; subraya, por tanto, la importancia de la disponibilidad de agua y de la gestión sostenible del agua en lo que atañe a la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo; destaca que el estrés hídrico se ha convertido en un importante problema que cada vez preocupa más en Europa y que las sequías y la escasez de agua ya no son fenómenos inusuales o extremos, y que, según la AEMA, alrededor del 20 % del territorio europeo y del 30 % de los europeos se ven afectados por el estrés hídrico en un año promedio(52); pone de relieve la necesidad de evitar presiones excesivas de las actividades económicas sobre las masas fluviales de algunas regiones de Europa que afecten a su caudal ecológico; pide que se utilice, reutilice y recicle el agua de forma eficiente y que se protejan y restauren los ecosistemas que sustentan los recursos de aguas subterráneas; subraya la necesidad de que se ejecute de manera rápida y plena la Directiva marco sobre el agua de la Unión, con el fin de lograr sus objetivos y gestionar mejor los recursos hídricos de Europa;

71.  Acoge con agrado la adopción del histórico Tratado de Alta Mar de las Naciones Unidas o tratado sobre la biodiversidad fuera de las jurisdicciones nacionales; pide a las Partes que continúen trabajando en el diálogo sobre los océanos y el cambio climático y muestra su apoyo al Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible y a la misión sobre la restauración de nuestro océano y nuestras aguas de aquí a 2030 de la Comisión; destaca que los mecanismos climáticos dependen de la salud de los ecosistemas oceánicos y marinos, afectados actualmente por el calentamiento global, la contaminación, la sobreexplotación de la biodiversidad marina, la acidificación, la desoxigenación y la erosión costera; destaca asimismo que el GIECC recuerda que el océano es parte de la solución para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a este; recuerda la importancia de las soluciones basadas en los océanos también en lo que respecta a la restauración de los ecosistemas, la garantía de la seguridad alimentaria y el suministro de recursos;

72.  Subraya la necesidad de luchar contra la contaminación por plásticos también debido al impacto climático del plástico a lo largo de todo su ciclo de vida; acoge con satisfacción los trabajos en curso sobre el tratado mundial sobre el plástico y pide a los Estados miembros de las Naciones Unidas que alcancen un acuerdo ambicioso y efectivo, coherente con el Acuerdo de París, a más tardar en 2024; subraya la necesidad de atajar la contaminación por plásticos reduciendo los residuos en la fuente y el uso y consumo de plásticos y aumentando la circularidad; aboga por un enfoque sistémico a fin de abordar de manera adecuada la contaminación por plásticos, incluidos los microplásticos, en el medio ambiente y sus efectos en el cambio climático;

Metano y otros gases de efecto invernadero distintos del CO2

73.  Celebra que 122 Partes se hayan convertido en signatarias del Compromiso Mundial de Reducción de Emisiones de Metano; insta encarecidamente, en particular, a las Partes con emisiones elevadas de metano que aún no se hayan sumado al Compromiso a que lo hagan lo antes posible; aboga por una evaluación cuantificada y basada en la ciencia de los avances logrados desde la adopción del Compromiso Mundial de Reducción de Emisiones de Metano en la CP 26, tras haber acordado los participantes del compromiso contribuir voluntariamente a un esfuerzo colectivo para reducir las emisiones mundiales de metano en al menos un 30 % con respecto a los niveles de 2020 de aquí a 2030; insta a todos los firmantes a que se aseguren de reducir las emisiones de metano en sus territorios en al menos un 30 % con respecto a los niveles de 2020 de aquí a 2030 y a que adopten medidas nacionales para lograr este objetivo; pide a los signatarios del Compromiso que refuercen la gobernanza relativa al metano mediante la elaboración de un marco general a fin de avanzar hacia un compromiso colectivo; solicita que en la próxima CP y en futuras CP se preste más atención a la mitigación de los gases de efecto invernadero distintos del CO2;

74.  Pide a todas las Partes que también incluyan en sus CDN objetivos específicos de reducción del metano; señala que ninguna de las Partes ha fijado objetivos cuantificados para abordar las emisiones de metano procedentes del ganado; reitera su llamamiento para que se garanticen reducciones ambiciosas de las emisiones de GEI en el sector agrícola;

75.  Recuerda la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la reducción de las emisiones de metano en el sector energético; subraya que la captura de metano en la cadena de valor del petróleo y el gas está justificada desde el punto de vista económico y de la dependencia energética; reitera que los importadores de energía fósil en la Unión deben estar sujetos a normas similares a las de los productores de la Unión; reitera su llamamiento a la Comisión para que proponga, sobre la base de una evaluación de impacto, un objetivo vinculante de la Unión para 2030 de reducción de las emisiones de metano que abarque todos los sectores emisores pertinentes e incluya el metano entre los contaminantes regulados en la Directiva sobre los compromisos nacionales de reducción de emisiones(53);

Esfuerzos en todos los sectores

76.  Pone de relieve el hecho de que el sector del transporte es el único en el que las emisiones han aumentado a escala de la Unión desde 1990 y que esta evolución no es compatible con los objetivos climáticos de la Unión, que requieren reducciones mayores y más rápidas de las emisiones en todos los sectores de la sociedad, incluida la aviación y el sector marítimo; celebra, en este sentido, la inclusión de las emisiones marítimas y de la aviación en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión, lo que fomentará una mayor ambición a escala internacional, también en la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); manifiesta su preocupación por los escasos progresos realizados por dichas organizaciones para abordar las emisiones procedentes del transporte marítimo y aéreo internacional;

77.  Pide a la OMI que adopte medidas para reducir las emisiones marítimas en consonancia con los objetivos basados en la ciencia y el límite de 1,5 °C fijado por el Acuerdo de París, que exige una reducción de las emisiones del 37 % hasta 2030, del 96 % hasta 2040 y del 100 % hasta 2050; pide a la Comisión y a los Estados miembros que respalden esta ambición; señala que los objetivos basados en la ciencia ya cuentan con el respaldo de naciones desarrolladas como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Nueva Zelanda, y de países vulnerables al clima como Fiyi, las Islas Salomón, las Islas Marshall, Tuvalu y Palaos; reconoce que si las negociaciones de la OMI no consiguen alcanzar una actuación en consonancia con el Acuerdo de París, la Unión debería revisar su legislación relativa al transporte marítimo para ampliar su ámbito de aplicación y adaptarla a los objetivos basados en la ciencia; señala que la legislación de la Unión relativa al transporte marítimo aprobada recientemente constituye un paso en la dirección correcta, aunque reconoce que será necesario intensificar los esfuerzos para alcanzar un transporte marítimo de cero emisiones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que reinicien las negociaciones en el seno de la CMNUCC sobre la atribución al 50-50 % de las emisiones del transporte marítimo internacional a inventarios nacionales, reproduciendo el ámbito de aplicación del RCDE y de la iniciativa «FuelEU Maritime»; pide a la Unión que ponga en marcha acciones diplomáticas bilaterales y multilaterales para ayudar a otros países a configurar su propia legislación nacional y regional con el fin de descarbonizar el sector del transporte marítimo;

78.  Observa que las emisiones de carbono negro procedentes del transporte marítimo aumentaron un 12 % a escala mundial entre 2012 y 2018 y un 85 % en el Ártico entre 2015 y 2019(54); destaca que, según las estimaciones, el carbono negro representa en torno a un 21 % de las emisiones del transporte marítimo en una escala de veinte años(55); aboga por una acción inmediata que revierta el aumento actual de las emisiones de carbono negro derivadas del transporte marítimo en el Ártico, especialmente en vista del ritmo alarmante de deshielo del Ártico; considera que la prohibición impuesta por la OMI sobre la utilización de fuelóleo en el Ártico sigue presentando lagunas y, por tanto, corre el riesgo de resultar ineficaz para proteger este océano; insta a la Comisión a que garantice que todos los buques que hagan escala en los puertos de la Unión y naveguen por el Ártico o cerca de él utilicen combustibles destilados más limpios e instalen filtros de partículas que reduzcan las emisiones de carbono negro en más de un 90 %;

79.  Señala el impacto climático desproporcionado del uso de aviones privados; subraya que los aviones privados contaminan hasta catorce veces más por pasajero que los aviones comerciales; observa con preocupación que se estima que el uso de aviones privados en Europa ha aumentado un 30 % en comparación con los niveles anteriores a la pandemia(56); pide a todas las Partes, incluidos los Estados miembros de la Unión, que adopten medidas para desalentar el uso de aviones privados; subraya la importancia de que los dirigentes den ejemplo e insta a todos los participantes en la CP 28, incluidos los de las instituciones de la Unión, a que se abstengan de utilizar aviones privados y a que elijan la opción de transporte menos contaminante posible para llegar a su destino;

80.  Destaca que el Sexto Informe de Evaluación del GIECC reconoce la importancia y el potencial de mitigación de las políticas de «suficiencia» y del lado de la demanda para alcanzar nuestros objetivos climáticos, junto con la eficiencia energética y la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables; destaca asimismo que el Informe muestra que la reducción de la demanda y los cambios en los patrones de consumo pueden reducir las emisiones mundiales de GEI en los sectores de uso final en un 40-70 % de aquí a 2050 en comparación con las hipótesis de referencia; reconoce que el potencial de reducción es mayor para los países y segmentos de población con niveles de consumo relativamente elevados y anima a todas las Partes en la CMNUCC a integrar estos aspectos en sus CDN;

81.  Celebra la nueva ley promulgada en Francia al objeto de prohibir los vuelos de corta distancia para los viajes que puedan realizarse en tren en menos de dos horas y media; anima a todas las Partes a que introduzcan dicha prohibición;

82.  Recuerda que el 11 % de las emisiones totales de GEI internas de la Unión en 2020(57) procedían de la agricultura y reconoce el importante potencial de reducción de tales emisiones en el sector agrícola; subraya que una transición hacia prácticas agrícolas más sostenibles, cadenas de suministro más cortas, y alimentos, dietas y estilos de vida más saludables, incluido el aumento del consumo de plantas y alimentos de origen vegetal producidos de forma sostenible y regional, contribuiría significativamente a reducir las emisiones agrícolas, lo que intensificaría la mitigación y adaptación, al tiempo que liberaría presión sobre la tierra y ayudaría a restaurar la calidad del suelo y los ecosistemas; reitera que debe abordarse el consumo excesivo de carne y productos ultraprocesados;

83.  Hace hincapié en la importancia de desarrollar una agricultura más sostenible, en particular ofreciendo a los agricultores alternativas para reducir el uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos; destaca que la reducción de la producción mundial y el uso de fertilizantes sintéticos, y el aumento del uso de la retención natural de carbono en los suelos y de la materia orgánica del suelo puede ofrecer múltiples beneficios al aumentar la fertilidad del suelo y la recuperación de la biodiversidad ofreciendo al mismo tiempo un gran potencial de mitigación;

84.  Subraya que todos los sectores deben contribuir a reducir las emisiones, incluido el sector de la defensa, manteniendo al mismo tiempo la eficacia operativa, y que debe acelerarse el desarrollo de tecnologías y estrategias de descarbonización en el sector de la defensa; señala que la inclusión del desglose de las emisiones militares en los datos presentados a la CMNUCC es voluntaria y actualmente no es posible determinar a partir de tales datos las emisiones de GEI correspondientes al sector militar que se han notificado a la CMNUCC; pide al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión y al Consejo que formulen una propuesta que permita contabilizar de manera transparente las emisiones correspondientes al sector militar ante la CMNUCC, que tome constancia de la adopción de la Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa y contribuya a aplicar plenamente la Hoja de ruta sobre cambio climático y defensa;

85.  Pide a los Estados miembros que se aseguren de que las emisiones de GEI correspondientes al sector militar estén incluidas en los objetivos nacionales de cero emisiones netas para acelerar el desarrollo de tecnologías y estrategias de descarbonización;

86.  Reitera su apoyo a la creación de una plataforma mundial para evaluar el daño medioambiental causado durante los conflictos armados, una iniciativa del Gobierno ucraniano; pide a la Comisión que estudie esta idea y elabore una propuesta para crear una plataforma internacional de esta naturaleza antes de la CP 28; subraya la necesidad de prestar más atención al impacto climático y medioambiental de los conflictos armados;

87.  Celebra que varios socios comerciales de la Unión hayan introducido mecanismos de comercio de carbono u otros mecanismos de tarificación del carbono e invita a la Comisión a seguir promoviendo esta política y otras similares a escala mundial y a explorar vínculos y otras formas de cooperación con los mecanismos de tarificación de carbono existentes en terceros países para acelerar una reducción de las emisiones socialmente justa y eficiente en términos de costes en todo el mundo; pide a la Comisión, a este respecto, que establezca salvaguardias para garantizar que cualquier vinculación con el RCDE UE siga contribuyendo permanentemente a la mitigación y no socave los compromisos de la Unión en materia de emisiones internas de GEI;

88.  Pone de relieve que el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión proporcionará un instrumento eficaz para tarificar las emisiones de los productos importados a la Unión y para atajar la fuga de carbono, favoreciendo al mismo tiempo la adopción de sistemas de tarificación del carbono en todo el mundo, lo que contribuirá a reducir las emisiones mundiales de carbono, cumplir los objetivos del Acuerdo de París y garantizar que los objetivos climáticos de la Unión no se vean socavados debido a la fuga de carbono;

89.  Destaca la necesidad de abordar el impacto climático y medioambiental del sector textil; reconoce que la industria textil debe desempeñar un papel importante en la transformación hacia una economía circular y abordar los retos relacionados, por ejemplo, con la prevención y la gestión de residuos, la diseminación de microplásticos, el uso del agua, la sobreproducción y la durabilidad general, la no toxicidad del proceso de producción y la reciclabilidad de los productos textiles, en particular garantizando que los textiles se diseñen para ser duraderos y reciclables; destaca que es imperativo trabajar para establecer normas mundiales sobre las circunstancias en que las marcas pueden realizar alegaciones medioambientales sobre un producto; señala, en este sentido, que unos criterios obligatorios coherentes y transparentes ayudarán a los consumidores a elegir con conocimiento de causa, evitarán el ecopostureo y garantizarán que las alegaciones sobre sostenibilidad estén respaldadas por pruebas verificables;

90.  Destaca que el cambio climático y la degradación del medio ambiente dan lugar a una escasez de recursos naturales, pueden aumentar los conflictos y las tensiones, así como la escasez de alimentos y las catástrofes naturales, y son motores importantes del desplazamiento humano y multiplicadores de amenazas; resalta que esto afecta de manera desproporcionada a las mujeres y que el 80 % de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres(58); espera que la CP 28 preste más atención a los desplazamientos provocados por el clima; pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan las necesidades y la vulnerabilidad de las personas afectadas por los desplazamientos provocados por el clima y que intensifiquen los esfuerzos orientados a encontrar soluciones;

91.  Pone de relieve el hecho de que el Mediterráneo es una de las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático; señala que la cuenca del Mediterráneo se está calentando un 20 % más rápido que la media mundial y que la región es uno de los principales puntos críticos del cambio climático del planeta, en el que se prevé que 250 millones de personas sean consideradas «pobres en recursos hídricos» dentro de veinte años(59); subraya que el Mediterráneo se está convirtiendo en el mar que más rápido se calienta del mundo(60), lo que tiene consecuencias para sectores económicos importantes y para el ecosistema marino en su conjunto que provocarán cambios irreversibles en el ecosistema y las especies; pide a la Comisión y a los Estados miembros que intervengan con carácter urgente y cooperen con sus socios mediterráneos para elaborar medidas ambiciosas de adaptación y liderar las acciones de mitigación;

92.  Observa el creciente interés científico y político que despierta la modificación de la radiación solar (MRS) como conjunto de métodos de geoingeniería propuesto para reflejar artificialmente la luz solar y enfriar el planeta, como la inyección de aerosoles en la estratosfera; destaca que la MRS no aborda la causa profunda del cambio climático y no es una alternativa a los esfuerzos de mitigación; toma nota de la falta de certeza científica sobre los efectos y expresa su preocupación por los riesgos mundiales y los impactos adversos de la MRS en el medio ambiente y en la estabilidad climática y geopolítica; subraya, por tanto, que es esencial adoptar un enfoque global y que ningún país debe experimentar con esta tecnología de manera unilateral; señala que se ha bloqueado una resolución de las Naciones Unidas sobre gobernanza mundial; pide a la Comisión y a los Estados miembros la puesta en marcha de un contrato de restricción del uso a nivel internacional, de acuerdo con el principio de cautela y ante la falta de pruebas sobre su seguridad y de un pleno consenso mundial acerca de su aceptabilidad;

Cambio climático y género

93.  Señala que las personas se ven afectadas por el cambio climático de diferentes maneras, dependiendo de factores como el género, la edad, la discapacidad, el origen étnico y la pobreza; destaca que las poblaciones vulnerables, como los pobres, los pueblos indígenas, las mujeres y las personas mayores, son las más afectadas por sus consecuencias; considera que el equilibrio entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres y las niñas son fundamentales para una transición inclusiva y justa; hace hincapié en la necesidad de procurar una incorporación de la perspectiva de género más eficaz en todos los objetivos y metas pertinentes;

94.  Pide a todas las Partes, incluida la Unión y sus Estados miembros, que intensifiquen sus esfuerzos para integrar la igualdad de género en sus CDN revisadas, así como en las políticas climáticas y medioambientales, en particular las relacionadas con la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños, y que aumenten la participación significativa de los grupos de mujeres en su diseño y aplicación; destaca la necesidad de que todas las Partes, incluida la Unión, adopten medidas más concretas para cumplir los compromisos contenidos en el renovado Plan de Acción en materia de Género acordado en la 25.ª Conferencia de las Partes (CP 25) en la CMNUCC; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que redoblen los esfuerzos para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Acción en materia de Género III de la Unión;

95.  Destaca la necesidad de acelerar la actuación en favor de la reducción del riesgo de catástrofes con perspectiva de género y, por ende, una aplicación del Marco de Sendai que responda a las cuestiones de género; pide que se sigan realizando esfuerzos para priorizar y tener en cuenta el género en la preparación para casos de catástrofes, en particular con conjuntos de datos desglosados referentes a la reducción del riesgo de catástrofes;

96.  Considera que debe incrementarse y habilitarse el acceso de las mujeres a financiación inclusiva para luchar contra el cambio climático; subraya el hecho de que una financiación de la lucha contra el cambio climático que tenga en cuenta las cuestiones de género es fundamental para una transición justa; hace hincapié en la importancia de un enfoque transformador de género en la financiación de la lucha contra el cambio climático; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que informen sobre la perspectiva de género de sus contribuciones a la financiación de la lucha contra el cambio climático y a que aumenten la coherencia entre el apoyo a la igualdad de género y al clima con instrumentos de acción exterior y a través del BEI, en particular mediante el refuerzo de la participación de mujeres y organizaciones de mujeres en la gobernanza, en la toma de decisiones y en programas que respalden el papel de la mujer en la gobernanza climática;

97.  Destaca la importancia de aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el contexto de la diplomacia climática, también en las delegaciones de la CP y en el liderazgo a todos los niveles de la acción por el clima; lamenta que las mujeres representaran menos del 34 % de los equipos de negociación de países en la CP 27 y que hasta el 90 % de las delegaciones de algunas Partes estuvieran compuestas por hombres; pide a todas las Partes que aspiren a la paridad de género en sus delegaciones y a todos los niveles de las negociaciones y la toma de decisiones sobre el cambio climático; insta a todas las Partes a que designen un centro de referencia nacional en materia de género y cambio climático y aumenten sus recursos, formación y apoyo, también dentro de la Unión;

Política energética

98.  Acoge con satisfacción todas las iniciativas destinadas a reducir la dependencia de la Unión de los combustibles fósiles; toma nota del trabajo en curso de la Unión con socios internacionales para diversificar el suministro energético;

99.  Destaca el hecho de que el cambio climático y los fenómenos extremos están repercutiendo en nuestros sistemas energéticos, en particular la producción de energía hidráulica, el rendimiento de la bioenergía, la eficiencia de las centrales térmicas y la demanda de calefacción y refrigeración; recuerda la necesidad de desarrollar opciones de renovación del sistema de energía eléctrica más viables que favorezcan la resiliencia de las infraestructuras, sistemas de energía eléctrica fiables y un uso eficiente del agua en los sistemas de generación de electricidad actuales y nuevos;

100.  Acoge con satisfacción los objetivos vinculantes más ambiciosos de la Unión acordados por los colegisladores en 2023 para las energías renovables, del 42,5 %, en el marco de la Directiva revisada sobre fuentes de energía renovables, y el objetivo de alcanzar el 45 %, así como la meta del 11,7 % de eficiencia energética en el marco de la revisión de la Directiva de eficiencia energética;

101.  Destaca el papel central de la eficiencia energética y de un sistema energético diversificado en la transición hacia una economía climáticamente neutra(61); reconoce los avances logrados en el desarrollo de fuentes de energía renovables y pide, al mismo tiempo, que se sigan desarrollando acciones eficientes desde el punto de vista energético, como la integración sectorial y la reutilización del exceso de calor; reconoce, no obstante, la importancia de armonizar los objetivos en materia de energías renovables y eficiencia energética para lograr la neutralidad climática a más tardar en 2050 y cumplir el Acuerdo de París; reconoce que el aumento de la ambición en el objetivo de eficiencia energética de la Unión para 2030 debe ser compatible con el incremento y la adopción de la electrificación, el hidrógeno, los electrocombustibles y otras tecnologías limpias necesarias para la transición ecológica;

102.  Recuerda la necesidad de ampliar y acelerar a gran escala los procedimientos de concesión de autorizaciones para proyectos de energías renovables con el fin de que sean lo más previsibles posible;

103.  Recuerda el compromiso de la Unión con el principio de la primacía de la eficiencia energética, que tiene en cuenta la relación coste-eficacia, la eficiencia del sistema, la capacidad de almacenamiento, la flexibilidad del lado de la demanda y la seguridad del suministro; subraya la importancia de integrar y aplicar el principio en todas las leyes, iniciativas y decisiones estratégicas pertinentes y en todos los sectores cuando proceda; señala el potencial no aprovechado de la eficiencia energética en sectores como la industria(62), las tecnologías de la información, el transporte y los edificios, incluida la calefacción y la refrigeración; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen rápidamente los ambiciosos objetivos establecidos en la revisión recientemente acordada de la Directiva de eficiencia energética;

104.  Considera que, para que la Unión logre la neutralidad climática, su sistema energético debe estar integrado y basarse en un orden de prioridades en cascada que parta de la aplicación del principio de primacía de la eficiencia energética; recuerda que, para que surta efecto, el principio de primacía de la eficiencia energética debe ser aplicado de forma coherente por los responsables de la toma de decisiones a escala nacional, regional, local y sectorial en todos los ámbitos pertinentes a la hora de adoptar decisiones estratégicas, de planificación y de grandes inversiones; recuerda, además, que este principio implica adoptar un enfoque holístico que tenga en cuenta la eficiencia global del sistema integrado de energía, la seguridad del suministro y la rentabilidad, y que promueva soluciones más eficientes para la neutralidad climática a lo largo de toda la cadena de valor, desde la producción de energía y el transporte por la red hasta el consumo de energía final, de modo que se logren eficiencias tanto en el consumo de energía primaria como en el consumo de energía final; estima que este enfoque debe examinar el rendimiento del sistema y el uso dinámico de la energía, considerando los recursos del lado de la demanda y la flexibilidad del sistema como soluciones de eficiencia energética;

105.  Destaca la necesidad de acelerar la electrificación de la demanda de energía, cimentado en un sistema eléctrico basado en energías renovables; subraya la necesidad de que los mercados de la electricidad integren las fuentes de energía renovables, proporcionando al mismo tiempo flexibilidad en relación con la demanda y el almacenamiento de energía; pide un mercado de la electricidad preparado para el futuro, capaz de adaptarse al cambio climático, que pueda hacer frente a las perturbaciones de los precios de la energía; acoge con agrado la reforma de la configuración del mercado de la electricidad de la Unión a fin de acelerar el auge de las energías renovables y la eliminación progresiva del gas, hacer que las facturas de los consumidores dependan menos de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, proteger mejor a los consumidores de futuras subidas drásticas de los precios y posibles manipulaciones del mercado y lograr que la industria de la Unión sea más limpia y competitiva;

106.  Subraya que las políticas energéticas deben llevarse a cabo con arreglo al principio de una transición justa y equitativa, y en estrecha colaboración con la sociedad civil y los interlocutores sociales; considera, por tanto, que las políticas públicas y una implicación reforzada de los interlocutores sociales y de la sociedad civil a escalas local, nacional y de la Unión son fundamentales para alcanzar la neutralidad climática en todos los sectores de la sociedad de una manera justa, inclusiva y socialmente sostenible;

107.  Pide un liderazgo europeo en la industria renovable y que sus cadenas de suministro formen parte de la política industrial de la Unión;

108.  Alienta la continuación del trabajo de revisión de la Directiva sobre fiscalidad energética con el objetivo de adaptar las políticas fiscales a los objetivos de energía y clima para 2030 y 2050, así como de evaluar sus efectos, en particular los relativos a los consumidores, la pobreza energética y la pobreza de transporte;

109.  Subraya que, aunque Europa trabaja para cumplir sus ambiciosos objetivos, se requerirá una acción global coordinada para alcanzar las cero emisiones netas a escala mundial a más tardar en 2050; destaca que los países en desarrollo necesitarán diversos grados de asistencia internacional para lograr su transición ecológica; subraya la importancia de potenciar una estrecha cooperación transfronteriza y la puesta en común de buenas prácticas con socios internacionales en los ámbitos de la formulación de políticas y la ciencia, incluida la transferencia de tecnología, con el fin de promover la eficiencia energética y las inversiones en tecnologías e infraestructuras energéticas sostenibles; acoge con agrado el hecho de que en la CP 27 se haya puesto en marcha un nuevo programa quinquenal para promover soluciones tecnológicas climáticas en los países en desarrollo;

Industria, pequeñas y medianas empresas (pymes) y competitividad

110.  Opina que la prosperidad económica, la cohesión social, la creación de empleo, el desarrollo industrial sostenible y la política climática deben reforzarse mutuamente; destaca que la lucha contra el cambio climático debe aspirar a reducir la pobreza energética, aumentar la resiliencia y la competitividad, y ofrecer oportunidades para la industria y las pymes de la Unión, que pueden aprovecharse si los legisladores se comprometen a dar una respuesta política oportuna, personalizada, solidaria y adecuada; considera de suma importancia que la Unión garantice una transición justa y obtenga la ventaja del pionero, y que predique con el ejemplo, garantizando al mismo tiempo la igualdad de condiciones para las industrias europeas a escala mundial;

111.  Destaca que la Unión debe hacer cuanto esté en su mano para mantener la posición de liderazgo de sus industrias y pymes, así como su competitividad a escala mundial en la transición hacia una economía con cero emisiones netas de GEI; subraya la necesidad de una rápida descarbonización de la industria europea y de mantener el apoyo de la Unión a esta iniciativa, en particular para encontrar soluciones proporcionadas a la participación de las pymes; observa que la propuesta de Ley sobre la industria de cero emisiones netas tiene por objeto aumentar la capacidad de fabricación europea de las tecnologías de cero emisiones netas que son fundamentales para alcanzar los objetivos de neutralidad climática de la Unión; acoge con satisfacción las iniciativas emprendidas en relación con las cadenas de valor estratégico; reconoce los efectos positivos para las industrias europeas, incluidas las pymes, derivados de la adopción de estrategias tempranas de lucha contra el cambio climático; destaca la necesidad de establecer acuerdos multilaterales y bilaterales aplicables entre la Unión y sus socios; subraya la necesidad de evitar la deslocalización de la producción y las inversiones de las industrias y pymes europeas motivada por las medidas climáticas menos ambiciosas fuera de la Unión; considera que la producción y las inversiones en Europa reforzarían la cadena de valor industrial y la autonomía estratégica de la Unión en un contexto mundial inestable; reconoce que el cambio climático también está afectando a los sectores industrial y de servicios, provocando perturbaciones ocasionales en el suministro y el funcionamiento, en particular como consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos; subraya la necesidad de que las industrias adopten medidas para adaptarse al cambio climático;

112.  Reconoce el papel esencial de las pymes, y en particular de las microempresas y las empresas emergentes, para impulsar el empleo y el crecimiento, así como para encabezar el avance en las transiciones digitales y ecológicas; recuerda que las pymes son una parte esencial del tejido económico y social europeo y que los legisladores deben apoyar e incentivar esta transición, en particular garantizando el acceso a la financiación destinada a tecnologías, servicios y procesos sostenibles, simplificando los procedimientos administrativos y ofreciendo igualdad de oportunidades en la contratación pública; expresa su preocupación por que las oportunidades y las vulnerabilidades de las pymes no se tengan suficientemente en cuenta en todas las políticas de la Unión relativas al mercado único, incluido el impulso de promover la digitalización y la transición ecológica;

113.  Considera que la transición hacia una economía sostenible debe combinarse con la defensa de la competitividad de Europa y la creación de empleo, así como con el respeto de la promesa de que nadie se quede atrás; destaca que esta combinación es fundamental para el éxito del Pacto Verde Europeo y que el mercado único debe seguir siendo rentable mientras se adapta a un nuevo entorno regulador favorable, en particular en lo que respecta a las industrias de cero emisiones netas y la sostenibilidad de las industrias europeas; destaca, además, que esta combinación tiene por objeto alcanzar los objetivos climáticos para 2030 y 2050 e impulsa la transformación hacia la neutralidad climática y una economía circular sostenible;

114.  Hace hincapié en la necesidad de promover mercados competitivos para las materias primas y las tierras raras que sean esenciales para la transición ecológica; destaca el hecho de que la continua dependencia de unos pocos proveedores socavará algunas medidas políticas actuales, como el plan RePowerEU, y los esfuerzos realizados por los ciudadanos de la Unión; señala la necesidad de mejorar la limitada capacidad de abastecimiento y transformación nacionales; considera que el Fondo de Innovación de la Unión debe apoyar la expansión de las tecnologías industriales de cero emisiones netas de la Unión más avanzadas e innovadoras en materia de reciclado y sus cadenas de suministro; observa que la propuesta de Ley Europea de Materias Primas Fundamentales tiene por objeto reducir la dependencia de los proveedores actuales y garantizar, en su lugar, que la Unión pueda acceder de forma permanente a un suministro seguro, diversificado, asequible y sostenible de materias primas fundamentales, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente;

115.  Destaca la necesidad de programas de cualificación para reforzar la mano de obra a fin de satisfacer la creciente demanda de mano de obra en los sectores de la eficiencia energética, las energías renovables, la renovación de edificios y las soluciones de ecotecnología; pide a todos los Estados miembros que adopten medidas para garantizar que la mano de obra europea actual y futura adquiera todas las capacidades necesarias para gestionar y aplicar la transición ecológica, e introducir innovaciones, especialmente en las regiones más perjudicadas por la transición;

116.  Considera que la Unión debe aspirar a mejorar la cooperación en materia de comercio, investigación y producción de tecnologías de cero emisiones netas con socios afines y fiables a través de la cooperación bilateral y los esfuerzos conjuntos para mejorar el sistema multilateral de comercio, y que la Unión debe fomentar la colaboración y las asociaciones internacionales para promover cadenas de suministro mundiales seguras, sostenibles y resilientes mediante la promoción de un comercio abierto y basado en normas;

117.  Subraya que las soluciones que se basan en las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono y captura y utilización de carbono pueden desempeñar un papel en la descarbonización, especialmente a la hora de mitigar las emisiones de los procesos en la industria, en aquellos Estados miembros que escojan esta tecnología; subraya la importancia del liderazgo europeo a este respecto;

Investigación, innovación, tecnologías digitales y política espacial

118.  Acoge con satisfacción el papel del programa Horizonte Europa y su contribución a la neutralidad climática; considera que las asociaciones en el marco de Horizonte Europa, incluidas las empresas comunes, fomentarán la colaboración entre los sectores público y privado con el objetivo de contribuir a la consecución de la transición ecológica, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad, disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de las innovaciones; subraya la importancia de mejorar el acceso y la participación de las pymes en las convocatorias de Horizonte Europa y de mejorar la comunicación con los ciudadanos y su participación en relación con los resultados de los proyectos europeos de investigación y desarrollo y con las nuevas tecnologías, incluidos los proyectos insignia, con el fin de aumentar la aceptación pública y dar mayor visibilidad al papel de la Unión ante sus ciudadanos;

119.  Acoge con satisfacción el papel del programa Copernicus y del nuevo Centro de Conocimiento sobre la Observación de la Tierra de la Unión en relación con la vigilancia de la tierra, la atmósfera y el medio marino; subraya la importancia de las capacidades de observación por satélite a la hora de supervisar, modelizar, predecir y apoyar la elaboración de políticas en materia de cambio climático;

120.  Destaca la necesidad de atraer más inversiones, tanto públicas como privadas, destinadas a la investigación, la innovación y el despliegue de nuevas tecnologías sostenibles, en particular en las industrias con gran intensidad de mano de obra y en nuevos proyectos y redes de infraestructuras necesarios que contribuyan a los objetivos del Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París; subraya que la investigación y la tecnología futuras deben tener en cuenta la sostenibilidad y la circularidad; hace hincapié, al mismo tiempo, en la importancia de la investigación básica, así como de los enfoques colaborativos y transdisciplinares en la investigación y la innovación (I+i) a la hora de abordar los retos climáticos; señala, asimismo, la necesidad de apoyar la innovación social, que es esencial para abordar las necesidades y los retos sociales no cubiertos al tiempo que se capacita a las personas durante la transición ecológica;

121.  Subraya la importancia de garantizar la coherencia y la uniformidad en los incentivos para fomentar tecnologías innovadoras con el fin de alcanzar los objetivos de 2030 y 2050, abordando el despliegue de tecnologías ya maduras, así como las inversiones en las nuevas tecnologías que deben desarrollarse para alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la Unión a más tardar en 2050;

122.  Hace hincapié en la necesidad de una doble transición, en la que las transiciones digital y ecológica vayan de la mano; señala que la brecha digital en Europa sigue siendo muy significativa, con diferencias considerables entre los Estados miembros y las regiones; pone de relieve la necesidad de crear una economía de los datos competitiva y sólida que permita una digitalización de alto nivel en todos los ámbitos de la sociedad y la economía de una manera sostenible, eficiente en materia de energía, cibersegura y asequible; subraya el papel fundamental que pueden desempeñar las tecnologías digitales para apoyar la transición ecológica de la Unión; recuerda que la recuperación de la Unión requiere la creación de un marco regulador estable que propicie el progreso, incluido el progreso impulsado por el mercado, en la investigación, la innovación y el desarrollo de tecnologías sostenibles, y de las condiciones adecuadas para su financiación;

123.  Subraya que la digitalización es uno de los factores clave que impulsan la integración de los sistemas energéticos, ya que puede habilitar los flujos dinámicos e interrelacionados de los vectores energéticos, permitir la interconexión de mercados más diversos, y proporcionar los datos necesarios para adecuar la oferta y la demanda; destaca el potencial de las tecnologías digitales para aumentar la eficiencia energética y reducir así las emisiones totales de GEI; destaca la necesidad de garantizar un marco regulador seguro con procedimientos transparentes y no discriminatorios para el acceso y la transmisión de datos energéticos; recuerda que la Comisión estima que la huella ambiental de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) representa entre el 5 % y el 9 % del consumo mundial de electricidad y más del 2 % de las emisiones mundiales de GEI; subraya que el 47 % de las emisiones de carbono del sector digital se deben a equipos de consumo, como ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos conectados; acoge con satisfacción la revisión de la Directiva de eficiencia energética, que exigirá que todos los centros de datos de la Unión, salvo los pequeños, informen públicamente, entre otros aspectos, sobre su eficiencia energética cada año; pide que se adopten nuevas medidas para reducir la huella de carbono del sector de las TIC en los centros de datos y los dispositivos de consumo; reitera el objetivo de lograr que los centros de datos sean climáticamente neutros y muy eficientes desde el punto de vista energético a más tardar en 2030, tal como se establece en la Estrategia Digital;

124.  Recuerda la importancia de la contribución de la I+i a la consecución de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París y los objetivos del Pacto Verde Europeo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que respalden la I+i y un aumento global de los presupuestos nacionales y de la Unión dedicados a la investigación y la innovación en tecnologías energéticas sostenibles y seguras; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de seguir apoyando tecnologías y soluciones innovadoras que contribuyan a un sistema energético integrado y resistente al cambio climático, también aquellas en las que Europa ostenta el liderazgo mundial, y las cadenas de valor con base en la Unión; considera esencial contar con segmentos clave de las cadenas de valor de las energías renovables dentro de la Unión y pide que se adopten medidas adecuadas para apoyar el papel de los contenidos basados en Europa en la cadena de suministro de fuentes de energía renovables y en la legislación al respecto;

Cambio climático y desarrollo

125.  Acoge con satisfacción el plan de estímulo de los ODS de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es hacer frente al elevado coste de la deuda y al aumento de los riesgos de sufrir problemas de endeudamiento; pide que la Unión apoye su aplicación, en particular en lo que respecta a la creación de un mecanismo multilateral de renegociación de la deuda, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para abordar tanto el impacto de la crisis climática como los requisitos de financiación de la Agenda 2030;

126.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que cumplan los compromisos existentes con los países en desarrollo en lo que respecta a la provisión de financiación de la lucha contra el cambio climático y que mantengan un alto nivel de ambición en relación con el apoyo a la acción por el clima en los países en desarrollo hasta, durante y después de la CP 28; pide a las instituciones europeas que apliquen un enfoque integrado con respecto a los ODS, que proporcionan una brújula universal hacia la prosperidad de las personas, y que protejan el planeta; destaca que la confianza general de los países en desarrollo en la Unión como socio fiable depende de la medida en que la Unión cumpla sus promesas; señala que una cooperación fructífera entre la Unión y los países en desarrollo en la lucha contra el cambio climático puede reforzar el atractivo de la Unión como socio, lo que reviste una importancia crucial en un contexto geopolítico cada vez más competitivo;

127.  Hace hincapié en que la diplomacia climática debe ir acompañada de la plena aplicación del principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, consagrado en el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo que significa que la Unión debe garantizar la coherencia entre sus políticas de desarrollo, comercio, agricultura, pesca, energía y clima;

Papel del Parlamento Europeo en la CP 28

128.  Considera que el Parlamento Europeo debe ser parte integrante de la delegación de la Unión en la CP 28, dado que debe dar su consentimiento a los acuerdos internacionales y desempeña un papel fundamental en la aplicación interna del Acuerdo de París como uno de los colegisladores de la Unión; espera, por tanto, que se le permita asistir a las reuniones de coordinación de la Unión en la CP 28 en Dubái, y que se le garantice el acceso a todos los documentos preparatorios; se compromete a actuar con independencia y libre de conflictos de intereses;

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129.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y pide que se remita a todas las Partes en dicha Convención que no sean miembros de la Unión.

(1) DO C 149 de 28.4.2023, p. 28.
(2) Textos Aprobados, P9_TA(2023)0250.
(3) DO L 243 de 9.7.2021, p. 1.
(4) DO L 114 de 12.4.2022, p. 22.
(5) DO C 232 de 16.6.2021, p. 28.
(6) Informe Especial 18/2023 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Objetivos climáticos y energéticos de la UE. Se han alcanzado los objetivos fijados para 2020, pero existen pocos indicios de que las acciones para lograr los establecidos para 2030 vayan a ser suficientes», 2023.
(7) Informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables titulado «World Energy Transitions Outlook 2023: 1.5 °C Pathway» (Perspectiva mundial de las transiciones energéticas 2023: ruta de 1,5 ºC).
(8) DO L 328 de 21.12.2018, p. 1.
(9) DO C 445 de 29.10.2021, p. 156.
(10) DO C 184 de 5.5.2022, p. 105.
(11) Global Registry of Fossil Fuel Emissions and Reserves.
(12) Textos Aprobados, P9_TA(2023)0245.
(13) DO C 506 de 15.12.2021, p. 38.
(14) Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), «The European environment – state and outlook 2020 - Knowledge for transition to a sustainable Europe» (El medio ambiente europeo – Estado y perspectivas 2020 – Conocimiento para la transición hacia una Europa sostenible).
(15) DO C 132 de 14.4.2023, p. 106.
(16) DO C 67 de 8.2.2022, p. 25.
(17) DO C 385 de 22.9.2021, p. 10.
(18) DO C 125 de 5.4.2023, p. 135.
(19) DO C 167 de 11.5.2023, p. 94.
(20) DO C 117 de 11.3.2022, p. 109.
(21) DO C 385 de 22.9.2021, p. 167.
(22) Conclusiones del Consejo, de 17 de octubre de 2023, sobre la preparación de la 28.ª Conferencia de las Partes (CP 28) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (Dubái, 30 de noviembre - 12 de diciembre de 2023).
(23) Sexto Informe de Evaluación del GIECC – Cambio Climático 2023.
(24) Actualización de la OMM de mayo de 2023.
(25) Informe Especial del GIECC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 °C.
(26) AIE, Global Methane Tracker 2022 – Methane and climate change (Rastreador global de metano – Metano y cambio climático).
(27) Sexto Informe de Evaluación del GIECC, «Climate Change 2023 – Synthesis Report» (Cambio Climático 2023 – Informe de síntesis).
(28) Informe del PNUMA, de 6 de mayo de 2021, titulado «Global Methane Assessment: Benefits and Costs of Mitigating Methane Emissions» (Evaluación mundial del metano: beneficios y costes de la mitigación de las emisiones de metano).
(29) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, «World fertilizer trends and outlook to 2022» (Perspectivas y tendencias mundiales de los fertilizantes para 2022), 2019.
(30) Menegat et al.: «Greenhouse gas emissions from global production and use of nitrogen synthetic fertilisers in agriculture» (Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la producción y uso a escala mundial de fertilizantes nitrogenados sintéticos en la agricultura), Scientific Reports, 2022.
(31) CMNUCC, First report on the determination of the needs of developing country Parties related to implementing the Convention and the Paris Agreement (NDR) (Primer informe sobre la determinación de las necesidades de las Partes que son países en desarrollo en relación con la aplicación del Convenio y del Acuerdo de París), 2019.
(32) Sexto Informe de Evaluación del GT3 del GIECC, Cambio climático 2022, Resumen para responsables de políticas, 2022.
(33) IPBES, «Evaluación Mundial sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas», 2019.
(34) Comunicado de prensa del PNUMA, «Global assessment revels major potential of peatlands as a climate solution» (La evaluación global revela un enorme potencial de las turberas como solución climática), 17 de noviembre de 2022.
(35) Comunicado de prensa de Naciones Unidas: «Historic UN conference marks watershed moment to tackle global water crisis and ensure water-secure future» (Conferencia histórica de las Naciones Unidas marca el punto de inflexión para atajar la crisis hídrica mundial y asegurar un futuro con agua garantizada), 23 de marzo de 2023.
(36) Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2023: alianzas y cooperación por el agua.
(37) Resumen de los riesgos de catástrofe natural y de origen humano a los que puede enfrentarse la Unión Europea: Edición de 2020.
(38) Acción por el Clima de las Naciones Unidas: «El océano: el mayor aliado del mundo contra el cambio climático».
(39) GIECC, informe especial sobre «El océano y la criosfera en un clima cambiante», 2019.
(40) Foro Económico Mundial, «The New Plastics Economy – Rethinking the future of plastics» (La nueva economía de los plásticos – Repensar el futuro de los plásticos), enero de 2016.
(41) OCDE, «Los residuos plásticos mundiales casi se triplicarán en 2060», junio de 2022.
(42) Instituto para una Política Europea del Medio Ambiente y Oxfam, «Carbon Inequality in 2030» (Desigualdad de las emisiones de carbono en 2030), noviembre de 2021.
(43) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Informe sobre los países menos adelantados 2022.
(44) Open Knowledge Repository beta, «Groundswell Part 2: Acting on Internal Climate Migration» (Groundswell – Parte 2: Actuar sobre la migración climática interna), 2021.
(45) Comunicado de prensa del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, «Copernicus: October 2023 – Exceptional temperature anomalies; 2023 virtually certain to be warmest year on record» (Copernicus: Octubre de 2023 - Anomalías de temperatura excepcionales; 2023 será con toda seguridad el año más cálido jamás registrado), 8 de noviembre de 2023.
(46) Publicación especial de Allianz, «Climate risk – Global boiling: Heatwave may have cost 0.6pp of GDP» (Riesgo climático – Calentamiento global: La ola de calor puede haber costado 0,6 puntos porcentuales del PIB), 4 de agosto de 2023.
(47) AEMA, «Economic losses from weather- and climate-related extremes in Europe» (Pérdidas económicas derivadas de los fenómenos extremos relacionados con las condiciones meteorológicas y el cambio climático), 6 de octubre de 2023.
(48) OCDE, «Climate Finance Provided and Mobilised: Aggregate Trends Updated with 2019 Data» (Financiación climática proporcionada y movilizada: Actualización de las tendencias agregadas con los datos de 2019), 2019.
(49) Informe de la AIE titulado «Fossil Fuels Consumption Subsidies 2022» (Subvenciones al consumo de combustibles fósiles en 2022), febrero de 2023.
(50) Comunicado de prensa de la Agencia Europea de Medio Ambiente, «State of nature in Europe: Damaged ecosystems need restoration» (Estado de la naturaleza en Europa: los ecosistemas dañados necesitan restauración), 9 de mayo de 2023.
(51) GIECC, Sexto Informe de Evaluación, 20 de marzo de 2023.
(52) Informe de la AEMA titulado «Water resources across Europe – confronting water stress: an updated assessment» (Recursos hídricos en Europa. Afrontar el estrés hídrico: una evaluación actualizada), octubre de 2021.
(53) Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE (DO L 344 de 17.12.2016, p. 1).
(54) Libro blanco, «The International Maritime Organization’s proposed Arctic heavy fuel oil ban: likely impacts and opportunities for improvement» (Prohibición del fuelóleo pesado propuesta por la Organización Marítima Internacional en el Ártico: posibles efectos y oportunidades de mejora), 2020.
(55) Comer, B., et al., «Black carbon emissions and fuel use in global shipping» (Emisiones de carbono negro y uso de combustible en el transporte marítimo mundial), 2015.
(56) Transport & Environment: «Private jets: can the super-rich supercharge zero-emission aviation?» (Aviones privados: ¿pueden los más ricos impulsar la aviación de cero emisiones?), abril de 2021.
(57) Publicación de la AEMA, «Progress and prospects for decarbonisation in the agriculture sector and beyond» (Avances y perspectivas de descarbonización en el sector agrícola y en otros sectores), 2022.
(58) PNUD, «Gender and Climate Change – Overview of linkages between gender and climate change» (Género y cambio climático: visión general de los vínculos entre género y cambio climático), 2016.
(59) Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change, «Risks associated to climate and environmental changes in the Mediterranean region» (Riesgos asociados a los cambios climáticos y medioambientales en la región mediterránea), 2019.
(60) WWF Mediterranean Marine Initiative, «The Climate Change Effect in the Mediterranean – Six stories from an Overheating Sea» (El efecto del cambio climático en el Mediterráneo: seis historias de un mar sobrecalentado), Roma (Italia), 2021.
(61) IPCC 2023 – Synthesis report AR6 (GIECC 2023 – Sexto Informe de Evaluación).
(62) Se calcula que el potencial económico de la reducción del consumo de energía final en la industria de aquí a 2030, frente a una situación sin cambios, es del 23,5 %.

Última actualización: 15 de febrero de 2024Aviso jurídico - Política de privacidad