1. Decisión del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2024, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2022, sección II – Consejo Europeo y Consejo (2023/2131(DEC))

P9_TA(2024)0288 A9-0071/2024

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2022(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2022 (COM(2023)0391 – C9‑0250/2023)(2),

–  Visto el Informe Anual del Consejo a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2022,

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2022, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes(4), presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2022, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012(5), y en particular sus artículos 59, 118, 260, 261 y 262,

–  Vistos el artículo 100 y el anexo V de su Reglamento interno,

–  Vista la carta de la Comisión de Asuntos Constitucionales,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0071/2024),

1.  Aplaza su decisión sobre la concesión a la secretaria general del Consejo de la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo para el ejercicio 2022;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2024, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2022, sección II – Consejo Europeo y Consejo (2023/2131(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2022, sección II – Consejo Europeo y Consejo,

–  Vistos el artículo 100 y el anexo V de su Reglamento interno,

–  Vista la carta de la Comisión de Asuntos Constitucionales,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0071/2024),

A.  Considerando que, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de aprobación de la gestión desea hacer hincapié en la especial importancia que reviste reforzar aún más la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas y la aplicación del concepto de presupuestación basada en el rendimiento y la buena gobernanza de los recursos humanos;

B.  Considerando que, de conformidad con el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Parlamento es el único responsable de conceder la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión, y que el presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo es una sección del presupuesto de la Unión;

C.  Considerando que, de conformidad con el artículo 15, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE), el Consejo Europeo no ejercerá función legislativa alguna;

D.  Considerando que, de conformidad con el artículo 317 del TFUE, la Comisión debe ejecutar el presupuesto de la Unión bajo su propia responsabilidad, con arreglo al principio de buena gestión financiera, y que, en el marco vigente, la Comisión debe atribuir a las demás instituciones de la Unión las competencias necesarias para la ejecución de las secciones del presupuesto que les correspondan;

E.  Considerando que, con arreglo al artículo 235, apartado 4, y al artículo 240, apartado 2, del TFUE, el Consejo Europeo y el Consejo (en lo sucesivo, «Consejo») cuentan con la asistencia de la Secretaría General del Consejo, y que la secretaria general del Consejo es plenamente responsable de la buena gestión de los créditos consignados en la sección II del presupuesto de la Unión;

F.  Considerando que, a lo largo de casi veinte años, el Parlamento ha venido aplicando la práctica consolidada y respetada de aprobar la gestión de todas las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y que la Comisión apoya que se siga aplicando la práctica de aprobar la gestión de cada institución, órgano y organismo de la Unión para sus gastos administrativos;

G.  Considerando que, de conformidad con el artículo 59, apartado 1, del Reglamento Financiero, la Comisión debe atribuir a las demás instituciones de la Unión las competencias necesarias para la ejecución de sus respectivas secciones del presupuesto;

H.  Considerando que, desde 2009, la falta de cooperación por parte del Consejo en el procedimiento de aprobación de la gestión ha obligado al Parlamento a negarse a aprobar la gestión de la secretaria general del Consejo;

I.  Considerando que el Consejo Europeo y el Consejo, en su calidad de instituciones de la Unión y de beneficiarios del presupuesto general de la Unión, deben ser transparentes y responsables democráticamente ante los ciudadanos de la Unión, y estar sujetos a un control democrático del gasto de los fondos públicos;

J.  Considerando que la recomendación del Defensor del Pueblo Europeo (en lo sucesivo, «Defensor del Pueblo») en la investigación estratégica OI/2/2017/TE relativa a la transparencia del proceso legislativo del Consejo indica que la práctica del Consejo en materia de transparencia en el proceso legislativo constituye mala administración y debe abordarse para que los ciudadanos puedan seguir el proceso legislativo de la Unión;

K.  Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma el derecho de los contribuyentes y del público a ser informados sobre el uso de los ingresos públicos y que el Tribunal General, en su sentencia de 25 de enero de 2023 en el asunto T-163/21(6), De Capitani/Consejo, declaró en relación con la transparencia en el proceso legislativo de la Unión que los documentos elaborados por el Consejo en sus grupos de trabajo no son de carácter técnico, sino legislativos y, por lo tanto, están sujetos a solicitudes de acceso a documentos;

1.  Observa que el presupuesto del Consejo entra dentro de la rúbrica 7 del MFP, «Administración pública europea», que ascendió a 11 600 millones EUR en 2022 (lo que representa el 5,9 % del presupuesto total de la Unión); observa que el presupuesto del Consejo, de aproximadamente 600 millones EUR, representa en torno al 5,3 % del gasto administrativo total de la Unión;

2.  Observa que el Tribunal de Cuentas Europeo (en lo sucesivo, «Tribunal»), en su informe anual relativo al ejercicio 2022, examinó una muestra de sesenta operaciones dentro de la rúbrica «Administración», el mismo número que se examinó en 2021; observa, además, que el Tribunal indica que los gastos administrativos comprenden los gastos correspondientes a recursos humanos, incluidos los gastos en pensiones, que en 2022 representaron aproximadamente el 70 % del total de los gastos administrativos, así como a inmuebles, equipos, energía, comunicaciones y tecnología de la información, y que su trabajo realizado durante muchos años indica que, en general, este gasto es de bajo riesgo;

3.  Observa que en catorce de las sesenta operaciones (el 23 %) se detectaron errores, pero que, a partir de los cinco errores cuantificados, el Tribunal estima que el nivel de error es inferior al umbral de materialidad;

4.  Observa con satisfacción que el Tribunal también afirma en su informe anual relativo al ejercicio 2022 que no detectó ningún problema específico relacionado con el Consejo;

Situación actual del procedimiento de aprobación de la gestión

5.  Lamenta profundamente que, desde 2009 y de nuevo en el ejercicio 2021, el Parlamento haya tenido que denegar la aprobación de la gestión del Consejo porque el Consejo sigue negándose a cooperar con el Parlamento en el procedimiento de aprobación de la gestión, lo que impide al Parlamento adoptar una decisión informada basada en un control serio y exhaustivo de la ejecución del presupuesto del Consejo;

6.  Toma nota de que, el 28 de septiembre de 2023, los servicios competentes del Parlamento, en nombre del ponente para el procedimiento de aprobación de la gestión, remitieron a la Secretaría del Consejo un cuestionario que contenía 74 preguntas importantes del Parlamento, a fin de permitir un control exhaustivo de la ejecución del presupuesto del Consejo y de la gestión del Consejo; observa, además, que se enviaron cuestionarios similares al resto de instituciones, y todas ellas proporcionaron al Parlamento respuestas exhaustivas a todas las preguntas;

7.  Lamenta que, el 12 de octubre de 2023, la Secretaría General del Consejo informara una vez más al Parlamento de que no respondería a su cuestionario y de que el Consejo no participaría en la audiencia prevista para el 25 de octubre de 2023 como parte del proceso de aprobación de la gestión y en la que participaron todas las demás instituciones invitadas;

8.  Hace hincapié en la prerrogativa del Parlamento de aprobar la gestión presupuestaria de conformidad con el artículo 319 del TFUE, así como las disposiciones aplicables del Reglamento Financiero y el Reglamento interno del Parlamento, en consonancia con la interpretación y la práctica actuales, en particular la facultad de aprobar la gestión presupuestaria al objeto de mantener la transparencia y velar por la rendición de cuentas democrática ante los contribuyentes de la Unión;

9.  Subraya que el artículo 59, apartado 1, del Reglamento Financiero establece que la Comisión debe atribuir a las demás instituciones de la Unión las competencias necesarias para la ejecución de sus respectivas secciones del presupuesto y, por consiguiente, considera incomprensible que el Consejo estime apropiado que deba aprobarse la gestión de la Comisión por lo que respecta a la ejecución del presupuesto del Consejo;

10.  Hace hincapié en la práctica consolidada y respetada que ha aplicado el Parlamento durante casi veinte años relativa a la aprobación de la gestión de todas las instituciones, órganos y organismos de la Unión; recuerda que la Comisión ha declarado su incapacidad para supervisar la ejecución de los presupuestos de las demás instituciones de la Unión; subraya la opinión reiterada de la Comisión de que el Parlamento debe seguir aplicando la práctica de aprobar la gestión de cada institución de la Unión respecto a sus gastos administrativos;

11.  Subraya que la situación actual permite al Parlamento comprobar únicamente los informes del Tribunal y del Defensor del Pueblo, así como la información públicamente disponible en el sitio web del Consejo, puesto que este continúa con su mala práctica de no cooperar con el Parlamento, lo que hace imposible que el Parlamento pueda desempeñar adecuadamente sus funciones y tomar una decisión informada sobre la aprobación de la gestión;

12.  Lamenta que el Consejo haya demostrado, durante más de una década, que no tiene ninguna voluntad política de colaborar con el Parlamento en el marco del procedimiento anual de aprobación de la gestión; subraya que esta actitud ha tenido un efecto negativo duradero en ambas instituciones, ha desacreditado la gestión y el control democrático del presupuesto de la Unión y ha dañado la confianza de los ciudadanos en la Unión como entidad transparente;

13.  Observa que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respalda el derecho de los contribuyentes y de la opinión pública a ser informados sobre el uso de los ingresos del sector público; exige, por tanto, el pleno respeto de la prerrogativa y el papel del Parlamento como garante del principio de responsabilidad democrática; pide al Consejo que siga debidamente las recomendaciones adoptadas por el Parlamento en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión;

14.  Pide al Consejo que reanude lo antes posible las negociaciones con el Parlamento al más alto nivel, con la participación de los secretarios generales y los presidentes de ambas instituciones, con el fin de salir del actual estancamiento y encontrar una solución, respetando al mismo tiempo las respectivas funciones del Parlamento y del Consejo en el procedimiento de aprobación de la gestión y garantizando la transparencia y el control democrático adecuado de la ejecución del presupuesto;

15.  Subraya que, si bien la situación actual debe ser mejorada mediante una mayor cooperación interinstitucional en el marco de los Tratados, una revisión de los Tratados podría aclarar el procedimiento de aprobación de la gestión y dotarlo de mayor transparencia, otorgando al Parlamento la competencia explícita de conceder la aprobación de la gestión de todas las instituciones, órganos y organismos de la Unión individualmente; destaca, no obstante, que en espera de dicha revisión, es preciso corregir la situación actual con una mejor cooperación interinstitucional dentro del vigente marco de los Tratados, e insta al Consejo a que se comprometa activamente con el Parlamento a abordar esta situación;

16.  Señala que, a pesar de que el Consejo no se muestra dispuesto a colaborar en el procedimiento de aprobación de la gestión, el Parlamento destaca algunas prioridades políticas y formula algunas observaciones relativas a la gestión presupuestaria y financiera del Consejo y otras observaciones pertinentes para el procedimiento de aprobación de la gestión en la presente Resolución;

17.  Recuerda que, dado que Rusia lleva llevando a cabo una guerra de agresión a gran escala ilegal, no provocada e injustificada contra Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, la Unión y sus Estados miembros se han comprometido a prestar asistencia a Ucrania y a su pueblo; recuerda la iniciativa sobre municiones, que inicialmente tenía por objeto proporcionar a Ucrania 1 millón de proyectiles de 155 mm para marzo de 2024, pero que solo había facilitado aproximadamente la mitad de esa cantidad en la citada fecha; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aceleren significativamente la fabricación, la adquisición y la entrega de municiones a Ucrania sin demora; señala que el Gobierno ucraniano ha pedido a los aliados europeos que les suministren 7 de los aproximadamente 30 sistemas antimisiles Patriot disponibles en los Estados miembros de la Unión para proteger más adecuadamente las infraestructuras civiles frente a la agresión rusa; lamenta que, hasta la fecha, solo un Estado miembro haya comprometido un sistema adicional e insta al Consejo Europeo a acelerar el proceso de toma de decisiones y asignar recursos para dotar a Ucrania de las capacidades de defensa aérea necesarias; subraya que el Parlamento no concederá la aprobación de la gestión del Consejo por no haber aplicado este las recomendaciones del Parlamento y mientras no se presupueste adecuadamente el apoyo necesario a Ucrania;  reafirma su solidaridad con Ucrania y hace hincapié en la importancia de una acción decidida por parte de los dirigentes europeos para abordar las necesidades urgentes de seguridad de nuestros socios ucranianos;

Prioridades políticas

18.  Lamenta que el Consejo ejerza su prerrogativa en los procedimientos de designación y nombramiento de numerosas instituciones, órganos y organismos de la Unión sin tener en cuenta las opiniones de las partes interesadas ni las recomendaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF);

19.  Subraya que la tradición del Consejo de no cuestionar los nombramientos de los Estados miembros para la mayoría de los puestos significa que no se verifican exhaustivamente las cualificaciones profesionales de los candidatos; insiste, por tanto, en la necesidad de revisar la prerrogativa del Consejo con vistas a garantizar y reforzar la participación de las instituciones, órganos y organismos interesados y aumentar la legitimidad de los nombramientos; sugiere que, con el fin de garantizar que los candidatos tienen las cualificaciones necesarias, se podrían crear grupos de expertos independientes que lleven a cabo dichos controles;

20.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 286, apartado 2, del TFUE, el Consejo nombra a los miembros del Tribunal previa consulta al Parlamento; lamenta que el Consejo no haya tenido en cuenta en repetidas ocasiones las recomendaciones del Parlamento, en su función consultiva, en relación con el nombramiento de los miembros del Tribunal;

21.  Señala el grave desequilibrio de género en el Tribunal, donde a finales de 2022 solo había nueve mujeres, frente a diecisiete hombres; constata las dificultades para lograr el equilibrio de género en el Tribunal a causa del actual procedimiento de nombramiento; reitera su llamamiento al Consejo para que reconsidere el procedimiento de nombramiento con el fin de abordar este problema con acciones concretas, como el hacer obligatorio que los Estados miembros propongan al menos dos candidatos de distinto género para cada vacante;

22.  Lamenta que el Consejo haya ignorado hasta ahora la Resolución del Parlamento, de 17 de diciembre de 2020, sobre la necesidad de una formación del Consejo dedicada a la igualdad de género(7), e insiste en que un foro institucional específico garantizaría una mayor integración de la igualdad de género en las políticas y estrategias de la Unión, así como una coordinación y avances esenciales en los principales expedientes relacionados con la igualdad de género;

23.  Lamenta que el proceso de toma de decisiones en el Consejo diste aún de ser plenamente transparente, lo que afecta a la confianza de los ciudadanos en la Unión como entidad transparente y, por tanto, pone en peligro la reputación de la Unión en su conjunto; recuerda y apoya las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo sobre la transparencia del proceso legislativo del Consejo en la investigación estratégica OI/2/2017/TE; insta al Consejo a que adopte todas las medidas necesarias para aplicar las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las sentencias pertinentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sin demora indebida; recuerda que el Tribunal General en su sentencia en el asunto T-163/21, De Capitani/Consejo, subrayó que el Consejo necesita una transparencia legislativa más clara con el fin de asegurar el acceso a los documentos legislativos, lo que se corresponde con las obligaciones del Consejo en materia de control público y rendición de cuentas de los colegisladores como base de cualquier legitimidad democrática;

24.  Expresa su profunda preocupación en relación con el papel cada vez más relevante del Consejo Europeo en lo que a los expedientes legislativos se refiere, a pesar de que este carezca de funciones legislativas o ejecutivas y no aplique las mismas normas de transparencia que el Consejo, lo que implica que no está sometido a la rendición de cuentas;

25.  Señala que el uso del procedimiento de votación por unanimidad en el Consejo en determinados ámbitos estratégicos puede afectar negativamente al proceso de toma de decisiones de la Unión y, por tanto, lo hace vulnerable al chantaje por parte de los Estados miembros, especialmente aquellos que no respetan el Estado de Derecho; pide al Consejo que aplique los procedimientos de votación por mayoría cualificada siempre que los Tratados lo prevean; toma nota de que un cambio a un procedimiento de votación por mayoría cualificada en el Consejo puede ser una vía hacia una elaboración de políticas más eficiente;

26.  Lamenta que la participación de los representantes permanentes de los Estados miembros en el registro de transparencia obligatorio, establecido por el Acuerdo interinstitucional de 20 de mayo de 2021 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre un registro de transparencia obligatorio(8), sea totalmente voluntaria e insiste en que todas las Representaciones Permanentes deben participar activamente en el registro de transparencia obligatorio antes, durante y después de la Presidencia del Consejo de su Estado miembro; considera que deben reforzarse y armonizarse las normas éticas vigentes en materia de conflictos de intereses, puertas giratorias y transparencia en relación con los grupos de presión, y que los representantes de los Estados miembros que se benefician directamente de las subvenciones de la Unión a través de las empresas que poseen no deben poder participar en debates políticos o presupuestarios ni en las votaciones relacionadas con dichas subvenciones;

27.  Lamenta que el Consejo no utilice plenamente el registro de transparencia obligatorio, más allá de sus limitaciones actuales, y rechace cualquier recomendación de mejora; reitera su llamamiento al Consejo para que se niegue a reunirse con grupos de presión no registrados;

28.  Pide a las Presidencias rotatorias del Consejo, en consonancia con las conclusiones del seminario celebrado el 27 de junio de 2023 por la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, que dejen de utilizar el patrocinio empresarial para contribuir a cubrir sus gastos; entiende que los recursos financieros procedentes de los presupuestos nacionales varían considerablemente de un Estado miembro a otro y que todos los Estados miembros, independientemente de su tamaño y de sus medios presupuestarios, deben tener las mismas oportunidades para organizar con éxito una Presidencia del Consejo, pero considera que la aceptación de patrocinios de empresas daña la reputación porque conlleva el riesgo de suscitar conflictos de intereses; reitera su llamamiento al Consejo para que presupueste las Presidencias del Consejo a fin de garantizar unas normas adecuadas y uniformes de eficiencia y eficacia en el trabajo en el Consejo en general; lamenta, en este sentido, las directrices no vinculantes emitidas por el Consejo sobre el patrocinio de empresas;

29.  Lamenta que, a pesar de las repetidas peticiones del Parlamento, el código de conducta del presidente del Consejo Europeo no se haya alineado con el del Parlamento y la Comisión, en particular en lo que se refiere a las actividades que deben aprobarse tras la salida del cargo;

30.  Reitera que la Decisión (UE) 2023/2061 del Consejo Europeo, de 22 de septiembre de 2023, por la que se fija la composición del Parlamento Europeo(9) se entiende sin perjuicio de las prerrogativas del Parlamento y del Consejo en el procedimiento presupuestario anual, que el considerando 5 de dicha Decisión se refiere a asuntos que no entran en el ámbito de las competencias del Consejo Europeo en virtud del artículo 15, apartado 1, del TUE y la base jurídica para fijar la composición del Parlamento Europeo de conformidad con el artículo 14, apartado 2, del TUE; insiste en que corresponde exclusivamente al Parlamento y al Consejo decidir sobre el contenido del presupuesto de la Unión de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 314 del TFUE;

Gestión presupuestaria y financiera

31.  Observa que el presupuesto del Consejo fue en 2022 de 611 473 556 EUR, lo que representa un aumento del 2,9 % en comparación con 2021, que es notablemente superior al aumento registrado en 2021 en comparación con 2020, que fue del 0,6 %;

32.  Lamenta una vez más que el presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo no se haya dividido en dos presupuestos claramente separados, tal como recomendó el Parlamento en anteriores Resoluciones de aprobación de la gestión, a fin de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en lo que respecta al Consejo Europeo, dado que actualmente es imposible obtener información fiable sobre sus gastos;

33.  Observa con preocupación que la Secretaría General del Consejo publica un informe sobre las cuentas anuales y una serie de informes anuales de actividades que cubren diferentes partes de la Secretaría General, pero es difícil obtener una visión general concisa y de fácil acceso de las actividades de la Secretaría General del Consejo, ya que no existe un único informe que resuma y presente una visión general coherente de las actividades del Consejo;

34.  Toma nota con satisfacción de que el contable del Consejo puede certificar que las cuentas anuales del Consejo correspondientes al ejercicio 2022 se elaboraron de conformidad con el título XIII del Reglamento Financiero y las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, tal como se exige a todas las instituciones y órganos y organismos de la Unión, y que el contable tenía la seguridad razonable de que las cuentas de 2022 presentaban una imagen fiel, en todos los aspectos significativos, de la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de tesorería del Consejo;

35.  Señala que en 2022 el Consejo llevó a cabo 64 transferencias presupuestarias, todas ellas sobre la base del artículo 29 del Reglamento Financiero, lo que supone un incremento significativo en comparación con las 43 de 2021; observa, además, que seis de las transferencias implicaban informar a la Autoridad Presupuestaria y que la razón principal de dichas transferencias era el aumento de los costes del agua, el gas, la electricidad y la calefacción, así como aumentos salariales;

36.  Observa que las transferencias también implicaron una reducción de los costes de misión para la Secretaría General del Consejo de 300 000 EUR, equivalente al 9 %, y un aumento similar de 300 000 EUR en gastos de misión para el personal relacionado con el Consejo Europeo, equivalente al 20 %; pide al Consejo que garantice la plena transparencia de los viajes del presidente del Consejo Europeo, como los medios de transporte, la justificación de los medios elegidos y el personal acompañante;

37.  Critica el aumento significativo del presupuesto para viajes del presidente del Consejo Europeo a lo largo de varios años y expresa su preocupación por el hecho de que, según informaciones periodísticas, el presidente del Consejo Europeo solo haya utilizado aviones comerciales en dieciocho de las 112 misiones realizadas entre el inicio de su mandato en 2019 y diciembre de 2022; subraya que los aviones comerciales también deben ser la opción habitual para el presidente del Consejo Europeo cuando se disponga de esta alternativa y en consonancia con el orden del día y la ubicación de las reuniones de que se trate, y destaca que los dirigentes de las instituciones de la Unión deben actuar como buenos ejemplos para el público, en particular en relación con la garantía de las políticas de sostenibilidad climática;

Gestión interna, rendimiento y control interno

38.  Observa que, a lo largo de 2022, las medidas excepcionales relacionadas con la pandemia de COVID-19 se suprimieron gradualmente y las reuniones volvieron a la normalidad; señala, a este respecto, que el número de videoconferencias disminuyó a favor de las reuniones presenciales: en 2021, el 35 % de las reuniones fueron videoconferencias y el 65 % fueron reuniones presenciales; frente a 2022, cuando el 15 % de las reuniones fueron videoconferencias y el 85 %, reuniones presenciales;

39.  Observa que el número total de reuniones oficiales en 2022 fue de 4 415, lo que representa un aumento del 2,9 % con respecto a las 4 291 reuniones de 2021 y supone un aumento significativo de las reuniones presenciales, de más del 150 %;

40.  Observa que en 2022 la Secretaría General del Consejo inició 44 nuevos procedimientos de contratación pública y que se firmaron 42 contratos por un importe total de 123 863 392 EUR, lo que representa una reducción significativa con respecto a 2021, año en el que se iniciaron 62 nuevos procedimientos de contratación pública y se firmaron 102 contratos por un importe total de 416 013 813 EUR;

41.  Acoge con satisfacción que la Secretaría General del Consejo haya facilitado un resumen del número y el tipo de auditorías internas realizadas en la Secretaría General en 2022, así como una síntesis de las recomendaciones y de las medidas adoptadas a raíz de ellas, de conformidad con el artículo 118, apartado 8, del Reglamento Financiero; toma nota de que el auditor interno ha establecido un programa de trabajo de tres años para el período 2022-2024, que se divide en programas de trabajo anuales; señala además que en 2022 se llevaron a cabo siete auditorías internas; señala con preocupación que a finales de 2022 solo se habían aplicado el 72 % de las recomendaciones del programa de trabajo 2019‑2021, y el 27 % siguen abiertas;

42.  Acoge con satisfacción que las auditorías internas se hayan llevado a cabo en una amplia gama de ámbitos; celebra asimismo que se aceptaran todas las recomendaciones sobre seis de las siete auditorías; lamenta que los resultados relativos a la auditoría sobre la gestión de criptoactivos no se comunicaran porque el informe de auditoría se clasificó; destaca que el Parlamento dispone de sistemas establecidos para gestionar la información clasificada y que los resultados de la auditoría sobre la gestión de criptoactivos podrían haberse comunicado utilizando dichos sistemas;

Recursos humanos, igualdad y bienestar del personal

43.  Observa que, dada la falta de cooperación del Consejo con el Parlamento, las observaciones de esta sección se basan principalmente en el conjunto de información publicada en el sitio web del Consejo, que proporciona detalles limitados;

44.  Toma nota de que, en su presupuesto para 2022, se asignaron al Consejo 3 029 puestos, la misma cantidad que en 2021, pero cambió la distribución entre categorías, ya que el número de puestos de administrador (AD) aumentó de 1 493 a 1 519, el número de puestos de asistente (AST) se redujo de 1 320 a 1 284 y el número de puestos de secretario (SC) pasó de 180 a 190; pide al Consejo que facilite más detalles sobre la prevención del agotamiento profesional de su personal, especialmente teniendo en cuenta la reducción del número de asistentes;

45.  Observa que la Secretaría General del Consejo, según su informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2022, contaba con 2 924 puestos ocupados a 31 de diciembre de 2022; señala, además, que en el sitio web del Consejo se indica que, a 1 de enero de 2023, la Secretaría del Consejo contaba con 3 108 empleados (funcionarios, agentes temporales y contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios); pide al Consejo que evite publicar informaciones discrepantes sobre sus fuentes abiertas;

46.  Observa que, de 3 108 empleados, 1 783 (57 %) eran mujeres y 1 325 (43 %) eran hombres; lamenta que, en la categoría de alta dirección, solo 18 de 51 eran mujeres, lo que equivale al 35 %; lamenta también que, en comparación con el 38 % de 2021, esto represente una disminución del porcentaje de mujeres en la alta dirección;

47.  Observa que, en la categoría de mandos intermedios, 37 de 83 eran mujeres, lo que equivale al 45 % y representa un pequeño aumento en comparación con el 44 % del ejercicio anterior; señala, por último, que, en los puestos de AD, 814 de 1 462 eran mujeres, lo que equivale al 56 % y también representa un pequeño aumento en comparación con el 55 % de 2021; y observa que, en los puestos de AST y SC, 882 de 1 411 eran mujeres, lo que equivale al 63 %, de los AST y los SC y se corresponde con el mismo porcentaje de 2021;

48.  Lamenta el desequilibrio de género en los puestos de alta dirección en la Secretaría General del Consejo; pide al Consejo que adopte medidas inmediatas y concretas para lograr el equilibrio de género en todos los niveles jerárquicos;

49.  Observa que los veintisiete Estados miembros están representados en el personal, pero que existen graves desequilibrios geográficos: hay 527 miembros del personal que son belgas, lo que equivale al 17 %, mientras que solo el 0,2 % es chipriota y el 0,3 %, luxemburgués; destaca la importancia que reviste un equilibrio geográfico justo de los miembros del personal en todos los niveles, especialmente en los puestos directivos intermedios y superiores, cumpliendo al mismo tiempo los requisitos del Estatuto con respecto a las competencias y los méritos de los candidatos;

50.  Lamenta la falta de información sobre la aplicación del plan de acción en materia de género del Consejo y sobre las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad empleadas por el Consejo; pide al Consejo que facilite al Parlamento información sobre los miembros del personal en materia de equilibrio entre mujeres y hombres, distribución geográfica y discapacidades, así como sobre las políticas internas correspondientes;

51.  Lamenta que, dado que el Consejo no ha respondido al cuestionario del Parlamento, este no disponga de información sobre el número de becarios en el Consejo durante 2022 ni sobre si su período de prácticas fue remunerado o no; recuerda la petición del Parlamento a todas las instituciones de que todos los becarios reciban un salario, a menos que ya perciban un pago de otras fuentes;

Marco ético y transparencia

52.  Reitera que la conducta ética contribuye a una buena gestión financiera y aumenta la confianza de los ciudadanos y que, como subraya el Tribunal en su Informe Especial n.º 13/2019, hay margen de mejora en los marcos éticos de las instituciones de la Unión, lo que es crucial ya que cualquier comportamiento poco ético por parte del personal y de los miembros suscita un elevado interés público y reduce la confianza en la Unión;

53.  Lamenta que el Parlamento no tenga ninguna posibilidad de formular preguntas sobre el marco ético vigente en el Consejo, ya que el Consejo no responde a las preguntas del Parlamento y, por lo tanto, no se ha recibido información sobre el código de conducta aplicable a todos los miembros del personal del Consejo;

54.  Recuerda la recomendación emitida por el Tribunal en el Informe Especial n.º 13/2019 en relación con una mejora del marco ético del Consejo; expresa su preocupación por la falta, identificada por el Tribunal, de un marco ético común de la Unión que regule el trabajo de los representantes de los Estados miembros en el Consejo;

55.  Toma nota de que la Secretaría General del Consejo publica un informe anual con información sobre las actividades profesionales de sus antiguos altos funcionarios tras el cese de sus funciones (artículo 16, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto de los funcionarios); observa que, según el informe de 2022, cuatro altos funcionarios declararon su intención de ejercer actividades profesionales en 2022 y dos antiguos altos funcionarios presentaron declaraciones a finales de 2021, que también fueron examinadas en 2022; observa que se consideró que ninguna de las solicitudes estaba comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 16;

56.  Observa con satisfacción que todos los directores generales competentes del Consejo, en sus informes anuales de actividad, declararon que no se les comunicó ningún caso de fraude o irregularidad en 2022;

Digitalización, ciberseguridad y protección de datos

57.  Observa que, inicialmente, el presupuesto del Consejo para sistemas informáticos y telecomunicaciones ascendió en 2022 a 48 115 000 EUR, lo que representa un aumento del 2,1 % con respecto a 2021; señala, no obstante, que durante 2022 se transfirieron otros 6 805 000 EUR al presupuesto, pero que los pagos reales fueron considerablemente inferiores, situándose en 27 096 067 EUR, lo que representa únicamente alrededor del 50 % del total de los créditos definitivos;

58.  Acoge con satisfacción que el tratamiento electrónico de las facturas alcanzara el 97 % en 2022, lo que representa un aumento significativo con respecto al 89 % de 2021;

59.  Reitera su llamamiento al Consejo para que estudie la manera de utilizar las tecnologías de código abierto lo más ampliamente posible y que informe sobre los progresos realizados en la utilización de dichos sistemas;

Edificios

60.  Observa que los pagos totales relativos a los edificios ascendieron a 45 435 994 EUR en 2022, lo que supone un aumento significativo con respecto a los 35 709 119 EUR de 2021 y un incremento del 27,2 %; señala que la principal razón de este aumento son los pagos por agua, gas, electricidad y calefacción, que aumentaron de 2 565 008 EUR en 2021 a 11 233 088 EUR en 2022, lo que equivale a un incremento del 338 %;

61.  Acoge con satisfacción que el Consejo haya podido reducir el consumo de energía en 2022 en comparación con años anteriores, también gracias a la política adoptada por todas las instituciones de la Unión para reducir la temperatura de los edificios a 19° C; anima, no obstante, a la Secretaría General del Consejo a que identifique nuevas iniciativas para reducir el consumo de energía;

62.  Lamenta que, dado que el Consejo no ha respondido al cuestionario del Parlamento, este desconoce si se han adoptado iniciativas en el Consejo en 2022 relativas a la mejora del acceso a los edificios para las personas con discapacidad, así como otras posibles iniciativas dirigidas a las personas con discapacidad;

Medio ambiente y sostenibilidad

63.  Observa que sigue siendo difícil obtener información actualizada y completa sobre las iniciativas del Consejo en materia de medio ambiente, sostenibilidad y la evolución del consumo general, incluido el uso de agua, gas, electricidad y papel; anima al Consejo a que informe sistemáticamente sobre los elementos de su labor relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad en el marco de sus informes anuales; observa con satisfacción algunas iniciativas dispersas mencionadas en el informe anual, como la compra de cuatro vehículos eléctricos y el fomento de la integración de cláusulas relacionadas con el medio ambiente en los procedimientos de contratación pública;

64.  Sigue pidiendo al Consejo que, si aún no lo ha hecho, establezca un sistema para animar al personal a utilizar el transporte público u otros medios de transporte de bajo nivel de emisiones, como las bicicletas, a fin de reducir la huella de carbono del Consejo;

65.  Toma nota de que en las cuentas anuales del Consejo se menciona que a finales de 2022 el Consejo contaba con 773,4 certificados de energía verde, en comparación con los 2 589,2 de finales de 2021, basados en la energía producida por paneles solares ubicados en el techo de los edificios del Consejo; observa que los certificados tienen un valor de 65 EUR cada uno; sigue pidiendo al Consejo que informe con más detalle sobre la venta de estos certificados en el mercado libre y el uso previsto de los ingresos generados;

Cooperación interinstitucional

66.  Subraya la necesidad de revisar el artículo 319 del TFUE como parte de una modificación de dicho Tratado con el fin de establecer explícitamente que el Parlamento, además de conceder la aprobación de la gestión a la Comisión, también aprueba la gestión de otras instituciones, órganos y organismos de la Unión en la ejecución de sus secciones del presupuesto general o de sus presupuestos;

Comunicación

67.  Toma nota de que 2022 fue un año récord, con más de 24,5 millones de visitas al sitio web del Consejo, lo que representa un aumento del 16 % en comparación con 2020, y de que el número de seguidores en Facebook creció un 8 %, mientras que el número de seguidores en X (anteriormente, Twitter), Instagram y LinkedIn aumentó un 19 %, un 17 % y un 33 %, respectivamente;

68.  Anima al Consejo a que colabore con el Supervisor Europeo de Protección de Datos con vistas a utilizar las dos plataformas de redes sociales de código abierto, EU-Voice y EU-Video, que se pusieron en marcha como proyecto piloto público para promover el uso de redes sociales gratuitas y de código abierto; insta al Consejo a que utilice redes sociales descentralizadas alternativas a las plataformas en línea de muy gran tamaño, tales como Mastodon.

(1) DO L 45 de 24.2.2022. (2) DO C, C/2023/2, 12.10.2023. (3) DO C, C/2023/103, 4.10.2023. (4) DO C, C/2023/112, 12.10.2023. (5) DO L 193 de 30.7.2018, p. 1. (6) Sentencia del Tribunal General de 25 de enero de 2023, De Capitani/Consejo, T-163/21, CLI:EU:T:2023:15. (7) DO C 445 de 29.10.2021, p. 150. (8) DO L 207 de 11.6.2021, p. 1. (9) DO L 238 de 27.9.2023, p. 114.

Decisión del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2024, sobre la propuesta de nombramiento de un miembro de la Junta Única de Resolución (N9-0006/2024 – C9-0064/2024 – 2024/0901(NLE))

P9_TA(2024)0289 A9-0150/2024

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 12 de marzo de 2024, relativa al nombramiento de Karen Braun-Munzinger como miembro de la Junta Única de Resolución (C9‑0064/2024),

–  Visto el artículo 56, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010(1),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el equilibrio de género en las candidaturas propuestas en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios de la Unión(2),

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre instituciones y órganos de la unión económica y monetaria: prevención de los conflictos de intereses posteriores al ejercicio de cargos públicos(3),

–  Visto el artículo 131 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9‑0150/2024),

A.  Considerando que el artículo 56, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 806/2014 establece que los miembros de la Junta Única de Resolución a que se refiere el artículo 43, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento serán nombrados sobre la base de sus méritos, sus cualificaciones, su conocimiento de los asuntos bancarios y financieros y su experiencia en materia de supervisión y regulación financieras y de resolución bancaria;

B.  Considerando que el Parlamento se ha comprometido a garantizar el equilibrio de género en los puestos de alto nivel en el ámbito de los servicios bancarios y financieros; que todas las instituciones y organismos de la Unión y de los Estados miembros deben aplicar medidas concretas para garantizar el equilibrio de género;

C.  Considerando que, de conformidad con el artículo 56, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 806/2014, la Comisión adoptó, el 21 de febrero de 2024, una lista restringida de candidatos para el cargo de miembro de la Junta Única de Resolución;

D.  Considerando que, de conformidad con el artículo 56, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 806/2014, la Comisión transmitió dicha lista al Parlamento;

E.  Considerando que, el 12 de marzo de 2024, la Comisión adoptó una propuesta de nombramiento de Karen Braun-Munzinger como miembro de la Junta Única de Resolución y transmitió dicha propuesta al Parlamento;

F.  Considerando que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios evaluó las cualificaciones de la candidata propuesta para el cargo de miembro de la Junta Única de Resolución, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 56, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 806/2014;

G.  Considerando que, el 20 de marzo de 2024, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró una audiencia con Karen Braun‑Munzinger en la que esta realizó una declaración preliminar y a continuación respondió a las preguntas formuladas por los miembros de la comisión;

1.  Concede su aprobación al nombramiento de Karen Braun‑Munzinger como miembro de la Junta Única de Resolución por un mandato de cinco años;

2.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Decisión al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO L 225 de 30.7.2014, p. 1. (2) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0211. (3) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0017.

Decisión del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2024, de no formular objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión, de 12 de marzo de 2024, que modifica el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2022/126, por el que se completa el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas sobre la proporción relativa a la norma 1 de las buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM) (C(2024)01488 – 2024/2663(DEA))

P9_TA(2024)0290 B9-0199/2024

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2024)01488),

–  Vista la carta de la Comisión de 12 de marzo de 2024, por la que le solicita que declare que no formulará objeciones al Reglamento Delegado,

–  Vista la carta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural al presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, 19 de marzo de 2024,

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013(1), y en particular su artículo 13, apartado 3, y su artículo 152, apartado 6,

–  Visto el artículo 111, apartado 6, de su Reglamento interno,

–  Vista la Recomendación de Decisión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

A.  Considerando que los Estados miembros vienen aplicando desde el 1 de enero de 2023 sus planes estratégicos de la PAC, incluida la obligación de mantener una proporción de pastos permanentes en comparación con la superficie agrícola, tal como se establece como parte de la norma 1 en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra (BCAM) en el anexo III del Reglamento (UE) 2021/2115;

B.  Considerando que la experiencia adquirida desde el inicio de la aplicación de la norma 1 de las BCAM muestra que estas normas deben modificarse a fin de no imponer una carga desproporcionada a los agricultores cuando los cambios estructurales en los sistemas de explotación de los Estados miembros causados por una reorientación del mercado, como el paso de las explotaciones ganaderas a las tierras de cultivo con la consiguiente reducción de la producción ganadera, repercutan sustancialmente en la capacidad de los agricultores para establecer pastos permanentes manteniendo su viabilidad;

C.  Considerando que, en determinadas situaciones, los Estados miembros pueden tener que imponer a los beneficiarios la obligación de reconvertir superficies en pastos permanentes o de establecer superficies de pastos permanentes, aunque la disminución de la proporción anual se deba a fluctuaciones en las superficies declaradas;

D.  Considerando que, en algunas circunstancias, las superficies de pastos permanentes se registren en el sistema de identificación de parcelas agrícolas, pero no se declaren para pagos directos por parte de los agricultores en un año determinado o que la superficie agrícola total haya aumentado debido a las declaraciones adicionales de los agricultores;

E.  Considerando que, en tales situaciones, cuando la disminución de la proporción anual más allá del umbral del 5 % establecido en el anexo III del Reglamento (UE) 2021/2115 no se derive de la conversión de superficies de pastos permanentes a otros usos agrícolas, podría resultar desproporcionado imponer a los agricultores la obligación de establecer superficies adicionales de pastos permanentes;

F.  Considerando que es necesario permitir un cierto grado de flexibilidad al tiempo que se garantiza el cumplimiento del objetivo principal de la norma 1 de las BCAM, a saber, contar con una salvaguardia general contra la conversión a otros usos agrícolas para preservar las reservas de carbono, y el respeto de la reducción máxima de la proporción establecida en el anexo III del Reglamento (UE) 2021/2115;

G.  Considerando que, por consiguiente, procede modificar el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2022/126(2), que establece normas sobre la proporción relativa a la norma 1 de la BCAM;

1.  Declara que no presentará objeciones al Reglamento Delegado;

2.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 435 de 6.12.2021, p. 1. (2) Reglamento Delegado (UE) 2022/126 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2021 por el que se completa el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos adicionales para determinados tipos de intervención especificados por los Estados miembros en sus planes estratégicos de la PAC para el período 2023-2027 en virtud de dicho Reglamento, y a las normas sobre la proporción relativa a la norma 1 de las buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM)(DO L 20 de 31.1.2022, p. 52).

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2024, sobre el Reglamento Delegado de la Comisión, de 14 de marzo de 2024, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 con el fin de incluir a Kenia y Namibia en el cuadro del punto I del anexo y de suprimir a Barbados, los Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar, Panamá y Uganda de dicho cuadro (C(2024)1754) – 2024/2688(DEA))

P9_TA(2024)0291 B9-0222/2024

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2016)07495),

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE(1) de la Comisión, en particular sus artículos 9, apartado 2, y 64, apartado 5,

–  Visto el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas(2), en particular su anexo,

–  Vista la propuesta de resolución de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

–  Visto el artículo 111, apartado 3, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2016/1675, su anexo y el Reglamento Delegado de modificación de la Comisión, de 14 de marzo de 2024, identifican a los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en lo que se refiere a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que representan una amenaza para el sistema financiero de la Unión y a los que deben aplicarse medidas de diligencia debida con respecto al cliente reforzadas en las entidades de la Unión obligadas con arreglo a la Directiva (UE) 2015/849;

B.  Considerando que, de conformidad con la metodología de 2020 para la identificación de terceros países de alto riesgo con arreglo a la Directiva (UE) 2015/849, establecida en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 7 de mayo de 2020 (la metodología de 2020), la Comisión puede basarse en gran medida en las evaluaciones de terceros países llevadas a cabo por organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ya que la evaluación del GAFI sigue el debido proceso basado en criterios objetivos y en los umbrales específicos para la identificación de países que presentan deficiencias estratégicas muy importantes y profundas; que, en principio, cualquier tercer país que represente un riesgo para el sistema financiero internacional, según lo identificado por el GAFI, se supone que representa un riesgo para el mercado interior;

C.  Considerando, no obstante, que la evaluación de la Comisión es un proceso autónomo que debe llevarse a cabo de manera exhaustiva e imparcial, evaluando a todos los terceros países a partir de los mismos criterios definidos en el artículo 9, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/849;

D.  Considerando que el Parlamento espera que la Comisión lleve a cabo su propia evaluación atendiendo a las vulnerabilidades específicas del mercado interior y que no se base únicamente en las evaluaciones realizadas por el GAFI;

E.  Considerando que, con arreglo a la metodología de 2020, una vez que un tercer país es excluido de la lista por el GAFI, ese tercer país se mantiene en la lista de la Unión de terceros países de alto riesgo hasta que se determine que cumple los criterios de la Unión para su retirada; que este proceso autónomo implica que la supresión de la lista por parte de la Unión implica garantías concretas de que ese tercer país ya no plantea un riesgo elevado para la integridad del mercado interior de la Unión en particular; que la exhaustividad de la evaluación de la Comisión debe ser acorde con las deficiencias detectadas, por una parte, y, en particular, con el grado de exposición del mercado interior al tercer país, por otra;

F.  Considerando que los Emiratos Árabes Unidos (AE) son un importante centro financiero y comercial mundial que, debido a su posición geográfica y a una economía basada en los servicios que atrae importantes inversiones comerciales y extranjeras, plantea riesgos significativos; que los AE son un socio económico cada vez más importante para la Unión, ya que es el principal socio de exportación e inversión de la Unión en la región de Oriente Medio y el norte de África; que los AE también constituyen un importante centro regional de comercio y logística para los operadores de la Unión; que el volumen del comercio bilateral entre la Unión y los AE en 2022 alcanzó los 49 000 millones EUR, lo que representa un aumento anual del 27 % y convierte a la Unión en el segundo mayor socio comercial de los Emiratos Árabes Unidos después de China; que la inversión extranjera directa bilateral combinada aumentó a 277 000 millones EUR en 2021 (última cifra disponible), lo que convierte a la Unión en el mayor inversor en los Emiratos Árabes Unidos por un margen significativo;

G.  Considerando que, el 23 de febrero de 2024, el GAFI retiró a los AE de su lista de países sometidos a un seguimiento reforzado, alegando avances significativos por parte de los AE en la mejora de su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; que el GAFI destaca el creciente intercambio de información de los AE, una mejor comprensión de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, los avances en el cumplimiento de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y el aumento de la transmisión de denuncias e investigaciones de sospechas, entre otros aspectos;

H.  Considerando que, el 14 de marzo de 2024, la Comisión adoptó un Reglamento Delegado por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 con el fin de incluir a Kenia y Namibia en el cuadro del punto I del anexo y de suprimir a Barbados, los Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar, Panamá y Uganda de dicho cuadro;

I.  Considerando que el Parlamento estima que la lista de criterios establecida en el artículo 9, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/849 no es exhaustiva («en particular») y que los delitos subyacentes al blanqueo de capitales, como la elusión de sanciones, pueden estar comprendidos en estos criterios y deben tenerse debidamente en cuenta en el proceso de evaluación autónomo de la Comisión;

J.  Considerando que existen pruebas importantes y recientes que sugieren que los AE, Gibraltar y Panamá carecen de esfuerzos para abordar o incluso facilitar la elusión de las sanciones impuestas a Rusia, incluidas sanciones financieras específicas contra personas físicas, como respuesta a la guerra de agresión rusa contra Ucrania; que esos países pueden actuar como plataformas para eludir las sanciones para las entidades de la Unión, directa o indirectamente, socavando así los esfuerzos de la Unión por detener la máquina bélica rusa;

K.  Considerando que el Tesoro de los Estados Unidos de América, mediante el Decreto n.º 14024, de 12 de diciembre de 2023, impuso sanciones a entidades establecidas en los AE por el envío de tecnología, equipos e insumos a Rusia;

L.  Considerando que existen indicios creíbles de que los AE desempeñan un papel importante en los sistemas de efectivo por oro que proporcionan a Rusia millones de billetes en dólares estadounidenses y en euros, a pesar de que esas exportaciones de billetes están prohibidas en virtud del Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo;

M.  Considerando que se sospecha que Panamá facilita la evasión del límite máximo de petróleo ruso impuesto por el G-7, como advirtieron los Estados Unidos de América, el Reino Unido y la Comisión en una carta de diciembre de 2023;

N.  Considerando que aún no se ha celebrado el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido relativo a la colonia de Gibraltar después del Brexit; que el acuerdo se encuentra actualmente en fase de desarrollo y que no se ha divulgado ningún contenido;

O.  Considerando que la conclusión del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido relativo a la colonia de Gibraltar es fundamental no solo en razón de las repercusiones socioeconómicas para la región, sino también en aras de la estabilidad y la buena gobernanza de una puerta exterior vulnerable de la Unión Europea a un tercer país;

P.  Considerando que Gibraltar ocupa el tercer lugar mundial en PIB per cápita, a pesar de que su población no pasa de 32 000 habitantes y de que carece de recursos naturales; que esta posición privilegiada se deriva de la venta de productos sujetos a impuestos europeos sobre el alcohol, el tabaco y los derivados del petróleo, de los juegos de azar en línea, que en otra época atraían a una cuarta parte del mercado mundial, y de las actividades de las sociedades residentes exentas del impuesto sobre la renta por los beneficios derivados de actividades realizadas fuera de su territorio;

Q.  Considerando que la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales así como la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales es una prioridad de la Unión Europea; que redunda en interés de la Unión Europea aplicar fielmente su legislación, en particular en ámbitos como la fiscalidad, la justicia, los asuntos internos, la pesca y la aviación;

R.  Considerando que, según el informe final S/2024/65, de 15 de enero de 2024, del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Sudán, una serie de entidades con sede en los AE desempeñan un papel en el blanqueo de los ingresos procedentes de zonas de conflicto, como las minas de oro de Sudán; y que estas actividades pueden contravenir las sanciones de la Unión contra entidades sudanesas previstas en el Reglamento (UE) 2023/2147 del Consejo relativo a la adopción de medidas restrictivas motivadas por actividades que menoscaban la estabilidad y la transición política de Sudán;

S.  Considerando que el informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Sudán revela que entidades con sede en los AE están implicadas en el suministro de armas a entidades sudanesas vinculadas a las Fuerzas de Apoyo Rápido, en violación del embargo de armas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/384 del Consejo;

T.  Considerando que, a pesar de la reevaluación del GAFI, organizaciones de la sociedad civil creíbles han puesto de relieve recientemente las deficiencias pendientes en el marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de los AE y la falta de un compromiso genuino para abordar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos financieros;

U.  Considerando que las organizaciones de la sociedad civil han criticado, en particular, que los AE siguen figurando entre los mayores proveedores de secreto financiero del mundo y han expresado su preocupación por el bajo número de investigaciones y enjuiciamientos relacionados con delitos financieros, teniendo en cuenta el perfil de riesgo de los AE y a pesar de los escándalos de alto perfil en los que participan, en especial, personas del medio político; que esas organizaciones también expresaron su preocupación por el bajo historial de los AE en materia de cooperación interna e intercambio de información pertinente para luchar contra la delincuencia financiera transnacional;

V.  Considerando que, teniendo en cuenta los elementos expuestos anteriormente, las mejoras en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en los AE son innegables y muy bienvenidas; que, sin embargo, la exclusión de los AE de la lista de la Unión de terceros países de alto riesgo puede no garantizar adecuadamente la protección de la integridad del sistema financiero de la Unión, dada la elevada exposición del mercado interior a los AE como centro financiero y de negociación; que es necesaria una evaluación más exhaustiva de los riesgos y las reformas eficaces llevadas a cabo por los AE antes de retirar al país de la lista;

1.  Formula objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión;

2.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución a la Comisión y le informe de que el Reglamento Delegado no puede entrar en vigor;

3.  Pide a la Comisión que presente un nuevo acto delegado que tenga en cuenta las reservas mencionadas;

4.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 141 de 5.6.2015, p. 73. (2) DO L 254 de 20.9.2016, p. 1.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de gigabit y se deroga la Directiva 2014/61/UE (Ley de la Infraestructura de Gigabit) (COM(2023)0094 – C9-0028/2023 – 2023/0046(COD))

P9_TA(2024)0292 A9-0275/2023

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2023)0094),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0028/2023),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen motivado presentado por la Cámara de Diputados de Italia, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Vista la opinión del Comité Económico y Social Europeo de 12 de julio de 2023(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 16 de febrero de 2024, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A9-0275/2023),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de abril de 2024 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de gigabit, se modifica el Reglamento (UE) 2015/2120 y se deroga la Directiva 2014/61/UE (Reglamento de la Infraestructura de Gigabit)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2024/1309.)

(1) DO C 349 de 29.9.2023, p. 116.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la remisión de procesos en materia penal (COM(2023)0185 – C9-0128/2023 – 2023/0093(COD))	P9_TA(2024)0293 A9-0008/2024
CORRECCIONES DE ERRORES COR02

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2023)0185),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 82, apartado 1, párrafo segundo, letras b) y d), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0128/2023),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 20 de septiembre de 2023(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 20 de marzo de 2024, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0008/2024),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de abril de 2024 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la remisión de causas en materia penal

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2024/3011.)

(1) DO C, C/2023/869, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/869/oj.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2024, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de las empresas de seguros o reaseguros, y por la que se modifican las Directivas 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE y (UE) 2017/1132 y los Reglamentos (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 648/2012 (COM(2021)0582 – C9-0365/2021 – 2021/0296(COD))

P9_TA(2024)0294 A9-0251/2023

CORRECCIONES DE ERRORES COR01

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2021)0582),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0365/2021),

–  Vistos el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 23 de febrero de 2022(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 24 de enero de 2024, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9‑0251/2023),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de abril de 2024 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2025/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de las empresas de seguros y reaseguros, y por la que se modifican las Directivas 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE y (UE) 2017/1132 y los Reglamentos (UE) n.º 1094/2010, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 806/2014 y (UE) 2017/1129

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Directiva (UE) 2025/1.)

(1) DO C 275 de 18.7.2022, p. 45.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2024, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/138/CE en lo que respecta a la proporcionalidad, la calidad de la supervisión, la presentación de información, las medidas de garantía a largo plazo, los instrumentos macroprudenciales, los riesgos de sostenibilidad y la supervisión de grupo y transfronteriza (COM(2021)0581 – C9-0367/2021 – 2021/0295(COD))

P9_TA(2024)0295 A9-0256/2023

CORRECCIONES DE ERRORES COR01

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2021)0581),

–  Vistos los artículos 294, apartado 2, 53, apartado 1, y 62, apartado 114, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0367/2021),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 23 de febrero de 2022(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 24 de enero de 2024, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9‑0256/2023),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de abril de 2024 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2025/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/138/CE en lo que respecta a la proporcionalidad, la calidad de la supervisión, la presentación de información, las medidas de garantía a largo plazo, los instrumentos macroprudenciales, los riesgos de sostenibilidad y la supervisión de grupo y transfronteriza, y se modifican las Directivas 2002/87/CE y 2013/34/UE

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Directiva (UE) 2025/2.)

(1) DO C 275 de 18.7.2022, p. 45.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (COM(2022)0748 – C9-0433/2022 – 2022/0432(COD))	P9_TA(2024)0296 A9-0271/2023
CORRECCIONES DE ERRORES COR01

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2022)0748),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0433/2022),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 27 de abril de 2023(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 22 de diciembre de 2023, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A9-0271/2023),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(2);

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de abril de 2024 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2024/2865.)

(1) DO C 228 de 29.6.2023, p. 121. (2) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 4 de octubre de 2023 (Textos Aprobados, P9_TA(2023)0340.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2024, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios de pago y los servicios de dinero electrónico en el mercado interior y por la que se modifica la Directiva 98/26/CE y se derogan las Directivas (UE) 2015/2366 y 2009/110/CE (COM(2023)0366 – C9-0218/2023 – 2023/0209(COD))

P9_TA(2024)0297 A9-0046/2024

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2023)0366),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 53 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0218/2023),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 14 de diciembre de 2023(1),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0046/2024),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de abril de 2024 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios de pago y los servicios de dinero electrónico en el mercado interior y por la que se modifica la Directiva 98/26/CE y se derogan las Directivas (UE) 2015/2366 y 2009/110/CE(2)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 53 y 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(4),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)  Desde la adopción de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo(5), el mercado de servicios de pagos minoristas ha experimentado cambios significativos relacionados en gran medida con la creciente utilización de tarjetas y otros medios de pago digitales, la disminución del uso de efectivo y la presencia cada vez mayor de nuevos agentes y servicios, como las carteras digitales y los pagos sin contacto. La pandemia de COVID-19 y los cambios que ha producido en las prácticas de consumo y pago han aumentado la importancia de contar con pagos digitales seguros y eficientes.

(2)  La Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia de Pagos Minoristas para la UE(6) anunció la puesta en marcha de una revisión exhaustiva de la aplicación y las repercusiones de la Directiva (UE) 2015/2366, «que debe incluir una evaluación global de si, habida cuenta de la evolución del mercado, la Directiva sigue siendo adecuada para su finalidad».

(3)  La Directiva (UE) 2015/2366 tenía por objeto eliminar los obstáculos a los nuevos tipos de servicios de pago y mejorar el nivel de protección y seguridad de los consumidores. La evaluación del impacto y la aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 realizada por la Comisión puso de manifiesto que dicha Directiva ha funcionado muy satisfactoriamente con respecto a muchos de sus objetivos, pero también detectó algunos ámbitos en los que no se han alcanzado plenamente los objetivos. En particular, la evaluación detectó problemas relacionados con la aplicación y el cumplimiento divergentes de la Directiva (UE) 2015/2366, que han afectado directamente a la competencia entre los proveedores de servicios de pago, al dar lugar a condiciones regulatorias diferentes en los Estados miembros debido a una interpretación diferente de las normas, lo que ha fomentado el arbitraje regulador.

(4)  No debe haber margen para la práctica de buscar un foro de conveniencia según la cual los proveedores de servicios de pago eligen, como país de origen, aquellos Estados miembros en los que la aplicación de las normas de la Unión sobre servicios de pago les resulte más ventajosa y prestan servicios transfronterizos en otros Estados miembros que interpreten de forma más estricta dichas normas o apliquen políticas de ejecución más activas a los proveedores de servicios de pago establecidos en ellos. Esta práctica falsea la competencia. Las normas de la Unión sobre servicios de pago deben armonizarse incorporando en un Reglamento las normas que regulan la conducta de los proveedores de servicios de pago y separándolas de las normas sobre autorización y supervisión de las entidades de pago, que deben regirse por la presente Directiva (tercera Directiva sobre servicios de pago), y no seguir rigiéndose por la Directiva actualmente en vigor (segunda Directiva sobre servicios de pago).

(5)  Aunque la emisión de dinero electrónico está regulada por la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(7), su utilización para financiar operaciones de pago está regulada en gran medida por la Directiva (UE) 2015/2366. Por consiguiente, el marco jurídico aplicable a las entidades de dinero electrónico y a las entidades de pago, en particular en lo que se refiere a las normas de conducta, ya está sustancialmente armonizado. A lo largo de los años, las autoridades competentes encargadas de la autorización y supervisión de las entidades de pago y de las entidades de dinero electrónico han experimentado dificultades prácticas para delimitar claramente los dos regímenes y distinguir los productos y servicios de dinero electrónico de los servicios de pago y de dinero electrónico que prestan las entidades de pago. Esto ha generado inquietudes en torno al arbitraje regulador y las condiciones de competencia desiguales, así como problemas relacionados con la elusión de los requisitos de la Directiva 2009/110/CE cuando las entidades de pago que emiten dinero electrónico aprovechan las similitudes entre los servicios de pago y los servicios de dinero electrónico y solicitan autorización como entidad de pago. Es conveniente, por lo tanto, que el régimen de autorización y supervisión aplicable a las entidades de dinero electrónico se ajuste en mayor medida al régimen aplicable a las entidades de pago. No obstante, los requisitos de autorización, en particular el capital inicial y los fondos propios, y algunos conceptos básicos clave que rigen las actividades relacionadas con el dinero electrónico, como la emisión, la distribución y el reembolso de dinero electrónico, son distintos de los servicios prestados por las entidades de pago. Procede, por tanto, preservar estas especificidades al combinar las disposiciones de las Directivas (UE) 2015/2366 y 2009/110/CE.

(6)  Como se pone de manifiesto en la revisión realizada por la Comisión y dada la evolución de los respectivos mercados, empresas y riesgos asociados a las actividades, es necesario actualizar el régimen prudencial aplicable a las entidades de pago, incluidas las que emiten dinero electrónico y prestan servicios de dinero electrónico, exigiendo una licencia única para los proveedores de servicios de pago y de servicios de dinero electrónico que no acepten depósitos. Dado que el Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo(8) establece en su artículo 48, apartado 2, que las fichas de dinero electrónico se considerarán dinero electrónico, el régimen de licencias para las entidades de pago, que sustituirán a las entidades de dinero electrónico, debe aplicarse también a los emisores de fichas de dinero electrónico. El régimen prudencial aplicable a las entidades de pago debe basarse en una autorización, sujeta a una serie de condiciones estrictas y exhaustivas, que se concede a las personas jurídicas que ofrezcan servicios de pago cuando no acepten depósitos. Dicho régimen debe garantizar que se apliquen a la actividad de prestación de servicios de pago las mismas condiciones en toda la Unión.

(7)  Es conveniente disociar el servicio de permitir la retirada de efectivo de una cuenta de pago de la actividad de gestión de una cuenta de pago, ya que es posible que los proveedores de servicios de retirada de efectivo no gestionen cuentas de pago. Los servicios de emisión de instrumentos de pago y de adquisición de operaciones de pago, que se enumeraron conjuntamente en el punto 5 del anexo de la Directiva (UE) 2015/2366 como si uno no pudiera ofrecerse sin el otro, deben figurar como dos servicios de pago diferentes. La enumeración de los servicios de emisión y adquisición por separado, junto con definiciones distintas de cada servicio, aclarará que los proveedores de servicios de pago pueden ofrecer servicios de emisión y adquisición por separado.

(8)  Teniendo en cuenta la rápida evolución del mercado de pagos minoristas y la constante nueva oferta de servicios y soluciones de pago, es conveniente adaptar a la realidad del mercado algunas de las definiciones de la Directiva (UE) 2015/2366, como la definición de cuenta de pago, fondos e instrumento de pago, a fin de garantizar que la legislación de la Unión siga siendo adecuada para los fines previstos y tecnológicamente neutra.

(9)  Habida cuenta de las opiniones divergentes señaladas por la Comisión en su revisión de la aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 y puestas de relieve por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en su dictamen, de 23 de junio de 2022, sobre la revisión de la Directiva (UE) 2015/2366, es preciso aclarar la definición de cuentas de pago. El criterio determinante para la clasificación de una cuenta como cuenta de pago radica en la capacidad de efectuar operaciones de pago diarias a través de dicha cuenta. La posibilidad de efectuar operaciones de pago a un tercero a través de una cuenta o de beneficiarse de tales operaciones efectuadas por un tercero es la característica que define el concepto de cuenta de pago. Por consiguiente, una cuenta de pago debe definirse como una cuenta que se utiliza para el envío de fondos a terceros o la recepción de fondos de terceros. Toda cuenta que posea esas características debe considerarse una cuenta de pago y debe accederse a ella para la prestación de servicios de iniciación de pagos e información sobre cuentas. Las situaciones en las que se necesita otra cuenta intermediaria para ejecutar operaciones de pago de o a terceros no deben incluirse en la definición de cuenta de pago. Las cuentas de ahorro no se utilizan para enviar fondos a terceros o recibir fondos de terceros, por lo que quedan excluidas de la definición de cuenta de pago.

(10)  Habida cuenta de la aparición de nuevos tipos de instrumentos de pago, de la evolución de las soluciones tecnológicas que hacen posibles dichos instrumentos y de las incertidumbres imperantes en el mercado en cuanto a su calificación jurídica, debe especificarse en mayor medida la definición de «instrumento de pago» en cuanto a qué constituye o no un instrumento de pago, teniendo en cuenta el principio de neutralidad tecnológica.

(11)  A pesar de que la comunicación de campo próximo (NFC) permite iniciar una operación de pago, considerarla un «instrumento de pago» propiamente dicho plantearía algunos problemas, en particular, para la aplicación de una autenticación reforzada de cliente para los pagos sin contacto en el punto de venta y del régimen de responsabilidad del proveedor de servicios de pago. Por lo tanto, la NFC debe considerarse una funcionalidad de un instrumento de pago y no un instrumento de pago como tal.

(12)  La definición de «instrumento de pago» recogida en la Directiva (UE) 2015/2366 hacía referencia a un «dispositivo personalizado». Dado que existen tarjetas de prepago en las que el nombre del titular del instrumento no está impreso, esto podría dejar dichas tarjetas fuera del ámbito de la definición de instrumento de pago. Por consiguiente, la definición de «instrumento de pago» debe modificarse para referirse a dispositivos «individualizados», en lugar de dispositivos «personalizados», especificando que las tarjetas de prepago en las que el nombre del titular del instrumento no está impreso son instrumentos de pago. Una cuenta técnica que solo se utiliza para reembolsar una línea de crédito concedida exclusivamente en relación con una operación de pago tampoco debe incluirse en la definición de cuenta de pago.

(13)  Las denominadas carteras digitales «pass-through», que implican la toquenización de un instrumento de pago existente, incluida una tarjeta de pago, deben considerarse servicios técnicos y, por tanto, quedar excluidas de la definición de instrumento de pago, pues una ficha no puede considerarse en sí misma un instrumento de pago, sino una aplicación de pago en el sentido del artículo 2, punto 21, del Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo(9). Sin embargo, otras categorías de carteras digitales, a saber, las carteras electrónicas de prepago, como las carteras digitales «staged», en las que los usuarios pueden almacenar dinero para futuras transacciones en línea, deben considerarse un instrumento de pago y su emisión como un servicio de pago.

(14)  El envío de dinero constituye un servicio de pago que se basa, por lo general, en la entrega de efectivo sin crear ninguna cuenta de pago a nombre del ordenante o del beneficiario, realizada por un ordenante a un proveedor de servicios de pago que transfiere el importe correspondiente a un beneficiario o a otro proveedor de servicios de pago que actúe por cuenta del beneficiario. En algunos Estados miembros existen supermercados, comerciantes y otros minoristas que prestan al público un servicio que les permite pagar las facturas de servicios de utilidad pública y otras facturas domésticas periódicas. Por lo tanto, estos servicios de pago de facturas deben considerarse servicios de envío de dinero.

(15)  La definición de fondos debe abarcar todas las formas de dinero de los bancos centrales emitidas para uso minorista, incluidos los billetes y monedas, y cualquier posible moneda digital futura de los bancos centrales, dinero electrónico y dinero de bancos comerciales. No debe incluirse en la definición el dinero de los bancos centrales emitido para su uso entre el banco central y los bancos comerciales, es decir, para uso mayorista.

(16)  El Reglamento (UE) 2023/1114, de 31 de mayo de 2023, establece que las fichas de dinero electrónico se considerarán dinero electrónico. Por consiguiente, las fichas de dinero electrónico deben incluirse, como dinero electrónico, en la definición de fondos.

(17)  La evaluación de la aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 no puso de manifiesto la necesidad clara de modificar sustancialmente las condiciones para la concesión y el mantenimiento de la autorización como entidades de pago o entidades de dinero electrónico prescritas, respectivamente, en las Directivas 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(10) y (UE) 2015/2366, por una parte, y en la Directiva 2009/110/CE, por otra. Estas condiciones siguen incluyendo requisitos prudenciales proporcionales a los riesgos operativos y financieros a los que se enfrentan las entidades de pago, incluidas las entidades que emiten dinero electrónico y prestan servicios de dinero electrónico en el ejercicio de sus actividades. Procede añadir a la documentación requerida en apoyo de una solicitud de autorización como entidad de pago un plan de liquidación en caso de quiebra, proporcional al modelo de negocio de la futura entidad de pago. Dicho plan de liquidación debe ser adecuado para apoyar una liquidación ordenada de las actividades con arreglo a la legislación nacional aplicable, incluida la continuidad o recuperación de cualquier actividad crítica realizada por proveedores de servicios, agentes o distribuidores que lleven a cabo actividades externalizadas. Para evitar que se conceda una autorización para servicios que la entidad de pago no presta en la práctica, es preciso especificar que una entidad de pago no debe estar obligada a obtener una autorización para los servicios de pago que no tenga intención de prestar.

(18)  La evaluación inter pares de la ABE sobre la autorización con arreglo a la Directiva (UE) 2015/2366(11), publicada en enero de 2023, concluyó que las deficiencias en el proceso de autorización han dado lugar a una situación en la que los solicitantes están sujetos a diferentes expectativas de supervisión en lo que respecta a los requisitos para la autorización como entidad de pago o entidad de dinero electrónico en la Unión y que, en ocasiones, el proceso de concesión de una autorización puede llevar un tiempo excesivamente largo. A fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas y un proceso armonizado para la concesión de una autorización a las empresas que soliciten una licencia de entidad de pago, procede imponer a las autoridades competentes un plazo de dos meses para que el proceso de autorización concluya, tras la recepción de toda la información necesaria para adoptar una decisión.

(19)  A fin de garantizar una mayor coherencia en el proceso de solicitud de las entidades de pago, es conveniente encargar a la ABE que elabore proyectos de normas técnicas de regulación sobre la autorización, en particular sobre la información que debe facilitarse a las autoridades competentes en la solicitud de autorización de las entidades de pago, una metodología común de evaluación para conceder la autorización o el registro, qué garantía se consideraría comparable al seguro de responsabilidad civil profesional y los criterios que deben utilizarse para estipular el importe mínimo de dicho seguro o una garantía comparable. La ABE debe tener en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación de sus directrices sobre la información que los proveedores de servicios de pago que solicitan una autorización o registro deben facilitar a las autoridades nacionales competentes y de sus directrices sobre la aplicación de los criterios utilizados para especificar el importe mínimo del seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía comparable.

(20)  El marco prudencial aplicable a las entidades de pago debe seguir basándose en la premisa de que dichas entidades tienen prohibido aceptar depósitos de usuarios de servicios de pago y solo están autorizadas a utilizar los fondos recibidos de dichos usuarios para prestar servicios de pago. Por consiguiente, es conveniente que los requisitos prudenciales aplicables a las entidades de pago reflejen el hecho de que ejercen actividades más especializadas y limitadas que las entidades de crédito y que, por lo tanto, generan riesgos más limitados y de más fácil supervisión y control que los que se plantean en toda la gama más amplia de actividades propias de las entidades de crédito.

(21)  Al examinar las solicitudes de autorización como entidad de pago, las autoridades competentes deben prestar especial atención al plan de gobernanza presentado como parte de dicha solicitud. Las entidades de pago deben abordar el efecto potencialmente perjudicial de unos mecanismos de gobernanza mal diseñados en la buena gestión del riesgo aplicando una cultura de riesgo sólida a todos los niveles. Las autoridades competentes deben supervisar si los mecanismos de gobernanza interna son adecuados. Es conveniente que la ABE adopte directrices sobre los mecanismos de gobernanza interna, teniendo en cuenta las diferencias de tamaño y modelos de negocio entre las entidades de pago y respetando el principio de proporcionalidad.

(22)  Si bien los requisitos de autorización establecen normas específicas sobre las medidas de control de la seguridad y mitigación de los riesgos que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deben aplicar para obtener una autorización para prestar servicios de pago, dichos requisitos deben ajustarse a los del Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo(12).

(23)  Los proveedores de servicios de iniciación de pagos y los proveedores de servicios de información sobre cuentas no tienen en su poder fondos de sus clientes cuando prestan dichos servicios. Por consiguiente, sería desproporcionado imponer requisitos de fondos propios a estos agentes del mercado. No obstante, es importante garantizar que dichos proveedores puedan hacer frente a las responsabilidades relacionadas con sus actividades. A fin de garantizar una cobertura adecuada de los riesgos asociados a los servicios de iniciación de pagos o de información sobre cuentas, procede exigir a las entidades de pago que ofrezcan estos servicios que dispongan de un seguro de responsabilidad civil profesional o de una garantía comparable, y que especifiquen con más detalle qué riesgos deben cubrirse, a la luz de las disposiciones sobre responsabilidad incluidas en el Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago]. Habida cuenta de las dificultades que han experimentado los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos para contratar un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra los riesgos relacionados con su actividad, conviene prever la posibilidad de que estas entidades opten por mantener un capital inicial de 50 000 EUR como alternativa a dicho seguro, únicamente en la fase de autorización o registro. Esta flexibilidad para los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos en la fase de autorización o registro debe entenderse sin perjuicio de la obligación de dichos proveedores de suscribir un seguro de responsabilidad civil profesional sin demora injustificada una vez obtenida la licencia o registro.

(24)  Para hacer frente a los riesgos de adquisición de una participación cualificada de una entidad de pago en el sentido del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(13), procede exigir la notificación de la adquisición a la autoridad competente pertinente.

(25)  Para hacer frente a los riesgos que plantean sus actividades, las entidades de pago deben disponer de suficiente capital inicial combinado con fondos propios. Teniendo en cuenta la posibilidad de que las entidades de pago realicen la amplia gama de actividades cubiertas por la presente Directiva, procede ajustar el nivel de capital inicial vinculado a los distintos servicios a la naturaleza y los riesgos asociados a dichos servicios.

(26)  Teniendo en cuenta que los requisitos iniciales aplicables a las entidades de pago no se han adaptado desde la adopción de la Directiva 2007/64/CE, procede ajustar estos requisitos a la inflación. No obstante, teniendo en cuenta que los requisitos de capital aplicables a las entidades de pago que prestan únicamente servicios de iniciación de pagos solo se han aplicado desde la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2015/2366, y que no se han encontrado pruebas de que sean inadecuados, estos requisitos no deben modificarse.

(27)  La gran variedad de modelos de negocio en el sector de los pagos minoristas justifica la posibilidad de aplicar métodos distintos para el cálculo de los fondos propios, que, no obstante, no pueden situarse por debajo del nivel del capital inicial pertinente.

(28)  La presente Directiva persigue el mismo enfoque que la Directiva (UE) 2015/2366, que permitía utilizar varios métodos para calcular los requisitos combinados de fondos propios con un cierto grado de discrecionalidad en el ejercicio de la supervisión, a fin de garantizar que, a igualdad de riesgo, reciban el mismo trato todos los proveedores de servicios de pago. El método de cálculo de fondos propios más adecuado y el que más se usa para la mayoría de los modelos de negocio consiste en utilizar el volumen de pagos de la entidad de pago del año anterior para calcular sus requisitos de fondos propios. Por estas razones, y para mejorar la coherencia y garantizar la igualdad de condiciones, procede exigir a las autoridades nacionales competentes que prescriban la utilización de dicho método. No obstante, las autoridades nacionales competentes deben poder desviarse de este principio y exigir a las entidades de pago que apliquen otros métodos a modelos de negocio que den lugar a operaciones de escaso volumen pero de alto valor. A fin de garantizar la seguridad jurídica y la máxima claridad con respecto a dichos modelos de negocio, conviene encargar a la ABE que elabore proyectos de normas técnicas de regulación.

(29)  No obstante el objetivo de armonizar los requisitos prudenciales de las entidades de pago que prestan servicios de pago y servicios de dinero electrónico, conviene tener en cuenta la especificidad de la actividad de emisión de dinero electrónico y de prestación de servicios de dinero electrónico, y permitir que las entidades de pago que emitan dinero electrónico y presten servicios de dinero electrónico apliquen un método más adecuado para calcular sus requisitos de fondos propios.

(30)  Cuando la misma entidad de pago efectúe una operación de pago tanto para el ordenante como para el beneficiario y se ofrezca al ordenante una línea de crédito, resulta conveniente salvaguardar los fondos destinados al beneficiario una vez que representen el crédito de este ante la entidad de pago.

(31)  Dadas las dificultades que experimentan las entidades de pago para abrir y mantener cuentas de pago en entidades de crédito, es preciso prever una opción adicional para salvaguardar los fondos de los usuarios, a saber, la posibilidad de mantener dichos fondos en un banco central, sin perjuicio, no obstante, de la posibilidad de que un banco central no ofrezca esa opción, sobre la base de su legislación orgánica. La denegación de esta opción por parte de un banco central deberá justificarse debidamente ante la entidad de pago pertinente. Teniendo en cuenta la necesidad de proteger los fondos de los usuarios y de evitar que dichos fondos se utilicen para fines distintos de la prestación de servicios de pago o servicios de dinero electrónico, procede exigir que los fondos del usuario de servicios de pago se mantengan separados de los fondos propios de la entidad de pago. A fin de garantizar la igualdad de condiciones entre las entidades de pago que prestan servicios de pago y las que emiten dinero electrónico y prestan servicios de dinero electrónico, conviene armonizar en la medida de lo posible los regímenes aplicables a la protección de los fondos de los usuarios, preservando al mismo tiempo las especificidades del dinero electrónico. El riesgo de concentración es un riesgo significativo al que se enfrentan las entidades de pago, en particular cuando los fondos se protegen en una única entidad de crédito. Por consiguiente, es importante garantizar que las entidades de pago eviten en la medida de lo posible el riesgo de concentración. Por este motivo, debe darse instrucciones a la ABE para que elabore normas técnicas de regulación sobre la prevención de riesgos asociados a la protección de los fondos de los clientes.

(31 bis)  Podría ocurrir que una entidad de crédito se niegue a abrir y mantener una cuenta para una entidad de pago, lo cual sería contrario al objetivo de diversificación del riesgo para las entidades de pago. Por consiguiente, cuando una entidad de crédito se niegue a abrir la cuenta de una entidad de pago o decida cancelarla, se le debe exigir que proporcione a dicha entidad de pago una respuesta y un razonamiento debidamente justificados.

(32)  Las entidades de pago deben tener la posibilidad de llevar a cabo otras actividades distintas de las cubiertas por la presente Directiva, entre ellas, la prestación de servicios operativos o servicios auxiliares estrechamente relacionados y la gestión de sistemas de pago u otras actividades empresariales reguladas por el Derecho de la Unión y los Derechos nacionales aplicables.

(33)  Dados los mayores riesgos de la actividad de recepción de depósitos, es conveniente prohibir que las entidades de pago que ofrecen servicios de pago acepten depósitos de los usuarios y exigirles que utilicen únicamente los fondos recibidos de los usuarios para la prestación de servicios de pago. Los fondos que las entidades de pago que ofrecen servicios de dinero electrónico reciben de los usuarios de servicios de pago no deben constituir depósitos u otros fondos reembolsables procedentes de particulares en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(14).

(34)  A fin de limitar el riesgo de que las cuentas de pago se utilicen para fines distintos de la ejecución de operaciones de pago, conviene especificar que, cuando se dediquen a la prestación de uno o varios servicios de pago o servicios de dinero electrónico, las entidades de pago deben mantener en todo momento cuentas de pago que se utilicen exclusivamente para realizar operaciones de pago.

(35)  Las entidades de pago deben poder conceder créditos, pero esta actividad debe estar sujeta a unas condiciones estrictas. Procede, por tanto, regular la concesión de créditos por parte de las entidades de pago en forma de líneas de crédito, así como la emisión de tarjetas de crédito, en la medida en que dichos servicios faciliten servicios de pago ▌. Conviene permitir que las entidades de pago concedan créditos a corto plazo en relación con sus actividades transfronterizas, con la condición de que se refinancien utilizando principalmente los fondos propios de la entidad de pago, así como otros fondos procedentes de los mercados de capitales, y no los fondos mantenidos por cuenta de clientes para servicios de pago. No obstante, esta posibilidad debe establecerse sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(15) u otra legislación pertinente de la Unión o legislación nacional sobre las condiciones de concesión de créditos al consumo. Debido a su naturaleza básicamente de préstamo, los servicios «compre ahora, pague después» no deben constituir un servicio de pago. Estos servicios están cubiertos por la nueva Directiva sobre créditos al consumo que sustituye a la Directiva 2008/48/CE. No obstante, las empresas que ofrecen servicios «compre ahora, pague después» están sujetas a la presente Directiva si ofrecen alguno de los servicios de pago a que se refiere el anexo I.

(36)  Para garantizar que las pruebas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Directiva se conserven debidamente durante un período de tiempo razonable, procede exigir a las entidades de pago que conserven todos los registros pertinentes durante cinco años como mínimo. Los datos personales no deben conservarse más tiempo del necesario para garantizar dicho fin y, cuando se revoque una autorización, no se conservarán más de cinco años después de dicha revocación.

(37)  A fin de garantizar que una empresa no preste servicios de pago o servicios de dinero electrónico sin haber sido autorizada, procede exigir a todas las empresas que tengan la intención de prestar dichos servicios que soliciten una autorización, excepto cuando la presente Directiva prevea el registro en lugar de la autorización. Asimismo, para garantizar la estabilidad e integridad del sistema financiero y de los sistemas de pago y proteger a los consumidores, dichas empresas deben estar establecidas en un Estado miembro y ser objeto de una supervisión efectiva. Este requisito debe aplicarse también a las entidades de pago que emiten dinero electrónico, habida cuenta de los importantes nuevos riesgos prudenciales asociados a la posibilidad de que las entidades de dinero electrónico emitan también fichas de dinero electrónico. Se debe exigir a los emisores de dinero electrónico el establecimiento de una persona jurídica en la UE a fin de permitir una supervisión eficaz de dichas entidades y adecuarse al Reglamento (UE) 2023/1114. Las fichas de dinero electrónico son una forma de criptoactivo que puede aumentar significativamente su volumen y plantea riesgos que afectan a la estabilidad financiera y a la soberanía y la política monetarias.

(37 bis)  Para que las entidades de pago puedan realmente prestar servicios transfronterizos, la Comisión debe ofrecer un sitio web específico o una ventanilla única con toda la información en un solo lugar sobre cómo registrarse en cada Estado miembro.

(38)  Para evitar el abuso del derecho de establecimiento y casos en los que una entidad de pago se establezca en un Estado miembro sin tener previsto ejercer ninguna actividad en él, procede exigir que una entidad de pago que solicite autorización en un Estado miembro preste al menos una parte de sus actividades de servicios de pago en dicho Estado miembro. La obligación de que una entidad ejerza una parte de su actividad en su país de origen, ya impuesta por la Directiva (UE) 2015/2366, se ha interpretado de forma muy diferente, ya que algunos países de origen imponen que la mayor parte de la actividad se lleve a cabo en su país. Una «parte» debe interpretarse en el sentido de menos que la mayor parte de las actividades de la entidad con el fin de preservar el efecto útil de la libertad de la entidad de pago para prestar servicios transfronterizos.

(39)  Las entidades de pago pueden realizar actividades distintas de la prestación de servicios de pago o servicios de dinero electrónico. A fin de garantizar una supervisión adecuada de la entidad de pago, conviene permitir que las autoridades nacionales competentes exijan, en caso necesario, el establecimiento de una entidad separada para la prestación de servicios de pago o servicios de dinero electrónico. Esta decisión de la autoridad competente debe tener en cuenta el potencial impacto negativo que un acontecimiento que afecte a otras actividades empresariales podría tener en la solidez financiera de la entidad de pago, o los posibles efectos negativos derivados de una situación en la que la entidad de pago no pudiera facilitar información separada sobre los fondos propios en relación con sus actividades de pago y dinero electrónico u otras actividades.

(40)  A fin de garantizar una supervisión adecuada y permanente de las entidades de pago y la disponibilidad de información exacta y actualizada, conviene exigir a las entidades de pago que informen a las autoridades nacionales competentes de cualquier cambio en su actividad que afecte a la exactitud de la información facilitada en relación con la autorización, en particular en lo que se refiere a agentes o entidades adicionales a los que se externalizan actividades. En caso de duda, las autoridades competentes deben cerciorarse de que la información recibida sea correcta.

(41)  A fin de garantizar un régimen coherente de autorización de las entidades de pago en toda la Unión, conviene establecer condiciones armonizadas en las que las autoridades nacionales competentes puedan revocar la autorización concedida a una entidad de pago.

(42)  Para que las operaciones de las entidades de pago autorizadas o inscritas por las autoridades competentes del Estado miembro de origen, incluidos sus agentes, distribuidores y sucursales, sean más transparentes y para garantizar un elevado nivel de protección del consumidor en toda la Unión, es necesario garantizar un acceso público sencillo a la lista de empresas que prestan servicios de pago, con sus respectivas marcas, que deben incluirse en un registro nacional público.

(43)  A fin de garantizar que la información sobre las entidades de pago autorizadas o registradas o las entidades facultadas con arreglo al Derecho nacional para prestar servicios de pago o dinero electrónico esté disponible en toda la Unión en un registro central, la ABE debe gestionar dicho registro y publicar en él una lista de los nombres de las empresas autorizadas o registradas para prestar servicios de pago o dinero electrónico. Cuando ello implique el tratamiento de datos personales, la publicación a escala de la Unión de información sobre personas físicas que actúen como agentes o distribuidores es necesaria para garantizar que solo los agentes y distribuidores autorizados operen en el mercado interior y, por tanto, redunda en interés del correcto funcionamiento del mercado interior de servicios de pago. Los Estados miembros deben velar por que los datos que faciliten sobre las empresas de que se trate, incluidos sus agentes, distribuidores y sucursales, sean exactos, estén actualizados, y se transmitan a la ABE sin demora indebida y, si es posible, de forma automatizada. A tal efecto, la ABE debe elaborar proyectos de normas técnicas de regulación para especificar los métodos y las disposiciones para la transmisión de dicha información. Estos proyectos deben garantizar un elevado nivel de detalle y coherencia de la información. A la hora de elaborar los proyectos de normas técnicas de regulación, la ABE debe tener en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2019/411 de la Comisión40. A fin de aumentar la transparencia, es conveniente que la información transmitida contenga las marcas de todos los servicios de pago y dinero electrónico prestados. La publicación de datos personales debe realizarse de conformidad con las normas vigentes en materia de protección de datos. Cuando se publiquen datos personales, deben aplicarse salvaguardias adecuadas en materia de protección de datos que impidan una difusión no intencionada de la información en línea.

(44)  Para aumentar la transparencia y el conocimiento de los servicios prestados por los proveedores de servicios de iniciación de pagos e información sobre cuentas, conviene que la ABE mantenga una lista legible electrónicamente que contenga información básica sobre estas empresas y los servicios que prestan. La información incluida en esta lista debe permitir la identificación inequívoca de los proveedores de servicios de iniciación de pagos e información sobre cuentas.

(45)  Para ampliar el alcance de sus servicios, las entidades de pago pueden tener que recurrir a entidades que presten servicios de pago en su nombre, incluidos agentes o, en el caso de los servicios de dinero electrónico, distribuidores. Asimismo, pueden ejercer su derecho de establecimiento en un Estado miembro de acogida, distinto del de origen, a través de sucursales. En tales casos, es conveniente que la entidad de pago comunique a la autoridad nacional competente toda la información pertinente relativa a los agentes, distribuidores y sucursales y notifique a las autoridades nacionales competentes cualquier cambio sin demora indebida. Para garantizar la transparencia con respecto a los usuarios finales, también es conveniente que los agentes, distribuidores o sucursales que actúen en nombre de una entidad de pago informen de ello a los usuarios de servicios de pago.

(45 bis)  Debe tenerse en cuenta que, cuando los adquirientes utilizan un agente para prestar servicios de pago, el agente actúa únicamente en nombre de un adquiriente como proveedor del servicio de pago principal y no respecto de todos los servicios de pago que se prestan al usuario de servicios de pago.

(45 ter)  Para tener en cuenta la evolución de las realidades del mercado, los mercados y las plataformas respaldadas por los proveedores de servicios de pago que prestan servicios a estos mercados y plataformas a fin de que no tengan el control ni la posesión de fondos para terceros, no deben considerarse por defecto agentes de los proveedores de servicios de pago.

(46)  Al llevar a cabo su actividad, las entidades de pago pueden tener que externalizar funciones operativas de parte de su actividad. A fin de garantizar que esto no vaya en detrimento del cumplimiento continuado por parte de una entidad de pago de los requisitos de su autorización u otros requisitos aplicables en virtud de la presente Directiva, es conveniente exigir a las entidades de pago que informen sin demora indebida a las autoridades nacionales competentes de su intención de externalizar funciones operativas, así como de cualquier cambio relativo al uso de entidades a las que se externalizan actividades.

(47)  Para garantizar una mitigación adecuada de los riesgos que puede generar la externalización de funciones operativas, procede exigir que las entidades de pago adopten medidas razonables para velar por que dicha externalización no infrinja lo dispuesto en la presente Directiva. Las entidades de pago deben seguir siendo plenamente responsables de los actos de sus empleados, o de cualquier agente, distribuidor o entidad que lleve a cabo actividades externalizadas.

(48)  Para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas en virtud de la presente Directiva, los Estados miembros deben designar las autoridades competentes encargadas de la autorización y supervisión de las entidades de pago. Los Estados miembros deben velar por que se dote a las autoridades competentes de las competencias y los recursos necesarios, incluido el personal, para desempeñar adecuadamente sus funciones.

(49)  Para que las autoridades competentes puedan supervisar adecuadamente a las entidades de pago, procede disponer la concesión de facultades de investigación y supervisión, así como la posibilidad de imponer las sanciones y medidas administrativas necesarias para el desempeño de sus funciones. Por la misma razón, resulta adecuado conceder a las autoridades competentes la facultad de solicitar información, realizar inspecciones in situ y emitir recomendaciones, orientaciones y decisiones administrativas vinculantes. Los Estados miembros deben establecer disposiciones nacionales, armonizadas al amparo de las disposiciones de la presente Directiva, con respecto a la suspensión o revocación de la autorización de una entidad de pago. Los Estados miembros deben facultar a sus autoridades competentes para imponer sanciones y medidas administrativas destinadas específicamente a poner fin a las infracciones de las disposiciones relativas a la supervisión o al ejercicio de la actividad de servicios de pago.

(50)  Debido a la amplia gama de posibles modelos de negocio en el sector de los pagos, procede permitir cierto grado de discrecionalidad en el ejercicio de la supervisión para garantizar que un mismo riesgo tenga la misma consideración en todos los Estados miembros.

(51)  Al supervisar el cumplimiento por parte de las entidades de pago de sus obligaciones, las autoridades competentes deben ejercer sus facultades de supervisión respetando los derechos fundamentales, incluido el derecho a la intimidad. Sin perjuicio del control por una autoridad independiente (autoridad nacional de protección de datos) y de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los Estados miembros deben dotarse de garantías adecuadas y efectivas si existe el riesgo de que el ejercicio de tales facultades de lugar a cualesquiera abusos o arbitrariedades que constituyan una interferencia grave con tales derechos, incluso previendo, cuando proceda, la autorización previa de la autoridad judicial del Estado miembro de que se trate.

(52)  Para garantizar la protección de los derechos individuales y empresariales, los Estados miembros deben velar por que todas las personas que trabajen o hayan trabajado para las autoridades competentes estén sometidos a la obligación de secreto profesional.

(53)  La actividad de las entidades de pago puede ser transfronteriza y pertinente para diferentes autoridades competentes, así como para la ABE, el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales en su calidad de autoridades monetarias y de vigilancia. Por consiguiente, procede prever su cooperación e intercambio de información efectivos. Los mecanismos de intercambio de información deben cumplir plenamente las normas de protección de datos previstas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo(16) y en el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo(17).

(54)  En caso de desacuerdo en el contexto de la cooperación transfronteriza entre autoridades competentes, estas deben poder solicitar la asistencia de la ABE, que adoptará una decisión sin demora indebida. La ABE también debería poder ayudar a las autoridades competentes a alcanzar un acuerdo por iniciativa propia.

(55)  Las entidades de pago que ejerzan el derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios deben facilitar a la autoridad competente del Estado miembro de origen toda la información pertinente relativa a su actividad y notificar a dicha autoridad en qué Estado o Estados miembros tiene intención de operar y si tiene intención de recurrir a sucursales, agentes o distribuidores y a la externalización.

(56)  Para facilitar la cooperación entre las autoridades competentes y una supervisión eficaz de las entidades de pago, en el contexto del ejercicio del derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, es conveniente que las autoridades competentes del Estado miembro de origen comuniquen información al Estado miembro de acogida. En situaciones de «pasaporte triangular» en las que una entidad de pago autorizada en un país «A» recurre a un intermediario, como un agente, distribuidor o sucursal, situado en un país «B» para ofrecer servicios de pago en otro país «C», debe considerarse que el Estado miembro de acogida es aquel en el que los servicios se ofrecen a los usuarios finales. Habida cuenta de las dificultades intrínsecas a la cooperación transfronteriza entre las autoridades competentes, es conveniente que la ABE elabore proyectos de normas técnicas de regulación sobre la cooperación y el intercambio de información, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2017/2055 de la Comisión(18).

(57)  Los Estados miembros deben poder exigir a las entidades de pago que operen en su territorio y cuya administración central esté situada en otro Estado miembro que les informen periódicamente de las actividades que realizan en su territorio a efectos estadísticos o de información. Cuando estas entidades de pago operen en virtud del derecho de establecimiento, las autoridades competentes del Estado o Estados miembros de acogida deben poder exigir que esa información se utilice también para supervisar el cumplimiento del Reglamento XXX [Reglamentos sobre servicios de pago]. Lo mismo debe aplicarse cuando no exista un establecimiento en el Estado o Estados miembros de acogida y la entidad de pago esté prestando servicios en ese Estado o Estados miembros de acogida sobre la base de la libre prestación de servicios. Para facilitar la supervisión de las redes de agentes, distribuidores o sucursales por parte de las autoridades competentes, conviene que los Estados miembros en los que operan agentes, distribuidores o sucursales puedan exigir a la entidad de pago matriz que designe un punto de contacto central en su territorio. Cuando un Estado miembro imponga un requisito de este tipo, cada entidad de pago debe designar un único punto de contacto central por Estado miembro. La ABE debe elaborar normas de regulación en las que establezca criterios que permitan determinar cuándo procede designar un punto de contacto centralizado y cuáles han de ser sus funciones. Al hacerlo, la ABE debe tener en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación de los Reglamentos Delegados (UE) 2021/1722(19) y (UE) 2020/1423(20) de la Comisión. La obligación de nombrar un punto de contacto central debe guardar proporción con el objetivo de lograr una comunicación y una notificación de información adecuadas sobre el cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago] en el Estado miembro de acogida.

(58)  En situaciones de urgencia que requieran una intervención inmediata a fin de hacer frente a una amenaza grave para los intereses colectivos de los usuarios de servicios de pago en el Estado miembro de acogida, en particular ante un fraude a gran escala, debe ser posible para las autoridades competentes del Estado miembro de acogida adoptar medidas cautelares, paralelamente a la cooperación transfronteriza entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida y en espera de las medidas que adopte la autoridad competente del Estado miembro de origen. Dichas medidas deben ser adecuadas, proporcionadas, no discriminatorias y de carácter temporal. El Estado miembro de acogida debe motivar la adopción de dichas medidas. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la entidad de pago de que se trate y las demás autoridades interesadas, incluida la Comisión y la ABE, deben ser informadas con antelación o, si la urgencia de la situación lo impide, sin demora injustificada.

(59)  Es importante garantizar que todas las entidades que presten servicios de pago estén sujetas a ciertos requisitos legales y reglamentarios mínimos. En consecuencia, resulta oportuno exigir que se registre la identidad y la ubicación de todas las entidades que presten servicios de pago, inclusive de aquellas que no puedan cumplir íntegramente los requisitos para ser autorizadas como entidades de pago, en particular las entidades de pago pequeñas. Este enfoque resulta acorde con la lógica de la Recomendación 14 del Grupo de Acción Financiera Internacional, que prevé la implantación de un mecanismo que permita tratar como entidades de pago a aquellos proveedores de servicios de pago que no puedan cumplir todos los requisitos que preconiza la citada Recomendación. A tal efecto, incluso cuando las entidades estén eximidas del cumplimiento de todos o parte de los requisitos de autorización, los Estados miembros deben incluir a dichas entidades en el registro de entidades de pago. No obstante, es fundamental que la posibilidad de conceder una exención de autorización se supedite a requisitos estrictos sobre el valor de las operaciones de pago. Las entidades que se beneficien de una exención de autorización no deben disfrutar del derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, ni deben ejercer indirectamente estos derechos en tanto en cuanto sean participantes de un sistema de pago.

(60)  Para garantizar la transparencia con respecto a las posibles exenciones a las entidades de pago pequeñas, conviene exigir a los Estados miembros que comuniquen estas decisiones a la Comisión.

(61)  Habida cuenta de la naturaleza específica de la actividad realizada y de los riesgos relacionados con la prestación de servicios de información sobre cuentas, procede establecer un régimen prudencial específico para los proveedores de servicios de información sobre cuentas, sin que sea necesario un régimen de autorización exhaustivo, sino un requisito de registro menos estricto, acompañado de documentos e información para ayudar a la autoridad competente a llevar a cabo la supervisión. Los proveedores de servicios de información sobre cuentas deben poder prestar servicios de forma transfronteriza, en el marco de las normas de «concesión de pasaportes».

(62)  Para seguir mejorando el acceso a efectivo, que es una prioridad de la Comisión, debe permitirse a los minoristas ofrecer, en las tiendas físicas, servicios de suministro de efectivo incluso en ausencia de compra por parte del cliente, sin tener que obtener una autorización o registro como proveedor de servicios de pago ni ser un agente de una entidad de pago. No obstante, los servicios de suministro de efectivo deben estar sujetos a la obligación de revelar las comisiones que, en su caso, se cobran al cliente. Estos servicios deben prestarse de forma voluntaria por los minoristas y depender de su disponibilidad de efectivo. Con objeto de evitar la competencia desleal entre los proveedores de cajeros automáticos que no gestionan cuentas de pago y los minoristas que ofrecen retiradas de efectivo sin compra, y para garantizar que las tiendas no agotan rápidamente el efectivo, es conveniente imponer un límite máximo de 100 EUR, o el importe correspondiente en la divisa del Estado miembro en cuestión, por operación. Al ofrecer dicho servicio, los clientes deben autenticar la operación y los minoristas deben asegurarse de que la operación no sea anónima.

(63)  Las Directivas 2007/64/CE y (UE) 2015/2366 excluyeron condicionalmente de su ámbito de aplicación los servicios de pago ofrecidos por determinados proveedores de cajeros automáticos. Esa exclusión ha impulsado el crecimiento de los servicios de cajeros automáticos independientes en muchos Estados miembros, en particular en las zonas poco pobladas, complementado los cajeros automáticos de los bancos. No obstante, la exclusión ha resultado difícil de aplicar debido a su ambigüedad con respecto a las entidades que cubre. Para abordar esta cuestión, conviene precisar que los proveedores de cajeros automáticos anteriormente excluidos son aquellos que no gestionan cuentas de pago. Dado el limitado riesgo que entraña la actividad de los proveedores de cajeros automáticos, en lugar de excluirlos totalmente del ámbito de aplicación, conviene someterlos a un régimen prudencial específico adaptado a dicho riesgo, que solo requiera un régimen de registro.

(64)  A menudo, los proveedores de servicios que deseaban acogerse a una exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 no consultaban a las autoridades para determinar si sus actividades estaban incluidas o excluidas del ámbito de aplicación de esa Directiva, sino que solían basarse en sus propios análisis. Esto dio lugar a una aplicación divergente de ciertas exclusiones en los distintos Estados miembros. Además, según parece, algunas de las exclusiones pueden haber sido utilizadas por los proveedores de servicios de pago para modificar sus modelos de negocio de forma que las actividades de servicios de pago que ofrecen queden fuera del ámbito de aplicación de dicha Directiva. Esto puede conllevar un aumento de los riesgos a que están expuestos los usuarios de servicios de pago, y condiciones divergentes para los proveedores de servicios de pago en el mercado interior. Conviene por ello que los proveedores de servicios queden obligados a notificar las actividades pertinentes a las autoridades competentes, de modo que estas puedan evaluar si se cumplen o no los requisitos establecidos en las correspondientes disposiciones y garantizar una interpretación homogénea de las normas en todo el mercado interior. En particular, para todas las exclusiones basadas en el respeto de un determinado umbral, conviene establecer un procedimiento de notificación para garantizar el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Por otra parte, es importante establecer la obligación de que los posibles proveedores de servicios de pago notifiquen a las autoridades competentes los servicios que prestan en el contexto de una red limitada sobre la base de los criterios enunciados en el Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago], si el valor de las operaciones de pago sobrepasa un determinado umbral. Las autoridades competentes deben valorar si los servicios notificados pueden considerarse prestados en el contexto de una red limitada, a fin de determinar si deben permanecer excluidos del ámbito de aplicación.

(65)  Deben delegarse en la Comisión poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con la actualización de los importes a fin de tener en cuenta la inflación. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmiten al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(66)  Con el fin de garantizar una aplicación coherente de los requisitos aplicables, la Comisión debe poder contar con los conocimientos y el apoyo de la ABE, a la que debe encomendarse la tarea de elaborar orientaciones y proyectos de normas técnicas de regulación. La Comisión debe estar facultada para adoptar esos proyectos de normas técnicas de regulación. Esas funciones específicas concuerdan plenamente con la función y responsabilidades de la ABE, tal y como se establecen en el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(21).

(66 bis)  La ABE debe coordinar un foro de colaboración, al menos una vez al año, entre las autoridades nacionales competentes a fin de facilitar una mayor armonización en lo que respecta a la transposición, aplicación y ejecución de las disposiciones establecidas en la presente Directiva.

(67)  Dado que una mayor integración del mercado único de servicios de pago no puede ser alcanzada de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos, pues requiere la armonización de las diferentes normas que en la actualidad existen en los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados miembros, que se lograría mejor a escala de la Unión, esta última puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(68)  La presente Directiva no incluye requisitos de autorización para los sistemas de pago, los regímenes de pago o los acuerdos de pago, teniendo en cuenta la necesidad de evitar cualquier duplicación con el marco de vigilancia del Eurosistema sobre los sistemas de pagos minoristas, incluidos, entre otros, los sistemas de pago de importancia sistémica, así como el nuevo marco «PISA» del Eurosistema y la supervisión de los bancos centrales nacionales. Tampoco cubre, en su ámbito de aplicación, la prestación de servicios técnicos, incluido el tratamiento o la gestión de carteras digitales. No obstante, habida cuenta del ritmo de la innovación en el sector de los pagos y de la posible aparición de nuevos riesgos, es preciso que, en su futura revisión de la presente Directiva, la Comisión tenga especialmente en cuenta esta evolución y valore si el ámbito de aplicación de la Directiva debe ampliarse a nuevos servicios y entidades.

(69)  Por motivos de seguridad jurídica, es conveniente establecer disposiciones transitorias que permitan a las empresas que hayan iniciado actividades de entidades de pago con arreglo a la normativa nacional de transposición de la Directiva (UE) 2015/2366, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Directiva, puedan proseguir dichas actividades en el Estado miembro de que se trate durante un período determinado.

(70)  En aras de la seguridad jurídica, procede establecer disposiciones transitorias en virtud de las cuales aquellas entidades de dinero electrónico que hayan emprendido sus actividades con arreglo a la normativa nacional de transposición de la Directiva 2009/110/CE puedan continuar dichas actividades en el Estado miembro de que se trate durante un período determinado. Dicho período debe ser más largo en el caso de las entidades de dinero electrónico que se beneficien de la excepción establecida en el artículo 9 de la Directiva 2009/110/CE.

▌

(72)  La especificación de que los participantes pueden actuar como entidad de contrapartida central, agente de liquidación o cámara de compensación o llevar a cabo parte o la totalidad de estas funciones debe reintroducirse en la Directiva 98/26/CE para garantizar una comprensión similar en los Estados miembros. Asimismo, debe volver a introducirse que, cuando esté justificado por el riesgo sistémico, los Estados miembros podrán considerar a un participante indirecto como participante en el sistema y aplicar a dicho participante indirecto las disposiciones de la Directiva 98/26/CE. No obstante, para garantizar que esto no limite la responsabilidad del participante a través del cual el participante indirecto transmite órdenes de transferencia al sistema, ello debe quedar claro en dicha Directiva a fin de velar por la seguridad jurídica.

(73)  Los consumidores deben poder hacer valer sus derechos en relación con las obligaciones impuestas a los usuarios o titulares de datos en virtud del Reglamento (UE) 20../…. [Reglamento relativo a un marco para el acceso a los datos financieros] del Parlamento Europeo y del Consejo(22) mediante acciones de representación de conformidad con la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo(23). A tal fin, la presente Directiva debe establecer que la Directiva (UE) 2020/1828 sea aplicable a las acciones de representación contra las infracciones por parte de usuarios o titulares de datos de las disposiciones del Reglamento (UE) 20../…. [Reglamento relativo a un marco para el acceso a los datos financieros] que perjudiquen o puedan perjudicar los intereses colectivos de los consumidores. Procede, por tanto, modificar el anexo de dicha Directiva en consecuencia. Corresponde a los Estados miembros velar por que dicha modificación se refleje en las medidas de transposición adoptadas de conformidad con la Directiva (UE) 2020/1828.

(74)  En consonancia con los principios de mejora de la legislación, la presente Directiva debe revisarse en aras de su eficacia y eficiencia en la consecución de sus objetivos, tal como se establece en la evaluación de impacto adjunta. La revisión debe tener lugar con tiempo suficiente a partir de la fecha de aplicación de la presente Directiva para que se base en pruebas adecuadas. Cinco años se considera un período adecuado. Si bien la revisión debe tener en cuenta la totalidad de la Directiva, algunas cuestiones deberían ser objeto de especial atención, a saber, ▌la salvaguardia de los fondos de las entidades de pago, así como el número y la cuota de mercado de los proveedores de servicios de pago autorizados con arreglo a la presente Directiva, que puedan verse afectados por las normas propuestas por la Comisión el 18 de abril de 2023(24) que, una vez adoptadas, modificarían la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos. No obstante, por lo que respecta al ámbito de aplicación de la presente Directiva, conviene que la revisión se lleve a cabo antes, tres años después de la entrada en vigor del Reglamento (UE) [.../...] del Parlamento Europeo y del Consejo(25) (Reglamento sobre servicios de pago), dada la importancia que se concede a este asunto en el Reglamento (UE) 2022/2554. La revisión del ámbito de aplicación debe considerar tanto la posible ampliación de la lista de servicios de pago cubiertos para incluir servicios como los prestados por sistemas de pago y regímenes de pago, como la posible inclusión en el ámbito de aplicación de algunos servicios técnicos actualmente excluidos, como las carteras digitales.

(75)  Dado el número de cambios que deben introducirse en las Directivas (UE) 2015/2366 y 2009/110/CE, resulta oportuno derogar ambas y sustituirlas por la presente Directiva.

(76)  Todo tratamiento de datos personales en el contexto de la presente Directiva debe ajustarse a lo dispuesto en los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725. Por consiguiente, las autoridades de control contempladas en los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725 son responsables de la supervisión del tratamiento de datos personales efectuado en el contexto de la presente Directiva. Al transponer la presente Directiva, los Estados miembros deben garantizar que la legislación nacional incluya garantías adecuadas de protección de datos para el tratamiento de datos personales.

(77)  El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su dictamen el 22 de agosto de 2023.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

TÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1.  La presente Directiva establece normas sobre:

a)  el acceso por parte de las entidades de pago a la actividad de prestación de servicios de pago y servicios de dinero electrónico dentro de la Unión;

b)  las competencias y herramientas para la supervisión de las entidades de pago.

2.  Los Estados miembros podrán eximir, total o parcialmente, de la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva a las entidades e instituciones mencionadas en el artículo 2, apartado 5, puntos 4 a 23, de la Directiva 2013/36/UE.

3.  Salvo indicación en contrario, toda referencia a los servicios de pago en la presente Directiva se entenderá hecha a los servicios de pago y los servicios de dinero electrónico.

4.  Salvo indicación en contrario, toda referencia a los proveedores de servicios de pago en la presente Directiva se entenderá hecha a los proveedores de servicios de pago y a los proveedores de servicios de dinero electrónico.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1)  «Estado miembro de origen»: uno de los siguientes:

a)  el Estado miembro en el que el proveedor de servicios de pago tenga fijado su domicilio social; o

b)  si el proveedor de servicios de pago no tiene domicilio social con arreglo a su Derecho nacional, el Estado miembro en el que tenga fijada su administración central;

2)  «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro distinto del Estado miembro de origen en el cual el proveedor de servicios de pago tenga un agente, un distribuidor o una sucursal o preste servicios de pago;

3)  «servicio de pago»: cualquiera de las actividades empresariales de las enumeradas en el anexo I;

4)  «entidad de pago»: una persona jurídica a la cual se haya autorizado, de conformidad con el artículo 13, para prestar servicios de pago o servicios de dinero electrónico en toda la Unión;

5)  «operación de pago»: un ingreso, transferencia o retirada de fondos basados en una orden de pago cursada por el ordenante, o por cuenta de este, o por el beneficiario, o por cuenta de este, con independencia de cualesquiera obligaciones subyacentes entre el ordenante y el beneficiario;

6)  «ejecución de una operación de pago»: el proceso que comienza una vez finalizada la iniciación de una operación de pago y acaba una vez que los fondos ingresados, retirados o transferidos están a disposición del beneficiario;

7)  «sistema de pago»: sistema de transferencia de fondos dotado de procedimientos formales y normalizados, así como de disposiciones comunes para el procesamiento, la compensación o liquidación de operaciones de pago;

8)  «operador de un sistema de pago»: la persona jurídica legalmente responsable del funcionamiento de un sistema de pago;

9)  «ordenante»: la persona física o jurídica titular de una cuenta de pago que autorice una orden de pago a partir de dicha cuenta, o, en caso de que no exista una cuenta de pago, la que curse una orden de pago;

10)   «beneficiario»: la persona física o jurídica que sea el destinatario previsto de los fondos que hayan sido objeto de una operación de pago;

11)  «usuario de servicios de pago»: la persona física o jurídica que utiliza un servicio de pago o un servicio de dinero electrónico, ya sea como ordenante, beneficiario o ambos;

12)  «proveedor de servicios de pago»: las entidades y organismos contemplados en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago] y las personas físicas o jurídicas que se acojan a las exenciones contempladas en los artículos 34, 36 y 38 de la presente Directiva;

13)  «cuenta de pago»: cuenta abierta por un proveedor de servicios de pago a nombre de uno o varios usuarios de servicios de pago que se utiliza para ejecutar una o varias operaciones de pago y con la que se puede enviar fondos a terceros y recibir fondos de terceros;

14)  «orden de pago»: la instrucción cursada por un ordenante o un beneficiario a su proveedor de servicios de pago por la que se solicite la ejecución de una operación de pago;

15)  «instrumento de pago»: cualquier dispositivo o dispositivos individualizados y/o conjunto de procedimientos acordados entre el usuario de servicios de pago y el proveedor de servicios de pago para la iniciación de una operación de pago;

16)  «proveedor de servicios de pago gestor de cuenta»: un proveedor de servicios de pago que facilita a un ordenante una cuenta de pago y se encarga de su mantenimiento;

17)  «servicio de iniciación de pagos»: servicio que permite cursar una orden de pago, a petición del ordenante o del beneficiario, respecto de una cuenta de pago abierta con otro proveedor de servicios de pago;

18)  «servicio de información sobre cuentas»: servicio en línea consistente en recopilar, directamente o a través de un proveedor de servicios técnicos, y agregar la información sobre una o varias cuentas de pago de un usuario de servicios de pago en uno o varios proveedores de servicios de pago gestores de cuenta;

19)  «proveedor de servicios de iniciación de pagos»: un proveedor de servicios de pago que presta servicios de iniciación de pagos;

20)  «proveedor de servicios de información sobre cuentas»: un proveedor de servicios de pago que presta servicios de información sobre cuentas;

21)  «consumidor»: una persona física que, en los contratos de servicios de pago objeto de la presente Directiva, actúa con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial o profesional;

22)  «envío de dinero»: un servicio de pago que permite recibir fondos de un ordenante sin que se cree ninguna cuenta de pago en nombre del ordenante o del beneficiario, con el único fin de transferir una cantidad equivalente a un beneficiario o a otro proveedor de servicios de pago que actúe por cuenta del beneficiario, o recibir fondos por cuenta del beneficiario y ponerlos a disposición de este;

23)  «fondos»: el dinero del banco central en manos del público, el dinero escritural y el dinero electrónico;

24)  «proveedor de servicios técnicos»: un proveedor de servicios que da soporte a la prestación de servicios de pago, sin llegar a estar ▌en ningún momento en posesión de los fondos que deban transferirse;

25)  «datos de pago sensibles»: los datos que pueden utilizarse para cometer fraude, incluidas las credenciales de seguridad personalizadas;

26)  «día hábil»: un día de apertura comercial, a los efectos de la ejecución de una operación de pago, del proveedor de servicios de pago del ordenante o del beneficiario que interviene en la ejecución de la operación de pago;

27)  «servicios de TIC»: servicios de TIC según la definición del artículo 3, punto 21, del Reglamento (UE) 2022/2554;

28)  «agente»: una persona física o jurídica que presta servicios de pago por cuenta de una entidad de pago;

29)  «sucursal»: un centro de actividad, distinto de la administración central, que constituye una parte de una entidad de pago, que está desprovisto de personalidad jurídica y que efectúa directamente todas o algunas de las operaciones inherentes a la actividad de la entidad de pago; todos los centros de actividad establecidos en un mismo Estado miembro por una entidad de pago cuya administración central esté en otro Estado miembro se considerarán una única sucursal;

30)  «grupo»: un grupo de empresas vinculadas entre sí en el sentido del artículo 22, apartados 1, 2 o 7, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(26), o empresas de las contempladas en los artículos 4, 5, 6 y 7 del Reglamento Delegado (UE) n.º 241/2014 de la Comisión(27) que estén vinculadas entre sí en el sentido del artículo 10, apartado 1, o del artículo 113, apartado 6, párrafo primero, o apartado 7, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.º 575/2013;

31)  «adquisición de operación de pago»: un servicio de pago prestado por un proveedor de servicios de pago que ha suscrito un contrato con un beneficiario para la aceptación y el procesamiento de operaciones de pago que reporten una transferencia de fondos al beneficiario;

32)  «emisión de instrumentos de pago»: un servicio de pago prestado por un proveedor de servicios de pago que ha suscrito un contrato con el fin de proporcionar a un ordenante un instrumento de pago para la iniciación y el procesamiento de operaciones de pago del ordenante;

33)  «fondos propios»: fondos según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 118, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 en los que al menos el 75 % del capital de nivel 1 sea capital de nivel 1 ordinario en el sentido del artículo 50 de dicho Reglamento y el capital de nivel 2 no exceda de un tercio del capital de nivel 1;

34)  «dinero electrónico»: todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que representa un crédito sobre el emisor, que se emite al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago y que es aceptado por otras personas físicas o jurídicas distintas del emisor;

35)  «media del dinero electrónico en circulación»: importe total medio del pasivo financiero conexo al dinero electrónico emitido al final de cada día natural durante los seis meses civiles precedentes, calculado el primer día natural de cada mes civil y aplicado al mes en cuestión;

36)  «distribuidor»: una persona física o jurídica que distribuye o reembolsa dinero electrónico por cuenta de una entidad de pago;

37)  «servicios de dinero electrónico»: la emisión de dinero electrónico, el mantenimiento de cuentas de pago que almacenan unidades de dinero electrónico y la transferencia de unidades de dinero electrónico;

38)  «proveedor de cajeros automáticos»: operador de cajeros automáticos que no mantiene cuentas de pago;

39)  «entidad de pago que presta servicios de dinero electrónico»: una entidad de pago que presta servicios de emisión de dinero electrónico, mantenimiento de cuentas de pago que almacenan unidades de dinero electrónico y transferencia de unidades de dinero electrónico, con independencia de si presta o no cualquiera de los servicios mencionados en el anexo I.

TÍTULO II

ENTIDADES DE PAGO

CAPÍTULO I

Licencias y supervisión

Sección 1

Normas generales

Artículo 3

Solicitudes de autorización

1.  Los Estados miembros exigirán que las empresas distintas de aquellas a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letras a), b), d) y e), del Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago], que no sean personas físicas o jurídicas que disfruten de una de las exenciones contempladas en los artículos 34, 36, 37 y 38 de la presente Directiva y que pretendan prestar cualquiera de los servicios de pago a que se refiere el anexo I, o servicios de dinero electrónico, consigan una autorización de las autoridades competentes del Estado miembro de origen para la prestación de dichos servicios.

2.  La autorización a que se refiere el apartado 1 solo se exigirá respecto de los servicios de pago que las entidades de pago solicitantes realmente pretendan prestar.

3.  Los Estados miembros se asegurarán de que las empresas que soliciten la autorización a que se refiere el apartado 1 remitan a las autoridades competentes del Estado miembro de origen una solicitud de autorización acompañada de:

a)  un programa de actividades en el que se indique, en particular, el tipo de servicios de pago que se pretende prestar;

b)  un plan de negocio que podría incluir un cálculo de las previsiones presupuestarias ▌que demuestre que la solicitante podrá emplear sistemas, recursos y procedimientos adecuados y proporcionados para operar correctamente;

c)  documentos que prueben que la solicitante dispone del capital inicial mencionado en el artículo 5;

d)  por lo que respecta a las empresas que soliciten prestar los servicios a que se refiere el anexo I, puntos 1 a 5, y servicios de dinero electrónico, una descripción de las medidas adoptadas para proteger los fondos de los usuarios de servicios de pago con arreglo al artículo 9;

e)  una descripción de los métodos de gobierno empresarial y de los mecanismos de control interno de la solicitante, en particular los procedimientos administrativos, de gestión del riesgo y contables, y una descripción de los procedimientos de la solicitante de uso de los servicios de TIC a que se refieren los artículos 6 y 7 del Reglamento (UE) 2022/2554 que demuestren que dichos métodos de gobierno empresarial, mecanismos de control y procedimientos de uso de los servicios de TIC son proporcionados, apropiados, sólidos y adecuados;

f)  una descripción del procedimiento establecido para la supervisión, la tramitación y el seguimiento de los incidentes de seguridad y las reclamaciones de los consumidores al respecto, incluido un mecanismo de notificación de incidentes que atienda a las obligaciones de notificación de la entidad de pago establecidas en el capítulo III del Reglamento (UE) 2022/2554;

g)  una descripción del procedimiento establecido para registrar, controlar, rastrear y restringir el acceso a los datos de pago sensibles;

h)  una descripción de los mecanismos que garanticen la continuidad de la actividad, en particular una delimitación clara de las operaciones esenciales, una descripción de los planes de continuidad de la actividad en materia de TIC y de los planes de respuesta y recuperación en materia de TIC y una descripción del procedimiento para probar y revisar periódicamente la adecuación y eficiencia de dichos planes de continuidad de la actividad en materia de TIC y planes de respuesta y recuperación en materia de TIC, como se exige en el artículo 11, apartado 6, del Reglamento (UE) 2022/2554;

i)  una descripción de los principios y las definiciones aplicados a la recopilación de datos estadísticos sobre los resultados, las operaciones y el fraude;

j)  un documento relativo a la política de seguridad que incluya, en particular:

i)  una evaluación pormenorizada de los riesgos en relación con los servicios de pago y servicios de dinero electrónico de la solicitante;

ii)  una descripción de las medidas de control de la seguridad y de mitigación de los riesgos para proteger adecuadamente a los usuarios de servicios de pago de los riesgos detectados, en particular el fraude y el uso ilegal de datos sensibles y personales;

iii)  en el caso de las entidades solicitantes que pretendan celebrar acuerdos de intercambio de información con otros proveedores de servicios de pago para el intercambio de datos relacionados con el fraude en los pagos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago], las conclusiones de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos a que se refiere el artículo 83, apartado 4, del Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago] y realizada de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en su caso, el resultado de la consulta previa a la autoridad de control competente realizada con arreglo al artículo 36 de dicho Reglamento;

k)  en el caso de las entidades solicitantes sujetas a las obligaciones en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que establecen la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo(28) y el Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo(29), una descripción de los mecanismos de control interno introducidos por la solicitante a fin de cumplir lo dispuesto en dicha Directiva y dicho Reglamento;

l)  una descripción de la organización estructural de la solicitante, incluida, cuando proceda, una descripción de:

▌

▌

iii)  una descripción de las disposiciones en materia de externalización;

iv)  la participación de la solicitante en sistemas de pago nacionales o internacionales;

m)  la identidad de las personas que tengan, directa o indirectamente, participaciones cualificadas en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 36, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, con indicación de la cuantía de su participación efectiva y pruebas de su idoneidad para garantizar la gestión adecuada y prudente de la solicitante;

n)  la identidad de los administradores y otras personas responsables de la gestión de la entidad de pago solicitante y, cuando proceda:

i)  la identidad de las personas responsables de la gestión de los servicios de pago de la entidad de pago;

ii)  pruebas de que las personas responsables de la gestión de los servicios de pago de la entidad de pago gozan de honorabilidad y poseen los conocimientos y la experiencia adecuados para prestar servicios de pago, según determine el Estado miembro de origen de la solicitante;

o)  en su caso, la identidad de los auditores legales y las sociedades de auditoría, según se definen en el artículo 2, puntos 2 y 3, de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(30);

p)  el estatuto jurídico y los estatutos sociales de la solicitante;

q)  la dirección del domicilio social de la solicitante;

r)  un resumen de los países de la UE a los que la solicitante presenta o tiene previsto presentar una solicitud de autorización para operar como entidad de pago;

s)  un plan de liquidación en caso de quiebra adaptado al tamaño y al modelo de negocio previstos de la solicitante.

A efectos del párrafo primero, letras d), e), f) y l), los Estados miembros se asegurarán de que la solicitante proporcione una descripción de sus procedimientos de auditoría y de las disposiciones organizativas que haya establecido para proteger los intereses de sus usuarios y garantizar la continuidad y fiabilidad de la prestación de servicios de pago o servicios de dinero electrónico.

Las medidas de control de la seguridad y de mitigación de los riesgos a que se refiere el párrafo primero, letra j), indicarán de qué manera garantizará la solicitante un nivel elevado de resiliencia operativa digital, tal como se exige en el capítulo II del Reglamento (UE) 2022/2554, en particular en lo que respecta a la seguridad técnica y la protección de datos, incluidos los programas informáticos y los sistemas de TIC utilizados por la solicitante o las empresas a las que externalice sus operaciones.

4.  Los Estados miembros obligarán a las empresas que soliciten autorización para prestar los servicios de pago a que se refiere el anexo I, punto 6, a tener, como condición para su autorización, un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra los territorios en los que ofrezcan sus servicios o alguna otra garantía comparable que podría incluir, solo durante el período de autorización inicial, un capital inicial mínimo de 50 000 EUR que permitan:

a)  hacer frente a las responsabilidades contempladas en los artículos 56, 57, 59, 76 y 78 del Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago];

b)  hacer frente a la cuantía de cualquier plusvalía, exceso o valor no cubierto por el seguro o la garantía comparable;

c)  supervisan de forma continuada la cobertura del seguro o la garantía comparable.

5.  La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen:

a)  la información que debe proporcionarse a las autoridades competentes en la solicitud de autorización de las entidades de pago, incluidos los requisitos establecidos en el apartado 3, letras a), b), c), e), g) a k) y r);

b)  la metodología común de evaluación para la concesión de la autorización para ejercer de entidad de pago o para el registro como proveedor de servicios de información sobre cuentas o proveedor de cajeros automáticos de conformidad con la presente Directiva;

c)  qué se entiende por garantía comparable, en el sentido del apartado 4, párrafo primero, que debe ser intercambiable con un seguro de responsabilidad civil profesional;

d)  los criterios para estipular el importe mínimo del seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía comparable a que se refiere el apartado 4.

6.  Al elaborar los proyectos de normas técnicas de regulación a que se refiere el apartado 5, la ABE tendrá en cuenta lo siguiente:

a)  el perfil de riesgo de la empresa;

b)  si la empresa presta o no los otros servicios de pago a que se refiere el anexo I o realiza o no otras actividades empresariales;

c)  el volumen de la actividad de la empresa;

d)  las características específicas de las garantías comparables a que se refiere el apartado 4 y los criterios para su aplicación.

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a que se refiere el apartado 5 a la Comisión a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 4

Control de las participaciones en el capital

1.  Toda persona física o jurídica que decida adquirir o incrementar, directa o indirectamente, una participación cualificada, en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 36, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, en una entidad de pago, de tal manera que la proporción de derechos de voto o de capital poseída pase a ser igual o superior al 20, 30 o 50 % o que la entidad de pago se convierta en filial notificará su intención previamente y por escrito a las autoridades competentes respecto de la entidad de pago de que se trate. Lo anterior se aplicará asimismo a toda persona física o jurídica que decida enajenar, directa o indirectamente, una participación cualificada o reducirla de tal manera que la proporción de derechos de voto o de capital poseída pase a ser inferior al 20, 30 o 50 % o que la entidad de pago deje de ser su filial.

2.  La persona que se proponga adquirir una participación cualificada en la entidad de pago comunicará a la autoridad competente el volumen de dicha participación, así como la información necesaria pertinente a la que hace referencia el artículo 23, apartado 4, de la Directiva 2013/36/UE.

3.  Los Estados miembros dispondrán que, en caso de que la influencia ejercida por las personas contempladas en el apartado 1 pueda ir en detrimento de una gestión prudente y adecuada de la entidad de pago, las autoridades competentes manifiesten su oposición o tomen otras medidas oportunas para poner fin a dicha situación. Estas medidas podrán consistir en requerimientos, sanciones a los administradores o los miembros del órgano de dirección de la entidad de pago en cuestión o la suspensión del ejercicio del derecho de voto vinculado a las acciones o participaciones poseídas por los accionistas o socios de la entidad de pago.

Se aplicarán medidas similares a las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de información previa contemplada en el apartado 2.

4.  En el caso de que se adquiera una participación en el sentido del apartado 1 a pesar de la oposición de las autoridades competentes, los Estados miembros, con independencia de cualquier otra sanción que pueda imponerse, dispondrán, bien la suspensión del ejercicio de los correspondientes derechos de voto, bien la nulidad de los votos emitidos o la posibilidad de anularlos.

Artículo 5

Capital inicial

Los Estados miembros establecerán que, en el momento de la autorización, las entidades de pago deberán tener un capital inicial que incluya uno o más de los elementos a los que se refiere el artículo 26, apartado 1, letras a) a e), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, con arreglo a lo siguiente:

a)  en caso de que la entidad de pago solo preste el servicio de pago a que se refiere el anexo I, punto 5, su capital no será en ningún momento inferior a 25 000 EUR;

b)  en caso de que la entidad de pago preste el servicio de pago a que se refiere el anexo I, punto 6, su capital no será en ningún momento inferior a 50 000 EUR;

c)  en caso de que la entidad de pago preste cualquiera de los servicios de pago a que se refiere el anexo I, puntos 1 a 4, su capital no será en ningún momento inferior a 150 000 EUR;

d)  en caso de que la entidad de pago preste servicios de dinero electrónico, su capital no será en ningún momento inferior a 350 000 EUR.

Artículo 6

Fondos propios

1.  Los Estados miembros exigirán que los fondos propios de la entidad de pago no sean inferiores al importe del capital inicial a que se refiere el artículo 5 o al importe de los fondos propios calculados conforme al artículo 7, en el caso de entidades de pago que no ofrezcan servicios de dinero electrónico, o calculados conforme al artículo 8, en el caso de entidades de pago que ofrezcan servicios de dinero electrónico, si esta cifra es superior.

2.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir el uso múltiple de elementos que puedan considerarse como fondos propios cuando la entidad de pago pertenezca al mismo grupo de otra entidad de pago, entidad de crédito, empresa de inversión, sociedad de gestión de activos o empresa de seguros. Lo mismo se aplicará también cuando la entidad de pago tenga carácter híbrido y realice actividades distintas de la prestación de servicios de pago o servicios de dinero electrónico.

3.  Cuando se satisfagan las condiciones establecidas en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, los Estados miembros o sus autoridades competentes podrán optar por no aplicar los artículos 7 o 8 de la presente Directiva, según proceda, a aquellas entidades de pago que sean objeto de la supervisión consolidada de la entidad de crédito matriz en virtud de la Directiva 2013/36/UE.

Artículo 7

Cálculo de los fondos propios de las entidades de pago que no ofrecen servicios de dinero electrónico

1.  Sin perjuicio de los requisitos de capital inicial establecidos en el artículo 5, los Estados miembros exigirán que las entidades de pago, excepto las que solo ofrezcan los servicios de iniciación de pagos a que se refiere el anexo I, punto 6, solo ofrezcan los servicios de información sobre cuentas a que se refiere el anexo I, punto 7, o ambos, y excepto las que ofrezcan servicios de dinero electrónico, tengan en todo momento el importe de fondos propios calculado de conformidad con el apartado 2.

2.  Las autoridades competentes exigirán que las entidades de pago apliquen, por defecto, el método B, establecido en la letra b). No obstante, las autoridades competentes podrán decidir que, a la luz de su modelo de negocio específico, en particular cuando solo ejecuten un número pequeño de operaciones, pero de un valor individual elevado, las entidades de pago aplicarán el método A o C. A efectos de los métodos A, B y C, se entenderá que el año anterior es el período completo de doce meses anterior al momento del cálculo.

a)  Método A

Los fondos propios de las entidades de pago serán, como mínimo, iguales al 10 % de sus gastos fijos generales del año anterior. Las autoridades competentes podrán ajustar dicha exigencia en caso de que los negocios de la entidad de pago registren un cambio sustancial desde el año anterior. Cuando la entidad de pago no haya completado todavía un año de actividad en la fecha de cálculo, los fondos propios de la entidad de pago serán, como mínimo, iguales al 10 % de los correspondientes gastos fijos generales previstos en su plan de negocio, a menos que las autoridades competentes hayan exigido la modificación de dicho plan.

b)  Método B

Los fondos propios de la entidad de pago serán, como mínimo, iguales a la suma de los siguientes elementos multiplicados por el factor de escala k contemplado en el apartado 3, donde el volumen de pagos («VP») representa una duodécima parte de la cuantía total de las operaciones de pago ejecutadas por la entidad de pago durante el año anterior:

i)  4,0 % del tramo de VP hasta 5 millones EUR

más

ii)  2,5 % del tramo de VP entre 5 y 10 millones EUR

más

iii)  1 % del tramo de VP entre 10 y 100 millones EUR

más

iv)  0,5 % del tramo de VP entre 100 y 250 millones EUR

más

v)  0,25 % del tramo de VP por encima de 250 millones EUR.

c)  Método C

Los fondos propios de la entidad de pago serán, como mínimo, iguales al indicador pertinente contemplado en el inciso i) multiplicado por el factor de multiplicación contemplado en el inciso ii) y multiplicado a su vez por el factor de escala k contemplado en el apartado 3.

i)  El indicador pertinente será la suma de los elementos siguientes:

1)  ingresos por intereses;

2)  gastos por intereses;

3)  comisiones y tasas recibidas;

4)  otros ingresos de explotación.

Cada elemento se incluirá en la suma con su signo positivo o negativo. Los ingresos de partidas extraordinarias o excepcionales no podrán incluirse en el cálculo del indicador pertinente. Los gastos ocasionados por la externalización de servicios prestados por terceros podrán reducir el indicador pertinente si el gasto es contraído con una empresa sujeta a supervisión con arreglo a la presente Directiva. El indicador pertinente se calculará sobre la base de la observación anual efectuada al final del último ejercicio. El indicador pertinente se calculará sobre el último ejercicio.

Los fondos propios calculados según el método C no podrán ser inferiores al 80 % de la media de los últimos tres ejercicios para el indicador pertinente. Cuando no se disponga de cifras auditadas, podrán utilizarse estimaciones de la empresa.

ii)  El factor de multiplicación será:

1)  10 % del tramo de indicador pertinente hasta 2,5 millones EUR;

2)  8 % del tramo de indicador pertinente entre 2,5 y 5 millones EUR;

3)  6 % del tramo de indicador pertinente entre 5 y 25 millones EUR;

4)  3 % del tramo de indicador pertinente entre 25 y 50 millones EUR;

5)  1,5 % por encima de 50 millones EUR.

3.  El factor de escala k que se utilizará en los métodos B y C será:

a)  0,5 en caso de que la entidad de pago solo preste el servicio de pago a que se refiere el anexo I, punto 5;

b)  1 en caso de que la entidad de pago preste cualquiera de los servicios de pago a que se refiere el anexo I, puntos 1 a 4.

4.  Los Estados miembros exigirán que las entidades de pago, excepto las que solo ofrezcan los servicios de iniciación de pagos a que se refiere el anexo I, punto 6, solo ofrezcan los servicios de información sobre cuentas a que se refiere el anexo I, punto 7, o ambos, y excepto las que ofrezcan servicios de dinero electrónico que también realicen las actividades a que se refiere el artículo 10, se aseguren de que los fondos propios mantenidos a efectos de los servicios enumerados en el anexo I, puntos 1 a 5, no se consideren fondos propios a efectos del artículo 10, apartado 4, letra d), o de otros servicios no regulados por la presente Directiva.

5.  Las autoridades competentes podrán, sobre la base de una evaluación de los procesos de gestión del riesgo, de la base de datos de los riesgos de pérdidas y de los mecanismos de control internos de la entidad de pago, exigir que la entidad de pago tenga un importe de fondos propios hasta un 20 % superior al que resultaría de la aplicación del método elegido con arreglo al apartado 2. Las autoridades competentes podrán permitir que la entidad de pago tenga un importe de fondos propios hasta un 20 % inferior al que resultaría de la aplicación del método que deba aplicarse de conformidad con el apartado 2.

6.  La ABE elaborará proyectos de normas de regulación de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 en relación con los criterios para determinar cuándo el modelo de negocio de la entidad de pago es de tales características que, aunque solo ejecute un número pequeño de operaciones, estas tienen un valor individual elevado, tal como se contempla en el apartado 2 del presente artículo.

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 8

Cálculo de los fondos propios de las entidades de pago que ofrecen servicios de dinero electrónico

1.  Sin perjuicio de los requisitos de capital inicial establecidos en el artículo 5, los Estados miembros exigirán que las entidades de pago que ofrezcan tanto servicios de pago como servicios de dinero electrónico tengan en todo momento el importe de fondos propios calculado de conformidad con el artículo 7 a efectos de su actividad de servicios de pago.

2.  Sin perjuicio de los requisitos de capital inicial establecidos en el artículo 5, los Estados miembros exigirán que las entidades de pago que solo ofrezcan servicios de dinero electrónico tengan en todo momento el importe de fondos propios calculado de conformidad con el método D establecido en el apartado 3.

3.  Método D: Los fondos propios a efectos de la actividad de prestación de servicios de dinero electrónico serán, como mínimo, iguales al 2 % de la media del dinero electrónico en circulación.

4.  Los Estados miembros exigirán que las entidades de pago que ofrezcan tanto servicios de pago como servicios de dinero electrónico tengan en todo momento fondos propios por un importe que sea al menos igual a la suma de los requisitos contemplados en los apartados 1 y 2.

5.  Los Estados miembros permitirán a las entidades de pago que presten tanto servicios de pago como servicios de dinero electrónico y que lleven a cabo cualquiera de las actividades mencionadas en el anexo I que no estén vinculadas a los servicios de dinero electrónico, o cualquiera de las actividades a que se refiere el artículo 10, apartados 1 y 4, que calculen sus requisitos de fondos propios sobre la base de una hipótesis acerca de la fracción representativa que se destinará a servicios de dinero electrónico, siempre que esa fracción representativa pueda ser objeto, a satisfacción de las autoridades competentes, de una estimación razonable a partir de datos históricos, cuando se desconozca de antemano el importe del dinero electrónico en circulación. Cuando la entidad de pago no haya completado un período de actividad suficiente, los fondos propios requeridos se calcularán sobre la base del dinero electrónico en circulación previsto en su plan de negocio, a menos que las autoridades competentes hayan exigido la modificación de dicho plan.

6.  Los apartados 4 y 5 del artículo 7 se aplicarán mutatis mutandis a las entidades de pago que presten servicios de dinero electrónico.

Artículo 9

Requisitos de garantía

1.  Los Estados miembros exigirán que las entidades de pago que presten los servicios de pago a que se refiere el anexo I, puntos 1 a 5, o servicios de dinero electrónico garanticen todos los fondos que hayan recibido de los usuarios de servicios de pago o a través de otro proveedor de servicios de pago para la ejecución de operaciones de pago o, cuando proceda, los fondos recibidos a cambio de dinero electrónico emitido, de una de las maneras siguientes:

a)  dichos fondos no se mezclarán en ningún momento con los fondos de ninguna persona física o jurídica distinta de los usuarios de servicios de pago en cuyo nombre se mantengan los fondos;

b)  dichos fondos estarán cubiertos por una póliza de seguro u otra garantía comparable de una entidad aseguradora o de una entidad de crédito que no pertenezca al mismo grupo que la propia entidad de pago, por un importe equivalente al que habría sido extraído en caso de no existir la póliza de seguro u otra garantía comparable, que se hará efectiva en caso de que la entidad de pago sea incapaz de hacer frente a sus obligaciones financieras.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero, letra a), cuando la entidad de pago todavía esté en posesión de los fondos y aún no se hayan entregado al beneficiario o transferido a otro proveedor de servicios de pago al final del día hábil siguiente al día en que se recibieron los fondos, la entidad de pago deberá:

a)  bien depositar dichos fondos en una cuenta separada en una entidad de crédito autorizada en un Estado miembro o en un banco central a discreción de dicho banco central;

b)  bien invertir dichos fondos en activos seguros, líquidos y de bajo riesgo, según la clasificación de las autoridades competentes del Estado miembro de origen;

Las entidades de pago protegerán dichos fondos, de conformidad con el Derecho nacional en beneficio de los usuarios de servicios de pago, frente a posibles derechos de cobro de otros acreedores de la entidad de pago, en particular en caso de insolvencia.

2.  Las entidades de pago evitarán el riesgo de concentración para los fondos garantizados de clientes, cuando proceda, velando por que no se utilice el mismo método de garantía para la totalidad de los fondos garantizados de sus clientes. En particular, procurarán no garantizar todos los fondos de consumo con una sola entidad de crédito.

3.  Cuando la entidad de pago tenga que garantizar los fondos con arreglo al apartado 1 y una fracción de dichos fondos se destine a operaciones de pago futuras y el resto se utilice para servicios distintos de los servicios de pago, esa fracción de los fondos destinada a operaciones de pago futuras también estará sujeta a los requisitos establecidos en el apartado 1. Cuando dicha fracción sea variable o no se conozca con antelación, los Estados miembros permitirán a las entidades de pago aplicar el presente apartado sobre la base de una hipótesis acerca de la fracción representativa que se destinará a servicios de pago, siempre que esa fracción representativa pueda ser objeto, a satisfacción de las autoridades competentes, de una estimación razonable a partir de datos históricos.

4.  Cuando la entidad de pago preste servicios de dinero electrónico, no será necesario garantizar los fondos recibidos con el fin de emitir dinero electrónico hasta que los fondos se abonen en la cuenta de pago de la entidad de pago o se pongan de otro modo a disposición de la entidad de pago de conformidad con los requisitos en materia de plazo de ejecución establecidos en el Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago]. En cualquier caso, dichos fondos se garantizarán a más tardar al final del día hábil siguiente al día en que se hayan recibido, después de la emisión del dinero electrónico.

5.  Cuando la entidad de pago preste servicios de dinero electrónico, a efectos de la aplicación del apartado 1, se considerarán activos seguros y de bajo riesgo las partidas del activo pertenecientes a una de las categorías que figuran en el cuadro 1 del artículo 336, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 para los que la exigencia de capital por riesgo específico no es superior al 1,6 %, pero excluyendo los otros elementos admisibles contemplados en el artículo 336, apartado 4, de dicho Reglamento.

A efectos del apartado 1, se considerarán activos seguros y de bajo riesgo también las participaciones en organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios («OICVM») que inviertan únicamente en los activos que se indican en el párrafo primero.

En circunstancias excepcionales y con la justificación adecuada, las autoridades competentes podrán, sobre la base de una evaluación de la seguridad, del vencimiento, del valor o de otros elementos de riesgo de los activos que se especifican en los párrafos primero y segundo, determinar cuáles de esos activos no se considerarán activos seguros y de bajo riesgo a efectos del apartado 1.

6.  La entidad de pago informará a las autoridades competentes antes de proceder a cualquier cambio sustancial de las medidas tomadas para garantizar los fondos recibidos por los servicios de pago prestados y, si se trata de servicios de dinero electrónico, a cambio del dinero electrónico emitido.

7.  La ABE elaborará normas técnicas de regulación sobre los requisitos de garantía, estableciendo, en particular, marcos de gestión del riesgo de garantía para las entidades de pago a fin de garantizar la protección de los fondos de los usuarios, e incluyendo requisitos sobre la segregación, la designación, la conciliación, el aislamiento y el cálculo de los requisitos de garantía de los fondos, así como evitando el riesgo de liquidez y de concentración.

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 10

Actividades

1.  Además de para prestar servicios de pago o servicios de dinero electrónico, las entidades de pago estarán habilitadas para llevar a cabo las actividades siguientes:

a)  la prestación de servicios respecto de las operaciones o servicios auxiliares estrechamente relacionados, tales como la garantía de la ejecución de operaciones de pago, los servicios de cambio de divisas, las actividades de custodia y el almacenamiento y tratamiento de datos;

b)  la gestión de sistemas de pago;

c)  actividades empresariales distintas de la prestación de servicios de pago o servicios de dinero electrónico, con arreglo al Derecho nacional y de la Unión aplicable.

2.  Las entidades de pago que presten uno o varios servicios de pago o servicios de dinero electrónico solo mantendrán cuentas de pago que se utilicen de forma exclusiva para operaciones de pago.

3.  Los fondos recibidos por las entidades de pago de los usuarios de servicios de pago para prestar servicios de pago o servicios de dinero electrónico no se considerarán depósitos u otros fondos reembolsables en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2013/36/UE.

4.  Las entidades de pago podrán conceder créditos en relación con los servicios de pago contemplados en el anexo I, punto 2, únicamente si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a)  que se trate de un crédito subordinado a la ejecución de una operación de pago y concedido exclusivamente en relación con esta;

b)  sin perjuicio de lo dispuesto en el Derecho nacional en materia de concesión de crédito por parte de los emisores de tarjetas de crédito, que el crédito concedido en relación con un pago, ejecutado con arreglo al artículo 13, apartado 6, y al artículo 30, sea reembolsado dentro de un plazo razonablemente corto que definirán las autoridades competentes;

c)  que el crédito concedido no proceda de los fondos recibidos o mantenidos para ejecutar una operación de pago o de los fondos recibidos de usuarios de servicios de pago a cambio de dinero electrónico y mantenidos de conformidad con el artículo 9, apartado 1;

d)  que los fondos propios de la entidad de pago sean en todo momento adecuados, a criterio de las autoridades de supervisión, teniendo en cuenta la cuantía total de los créditos concedidos.

5.  Las entidades de pago no podrán recibir depósitos u otros fondos reembolsables en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2013/36/UE.

6.  Las entidades de pago que presten servicios de dinero electrónico intercambiarán sin demora por dinero electrónico todos los fondos, incluidos el efectivo o el dinero escritural, que reciban de los usuarios de servicios de pago. Estos fondos no se considerarán un depósito ni otros fondos reembolsables procedentes de particulares en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2013/36/UE.

7.  La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la Directiva 2008/48/CE u otras disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión o nacional relativas a las condiciones de concesión de créditos a los consumidores no armonizadas por la presente Directiva que sean conformes con el Derecho de la Unión.

Artículo 11

Contabilidad y auditoría legal

1.  La Directiva 86/635/CEE del Consejo(31), la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo(32) se aplicarán mutatis mutandis a las entidades de pago.

2.  A menos que estén exentas con arreglo a la Directiva 2013/34/UE y, cuando proceda, la Directiva 86/635/CEE, las cuentas anuales y las cuentas consolidadas de las entidades de pago serán objeto de auditoría por parte de auditores legales o sociedades de auditoría, en el sentido del artículo 2, puntos 2 y 3, de la Directiva 2006/43/CE.

3.  A efectos de la supervisión, los Estados miembros establecerán que las entidades de pago presenten por separado la contabilidad relativa a los servicios de pago o los servicios de dinero electrónico y la relativa a las actividades contempladas en el artículo 10, apartado 1, que serán objeto de un informe de auditoría. Cuando proceda, elaborarán este informe los auditores legales o una sociedad de auditoría.

4.  Las obligaciones establecidas en el artículo 63 de la Directiva 2013/36/UE se aplicarán mutatis mutandis a los auditores legales o sociedad de auditoría de las entidades de pago con respecto a los servicios de pago o los servicios de dinero electrónico.

Artículo 12

Conservación de documentos

Los Estados miembros exigirán a las entidades de pago que conserven todos los documentos necesarios a efectos del presente título durante cinco años como mínimo, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/849 y en otras disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión. Cuando dichos documentos contengan datos personales, la entidad de pago no los conservará durante más tiempo del necesario a efectos del presente título. Cuando se revoque la autorización de la entidad de pago de conformidad con el artículo 16, los documentos que contengan datos personales no se conservarán más de cinco años a contar desde la revocación de la autorización.

Artículo 13

Concesión de autorización

1.  Los Estados miembros autorizarán a la entidad de pago solicitante a efectos de los servicios de pago y los servicios de dinero electrónico que pretenda prestar, siempre que la entidad de pago solicitante:

a)  sea una persona jurídica establecida en un Estado miembro;

b)  haya comunicado a sus autoridades competentes la información a que se refiere el artículo 3, apartado 3;

c)  haya tenido en cuenta la necesidad de garantizar una gestión adecuada y prudente de sus actividades, la existencia de procedimientos sólidos de gobernanza en cuanto a los servicios de pago y los servicios de dinero electrónico que pretenda prestar, en particular:

i)  una estructura organizativa clara, con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes;

ii)  procedimientos eficaces para detectar, gestionar, controlar y notificar los riesgos a los que esté o pueda estar expuesta la entidad de pago solicitante;

iii)  mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y contables sólidos;

d)  tenga el capital inicial a que se refiere el artículo 5;

e)  se ajuste a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 4.

Los procedimientos de gobernanza y mecanismos de control a que se refiere la letra c) serán exhaustivos y proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad de los servicios de pago o servicios de dinero electrónico que las entidades de pago solicitantes pretendan prestar.

La ABE adoptará directrices sobre los procedimientos y mecanismos contemplados en este apartado.

2.  Las autoridades competentes del Estado miembro de origen concederán la autorización siempre y cuando la información y los justificantes que acompañen a la solicitud cumplan todos los requisitos establecidos en el artículo 3 y previa evaluación favorable de las autoridades competentes, una vez examinada la solicitud. Con anterioridad a la concesión de la autorización, las autoridades competentes podrán consultar, cuando proceda, al banco central nacional o a otras autoridades públicas pertinentes.

3.  Las entidades de pago que, con arreglo al Derecho de su Estado miembro de origen, estén obligadas a disponer de un domicilio social deberán tener su administración central en el mismo Estado miembro que su domicilio social y ejercer allí una parte de sus actividades de prestación de servicios de pago o servicios de dinero electrónico. No obstante, las autoridades competentes del Estado miembro en el que la entidad de pago tenga su domicilio social no exigirán a esta que ejerza la mayoría de sus actividades en el país en el que tenga su domicilio social.

4.  Las autoridades competentes podrán exigir, como condición para la autorización, que la entidad de pago solicitante constituya una entidad separada para la prestación de los servicios de pago a que se refiere el anexo I, puntos 1 a 6, cuando la entidad de pago solicitante ejerza otras actividades empresariales que puedan perjudicar o sea probable que perjudiquen a la solidez financiera de la entidad de pago solicitante o la capacidad de las autoridades competentes para supervisar el cumplimiento de la presente Directiva por parte de la entidad de pago solicitante.

5.  Las autoridades competentes denegarán la autorización a la entidad de pago solicitante en cualquiera de los supuestos siguientes:

a)  cuando las autoridades competentes no estén convencidas, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la gestión adecuada y prudente de la entidad de pago, de la idoneidad de los accionistas o socios que tengan participaciones cualificadas;

b)  cuando existan vínculos estrechos, en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 38, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, entre la entidad de pago y las personas físicas o jurídicas que impidan el ejercicio efectivo de las funciones de supervisión de las autoridades competentes;

c)  cuando las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un tercer país por las que se rijan una o varias personas físicas o jurídicas con las que la entidad de pago mantenga vínculos estrechos, en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 38, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, o tenga dificultades relacionadas con el cumplimiento de dichas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, impidan el ejercicio efectivo de las funciones de supervisión de las autoridades competentes.

6.  Las autorizaciones serán válidas en todos los Estados miembros y permitirán a la entidad de pago de que se trate prestar los servicios de pago o servicios de dinero electrónico que estén cubiertos por la autorización en toda la Unión, con arreglo a la libre prestación de servicios o la libertad de establecimiento.

Artículo 14

Comunicación de la decisión de conceder o denegar la autorización

En el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la solicitud de autorización contemplada en el artículo 3 o, en caso de que la misma esté incompleta, de toda la información contemplada en el artículo 3, apartado 3, las autoridades competentes informarán a la solicitante de la concesión o denegación de la solicitud. La autoridad competente motivará toda denegación de autorización.

Artículo 15

Mantener la autorización para ejercer de entidad de pago

Los Estados miembros exigirán a las entidades de pago que informen a su autoridad competente de cualquier cambio en la información y los justificantes proporcionados de conformidad con el artículo 3 que pueda afectar a la exactitud de dicha información o dichos justificantes.

Artículo 16

Revocación de la autorización para ejercer de entidad de pago

1.  Las autoridades competentes del Estado miembro de origen solo podrán revocar la autorización concedida a una entidad de pago únicamente cuando:

a)  la entidad de pago no haya hecho uso de la autorización en un plazo de doce meses a partir de la concesión de dicha autorización o no haya prestado ninguno de los servicios para los que haya sido autorizada durante más de seis meses consecutivos;

b)  la entidad de pago haya renunciado expresamente a la autorización;

c)  la entidad de pago deje de reunir las condiciones para la concesión de la autorización o no informe a la autoridad competente sobre todo cambio significativo a este respecto;

d)  la entidad de pago haya obtenido la autorización por medio de falsas declaraciones o por cualquier otro medio irregular;

e)  la entidad de pago haya incumplido las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que le impone la Directiva (UE) 2015/849;

f)  la continuación de la prestación de servicios de pago o servicios de dinero electrónico por parte de la entidad de pago pueda amenazar la estabilidad del sistema de pagos o poner en peligro la confianza en el mismo;

g)  la entidad de pago se encuentre en uno de los supuestos de revocación de la autorización previstos por el Derecho nacional.

2.  La autoridad competente motivará toda revocación de la autorización y lo comunicará a los interesados.

3.  La autoridad competente hará pública la revocación de la autorización, en particular a través de los registros y listas a que se refieren los artículos 17 y 18.

Artículo 17

Registro de entidades de pago en el Estado miembro de origen

1.  Los Estados miembros gestionarán y mantendrán un registro electrónico público de las entidades de pago, incluidas las entidades inscritas de conformidad con los artículos 34, 36 y 38, y de sus agentes o distribuidores. Los Estados miembros se asegurarán de que este registro contenga toda la información siguiente:

a)  las entidades de pago autorizadas de conformidad con el artículo 13 y sus agentes o distribuidores, cuando proceda;

b)  las personas físicas y jurídicas inscritas de conformidad con el artículo 34, apartado 2, el artículo 36, apartado 1, o el artículo 38, apartado 1, y sus agentes o distribuidores, cuando proceda;

c)  aquellas entidades mencionadas en el artículo 1, apartado 2, a las que su Derecho nacional autorice a prestar servicios de pago o servicios de dinero electrónico.

Las sucursales de una entidad de pago se deberán inscribir en el registro de su Estado miembro de origen si estas sucursales prestan servicios en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen.

2.  El registro público contemplado en el apartado 1:

a)  especificará los servicios de pago y servicios de dinero electrónico y las marcas respectivas para las que la entidad de pago haya sido autorizada o para las que se haya inscrito a la persona física o jurídica;

b)  incluirá a los agentes o distribuidores, según proceda, a través de los cuales la entidad de pago preste servicios de pago o servicios de dinero electrónico, excepto la emisión de dinero electrónico, y especificará los servicios que estos agentes o distribuidores prestan por cuenta de la entidad de pago;

c)  mencionará a los demás Estados miembros en los que opera la entidad de pago e indicará la fecha en que comenzaron estas actividades autorizadas.

3.  Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades de pago figuren en el registro a que se refiere el apartado 1 por separado de las personas físicas y jurídicas inscritas de conformidad con los artículos 34, 36 o 38 y de que dicho registro esté a disposición del público, se pueda consultar en línea y se actualice sin demora.

4.  Las autoridades competentes consignarán en el registro público las fechas de autorización o inscripción, las revocaciones de autorizaciones, las suspensiones de autorizaciones y las revocaciones de inscripciones de conformidad con los artículos 34, 36 o 38.

5.  Las autoridades competentes notificarán sin demora indebida a la ABE los motivos de la revocación de las autorizaciones o inscripciones, de la suspensión de las autorizaciones o inscripciones y de las exenciones de conformidad con los artículos 34, 36 o 38.

Artículo 18

Registro de la ABE

1.  La ABE gestionará y mantendrá un registro electrónico central de las entidades de pago, incluidas las entidades inscritas de conformidad con los artículos 34, 36 y 38, y de sus agentes o distribuidores, así como de las sucursales, cuando proceda. En dicho registro electrónico central figurará la información notificada por las autoridades competentes de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3. La ABE será responsable de que la información que se presente sea exacta.

2.  La ABE pondrá el registro electrónico central a disposición del público en su sitio web y facilitará el acceso a la información que en él figure, así como la correspondiente búsqueda, de manera gratuita.

3.  Las autoridades competentes proporcionarán a la ABE la información consignada en sus registros públicos nacionales de conformidad con el artículo 17 a más tardar un día hábil después de haber inscrito dicha información en los registros públicos nacionales.

4.  Las autoridades competentes serán responsables de la exactitud de la información que figure en sus registros nacionales y que se proporcione a la ABE, así como de mantenerla actualizada. Las sociedades inscritas en el registro dispondrán de medios para corregir las inexactitudes que les afecten.

5.  La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación sobre la gestión y el mantenimiento del registro electrónico central a que se refiere el apartado 1 y sobre el acceso a la información consignada, a fin de garantizar que solo la autoridad competente o la ABE puedan modificar esa información.

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

6.  La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución relativas a los pormenores y la estructura de la información que deba notificarse a que se refiere el apartado 1, incluidos las normas relativas a los datos y los formatos de la información, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/410 de la Comisión(33).

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

Se otorgan a la Comisión las competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

7.  La ABE elaborará, gestionará y mantendrá una lista central y en formato de lectura mecanizada de los proveedores de servicios de pago que ofrezcan los servicios de pago enumerados en el anexo I, puntos 6 y 7, sobre la base de la información más reciente inscrita en el registro de la ABE a que se refiere el apartado 1 y en el registro de entidades de crédito de la ABE creado de conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra j), del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. En esa lista figurará el nombre y el identificador de dichos proveedores de servicios de pago y el estado en que se encuentre su autorización.

Sección 2

Recurso a agentes, distribuidores, sucursales y externalización

Artículo 19

Recurso a agentes

1.  Las entidades de pago que pretendan prestar servicios de pago, que no sean servicios de dinero electrónico, a través de agentes comunicarán a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen toda la información siguiente:

a)  el nombre y el domicilio del agente;

b)  una descripción actualizada de los mecanismos de control interno que el agente utilizará para cumplir lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/849;

c)  la identidad de los administradores y demás personas responsables de la gestión del agente y, cuando el agente no sea un proveedor de servicios de pago, justificantes de su honorabilidad y profesionalidad para el desempeño de sus funciones;

d)  los servicios de pago prestados por la entidad de pago que se encomienden al agente;

e)  el número o código de identificación único del agente, cuando proceda.

2.  Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes del Estado miembro de origen comuniquen a la entidad de pago, en un plazo de un mes a partir de la recepción de la información a que se refiere el apartado 1, si el agente ha sido inscrito o no en el registro a que se refiere el artículo 17. Los agentes podrán comenzar a prestar servicios de pago una vez inscritos en el registro.

3.  Si consideran que la información a que se refiere el apartado 1 es incorrecta, las autoridades competentes tomarán las medidas adicionales oportunas para verificarla antes de inscribir al agente en el registro a que se refiere el artículo 17.

4.  Si, tras haber verificado la información a que se refiere el apartado 1, las autoridades competentes no están convencidas de que dicha información sea correcta, denegarán la inscripción del agente en el registro a que se refiere el artículo 17 e informarán de ello a la entidad de pago sin demora indebida.

5.  Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades de pago que pretendan prestar servicios de pago en otro Estado miembro contratando a un agente o que pretendan prestar servicios de pago en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen a través de un agente situado en un tercer Estado miembro sigan los procedimientos establecidos en el artículo 30.

6.  Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades de pago informen a sus usuarios de servicios de pago de que un agente actúa en su nombre.

7.  Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades de pago comuniquen a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen cualquier cambio relativo al recurso a agentes, incluido el recurso a nuevos agentes, sin demora indebida y de conformidad con el procedimiento contemplado en los apartados 2, 3 y 4.

Artículo 20

Distribuidores de servicios de dinero electrónico

1.  Los Estados miembros permitirán que las entidades de pago que presten servicios de dinero electrónico distribuyan y reembolsen dinero electrónico a través de distribuidores.

2.  Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades de pago que pretendan prestar servicios de dinero electrónico a través de un distribuidor apliquen mutatis mutandis los requisitos establecidos en el artículo 19.

3.  Cuando las entidades de pago pretendan prestar servicios de dinero electrónico en otros Estados miembros contratando a un distribuidor, se aplicarán mutatis mutandis a esas entidades de pago los artículos 30 a 33, salvo las excepciones contempladas en el artículo 31, apartados 4 y 5, de la presente Directiva, incluyendo los actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 30, apartado 5, de la presente Directiva.

Artículo 21

Sucursales

1.  Los Estados miembros exigirán que una entidad de pago que pretenda prestar servicios de pago en otro Estado miembro creando una sucursal o que pretenda prestar servicios de pago en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen a través de una sucursal situada en un tercer Estado miembro siga los procedimientos establecidos en el artículo 30.

2.  Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades de pago exijan que las sucursales que actúen en su nombre informen de ello a los usuarios de servicios de pago.

Artículo 22

Entidades a las que se externalizan actividades

1.  Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades de pago que pretendan externalizar funciones operativas relacionadas con servicios de pago o servicios de dinero electrónico informen de ello a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen.

Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades de pago no externalicen funciones operativas importantes, en particular los sistemas de TIC, de modo tal que se merme de manera sustancial la calidad del control interno de la entidad de pago y la capacidad de las autoridades competentes para controlar y hacer un seguimiento a posteriori del cumplimiento por la entidad de pago de todas las obligaciones que establece la presente Directiva.

Se considerará que una función operativa es importante si una anomalía o deficiencia en su ejecución puede mermar de manera sustancial la capacidad de la entidad de pago para cumplir de forma continuada las condiciones que se derivan de su autorización en virtud del presente título, o las demás obligaciones que le impone la presente Directiva, o puede afectar negativamente a sus resultados financieros o a la solidez o la continuidad de sus servicios de pago o servicios de dinero electrónico.

Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando las entidades de pago externalicen funciones operativas importantes, cumplan con las siguientes condiciones:

a)  la externalización no dará lugar a la delegación de responsabilidad por parte de la alta dirección;

b)  no se verán alteradas las relaciones y obligaciones de la entidad de pago con respecto a sus usuarios de servicios de pago que establece la presente Directiva;

c)  ello no irá en menoscabo de las condiciones que debe cumplir la entidad de pago para recibir la autorización y conservarla;

d)  ello no dará lugar a la supresión o modificación de ninguna de las restantes condiciones a las que se haya supeditado la autorización de la entidad de pago.

2.  Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades de pago comuniquen sin demora indebida a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen cualquier cambio relativo al recurso a entidades a las que se externalicen actividades.

Artículo 23

Responsabilidad

1.  Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades de pago que recurran a terceros para la realización de funciones operativas tomen medidas razonables para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Directiva.

2.  Los Estados miembros dispondrán que las entidades de pago sean plenamente responsables de los actos de sus empleados y de cualesquiera agentes, distribuidores, sucursales o entidades a las que se externalicen actividades.

Sección 3

Autoridades competentes y supervisión

Artículo 24

Designación de las autoridades competentes

1.  Los Estados miembros designarán como autoridades competentes responsables de la autorización y supervisión prudencial de las entidades de pago y que desempeñarán las funciones contempladas en el presente título a autoridades públicas o a organismos reconocidos por el Derecho nacional o por autoridades públicas expresamente facultadas a tal fin por el Derecho nacional, incluidos los bancos centrales nacionales. Los Estados miembros no podrán designar como autoridades competentes a las entidades de pago, las entidades de crédito ni las instituciones de giro postal.

Las autoridades competentes serán independientes respecto de los organismos económicos y evitarán los conflictos de intereses.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el nombre y los datos de contacto de la autoridad competente designada a efectos del párrafo primero.

2.  Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes designadas a efectos del apartado 1 posean todas las facultades necesarias para el desempeño de sus funciones.

Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes dispongan de los recursos necesarios, en particular en términos de personal especializado, para desempeñar sus funciones.

3.  Los Estados miembros que hayan designado a más de una autoridad competente para las cuestiones contempladas en el presente título o que hayan designado como autoridades competentes a autoridades competentes responsables de la supervisión de las entidades de crédito se asegurarán de que dichas autoridades cooperen estrechamente para cumplir eficazmente sus funciones respectivas.

4.  Las funciones de las autoridades competentes designadas a efectos del apartado 1 serán responsabilidad de las autoridades competentes del Estado miembro de origen.

5.  Lo dispuesto en el apartado 1 no implicará que las autoridades competentes hayan de supervisar las actividades empresariales de las entidades de pago distintas de la prestación de servicios de pago y de las actividades contempladas en el artículo 10, apartado 1, letra a).

Artículo 25

Supervisión

1.  Los Estados miembros se asegurarán de que los controles efectuados por las autoridades competentes a fin de comprobar que se siga cumpliendo lo dispuesto en el presente título sean proporcionados, suficientes y adecuados para los riesgos a los que se encuentran expuestas las entidades de pago.

A fin de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente título, las autoridades competentes estarán facultadas para tomar las medidas siguientes, en particular:

a)  exigir a la entidad de pago que proporcione toda la información necesaria para supervisar el cumplimiento, debiendo especificar el propósito de la solicitud, cuando proceda, y el plazo en el que debe proporcionar la información;

b)  efectuar inspecciones in situ en los locales de la entidad de pago o de cualesquiera agentes, distribuidores o sucursales que presten servicios de pago o servicios de dinero electrónico bajo la responsabilidad de la entidad de pago o en los locales de cualquier entidad a la que se hayan externalizado actividades;

c)  formular recomendaciones y aprobar directrices y, cuando proceda, medidas administrativas de obligado cumplimiento;

d)  suspender o revocar la autorización de conformidad con el artículo 16.

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 y de las disposiciones nacionales de Derecho penal, los Estados miembros dispondrán que sus autoridades competentes puedan imponer sanciones o dictar medidas destinadas específicamente a poner fin a las infracciones observadas y a eliminar las causas de tales infracciones a las entidades de pago o a quienes ejerzan el control efectivo de la actividad de las entidades de pago que incumplan las disposiciones de transposición de la presente Directiva.

3.  No obstante lo dispuesto en el artículo 5, en el artículo 6, apartados 1 y 2, en el artículo 7 y en el artículo 8, los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes puedan tomar las medidas contempladas en el apartado 1 del presente artículo para garantizar que las entidades de pago tengan suficiente capital, en particular cuando las actividades distintas de los servicios de pago o los servicios de dinero electrónico perjudiquen o puedan perjudicar la solidez financiera de la entidad de pago.

Artículo 26

Secreto profesional

1.  Sin perjuicio de los supuestos regulados por el Derecho penal nacional, los Estados miembros se asegurarán de que todas las personas que trabajen o hayan trabajado para las autoridades competentes y los expertos que actúen por cuenta de las autoridades competentes estén sometidos a la obligación de secreto profesional.

2.  La información intercambiada de conformidad con el artículo 28 estará sujeta a la obligación de secreto profesional tanto por parte de la autoridad que comparte como de la receptora para garantizar la protección de los derechos individuales y empresariales.

3.  Los Estados miembros podrán aplicar el presente artículo teniendo en cuenta, mutatis mutandis, los artículos 53 a 61 de la Directiva 2013/36/UE.

Artículo 27

Derecho a acudir a la vía judicial

1.  Los Estados miembros se asegurarán de que las decisiones tomadas por las autoridades competentes con respecto a una entidad de pago con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adoptadas conforme a la presente Directiva puedan ser impugnadas judicialmente.

2.  Lo dispuesto en el apartado 1 será también de aplicación en caso de omisión.

Artículo 28

Cooperación e intercambio de información

1.  Las autoridades competentes de los distintos Estados miembros cooperarán entre sí y, cuando proceda, con el BCE, los bancos centrales nacionales de los Estados miembros, la ABE y las demás autoridades competentes pertinentes designadas a efectos del Derecho de la Unión o del Derecho nacional aplicable a los proveedores de servicios de pago.

2.  Los Estados miembros permitirán el intercambio de información entre sus autoridades competentes y:

a)  las autoridades competentes de otros Estados miembros responsables de la autorización de las entidades de pago solicitantes y de la supervisión de las entidades de pago;

b)  el BCE y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros, en su calidad de autoridades monetarias y de supervisión, y, cuando proceda, otras autoridades públicas responsables de la supervisión de los sistemas de pago y liquidación;

c)  otras autoridades pertinentes designadas a efectos de la presente Directiva y otras disposiciones del Derecho de la Unión aplicables a los proveedores de servicios de pago, incluida la Directiva (UE) 2015/849;

d)  la ABE, en su función de mejora del funcionamiento efectivo y coherente de los mecanismos de supervisión a que se refiere el artículo 1, apartado 5, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 29

Solución de diferencias entre las autoridades competentes de los distintos Estados miembros

1.  La autoridad competente de un Estado miembro que considere que, en un caso concreto, la cooperación transfronteriza con las autoridades competentes de otro Estado miembro respecto de las cuestiones a que se refieren los artículos 28, 30, 31, 32 o 33 no ha respetado las condiciones de dichas disposiciones podrá poner el asunto en conocimiento de la ABE y pedirle ayuda de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

2.  Cuando se pida ayuda a la ABE a efectos del apartado 1, esta tomará sin demora indebida las decisiones a que se refiere el artículo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. La ABE podrá asimismo ayudar a las autoridades competentes a llegar a un acuerdo también por propia iniciativa de conformidad con el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, de dicho Reglamento. En ambos casos, las autoridades competentes de que se trate aplazarán sus decisiones hasta que se solucione el asunto de conformidad con el artículo 19 de dicho Reglamento.

Artículo 30

Solicitud de ejercicio del derecho de establecimiento y libre prestación de servicios

1.  Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades de pago que pretendan prestar servicios de pago o servicios de dinero electrónico por primera vez en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen, incluso a través de un establecimiento en un tercer Estado miembro, ejerciendo el derecho de establecimiento o la libre prestación de servicios comunique la información siguiente a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen:

a)  el nombre, la dirección y, cuando proceda, el número de autorización de la entidad de pago;

b)  el Estado o Estados miembros en los que la entidad de pago pretenda operar y la fecha prevista de inicio de las actividades en dicho Estado miembro;

c)  los servicios de pago o servicios de dinero electrónico que la entidad de pago pretenda prestar;

d)  si la entidad de pago pretende recurrir a un agente o un distribuidor, la información contemplada en el artículo 19, apartado 1, y el artículo 20, apartado 2;

e)  si la entidad de pago pretende recurrir a una sucursal:

i)  la información contemplada en el artículo 3, apartado 3, letras b) y e), en relación con la actividad de prestación de servicios de pago o servicios de dinero electrónico en el Estado miembro de acogida;

ii)  una descripción de la estructura organizativa de la sucursal;

iii)  la identidad de las personas responsables de la gestión de la sucursal.

Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades de pago que pretendan externalizar funciones operativas relacionadas con servicios de pago o servicios de dinero electrónico a otras entidades en el Estado miembro de acogida informen inmediatamente de ello a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen.

1 bis.  La Comisión creará un sitio web específico con toda la información en un solo lugar sobre cómo se pueden registrar las entidades de pago en cada Estado miembro.

2.  Las autoridades competentes del Estado miembro de origen comunicarán toda la información a que se refiere el apartado 1 en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que la hayan recibido a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida. Cuando los servicios se presten a través de un tercer Estado miembro, el Estado miembro al que deberá notificarse será aquel en el que se presten los servicios a los usuarios de servicios de pago.

En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la información remitida por las autoridades competentes del Estado miembro de origen, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida comunicarán, tras haber evaluado la citada información, a las autoridades del Estado miembro de origen la información oportuna sobre la intención de la entidad de pago en cuestión de prestar servicios de pago o servicios de dinero electrónico al amparo del ejercicio de la libertad de establecimiento o de la libre prestación de servicios. Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida informarán a las del Estado miembro de origen de todo motivo de inquietud que suscite la intención de contratar a un agente o distribuidor o establecer una sucursal, en particular en relación con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo a efectos de la Directiva (UE) 2015/849. Antes de hacerlo, la autoridad competente del Estado miembro de acogida se pondrá en contacto con las autoridades competentes pertinentes a que se refiere el artículo 7, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/849 para determinar si tales motivos están fundados.

Las autoridades competentes del Estado miembro de origen que no estén de acuerdo con la evaluación de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida comunicarán a estas últimas los motivos por los que no están de acuerdo.

Las autoridades competentes del Estado miembro de origen denegarán la inscripción del agente, distribuidor o sucursal o suprimirán la inscripción en el registro si ya se hubiera practicado cuando su valoración de la situación a la luz de la información recibida de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida sea desfavorable.

3.  En un plazo de treinta días hábiles a partir de la recepción de la información a que se refiere el apartado 1, las autoridades competentes del Estado miembro de origen comunicarán su decisión a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida y a la entidad de pago.

El agente, distribuidor o sucursal podrá comenzar sus actividades en el correspondiente Estado miembro de acogida una vez inscrito en el registro a que se refiere el artículo 17.

Los Estados miembros se asegurarán de que la entidad de pago notifique a las autoridades competentes del Estado miembro de origen la fecha de inicio de las actividades realizadas en nombre de la entidad de pago a través del agente, distribuidor o sucursal en el Estado miembro de acogida de que se trate. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen informarán de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida.

4.  Los Estados miembros se asegurarán de que la entidad de pago comunique sin demora indebida a las autoridades competentes del Estado miembro de origen cualquier cambio pertinente en relación con la información comunicada de conformidad con el apartado 1, incluido el recurso a nuevos agentes, distribuidores, sucursales o entidades a las que se hayan externalizado actividades en los Estados miembros de acogida en los que opere la entidad de pago. Se aplicará el procedimiento previsto en los apartados 2 y 3.

5.  La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen el marco de la cooperación y del intercambio de información entre las autoridades competentes del Estado miembro de origen y las del Estado miembro de acogida, de conformidad con el presente artículo. Los proyectos de normas técnicas de regulación especificarán el método, los medios y los pormenores de la cooperación en lo que respecta a la notificación de las entidades de pago que desarrollen su actividad a escala transfronteriza y, en particular, la información que habrá de proporcionarse y el tratamiento de la misma, con inclusión de una terminología común y unas plantillas de notificación normalizadas, con vistas a garantizar un procedimiento de notificación uniforme y eficiente.

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 31

Supervisión de las entidades de pago que ejerzan el derecho de establecimiento y libre prestación de servicios

1.  Cuando lleven a cabo los controles y tomen las medidas necesarias previstas en el presente título con respecto al agente, distribuidor o sucursal de una entidad de pago situada en el territorio de otro Estado miembro, las autoridades competentes del Estado miembro de origen cooperarán con las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, en particular informando a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de dónde pretenden llevar a cabo una inspección in situ en el territorio de dicho Estado miembro de acogida.

Las autoridades competentes del Estado miembro de origen podrán delegar en las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la realización de inspecciones in situ de la entidad de pago de que se trate.

2.  Las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida podrán exigir que las entidades de pago que tengan agentes, distribuidores o sucursales en su territorio les dirijan un informe periódico sobre las actividades efectuadas en dicho territorio.

Dichos informes se exigirán con fines informativos o estadísticos y, en caso de que los agentes, distribuidores o sucursales presten servicios de pago o servicios de dinero electrónico, para supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en los títulos II y III del Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago]. Tales agentes, distribuidores y sucursales estarán sujetos a requisitos en materia de secreto profesional equivalentes como mínimo a los mencionados en el artículo 26.

Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán solicitar información ad hoc a las entidades de pago cuando dichas autoridades tengan constancia del incumplimiento del presente título o de los títulos II y III del Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago].

3.  Las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida se remitirán mutuamente toda la información esencial y pertinente, en particular en caso de infracciones o supuestas infracciones cometidas por un agente, un distribuidor o una sucursal y cuando esas infracciones se han producido en el contexto del ejercicio de la libre prestación de servicios. Las autoridades competentes comunicarán, previa solicitud, toda la información pertinente que se les solicite y, por iniciativa propia, toda la información esencial, en particular por lo que respecta al cumplimiento por la entidad de pago de las condiciones indicadas en el artículo 13, apartado 3.

4.  Los Estados miembros podrán exigir a las entidades de pago que realicen actividades en su territorio por medio de agentes y cuya administración central esté situada en otro Estado miembro que nombren un punto de contacto central en dicho territorio, con el fin de garantizar una comunicación fluida y una notificación adecuada de información sobre el cumplimiento de los títulos II y III del Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago] y de facilitar la supervisión por las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida, en particular mediante la transmisión a dichas autoridades de los documentos y la información que estas soliciten. Cuando un Estado miembro decida imponer tal requisito, cada entidad de pago designará un único punto de contacto central en dicho Estado miembro.

5.  La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen los criterios que deberán aplicarse a la hora de determinar, con arreglo al principio de proporcionalidad, las circunstancias en que resulta oportuno el nombramiento del punto de contacto central contemplado en el apartado 4, así como las funciones de dichos puntos de contacto.

Dichos proyectos de normas técnicas de regulación tendrán en cuenta, en particular, lo siguiente:

a)  el volumen y el valor totales de las operaciones realizadas por la entidad de pago en Estados miembros de acogida;

b)  el tipo de servicios de pago prestados;

c)  el número total de agentes establecidos en el Estado miembro de acogida.

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 32

Medidas aplicables en caso de incumplimiento, incluidas las medidas cautelares

1.  Cuando la autoridad competente del Estado miembro de acogida considere que la entidad de pago que tenga agentes, distribuidores o sucursales en su territorio incumple lo dispuesto en el presente título o en los títulos II y III del Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago], informará de ello a la autoridad competente del Estado miembro de origen sin demora indebida.

La autoridad competente del Estado miembro de origen, tras evaluar la información recibida en virtud del párrafo primero, tomará sin demora indebida todas las medidas oportunas para garantizar que la entidad de pago ponga fin a su incumplimiento. La autoridad competente del Estado miembro de origen comunicará esas medidas a la autoridad competente del Estado miembro de acogida y a las autoridades competentes de todos los demás Estados miembros afectados sin demora.

2.  En situaciones de emergencia, que requieren una intervención inmediata a fin de hacer frente a una amenaza grave para los intereses colectivos de los usuarios de servicios de pago en el Estado miembro de acogida, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán dictar medidas cautelares, paralelamente a la cooperación transfronteriza entre autoridades competentes y en espera de que las autoridades competentes del Estado miembro de origen tomen las medidas previstas en el artículo 31.

3.  Las medidas cautelares contempladas en el apartado 2 deberán ser adecuadas y proporcionadas a su objetivo, que es proteger de una amenaza grave los intereses colectivos de los usuarios de servicios de pago del Estado miembro de acogida. No deberán dar preferencia a los usuarios de servicios de pago de la entidad de pago del Estado miembro de acogida sobre los usuarios de servicios pago de otros Estados miembros.

Estas medidas cautelares serán temporales y se revocarán cuando se hayan subsanado las amenazas graves observadas, especialmente con la asistencia o la cooperación de las autoridades competentes del Estado miembro de origen o de la ABE, según lo dispuesto en el artículo 29, apartado 1.

4.  Cuando proceda en relación con la situación de emergencia, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida informarán a las autoridades competentes del Estado miembro de origen y las autoridades competentes de cualquier otro Estado miembro afectado, así como a la Comisión y a la ABE, y en todo caso sin demora indebida, de las medidas cautelares dictadas en virtud del apartado 2 y de los motivos por los que se dictan dichas medidas.

Artículo 33

Motivación y comunicación

1.  Cualquier medida tomada por las autoridades competentes a efectos de los artículos 25, 30, 31 o 32 que implique sanciones o restricciones del ejercicio de la libre prestación de servicios o la libertad de establecimiento deberá estar debidamente motivada y ser comunicada a la entidad de pago afectada.

2.  Los artículos 29, 30 y 32 se entenderán sin perjuicio de las obligaciones que imponen a las autoridades competentes la Directiva (UE) 2015/849 y el Reglamento (UE) 2015/847, en particular el artículo 47, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/849 y el artículo 22, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/847, en materia de supervisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en esos instrumentos.

CAPÍTULO II

Exenciones y notificaciones

Artículo 34

Exenciones facultativas

1.  Los Estados miembros podrán no aplicar o autorizar a sus autoridades competentes a no aplicar total o parcialmente los procedimientos y las condiciones establecidos en el capítulo I, secciones 1, 2 y 3, excepto los artículos 17, 18, 24, 26, 27 y 28, a las personas físicas o jurídicas que presten los servicios de pago enumerados en el anexo I, puntos 1 a 5, o servicios de dinero electrónico cuando:

a)  respecto de los servicios de pago, el valor mensual medio del total de las operaciones de pago ejecutadas en los 12 meses precedentes por la persona de que se trate, incluidos los posibles agentes con respecto a los cuales asume plena responsabilidad, no sobrepase el límite fijado por el Estado miembro, límite que, en ningún caso, podrá ser superior a 3 millones EUR;

b)  respecto de los servicios de dinero electrónico, la totalidad de las actividades empresariales genere una cuantía media de dinero electrónico en circulación que no sobrepase el límite fijado por el Estado miembro, límite que, en ningún caso, podrá ser superior a 5 millones EUR;

c)  respecto de los servicios de pago y de los servicios de dinero electrónico, ninguna de las personas físicas responsables de la gestión o el ejercicio de la actividad haya sido condenada por delitos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo u otros delitos económicos.

c bis)   en el caso de las operaciones de pago utilizadas para la ejecución de servicios de negociación y liquidación que utilicen fichas de dinero electrónico, según se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 7, del Reglamento (UE) 2023/1114, el proveedor de servicios de pago ya haya sido autorizado como proveedor de servicios de criptomoneda en un Estado miembro para dichos servicios en virtud del título V de dicho Reglamento.

A efectos de la letra a) del párrafo primero, la evaluación de si se ha superado el límite se basará en el importe total previsto de las operaciones de pago en su plan de negocio, a menos que las autoridades competentes hayan exigido la modificación de dicho plan.

Cuando la entidad de pago que preste servicios de dinero electrónico también ofrezca servicios de pago o cualquiera de las actividades contempladas en el artículo 10, y el volumen del dinero electrónico en circulación no se conozca con antelación, las autoridades competentes permitirán que dicha entidad de pago electrónico aplique la letra b) del párrafo primero sobre la base de una hipótesis acerca de la fracción representativa que se destinará a servicios de dinero electrónico, siempre que esa fracción representativa pueda ser objeto, a satisfacción de las autoridades competentes, de una estimación razonable a partir de datos históricos. Cuando la entidad de pago no haya completado un período de actividad suficientemente largo, dicho requisito se evaluará sobre la base del dinero electrónico en circulación previsto en su plan de negocio, a menos que las autoridades competentes hayan exigido la modificación de dicho plan.

Los Estados miembros podrán igualmente disponer que las exenciones facultativas estén sujetas a un requisito suplementario de un importe máximo almacenado en el instrumento de pago o la cuenta de pago del consumidor en el que esté almacenado el dinero electrónico.

Las personas físicas o jurídicas que se beneficien de la exención contemplada en el apartado 1, párrafo primero, letra b), solo podrán prestar servicios de pago no relacionados con servicios de dinero electrónico de conformidad con el apartado 1, párrafo primero, letra a).

2.  Los Estados miembros exigirán a las personas físicas o jurídicas exentas de la aplicación de los procedimientos y condiciones a que se refiere el apartado 1 que se inscriba ante la autoridad competente del Estado miembro de origen. Los Estados miembros determinarán la documentación que deberá acompañar a dicha solicitud de inscripción, sobre la base de los elementos enumerados en el artículo 3, apartado 3, letras a) a s).

3.  Los Estados miembros exigirán que las personas físicas o jurídicas inscritas con arreglo al apartado 2 fijen su administración central o lugar de residencia en el Estado miembro en que ejerzan efectivamente sus actividades.

4.  Las personas exentas de la aplicación de los procedimientos y condiciones a que se refiere el apartado 1 serán tratadas como entidades de pago. El artículo 13, apartado 6, y los artículos 30, 31 y 32 no se aplicarán a dichas personas.

5.  Los Estados miembros podrán disponer que las personas físicas o jurídicas inscritas con arreglo al apartado 2 puedan ejercer únicamente algunas de las actividades enumeradas en el artículo 10.

6.  Las personas exentas de la aplicación de los procedimientos y condiciones a que se refiere el apartado 1 notificarán a las autoridades competentes todo cambio en su situación que guarde relación con las condiciones especificadas en dicho apartado y, al menos una vez al año, en la fecha especificada por las autoridades competentes, informarán de lo siguiente:

a)  la media del valor total de las operaciones de pago de los 12 meses anteriores cuando presten servicios de pago;

b)  la media del dinero electrónico en circulación cuando presten servicios de dinero electrónico.

7.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando ya no se cumplan las condiciones establecidas en los apartados 1, 3 o 5 del presente artículo, la persona de que se trate solicite autorización dentro de los treinta días naturales siguientes, de conformidad con el artículo 13. Los Estados miembros se asegurarán de que sus propias autoridades competentes dispongan de las competencias suficientes para comprobar el cumplimiento continuado de lo dispuesto en el presente artículo.

8.  Los apartados 1 a 6 del presente artículo se entenderán sin perjuicio de la Directiva (UE) 2015/849 o del Derecho nacional en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Artículo 35

Notificación e información

El Estado miembro que conceda una exención con arreglo al artículo 34 informará a la Comisión de todo lo siguiente:

a)  la decisión de conceder tal exención;

b)  cualquier modificación ulterior de dicha exención;

c)  el número de personas físicas y jurídicas a quienes incumbe;

d)  anualmente, el valor total de las operaciones de pago ejecutadas a 31 de diciembre de cada año natural a que se refiere el artículo 34, apartado 1, letra a), y el importe total del dinero electrónico emitido en circulación a que se refiere el artículo 34, apartado 1, letra b).

Artículo 36

Proveedores de servicios de información sobre cuentas

1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 3, las personas físicas o jurídicas que presten únicamente los servicios de pago a que se refiere el anexo I, punto 7, no estarán sujetas a autorización, pero deberán inscribirse ante la autoridad competente del Estado miembro de origen antes de iniciar su actividad.

2.  Dicha solicitud de inscripción irá acompañada de la información y la documentación a que se refiere el artículo 3, apartado 3, letras a), b), e) a h), j), l), n), p) y q).

A efectos de la documentación a que se refiere el artículo 3, apartado 3, letras e), f) y l), la persona física o jurídica que solicite la inscripción proporcionará una descripción de sus procedimientos de auditoría y de las disposiciones organizativas que haya establecido a fin de tomar todas las medidas razonables para proteger los intereses de sus usuarios y garantizar la continuidad y fiabilidad de la prestación de los servicios de pago a que se refiere el anexo I, punto 7.

3.  Las medidas de control de la seguridad y de mitigación de los riesgos a que se refiere el artículo 3, apartado 3, letra j), indicarán de qué manera garantizará la persona física o jurídica que solicite la inscripción un nivel elevado de resiliencia operativa digital, tal como se exige en el capítulo II del Reglamento (UE) 2022/2554, en particular en lo que respecta a la seguridad técnica y la protección de datos, incluidos los programas informáticos y los sistemas de TIC utilizados por la persona física o jurídica que solicite la inscripción o las empresas a las que externalice, total o parcialmente, sus operaciones.

4.  Los Estados miembros obligarán a las personas a que se refiere el apartado 1 a tener, como condición para su inscripción, un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra los territorios en los que ofrezcan sus servicios o alguna otra garantía comparable, y a garantizar que:

a)  pueden hacer frente a la responsabilidad frente al proveedor de servicios de pago gestor de cuenta o al usuario de servicios de pago resultante del acceso no autorizado o fraudulento al servicio de información sobre cuentas de pago o del uso no autorizado o fraudulento de dicho servicio;

b)  pueden hacer frente a la cuantía de cualquier plusvalía, exceso o valor no cubierto por el seguro o la garantía comparable;

c)  supervisan de forma continuada la cobertura del seguro o la garantía comparable.

Como alternativa a los requisitos indicados en las letras b) y c), las personas jurídicas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo podrán optar por un capital inicial de 50 000 EUR, que será sustituido por un seguro de responsabilidad civil profesional o una garantía comparable inmediatamente después de que dichas personas jurídicas hayan iniciado su actividad como entidad de pago.

5.  Las secciones 1 y 2 del capítulo I no se aplicarán a las personas que presten los servicios a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. La sección 3 del capítulo I se aplicará a las personas que presten los servicios a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, a excepción del artículo 25, apartado 3.

▌

6.  Las personas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo serán tratadas como entidades de pago.

Artículo 37

Servicios de entrega de efectivo, sin compra, en comercios minoristas

1.  Los Estados miembros eximirán de la aplicación de la presente Directiva a las personas físicas o jurídicas que entreguen efectivo en comercios minoristas con independencia de que se realice una compra o no, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

a)  que el servicio sea ofrecido en el local por la persona física o jurídica que venda bienes o servicios como profesión habitual;

b)  que el importe del efectivo entregado no sobrepase 100 EUR, o el importe equivalente en la divisa del Estado miembro en cuestión, por retirada;

b bis)  que la retirada del cliente no esté anonimizada y requiera la autenticación del cliente.

2.  El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la Directiva (UE) 2015/849 o de cualquier otra norma nacional o de la Unión pertinente en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Artículo 38

Servicios que posibilitan la retirada de efectivo ofrecidos por los proveedores de cajeros automáticos que no prestan servicios respecto de cuentas de pago

1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 3, las personas físicas o jurídicas que presten los servicios de retirada de efectivo a que se refiere el anexo I, punto 1, y que no presten servicios respecto de cuentas de pago, ni los otros servicios de pago contemplados en el anexo I, no estarán sujetas a autorización, pero deberán inscribirse ante la autoridad competente del Estado miembro de origen antes de iniciar su actividad.

2.  La solicitud de inscripción a que se refiere el apartado 1 irá acompañada de la información y la documentación a que se refiere el artículo 3, apartado 3, letras a), b), e) a h), j), l), n), p) y q).

A efectos de la documentación a que se refiere el artículo 3, apartado 3, letras e), f) y l), la persona física o jurídica que solicite la inscripción proporcionará una descripción de sus procedimientos de auditoría y de las disposiciones organizativas que haya establecido a fin de tomar todas las medidas razonables para proteger los intereses de sus usuarios y garantizar la continuidad y fiabilidad de la prestación de los servicios de pago a que se refiere el anexo, punto 1.

Las medidas de control de la seguridad y de mitigación de los riesgos a que se refiere el artículo 3, apartado 3, letra j), indicarán de qué manera garantizará la persona física o jurídica que solicite la inscripción un nivel elevado de resiliencia operativa digital, tal como se exige en el capítulo II del Reglamento (UE) 2022/2554, en particular en lo que respecta a la seguridad técnica y la protección de datos, incluidos los programas informáticos y los sistemas de TIC utilizados por la persona física o jurídica que solicite la inscripción o las empresas a las que externalice, total o parcialmente, sus operaciones.

3.  Las secciones 1 y 2 del capítulo 1 no se aplicarán a las personas que presten los servicios a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. La sección 3 del capítulo 1 se aplicará a las personas que presten los servicios a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, a excepción del artículo 25, apartado 3.

4.  Las personas que presten los servicios a que se refiere el apartado 1 del presente artículo serán tratadas como entidades de pago.

4 bis.   Las personas físicas o jurídicas que presten los servicios a que se refiere el apartado 1 del presente artículo cumplirán los requisitos en materia de transparencia de las tasas y comisiones que se establecen en el artículo 7 del Reglamento sobre servicios de pago y, en particular, velarán por que dichas tasas y comisiones se expongan al iniciarse la prestación de los servicios.

Artículo 39

Obligaciones de notificación

1.  Los Estados miembros exigirán que los proveedores de servicios que ejerzan alguna de las actividades contempladas en el artículo 2, apartado 2, letra j), incisos i) y ii), del Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago] o que ejerzan las dos actividades, y que hayan ejecutado en los doce meses precedentes operaciones de pago por un valor total superior a un millón EUR, informen a las autoridades competentes de los servicios ofrecidos y precisen a cuál de las exclusiones contempladas en el artículo 2, apartado 2, letra j), incisos i) y ii), del Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago] se considera sujeto el ejercicio de tal actividad.

Basándose en dicha notificación, la autoridad competente tomará una decisión motivada, atendiendo a los criterios contemplados en el artículo 2, apartado 2, letra j), del Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago], cuando la actividad no cumpla los criterios para ser considerada como una red limitada e informará de ello al proveedor de servicios.

2.  Los Estados miembros exigirán que los proveedores de servicios que ejerzan alguna de las actividades contempladas en el artículo 2, apartado 2, letra k), del Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago] envíen a las autoridades competentes una notificación y un dictamen anual de auditoría que certifique que tal actividad se ajusta a los límites indicados en el artículo 2, apartado 2, letra k), del Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago].

3.  Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes informen a la ABE de los servicios notificados en virtud del apartado 1, indicando a qué exclusión están sujetas dichas actividades.

4.  La descripción de las actividades notificadas en virtud de los apartados 2 y 3 se publicará en los registros a que se refieren los artículos 17 y 18.

TÍTULO III

ACTOS DELEGADOS Y NORMAS TÉCNICAS DE REGULACIÓN

Artículo 40

Actos delegados

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 41 a fin de actualizar los importes a que se refieren el artículo 5, el artículo 34, apartado 1, y el artículo 37 para tener en cuenta la inflación.

Artículo 41

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 40 se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

3.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 40 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 40 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 42

Armonización plena

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, y en el artículo 34, en la medida en que la presente Directiva establezca disposiciones armonizadas, los Estados miembros no podrán mantener ni introducir disposiciones distintas de las que figuren en la presente Directiva.

2.  Los Estados miembros que hagan uso de alguna de las opciones contempladas en el artículo 6, apartado 3, o en el artículo 34 informarán de ello a la Comisión y de cualquier cambio ulterior. La Comisión hará pública esta información a través de su sitio web o de cualquier otra forma fácilmente accesible.

3.  Los Estados miembros se asegurarán de que los proveedores de servicios de pago no establezcan, en detrimento de los usuarios de servicios de pago, excepciones a las disposiciones de Derecho nacional que transpongan la presente Directiva, salvo disposición expresa de esta. No obstante, los proveedores de servicios de pago podrán brindar condiciones más favorables a los usuarios de servicios de pago.

Artículo 43

Cláusula de revisión

1.  A más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a 5 años después de la fecha inicial de aplicación de la presente Directiva], la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al BCE y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación y la incidencia de la presente Directiva y, en particular, sobre:

▌

b)  la repercusión de la revisión de la Directiva 2014/49/UE, sobre la garantía de los fondos de los clientes por parte de las entidades de pago;

b bis)   el número total y la cuota de mercado de los proveedores de servicios de pago autorizados con arreglo a la presente Directiva, clasificados por Estado miembro.

Cuando proceda, la Comisión presentará una propuesta legislativa junto con su informe.

2.  A más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a 3 años después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre servicios de pago], la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al BCE y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre el ámbito de aplicación de la presente Directiva, especialmente respecto de los sistemas de pago, los regímenes de pago y los proveedores de servicios técnicos, como la tramitación o la explotación de monederos digitales, que no están incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Cuando proceda, la Comisión presentará una propuesta legislativa junto con su informe.

Artículo 44

Disposiciones transitorias

1.  Los Estados miembros permitirán que las entidades de pago que hayan sido autorizadas de conformidad con el artículo 11 de la Directiva (UE) 2015/2366 a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] sigan prestando y ejecutando los servicios de pago para los que hayan sido autorizadas, sin tener que solicitar una nueva autorización de conformidad con el artículo 3 de la presente Directiva ni cumplir las demás disposiciones establecidas o contempladas en el título II de la presente Directiva hasta el [OP: insértese la fecha correspondiente a 24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

Los Estados miembros no exigirán que las entidades de pago a que se refiere el párrafo primero presenten a las autoridades competentes ninguna información complementaria que no sea la información que permita a estas evaluar, a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a 24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]:

a)  si dichas entidades de pago cumplen o no los nuevos requisitos contemplados en el título II y, en caso contrario, qué medidas deben tomarse para garantizar el cumplimiento;

b)  si la autorización debería revocarse o no.

Las entidades de pago a que se refiere el párrafo primero que cumplan, a satisfacción de las autoridades competentes tras la correspondiente verificación, lo dispuesto en el título II seguirán estando autorizadas para ejercer como entidades de pago con arreglo al artículo 13 de la presente Directiva y se inscribirán en los registros a que se refieren los artículos 17 y 18. Cuando dichas entidades de pago no cumplan los requisitos establecidos en el título II a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a 24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], quedarán suspendidas de prestar servicios de pago hasta que faciliten a la autoridad competente pertinente la información complementaria requerida que garantice el cumplimiento del título II y dicha autoridad competente haya verificado la exactitud de dicha información y autorizado debidamente al proveedor de servicios de pago.

2.  Los Estados miembros dispondrán que las entidades de pago a que se refiere el apartado 1 sean autorizadas automáticamente e inscritas en el registro a que se refiere el artículo 17 si las autoridades competentes tienen constancia de que dichas entidades de pago ya cumplen lo dispuesto en los artículos 3 y 13. Las autoridades competentes informarán a las entidades de pago afectadas de cualquier obstáculo a la autorización y procederán, sin demora indebida, a la eliminación de dicho obstáculo.

3.  Los Estados miembros permitirán que las personas físicas o jurídicas que se hayan beneficiado de una exención de conformidad con el artículo 32 de la Directiva (UE) 2015/2366 a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] y que hayan prestado los servicios de pago a que se refiere el anexo I de dicha Directiva opten por una de las opciones siguientes:

a)  seguir prestando dichos servicios en el Estado miembro de que se trate hasta el [OP: insértese la fecha correspondiente a 24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva];

b)  acogerse a una exención de conformidad con el artículo 34 de la presente Directiva;

c)  cumplir las demás disposiciones establecidas o mencionadas en el título II de la presente Directiva.

Quedarán suspendidas de prestar servicios de pago las personas a que se refiere el párrafo primero que, a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], no hayan sido autorizadas o eximidas a efectos de la presente Directiva hasta que faciliten a la autoridad competente pertinente la información complementaria requerida y dicha autoridad competente haya verificado la exactitud de dicha información y autorizado debidamente al proveedor de servicios de pago.

4.  Los Estados miembros podrán conceder a las personas físicas y jurídicas que se hayan beneficiado de una exención de conformidad con el artículo 32 de la Directiva (UE) 2015/2366 una exención de conformidad con el artículo 34 de la presente Directiva e inscribir a dichas personas en los registros a que se refieren los artículos 17 y 18 de la presente Directiva cuando las autoridades competentes tengan constancia de que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 34 de la presente Directiva. Las autoridades competentes informarán de ello a las entidades de pago afectadas. Si las autoridades competentes no adoptan una decisión a más tardar el [24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], las entidades de pago podrán seguir prestando y ejecutando los servicios de pago para los que se les ha autorizado hasta que se adopte dicha decisión.

Artículo 45

Disposición transitoria respecto de las entidades de dinero electrónico autorizadas a efectos de la Directiva 2009/110/CE

1.  Los Estados miembros permitirán que las entidades de dinero electrónico definidas en el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2009/110/CE que hayan comenzado, antes del [OP: insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], a realizar actividades de conformidad con la normativa nacional de transposición de la Directiva 2009/110/CE como entidades de dinero electrónico en el Estado miembro en el que esté situada su administración central de conformidad con la normativa nacional de transposición de la Directiva 2009/110/CE prosigan esas actividades en ese Estado miembro o en otro Estado miembro sin tener que solicitar una nueva autorización de conformidad con el artículo 3 de la presente Directiva, ni cumplir las demás disposiciones establecidas o contempladas en el título II de la presente Directiva hasta... [24 meses después la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

2.  Los Estados miembros no exigirán que las entidades de dinero electrónico a que se refiere el apartado 1 presenten a las autoridades competentes más información que la que les permita evaluar, a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a 24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], si dichas entidades de dinero electrónico cumplen lo dispuesto en la presente Directiva. Cuando dicha evaluación evidencie que dichas entidades de dinero electrónico no cumplen dichos requisitos, las autoridades competentes decidirán qué medidas deben adoptarse para garantizar que los cumplan o revocar la autorización.

Las entidades de dinero electrónico a que se refiere el párrafo primero que cumplan, a satisfacción de las autoridades competentes tras la correspondiente verificación, lo dispuesto en el título II estarán autorizadas para ejercer como entidades de pago con arreglo al artículo 13 de la presente Directiva y se inscribirán en los registros a que se refieren los artículos 17 y 18. Cuando dichas entidades de dinero electrónico no cumplan los requisitos establecidos en el título II a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a 24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], quedarán suspendidas de prestar servicios de dinero electrónico hasta que faciliten a la autoridad competente pertinente la información complementaria requerida y dicha autoridad competente haya verificado la exactitud de dicha información y autorizado debidamente a la entidad de dinero electrónico.

3.  Los Estados miembros permitirán que las entidades de dinero electrónico a que se refiere el apartado 1 sean autorizadas automáticamente como entidades de pago e inscritas en el registro a que se refiere el artículo 17 si las autoridades competentes tienen constancia de que dichas entidades de dinero electrónico cumplen lo dispuesto en la presente Directiva. Las autoridades competentes informarán ▌a las entidades de dinero electrónico afectadas de cualquier obstáculo a la autorización y procederán, sin demora indebida, a la eliminación de dicho obstáculo.

4.  Los Estados miembros permitirán que aquellas personas jurídicas que hayan comenzado, antes del [OP: insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], a realizar actividades de conformidad con la normativa nacional de transposición del artículo 9 de la Directiva 2009/110/CE prosigan esas actividades en el Estado miembro de que se trate de conformidad con dicha Directiva hasta el [OP: insértese la fecha correspondiente a 24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] sin tener que solicitar una nueva autorización de conformidad con el artículo 3 de la presente Directiva, ni cumplir las demás disposiciones establecidas o contempladas en el título II de la presente Directiva. Si las autoridades competentes no adoptan una decisión a más tardar el [24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], dichas personas jurídicas podrán seguir prestando y ejecutando los servicios de dinero electrónico y los servicios de pago para los que se les ha autorizado.

Artículo 45 bis

Período de prórroga

Las autoridades competentes podrán decidir, excepcionalmente, conceder una prórroga antes de que se prohíba a determinadas entidades de pago y de dinero electrónico prestar servicios cuando dichas entidades hayan proporcionado la información requerida con arreglo a los artículos 44 y 45 y la autoridad competente no haya sido capaz de procesarla en el plazo aplicable.

Artículo 46

▌

Artículo 47

Modificación de la Directiva (UE) 2020/1828

En el anexo I de la Directiva (UE) 2020/1828, se añade el punto siguiente:"

«68) Reglamento (UE) 20../… del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un marco para el acceso a los datos financieros y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010, (UE) n.º 1095/2010 y (UE) 2022/2554 (DO L […] de […], [p. …]).».

Artículo 48

Derogación

Queda derogada con efecto a partir del … [OP: insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva] la Directiva (UE) 2015/2366.

Queda derogada con efecto a partir del … [OP: insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva] la Directiva 2009/110/CE.

Todas las referencias a la Directiva (UE) 2015/2366 y a la Directiva 2009/110/CE en actos jurídicos vigentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva o al Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago] y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo III de la presente Directiva.

Artículo 49

Transposición

1.   Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] ▌, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

2.   Aplicarán dichas disposiciones a partir del [OP: insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva] ▌.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

3.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 50

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 51

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en ..., el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta El Presidente

ANEXO I

SERVICIOS DE PAGO

(a que se refiere el artículo 2, punto 3)

1.  Servicios que permiten depositar efectivo en una cuenta de pago y/o retirarlo de ella.

2.  Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos de y a una cuenta de pago, también cuando los fondos estén cubiertos por una línea de crédito con el proveedor de servicios de pago del usuario o con otro proveedor de servicios de pago.

3.  Emisión de instrumentos de pago.

4.  Adquisición de operaciones de pago.

5.  Envío de dinero.

6.  Servicios de iniciación de pagos.

7.  Servicios de información sobre cuentas.

ANEXO II

SERVICIOS DE DINERO ELECTRÓNICO

(a que se refiere el artículo 2, punto 37)

Emisión de dinero electrónico, mantenimiento de cuentas de pago que almacenan unidades de dinero electrónico y transferencia de unidades de dinero electrónico.

ANEXO III

TABLA DE CORRESPONDENCIAS

(1) DO C, C/2024/1594, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1594/oj. (2) * Los cambios introducidos en el texto son el resultado de la aprobación de la enmienda 1. El texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el símbolo ▌. (3) DO C […] de […], p. […]. (4) DO C […] de […], p. […]. (5) Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015, p. 35). (6)  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 24 de septiembre de 2020, sobre una Estrategia de Pagos Minoristas para la UE [COM(2020) 592 final]. (7) Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267 de 10.10.2009, p. 7). (8) Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 1095/2010 y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/1937 (DO L 150 de 9.6.2023, p. 40). (9) Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre las tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta (DO L 123 de 19.5.2015, p. 1). (10) Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE (DO L 319 de 5.12.2007, p. 1). (11) Autoridad Bancaria Europea, EBA/REP/2023/01, Peer Review Report on authorisation under PSD2 [«Informe de evaluación inter pares sobre la autorización con arreglo a la segunda Directiva sobre servicios de pago», documento en inglés]. (12) Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 600/2014, (UE) n.º 909/2014 y (UE) 2016/1011 (DO L 333 de 27.12.2022, p. 1). (13) Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1). (14) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. (15) Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133 de 22.5.2008, p. 66). (16) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). (17) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39). (18) Reglamento Delegado (UE) 2017/2055 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes en relación con el ejercicio del derecho de establecimiento y la libertad de prestación de servicios de las entidades de pago (DO L 294 de 11.11.2017, p. 1). (19) Reglamento Delegado (UE) 2021/1722 de la Comisión, de 18 de junio de 2021, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican el marco para la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida en el contexto de la supervisión de las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico que presten servicios de pago transfronterizos (DO L 343 de 28.9.2021, p. 1). (20) Reglamento Delegado (UE) 2020/1423 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a los criterios de nombramiento de puntos de contacto centrales en el ámbito de los servicios de pago y a las funciones de estos puntos de contacto centrales (DO L 328 de 9.10.2020, p. 1). (21) Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12). (22) Reglamento (UE) 20[..]/[....] del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un marco para el acceso a los datos financieros y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010, (UE) n.º 1095/2010 y (UE) 2022/2554. (23) Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE (DO L 409 de 4.12.2020, p. 1). (24) COM(2023) 228 final. (25) Reglamento (UE) [.../...] del Parlamento Europeo y del Consejo, de [...], relativo a los servicios de pago en el mercado interior y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L ...). (26) Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19). (27)  Reglamento Delegado (UE) n.º 241/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación aplicables a los requisitos de fondos propios de las entidades (DO L 74 de 14.3.2014, p. 8). (28) Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73). (29) Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1781/2006 (DO L 141 de 5.6.2015, p. 1). (30) Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87). (31) Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras (DO L 372 de 31.12.1986, p. 1). (32) Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1). (33) Reglamento de Ejecución (UE) 2019/410 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2018, por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas a los pormenores y la estructura de la información que deban notificar, en el ámbito de los servicios de pago, las autoridades competentes a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 73 de 15.3.2019, p. 20).

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los servicios de pago en el mercado interior y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (COM(2023)0367 – C9-0217/2023 – 2023/0210(COD))

P9_TA(2024)0298 A9-0052/2024

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2023)0367),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0217/2023),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 14 de diciembre de 2023(1),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9‑0052/2024),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de abril de 2024 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los servicios de pago en el mercado interior y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010(2)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

Visto el dictamen del Banco Central Europeo(4),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)  Desde la adopción de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo(5) el mercado de servicios de pagos minoristas ha experimentado cambios significativos relacionados en gran medida con la creciente utilización de tarjetas y otros medios de pago digitales, la disminución del uso de efectivo y la presencia cada vez mayor de nuevos agentes y servicios, como las carteras digitales y los pagos sin contacto. La pandemia de COVID‑19 y los cambios que ha producido en las prácticas de consumo y pago han aumentado la importancia de contar con pagos seguros y eficientes.

(2)  La Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia de Pagos Minoristas para la UE(6) anunció la puesta en marcha de una revisión exhaustiva de la aplicación y las repercusiones de la Directiva (UE) 2015/2366, «que debe incluir una evaluación global de si, habida cuenta de la evolución del mercado, la Directiva sigue siendo adecuada para su finalidad».

(3)  La Directiva (UE) 2015/2366 tenía por objeto eliminar los obstáculos a los nuevos tipos de servicios de pago y mejorar el nivel de protección y seguridad de los consumidores. La evaluación del impacto y la aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 realizada por la Comisión puso de manifiesto que dicha Directiva ha funcionado muy satisfactoriamente con respecto a muchos de sus objetivos, pero también identificó algunos ámbitos en los que no se han alcanzado plenamente los objetivos. Por ejemplo, la evaluación identificó el aumento de nuevos tipos de fraude como motivo de preocupación con respecto a los objetivos de protección de los consumidores. Asimismo, se detectaron deficiencias en relación con el objetivo de mejorar la competencia en el mercado gracias a los denominados «servicios de banca abierta» (servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos) mediante la reducción de los obstáculos al mercado a los que se enfrentan terceros proveedores. Los avances hacia la consecución del objetivo de mejorar la prestación de servicios transfronterizos de pago también han sido limitados, debido en gran medida a las incoherencias en las prácticas de supervisión y ejecución en toda la Unión. Además, la evaluación identificó factores que obstaculizan el progreso en relación con el objetivo de garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre todos los proveedores de servicios de pago.

(4)  La evaluación detectó, asimismo, problemas relacionados con la aplicación y el cumplimiento divergentes de la Directiva (UE) 2015/2366 que afectan directamente a la competencia entre los proveedores de servicios de pago, al crear condiciones reglamentarias diferentes en distintos Estados miembros, lo que ha fomentado el arbitraje regulador. No debe haber margen para la práctica de buscar un foro de conveniencia según la cual los proveedores de servicios de pago eligen, como «país de origen», aquellos Estados miembros en los que la aplicación de las normas de la Unión sobre servicios de pago les resulte más ventajosa y prestan servicios transfronterizos en otros Estados miembros que interpreten de forma más estricta dichas normas o apliquen políticas de ejecución más activas a los proveedores de servicios de pago establecidos en ellos. Esta práctica falsea la competencia. Por consiguiente, deben armonizarse en mayor medida las normas de la Unión sobre servicios de pago, incorporando en un reglamento las normas que rigen el ejercicio de la actividad de servicios de pago, incluidos los derechos y obligaciones de las partes implicadas. Estas normas, excluyendo las relativas a la autorización y supervisión de las entidades de pago que deben permanecer en una directiva, deben aclararse y detallarse, minimizando así los márgenes de interpretación.

(5)  Aunque la emisión de dinero electrónico está regulada por la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(7) su utilización para financiar operaciones de pago está regulada en gran medida por la Directiva (UE) 2015/2366. Por consiguiente, el marco jurídico aplicable a las entidades de dinero electrónico y a las entidades de pago, en particular en lo que se refiere a las normas de conducta, ya está sustancialmente armonizado. Para abordar las cuestiones de coherencia externa y, dado que los servicios de dinero electrónico y los servicios de pago son cada vez más difíciles de distinguir, deben aproximarse los marcos legislativos relativos a las entidades de dinero electrónico y a las entidades de pago. No obstante, los requisitos de autorización, en particular el capital inicial y los fondos propios, y algunos conceptos básicos clave que rigen las actividades relacionadas con el dinero electrónico, como la emisión, la distribución y el reembolso de dinero electrónico, son distintos de los servicios prestados por las entidades de pago. Procede, por tanto, preservar estas especificidades al fusionar las disposiciones de las Directivas (UE) 2015/2366 y 2009/110/CE. Dado que la Directiva 2009/110/CE quedará derogada por la Directiva (UE) XXXX [tercera Directiva sobre servicios de pago], las normas, a excepción de las relativas a la autorización y supervisión, que se incorporen a ella, deben introducirse en un marco unificado en virtud del presente Reglamento, con los ajustes oportunos.

(6)  A fin de garantizar la seguridad jurídica y un ámbito de aplicación claro de las normas aplicables a la ejecución de la actividad de prestación de servicios de pago y dinero electrónico, es preciso especificar las categorías de proveedores de servicios de pago que están sujetos a las obligaciones relativas al ejercicio de la actividad de prestación de servicios de pago y dinero electrónico en toda la Unión.

(7)  Existen varias categorías de proveedores de servicios de pago. Las entidades de crédito aceptan depósitos de los usuarios que pueden utilizarse para ejecutar operaciones de pago. Están autorizadas con arreglo a la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(8). Las entidades de pago no aceptan depósitos. Pueden mantener fondos de los usuarios y emitir dinero electrónico que puede utilizarse para ejecutar operaciones de pago. Están autorizadas con arreglo a la Directiva (UE) XXXX [tercera Directiva sobre servicios de pago]. Las instituciones de giro postal facultadas en virtud a la legislación nacional también pueden prestar servicios de dinero electrónico y pago. Otras categorías de proveedores de servicios de pago son el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales cuando no actúan en calidad de autoridad monetaria u otras autoridades públicas, así como los Estados miembros o sus autoridades regionales o locales cuando no actúan en calidad de autoridades públicas.

(8)  Es conveniente disociar el servicio de permitir la retirada de efectivo de una cuenta de pago de la actividad de gestión de una cuenta de pago, ya que es posible que los proveedores de servicios de retirada de efectivo no gestionen cuentas de pago. Los servicios de emisión de instrumentos de pago y de adquisición de operaciones de pago, que se enumeraron conjuntamente en el punto 5 del anexo de la Directiva (UE) 2015/2366 como si uno no pudiera ofrecerse sin el otro, deben figurar como dos servicios de pago diferentes. La enumeración de los servicios de emisión y adquisición por separado, junto con definiciones distintas de cada servicio, aclarará que los proveedores de servicios de pago pueden ofrecer servicios de emisión y adquisición por separado.

(9)  La exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 de determinadas categorías de operadores de cajeros automáticos ha resultado difícil de aplicar en la práctica. Por consiguiente, la categoría de operadores de cajeros automáticos que quedaron excluidos del requisito de autorización como proveedor de servicios de pago en virtud de la Directiva (UE) 2015/2366 debe sustituirse por una nueva categoría de operadores de cajeros automáticos que no gestionen cuentas de pago. Si bien estos operadores no están sujetos a los requisitos de autorización en virtud de la Directiva (UE) XXX [tercera Directiva sobre sistemas de pago], deben, no obstante, estar sujetos a requisitos de transparencia con respecto a las tasas en situaciones en que cobren comisiones por la retirada de efectivo.

(10)  Para seguir mejorando el acceso a efectivo, que es una prioridad de la Comisión, debe permitirse a los comerciantes ofrecer, en las tiendas físicas, servicios de suministro de efectivo incluso en ausencia de compra por parte del cliente, sin tener que obtener una autorización como proveedor de servicios de pago ni ser un agente de una entidad de pago. No obstante, los servicios de suministro de efectivo deben estar sujetos a la obligación de revelar las comisiones que, en su caso, se cobran al cliente. Estos servicios deben prestarse de forma voluntaria por los minoristas y depender de su disponibilidad de efectivo.

(11)  La exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 de las operaciones de pago del ordenante al beneficiario a través de un agente comercial que actúe por cuenta del ordenante o del beneficiario se aplica de manera muy diversa en los diferentes Estados miembros. El concepto de agente comercial suele definirse en el Derecho civil nacional, que puede diferir de un Estado miembro a otro, lo que da lugar a un tratamiento desigual de los mismos servicios en diferentes jurisdicciones. Por consiguiente, el concepto de agente comercial en el marco de esta exclusión debe armonizarse y clarificarse haciendo referencia a la definición de agente comercial establecida en la Directiva 86/653/CEE del Consejo(9). Además, deben aclararse en mayor medida las condiciones en las que las operaciones de pago del ordenante al beneficiario a través de agentes comerciales pueden quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Para ello, debe exigirse que los agentes estén autorizados mediante un acuerdo con el ordenante o el beneficiario para negociar o concluir la venta o la compra de bienes o servicios por cuenta únicamente del ordenante o del beneficiario, pero no de ambos, con independencia de que el agente comercial esté o no en posesión de los fondos del cliente. Las plataformas de comercio electrónico que actúan como agentes comerciales por cuenta de compradores y vendedores individuales sin que estos dispongan de ningún margen real o autonomía para negociar o concluir la venta o la compra de bienes o servicios no deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento. La Autoridad Bancaria Europea (ABE) debe elaborar directrices sobre la exclusión de las operaciones de pago del ordenante al beneficiario a través de un agente comercial, a fin de aportar mayor claridad y convergencia entre las autoridades competentes. Dichas directrices pueden incluir un repositorio de casos prácticos normalmente cubiertos por la exclusión referente al agente comercial.

(12)  La exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 relativa a los instrumentos con fines específicos se ha aplicado de manera diferente en los distintos Estados miembros, aunque los proveedores de servicios cuyos instrumentos estaban cubiertos por dicha exclusión estaban obligados a notificar su actividad a las autoridades competentes. La ABE proporcionó directrices adicionales en sus Directrices sobre la exclusión de red limitada en virtud de la segunda Directiva sobre servicios de pago, de 24 de febrero de 2022(10). A pesar de estos intentos de aclarar la aplicación de la exclusión relacionada con instrumentos con fines específicos, siguen existiendo proveedores de servicios que prestan servicios que implican pagos de una magnitud considerable y ofrecen a un gran número de clientes una variedad de productos, que intentan hacer uso de dicha exclusión. En estos casos, los consumidores no se benefician de las salvaguardias necesarias y los servicios no deberían beneficiarse de la exclusión referente a los instrumentos con fines específicos. Por consiguiente, es preciso aclarar que no es posible utilizar el mismo instrumento con fines específicos para efectuar operaciones de pago a efectos de la adquisición de bienes y servicios dentro de más de una red limitada, ni para adquirir un abanico ilimitado de bienes y servicios.

(13)  Para evaluar si una red limitada debe excluirse del ámbito de aplicación, debe tenerse en cuenta la ubicación geográfica de los puntos de aceptación de dicha red, así como el número de puntos de aceptación. Los instrumentos con fines específicos deben permitir al titular adquirir bienes o servicios únicamente en los locales físicos del emisor, mientras que la utilización en un contexto de tienda en línea no debe estar cubierta por el concepto de locales del emisor. Los instrumentos con fines específicos deben incluir, en función del régimen contractual respectivo, las tarjetas que solo pueden utilizarse en determinadas cadenas de tiendas o centros comerciales, las tarjetas de combustible, las tarjetas de socio, las tarjetas de transporte público, los tiques de aparcamiento, los vales de alimentación o los vales de servicios específicos, que pueden estar sujetos a un marco jurídico específico en materia fiscal o laboral destinado a promover el uso de tales instrumentos para lograr los objetivos establecidos en la legislación social, como los vales para atención infantil o los vales ecológicos. Al mismo tiempo, el marco normativo de los vales en los Estados miembros debe garantizar la aceptación de dichos vales.

(14)  La exclusión relativa a determinadas operaciones de pago, ejecutadas mediante dispositivos informáticos o de telecomunicación, debe centrarse específicamente en los micropagos por contenidos digitales y servicios de voz. Debe mantenerse una referencia clara a las operaciones de pago para la adquisición de billetes o entradas electrónicos, a fin de que los clientes puedan seguir encargando, pagando, obteniendo y validando con facilidad billetes o entradas electrónicos desde cualquier lugar y en cualquier momento utilizando un teléfono u otro dispositivo móvil. Los billetes y entradas electrónicos permiten y facilitan la entrega de servicios que el consumidor podría adquirir también en forma de billete o entrada en papel y que incluyen los servicios de transporte, entretenimiento, aparcamiento y entrada a espectáculos, pero excluyen los bienes físicos. También deben excluirse las operaciones de pago efectuadas por un proveedor específico de redes de comunicaciones electrónicas realizadas desde un dispositivo electrónico o a través de él y cargadas en la factura correspondiente para recaudar donaciones benéficas. Solo debe aplicarse cuando el valor de las operaciones de pago sea inferior a un determinado umbral.

(15)  La zona única de pagos en euros (SEPA) ha facilitado la creación de «factorías de pagos» y «factorías de cobros» en el ámbito de la Unión, que permiten centralizar las operaciones de pago de un mismo grupo. A ese respecto, procede disponer que las operaciones de pago entre una empresa matriz y su filial o entre filiales de la misma empresa filial que se realicen a través de un proveedor de servicios de pago perteneciente al mismo grupo han de quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento. El cobro de órdenes de pago y la recepción de fondos por cuenta de un grupo empresarial por parte de la empresa matriz o de una filial para su transmisión a otro proveedor de servicios de pago no debe considerarse un servicio de pago.

(16)  La prestación de servicios de pago requiere el apoyo de servicios técnicos, entre los que se incluyen el tratamiento y el almacenamiento de datos, los servicios de pasarela de pago, los servicios de confianza y protección de la intimidad, la autenticación de datos y entidades, el suministro de tecnologías de la información (TI) y de redes de comunicación, el suministro y el mantenimiento de interfaces orientadas al consumidor utilizadas para recopilar información sobre pagos, con inclusión de los terminales y dispositivos utilizados para los servicios de pago. Los servicios de iniciación de pagos y de información sobre cuentas no son servicios técnicos.

(17)  Los servicios técnicos no constituyen servicios de pago pues los proveedores de servicios técnicos no están en ningún momento en posesión de los fondos que deben transferirse. Por lo tanto, deben quedar excluidos de la definición de servicios de pago. No obstante, estos servicios deben estar sujetos a determinados requisitos, como los relativos a la responsabilidad por no apoyar la aplicación de la autenticación reforzada de cliente▐.

(18)  Teniendo en cuenta la rápida evolución del mercado de pagos minoristas y la aparición de nuevos servicios y soluciones de pago, procede adaptar algunas de las definiciones de la Directiva (UE) 2015/2366 a la realidad del mercado a fin de garantizar que la legislación de la Unión siga siendo adecuada para los fines perseguidos y tecnológicamente neutra.

(19)  La aclaración del proceso y de los distintos pasos que deben seguirse para la ejecución de una operación de pago reviste una gran importancia para los derechos y obligaciones de las partes implicadas en dicha operación, así como para la aplicación de la autenticación reforzada de cliente. El proceso que culmina en la ejecución de una operación de pago es iniciado por el ordenante, o en su nombre, o por el beneficiario. El ordenante inicia la operación de pago cursando una orden de pago. Una vez cursada dicha orden de pago, el proveedor de servicios de pago comprueba si la operación ha sido autorizada y autenticada, en particular, si procede, mediante una autenticación reforzada de cliente, y valida la orden de pago. A continuación, el proveedor de servicios de pago adopta las medidas pertinentes para ejecutar la operación de pago, incluida la transferencia de fondos.

(20)  Habida cuenta de las opiniones divergentes señaladas por la Comisión en su revisión de la aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 y puestas de relieve por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en su dictamen, de 23 de junio de 2022, sobre la revisión de la Directiva (UE) 2015/2366, es preciso aclarar la definición de cuentas de pago. El criterio determinante para la clasificación de una cuenta como cuenta de pago radica en la capacidad de efectuar operaciones de pago diarias a través de dicha cuenta. La posibilidad de efectuar operaciones de pago a un tercero a través de una cuenta o de beneficiarse de tales operaciones efectuadas por un tercero es la característica que define el concepto de cuenta de pago. Por consiguiente, una cuenta de pago debe definirse como una cuenta que se utiliza para el envío de fondos a terceros o la recepción de fondos de terceros. Toda cuenta que posea esas características debe considerarse una cuenta de pago y debe accederse a ella para la prestación de servicios de iniciación de pagos e información sobre cuentas. Las situaciones en las que se necesita otra cuenta intermediaria para ejecutar operaciones de pago de o a terceros no deben incluirse en la definición de cuenta de pago. Las cuentas de ahorro no se utilizan para enviar fondos a terceros o recibir fondos de terceros, por lo que quedan excluidas de la definición de cuenta de pago.

(21)  Habida cuenta de la aparición de nuevos tipos de instrumentos de pago y de las incertidumbres imperantes en el mercado en cuanto a su calificación jurídica, debe especificarse en mayor medida la definición de «instrumento de pago», proporcionando algunos ejemplos para ilustrar qué constituye o no un instrumento de pago, teniendo en cuenta el principio de neutralidad tecnológica.

(22)  A pesar de que la comunicación de campo próximo (NFC) permite iniciar una operación de pago, considerarla un «instrumento de pago» propiamente dicho plantearía algunos problemas, por ejemplo, para la aplicación de una autenticación reforzada de cliente para los pagos sin contacto en el punto de venta y del régimen de responsabilidad del proveedor de servicios de pago. Por lo tanto, la NFC debe considerarse una funcionalidad de un instrumento de pago y no un instrumento de pago como tal.

(23)  La definición de «instrumento de pago» recogida en la Directiva (UE) 2015/2366 se refería a un «dispositivo personalizado». Dado que existen tarjetas de prepago en las que el nombre del titular del instrumento no está impreso, aplicar dicha referencia podría dejar estos tipos de tarjetas fuera del ámbito de la definición de instrumento de pago. Por consiguiente, la definición de «instrumento de pago» debe modificarse para referirse a dispositivos «individualizados», en lugar de dispositivos «personalizados», aclarando que las tarjetas de prepago en las que el nombre del titular del instrumento no está impreso entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(24)  Las denominadas carteras digitales «pass-through», que implican la toquenización de un instrumento de pago existente, por ejemplo, una tarjeta de pago, deben considerarse servicios técnicos y, por lo tanto, quedar excluidas de la definición de instrumento de pago pues, en opinión de la Comisión, una ficha no puede considerarse en sí misma un instrumento de pago, sino una «aplicación de pago» en el sentido del artículo 2, punto 21, del Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo(11). Sin embargo, otras categorías de carteras digitales, a saber, las carteras electrónicas de prepago, como las carteras digitales «staged», en las que los usuarios pueden almacenar dinero para futuras operaciones en línea, deben considerarse un instrumento de pago y su emisión un servicio de pago.

(25)  Los avances tecnológicos desde la adopción de la Directiva (UE) 2015/2366 han transformado la forma en que se prestan los servicios de información sobre cuentas. Las empresas que ofrecen estos servicios proporcionan al usuario de servicios de pago información agregada en línea sobre una o varias de sus cuentas de pago mantenidas en uno o varios proveedores de servicios de pago, a la que se accede mediante interfaces en línea del proveedor de servicios de pago gestor de cuenta, lo que permite al usuario del servicio de pago tener en todo momento una visión global e inmediata de sus cuentas de pago.

(26)  La revisión de la Comisión puso de relieve que los proveedores autorizados de servicios de información sobre cuentas, a veces, facilitan datos sobre cuentas de pago que han agregado no al consumidor del que han recibido permiso para acceder y agregar dichos datos, sino a otra parte, para permitirle prestar otros servicios al consumidor utilizando estos datos. Existen, sin embargo, opiniones divergentes sobre si esta actividad entra dentro del servicio regulado de información sobre cuentas. La Comisión considera que esta evolución de la «licencia como servicio» de modelo de negocio de «banca abierta» puede ser una fuente de servicios innovadores basados en datos, en beneficio último de los usuarios finales. De hecho, este modelo de negocio permite a los usuarios finales dar acceso a los datos sobre sus cuentas de pago para recibir otros servicios distintos de los servicios de pago, como servicios de préstamo, contabilidad y evaluación de la solvencia. No obstante, es esencial que los usuarios de servicios de pago sepan con precisión quién accede a los datos sobre su cuenta de pago, por qué motivo y con qué finalidad. Los usuarios de servicios de pago deben tener pleno conocimiento de la transmisión de sus datos a otra empresa y autorizar dicha transmisión. Este nuevo modelo de negocio basado en la banca abierta requiere una modificación de la definición de servicios de información sobre cuentas, a fin de aclarar que la información agregada por el proveedor autorizado de servicios de información sobre cuentas puede transmitirse a un tercero para que este pueda prestar otro servicio al usuario final, con el permiso de este. Para ofrecer a los consumidores una protección adecuada de los datos sobre sus cuentas de pago, así como seguridad jurídica en cuanto a la situación de las entidades que acceden a sus datos, el servicio de agregación de datos de las cuentas de pago siempre debe ser prestado por una entidad regulada sobre la base de una licencia, incluso cuando los datos se transmitan en última instancia a otro proveedor de servicios.

(27)  El envío de dinero constituye un servicio de pago que se basa, por lo general, en la entrega de efectivo, sin crear ninguna cuenta de pago a nombre del ordenante o del beneficiario, realizada por un ordenante a un proveedor de servicios de pago que transfiere el importe correspondiente a un beneficiario o a otro proveedor de servicios de pago que actúe por cuenta del beneficiario. En algunos Estados miembros existen supermercados, comerciantes y otros minoristas que prestan al público un servicio que les permite pagar las facturas de suministros básicos y otras facturas domésticas periódicas. Estos servicios de pago de facturas deben considerarse servicios de envío de dinero.

(28)  La definición de fondos debe abarcar▐ el dinero de los bancos centrales emitido para uso minorista, incluidos los billetes y monedas, y cualquier posible moneda digital futura de los bancos centrales, dinero electrónico y dinero de bancos comerciales. No debe incluirse en la definición el dinero de los bancos centrales emitido para su uso entre el banco central y los bancos comerciales, es decir, para uso mayorista.

(29)  El Reglamento (UE) 2023/1114, de 31 de mayo de 2023, relativo a los mercados de criptoactivos, establece que las fichas de dinero electrónico se considerarán dinero electrónico a los efectos de dicho Reglamento. Con el fin de evitar la duplicidad de los requisitos, es importante que las disposiciones del presente Reglamento definan con claridad los casos en que las fichas de dinero electrónico han de estar sujetas al presente Reglamento.

(30)  A fin de mantener la confianza del titular del dinero electrónico, el dinero electrónico debe ser reembolsable. La posibilidad de obtener el reembolso no supone, en sí misma, que los fondos recibidos a cambio de dinero electrónico deban considerarse depósitos u otros fondos reembolsables a los efectos de la Directiva 2013/36/UE(12). El reembolso debe poder efectuarse en todo momento, al valor nominal y sin posibilidad de acordar un límite mínimo para el reembolso. El reembolso debe efectuarse por lo general libre de gastos. No obstante, debería ser posible solicitar una comisión proporcional y basada en el coste, sin perjuicio de la legislación nacional en materia fiscal o social y de las posibles obligaciones impuestas al emisor del dinero electrónico en virtud de otras disposiciones legislativas pertinentes de la Unión o nacionales, como la normativa contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo, así como de cualquier acción que tenga por objeto la congelación de fondos o de cualquier otra medida específica en relación con la prevención e investigación de delitos.

(31)  Los proveedores de servicios de pago necesitan acceso a sistemas de pago para prestar servicios de pago a los usuarios. Estos sistemas de pago incluyen normalmente los sistemas de tarjetas cuatripartitos, así como los principales sistemas de tratamiento de las transferencias y los adeudos domiciliados. A fin de garantizar en toda la Unión la igualdad de trato entre las diferentes categorías de proveedores autorizados de servicios de pago es preciso clarificar las normas que rigen el acceso a los sistemas de pago. El acceso puede ser directo o indirecto a través de otro participante en ese sistema de pago. Dicho acceso debe estar supeditado al cumplimiento de requisitos que garanticen la integridad y estabilidad de esos sistemas de pago. A tal fin, el operador del sistema de pago debe llevar a cabo una evaluación de riesgos del proveedor de servicios de pago que solicite la participación directa, en la que ha de analizar todos los riesgos pertinentes, incluidos, cuando proceda, los riesgos de liquidación, los riesgos operativos, los riesgos de crédito, los riesgos de liquidez y los riesgos de explotación. Todo proveedor de servicios de pago que solicite participar en un sistema de pago debe asumir el riesgo de su propia elección de sistema y demostrar ante el sistema de pago que sus procedimientos internos tienen solidez suficiente para hacer frente a esos tipos de riesgo. Los operadores de sistemas de pago solo deben rechazar una solicitud de participación directa de un proveedor de servicios de pago si este no es capaz de respetar las normas del sistema o plantea un nivel inaceptablemente alto de riesgo.

(31 bis)   Para procesar pagos digitales en línea o fuera de línea, resulta esencial que los proveedores de servicios de pago «front‑end» obtengan acceso a la tecnología NFC en los dispositivos móviles. Los componentes de esta tecnología son, entre otros, las antenas NFC y los denominados «elementos seguros de los dispositivos móviles» [por ejemplo: Universal Integrated Circuit Card (UICC, tarjeta de circuito integrado universal), embedded SE (eSE, elemento seguro integrado) y microSD, etc.]. Por ello, es preciso garantizar que, siempre que sea necesario para prestar servicios de pago, los fabricantes de equipos originales de dispositivos móviles o los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas no denieguen el acceso a antenas NFC ni a elementos seguros. A tal fin, en la economía digital, los proveedores de servicios de pago «front‑end» deben tener derecho a almacenar software en el hardware de los dispositivos móviles pertinentes para que las operaciones resulten posibles desde el punto de vista técnico tanto en línea como fuera de línea. Para ello, los fabricantes de equipos originales de dispositivos móviles y los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas deben estar obligados a ofrecer acceso en condiciones justas, razonables y no discriminatorias a todos los componentes de hardware y software cuando sea necesario para las operaciones en línea y fuera de línea. En todos los casos, dichos operadores deben estar obligados a proporcionar una capacidad adecuada según las características pertinentes de hardware y software de los dispositivos móviles con el fin de procesar las operaciones de pago en línea y de almacenar fondos en los dispositivos móviles para las operaciones de pago fuera de línea. Esta obligación debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 7, del Reglamento (UE) 2022/1925, del Parlamento Europeo y del Consejo(13), por el que se obliga a los guardianes de acceso a proporcionar, de forma gratuita, una interoperabilidad efectiva con las características del sistema operativo, del hardware o del software de los dispositivos móviles, y el acceso a las mismas a efectos de interoperabilidad, lo que se aplica a los medios de pago digitales existentes y nuevos.

(32)  Los operadores de sistemas de pago deben disponer de normas y procedimientos de acceso proporcionados, objetivos, no discriminatorios y transparentes. No deben discriminar a las entidades de pago en lo que respecta a la participación si pueden respetarse las normas del sistema y no existe ningún riesgo inaceptable para el sistema. Estos sistemas incluyen, entre otros, los designados de conformidad con la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(14). En los casos en que el sistema de pago en cuestión ya esté sujeto a la supervisión del Sistema Europeo de Bancos Centrales en virtud del Reglamento (UE) n.º 795/2014 del Banco Central Europeo(15), el banco o bancos centrales que ejerzan dicha vigilancia deben hacer un seguimiento del cumplimiento de las normas mencionadas en el marco de su supervisión. En el caso de otros sistemas de pago, los Estados miembros deben designar autoridades nacionales competentes para garantizar que los operadores de infraestructuras de sistemas de pago respeten dichos requisitos.

(33)  Para garantizar condiciones de competencia equitativas entre los proveedores de servicios de pago, un participante en un sistema de pago que preste servicios en relación con dicho sistema a un proveedor de servicios de pago autorizado o registrado, también debe conceder acceso a dichos servicios, en condiciones objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, a cualquier proveedor de servicios de pago autorizado o registrado que lo solicite.

(34)  Las disposiciones relativas al acceso a los sistemas de pago no deben aplicarse a los sistemas que han sido creados y son utilizados por un único proveedor de servicios de pago. Los sistemas de pago de este tipo pueden funcionar ya sea compitiendo directamente con los sistemas de pago o, como ocurre más frecuentemente, en un sector de mercado que no esté cubierto por otros por sistemas de pago. Estos sistemas incluyen sistemas tripartitos, entre ellos los sistemas de tarjetas tripartitos, en la medida en que nunca hayan funcionado en la práctica como sistemas de tarjetas cuatripartitos, por ejemplo, por recurrir a licenciatarios, agentes o socios con los que utilicen tarjetas con marca combinada. También incluyen normalmente los servicios de pago ofrecidos por proveedores de servicios de telecomunicaciones en los que el operador del sistema es el proveedor de servicios de pago tanto para el ordenante como para el beneficiario y los sistemas internos de los grupos bancarios. Con el fin de estimular la competencia que pueden generar estos sistemas de pago cerrados con respecto a los sistemas de pago mayoritarios establecidos, no debe concederse a terceros acceso a estos sistemas de pago cerrados privados. No obstante, estos sistemas cerrados deben estar siempre sujetos a las normas de competencia nacionales y de la Unión, que pueden requerir que se permita acceder a ellos con el fin de mantener una competencia efectiva en los mercados de servicios de pago.

(35)  Las entidades de pago deben poder abrir y mantener una cuenta en una entidad de crédito para cumplir sus requisitos de autorización relativos a la salvaguardia de los fondos de los clientes. Sin embargo, como pone de manifiesto, en particular, la ABE en su dictamen de 5 de enero de 2022(16), a pesar de las disposiciones relativas a las cuentas de las entidades de pago en un banco comercial establecidas en la Directiva (UE) 2015/2366, algunas empresas o entidades de pago que solicitan una licencia como entidad de pago todavía tienen que hacer frente a las prácticas de algunas entidades de crédito que se niegan a abrirles una cuenta o a cerrar una cuenta existente, sobre la base del mayor riesgo percibido de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Estas prácticas denominadas de «reducción del riesgo» plantean retos competitivos significativos para las entidades de pago.

(36)  Por consiguiente, las entidades de crédito deben proporcionar una cuenta de pago a las entidades de pago y a los solicitantes de una licencia como entidad de pago, así como a sus agentes y distribuidores, salvo en casos excepcionales en los que existan motivos fundados para denegar el acceso. Es preciso incluir en esta disposición a los solicitantes de una licencia como entidad de pago, dado que una cuenta bancaria en la que pueden protegerse los fondos de los clientes es un requisito previo para obtener una licencia de entidad de pago. Entre los motivos de denegación, se incluirán motivos fundados para sospechar que la entidad de pago lleva a cabo, o que a través de ella se llevan a cabo, actividades ilegales, o un modelo de negocio o perfil de riesgo que genere riesgos graves o costes de cumplimiento excesivos para la entidad de crédito. Por ejemplo, los modelos de negocio en los que las entidades de pago utilizan una amplia red de agentes pueden generar importantes costes de cumplimiento relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las entidades de pago deben tener derecho a recurrir la negativa de una entidad de crédito ante una autoridad competente designada por un Estado miembro. Con el fin de facilitar el ejercicio del derecho de recurso, las entidades de crédito deben motivar por escrito y en detalle cualquier negativa a ofrecer una cuenta o el posterior cierre de una cuenta. Esta motivación debe referirse a elementos específicos relativos a la entidad de pago en cuestión, no a consideraciones generales o genéricas. Para facilitar el trámite por parte de las autoridades competentes de los recursos contra la denegación o retirada de cuentas y su motivación, la ABE debe elaborar normas técnicas de ejecución que armonicen la presentación de dichas motivaciones.

(37)  Para tomar decisiones con conocimiento de causa y poder elegir fácilmente a su proveedor de servicios de pago dentro de la Unión, los usuarios de servicios de pago deben recibir información comparable y clara sobre los servicios de pago. A fin de garantizar que se facilite a los usuarios de servicios de pago la información necesaria, suficiente y comprensible en relación con el contrato de servicios de pago y las operaciones de pago, es preciso especificar y armonizar las obligaciones de los proveedores de servicios de pago en lo que respecta al suministro de información a los usuarios de servicios de pago.

(38)  Al facilitar la información requerida a los usuarios de servicios de pago, los proveedores de servicios de pago deben tener en cuenta las necesidades de dichos usuarios, así como los aspectos prácticos y la rentabilidad en función del contrato de servicios de pago correspondiente. Los proveedores de servicios de pago deben comunicar la información de forma activa en el momento oportuno sin que el usuario de servicios de pago tenga que tomar ninguna iniciativa, o ponerla a su disposición a petición suya. En el segundo caso, los usuarios del servicio de pago deben tomar la iniciativa para obtener la información, por ejemplo, solicitarla explícitamente a los proveedores de servicios de pago, consultar el correo electrónico de la cuenta bancaria o imprimir extractos de cuenta por medio de una tarjeta bancaria. A estos efectos, los proveedores de servicios de pago deben garantizar la posibilidad de acceso a la información y que la información esté a disposición de los usuarios del servicio de pago.

(39)  Dado que los consumidores y las empresas no se hallan en las mismas condiciones de vulnerabilidad, no requieren el mismo nivel de protección. Si bien procede garantizar los derechos de los consumidores mediante disposiciones con respecto a las cuales no puedan establecerse excepciones en los contratos, resulta razonable permitir que las empresas y organizaciones acuerden otro tipo de disposiciones cuando no estén involucrados consumidores. Tales acuerdos podrían regular si se aplica o no la autenticación reforzada de cliente (SCA). Las microempresas, tal como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión(17), pueden recibir el mismo trato que los consumidores. Determinadas normas deben aplicarse siempre, sea cual fuere el tipo de usuario.

(40)  A fin de mantener un elevado nivel de protección de los consumidores, estos deben tener derecho a recibir información gratuita sobre las condiciones y los precios libres de gastos de los servicios antes de quedar vinculados por cualquier contrato de servicios de pago. Para que los consumidores puedan comparar los servicios y condiciones ofrecidos por los proveedores de servicios de pago y, en caso de litigio, verificar sus derechos y obligaciones contractuales, deben poder solicitar que se le facilite en papel, gratuitamente, dicha información y el contrato marco, en cualquier momento a lo largo de la relación contractual.

(41)  Para aumentar el nivel de transparencia, los proveedores de servicios de pago deben facilitar al consumidor información básica sobre las operaciones de pago ejecutadas, sin coste adicional. Por lo que respecta a las operaciones de pago singulares, el proveedor de servicios de pago no debe facturar separadamente esta información. De la misma forma, los proveedores de servicios de pago deben facilitar de forma gratuita la información ulterior sobre las operaciones de pago sujetas a un contrato marco gratuitamente y de manera mensual. No obstante, habida cuenta de la importancia de la transparencia en el establecimiento de precios y de las distintas exigencias de los clientes, las partes en el contrato deben poder convenir la facturación de gastos si se trata de información adicional o proporcionada con mayor frecuencia.

(42)  Los instrumentos de pagos de escasa cuantía deben constituir una alternativa barata y fácilmente accesible en el caso de los bienes y servicios de precio reducido, y no deben someterse a requisitos excesivos. Los requisitos de información y las normas de ejecución deben limitarse, por consiguiente, a la información esencial, habida cuenta de las características técnicas que pueden razonablemente esperarse de instrumentos dedicados a pagos de escasa cuantía. Pese a tratarse de un régimen menos estricto, los usuarios de servicios de pago deben beneficiarse de una protección adecuada que atienda a los riesgos limitados que plantea este tipo de instrumentos de pago, en particular en lo que respecta a los instrumentos de prepago.

(43)  Por lo que se refiere a las operaciones de pago individual, se ofrecerá la información esencial sobre la base de la propia iniciativa del proveedor del servicio de pago. Habida cuenta de que los ordenantes están normalmente presentes cuando dan la orden de pago, no es necesario disponer que la información se facilite siempre en papel o mediante otro soporte duradero. Los proveedores de servicios de pago podrían dar la información oralmente o facilitar de otro modo el acceso a la misma, por ejemplo, mediante difusión de las condiciones en un tablón de anuncios en sus locales. También debe informarse sobre dónde obtener información adicional más detallada, por ejemplo, direcciones de sitios de internet. No obstante, cuando así lo solicita el consumidor, los proveedores de servicios de pago deben proporcionar también la información esencial en papel o mediante otro soporte duradero.

(44)  La información requerida debe ser proporcionada a las necesidades de los usuarios. Los requisitos en materia de información aplicables a una operación de pago singular deben ser diferentes de los aplicables a un contrato marco que permita una sucesión de operaciones de pago.

(45)  Para poder elegir con conocimiento de causa, los usuarios de servicios de pago deben poder comparar las comisiones en cajeros automáticos con las de otros proveedores. A fin de incrementar la transparencia de las comisiones que se cobran a los usuarios de servicios de pago por la utilización de cajeros automáticos, los proveedores de servicios de pago deben facilitar a tales usuarios información sobre todas las comisiones aplicables, al comienzo de una operación, a las retiradas de efectivo en cajeros automáticos en la Unión en diferentes situaciones, en función del cajero automático del que retiren efectivo. En concreto, los cajeros automáticos gestionados por las entidades de crédito deben mostrar en valor monetario cualquier comisión fija que se exija al usuario al retirar dinero en efectivo de un cajero automático de dichas entidades. La comisión fija debe mostrarse en el momento en que el usuario inserta su tarjeta o la aproxima al lector del cajero automático para iniciar el proceso de retirar dinero en efectivo, o antes de dicho momento. Una mayor transparencia también significa mejor información por parte del proveedor de servicios de pago sobre el cambio de divisas, cuando proceda.

(46)  Los contratos marco y las operaciones de pago sujetas a dichos contratos son mucho más frecuentes y tienen mayor importancia económica que las operaciones de pago singulares. Si existe una cuenta de pago o un instrumento de pago específico, se requiere un contrato marco. Por lo tanto, los requisitos de información previa sobre los contratos marco deben ser exhaustivos y la información debe facilitarse siempre en papel o mediante otro soporte duradero. No obstante, los proveedores de servicios de pago y los usuarios de servicios de pago deben poder acordar en el contrato marco la forma en que se facilitará la información ulterior sobre las operaciones de pago efectuadas.

(47)  Las disposiciones contractuales no deben discriminar a los consumidores que residen legalmente en la Unión por motivo de su nacionalidad o lugar de residencia. Cuando en un contrato marco se prevea el derecho de bloquear la utilización de un instrumento de pago por razones objetivamente justificadas, el proveedor de servicios de pago no podrá alegar dicho derecho únicamente porque el usuario del servicio de pago haya cambiado su lugar de residencia dentro de la Unión.

(48)  A fin de garantizar un elevado nivel de protección del consumidor, los Estados miembros deben estar facultados, en interés de los consumidores, para mantener o establecer restricciones o prohibiciones en lo que respecta a la modificación unilateral de las condiciones del contrato marco, por ejemplo, si no hay razones que justifiquen la modificación.

(49)  Para facilitar la movilidad de los usuarios de servicios de pago, estos deben poder resolver el contrato marco sin tener que pagar comisión. No obstante, respecto de los contratos que los usuarios de servicios de pago hayan resuelto en un plazo inferior a seis meses desde que comenzaron a desplegar sus efectos, se debe permitir a los proveedores de servicios de pago cobrar comisiones en consonancia con el coste real para estos derivados de la resolución del contrato por el usuario. Cuando, en virtud de un contrato marco, los servicios de pago se ofrezcan conjuntamente con servicios técnicos que apoyen la prestación de servicios de pago, como el alquiler de terminales utilizados para prestar servicios de pago, los usuarios de servicios de pago no deben quedar atados al proveedor de servicios de pago por figurar condiciones más onerosas en las cláusulas contractuales que rigen los servicios técnicos. Para preservar la competencia, dichas cláusulas contractuales deben estar sujetas a los requisitos del contrato marco sobre penalizaciones por rescisión. Por lo que respecta a los consumidores, no debe convenirse un plazo de notificación previa superior a un mes y, por lo que respecta a los proveedores de servicios de pago, dicho plazo no puede ser inferior a dos meses. Estas normas debe entenderse sin perjuicio de la obligación del proveedor de servicios de pago de rescindir el contrato de servicios de pago en circunstancias excepcionales, con arreglo a otra normativa nacional o de la Unión pertinente, como la normativa en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, o con motivo de cualquier actuación que tenga por objeto la inmovilización de fondos o cualquier otra medida específica en relación con la prevención e investigación de delitos.

(50)  Para lograr dicha comparabilidad, las comisiones estimadas por conversión de moneda para las transferencias y servicios de envío de dinero en la Unión y de la Unión a un tercer país deben expresarse de la misma manera, es decir, como un margen a porcentual sobre un índice de referencia conforme al Reglamento (UE) 2016/1011, del Parlamento Europeo y del Consejo(18), y la comisión por conversión de divisa resultante mostrada como un importe monetario en la moneda utilizada por el cliente para iniciar la conversión de divisa. La exactitud e integridad de dichos índices de referencia, que está garantizada por el régimen para los administradores de índices de referencia creado por dicho Reglamento, protege los intereses de los clientes de los proveedores de servicios de pago y de las partes que prestan servicios de conversión de divisas. Los proveedores de servicios de pago deben utilizar el mismo índice de referencia de forma coherente para los intercambios realizados en ambas direcciones. Cuando se haga referencia a «comisiones» en el presente Reglamento, también debe abarcar, cuando proceda, las comisiones por «conversión de moneda».

(51)  La experiencia demuestra que compartir los gastos entre el ordenante y el beneficiario es el sistema más eficaz, pues facilita un tratamiento completamente automatizado de los pagos. Por tanto, debe establecerse que los proveedores de servicios de pago respectivos cobren directamente los gastos al ordenante y al beneficiario. El importe de los gastos aplicados puede ser también nulo, ya que las normas no deben afectar a la práctica habitual por la cual un proveedor de servicios de pago no cobra comisiones a los consumidores por efectuar abonos en su cuenta. Igualmente, en función de los términos del contrato, un proveedor de servicios de pago puede cobrar comisión únicamente al beneficiario por la utilización del servicio de pago, de modo que no se aplican comisiones al ordenante. Es posible que los sistemas de pago impongan comisiones por medio de una cuota de suscripción. Las disposiciones relativas a la cantidad transferida o las posibles comisiones aplicadas no tendrán efectos sobre la fijación de precios entre proveedores de servicios de pago o intermediarios.

(52)  Un recargo es un gasto que los comerciantes cobran a los consumidores y que se añade al precio solicitado para los bienes y servicios cuando el consumidor utiliza un determinado método de pago. Una de las razones de los recargos es orientar a los consumidores hacia instrumentos de pago más baratos o eficientes, fomentando así la competencia entre métodos de pago alternativos. Con arreglo al régimen introducido por la Directiva (UE) 2015/2366, se impidió a los beneficiarios exigir el pago de gastos por el uso de instrumentos de pago cuyas tasas de intercambio están reguladas en el capítulo II del Reglamento (UE) 2015/751, es decir, por las tarjetas de débito y de crédito personales emitidas en el marco de regímenes de tarjetas cuatripartitos, y por los servicios de pago a los que se aplica el Reglamento (UE) n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(19), es decir, las transferencias y adeudos domiciliados denominadas en euros dentro de la Unión. Los Estados miembros podían, con arreglo a la Directiva (UE) 2015/2366, prohibir o limitar el derecho del beneficiario a cobrar gastos teniendo en cuenta la necesidad de fomentar la competencia y promover el uso de instrumentos de pago eficientes. Es necesario armonizar este planteamiento para fomentar unas condiciones de competencia equitativas en la Unión y, por tanto, promulgar una prohibición total de los recargos en todo su territorio.

(53)  ▐ En su revisión de la Directiva (UE) 2015/2366, la Comisión detectó una falta de armonización que permite aplicar recargos por instrumentos de pago y diferentes interpretaciones en relación con los instrumentos de pago cubiertos por la prohibición de recargos. Por lo tanto, es necesario ampliar explícitamente esta prohibición a todas las transferencias y adeudos domiciliados, y no solo a aquellos cubiertos por el Reglamento (UE) n.º 260/2012, como ocurrió en el marco de la Directiva (UE) 2015/2366.

(54)  Los servicios de información sobre cuentas y los servicios de iniciación de pagos, a menudo conocidos colectivamente como «servicios de banca abierta», son servicios de pago que implican el acceso a los datos de un usuario de servicios de pago por parte de proveedores de servicios de pago que no tienen en su poder fondos del titular de la cuenta ni gestionan una cuenta de pago. Los servicios de información sobre cuentas permiten la agregación de los datos de un usuario, a petición del usuario de servicios de pago, con diferentes proveedores de servicios de pago gestores de cuenta en un solo lugar. Los servicios de iniciación de pagos permiten iniciar un pago desde la cuenta del usuario, como una transferencia o un adeudo domiciliado, de forma conveniente para el usuario y el beneficiario, sin utilizar un instrumento como una tarjeta de pago.

(55)  Los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta deben permitir el acceso por parte de los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos a los datos sobre cuentas de pago si el usuario de servicios de pago puede acceder a la cuenta de pago en línea y ha permitido dicho acceso. La Directiva (UE) 2015/2366 se basaba en el principio de acceso a los datos sobre cuentas de pago sin necesidad de una relación contractual entre el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta y los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos, cuyo efecto fue que en la práctica no era posible cobrar por el acceso a los datos. El acceso a los datos en la banca abierta se ha venido produciendo sobre una base no contractual y desde la aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366, sin el cobro de gastos. Si los servicios regulados de acceso a los datos estuvieran sujetos a una comisión, cuando hasta ahora no ha existido ninguna, el impacto en la continuidad de la prestación de dichos servicios y, por tanto, en la competencia y la innovación en los mercados de pagos, podría ser muy significativo. Por consiguiente, procede mantener ese principio. Mantener este planteamiento está en consonancia con los capítulos III y IV de la propuesta de Reglamento sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (Ley de Datos)(20), en particular con el artículo 9, apartado 3, de dicha propuesta relativo a la compensación, al que no afectará el presente Reglamento. La propuesta de Reglamento de la Comisión sobre el acceso a los datos financieros prevé una posible compensación por el acceso a los datos, que estará cubierta por dicho Reglamento. Por lo tanto, este régimen sería diferente del regulado por el presente Reglamento. Esta disparidad de trato se justifica por el hecho de que, a diferencia del acceso a los datos sobre cuentas de pago, regulado por el Derecho de la Unión desde la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2015/2366, el acceso a otros datos financieros aún no está sujeto a la normativa de la Unión. Por lo tanto, no existe riesgo de perturbación, ya que, a diferencia del acceso a los datos sobre cuentas de pago, este mercado es emergente y se regulará por primera vez con la Reglamento sobre el acceso a los datos financieros.

(56)  Los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta y los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos podrán establecer una relación contractual, también en el contexto de un acuerdo contractual multilateral (por ejemplo, un sistema), con una posible compensación, para el acceso a los datos sobre cuentas de pago y la prestación de servicios de banca abierta distintos de los previstos en el presente Reglamento. Un ejemplo de estos servicios de valor añadido ofrecidos a través de las interfaces de programación de aplicaciones denominadas «premium» es la posibilidad de programar futuros pagos variables recurrentes. Cualquier compensación por estos servicios tendría que estar en consonancia con los capítulos III y IV de la propuesta de Ley de Datos después de su fecha de aplicación, en particular en lo que se refiere a su artículo 9, apartados 1 y 2, relativo a la compensación. El acceso por parte de los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos a los datos sobre cuentas de pago regulado por el presente Reglamento sin necesidad de una relación contractual y, por tanto, sin cargo alguno, debe ser siempre posible incluso en los casos en que exista un acuerdo contractual multilateral (por ejemplo, un sistema) y cuando los mismos datos también estén disponibles en el marco de dicho acuerdo.

(57)  A fin de garantizar un alto nivel de seguridad en el acceso y el intercambio de datos, salvo circunstancias específicas, el acceso a las cuentas de pago y a sus datos debe facilitarse a los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos a través de una interfaz diseñada y dedicada a fines de «banca abierta», como una interfaz de programación de aplicaciones (API). A tal fin, el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta debe establecer una comunicación segura con los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos. Para evitar cualquier incertidumbre en cuanto a quién accede a los datos del usuario de servicios de pago, la interfaz específica debe permitir que los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos se identifiquen ante el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta y basarse en todos los procedimientos de autenticación facilitados por el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta al usuario de servicios de pago. Los proveedores de servicios de información sobre cuentas y los proveedores de servicios de iniciación de pagos deben, por regla general, utilizar la interfaz específica para su acceso y, por tanto, no deben utilizar la interfaz de cliente de un proveedor de servicios de pago gestor de cuenta a efectos de acceso a los datos, excepto en caso de que la interfaz específica no funcione o no esté disponible en las condiciones previstas en el presente Reglamento. En tales circunstancias, la continuidad de su actividad se vería amenazada por la incapacidad para acceder a los datos para los que se les ha concedido permiso. Es indispensable que los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos puedan acceder en todo momento a los datos imprescindibles para prestar servicio a sus clientes.

(57 bis)  Los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta no estarán obligados a ofrecer, cuando la interfaz específica no esté disponible, una interfaz alternativa distinta de la interfaz que utilice el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta para la autenticación y la comunicación con sus usuarios, para acceder a sus datos de las cuentas de pago.

(58)  Para facilitar la utilización sin problemas de la interfaz específica, deben documentarse debidamente sus especificaciones técnicas y el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta debe publicar un resumen de las mismas. Para que los proveedores de servicios de banca abierta puedan preparar de forma adecuada su futuro acceso y a fin de resolver cualquier posible problema técnico, el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta debe permitir que los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos prueben la interfaz antes de la fecha en que se active. Solo deben acceder a los datos sobre cuentas de pago a través de dicha interfaz los proveedores autorizados de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos, pero los solicitantes de autorización como proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos deben poder consultar las especificaciones técnicas. A fin de garantizar la interoperabilidad de las diferentes soluciones tecnológicas de comunicación, es preciso que la interfaz use estándares de comunicación elaborados por organizaciones de normalización internacionales o europeas, incluido el Comité Europeo de Normalización (CEN) o la Organización Internacional de Normalización (ISO).

(59)  Para que los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos garanticen en todo momento la continuidad de su actividad y puedan prestar servicios de alta calidad a sus clientes, la interfaz específica que se espera que utilicen deben cumplir requisitos de alto nivel en términos de rendimiento y funcionalidades. Debe garantizar, como mínimo, la «paridad de datos» con la interfaz de cliente que el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta facilita a sus usuarios, y, por lo tanto, incluir los datos sobre cuentas de pago que también estén a disposición de los usuarios de servicios de pago en dicha interfaz. Por lo que se refiere a los servicios de iniciación de pagos, la interfaz específica no solo debe permitir la iniciación de pagos únicos, sino también de órdenes permanentes y adeudos domiciliados. Las normas técnicas de regulación que elabore la ABE deben establecer requisitos más detallados para las interfaces específicas.

(60)  Habida cuenta de la drástica repercusión que la indisponibilidad prolongada de una interfaz específica tendría en la continuidad de las actividades de los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos, los proveedores de servicios de pago gestores de cuentas deben subsanarla sin demora. Los proveedores de servicios de pago gestores de cuentas deben informar a los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos de cualquier indisponibilidad de su interfaz específica y de las medidas adoptadas para subsanarla sin demora. En caso de indisponibilidad de una interfaz específica, y cuando el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta no ofrezca una solución alternativa efectiva, los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos deben poder preservar la continuidad de su actividad. Deben poder solicitar a la autoridad nacional competente utilizar la interfaz que el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta facilita a sus usuarios hasta que la interfaz específica vuelva a estar disponible. Una vez recibida la solicitud, la autoridad competente debe tomar una decisión sin demora. A la espera de la decisión de la autoridad, los proveedores de servicios de iniciación de pagos y servicios de información sobre cuentas solicitantes deben poder utilizar temporalmente la interfaz que el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta facilita a sus usuarios. La autoridad competente pertinente debe fijar un plazo para que el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta restablezca el pleno funcionamiento de la interfaz específica, con la posibilidad de sanciones en caso de que no lo haga dentro del plazo. Todos los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos, no solo los que presentaron la solicitud, deben poder acceder a los datos que necesitan para garantizar la continuidad de sus actividades.

(61)  Este acceso directo temporal no debe tener ningún efecto negativo para los consumidores. Por consiguiente, los proveedores de información sobre cuentas y servicios de servicios de iniciación de pagos deben identificarse debidamente y respetar todas sus obligaciones, como los límites del permiso que se les ha concedido, y, en particular, deben acceder únicamente a los datos que necesitan para cumplir sus obligaciones contractuales y prestar el servicio regulado. El acceso a los datos sobre cuentas de pago sin una identificación adecuada (la denominada captura de datos en pantalla «screen scraping») no debe llevarse a cabo nunca.

(62)  Dado que la creación de una interfaz específica podría considerarse una carga desproporcionada para determinados proveedores de servicios de pago gestores de cuentas, una autoridad nacional competente debe poder eximir a un proveedor de servicios de pago gestor de cuenta, a petición de este, de la obligación de disponer de una interfaz específica de acceso a los datos y de ofrecer acceso a los datos sobre pagos únicamente a través de su «interfaz de cliente» o de no ofrecer ninguna interfaz de acceso abierto a los datos bancarios. El acceso a los datos a través de la interfaz de cliente (sin interfaz específica) puede ser adecuado en el caso de un proveedor de servicios de pago gestor de cuenta muy pequeño para el que una interfaz específica supondría una importante carga financiera y de recursos. La exención de la obligación de mantener una interfaz de acceso a los datos sobre servicios de «banca abierta» puede estar justificada cuando el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta tenga un modelo de negocio específico, por ejemplo, cuando los servicios de banca abierta no tengan relevancia para sus clientes. Los criterios detallados para la concesión de los diferentes tipos de decisiones de exención deben establecerse en las normas técnicas de regulación elaboradas por la ABE.

(63)  Para aprovechar plenamente el potencial de la banca abierta en la Unión, es fundamental evitar cualquier trato discriminatorio de los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos por parte de los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta. Cuando el usuario de servicios de pago haya decidido hacer uso de los servicios de un proveedor de servicios de información sobre cuentas o de iniciación de pagos, el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta debe tratar esa orden del mismo modo que si el usuario de servicios de pago la hiciera directamente en su «interfaz de cliente», salvo que tenga razones objetivas para tratar de manera diferente la solicitud de acceso a la cuenta, por ejemplo sospechas fundadas de fraude.

(64)  En el caso de la prestación de servicios de iniciación de pagos, el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta debe facilitar al proveedor de servicios de iniciación de pagos toda la información a la que tenga acceso sobre la ejecución de la operación de pago inmediatamente después de la recepción de la orden de pago. El proveedor de servicios de pago gestor de cuenta, a veces, dispone de más información tras recibir la orden de pago y antes de haber ejecutado la operación de pago. Cuando sea pertinente para la orden de pago y la ejecución de la operación de pago, el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta debe facilitar dicha información al proveedor de servicios de iniciación de pagos. El proveedor de servicios de iniciación de pagos solo debe utilizar la información necesaria para evaluar los riesgos de no ejecución de la operación iniciada. Esta información es indispensable para que el proveedor de servicios de iniciación de pagos pueda ofrecer al beneficiario en cuyo nombre inicia la operación un servicio cuya calidad pueda competir con otros medios de pago electrónicos a disposición del beneficiario, incluidas las tarjetas de pago.

(65)  Para aumentar la confianza en la banca abierta, es esencial que los usuarios de servicios de pago que utilicen servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos controlen plenamente sus datos y tengan acceso a información clara sobre el permiso de acceso a datos que han concedido a los proveedores de servicios de pago, incluida su finalidad y las categorías de datos sobre cuentas de pago de que se trate, en particular, los datos de identidad de la cuenta, las operaciones y el saldo de la cuenta. Por consiguiente, los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta deben poner a disposición de los usuarios de servicios de pago que utilicen dichos servicios un «cuadro» que les permita supervisar y retirar ▐ el acceso a los datos concedido a los proveedores de servicios de «banca abierta». Los permisos para iniciar pagos únicos no deben figurar en dicho cuadro de control. El cuadro puede no permitir que un usuario de servicios de pago establezca nuevos permisos de acceso a datos con un proveedor de servicios de información sobre cuentas o de iniciación de pagos al que no se haya concedido acceso previo a los datos. Los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta deben informar rápidamente a los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos de cualquier retirada de acceso a los datos. Los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos deben informar sin demora a los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta de los permisos nuevos y restablecidos de acceso a datos concedidos por los usuarios de servicios de pago, incluido el período de validez del permiso y su finalidad (en particular, si la consolidación de los datos se realiza en beneficio del usuario o para su transmisión a un tercero). El proveedor de servicios de pago gestor de cuenta no debe incitar en modo alguno a los usuarios de servicios de pago a retirar los permisos otorgados a los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos. El cuadro debe advertir de forma normalizada al usuario de servicios de pago del riesgo de las posibles consecuencias contractuales de la retirada del acceso a los datos a un proveedor de servicios de banca abierta, ya que dicho cuadro no gestiona la relación contractual entre el usuario y el proveedor de servicios de «banca abierta», sino que corresponde al usuario de servicios de pago verificar ese riesgo. El cuadro de permisos debe facultar a los clientes a gestionar sus permisos de manera informada e imparcial y ofrecer a los clientes un sólido control sobre la forma en que se utilizan sus datos, tanto personales como no personales. Dicho cuadro debe tener en cuenta, cuando proceda, los requisitos de accesibilidad previstos en la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(65 bis)  El término «permiso» que se incluye en el presente Reglamento no se entenderá como el término «consentimiento» en virtud del Reglamento (UE) 2016/679, para el que se aplican los requisitos de dicho Reglamento. En el contexto del presente Reglamento, por «permiso» se entiende la autorización por parte del usuario de servicios de pago para la ejecución de una operación de pago o para el acceso a los datos de información de la cuenta. Este requisito se entiende sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(21).

(65 ter)  La ABE debe elaborar proyectos de normas técnicas de regulación que establezcan una lista normalizada de categorías de la información que debe divulgarse en el cuadro.

(66)  La revisión de la Directiva (UE) 2015/2366 ha puesto de manifiesto que los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos siguen estando expuestos a numerosos obstáculos injustificados, a pesar del nivel de armonización alcanzado y de la prohibición de tales obstáculos impuesta por el artículo 32, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) 2018/389 de la Comisión(22). Estos obstáculos, que los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos notifican periódicamente a los supervisores, los reguladores y la Comisión, siguen dificultando considerablemente el pleno potencial de la banca abierta en la Unión. La ABE los analizó en su Dictamen, de junio de 2020, titulado «Opinion of the European Banking Authority on obstacles under Article 32(3) of the RTS on SCA and CSC» (Dictamen de la Autoridad Bancaria Europea sobre los obstáculos con arreglo al artículo 32, apartado 3, de las normas técnicas de regulación sobre la autenticación reforzada de cliente y la comunicación común y segura). A pesar de las aclaraciones realizadas, sigue habiendo mucha incertidumbre, tanto en el mercado como entre los supervisores, sobre lo que constituye un «obstáculo prohibido» a los servicios de banca abierta regulados. Por consiguiente, es indispensable proporcionar una lista clara y no exhaustiva de dichos obstáculos prohibidos a la banca abierta, basándose, en particular, en el trabajo realizado por la ABE.

(67)  La obligación de proteger las credenciales de seguridad personalizadas es de extrema importancia para asegurar los fondos del usuario de servicios de pago y limitar los riesgos de fraude y el acceso no autorizado a las cuentas de pago. No obstante, las condiciones y demás obligaciones impuestas por el proveedor de servicios de pago a los usuarios de servicios de pago en relación con la protección de las credenciales de seguridad personalizadas han de redactarse de manera que no impidan a los usuarios de servicios de pago beneficiarse de las ventajas de los servicios ofrecidos por otros proveedores de servicios de pago, incluidos los servicios de iniciación de pagos y los de información sobre cuentas. Las mencionadas condiciones no deben contener ninguna disposición que dificulte de la manera que sea la utilización de servicios de pago de otros proveedores de servicios de pago autorizados o registrados en virtud de la Directiva (UE) XXX (tercera Directiva sobre servicios de pago). Además, conviene especificar que en el caso de las actividades de los proveedores de servicios de iniciación de pagos y los proveedores de servicios de información sobre cuentas, el nombre del titular de la cuenta y el número de la misma no constituyen datos de pago sensibles.

(68)  Para lograr plenamente sus objetivos, la «banca abierta» requiere una aplicación sólida y eficaz de las normas que regulan esta actividad. Dado que no existe ninguna autoridad única en el ámbito de la Unión para hacer cumplir los derechos y obligaciones del sector de la «banca abierta», las autoridades nacionales competentes son el primer nivel de control de este sector. Es esencial que las autoridades nacionales competentes garanticen de forma proactiva y rigurosa el respeto del marco regulador de la Unión relativo a la «banca abierta». Los operadores de servicios de banca abierta señalan regularmente la aplicación insuficiente por parte de las autoridades competentes como una de las razones por las que su utilización en la Unión sigue siendo limitada. Las autoridades nacionales competentes deben disponer de recursos adecuados para llevar a cabo sus funciones de ejecución de manera eficaz y eficiente y deben promover y negociar un diálogo fluido y regular entre los distintos agentes del ecosistema de la «banca abierta». Los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta y los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos que no cumplan sus obligaciones deben ser objeto de las correspondientes sanciones. La supervisión periódica del mercado de la «banca abierta» en la Unión por parte de las autoridades competentes, coordinada por la ABE, debería facilitar la aplicación de la normativa, y la recopilación de datos sobre este mercado resolverá la actual falta de datos, que obstaculiza la medición eficaz de la utilización real de la «banca abierta» en la Unión. Los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta y los proveedores de servicios de iniciación de pagos y servicios de información sobre cuentas deben tener acceso a los organismos de resolución de litigios, de conformidad con el artículo 10 de la propuesta de Ley de Datos, una vez que este Reglamento entre en vigor.

(69)  La utilización de los términos «consentimiento expreso» en la Directiva (UE) 2015/2366 y «consentimiento explícito» en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo(23) ha dado lugar a interpretaciones erróneas. El objeto del consentimiento expreso en virtud del artículo 94, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2366 es el permiso para obtener el acceso a esos datos de carácter personal, para poder tratar y almacenar los datos necesarios para la prestación del servicio de pago. Por lo tanto, debe hacerse una aclaración para aumentar la seguridad jurídica y establecer una clara diferenciación con las normas de protección de datos. Cuando en la Directiva (UE) 2015/2366 se utiliza el término «consentimiento expreso», en el presente Reglamento debe utilizarse el término «permiso». Cuando se haga referencia al «permiso», dicha referencia se entenderá sin perjuicio de las obligaciones de los proveedores de servicios de pago en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679. Por lo tanto, el permiso no debe interpretarse exclusivamente como «consentimiento» o «consentimiento explícito», tal como se definen en el Reglamento (UE) 2016/679.

(70)  La seguridad de las transferencias es fundamental para aumentar la confianza de los usuarios de servicios de pago en estos servicios y garantizar su uso. Los ordenantes que tengan la intención de enviar una transferencia a un beneficiario determinado pueden, como consecuencia de un fraude o error, proporcionar un identificador único que no corresponda a una cuenta de la que sea titular dicho beneficiario. A fin de contribuir a reducir el fraude y los errores, los usuarios de servicios de pago deben beneficiarse de un servicio que verifique si existe alguna discrepancia entre el identificador único del beneficiario y el nombre, u otro identificador, como un número fiscal, un identificador único europeo a que se refiere el artículo 16, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva (UE) n.º 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo(24), o un identificador de entidad jurídica, que identifique inequívocamente al beneficiario facilitado por el ordenante y, en caso de que se detecten tales discrepancias, notificarlo al ordenante. El identificador único no tiene que ser necesariamente el número internacional de cuenta bancaria (IBAN). Estos servicios, en los países en los que existen, han tenido un considerable impacto positivo en el nivel de fraude y errores. Dada su importancia para la prevención del fraude y los errores, este servicio debe ofrecerse a los consumidores de forma gratuita. Para evitar fricciones o retrasos indebidos en el tratamiento de la operación, el proveedor de servicios de pago del ordenante debe enviar dicha notificación en unos segundos a partir del momento en que el ordenante haya introducido la información sobre el beneficiario. Para que el ordenante pueda decidir si desea proceder con la operación prevista, el proveedor de servicios de pago del ordenante debe enviar dicha notificación antes de que el ordenante autorice la operación. Los ordenantes pueden tener a su disposición determinadas soluciones de iniciación de transferencias que les permitan cursar una orden de pago sin tener que introducir ellos mismos el identificador único, sino que es el proveedor de dicha solución de iniciación quien facilita estos datos. En estos casos, no es necesario un servicio que verifique la correspondencia entre el identificador único y el nombre del beneficiario, ya que el riesgo de fraude o de errores se reduce significativamente.