Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión, de 28 de febrero de 2024, que modifica el Reglamento (CE) n.º 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 111/2005 del Consejo por lo que respecta a la inclusión del precursor de drogas 2‑(3,4‑metilendioxifenil)acetilmalonato de isopropilideno (IMDPAM) y otras sustancias en la lista de sustancias catalogadas (C(2024)01219 – 2024/2606(DEA))

P9_TA(2024)0314 B9-0213/2024

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2024)01219),

–  Vista la carta de la Comisión de 13 de marzo de 2024, por la que le solicita que declare que no formulará objeciones al Reglamento Delegado,

–  Vista la carta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior al presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión,

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004(1), sobre precursores de drogas y, en particular, sus artículos 15 y 15 bis, apartado 5,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004(2), por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Unión y terceros países, y en particular sus artículos 30 bis y 30 ter, apartado 5,

–  Visto el artículo 111, apartado 6, de su Reglamento interno,

–  Vista la Recomendación de Decisión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

–  Visto que no se ha formulado objeción alguna dentro del plazo establecido en el artículo 111, apartado 6, guiones tercero y cuarto, de su Reglamento interno, que venció el 23 de abril de 2024,

A.  Considerando que el marco legislativo de la Unión sobre medidas para controlar el acceso a las sustancias que se utilizan en la fabricación de drogas ilegales debe actualizarse constantemente para contrarrestar la proliferación de los denominados «precursores de diseño», parientes químicos cercanos de los precursores de drogas tradicionales creados para eludir las normas existentes;

B.  Considerando que la sal sódica de 2‑(3,4‑metilendioxifenil)acetilmalonato de isopropilideno (IMDPAM) ha sido identificada como un precursor de drogas de reciente creación utilizado en la producción de MDMA (3,4‑metilendioximetanfetamina), comúnmente conocida como «éxtasis»;

C.  Considerando que se han identificado siete ésteres del ácido 2‑metil‑3‑feniloxirano‑2‑carboxílico (ácido BMK glicídico) y seis ésteres del ácido 3‑(1,3‑benzodioxol‑5‑il)‑2‑metiloxirano‑2‑carboxílico (ácido PMK glicídico) como posibles sustitutos del ácido BMK glicídico y del ácido PMK glicídico, que son precursores controlados regulados en la normativa de la Unión, en la producción de drogas ilegales como MDMA, metanfetamina y anfetamina;

D.  Considerando que hace falta modificar la lista de sustancias catalogadas que figuran en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 273/2004 y en el anexo del Reglamento (CE) n.º 111/2005 para someter el IMDPAM y los ésteres identificados del ácido BMK glicídico y del ácido PMK glicídico a las medidas armonizadas de control y supervisión previstas en dichos Reglamentos;

E.  Considerando que las medidas para controlar el acceso a las nuevas sustancias catalogadas con arreglo a los Reglamentos (CE) n.º 273/2004 y (CE) n.º 111/2005 deben entrar en vigor lo antes posible para impedir que se utilicen dichos precursores de drogas en la producción y comercialización de drogas ilegales;

F.  Considerando que, en la hoja de ruta de la UE para la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada (COM(2023)0641), la Comisión Europea se comprometió a hacer todo lo posible, colaborando con el Parlamento y el Consejo, por acelerar el procedimiento de adopción de futuros actos delegados en los que se cataloguen sustancias adicionales con arreglo a los Reglamentos (CE) n.º 273/2004 y (CE) n.º 111/2005;

1.  Declara que no formulará objeciones al Reglamento Delegado;

2.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 47 de 18.2.2004, p. 1. (2) DO L 22 de 26.1.2005, p. 1.

Decisión del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2024, sobre la modificación del Reglamento interno del Parlamento por lo que respecta a las formaciones sobre prevención de conflictos y del acoso en el lugar de trabajo y sobre la buena gestión de una oficina (2024/2006(REG))

P9_TA(2024)0315 A9-0163/2024

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 236 y 237 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A9‑0163/2024),

1.  Decide introducir en su Reglamento interno las modificaciones que figuran a continuación;

2.  Decide que dichas modificaciones entren en vigor el 16 de julio de 2024;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la Comisión.

Texto en vigor   Enmienda Enmienda 1 Reglamento interno del Parlamento Artículo 10 – apartado 6 – párrafo 2 Los diputados no podrán ser elegidos para ejercer cargos en el Parlamento o en sus órganos, ni ser nombrados ponentes, ni formar parte de delegaciones oficiales o negociaciones interinstitucionales si no han firmado la declaración relativa a dicho Código. Los diputados no podrán ser elegidos para ejercer cargos en el Parlamento o en sus órganos, ni ser nombrados ponentes, ni formar parte de delegaciones oficiales o negociaciones interinstitucionales: a)  si no han firmado la declaración en la que confirmen su compromiso con el cumplimiento de dicho Código, incluida la realización de las formaciones especializadas organizadas para ellos por el Parlamento sobre prevención de conflictos y del acoso en el lugar de trabajo y sobre la buena gestión de una oficina; o b)  si no han completado las formaciones a que se refiere la letra a) incumpliendo el plazo y las condiciones establecidos en dicho Código. Enmiendas 4 y 10 Reglamento interno del Parlamento Artículo 176 – apartado 1 – párrafo 3 Por lo que se refiere al artículo 10, apartado 6, el presidente solo podrá adoptar una decisión motivada en virtud del presente artículo una vez establecida la existencia de un acoso de conformidad con el procedimiento administrativo interno aplicable al acoso y a su prevención. Por lo que se refiere al artículo 10, apartado 6, en cuanto a la prohibición de cualquier tipo de acoso psicológico o sexual establecido en el párrafo primero de dicho apartado, el presidente solo podrá adoptar una decisión motivada en virtud del presente artículo una vez establecida la existencia de un acoso de conformidad con el procedimiento administrativo interno aplicable al acoso y a su prevención. Enmienda 6 Reglamento interno del Parlamento Anexo II – punto 5 5.   Cuando resulte necesario, los diputados cooperarán sin dilación y plenamente en los procedimientos establecidos para gestionar situaciones de conflicto o casos de acoso (psicológico o sexual), en particular respondiendo sin dilación ante toda acusación de acoso. Los diputados participarán en las formaciones especializadas organizadas para ellos sobre prevención de conflictos y del acoso en el lugar de trabajo y sobre la buena gestión de una oficina. 5.   Cuando sea necesario, los diputados cooperarán plenamente de conformidad con los procedimientos establecidos por la Mesa, a fin de gestionar situaciones de conflicto o casos de acoso (psicológico o sexual), en particular respondiendo sin dilación ante toda acusación de acoso. Los diputados que todavía no lo hayan hecho deberán participar en las formaciones especializadas organizadas para ellos por el Parlamento sobre prevención de conflictos y del acoso en el lugar de trabajo y sobre la buena gestión de una oficina. Estas formaciones deberán completarse en los seis primeros meses del mandato del diputado, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. Los certificados de realización de estas formaciones de los diputados se van a publicar en el sitio web del Parlamento.

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2024, sobre el Reglamento Delegado de la Comisión, de 14 de marzo de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los nuevos alimentos, en lo que respecta a la definición de «nanomaterial artificial» (C(2024)01612 – 2024/2691(DEA))

P9_TA(2024)0316 B9-0225/2024

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado de la Comisión, de 14 de marzo de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los nuevos alimentos, en lo que respecta a la definición de «nanomaterial artificial» (C(2024)01612),

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativo a los nuevos alimentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.º 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1852/2001 de la Comisión(1), y en particular su artículo 31 y su artículo 32, apartado 6,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión(2), y, en particular su artículo 18, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios(3),

–  Vistas las listas de la Unión establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1129/2011 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2011, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo para establecer una lista de aditivos alimentarios de la Unión(4), y en el Reglamento (UE) n.º 1130/2011 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Anexo III del Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre aditivos alimentarios, para establecer una lista de aditivos alimentarios de la Unión autorizados para ser empleados en aditivos alimentarios, enzimas alimentarias, aromas alimentarios y nutrientes(5),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 257/2010 de la Comisión, de 25 de marzo de 2010, por el que se establece un programa para la reevaluación de aditivos alimentarios autorizados de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre aditivos alimentarios(6),

–  Visto el artículo 111, apartado 3, de su Reglamento interno,

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A.  Considerando que el artículo 18, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 establece que, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de información al consumidor, todos los ingredientes presentes en los alimentos en forma de nanomateriales artificiales deben indicarse claramente en la lista de ingredientes; que, en consecuencia, el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 define los «nanomateriales artificiales» según lo establecido en el artículo 3, apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) 2015/2283;

B.  Considerando que el artículo 31 del Reglamento (UE) 2015/2283 otorga a la Comisión poderes para ajustar y adaptar, mediante actos delegados, la definición de «nanomaterial artificial» a que el mismo se refiere a los progresos técnicos y científicos o a las definiciones acordadas a escala internacional, a fin de alcanzar los objetivos de dicho Reglamento;

C.  Considerando que los Reglamentos (UE) n.º 1129/2011 y (UE) n.º 1130/2011 establecen listas exhaustivas de la Unión en las que figuran los aditivos alimentarios cuyo uso estaba autorizado antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.º 1333/2008, tras una revisión de su conformidad con las disposiciones pertinentes;

Las consecuencias de la definición

D.  Considerando que la definición de «nanomaterial artificial» del Reglamento Delegado de la Comisión determinará si un alimento debe etiquetarse como «[nano]» en la lista de ingredientes, tal como se contempla en el artículo 18, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1169/2011;

E.  Considerando que el Reglamento Delegado de la Comisión pretende resolver los problemas de interpretación derivados de la definición actual introduciendo elementos objetivos para determinar si un nanomaterial es «artificial» o no, por ejemplo, sustituyendo «[material] producido intencionadamente» por «fabricado»;

F.  Considerando que el Reglamento Delegado de la Comisión impide que se consideren nanomateriales en los alimentos las partículas que no se encuentran en estado sólido, como micelas, liposomas o gotitas de escala nanométrica en emulsión, y los ingredientes que contengan menos de un 50 % de partículas de tamaño inferior a 100 nm;

G.  Considerando que el valor umbral por defecto propuesto del 50 % o más de partículas a escala nanométrica es arbitrario y menos protector que la interpretación que han hecho algunos Estados miembros, por ejemplo, Francia, de la definición del Reglamento (UE) 2015/2283; que dicho Reglamento no contempla un valor umbral de distribución de tamaños para las partículas inferiores a 100 nm;

H.  Considerando que la definición propuesta excluiría potencialmente muchas nanosustancias del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1169/2011, que, por tanto, no estarían sujetas a la obligación de etiquetado «[nano]»; que la Comisión indica en el punto 3 de su exposición de motivos que «el número de materiales utilizados en los alimentos que pueden contener una determinada fracción de nanopartículas es limitado y la mayoría de estos materiales, si no todos, no son nuevos» y que «las posibles repercusiones del acto delegado solo afectarán, por tanto, a un número muy limitado de materiales»;

I.  Considerando que, en la actualidad, son precisamente los aditivos alimentarios los que pueden estar presentes como nanomateriales en los alimentos; que la Agencia Nacional Francesa de Seguridad y Salud (ANSES) había enumerado treinta y siete nanosustancias utilizadas en más de novecientos productos alimentarios(7); que las pruebas realizadas por organizaciones de consumidores y organizaciones no gubernamentales Agir pour l’Environnement(8), Que Choisir(9), 60 Millions de consommateurs(10), AVICENN(11) en Francia, Foodwatch(12) y Bund(13) en Alemania, Testachats(14) en Bélgica y Altroconsumo(15) en Italia y OCU en España(16)) han demostrado en repetidas ocasiones la presencia de aditivos alimentarios con un porcentaje significativo de nanopartículas, por ejemplo, el colorante alimentario óxido de hierro (E172) utilizado en productos lácteos, productos de panadería y algunos cereales para el desayuno, puede contener nanopartículas por debajo del umbral del 50 %; que esto demuestra que la falta de un etiquetado adecuado de determinados ingredientes alimentarios como «[nano]» se debe principalmente a la falta de aplicación de la legislación vigente, y mucho menos a cuestiones de interpretación;

J.  Considerando que un estudio de 2020 encargado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas mostró que los ciudadanos exigen un mejor etiquetado de los productos de uso cotidiano que contienen nanomateriales(17);

Contradicciones con las recomendaciones y los nuevos avances científicos

K.  Considerando que, en su Resolución de 12 de marzo de 2014 sobre el Reglamento Delegado de la Comisión, de 12 de diciembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la información alimentaria facilitada al consumidor en lo relativo a la definición de «nanomaterial artificial»(18), el Parlamento Europeo se opuso a una definición muy similar, con el mismo umbral del 50 %, que excluía todos los aditivos alimentarios, al considerar que la definición era «contrari[o] al objetivo fundamental de la Directiva, a saber, perseguir un alto nivel de protección de la salud y los intereses de los consumidores ofreciendo una base para que los consumidores finales puedan elegir con conocimiento de causa»; que el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que presente un nuevo acto delegado que tenga en cuenta su posición;

L.  Considerando que, en su Resolución de 8 de octubre de 2020 sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión que modifica el anexo del Reglamento (UE) n.º 231/2012 por el que se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las especificaciones relativas al dióxido de titanio (E171)(19), el Parlamento Europeo se opuso a un proyecto de Reglamento de la Comisión que autorizaba lotes de dióxido de titanio (E171) de calidad alimentaria que contuvieran menos del 50 % de partículas de tamaño inferior a 100 nm;

M.  Considerando que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomendó(20) que «[e]n vista de las incertidumbres actuales sobre la seguridad, debería considerarse un umbral inferior del número de nanopartículas, por ejemplo del 10 %, para las aplicaciones relacionadas con los alimentos, en lugar del propuesto actualmente (50 %) en la Recomendación»;

N.  Considerando que las organizaciones académicas, las autoridades públicas, las organizaciones no gubernamentales de consumidores y medioambientales y los sindicatos abogaron en el proceso de consulta de la Comisión por una definición que incluyera todos los materiales, ya fueran fabricados, accidentales o naturales, y un umbral por defecto del 10 % o más de partículas en la granulometría numérica;

O.  Considerando que, desde 2014, los nuevos avances y conocimientos científicos confirman que los nanomateriales pueden atravesar las barreras fisiológicas y son a menudo más peligrosos que las sustancias en micro o macroestado(21);

P.  Considerando que la ANSES publicó un informe detallado en abril de 2023(22) en el que afirma que la definición de nanomateriales establecida en la Recomendación de la Comisión de 10 de junio de 2022(23), que ha servido de base para la revisión de la definición de «nanomateriales artificiales» establecida en el Reglamento (UE) 2015/2283, en la normativa sectorial, especialmente en alimentos, iría en detrimento de la prevención de riesgos para la salud y el medio ambiente; que la ANSES subrayó que el umbral del 50 % en número de nanopartículas incluido en la definiciónhorizontal «[nano]» «no se basa en argumentos científicos sólidos», y recomendó fijar un valor inferior para dicho umbral;

Q.  Considerando que la detección de ingredientes nanoalimentarios basada en un umbral del 10 % del número de nanopartículas es factible, ya que ese es el valor de corte que aplica actualmente la Dirección General de Consumo, Competencia y Represión del Fraude de Francia en sus actividades de control(24);

Principio de precaución

R.  Considerando que el artículo 191, apartado 2, del TFUE establece el principio de precaución como uno de los principios fundamentales de la Unión;

S.  Considerando que el artículo 168, apartado 1, del TFUE establece que, «al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana»;

1.  Formula objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión;

2.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución a la Comisión y le comunique que el Reglamento Delegado no puede entrar en vigor;

3.  Considera que el Reglamento Delegado de la Comisión no es compatible con el objetivo y el contenido del Reglamento (UE) 2015/2283 y que rebasa los poderes delegados otorgados a la Comisión en el artículo 31 de dicho Reglamento;

4.  Lamenta que el umbral propuesto del 50 % no tenga en cuenta el progreso técnico y científico;

5.  Pide a la Comisión que aplique el principio de precaución, garantice la seguridad y la información de los consumidores y tenga en cuenta el enfoque «Una sola salud»;

6.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 327 de 11.12.2015, p. 1. (2) DO L 304 de 22.11.2011, p. 18. (3) DO L 354 de 31.12.2008, p. 16. (4) DO L 295 de 12.11.2011, p. 1. (5) DO L 295 de 12.11.2011, p. 178. (6) DO L 80 de 26.3.2010, p. 19. (7) https://www.anses.fr/fr/nanomateriaux-alimentation-premiere-application-methodologie. (8) https://www.agirpourlenvironnement.org/communiques-presse/enquete-exclusive-des-analyses-revelent-la-presence-de-nanoparticules-dans-3980/. (9) https://www.quechoisir.org/enquete-nanoparticules-taille-mini-doutes-maxi-n50748/. (10) https://bibliotheque.60millions-mag.com/detail/publication/detail-top-right/561?issue_id=113421&switch_toc=archive. (11) https://veillenanos.fr/wp-content/uploads/2023/01/Rapport-test-EN-20230113.pdf. (12) https://www.foodwatch.org/de/potenziell-krebserregender-farbstoff-in-backzutaten-von-dr-oetker. (13) https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/‌nanotechnologie_in_lebensmitteln_hintergrund.pdf. (14) https://www.test-achats.be/sante/sante-au-quotidien/produits-testes/news/nanoparticules-affichage. (15) https://www.altroconsumo.it/alimentazione/sicurezza-alimentare/news/nanoparticelle. (16) https://www.ocu.org/toda-la-informacion?type=magazine-articles&magazine=ocu%20compra%20maestra&year=2019. (17) https://echa.europa.eu/-/what-do-eu-citizens-think-about-nanomaterials-. (18) DO C 378 de 9.11.2017, p. 92. (19) DO C 395 de 29.3.2021, p. 28. (20) https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/corporatenanotechnology121003.pdf. (21) https://veillenanos.fr/en/dossier/nanos-and-health/nanos-health-risks/. (22) Anses opinion (2023): Definition of nanomaterials: analysis, challenges and controversies [Opinión de Anses (2013): Definición de nanomateriales: análisis, retos y controversias], https://www.anses.fr/en/system/files/AP2018SA0168RaEN.pdf. (23) Recomendación de la Comisión, de 10 de junio de 2022, relativa a la definición de nanomaterial (DO C 229 de 14.6.2022, p. 1). (24) Anses (2020): Nanomatériaux dans les produits destinés à l’alimentation. Rapport d’expertise collective, https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2016SA0226Ra.pdf (p. 86).

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2021/1153 y el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1315/2013 (COM(2021)0812 – C9-0472/2021 – 2021/0420(COD))

P9_TA(2024)0317 A9-0147/2023

CORRECCIONES DE ERRORES COR01

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2021)0812) y la propuesta modificada (COM(2022)0384),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 172 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0472/2021),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen motivado presentado por el Senado francés, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 25 de octubre de 2021(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 11 de octubre de 2022(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 9 de febrero de 2024, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A9-0147/2023),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2024 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2021/1153 y el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1315/2013

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2024/1679.)

(1) DO C 290 de 29.7.2022, p. 120. (2) DO C 498 de 30.12.2022, p. 68.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los envases y residuos de envases, por el que se modifican el Reglamento (UE) 2019/1020 y la Directiva (UE) 2019/904, y se deroga la Directiva 94/62/CE (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))	P9_TA(2024)0318 A9-0319/2023
CORRECCIONES DE ERRORES COR01

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2022)0677),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0400/2022),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 27 de abril de 2023(1),

–  Vistos los dictámenes motivados presentados por el Senado francés, la Cámara de Diputados de Italia y el Senado italiano, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 15 de marzo de 2024, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistas las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Agricultura

–  Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A9-0319/2023),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(2);

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2024 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2025/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los envases y residuos de envases, por el que se modifican el Reglamento (UE) 2019/1020 y la Directiva (UE) 2019/904 y se deroga la Directiva 94/62/CE

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2025/40.)

(1) DO C 228 de 29.6.2023, p. 114. (2) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 22 de noviembre de 2023 (Textos Aprobados, P9_TA(2023)0425).

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2024, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (versión refundida) (COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))	P9_TA(2024)0319 A9-0233/2023
CORRECCIONES DE ERRORES COR01

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2022)0542),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0364/2022),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 22 de febrero de 2023(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 5 de julio de 2023(2),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos(3),

–  Vista la carta dirigida el 27 de junio de 2023 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de conformidad con el artículo 110, apartado 3, de su Reglamento interno,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 8 de marzo de 2024, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 110 y 59 de su Reglamento interno,

–  Vista la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo,

–  Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A9‑0233/2023),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta de la Comisión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en ella, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores junto con dichas modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(4), teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2024 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (versión refundida)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Directiva (UE) 2024/2881.)

(1) DO C 146 de 27.4.2023, p. 46. (2) DO C, C/2023/251, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/251/oj. (3) DO C 77 de 28.3.2002, p. 1. (4) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 13 de septiembre de 2023 (Textos Aprobados, P9_TA(2023)0318).

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Emergencia del Mercado Único y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2679/98 del Consejo (COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD))	P9_TA(2024)0320 A9-0246/2023
CORRECCIONES DE ERRORES COR01

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2022)0459),

–  Visto el artículo 294, apartado 2, y los artículos 114, 21 y 46 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0315/2022),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen motivado presentado por el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 14 de diciembre de 2022(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 8 de febrero de 2023(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 16 de febrero de 2024, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vista la carta de la Comisión de Presupuestos,

–  Vistas las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía,

–  Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-0246/2023),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(3);

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2024 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco de medidas relativas a una emergencia del mercado interior y a la resiliencia de dicho mercado y se modifica el Reglamento (CE) n.º 2679/98 del Consejo (Reglamento de Emergencia y Resiliencia del Mercado Interior)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2024/2747.)

(1) DO C 100 de 16.3.2023, p. 95. (2) DO C 157 de 3.5.2023, p. 82. (3) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 13 de septiembre de 2023 (Textos Aprobados, P9_TA(2023)0317).

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los Reglamentos (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 y (UE) n.º 305/2011 por lo que respecta a los procedimientos de emergencia para la evaluación de la conformidad, la adopción de especificaciones comunes y la vigilancia del mercado debido a una emergencia del mercado único (COM(2022)0461 – C9-0314/2022 – 2022/0279(COD))

P9_TA(2024)0321 A9-0244/2023

CORRECCIONES DE ERRORES COR01

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2022)0461),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0314/2022),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 14 de diciembre de 2022(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 8 de febrero de 2023(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 16 de febrero de 2024, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-0244/2023),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2024 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los Reglamentos (UE) n.º 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 y (UE) 2023/1230 por lo que respecta a los procedimientos de emergencia para la evaluación de la conformidad, la presunción de conformidad, la adopción de especificaciones comunes y la vigilancia del mercado debidos a una emergencia del mercado interior

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2024/2748.)

(1) DO C 100 de 16.3.2023, p. 95. (2) DO C 157 de 3.5.2023, p. 82.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2024, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica las Directivas 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE y 2014/68/UE por lo que respecta a los procedimientos de emergencia para la evaluación de la conformidad, la adopción de especificaciones comunes y la vigilancia del mercado debido a una emergencia del mercado único (COM(2022)0462 – C9-0313/2022 – 2022/0280(COD))

P9_TA(2024)0322 A9-0245/2023

CORRECCIONES DE ERRORES COR01

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2022)0462),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 91 y 114, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0313/2022),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 14 de diciembre de 2022(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 8 de febrero de 2023(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 16 de febrero de 2024, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-0245/2023),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2024 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica las Directivas 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE y 2014/68/UE por lo que respecta a los procedimientos de emergencia para la evaluación de la conformidad, la presunción de conformidad, la adopción de especificaciones comunes y la vigilancia del mercado debidos a una emergencia del mercado interior

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Directiva (UE) 2024/2749.)

(1) DO C 100 de 16.3.2023, p. 95. (2) DO C 157 de 3.5.2023, p. 82.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (COM(2021)0891 – C9-0473/2021 – 2021/0428(COD))

P9_TA(2024)0323 A9-0280/2023

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2021)0891),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartado 2, letras b) y e), y el artículo 79, apartado 2, letra c) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta C9‑0473/2021),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la opinión del Comité Económico y Social Europeo de 18 de mayo de 2022(1),

–  Vista la opinión del Comité de las Regiones de 12 de octubre de 2022(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 14 de febrero de 2024, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0280/2023),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2024 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) 2016/399 por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2024/1717.)

(1) DO C 323 de 26.8.2022, p. 69. (2) DO C 498 de 30.12.2022, p. 114.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2024, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva (UE) 2015/413, por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial (COM(2023)0126 – C9-0034/2023 – 2023/0052(COD))	P9_TA(2024)0324 A9-0396/2023
CORRECCIONES DE ERRORES COR01

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2023)0126),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91, apartado 1, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0034/2023),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 27 de abril de 2023(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 20 de marzo de 2024, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A9-0396/2023),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2024 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva (UE) 2015/413 por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Directiva (UE) 2024/3237.)

(1) DO C 228 de 29.6.2023, p. 154.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a los alimentos y piensos derivados, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625 (COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

P9_TA(2024)0325 A9-0014/2024

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2023)0411),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 43, apartado 2, el artículo 114 y el artículo 168, apartado 4, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0238/2023),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los dictámenes motivados presentados por el Parlamento chipriota y por el Parlamento húngaro, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 26 de octubre de 2023(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 17 de abril de 2024(2),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vista la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

–  Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A9-0014/2024),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(3);

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2024 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a los alimentos y piensos derivados, y por el que se modificamodifican el Reglamento (UE) 2017/625 y la Directiva 98/44/CE [Enm. 292]

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 43, su artículo 114 y su artículo 168, apartado 4, letra b),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)  Desde 2001, cuando se adoptó la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ((4)), sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (OMG), ha habido avances importantes en biotecnología que han dado lugar al desarrollo de nuevas técnicas genómicas (NTG), sobre todo técnicas de edición genómica que permiten modificar el genoma en lugares precisos. Los importantes avances en el ámbito de la ingeniería genética ya han contribuido a la amplia utilización de la selección asistida por marcadores que permite identificar y movilizar genes de interés presentes en la biodiversidad. [Enm. 1]

(1 bis)   La posibilidad de patentar las nuevas técnicas genómicas y los resultados de su uso pueden reforzar el dominio de las multinacionales de semillas sobre el acceso de los agricultores a las semillas. En un contexto en el que las grandes empresas ya poseen el monopolio de las semillas y controlan cada vez más los recursos naturales, tal situación privaría a los agricultores de toda libertad de acción al hacerlos dependientes de empresas privadas. Por esta razón es imperativo prohibir las patentes sobre estos productos. [Enm. 167]

(2)  Las nuevas técnicas genómicas (NTG) constituyen un grupo diverso de técnicas genómicas, cada una de las cuales puede utilizarse de diversas maneras para lograr resultados y productos diferentes. Pueden dar lugar a organismos con modificaciones equivalentes a las que pueden obtenerse mediante métodos convencionales de mejora vegetal o a organismos con modificaciones más complejas. Entre las NTG, la mutagénesis dirigida y la cisgénesis (así como la intragénesis) introducen modificaciones genéticas sin insertar material genético de especies no compatibles (transgénesis). Se basan únicamente en el patrimonio genético de los obtentores, es decir, la información genética total disponible para la mejora convencional, incluida la procedente de especies vegetales emparentadas de forma lejana que pueden cruzarse mediante técnicas avanzadas de mejora. Las técnicas de mutagénesis dirigida dan lugar a modificaciones de la secuencia de ADN en lugares precisosseleccionados del genoma de un organismo. Las técnicas de cisgénesis dan lugar a la inserción, en el genoma de un organismo, de material genético ya presente en el patrimonio genético de los obtentores. La intragénesis es un subgrupo de la cisgénesis que da lugar a la inserción en el genoma de una copia reordenada de material genético compuesto por dos o más secuencias de ADN ya presentes en el patrimonio genético de los obtentores. [Enm. 2]

(3)  Se están llevando a cabo investigaciones públicas y privadas que utilizan NTG sobre una variedad más amplia de cultivos y rasgos en comparación con los obtenidos mediante técnicas transgénicas autorizadas en la Unión o a escala mundial ((5)). Esto incluye vegetales con mayor tolerancia o resistencia a enfermedades y plagas vegetales, con tolerancia a herbicidas, con mayor tolerancia o resistencia a los efectos del cambio climático y a las tensiones ambientales, mejora de la eficiencia en el uso de nutrientes y agua, vegetales con mayor rendimiento y resiliencia, y características de mejor calidad. Estos tipos de vegetales nuevos, junto con la aplicabilidad bastante fácil y rápida de estas nuevas técnicas, podrían aportar beneficios a los agricultores, los consumidores y el medio ambiente. Así pues, las NTG tienen potencial para contribuir a los objetivos de innovación y sostenibilidad del Pacto Verde Europeo ((6)), la Estrategia «De la Granja a la Mesa» ((7)), la Estrategia sobre Biodiversidad ((8)) y la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático ((9)), a la seguridad alimentaria mundial ((10)), a la Estrategia de Bioeconomía ((11)) y a la autonomía estratégica de la Unión ((12)). [Enm. 3]

(4)  La liberación intencional en el medio ambiente de organismos obtenidos con NTG, incluidos los productos que contengan o estén compuestos por dichos organismos, así como la comercialización de alimentos y piensos producidos a partir de estos organismos, están sujetas a la Directiva 2001/18/CE y al Reglamento (CE) n.º 1830/2003 ((13)) del Parlamento Europeo y del Consejo y, en el caso de los alimentos y piensos, también al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 ((14)), mientras que la utilización confinada de células vegetales está sujeta a la Directiva 2009/1/CE, y los movimientos transfronterizos de vegetales obtenidos con NTG a terceros países están regulados por el Reglamento (CE) n.º 1946/2003 («la legislación de la Unión en materia de OMG»).

(5)  En su sentencia en el asunto C-528/16, Confédération paysanne y otros(15), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostuvo que los OMG obtenidos mediante nuevas técnicas o métodos de mutagénesis que hubieran aparecido o se hubieran desarrollado en su mayor parte desde la adopción de la Directiva 2001/18/CE no podían considerarse excluidos del ámbito de aplicación de dicha Directiva.

(6)  Mediante la Decisión (UE) 2019/1904 ((16)), el Consejo solicitó a la Comisión que presentara, a más tardar el 30 de abril de 2021, un estudio a la luz de dicha sentencia sobre la situación de las nuevas técnicas genómicas con arreglo al Derecho de la Unión, así como una propuesta (acompañada de una evaluación de impacto), si fuera necesario según las conclusiones del estudio.

(7)  El estudio de la Comisión sobre las NTG ((17)) concluyó que la legislación de la Unión en materia de OMG no es adecuada para regular la liberación intencional de vegetales obtenidos con determinadas NTG y la comercialización de productos conexos, como los alimentos y piensos. Específicamente, el estudio concluyó que el procedimiento de autorización y los requisitos de evaluación del riesgo de los OMG con arreglo a la legislación de la Unión en materia de OMG no están adaptados para la variedad de organismos y productos potenciales que pueden obtenerse con algunas NTG, a saber, la mutagénesis dirigida y la cisgénesis (incluida la intragénesis), y que estos requisitos pueden ser desproporcionados o inadecuados. El estudio demostró que este es especialmente el caso de los vegetales obtenidos mediante estas técnicas, dada la cantidad de pruebas científicas ya disponibles, en particular sobre su seguridad. Además, la legislación de la Unión en materia de OMG es difícil de aplicar y hacer cumplir en el caso de los vegetales obtenidos mediante mutagénesis dirigida y cisgénesis y los productos conexos. En algunos casos, las modificaciones genéticas introducidas por estas técnicas no pueden distinguirse con métodos analíticos de mutaciones naturales o de modificaciones genéticas introducidas por técnicas convencionales de mejora, mientras que la distinción es generalmente posible en el caso de las modificaciones genéticas introducidas por transgénesis. La legislación de la Unión en materia de OMG tampoco favorece el desarrollo de productos innovadores y beneficiosos que podrían contribuir a la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la resiliencia de la cadena agroalimentaria.

(8)  Por consiguiente, es necesario adoptar un marco jurídico específico para los OMG obtenidos mediante mutagénesis dirigida y cisgénesis y los productos conexos cuando se liberan intencionalmente en el medio ambiente o se comercializan.

(9)  Sobre la base de los conocimientos científicos y técnicos actuales, en particular en aspectos de seguridad, el presente Reglamento debe limitarse a los OMG que sean vegetales, es decir, organismos de los grupos taxonómicos Archaeplastida o Phaeophyceae. Deben examinarse los conocimientos de que se dispone sobre otros organismos, como, y debe excluir los microorganismos, los hongos y los animales sobre los que se dispone de conocimientos más limitados, de cara a futuras iniciativas legislativas respecto de ellos. Por la misma razón, el presente Reglamento solo debe aplicarse a los vegetales obtenidos mediante determinadas NTG, a saber, mutagénesis dirigida y cisgénesis (incluida la intragénesis) (en lo sucesivo, «vegetales obtenidos con NTG»), pero no mediante otras NTG. Estos vegetales obtenidos con NTG no transportan material genético de especies no compatibles. Los OMG producidos mediante otras NTG que introduzcan en un organismo material genético procedente de especies no compatibles (transgénesis) deben seguir estando sujetos únicamente a la legislación de la Unión en materia de OMG, dado que los vegetales resultantes podrían entrañar riesgos específicos asociados al transgén. Además, no hay indicios de que los requisitos actuales de la legislación de la Unión en materia de OMG para los OMG obtenidos mediante transgénesis deban adaptarse en el momento actual. [Enm. 5]

(10)  Teniendo plenamente en cuenta el principio de cautela, el marco jurídico para los vegetales obtenidos con NTG debe compartir los objetivos de la legislación de la Unión en materia de OMG de garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente, y el buen funcionamiento del mercado interior para los vegetales y productos en cuestión, abordando al mismo tiempo la especificidad de los vegetales obtenidos con NTG. Este marco jurídico debe permitir el desarrollo y la comercialización de vegetales, alimentos y piensos que contengan vegetales obtenidos con NTG, se compongan de ellos o se hayan producido a partir de ellos, y de otros productos que contengan o se compongan de vegetales obtenidos con NTG (en lo sucesivo, «productos obtenidos con NTG»), a fin de contribuir a los objetivos de innovación y sostenibilidad del Pacto Verde Europeo, la Estrategia «De la Granja a la Mesa», la Estrategia sobre Biodiversidad y la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático, y de mejorar la competitividad del sector agroalimentario de la Unión en su territorio y a escala mundial. [Enm. 6]

(11)  El presente Reglamento constituye una lex specialis con respecto a la legislación de la Unión en materia de OMG. Introduce disposiciones específicas para los vegetales y los productos obtenidos con NTG. No obstante, cuando no existan normas específicas en el presente Reglamento, los vegetales obtenidos con NTG y sus productos derivados (incluidos los alimentos y piensos) deben seguir sujetos a los requisitos de la legislación de la Unión en materia de OMG y a las normas sobre OMG en la legislación sectorial, como el Reglamento (UE) 2017/625 relativo a los controles oficiales o la legislación sobre determinados productos, como los materiales vegetales y forestales de reproducción. [Enm. 7]

(12)  Los riesgos potenciales de los vegetales obtenidos con NTG varían, desde perfiles de riesgo similares a los mejorados de forma convencional hasta diversos tipos y grados de peligros y riesgos que pueden ser similares a los de los vegetales obtenidos mediante transgénesis. Por consiguiente, el presente Reglamento debe establecer normas especiales para ajustar la evaluación del riesgo y los requisitos de gestión del riesgo en función de los riesgos potenciales, o la ausencia de estos, que plantean los vegetales y los productos obtenidos con NTG.

(13)  El presente Reglamento debe distinguir entre dos categorías de vegetales obtenidos con NTG.

(13 bis)   Los vegetales obtenidos con NTG que presenten potencial de persistencia, reproducción o propagación en el medio ambiente, dentro de los campos o fuera de ellos, deben ser evaluados con el máximo nivel de control por lo que respecta a su impacto en la naturaleza y el medio ambiente. [Enm. 8]

(14)  Los vegetales obtenidos con NTG que también pueden obtenerse de forma natural o producirse mediante técnicas convencionales de mejora vegetal y su descendencia obtenida mediante técnicas convencionales de mejora («vegetales obtenidos con NTG de categoría 1») deben tratarse como vegetales que se han obtenido de forma natural o han sido producidos mediante técnicas convencionales de mejora vegetal, dado que son equivalentes y sus riesgos son comparables, lo que supone una excepción total a la legislación de la Unión en materia de OMG y a los requisitos relacionados con los OMG de la legislación sectorial. A fin de garantizar la seguridad jurídica, el presente Reglamento debe establecer los criterios para determinar si un vegetal obtenido con NTG es equivalente a los vegetales naturales o mejorados de forma convencional y establecer un procedimiento para que las autoridades competentes verifiquen y tomen una decisión sobre el cumplimiento de dichos criterios antes de la liberación o comercialización de los vegetales o los productos obtenidos con NTG. Estos criterios deben ser objetivos y basarse en la ciencia. Deben abarcar el tipo y el alcance de las modificaciones genéticas que pueden observarse en la naturaleza o en los organismos obtenidos con técnicas convencionales de mejora e incluir umbrales para el tamaño y el número de modificaciones genéticas del genoma de los vegetales obtenidos con NTG. Dado que los conocimientos científicos y técnicos evolucionan rápidamente en este ámbito, debe facultarse a la Comisión, de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para que actualice estos criterios a la luz del progreso científico y técnico en lo que se refiere al tipo y al alcance de las modificaciones genéticas que pueden producirse en la naturaleza o mediante la mejora vegetal convencional. [Enm. 9]

(14 bis)   Habida cuenta de la enorme complejidad de los genomas vegetales, los criterios para considerar que un vegetal obtenido con NTG es equivalente a un vegetal natural o mejorado de forma convencional deben reflejar la diversidad del tamaño del genoma de los vegetales y sus características. Los vegetales poliploides contienen más de dos cromosomas homólogos. Dentro de esta categoría de vegetales poliploides, los tetraploides, hexaploides y octoploides contienen, respectivamente, cuatro, seis y ocho juegos de cromosomas. Los vegetales poliploides suelen presentar mayor número de modificaciones genéticas en comparación con los vegetales monoploides. Por estos motivos, cualquier límite del número total de modificaciones individuales por vegetal debe reflejar el número de juegos de cromosomas de los vegetales (en lo sucesivo, «ploidía»). [Enm. 10]

(15)  Todos los vegetales obtenidos con NTG que no sean de categoría 1 («vegetales obtenidos con NTG de categoría 2») deben seguir sujetos a los requisitos de la legislación de la Unión en materia de OMG, ya que presentan conjuntos más complejos de modificaciones del genoma.

(16)  Los vegetales y los productos obtenidos con NTG de categoría 1 no deben estar sujetos a las normas y los requisitos de la legislación de la Unión en materia de OMG ni a otras disposiciones legislativas de la Unión aplicables a los OMG. En aras de la seguridad jurídica de los operadores y de la transparencia, debe obtenerse una declaración de estado de vegetal obtenido con NTG de categoría 1 antes de la liberación intencional, así como de la comercialización.

(17)  Esta declaración debe obtenerse antes de toda liberación intencional de cualquier vegetal obtenido con NTG de categoría 1 con fines distintos de la comercialización, como para ensayos de campo que vayan a tener lugar en el territorio de la Unión, ya que los criterios se basan en datos disponibles antes de los ensayos de campo y no dependen de estos. Cuando no se vayan a realizar ensayos de campo en el territorio de la Unión, los operadores deben obtener dicha declaración antes de comercializar el producto obtenido con NTG de categoría 1.

(18)  Dado que los criterios para considerar que un vegetal obtenido con NTG es equivalente a los vegetales naturales o producidos de forma convencional no están relacionados con el tipo de actividad que requiere su liberación intencional, una declaración de estado de vegetal obtenido con NTG de categoría 1 realizada antes de su liberación intencional con cualquier fin distinto de la comercialización en el territorio de la Unión también debe ser válida para la comercialización de productos obtenidos con NTG conexos. Habida cuenta de la gran incertidumbre existente en la fase de ensayo de campo sobre el producto que entra en el mercado y de la probable participación de los operadores más pequeños en dicha liberación, las autoridades nacionales competentes son las que deben llevar a cabo el procedimiento de verificación del estado de vegetal obtenido con NTG de categoría 1 antes de los ensayos de campo, ya que esto resultaría menos gravoso desde el punto de vista administrativo para los operadores, y solo debe tomarse una decisión a escala de la Unión en caso de que otras autoridades nacionales competentes formulen observaciones sobre el informe de verificación. Cuando la solicitud de verificación se presente antes de la comercialización de productos obtenidos con NTG, y si otros Estados miembros presentan objeciones motivadas el procedimiento debe llevarse a cabo a escala de la Uniónen consulta con la Comisión y con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «Autoridad») para garantizar la eficacia del procedimiento de verificación y la coherencia de las declaraciones de estado de vegetal obtenido con NTG de categoría 1. [Enm. 11]

(18 bis)   A fin de seleccionar con eficacia nuevas variedades que ayuden al sector agrícola a incrementar la seguridad alimentaria, así como la sostenibilidad, la adaptación y la resiliencia respecto a las consecuencias del cambio climático, es necesario tener en cuenta la especificidad de los vegetales poliploides, esto es, vegetales que contienen más de dos genomas. En el caso de estos vegetales, el número máximo de modificaciones genéticas autorizadas para que se consideren obtenidos con NTG de categoría 1 debe ser proporcional al número de genomas que contienen. [Enm. 12]

(19)  Las autoridades competentes de los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») deben estar sujetas a plazos estrictosadecuados para garantizar que las declaraciones de estado de vegetal obtenido con NTG de categoría 1 se realicen en un plazo razonable. [Enm. 13]

(20)  La verificación del estado de vegetal obtenido con NTG de categoría 1 es de carácter técnico y no implica evaluación del riesgo ni consideraciones de gestión del riesgo, y la decisión sobre el estado es meramente declarativa. Por consiguiente, cuando el procedimiento se lleve a cabo a escala de la Unión, dichas decisiones de ejecución deben adoptarse mediante el procedimiento consultivo, con el apoyo de la asistencia científica y técnica de la Autoridad.

(21)  Las decisiones por las que se declare el estado de vegetal obtenido con NTG de categoría 1 deben asignar un número de identificación al vegetal obtenido con NTG de que se trate con el fin de garantizar la transparencia y la trazabilidad del vegetal cuando figure en la base de datos y a efectos del etiquetado de los materiales de reproducción vegetal derivados de él. La información enumerada debe incluir información sobre la técnica o técnicas utilizadas para obtener el rasgo o rasgos. [Enm. 14]

(22)  Los vegetales obtenidos con NTG de categoría 1 deben seguir sujetos a cualquier marco reglamentario que se aplique a los vegetales mejorados de forma convencional. Al igual que en el caso de los vegetales y productos convencionales, los vegetales obtenidos con NTG y sus productos están sujetos a la legislación sectorial aplicable en materia de semillas y otros materiales de reproducción vegetal, alimentos, piensos y otros productos, así como a marcos horizontales, como la legislación sobre conservación de la naturaleza y la responsabilidad medioambiental. A este respecto, los alimentos obtenidos con NTG de categoría 1 que tengan una composición o estructura significativamente modificada que afecte al valor nutricional, al metabolismo o al nivel de sustancias indeseables del alimento se consideran nuevos alimentos y, por tanto, entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo ((18)) y deben ser objeto de una evaluación del riesgo en ese contexto.

(23)  El Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo ((19)), prohíbe el uso de OMG y productos obtenidos a partir de OMG y mediante OMG en la producción ecológica. Define los OMG a efectos de dicho Reglamento por referencia a la Directiva 2001/18/CE, excluyendo de la prohibición los OMG obtenidos mediante las técnicas de modificación genética enumeradas en el anexo 1.B de la Directiva 2001/18/CE. Como resultado, los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 están prohibidos en la producción ecológica. Sin embargo, es necesario aclarar el estado de vegetal obtenido con NTG de categoría 1 a efectos de la producción ecológica. ElLa compatibilidad del uso de nuevas técnicas genómicas es actualmente incompatible con el conceptocon los principios de producción ecológica del Reglamento (UE) 2018/848 y con la percepción de los productos ecológicos por parte de los consumidoresaún debe valorarse con mayor detenimiento. Por lo tanto, también debe prohibirse el uso de vegetales obtenidos con NTG de categoría 1 en la producción ecológica hasta que haya tenido lugar dicha valoración. [Enm. 15]

(24)  Deben adoptarse disposiciones para garantizar la transparencia en lo que respecta al uso de variedades de vegetales obtenidos con NTG de categoría 1 para garantizar que las cadenas de producción que deseen permanecer libres de NTG puedan hacerlo y salvaguardar así la confianza de los consumidores. Los vegetales obtenidos con NTG que hayan conseguido una declaración de estado de vegetal obtenido con NTG de categoría 1 deben figurar en una base de datos de acceso público, con información sobre la técnica o técnicas utilizadas para obtener el rasgo o rasgos. Para garantizar la trazabilidad, la transparencia y la posibilidad de elección de los operadores, durante la investigación y la mejora vegetal, cuando vendan semillas a los agricultores o pongan materiales de reproducción vegetal a disposición de terceros de cualquier otro modo, los materiales de reproducción vegetal de vegetales obtenidos con NTG de categoría 1 deben etiquetarse como NTG de categoría 1. [Enm. 16]

(25)  Los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 deben seguir sujetos a los requisitos de la legislación de la Unión en materia de OMG, dado que, sobre la base de los conocimientos científicos y técnicos actuales, deben evaluarse sus riesgos. Deben establecerse normas especiales para adaptar los procedimientos y otras normas establecidas en la Directiva 2001/18/CE y en el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 a la naturaleza específica de los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 y a los diferentes niveles de riesgo que pueden plantear.

(26)  Los vegetales y los productos obtenidos con NTG de categoría 2 deben seguir sujetos a un consentimiento o una autorización, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE o el Reglamento (CE) n.º 1829/2003, para su liberación en el medio ambiente o su comercialización. Sin embargo, dada la gran variedad de estos vegetales obtenidos con NTG, la cantidad de información necesaria para la evaluación del riesgo es distinta en cada caso. La Autoridad, en sus dictámenes científicos sobre los vegetales obtenidos mediante cisgénesis e intragénesis(20) y sobre los vegetales desarrollados mediante mutagénesis dirigida(21), recomendó flexibilidad en los requisitos de datos para la evaluación del riesgo. Sobre la base de los criterios de la Autoridad para la evaluación del riesgo de los vegetales producidos mediante mutagénesis dirigida, cisgénesis e intragénesis ((22)), las consideraciones sobre el historial de uso seguro, la familiaridad para el medio ambiente y la función y estructura de la secuencia o las secuencias modificadas o insertadas deben ayudar a determinar el tipo y la cantidad de datos necesarios para llevar a cabo la evaluación del riesgo de esos vegetales obtenidos con NTG. Por lo tanto, es necesario establecer principios y criterios generales para la evaluación del riesgo de esos vegetales, así como ofrecer al mismo tiempo flexibilidad y la posibilidad de adaptar las metodologías de evaluación del riesgo al progreso científico y técnico.

(27)  Los requisitos relativos al contenido de las notificaciones de autorización de comercialización de productos que contengan OMG distintos de los alimentos o piensos, o se compongan de ellos, y al contenido de las solicitudes de autorización de comercialización de alimentos y piensos modificados genéticamente se establecen en diferentes actos legislativos. Para garantizar la coherencia entre las notificaciones de autorización y las solicitudes de autorización de productos obtenidos con NTG de categoría 2, el contenido de dichas notificaciones y solicitudes debe ser el mismo, excepto las relativas a la evaluación de la seguridad de los alimentos y los piensos, que solo son pertinentes para los alimentos y piensos obtenidos con NTG de categoría 2.

(28)  El laboratorio de referencia de la Unión Europea sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, en colaboración con la Red Europea de Laboratorios OMG, llegó a la conclusión de que los ensayos analíticos no se consideran viables para todos los productos obtenidos mediante mutagénesis dirigida y cisgénesis ((23)). Cuando las modificaciones del material genético introducidas no son específicas del vegetal obtenido con NTG en cuestión, no permiten diferenciar este vegetal de los vegetales convencionales. En los casos en que no sea viable proporcionar un método analítico de detección, identificación y cuantificación, si el notificante o el solicitante lo justifican debidamente, las modalidades para cumplir los requisitos relativos a los métodos analíticos deben adaptarse. Esto debe hacerse mediante los actos de ejecución adoptados en virtud del presente Reglamento. También debe establecerse que el laboratorio de referencia de la Unión Europea sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, asistido por la Red Europea de Laboratorios OMG, ha de adoptar orientaciones para los solicitantes sobre los requisitos mínimos de funcionamiento de los métodos analíticos. Asimismo, se pueden adaptar las modalidades para llevar a cabo la validación del método.

(29)  La Directiva 2001/18/CE exige un plan de seguimiento de los efectos ambientales de los OMG tras su liberación intencional o comercialización, pero ofrece flexibilidad en cuanto al diseño del plan teniendo en cuenta la evaluación del riesgo para el medio ambiente, las características del OMG, su uso previsto y el entorno receptor. Las modificaciones genéticas de los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 pueden abarcar desde cambios que solo requieran una evaluación del riesgo limitada hasta alteraciones complejas que requieran un análisis más exhaustivo de los riesgos potenciales. Por lo tanto, los requisitos de seguimiento posterior a la comercialización de los efectos ambientales de los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 deben adaptarse a la luz de la evaluación del riesgo para el medio ambiente y de la experiencia adquirida en los ensayos de campo, las características del vegetal obtenido con NTG en cuestión, las características y la escala de su uso previsto, en particular cualquier historial de uso seguro del vegetal, y las características del entorno receptor. Así pues, noDe conformidad con el principio de cautela, siempre debe exigirse un plan de seguimiento de los efectos ambientales si es poco probablecuando se concede la autorización por primera vez. Solo debe ser posible eximir del requisito de seguimiento cuando se renueve la autorización, a condición de que se haya demostrado que el vegetal obtenido con NTG de categoría 2 planteeno plantea riesgos que requieran seguimiento, como efectos indirectos, retardados o imprevistos en la salud humana o en el medio ambiente. [Enm. 17]

(30)  Por razones de proporcionalidad, tras una primera renovación de la autorización, la autorización debe ser válida por un período ilimitado, a menos que se decida otra cosa en el momento de dicha renovación sobre la base de la evaluación del riesgo y la información disponible sobre el vegetal obtenido con NTG en cuestión, a reserva de una nueva evaluación cuando se disponga de nueva información.

(31)  Por razones de seguridad jurídica y de buena administración, el plazo para que la Autoridad emita su dictamen sobre una solicitud de autorización solo debe prorrogarse cuando sea necesaria información adicional para llevar a cabo la evaluación de la solicitud, y la prórroga no debe ser superior al plazo inicialmente previsto, a menos que esté justificado por la naturaleza de los datos o circunstancias excepcionales.

(32)  Para aumentar la transparencia y la información de los consumidores, debe permitirse a los operadores complementar el etiquetado de los productos obtenidos con NTG de categoría 2 como OMG con información sobre el rasgo conferido por la modificación genética. A fin de evitar indicaciones engañosas o confusas, debe presentarse una propuesta de tal etiquetado en la notificación de autorización o en la solicitud de autorización y debe especificarse en la autorización o en la decisión de autorización.

(33)  Deben ofrecerse incentivos reglamentarios a los posibles notificantes o solicitantes de vegetales y productos obtenidos con NTG de categoría 2 que contengan rasgos que puedan contribuir a un sistema agroalimentario sostenible, con el fin de orientar el desarrollo de los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 hacia esos rasgos. Los criterios para activar estos incentivos deben centrarse en categorías de rasgos amplios con potencial para contribuir a la sostenibilidad (como las relacionadas con la tolerancia o la resistencia a las tensiones bióticas y abióticas, la mejora de las características nutricionales o el aumento del rendimiento) y deben basarse en la contribución al valor para el cultivo y el uso sostenibles, tal como se define en [el artículo 52, apartado 1, de la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la producción y comercialización de los materiales de reproducción vegetal en la Unión ((24))]. La aplicabilidad de los criterios en toda la UE no permite una definición más restringida de rasgos que se centre en cuestiones específicas ni aborde las especificidades locales y regionales.

(34)  Los incentivos deben consistir en un procedimiento acelerado de evaluación del riesgo en lo que respecta a las solicitudes tramitadas mediante un procedimiento plenamente centralizado (alimentos y piensos) y en un asesoramiento mejorado previo a la presentación para ayudar a los desarrolladores a preparar el expediente a efectos de las evaluaciones ambientales y de seguridad de los alimentos y los piensos, sin que ello afecte a las disposiciones generales sobre asesoramiento previo a la presentación, notificación de los estudios y consulta a terceros con arreglo a los artículos 32 bis, 32 ter y 32 quater del Reglamento (CE) n.º 178/2002 ((25)).

(35)  Deben ofrecerse incentivos adicionales cuando el notificante o solicitante sea una pequeña o mediana empresa (pyme), para promover el acceso de estas empresas a los procedimientos reglamentarios, apoyar la diversificación de los desarrolladores de vegetales obtenidos con NTG y fomentar el desarrollo por parte de pequeños obtentores de especies y rasgos de cultivo a través de las NTG, concediendo para ello a las pymes exenciones de tasas por la validación de los métodos de detección y un asesoramiento previo a la presentación más amplio, que abarque también el diseño de los estudios que deben llevarse a cabo a efectos de la evaluación del riesgo.

(36)  Los vegetales resistentes a los herbicidas se mejoran para ser intencionadamente tolerantes a los herbicidas, con objeto de cultivarlos en combinación con el uso de dichos herbicidas. Si este cultivo no se realiza en condiciones adecuadas, puede dar lugar al desarrollo de malas hierbas resistentes a dichos herbicidas o a la necesidad de aumentar las cantidades de herbicidas aplicadas, independientemente de la técnica de mejora vegetal. Por este motivo, los vegetales obtenidos con NTG que presenten rasgos tolerantes a los herbicidas no deben poder optar a incentivos en virtud de este marco. No obstante, el presente Reglamento no debe adoptar otras medidas específicas sobreincluirse entre los vegetales obtenidos con NTG tolerantes a los herbicidas, ya que dichas medidas se adoptan horizontalmente en [la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la producción y comercialización de materiales de reproducción vegetal en la Unión]de categoría 1. [Enm. 18]

(37)   A fin de que los vegetales obtenidos con NTG puedan contribuir a los objetivos de sostenibilidad del Pacto Verde, de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y de la Estrategia sobre Biodiversidad, debe facilitarse el cultivo de vegetales obtenidos con NTG en la Unión. Esto requiere previsibilidad para los obtentores y agricultores en lo que respecta a la posibilidad de cultivar dichos vegetales en la Unión. Por lo tanto, la posibilidad de que los Estados miembros adopten medidas que restrinjan o prohíban el cultivo de vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 en la totalidad o parte de su territorio, establecida en el artículo 26 ter de la Directiva 2001/18/CE, socavaría esos objetivos. [Enm. 239]

(38)  Se prevé que las normas especiales establecidas en el presente Reglamento en relación con el procedimiento de autorización para vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 den lugar a un mayor cultivo en la Unión de tales vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 en comparación con la situación existente hasta ahora con arreglo a la legislación de la Unión en materia de OMG vigente. Esto hace necesario que las autoridades públicas de los Estados miembros definan medidas de coexistencia para equilibrar los intereses de los productores de vegetales convencionales, ecológicos y modificados genéticamente, lo que permite a los productores elegir entre diferentes tipos de producción, en consonancia con el objetivo de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de destinar el 25 % de las tierras agrícolas a la agricultura ecológica de aquí a 2030.

(39)  Para alcanzar el objetivo de garantizar el funcionamiento eficaz del mercado interior, los y la libre circulación de los vegetales y productos obtenidos con NTG en toda la Unión, la liberación intencional de vegetales obtenidos con NTG y susla comercialización de productos conexosobtenidos con NTG deben beneficiarse de la libre circulación de mercancías, siempre que cumplanbasarse en los requisitos de otras disposiciones del Derecho de la Unióny los procedimientos armonizados establecidos en el presente Reglamento, de cara a la adopción de una decisión que pueda aplicarse de manera uniforme a todos los Estados miembros. [Enm. 20]

(40)  Habida cuenta de la novedad de las NTG, es importante seguir de cerca el desarrollo y la presencia en el mercado de vegetales y productos obtenidos con NTG y evaluar cualquier efecto concomitante en la salud humana y animal, el medio ambiente y la sostenibilidad medioambiental, económica y social. La información debe recogerse periódicamente y,que las nuevas técnicas genómicas siguen evolucionando, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación en un plazo de cinco años a partir de la adopción de la primera decisión por la que se permita la liberación intencional o la comercialización de vegetales o productos obtenidos con NTG en la Unión, la Comisión debe llevar a cabo una. Esta evaluación del presente Reglamento paradebe medir los progresos realizados hacia la disponibilidad en el mercado de la Unión de vegetales o productos obtenidos con NTG que contengan tales características o propiedades, con el fin de seguir mejorando el presente Reglamento. [Enm. 21]

(41)  Con el fin de ofrecer un nivel elevado de protección de la salud y del medio ambiente en relación con los vegetales y los productos obtenidos con NTG, los requisitos derivados del presente Reglamento deben aplicarse de manera no discriminatoria a los productos originarios de la Unión e importados de terceros países.

(42)  Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión para que los vegetales y los productos obtenidos con NTG puedan circular libremente en el mercado interior, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(43)  Los tipos de vegetales obtenidos con NTG desarrollados y el efecto de determinados rasgos en la sostenibilidad medioambiental, social y económica evolucionan continuamente. Por consiguiente, sobre la base de las pruebas disponibles de dichos avances y efectos, teniendo plenamente en cuenta el principio de cautela, la Comisión debe estar facultada, de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para adaptar la lista de rasgos que deben incentivarse o desalentarse a fin de alcanzar los objetivos del Pacto Verde, la Estrategia «De la Granja a la Mesa», la Estrategia sobre Biodiversidad y la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático. [Enm. 22]

(44)  Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación ((26)). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(45)  A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a la información requerida para demostrar que un vegetal obtenido con NTG es de categoría 1, en lo que respecta a la preparación y presentación de la notificación para dicha determinación, y en lo que respecta a la metodología y los requisitos de información para las evaluaciones del riesgo medioambiental de los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 y de los alimentos y piensos obtenidos con NTG, de conformidad con los principios y criterios establecidos en el presente Reglamento. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo ((27)).

(45 bis)   El Parlamento Europeo ha pedido a la Unión y a sus Estados miembros que no concedan patentes sobre material biológico y que salvaguarden la libertad de explotación y la exención de los obtentores para las variedades. Se debe garantizar que los obtentores dispongan de pleno acceso al material genético de los vegetales obtenidos con NTG, que, por definición, no son vegetales transgénicos. La mejor forma de garantizar el acceso a los materiales genéticos es que el derecho de los titulares de patentes se extinga en el obtentor (exención del obtentor). Dado que las disposiciones actuales del Derecho de patentes no prevén una exención completa de los obtentores, debe garantizarse que las patentes no restrinjan la utilización de vegetales obtenidos con NTG por parte de los obtentores y los agricultores. Por lo tanto, los vegetales obtenidos con NTG no deben estar sujetos a la legislación en materia de patentes, sino que, por lo que respecta a la protección de la propiedad intelectual e industrial, deben estar sujetos únicamente al régimen de protección de la Unión respecto de las obtenciones vegetales, tal como se establece en el Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, que permite el uso de la exención del obtentor. Deben, por lo tanto, quedar excluidos de la patentabilidad los vegetales obtenidos con NTG, sus semillas derivadas, su material vegetal, el material genético asociado —como genes y secuencias genéticas— y los rasgos vegetales. La exclusión de la patentabilidad debe aplicarse de manera coherente en toda la legislación. Por otra parte, para evitar que se concedan patentes o se presenten solicitudes de patentes en el período entre la entrada en vigor del presente Reglamento y la aplicación de las disposiciones en él contenidas, debe garantizarse que el material vegetal quede excluido de la patentabilidad a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. En cuanto a las patentes sobre material vegetal ya concedidas o cuya solicitud se encuentre en tramitación, deben limitarse aún más los efectos de la patente. Además, la Comisión debe evaluar y analizar en el próximo estudio cómo seguir abordando el problema más general de que se concedan patentes sobre material vegetal, de forma directa o indirecta, pese a los esfuerzos previos para colmar las lagunas existentes. La evaluación debe abordar, en particular, el papel y el impacto de las patentes en el acceso de los obtentores y agricultores a los materiales de reproducción vegetal, la diversidad de semillas y la asequibilidad de los precios, así como en la innovación y, especialmente, en las oportunidades para las pymes. El informe de la Comisión debe ir acompañado de las propuestas legislativas adecuadas para garantizar que se introduzcan los ajustes adicionales necesarios en el marco de derechos de la propiedad intelectual e industrial. [Enm. 23]

(46)  La Comisión debe recopilar periódicamente información con el fin de evaluar los resultados de la legislación a la hora de lograr el desarrollo y la disponibilidad en el mercado de vegetales y productos obtenidos con NTG que puedan contribuir a los objetivos del Pacto Verde, la Estrategia «De la Granja a la Mesa», la Estrategia sobre Biodiversidad y la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático, y con el fin de fundamentar una evaluación de la legislación. Se ha determinado(28) un amplio conjunto de indicadores que la Comisión debe revisar periódicamente. Los indicadores deben apoyar el seguimiento de los riesgos potenciales para la salud o el medio ambiente de los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 y sus productos conexos, los efectos de los vegetales obtenidos con NTG en la sostenibilidad medioambiental, económica y social, así como los efectos en la agricultura ecológica y en la aceptación por parte de los consumidores de los productos obtenidos con NTG. Debe presentarse un primer informe de seguimiento tres años después de la notificación o autorización de los primeros productos, a fin de garantizar que se dispone de datos suficientes tras la plena aplicación de la nueva legislación, y posteriormente a intervalos regulares. La Comisión debe llevar a cabo una evaluación del presente Reglamento dos años después de la publicación del primer informe de seguimiento, a fin de permitir que se materialicen plenamente los efectos de los primeros productos sometidos a la verificación o autorización.

(47)  Es necesario modificar determinadas referencias a disposiciones de la legislación de la Unión en materia de OMG en el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo ((29)) para incluir las disposiciones específicas del presente acto aplicables a los vegetales obtenidos con NTG.

(47 bis)   El Pacto Verde Europeo, la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad sitúan la agricultura ecológica en el centro de la transición a unos sistemas alimentarios sostenibles, con un objetivo de ampliar al 25 % la superficie agrícola europea destinada a la producción ecológica de aquí a 2030. Se trata de un reconocimiento claro de los beneficios medioambientales de la agricultura ecológica, con vistas a una menor dependencia de los insumos para los agricultores, un suministro de alimentos resiliente y la soberanía alimentaria. El presente Reglamento no debe menoscabar la transición de los sistemas alimentarios europeos hacia una agricultura ecológica que represente el 25 % de la producción antes de 2030. [Enm. 241]

(47 ter)   Deben establecerse requisitos de trazabilidad aplicables a los alimentos y piensos producidos a partir de NTG, a fin de facilitar el etiquetado preciso de estos productos con arreglo a los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, de modo que se garantice que los operadores y los consumidores disponen de información correcta que les permita ejercer su libertad de elección de forma efectiva y se pueda controlar y comprobar lo indicado en la etiqueta. Dichos requisitos aplicables a los alimentos y piensos producidos a partir de NTG deben ser similares, a fin de evitar que se interrumpa el flujo de información cuando se produzcan cambios en la utilización final. [Enm. 243]

(48)  Dado que la aplicación del presente Reglamento requiere la adopción de actos de ejecución, debe aplazarse para permitir la adopción de tales medidas.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento, de conformidad con el principio de cautela, establece normas específicas para la liberación intencional en el medio ambiente, con cualquier fin distinto de la comercialización, de vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas («vegetales obtenidos con NTG») y para la comercialización de alimentos y piensos que contengan esos vegetales, se compongan de ellos o se hayan producido a partir de ellos, y de productos, distintos de alimentos o piensos, que contengan dichos vegetales o se compongan de ellos. Estas normas garantizan un elevado nivel de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente. [Enm. 24]

Artículo 2

Ámbito de aplicación

El presente Reglamento se aplicará a:

1)  vegetales obtenidos con NTG;

2)  alimentos que contengan vegetales obtenidos con NTG, se compongan de ellos o se hayan producido a partir de ellos, o que contengan ingredientes producidos a partir de vegetales obtenidos con NTG;

3)  piensos que contengan vegetales obtenidos con NTG, se compongan de ellos o se hayan producido a partir de ellos;

4)  productos, distintos de alimentos y piensos, que contengan vegetales obtenidos con NTG o se compongan de ellos.

Artículo 3

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se utilizarán las definiciones siguientes:

1)  las definiciones de «organismo», «liberación intencional» y «comercialización» establecidas en la Directiva 2001/18/CE, las de «alimento» y «pienso» establecidas en el Reglamento (CE) n.º 178/2002, la de «trazabilidad» establecida en el Reglamento (CE) n.º 1830/2003, la de «vegetal» establecida en el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo ((30)) y la de «materiales de reproducción vegetal» establecidas en [la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la producción y comercialización de materiales de reproducción vegetal en la Unión ((31))];

2)  «vegetal obtenido con NTG»: vegetal modificado genéticamente obtenido mediante mutagénesis dirigida o cisgénesis, o una combinación de estas, a condición de que no contenga ningún material genético ajeno al patrimonio genético para fines de mejora genética convencionalde los obtentores que pueda haberse insertado temporalmente durante el desarrollo del vegetal obtenido con NTG; [Enm. 25]

3)  «organismo modificado genéticamente» u «OMG»: organismo modificado genéticamente tal como se define en artículo 2, punto 2, de la Directiva 2001/18/CE, con exclusión de los organismos obtenidos mediante las técnicas de modificación genética enumeradas en el anexo I B de la Directiva 2001/18/CE;

4)  «mutagénesis dirigida»: técnicas de mutagénesis que dan lugar a modificaciones de la secuencia de ADN en lugares precisosseleccionados del genoma de un organismo; [Enm. 26]

5)  «cisgénesis»: técnicas de modificación genética que dan lugar a la inserción, en el genoma de un organismo, de material genético ya presente en el patrimonio genético de los obtentores;

6)  «patrimonio genético para fines de mejora genética convencional»: totalidad de lade los obtentores»: información genética en su totalidad disponible en una especie y en otras especies taxonómicas con las que puede cruzarse, incluso utilizando técnicas avanzadas como el rescate de embriones, la poliploidía inducida y el cruzamiento puente; [Enm. 27]

7)  «vegetal obtenido con NTG de categoría 1»: vegetal obtenido con NTG que:

a)  cumple los criterios de equivalencia con vegetales convencionales que figuran en el anexo I, o

b)  desciende de vegetales obtenidos con NTG contemplados en la letra a), incluso la descendencia derivada del cruce de dichos vegetales, a condición de que no haya más modificaciones que lo sometan a la Directiva 2001/18/CE o al Reglamento (CE) n.º 1829/2003;

8)  «vegetal obtenido con NTG de categoría 2»: vegetal obtenido con NTG que no sea un vegetal obtenido con NTG de categoría 1;

9)  «vegetal obtenido con NTG destinado a utilizarse en alimentos»: vegetal obtenido con NTG que puede utilizarse como alimento o como material de partida para la producción de alimentos;

10)  «vegetal obtenido con NTG destinado a utilizarse en piensos»: vegetal obtenido con NTG que puede utilizarse como pienso o como material de partida para la producción de piensos;

11)  «producido a partir de un vegetal obtenido con NTG»: derivado total o parcialmente de un vegetal obtenido con NTG, pero que no contiene un vegetal obtenido con NTG ni está compuesto de él;

12)  «producto obtenido con NTG»: producto, distinto de los alimentos y los piensos, que contiene un vegetal obtenido con NTG o se compone de él, y alimentos y piensos que contienen un vegetal de ese tipo, se componen de él o se han producido a partir de él;

13)  «producto obtenido con NTG de categoría 1»: producto obtenido con NTG en el cual el vegetal obtenido con NTG que contiene, en el que consiste o, en el caso de alimentos o piensos, a partir del cual se produce es un vegetal obtenido con NTG de categoría 1;

14)  «producto obtenido con NTG de categoría 2»: producto obtenido con NTG en el cual el vegetal obtenido con NTG que contiene, en el que consiste o, en el caso de alimentos o piensos, a partir del cual se produce es un vegetal obtenido con NTG de categoría 2;

15)  «pequeña o mediana empresa» o «pyme»: pyme en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (2).

15 bis)   «Enfoque “Una sola salud”»: enfoque integrado y unificador que tiene por objeto equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales, las plantas y los ecosistemas y reconoce que la salud de los seres humanos, los animales domésticos y silvestres, las plantas y el medio ambiente en general, incluidos los ecosistemas, están estrechamente interrelacionadas y son interdependientes; [Enm. 28]

15b)   «proteína quimérica»: proteína creada mediante la unión de dos o más genes o partes de genes que originalmente codificaban proteínas distintas. [Enm. 29]

Artículo 4

Liberación intencional de vegetales obtenidos con NTG para cualquier fin distinto de la comercialización y comercialización de productos obtenidos con NTG

Sin perjuicio de otros requisitos del Derecho de la Unión, un vegetal obtenido con NTG solo podrá liberarse intencionalmente en el medio ambiente con cualquier fin distinto de su comercialización y un producto obtenido con NTG solo podrá comercializarse si:

1)  es un vegetal obtenido con NTG de categoría 1 y

a)  ha obtenido una resolución por la que se declara dicho estado de conformidad con el artículo 6 o con el artículo 7, o

b)  desciende de vegetales contemplados en la letra a), a condición de que se sigan cumpliendo los criterios de equivalencia establecidos en el anexo I; o [Enm. 30]

2)  es un vegetal obtenido con NTG de categoría 2 y ha sido autorizado de conformidad con el capítulo III. [Enm. 31 - no afecta a la versión española]

La ejecución, el cumplimiento y la aplicación del presente Reglamento no tendrán por objeto ni efecto prevenir o impedir importaciones de terceros países de vegetales y productos obtenidos con NTG que cumplan las mismas normas que las establecidas en el presente Reglamento. [Enm. 32]

Artículo 4 bis

Exclusión de la patentabilidad

Los vegetales obtenidos con NTG, el correspondiente material vegetal, sus partes, la información genética y las características de proceso que contienen no serán patentables. [Enm. 33]

CAPÍTULO II

Vegetales obtenidos con NTG de categoría 1 y productos obtenidos con NTG de categoría 1

Artículo 5

Estado de vegetal obtenido con NTG de categoría 1

1.  Las normas que se aplican a los OMG en la legislación de la Unión no se aplicarán a los vegetales obtenidos con NTG de categoría 1.

2.  A efectos del Reglamento (UE) 2018/848, las normas establecidas en el artículo 5, letra f), inciso iii), y el artículo 11 se aplicarán a los vegetales obtenidos con NTG de categoría 1 y a los productos obtenidos a partir de dichos vegetales o por ellos. [Siete años después de la entrada en vigor del presente Reglamento], la Comisión presentará un informe sobre la evolución de la percepción de los consumidores y los productores, acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa. [Enm. 34]

3.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 26 que modifiquen los criterios de equivalencia entre vegetales obtenidos con NTG y vegetales convencionales establecidos en el anexo I, teniendo en cuenta los posibles riesgos asociados y consecuencias funcionales en el procedimiento de verificación, con el fin de adaptarlos al progreso científico y tecnológicoadaptar dichos criterios a los avances científicos y tecnológicos más recientes en lo que se refiere a los tipos y el alcance de las modificaciones que pueden obtenerse de forma natural o mediante la mejora vegetal convencional. [Enm. 35]

3 bis.   La presencia accidental o técnicamente inevitable de vegetales obtenidos con NGT de categoría 1, su material de reproducción o partes de estos en la producción ecológica o en productos no ecológicos autorizados en la producción ecológica de conformidad con los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2018/848 no constituirá un incumplimiento de dicho Reglamento. [Enm. 36]

Artículo 6

Procedimiento de verificación del estado de vegetal obtenido con NTG de categoría 1 antes de la liberación intencional con cualquier fin distinto de la comercialización

1.  Para obtener la declaración de estado de vegetal obtenido con NTG de categoría 1 a que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra a), antes de proceder a la liberación intencional de un vegetal obtenido con NTG para cualquier fin distinto de su comercialización, la persona que tenga la intención de proceder a la liberación intencional presentará una solicitud para verificar si se cumplen los criterios establecidos en el anexo I, al menos uno de los rasgos a que hace referencia la parte 1 del anexo III, y el criterio de exclusión contemplado en la parte 2 del anexo III (en lo sucesivo, («solicitud de verificación»). Dicha solicitud de verificación se presentará a la autoridad competente designada de conformidad con el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2001/18/CE del Estado miembro en cuyo territorio vaya a tener lugar la liberación de conformidad con los apartados 2 y 3 y con el acto de ejecucióndelegado adoptado de conformidad con el artículo 276, apartado 11 bis, letra b). [Enm. 37]

2.  Cuando una persona tenga la intención de efectuar la liberación intencional simultáneamente en más de un Estado miembro, presentará la solicitud de verificación a la autoridad competente de uno de esos Estados miembros.

3.  La solicitud de verificación a que se refiere el apartado 1 se presentará con formatos de datos normalizados, cuando existan, de conformidad con el artículo 39 septies del Reglamento (CE) n.º 178/2002, e incluirá, sin perjuicio de cualquier información adicional que pueda exigirse de conformidad con el artículo 32 ter del Reglamento (CE) n.º 178/2002, la información siguiente:

a)  nombre y dirección del solicitante;

b)  designación y especificación del vegetal obtenido con NTG;

c)  descripción de losdel rasgo o rasgos y las características que se han introducido o modificado, que incluirá información sobre la técnica o técnicas utilizadas para obtener el rasgo o rasgos, así como la divulgación de la secuencia de modificación genética; [Enm. 38]

c bis)   cualquier patente, o solicitud de patente en tramitación, que cubra la totalidad o parte de un vegetal obtenido con NTG de categoría 1; [Enm. 253]

d)  copia de los estudios que se hayan realizado y cualquier otro material disponible para demostrar que:

i)  el vegetal es un vegetal obtenido con NTG, incluida la ausencia de material genético ajeno al patrimonio genético para fines de mejora genética convencionalde los obtentores cuando dicho material genético se haya introducido temporalmente durante el desarrollo del vegetal, según los requisitos de información especificados en el acto de ejecucióndelegado adoptado de conformidad con el artículo 276, apartado 11 bis, letra a); [Enm. 39]

ii)  el vegetal obtenido con NTG satisface los criterios que figuran en el anexo I, al menos uno de los rasgos de la parte 1 del anexo III, y los criterios de exclusión de la parte 2 del anexo III; [Enm. 40]

d bis)   la denominación de la variedad; [Enm. 41]

e)  en los casos contemplados en el apartado 2, indicación de los Estados miembros en los que el solicitante tiene intención de proceder a la liberación intencional;

f)  identificación de las partes de la solicitud de verificación y toda información complementaria para la que el solicitante pida el tratamiento confidencial, acompañada de una justificación verificable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del presente Reglamento y en el artículo 39 del Reglamento (CE) n.º 178/2002.

4.  La autoridad competente acusará recibo de la solicitud de verificación al solicitante sin demora indebida, indicando la fecha de recepción. Pondrá la solicitud a disposición de los demás Estados miembros y de la Comisión sin demora indebida.

5.  Si la solicitud de verificación no contiene toda la información necesaria, la autoridad competente la declarará inadmisible en un plazo de treinta días hábiles desde la fecha de recepción de la solicitud de verificación. La autoridad competente informará sin demora indebida al solicitante, a los demás Estados miembros y a la Comisión de la inadmisibilidad de la solicitud de verificación y expondrá los motivos de su decisión.

6.  Si la solicitud de verificación no se considera inadmisible de conformidad con el apartado 5, la autoridad competente verificará si el vegetal obtenido con NTG cumple los criterios establecidos en el anexo I y elaborará un informe de verificación en el plazo de treinta días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud de verificación. Cuando proceda, la autoridad competente podrá consultar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) a la hora de elaborar el informe de verificación. La autoridad competente pondrá el informe de verificación a disposición de los demás Estados miembros y de la Comisión sin demora indebida. [Enm. 42]

7.  Los demás Estados miembros y la Comisión podrán formular observacionesobjeciones motivadas al informe de verificación, por lo que respecta al cumplimiento de los criterios establecidos en el anexo I, en un plazo de veinte días a partir de la fecha de recepción de dicho informe. Esas objeciones motivadas se referirán únicamente a los criterios establecidos en los anexos I y III e incluirán una justificación científica. [Enm. 43]

8.  En ausencia de observacionesobjeciones científicas motivadas de los Estados miembros o de la Comisión, en el plazo de diez días hábiles a partir de la expiración del plazo mencionado en el apartado 7, la autoridad nacional competente que haya elaborado el informe de verificación adoptará una decisión en la que declare si el vegetal obtenido con NTG es un vegetal obtenido con NTG de categoría 1. La autoridad nacional competente transmitirá la decisión sin demora indebidaen el plazo de diez días hábiles al solicitante, a los demás Estados miembros y a la Comisión. [Enm. 311]

9.  En los casos en que otro Estado miembro o la Comisión formulen observacionesobjeciones motivadas en el plazo mencionado en el apartado 7, la autoridad competente que haya elaborado el informe de verificación transmitirádeberá poner a disposición del público dichas observaciones a la Comisiónobjeciones sin demora indebida. [Enm. 45]

10.  La Comisión, previa consulta a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad»), preparará un proyecto de decisión en la que declare si el vegetal obtenido con NTG es un vegetal obtenido con NTG de categoría 1 en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles a partir de la fecha de recepción de las observacionesobjeciones motivadas, teniendo en cuenta estas últimas. La decisión se adoptará de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 28, apartado 2. [Enm. 46]

11.  La Comisión publicará una síntesis las decisiones mencionadas en los apartados 8 y 10 en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 7

Procedimiento de verificación del estado de vegetal obtenido con NTG de categoría 1 antes de la comercialización de productos obtenidos con NTG

1.  Cuando aún no se haya realizado, de conformidad con el artículo 6, una declaración de estado de vegetal obtenido con NTG de categoría 1 a la que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra a), para obtener dicha declaración antes de comercializar un producto obtenido con NTG, la persona que tenga la intención de comercializar el producto presentará una solicitud de verificación a la Autoridad de conformidad con el apartado 2 y con el acto de ejecución adoptado de conformidad con el artículo 27, letra b).

2.  La solicitud de verificación a que se refiere el apartado 1 se presentará a la Autoridad en formatos de datos normalizados, cuando existan, de conformidad con el artículo 39 septies del Reglamento (CE) n.º 178/2002, e incluirá, sin perjuicio de cualquier información adicional que pueda exigirse de conformidad con el artículo 32 ter del Reglamento (CE) n.º 178/2002, la información siguiente:

a)  nombre y dirección del solicitante;

b)  designación y especificación del vegetal obtenido con NTG;

b bis)   la denominación de la variedad; [Enm. 48]

c)  descripción de losdel rasgo o rasgos y las características que se han introducido o modificado, que incluirá información sobre la técnica o técnicas utilizadas para obtener el rasgo o rasgos, así como la divulgación de la secuencia de modificación genética; [Enm. 49]

d)  copia de los estudios que se hayan realizado y cualquier otro material disponible para demostrar que:

i)  el vegetal es un vegetal obtenido con NTG, incluida la ausencia de material genético ajeno al patrimonio genético de los obtentores cuando dicho material genético se haya introducido temporalmente durante el desarrollo del vegetal, según los requisitos de información especificados en el acto de ejecución adoptado de conformidad con el artículo 27, letra a);

ii)  el vegetal obtenido con NTG satisface los criterios que figuran en el anexo I;

d bis)   plan de seguimiento de los efectos medioambientales; [Enm. 260]

e)  identificación de las partes de la solicitud de verificación y toda información complementaria para la que el solicitante pida el tratamiento confidencial, acompañada de una justificación verificable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del presente Reglamento y en el artículo 39 del Reglamento (CE) n.º 178/2002.

3.  La Autoridad acusará recibo de la solicitud de verificación al solicitante sin demora, indicando la fecha de recepción. Pondrá la solicitud de verificación a disposición de los Estados miembros y de la Comisión sin demora indebida y hará pública la solicitud de verificación, la información justificativa pertinente y toda información complementaria facilitada por el solicitante, de conformidad con el artículo 38, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 178/2002, tras omitir cualquier información considerada confidencial de conformidad con los artículos 39 a 39 sexies del Reglamento (CE) n.º 178/2002 y con el artículo 11 del presente Reglamento.

4.  Si la solicitud de verificación no contiene toda la información necesaria, la Autoridad la declarará inadmisible en un plazo de treinta días hábiles desde la fecha de recepción de la solicitud de verificación. La Autoridad informará sin demora indebida al solicitante, a los Estados miembros y a la Comisión de la inadmisibilidad de la solicitud de verificación y expondrá los motivos de su decisión.

5.  Si la solicitud de verificación no se considera inadmisible de conformidad con el apartado 4, la Autoridad emitirá su declaración sobre si el vegetal obtenido con NTG cumple los criterios establecidos en el anexo I en el plazo de treinta días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud de verificación. La Autoridad pondrá la declaración a disposición de la Comisión y de los Estados miembros. La Autoridad, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 178/2002, hará pública su declaración tras omitir cualquier información considerada confidencial de conformidad con los artículos 39 a 39 sexies del Reglamento (CE) n.º 178/2002 y con el artículo 11 del presente Reglamento.

6.  La Comisión preparará un proyecto de decisión en la que declare si el vegetal obtenido con NTG es un vegetal obtenido con NTG de categoría 1 en un plazo de treinta días hábiles a partir de la fecha de recepción de la declaración de la Autoridad, teniendo en cuenta esta última. La decisión se adoptará de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 28, apartado 2.

7.  La Comisión publicará una síntesis de la decisión final en el Diario Oficial de la Unión Europea y publicará, en una página web específica y accesible al público, su proyecto de decisión y las objeciones motivadas a que se refiere el artículo 6. [Enm. 50]

Artículo 8

Sistema de intercambio de información entre los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad

La Comisión creará y mantendrá un sistema electrónico para la presentación de solicitudes de verificación de conformidad con los artículos 6 y 7 y para el intercambio de información en virtud del presente título.

Artículo 9

Base de datos de decisiones por las que se declara el estado de vegetal obtenido con NTG de categoría 1

1.  La Comisión creará y mantendrá una base de datos en la que figurarán las decisiones por las que se declara el estado de vegetal obtenido con NTG de categoría 1 adoptadas de conformidad con el artículo 6, apartados 8 y 10, y el artículo 7, apartado 6.

La base de datos deberá incluir la siguiente información:

a)  nombre y dirección del solicitante;

b)  designación y especificación del vegetal obtenido con NTG de categoría 1; [Enm. 51]

b bis)   la denominación de la variedad; [Enm. 52]

c)  descripción resumida de las técnicas utilizadas para obtener la modificación genética;

d)  descripción de los rasgos y las características que se han introducido o modificado;

e)  número de identificación;

e bis)   en su caso, el dictamen o la declaración de la EFSA a que se refieren el artículo 6, apartado 10, y el artículo 7, apartado 5, y [Enm. 53]

f)  decisión según lo contemplado en el artículo 6, apartados 8 o 10, y el artículo 7, apartado 6, según proceda.

2.  La base de datos será de acceso público y en formato en línea. [Enm. 54]

Artículo 10

Etiquetado de los materiales de reproducción vegetal obtenidos con NTG de categoría 1, incluidos los materiales de mejora vegetal

Los vegetales obtenidos con NTG de categoría 1, los productos que contengan vegetales obtenidos con NTG de categoría 1 o consistan en ellos y los materiales de reproducción vegetal, incluidos los destinados a la mejora y con fines científicos, que contengan vegetales obtenidos con NTG de categoría 1 o consistan en ellos y se pongan a disposición de terceros a título oneroso o gratuito llevarán una etiqueta en la que figuren las palabras «NTG cat. 1»nuevas técnicas genómicas». En el caso de los materiales de reproducción vegetal, estas palabras irán seguidas del número de identificación del vegetal o los vegetales obtenidos con NTG de los que deriven. [Enm. 264]

Se proporcionará una trazabilidad documental adecuada para las NTG mediante la transmisión y conservación de la información que indique que los productos contienen o consisten en vegetales y productos obtenidos con NTG y los códigos únicos correspondientes a esas NTG en cada fase de su comercialización. [Enm. 265]

Artículo 11

Confidencialidad

1.  El solicitante al que se refieren los artículos 6 y 7 podrá presentar a la autoridad competente del Estado miembro o a la Autoridad, según corresponda, una solicitud de tratamiento confidencial de determinadas partes de la información presentada con arreglo al presente título, acompañada de una justificación verificable, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 6.

2.  La autoridad competente o la Autoridad, según proceda, evaluará la solicitud de confidencialidad a que se refiere el apartado 1.

3.  La autoridad competente o la Autoridad, según proceda, podrá otorgar tratamiento confidencial únicamente a los elementos de información que se indican a continuación, previa justificación verificable, siempre que el solicitante demuestre que su divulgación podría conllevar un perjuicio importante para sus intereses:

a)  elementos de información a que hace referencia el artículo 39, apartado 2, letras a), b) y c), del Reglamento (CE) n.º 178/2002;

b)  información sobre la secuencia del ADN, y

c)  pautas y estrategias de mejora vegetal.

4.  La autoridad competente o la Autoridad, según proceda, decidirá, previa consulta al solicitante, qué información debe recibir tratamiento confidencial e informará al solicitante de su decisión.

5.  Los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad adoptarán las medidas necesarias para garantizar que no se haga pública la información confidencial notificada o intercambiada con arreglo al presente capítulo.

6.  Las disposiciones pertinentes de los artículos 39 sexies y 41 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 también se aplicarán mutatis mutandis.

7.  En caso de que el solicitante retire la solicitud de verificación, los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad respetarán la confidencialidad otorgada por la autoridad competente o la Autoridad de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. Si la solicitud de verificación se retira antes de que la autoridad competente o la Autoridad haya tomado una decisión sobre la petición de confidencialidad correspondiente, los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad no harán pública la información para la que se había pedido tratamiento confidencial.

Artículo 11 bis

Retirada de la decisión

Si los resultados del seguimiento muestran que existe un riesgo para la salud o el medio ambiente, o si nuevos datos científicos respaldan esta hipótesis, la autoridad competente podrá retirar su decisión a que se refiere el artículo 6, apartado 8, o su declaración a que se refiere el artículo 7, apartado 5. La decisión de retirada deberá enviarse por correo certificado al beneficiario de la decisión, que dispondrá de quince días para presentar observaciones. En ese caso, quedará prohibida la comercialización de vegetales o productos obtenidos con NTG a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la carta certificada. [Enm. 266]

CAPÍTULO III

Vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 y productos obtenidos con NTG de categoría 2

Artículo 12

Estado de vegetal obtenido con NTG de categoría 2 y producto obtenido con NTG de categoría 2

Las normas que se aplican a los OMG en la legislación de la Unión, en la medida en que no estén excluidas por el presente Reglamento, se aplicarán a los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 y a los productos obtenidos con NTG de categoría 2.

SECCIÓN 1

Liberación intencional de vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 con cualquier fin distinto de la comercialización

Artículo 13

Contenido de la notificación a que se refiere el artículo 6 de la Directiva 2001/18/CE

En lo que respecta a la liberación intencional de un vegetal obtenido con NTG de categoría 2 con fines distintos de la comercialización, la notificación a que se refiere el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/18/CE incluirá:

a)  nombre y dirección del notificante;

b)  copia de los estudios que se hayan realizado y cualquier otro material disponible para demostrar que se trata de un vegetal obtenido con NTG, incluida la ausencia de material genético ajeno al patrimonio genético de los obtentores cuando dicho material genético se haya introducido temporalmente durante el desarrollo del vegetal, según los requisitos de información especificados en el acto de ejecución adoptado de conformidad con el artículo 27, letra a);

c)  expediente técnico que proporcione la información especificada en el anexo II necesaria para llevar cabo la evaluación del riesgo para el medio ambiente de la liberación intencional de un vegetal obtenido con NTG o de una combinación de vegetales de ese tipo:

i)  información general, incluida la relativa al personal y su formación;

ii)  información relativa al vegetal o los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2;

iii)  información relativa a las condiciones de liberación y al posible entorno receptor;

iv)  información sobre la interacción entre los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 y el medio ambiente;

v)  plan de seguimiento con el fin de determinar los efectos de los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 en la salud humana o el medio ambiente;

vi)  cuando proceda, información sobre el control, los métodos de reparación, el tratamiento de residuos y los planes de actuación en caso de emergencia;

vii)  identificación de las partes de la notificación y toda información complementaria para la que el notificante pida el tratamiento confidencial, acompañada de una justificación verificable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Directiva 2001/18/CE;

viii)  resumen del expediente;

d)  evaluación del riesgo para el medio ambiente realizada de conformidad con los principios y criterios establecidos en las partes 1 y 2 del anexo II y con el acto de ejecución adoptado con arreglo al artículo 27, letra c).

SECCIÓN 2

Comercialización de productos obtenidos con NTG de categoría 2 que no sean alimentos ni piensos

Artículo 14

Contenido de la notificación a que se refiere el artículo 13 de la Directiva 2001/18/CE

1.  En lo que respecta a la comercialización de productos obtenidos con NTG de categoría 2 que no sean alimentos ni piensos, la notificación a que se refiere el artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2001/18/CE, sin perjuicio de cualquier información adicional que pueda exigirse de conformidad con el artículo 32 ter del Reglamento (CE) n.º 178/2002, contendrá la información siguiente:

a)  nombre y dirección del notificante y de su representante establecido en la Unión (si el notificante no está establecido en la Unión);

b)  designación y especificación del vegetal obtenido con NTG de categoría 2;

c)  ámbito de la notificación:

i)  cultivo;

ii)  otros usos (que deberán especificarse en la notificación);

d)  copia de los estudios que se hayan realizado y cualquier otro material disponible para demostrar que se trata de un vegetal obtenido con NTG, incluida la ausencia de material genético ajeno al patrimonio genético de los obtentores cuando dicho material genético se haya introducido temporalmente durante el desarrollo del vegetal, según los requisitos de información especificados en el acto de ejecución adoptado de conformidad con el artículo 27, letra a);

e)  evaluación del riesgo para el medio ambiente realizada de conformidad con los principios y criterios establecidos en las partes 1 y 2 del anexo II y con el acto de ejecución adoptado con arreglo al artículo 27, letra c);

f)  condiciones para la comercialización del producto, incluidas las condiciones específicas de uso y manejo;

g)  en relación con el artículo 15, apartado 4, de la Directiva 2001/18/CE, una propuesta de período de duración de la autorización, que no debe ser superior a diez años;

h)  cuando proceda, un plan de seguimiento de los efectos medioambientales conforme al anexo VII de la Directiva 2001/18/CE, que incluya una propuesta de duración del propio plan; esta duración puede ser distinta del período de duración de la autorización. El notificante podrá proponer no presentar un plan de seguimiento si considera que el vegetal obtenido con NTG no lo necesita, sobre la base de los resultados de cualquier liberación notificada de conformidad con la sección 1, las conclusiones de la evaluación del riesgo para el medio ambiente, las características del vegetal obtenido con NTG, las características y la escala de su uso previsto y las características del entorno receptor, según el acto de ejecución adoptado de conformidad con el artículo 27, letra d);

i)  propuesta de etiquetado que cumpla los requisitos establecidos en el punto A.8 del anexo IV de la Directiva 2001/18/CE, el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 1830/2003 y el artículo 23 del presente Reglamento;

j)  propuestas de nombres comerciales para los productos y nombres de los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 que contengan, así como una propuesta de identificador único del vegetal obtenido con NTG de categoría 2, elaboradas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 65/2004 de la Comisión ((32)); una vez concedida la autorización, deberán aportarse a la autoridad competente todos los nuevos nombres comerciales;

k)  descripción de cómo se pretende utilizar el producto; deberán resaltarse las diferencias de uso o gestión del producto en comparación con productos similares no modificados genéticamente;

l)  métodos de muestreo (con referencias a métodos de muestreo oficiales o normalizados existentes), detección, identificación y cuantificación del vegetal obtenido con NTG; cuando no sea factible proporcionar un método analítico de detección, identificación y cuantificación, si el notificante lo justifica debidamente, las modalidades para cumplir los requisitos relativos a los métodos analíticos se adaptarán según lo especificado en el acto de ejecución adoptado de conformidad con el artículo 27, letra e), y las orientaciones a que se refiere el artículo 29, apartado 2;

m)  muestras del vegetal obtenido con NTG de categoría 2 y sus muestras de control, e información sobre el lugar donde se puede acceder al material de referencia;

n)  cuando proceda, la información requerida en el anexo II del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica;

o)  identificación de las partes de la notificación y toda información complementaria para la que el notificante pida el tratamiento confidencial, acompañada de una justificación verificable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Directiva 2001/18/CE y en los artículos 39 a 39 sexies del Reglamento (CE) n.º 178/2002;

p)  resumen del expediente en formato normalizado.

2.  El notificante incluirá en la notificación información sobre datos o resultados de liberaciones del mismo vegetal obtenido con NTG de categoría 2 o de la misma combinación de vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 que él mismo haya notificado o realizado, en el pasado o en la actualidad, dentro o fuera de la Unión.

3.  La autoridad competente que elabore el informe de evaluación a que se refiere el artículo 14 de la Directiva 2001/18/CE examinará si la notificación cumple lo dispuesto en los apartados 1 y 2.

Artículo 15

Disposiciones específicas sobre el seguimiento

La autorización por escrito a que se refiere el artículo 19 de la Directiva 2001/18/CE especificará los requisitos de seguimiento, tal como se describe en el artículo 19, apartado 3, letra f), o bien indicará que no se requiere el seguimiento. El artículo 17, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/18/CE no se aplicará si la autorización no exige el seguimiento.

Artículo 16

Etiquetado de conformidad con el artículo 23

Además de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 3, de la Directiva 2001/18/CE, la autorización escrita especificará el etiquetado de conformidad con el artículo 23 del presente Reglamento. [Enm. 56]

Artículo 17

Período de validez de la autorización tras la renovación

1.  La autorización concedida con arreglo a la parte C de la Directiva 2001/18/CE, tras la primera renovación de conformidad con el artículo 17 de la Directiva 2001/18/CE, será válida por un período ilimitado, a menos que la decisión a que se refiere el artículo 17, apartados 6 u 8, establezca que la renovación es por un período limitado, por motivos justificados basados en las conclusiones de la evaluación del riesgo realizada con arreglo al presente Reglamento y en la experiencia adquirida con el uso, incluidos los resultados del seguimiento, si así se especifica en la autorización.

2.  No se aplicará la última frase del artículo 17, apartados 6 y 8, de la Directiva 2001/18/CE.

2 bis.   Si los resultados del seguimiento muestran que existe un riesgo para la salud o el medio ambiente, o si nuevos datos científicos respaldan esta hipótesis, la autoridad competente podrá retirar su decisión. La decisión de retirada deberá enviarse por correo certificado al beneficiario de la decisión, que dispondrá de quince días para presentar observaciones. En ese caso, quedará prohibida la comercialización de vegetales o productos obtenidos con NTG a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la carta certificada. [Enm. 268]

SECCIÓN 3

Comercialización de vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 destinados a utilizarse en alimentos o piensos y de alimentos y piensos obtenidos con NTG de categoría 2

Artículo 18

Ámbito de aplicación

La presente sección se aplicará a:

a)  vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 destinados a utilizarse en alimentos o piensos;

b)  alimentos que contengan vegetales obtenidos con NTG de categoría 2, se compongan de ellos o se hayan producido a partir de ellos, o que contengan ingredientes producidos a partir de vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 («alimentos obtenidos con NTG de categoría 2»);

c)  piensos que contengan vegetales obtenidos con NTG de categoría 2, se compongan de ellos o se hayan producido a partir de ellos («piensos obtenidos con NTG de categoría 2»).

Artículo 19

Disposiciones específicas relativas a la solicitud de autorización a que se refieren los artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003

1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3, letra e), y en el artículo 17, apartado 3, letra e), del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, y sin perjuicio de cualquier información adicional que pueda exigirse de conformidad con el artículo 32 ter del Reglamento (CE) n.º 178/2002, una solicitud de autorización de un vegetal obtenido con NTG de categoría 2 destinado a utilizarse en alimentos o piensos, o de un alimento o pienso obtenido con NTG de categoría 2, deberá ir acompañada de una copia de los estudios, incluidos, en su caso, estudios independientes revisados por pares, que se hayan llevado a cabo y cualquier otro material disponible para demostrar que:

a)  el vegetal es un vegetal obtenido con NTG, incluida la ausencia de material genético ajeno al patrimonio genético de los obtentores cuando dicho material genético se haya introducido temporalmente durante el desarrollo del vegetal, según los requisitos de información especificados en el acto de ejecución adoptado de conformidad con el artículo 27, letra a);

b)  el alimento o el pienso cumple los criterios a que se refieren el artículo 4, apartado 1, o el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, respectivamente, sobre la base de una evaluación de la seguridad del alimento o el pienso realizada de conformidad con los principios y criterios establecidos en las partes 1 y 3 del anexo II del presente Reglamento y con el acto de ejecución adoptado de con arreglo al artículo 27, letra c).

2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3, letra i), y en el artículo 17, apartado 3, letra i), del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, la solicitud de autorización irá acompañada de métodos de muestreo (con referencias a los métodos de muestreo oficiales o normalizados existentes), detección, identificación y cuantificación del vegetal obtenido con NTG y, en su caso, de detección e identificación del vegetal obtenido con NTG en el alimento o pienso obtenido con NTG.

En los casos en que no sea factible proporcionar un método analítico de detección, identificación y cuantificación, si el solicitante lo justifica adecuadamente o así lo concluye el laboratorio de referencia de la Unión Europea a que se refiere el artículo 32 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003 durante el procedimiento mencionado en el artículo 20, apartado 4, las modalidades para cumplir los requisitos relativos a los métodos analíticos se adaptarán según lo especificado en el acto de ejecución adoptado de conformidad con el artículo 27, letra e), y las orientaciones a que se refiere el artículo 29, apartado 2.

3.  No obstante lo dispuesto en el artículo 5, apartado 5, y en el artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, en el caso de vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 o de alimentos o piensos que contengan o se compongan de vegetales obtenidos con NTG de categoría 2, la solicitud también irá acompañada de:

a)  una evaluación del riesgo para el medio ambiente realizada de conformidad con los principios y criterios establecidos en las partes 1 y 2 del anexo II y con el acto de ejecución adoptado con arreglo al artículo 27, letra c);

b)  cuando proceda, un plan de seguimiento de los efectos medioambientales conforme al anexo VII de la Directiva 2001/18/CE, que incluya una propuesta de duración del propio plan; la duración del plan de seguimiento podrá ser diferente de la duración de la autorización. El solicitante podrá proponer no presentar un plan de seguimiento si considera que el vegetal obtenido con NTG no lo necesita, sobre la base de los resultados de cualquier liberación notificada de conformidad con la sección 1, las conclusiones de la evaluación del riesgo para el medio ambiente, las características del vegetal obtenido con NTG, las características y la escala de su uso previsto y las características del entorno receptor, según el acto de ejecución adoptado de conformidad con el artículo 27, letra d).

4.  La solicitud incluirá asimismo una propuesta de etiquetado de conformidad con el artículo 23.

Artículo 20

Disposiciones específicas sobre el dictamen de la Autoridad

1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartados 1 y 2, y en el artículo 18, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, la Autoridad emitirá un dictamen sobre la solicitud de autorización a que se refiere el artículo 19 del presente Reglamento en un plazo de seis meses a partir de la recepción de una solicitud válida.

Cuando la Autoridad o la autoridad competente del Estado miembro que lleve a cabo la evaluación del riesgo para el medio ambiente o la evaluación de la seguridad de los alimentos o piensos con arreglo al artículo 6, apartado 3, letras b) y c), y al artículo 18, apartado 3, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.º 1829/2003 considere que es necesaria información adicional, la Autoridad, o la autoridad nacional competente a través de la Autoridad, pedirá al solicitante que presente dicha información en un plazo determinado. En ese caso, el plazo de seis meses se prorrogará con el plazo complementario. La prórroga no podrá exceder de seis meses, salvo que lo justifiquen las características de los datos solicitados o circunstancias excepcionales.

2.  Además de las tareas a que se refieren el artículo 6, apartado 3, y el artículo 18, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, la Autoridad verificará si todos los datos y documentos presentados por el solicitante se ajustan a lo dispuesto en el artículo 19 del presente Reglamento.

3.  No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, letra d), y en el artículo 18, apartado 3, letra d), del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, la Autoridad remitirá al laboratorio de referencia de la Unión Europea a que se refiere el artículo 32 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003 la información mencionada en el artículo 19, apartado 2, del presente Reglamento y en el artículo 5, apartado 3, letra j), y el artículo 17, apartado 3, letra j), del Reglamento (CE) n.º 1829/2003.

4.  El laboratorio de referencia de la Unión Europea someterá a ensayo y validará el método de detección, identificación y cuantificación propuesto por el solicitante de conformidad con el artículo 19, apartado 2, o evaluará si la información facilitada por. Si el solicitante justifica la aplicación de modalidades adaptadas para cumplir los requisitos del método de detección, el laboratorio de referencia de la Unión Europea llevará a cabo sus propias investigaciones y análisis para confirmar la inviabilidad alegada. En ese caso, la decisión del laboratorio de referencia de la Unión Europea será motivada y se hará pública a que se refiere dicho apartado. [Enm. 228]

5.  No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 5, letra f), y en el artículo 18, apartado 5, letra f), del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, en caso de que se emita un dictamen favorable a la autorización del alimento o el pienso, el dictamen incluirá también:

a)  el método, validado por el laboratorio de referencia de la Unión Europea, para la detección, incluidos el muestreo y, en su caso, la identificación y la cuantificación del vegetal obtenido con NTG, y la detección e identificación del vegetal obtenido con NTG en el alimento o pienso obtenido con NTG, y una justificación de cualquier adaptación del método en los casos a que se refiere el artículo 19, apartado 2, párrafo 2;

b)  indicación del lugar donde se puede acceder a material de referencia pertinente.

6.  Además de las indicaciones mencionadas en el artículo 6, apartado 5, letra d), y en el artículo 18, apartado 5, letra d), del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, el dictamen incluirá también una propuesta de etiquetado de conformidad con el artículo 23 del presente Reglamento.

Artículo 21

Período de validez de la autorización tras la renovación

No obstante lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, y en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, tras la primera renovación, la autorización será válida por un período ilimitado, a menos que la Comisión decida renovar la autorización por un período limitado, por motivos justificados basados en las conclusiones de la evaluación del riesgo realizada con arreglo al presente Reglamento y en la experiencia adquirida con el uso, incluidos los resultados del seguimiento, si así se especifica en la autorización.

Si los resultados del seguimiento muestran que existe un riesgo para la salud o el medio ambiente, o si nuevos datos científicos respaldan esta hipótesis, la autoridad competente podrá retirar su decisión. La decisión de retirada deberá enviarse por correo certificado al beneficiario de la decisión, que dispondrá de quince días para presentar observaciones. En ese caso, quedará prohibida la comercialización de vegetales o productos obtenidos con NTG a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la carta certificada. [Enm. 270]

SECCIÓN 4

Disposiciones comunes relativas a los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 y a los productos obtenidos con NTG de categoría 2

Artículo 22

Incentivos para los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 y para los productos obtenidos con NTG de categoría 2 que contengan rasgos pertinentes para la sostenibilidad

1.  Los incentivos del presente artículo se aplicarán a los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 y a los productos obtenidos con NTG de categoría 2 cuando al menos uno de los rasgos previstos del vegetal obtenido con NTG transmitido por la modificación genética figure en la parte 1 del anexo IIIel artículo 51, apartado 1, del Reglamento(UE/...)(33) y cuando no presenten ninguno de los rasgos mencionados en la parte 2 de dicho anexo. [Enm. 57]

2.  Se aplicarán los siguientes incentivos a las solicitudes de autorización presentadas de conformidad con los artículos 5 o 17 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, en relación con el artículo 19:

a)  no obstante lo dispuesto en el artículo 20, apartado 1, primer párrafo, del presente Reglamento, la Autoridad emitirá su dictamen sobre la solicitud en un plazo de cuatro meses a partir de la recepción de una solicitud válida, a menos que la complejidad del producto requiera la aplicación del plazo mencionado en el artículo 20, apartado 1; el plazo podrá prorrogarse en las condiciones establecidas en el artículo 20, apartado 1, segundo párrafo;

b)  cuando el solicitante sea una pyme, estará exento del pago de las contribuciones financieras al laboratorio de referencia de la Unión Europea y a la Red Europea de Laboratorios OMG a que se refiere el artículo 32 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003.

3.  El siguiente asesoramiento previo a la presentación a efectos de la evaluación del riesgo realizada de conformidad con el anexo II se aplicará, además de lo dispuesto en el artículo 32 bis del Reglamento (CE) n.º 178/2002, antes de las notificaciones presentadas de conformidad con el artículo 13 de la Directiva 2001/18/CE, en relación con su artículo 14, y a las solicitudes de autorización presentadas de conformidad con los artículos 5 o 17 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, en relación con el artículo 19:

a)  el personal de la Autoridad, a petición de un posible solicitante o notificante, asesorará sobre las hipótesis de riesgo plausibles que el posible solicitante o notificante haya identificado sobre la base de las propiedades de un vegetal, un producto o un vegetal o producto hipotético, que deben abordarse facilitando la información contemplada en las partes 2 y 3 del anexo II. No obstante, el asesoramiento no cubrirá el diseño de estudios para abordar las hipótesis de riesgo;

b)  cuando el posible solicitante o notificante sea una pyme, podrá notificar a la Autoridad la forma en que se propone abordar las hipótesis de riesgo plausibles a que se refiere la letra a) que haya identificado sobre la base de las propiedades de un vegetal, un producto o un vegetal o producto hipotético, incluido el diseño de los estudios que se propone realizar de conformidad con los requisitos establecidos en las partes 2 y 3 del anexo II. La Autoridad asesorará sobre la información notificada, incluido el diseño de los estudios.

4.  El asesoramiento previo a la presentación a que se refiere el apartado 3 cumplirá los requisitos siguientes:

a)  se entenderá sin perjuicio ni compromiso de cualquier evaluación posterior de solicitudes o notificaciones por parte de la Comisión Técnica de OMG de la Autoridad; el personal de la Autoridad que proporcione el asesoramiento no participará en ninguna labor científica o técnica preparatoria que sea directa o indirectamente pertinente para la solicitud o notificación objeto del asesoramiento;

b)  en el caso de posibles notificaciones de conformidad con el artículo 13 de la Directiva 2001/18/CE, en relación con el artículo 14, y de posibles solicitudes con arreglo a los artículos 5 o 17 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, en relación con el artículo 19, relativas a un vegetal obtenido con NTG de categoría 2 que vaya a utilizarse como semillas u otros materiales de reproducción vegetal, el asesoramiento previo a la presentación será facilitado por la Autoridad conjuntamente o en estrecha colaboración con la autoridad competente del Estado miembro ante el que vaya a presentarse la notificación o la solicitud;

c)  la Autoridad publicará sin demora un resumen del asesoramiento previo a la presentación una vez que una solicitud o notificación se haya considerado válida; el artículo 38, apartado 1 bis, se aplicará mutatis mutandis;

d)  los posibles solicitantes o notificantes que demuestren que son pymes podrán solicitar el asesoramiento previo a la presentación a que se refiere el apartado 3, letra a), en momentos diferentes.

5.  Toda solicitud de incentivos se presentará a la Autoridad en el momento de la solicitud de asesoramiento a que se refiere el apartado 3 o de la solicitud a que se refieren los artículos 5 o 17 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, en relación con el artículo 19, e irá acompañada de la siguiente información:

a)  la información necesaria para determinar que el rasgo o los rasgos previstos transmitidos por la modificación genética del vegetal obtenido con NTG de categoría 2 cumplen las condiciones mencionadas en el apartado 1;

b)  cuando proceda, la información necesaria para demostrar que el (posible) solicitante o notificante es una pyme;

c)  a efectos del apartado 3, información sobre los aspectos enumerados en la parte 1 del anexo II, en la medida en que ya pueda facilitarse, y cualquier otra información pertinente.

6.  El artículo 26 de la Directiva 2001/18/CE y el artículo 30 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003 se aplicarán a la información presentada con arreglo al presente artículo a la Autoridad, según proceda.

7.  La Autoridad establecerá las modalidades prácticas de aplicación de los apartados 3 a 6.

8.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 26 que modifiquen las listas de rasgos de los vegetales obtenidos con NTG establecidos en el anexo III con el fin de adaptarlos al progreso científico y tecnológico y a las nuevas pruebas relativas a los efectos en la sostenibilidad de dichos rasgos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a)  la Comisión tendrá en cuenta el seguimiento de los efectos del presente Reglamento de conformidad con el artículo 30, apartado 3;

b)  la Comisión llevará a cabo una revisión actualizada de la bibliografía científica sobre los efectos en la sostenibilidad medioambiental, social y económica del rasgo o los rasgos que se propone añadir o suprimir de la lista del anexo III;

c)  cuando proceda, la Comisión tendrá en cuenta los resultados del seguimiento realizado de conformidad con el artículo 14, letra h), o el artículo 19, apartado 3, de los vegetales obtenidos con NTG que alberguen el rasgo o los rasgos transmitidos por su modificación genética.

Artículo 23

Etiquetado de productos obtenidos con NTG de categoría 2 autorizados

Además de los requisitos de etiquetado a que se refieren el artículo 21 de la Directiva 2001/18/CE, los artículos 12, 13, 24 y 25 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, y el artículo 4, apartados 6 y 7, del Reglamento (CE) n.º 1830/2003, y sin perjuicio de los requisitos establecidos en otra legislación de la Unión, el etiquetado de los productos obtenidos con NTG de categoría 2 autorizados también podrá mencionar el rasgo o los rasgos transmitidos por la modificación genética, tal como se especifique en el consentimiento o la autorización con arreglo a las secciones 2 o 3 del capítulo III del presente Reglamento.

Artículo 24

Medidas para impedir la presencia accidental de vegetales obtenidos con NTG de categoría 2

Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para evitar la presencia accidental de vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 en productos no sujetos a la Directiva 2001/18 ni al Reglamento (CE) n.º 1829/2003.

Artículo 25

Cultivo

El artículo 26 ter de la Directiva 2001/18/CE no se aplicará a los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 26

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 5, apartado 3, el artículo 6, apartado 11 bis, y el artículo 22, apartado 8, se otorgarán a la Comisión por un período de cinco años desde la [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período. [Enm. 59]

3.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 5, apartado 3, y enel artículo 6, apartado 11 bis, y el artículo 22, apartado 8, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. [Enm. 60]

4.  Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación ((34)).

5.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 5, apartado 3, del artículo 6, apartado 11 bis, y del artículo 22, apartado 8, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. [Enm. 61]

Artículo 27

Actos de ejecución

La Comisión adoptará actos de ejecución relativos a:

a)   la información necesaria para demostrar que un vegetal ha sido obtenido con NTG; [Enm. 62]

b)   la preparación y presentación de las solicitudes de verificación mencionadas en los artículos 6 y 7; [Enm. 63]

c)  la metodología y los requisitos de información para la evaluación del riesgo para el medio ambiente de los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 y las evaluaciones de seguridad de los alimentos y piensos obtenidos con NTG de categoría 2, de conformidad con los principios y criterios establecidos en el anexo II;

d)  la aplicación de los artículos 14 y 19, en particular las normas relativas a la preparación y presentación de la notificación o solicitud;

e)  las modalidades adaptadas para cumplir los requisitos relativos a los métodos analíticos a que se refieren el artículo 14, apartado 1, letra l), y el artículo 19, apartado 2.

Antes de adoptar los actos de ejecución a que se refieren las letras a) a d), la Comisión consultará a la Autoridad. Los actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 28, apartado 3.

Artículo 28

Procedimiento de comité

1.  La Comisión estará asistida por el Comité creado por el artículo 58 del Reglamento (CE) n.º 178/2002.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado se aplicará el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 182/2011.

3.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado se aplicará el artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 182/2011.

Artículo 29

Orientaciones

1.  Antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento, la Autoridad publicará orientaciones detalladas para ayudar al notificante o al solicitante en la preparación y presentación de las notificaciones y la solicitud mencionadas en los capítulos II y III y para la aplicación del anexo II.

2.  Antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento, el laboratorio de referencia de la Unión Europea para alimentos y piensos modificados genéticamente establecido de conformidad con el artículo 32 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, asistido por la Red Europea de Laboratorios OMG, publicará orientaciones detalladas para ayudar al notificante o al solicitante a aplicar el artículo 14, apartado 1, letra l), y el artículo 19, apartado 2.

Artículo 30

Seguimiento, presentación de informes y evaluación

1.  Cuando hayan transcurrido al menos tres años desde la adopción de la primera decisión con arreglo al artículo 6, apartados 8 o 10, o al artículo 7, apartado 6, o de conformidad con las secciones 2 o 3 del capítulo III, si esta última fecha es anterior, y posteriormente cada cinco años, la Comisión remitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones un informe sobre la aplicación del presente Reglamento.

2.  El informe identificará y abordará asimismo cualquier cuestión ética que haya surgidoen materia de biodiversidad y medio ambiente, de salud humana y animal, socioeconómica, de cambios en las prácticas agronómicas, así como las cuestiones socioeconómicas y éticas que hayan podido surgir con la aplicación del presente Reglamento. [Enm. 64]

3.  A efectos del informe a que se refiere el apartado 1, la Comisión, a más tardar [veinticuatro meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], elaborará, previa consulta a las autoridades competentes de los Estados miembros de conformidad con la Directiva 2001/18/CE y el Reglamento (CE) n.º 1829/2003, un programa detallado de seguimiento, basado en indicadores, de la repercusión del presente Reglamento, que incluya los efectos deseados y no deseados y los efectos sistemáticos sobre el medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. En él se especificarán las medidas que deberán adoptar la Comisión y los Estados miembros a la hora de recopilar y analizar los datos y otras pruebas. [Enm. 65]

4.  Cuando hayan transcurrido al menos dos años desde la publicación del primer informe contemplado en el apartado 1, la Comisión llevará a cabo una evaluación de la aplicación del presente Reglamento y de sus efectos en la salud humana y animal, el medio ambiente, la información a los consumidores, el funcionamiento del mercado interior y la sostenibilidad económica, medioambiental y social.

5.  La Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones un informe sobre las conclusiones principales de la evaluación a que se hace referencia en el apartado 4.

5 bis.   A más tardar en junio de 2025, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la función y el impacto de las patentes en el acceso de obtentores y agricultores a materiales de reproducción vegetal variados, así como sobre la innovación y, en particular, sobre las oportunidades para las pymes. El informe evaluará si son necesarias otras disposiciones jurídicas además de las previstas en el artículo 4 bis y en el artículo 33 bis del presente Reglamento. Cuando resulte adecuado para garantizar el acceso de obtentores y agricultores a materiales de reproducción vegetal, a la diversidad de semillas y a unos precios asequibles, el informe irá acompañado de una propuesta legislativa para abordar los ajustes necesarios en el marco de los derechos de propiedad intelectual. [Enm. 66]

5 ter.   A más tardar en 2024, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones un informe en el que se evalúen las especificidades y las necesidades de otros sectores no cubiertos por la presente legislación, como el de los microorganismos, incluida una propuesta de nuevas acciones políticas. [Enm. 67]

5 quater.   Cada cuatro años, la Comisión evaluará los criterios de equivalencia establecidos en el anexo I y, en caso necesario, los actualizará mediante el acto delegado a que se refiere el artículo 5, apartado 3. [Enm. 68]

Artículo 31

Referencias en otros actos legislativos de la Unión

Por lo que respecta a los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2, las referencias en otros actos legislativos de la Unión al anexo II o al anexo III de la Directiva 2001/18/CE se entenderán hechas a las partes 1 y 2 del anexo II del presente Reglamento.

Artículo 32

Revisión administrativa

Las decisiones tomadas por la Autoridad o la falta de actuación de esta en virtud de las competencias que le confiere el presente Reglamento podrán ser revisadas por la Comisión, a iniciativa propia o a petición de un Estado miembro o de cualquier persona directa e individualmente afectada.

A tal fin se presentará una solicitud a la Comisión en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la parte afectada tenga conocimiento de la acción u omisión de que se trate.

La Comisión preparará un proyecto de decisión en el plazo de dos meses exigiendo, si procede, a la Autoridad que retire su decisión, o que remedie su falta de actuación.

Artículo 33

Modificaciones del Reglamento (UE) 2017/625

El artículo 23 del Reglamento (UE) 2017/625 se modifica como sigue:

1)  en el apartado 2, letra a), el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente:"

«ii) el cultivo de OMG para la producción de alimentos y piensos y la aplicación correcta del plan de seguimiento a que se refieren el artículo 13, apartado 2, letra e), de la Directiva 2001/18/CE, el artículo 5, apartado 5, letra b), y el artículo 17, apartado 5, letra b), del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, y el artículo 14, apartado 1, letra h), y el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento [referencia al presente Reglamento];»;

2)  en el apartado 3, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:"

«b) el cultivo de OMG para la producción de alimentos y piensos y la aplicación correcta del plan de seguimiento a que se refieren el artículo 13, apartado 2, letra e), de la Directiva 2001/18/CE, el artículo 5, apartado 5, letra b), y el artículo 17, apartado 5, letra b), del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, y el artículo 14, apartado 1, letra h), y el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento [referencia al presente Reglamento];».

Artículo 33 bis

Modificaciones de la Directiva 98/44/CE(35)

1.   El artículo 4 de la Directiva 98/44/CE, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, se modifica como sigue:

a)   En el apartado 1, se añaden las letras siguientes:"

b)   se añade el apartado 4 siguiente:"

«4. Los apartados 2 y 3 se entenderán sin perjuicio de las exclusiones de patentabilidad cubiertas por el apartado 1.»»

2.   En el artículo 8, se añade el párrafo siguiente:"

«3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, la protección conferida por una patente relativa a una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas no se extenderá a la materia biológica que posea las mismas características y que se obtenga independientemente de la materia biológica patentada y a partir de procedimientos esencialmente biológicos, ni a la materia biológica obtenida a partir de dicha materia mediante propagación o multiplicación.».»

3.   En el artículo 9, se añaden los apartados siguientes:"

«2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los productos vegetales que contengan o se compongan de información genética obtenida mediante un procedimiento técnico patentable no serán patentables si no se distinguen de los productos vegetales que contengan o se compongan de la misma información genética obtenida mediante un procedimiento esencialmente biológico.

3.  No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, la protección conferida por una patente a un producto que contenga información genética o que consista en información genética no se extenderá a la materia vegetal a la que se incorpore dicho producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética, pero que no se diferencie de la materia vegetal obtenida o pueda obtenerse mediante un procedimiento esencialmente biológico.

4.  La protección otorgada por una patenta sobre un procedimiento técnico que permita la fabricación de un producto que contenga información genética o que consista en información genética no se extenderá a la materia vegetal a la que se incorpore dicho producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética, pero que no se diferencie de la materia vegetal obtenida o pueda obtenerse mediante un procedimiento esencialmente biológico.». [Enm. 69, 291cp1, 230/rev1 y 291cp3]

Artículo 34

Entrada en vigor y aplicación

1.  El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2.  Será aplicable a partir del [veinticuatro meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. El artículo 4 bis y el artículo 33 bis se aplicarán a partir de la fecha de entrada en vigor. [Enm. 70]

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en …, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta La Presidenta / El Presidente

ANEXO I

Criterios de equivalencia entre vegetales obtenidos con NTG y vegetales convencionales

Un vegetal obtenido con NTG se considera equivalente a los vegetales convencionales cuando difiere del vegetal receptor/parental en no más de veinte modificaciones genéticas de los tipos mencionadossi se cumplen las siguientes condiciones mencionadas en los puntos 1 a 5, en cualquier secuencia de ADN que comparta la similitud con el sitio destinatario que pueda predecirse mediante herramientas bioinformáticasy 1 bis: [Enm. 71]

1)  el número de las siguientes modificaciones genéticas, que pueden combinarse entre sí, no es superior a tres por cada secuencia codificadora de proteínas, teniendo en cuenta que las mutaciones en intrones y secuencias reguladoras quedan excluidas de este límite:

a)   sustitución o inserción de un máximo de veinte nucleótidos;

b)   supresión de cualquier cantidad de nucleótidos; [Enm. 72]

1a)  Las siguientes modificaciones genéticas, que pueden combinarse entre sí, no crean una proteína quimérica que no esté presente en especies del patrimonio genético para fines de mejora o no interrumpa un gen endógeno:

a)   inserción de secuencias contiguas de ADN existentes en el patrimonio genético para fines de mejora;

b)   sustitución de secuencias de ADN endógeno por secuencias contiguas de ADN existentes en el patrimonio genético para fines de mejora;

c)   inversión o translocación de secuencias contiguas de ADN endógeno existentes en el patrimonio genético para fines de mejora. [Enm. 73]

2)   supresión de cualquier cantidad de nucleótidos; [Enm. 74]

3)   a condición de que la modificación genética no interrumpa un gen endógeno:

a)   inserción dirigida de una secuencia contigua de ADN existente en el patrimonio genético del obtentor;

b)   sustitución dirigida de una secuencia de ADN endógeno por una secuencia contigua de ADN existente en el patrimonio genético del obtentor; [Enm. 75]

4)   inversión dirigida de una secuencia de cualquier cantidad de nucleótidos; [Enm. 76]

5)   cualquier otra modificación dirigida de cualquier tamaño, a condición de que las secuencias de ADN resultantes ya se produzcan (posiblemente con modificaciones aceptadas en los puntos 1 o 2) en una especie del patrimonio genético de los obtentores. [Enm. 77]

ANEXO II

Evaluación del riesgo de vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 y de alimentos y piensos obtenidos con NTG de categoría 2

En la parte 1 del presente anexo se describen los principios generales que deben seguirse para llevar a cabo la evaluación del riesgo para el medio ambiente de los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 a que se refieren el artículo 13, letras c) y d), el artículo 14, apartado 1, letra e), y el artículo 19, apartado 3, letra a), y la evaluación de la seguridad de los alimentos y piensos obtenidos con NTG de categoría 2 a que se refiere el artículo 19, apartado 1, letra b). La parte 2 describe la información específica para la evaluación del riesgo para el medio ambiente de los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 y la parte 3 describe la información específica para la evaluación de la seguridad de alimentos y piensos obtenidos con NTG de categoría 2.

Parte 1: Principios generales e información

La evaluación del riesgo para el medio ambiente se llevará a cabo con arreglo a los principios del anexo II de la Directiva 2001/18/CE.

Se adaptarán a su perfil de riesgo el tipo y la cantidad de información necesaria para la evaluación del riesgo para el medio ambiente de los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 que se establecen en el anexo III de la Directiva 2001/18/CE y para la evaluación de la seguridad de los alimentos y los piensos obtenidos con NTG de categoría 2. Deberán tenerse en cuenta los factores siguientes:

a)  las características del vegetal obtenido con NTG, en particular el rasgo o los rasgos introducidos, la función de las secuencias genómicas modificadas o insertadas y la función de cualquier gen alterado por la inserción de un cisgén o de partes de este;

a bis)   las características del vegetal receptor (entre otros, alergenicidad, potencial de flujo genético, potencial de malezas, función ecológica); [Enm. 78]

b)  la experiencia previa en el consumo de vegetales similares o de sus productos;

c)  la experiencia previa con el cultivo de las mismas especies vegetales o de especies vegetales que presenten rasgos similares o en las que se hayan modificado, insertado o alterado secuencias genómicas similares;

d)  la escala y las condiciones de la liberación;

e)  las condiciones de uso previstas del vegetal obtenido con NTG.

La evaluación del riesgo para el medio ambiente de los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 y la evaluación del riesgo de los alimentos y piensos obtenidos con NTG de categoría 2 consistirán en lo siguiente:

a)  identificación y caracterización de los factores de peligro;

b)  valoración de la exposición;

c)  caracterización del riesgo.

Siempre se exigirá la información siguiente:

a)  identificación y caracterización de los factores de peligro

i)  información relativa al vegetal receptor o, en su caso, a los vegetales parentales;

ii)  caracterización molecular.

La información se facilitará cotejando los datos ya disponibles de la bibliografía científica o de otras fuentes o generando datos científicos cuando sea necesario mediante la realización de estudios experimentales o bioinformáticos adecuados.

b)  valoración de la exposición

Se proporcionará información sobre la probabilidad de cada posible efecto adverso identificado. Esto se evaluará teniendo en cuenta, según proceda, las características del entorno o los entornos receptores, la función prevista, la función alimentaria, el nivel previsto de uso de los alimentos y piensos en la UE y el ámbito de la solicitud de autorización.

c)  caracterización del riesgo

El solicitante basará su caracterización del riesgo de los vegetales, alimentos y piensos obtenidos con NTG en información procedente de la identificación de peligros, la caracterización del peligro y la evaluación de la exposición. El riesgo se caracterizará combinando, para cada posible efecto adverso, la magnitud y la probabilidad de que se produzca dicho efecto adverso con objeto de suministrar una estimación cuantitativa o semicuantitativa del riesgo. Cuando proceda, se describirá la incertidumbre de cada riesgo identificado.

Solo se exigirá información sobre la identificación y caracterización del peligro especificada en las partes 2 y 3 si las características específicas y el uso previsto de los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 o de los alimentos o piensos obtenidos con NTG de categoría 2 dan lugar a una hipótesis de riesgo verosímil que pueda abordarse utilizando la información especificada.

Parte 2: Información específica para la evaluación del riesgo para el medio ambiente de los vegetales obtenidos con NTG de categoría 2 en relación con la identificación y caracterización de peligros

1)  Análisis de las características agronómicas, fenotípicas y de composición

2)  Persistencia y capacidad invasiva

3)  Transferencia potencial de genes

4)  Interacciones del vegetal obtenido con NTG con organismos diana

5)  Interacciones del vegetal obtenido con NTG con organismos no diana

6)  Incidencia de las técnicas específicas de cultivo, gestión y recolección

6 bis)  Impactos en el cultivo ecológico [Enm. 79]

7)  Efectos sobre los procesos biogeoquímicos

8)  Efectos en la salud humana y animal

8 bis)  Efectos sobre la protección y la conservación de la biodiversidad [Enm. 80]

Parte 3: Información específica para la evaluación de la seguridad de los alimentos y piensos obtenidos con NTG de categoría 2 en relación con la identificación y caracterización de peligros

1)  Análisis de las características agronómicas, fenotípicas y de composición

2)  Toxicología

3)  Alergenicidad

4)  Evaluación nutricional

ANEXO III

Rasgos a los que se refiere el artículorefieren los artículos 6 y 22 [Enm. 81]

Parte 1

Rasgos que justifican los incentivos contemplados en el artículo 22:

1)  rendimiento, incluidos la estabilidad del rendimiento y el rendimiento en condiciones de bajos insumos, siempre que estos rasgos también contribuyan a lo dispuesto en los puntos 2, 3 o 4 del presente anexo; [Enm. 82]

2)  tolerancia/resistencia a tensiones bióticas, como enfermedades de los vegetales causadas por nematodos, hongos, bacterias, virus y otras plagas;

3)  tolerancia/resistencia a tensiones abióticas, como las creadas o exacerbadas por el cambio climático;

4)  uso más eficiente de los recursos, como el agua y los nutrientes;

5)  características que mejoren la sostenibilidad del almacenamiento, la transformación y la distribución;

6)  mejora de la calidad o de las características nutricionales;

7)  menor necesidad de insumos externos, como productos fitosanitarios y fertilizantes, si ello no contradice el anexo III, parte 2. [Enm. 83]

Parte 2

Rasgos que excluyen la aplicación de los incentivos contemplados en el artículo 22: tolerancia a los herbicidas.

(1) DO C, C/2024/893, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/893/oj. (2) Pendiente de publicación en el Diario Oficial. (3) La presente Posición se corresponde con las enmiendas aprobadas el 7 de febrero de 2024 (Textos Aprobados, P9_TA(2024)0067). (4) Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo (DO L 106 de 17.4.2001, p. 1). (5) Las ideas y soluciones derivadas de proyectos de investigación e innovación financiados por la UE sobre estrategias de mejora vegetal pueden contribuir a abordar los retos de detección, garantizar la trazabilidad y la autenticidad, y promover la innovación en el ámbito de las NTG. Se financiaron más de mil proyectos con cargo al Séptimo Programa Marco y al programa que lo sucedió, Horizonte 2020, con una inversión de más de 3 000 millones de euros. También está en curso el apoyo de Horizonte Europa a nuevos proyectos colaborativos de investigación sobre estrategias de mejora vegetal [SWD(2021) 92]. (6) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, El Pacto Verde Europeo [COM(2019) 640 final]. (7) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Estrategia «de la granja a la mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente [COM(2020) 381 final]. (8) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030. Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas [COM(2020) 380 final]. (9) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Forjar una Europa resiliente al cambio climático. La nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE [COM(2021) 82 final]. (10) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Garantizar la seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios [COM(2022) 133 final]. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Gene editing and agrifood systems [«Edición genética y sistemas agroalimentarios», documento en inglés], Roma, 2022, ISBN 978-92-5-137417-7. (11) Comisión Europea, Dirección General de Investigación e Innovación, A sustainable bioeconomy for Europe: Strengthening the connection between economy, society and the environment: updated bioeconomy strategy [«Una bioeconomía sostenible para Europa: consolidar la conexión entre la economía, la sociedad y el medio ambiente: actualización de la estrategia de bioeconomía», documento en inglés], Oficina de Publicaciones, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130. (12) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Revisión de la política comercial. Una política comercial abierta, sostenible y firme [COM(2021) 66 final]. (13) Reglamento (CE) n.º 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de estos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE (DO L 268 de 18.10.2003, p. 24). (14) Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (DO L 268 de 18.10.2003, p. 1). (15) Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018, Confédération paysanne y otros/Premier ministre et Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, C-528/16, ECLI:EU:C:2018:583. (16) Decisión (UE) 2019/1904 del Consejo, de 8 de noviembre de 2019, por la que se solicita a la Comisión que presente un estudio, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-528/16, con respecto a la situación de las nuevas técnicas genómicas en el Derecho de la Unión, y una propuesta, si procede, vistos los resultados del estudio (DO L 293 de 14.11.2019, p. 103). (17) Study on the status of new genomic techniques under Union law and in light of the Court of Justice ruling in Case C-528/16 [«Estudio sobre la situación de las nuevas técnicas genómicas en el Derecho de la Unión y a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-528/16», documento en inglés] [SWD(2021) 92 final]. (18) Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativo a los nuevos alimentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.º 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1852/2001 de la Comisión (DO L 327 de 11.12.2015, p. 1). (19) Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo (DO L 150 de 14.6.2018, p. 1). (20) Comisión Técnica sobre OMG de la EFSA, Mullins E., Bresson J-L., Dalmay T., Dewhurst IC., Epstein MM., Firbank LG., Guerche P., Hejatko J., Moreno FJ., Naegeli H., Nogué F., Sánchez Serrano JJ., Savoini G., Veromann E., Veronesi F, Casacuberta, J., Fernandez Dumont A., Gennaro A., Lenzi, P., Lewandowska A., Munoz Guajardo IP., Papadopoulou N. y Rostoks N., 2022. Updated scientific opinion on plants developed through cisgenesis and intragenesis [«Dictamen científico actualizado sobre los vegetales desarrollados mediante cisgénesis e intragénesis», documento en inglés], EFSA Journal, 2022;20(10):7621, 33 pp., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7621. (21) Comisión Técnica sobre OMG de la EFSA, Naegeli H., Bresson J-L., Dalmay T., Dewhurst IC, Epstein MM., Firbank LG., Guerche P., Hejatko J., Moreno FJ., Mullins E., Nogué F., Sánchez Serrano JJ., Savoini G., Veromann E., Veronesi F., Casacuberta J., Gennaro A., Paraskevopoulos K., Raffaello T. y Rostoks N., 2020. Applicability of the EFSA Opinion on site-directed nucleases type 3 for the safety assessment of plants developed using site-directed nucleases type 1 and 2 and oligonucleotide-directed mutagenesis [«Aplicabilidad del dictamen de la EFSA sobre las nucleasas específicas de tipo 3 para la evaluación de la seguridad de los vegetales desarrollados utilizando nucleasas específicas de tipo 1 y 2 y mutagénesis dirigida por oligonucleótidos», documento en inglés]. EFSA Journal 2020;18(11):6299, 14 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6299. (22) Comisión Técnica sobre OMG de la EFSA, Mullins E, Bresson J-L, Dalmay T, Dewhurst IC, Epstein MM, Firbank LG, Guerche P, Hejatko J, Moreno FJ, Naegeli H, Nogué F, Rostoks N, Sánchez Serrano JJ, Savoini G, Veromann E, Veronesi F, Fernandez A, Gennaro A, Papadopoulou N, Raffaello T y Schoonjans R., 2022. Statement on criteria for risk assessment of plants produced by targeted mutagenesis, cisgenesis and intragenesis [«Declaración sobre los criterios para la evaluación del riesgo de los vegetales producidos mediante mutagénesis dirigida, cisgénesis e intragénesis», documento en inglés], EFSA Journal, 2022;20(10):7618, 12 pp., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7618. (23) Red Europea de Laboratorios OMG: Detection of food and feed plant products obtained by new mutagenesis techniques [«Detección de productos vegetales para alimentos y piensos obtenidos mediante nuevas técnicas de mutagénesis», documento en inglés], 26 de marzo de 2019 (JRC116289); 13 de junio de 2023 (JRC133689; EUR 31521 EN). (24) COM(2023) 414 final. (25) Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1). (26) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. (27) Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13). (28) SWD(2023) 412. (29) Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 999/2001, (CE) n.º 396/2005, (CE) n.º 1069/2009, (CE) n.º 1107/2009, (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º 1/2005 y (CE) n.º 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 854/2004 y (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) (DO L 95 de 7.4.2017, p. 1). (30) Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 228/2013, (UE) n.º 652/2014 y (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan las Directivas 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE y 2007/33/CE del Consejo (DO L 317 de 23.11.2016, p. 4). (31) COM(2023) 414 final. (32) Reglamento (CE) n.º 65/2004 de la Comisión, de 14 de enero de 2004, por el que se establece un sistema de creación y asignación de identificadores únicos a los organismos modificados genéticamente (DO L 10 de 16.1.2004, p. 5). (33) *Propuesta de la Comisión de Reglamento sobre materiales de reproducción vegetal (COM/2023/414), (2023/0227 (COD)). (34) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. (35) Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (DO L 213 de 30.7.1998, p. 13).

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.º 806/2014 en lo que respecta a las medidas de actuación temprana, las condiciones para la resolución y la financiación de la medida de resolución (COM(2023)0226 – C9-0139/2023 – 2023/0111(COD))

P9_TA(2024)0326 A9-0155/2024

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2023)0226),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0139/2023),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Banco Central Europeo de 5 de julio de 2023(1),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 13 de julio de 2023(2),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9‑0155/2024),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2024 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.º 806/2014 en lo que respecta a las medidas de actuación temprana, las condiciones para la resolución y la financiación de la medida de resolución(3)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo(4),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(5),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)  El marco de resolución de la Unión para las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión (en lo sucesivo, «entidades») se estableció en el período subsiguiente a la crisis financiera mundial de 2008-2009 y de acuerdo con los atributos fundamentales de unos regímenes de resolución eficaces para las entidades financieras (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions)(6) del Consejo de Estabilidad Financiera, refrendados internacionalmente. Está formado por la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(7) y el Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(8). Ambos actos son aplicables a las entidades establecidas en la Unión y a cualquier otro ente que esté incluido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva o dicho Reglamento («entes»). El marco de resolución de la Unión tiene por objeto abordar de manera ordenada la inviabilidad de las entidades y los entes preservando sus funciones esenciales y evitando amenazas para la estabilidad financiera y, al mismo tiempo, proteger a los depositantes y los fondos públicos. Además, el marco de resolución de la Unión pretende fomentar el desarrollo del mercado interior en el sector bancario creando un régimen armonizado para hacer frente de manera coordinada a las crisis transfronterizas y evitando escollos que afecten a la equidad de las condiciones de competencia.

(1 bis)  En la actualidad, la unión bancaria se basa en solo dos de sus tres pilares previstos, a saber, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y el Mecanismo Único de Resolución (MUR). Por lo tanto, sigue incompleta, debido a la ausencia de su tercer pilar, el Sistema Europeo de Seguro de Depósitos (SESD). La realización de la unión bancaria forma parte integrante de la unión económica y monetaria y de la estabilidad financiera, sobre todo por mitigar los riesgos del denominado «bucle fatal» que surgen como consecuencia del nexo entre los bancos y la deuda soberana.

(2)  Varios años después de haberse iniciado su aplicación, el marco de resolución de la Unión tal y como se aplica en la actualidad no logra los resultados previstos con respecto a algunos de esos objetivos. En particular, si bien las entidades y los entes han realizado avances significativos hacia la resolubilidad y han dedicado recursos significativos a ese fin, en concreto reforzando su capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización y constituyendo mecanismos de financiación de la resolución, se recurre con poca frecuencia al marco de resolución de la Unión. En cambio, la inviabilidad de determinados entidades y entes medianos y más pequeños se trata en la mayoría de los casos mediante medidas nacionales no armonizadas. Lamentablemente, sigue utilizándose dinero de los contribuyentes en lugar de redes de seguridad financiadas por el sector, incluidos los mecanismos de financiación de la resolución. Esa situación parece tener su origen en unos incentivos inadecuados, los cuales a su vez son resultado de la interacción entre el marco de resolución de la Unión y las normas nacionales, que hace que la amplia discrecionalidad en la evaluación del interés público no siempre se ejerza en consonancia con el modo en que se pretendía que se aplicara el marco de resolución de la Unión. Al mismo tiempo, el marco de resolución de la Unión se ha utilizado poco debido a los riesgos de que los depositantes de las entidades que se financian mediante depósitos soporten pérdidas para garantizar que dichas entidades puedan acceder a financiación externa en el marco de la resolución, en particular en ausencia de otros pasivos susceptibles de recapitalización interna. Por último, el hecho de que las normas sobre el acceso a la financiación sean menos estrictas al margen del proceso de resolución que en el marco de la resolución ha disuadido de aplicar el marco de resolución de la Unión en favor de otras soluciones, que a menudo implican utilizar el dinero de los contribuyentes en lugar de los recursos propios de la entidad o el ente o las redes de seguridad financiadas por el sector. Esta situación genera a su vez riesgos de fragmentación, riesgos de resultados subóptimos en la gestión de la inviabilidad de entidades y entes, en particular en el caso de entidades y entes medianos y más pequeños, y costes de oportunidad derivados de los recursos financieros no utilizados. Por consiguiente, es necesario garantizar una aplicación más eficaz y coherente del marco de resolución de la Unión y asegurar que pueda aplicarse siempre que ello redunde en el interés público, también en el caso de las entidades medianas y más pequeñas ▌.

(3)  De conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 806/2014, los Estados miembros que hayan establecido una cooperación estrecha entre el Banco Central Europeo (BCE) y las respectivas autoridades nacionales competentes deben considerarse Estados miembros participantes a efectos de dicho Reglamento. Sin embargo, el Reglamento (UE) n.º 806/2014 no ofrece detalles sobre el proceso para la preparación del inicio de la cooperación estrecha en las tareas relacionadas con la resolución. Procede, por tanto, establecer esos detalles.

(4)  La intensidad y el nivel de detalle de la labor de planificación de la resolución que se necesita con respecto a las filiales que no han sido identificadas como entidades de resolución varían en función del tamaño y el perfil de riesgo de las entidades y los entes de que se trate, de la presencia de funciones esenciales y de la estrategia de resolución de grupo. Es preciso, por consiguiente, que la Junta Única de Resolución (en lo sucesivo, «la Junta») pueda tener en cuenta esos factores a la hora de determinar las medidas que deben adoptarse con respecto a esas filiales y seguir un método simplificado cuando proceda.

(5)  Una entidad o un ente que está siendo objeto de liquidación con arreglo al Derecho nacional, tras haberse determinado que la entidad o el ente es inviable o es probable que vaya a serlo y haber llegado la Junta a la conclusión de que su resolución no es de interés público, se dirige en última instancia a la salida del mercado. Esto implica que no es necesario un plan de medidas en caso de inviabilidad, independientemente de si la autoridad competente ha retirado ya la autorización de la entidad o el ente de que se trate. Lo mismo es aplicable a una entidad residual objeto de resolución tras la transmisión de activos, derechos y pasivos en el contexto de una estrategia de transmisión. Por tanto, procede especificar que, en tales situaciones, no es necesaria la adopción de planes de resolución.

(6)  Actualmente, la Junta puede prohibir determinadas distribuciones en los casos en que una entidad o un ente no cumpla los requisitos combinados de colchón evaluados en conjunción con el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL). No obstante, a fin de garantizar la seguridad jurídica y la armonización con los procedimientos existentes para la ejecución de las decisiones adoptadas por la Junta, es necesario especificar más claramente las funciones de las autoridades que participan en el proceso de prohibición de las distribuciones. Procede, por tanto, establecer que la Junta dirija una instrucción a la autoridad nacional de resolución, que debe ejecutar la decisión de la Junta, para que prohíba tales distribuciones. Además, en determinadas situaciones, se podría exigir que una entidad o un ente cumpla el MREL sobre una base diferente de aquella conforme a la cual se obliga a dicha entidad o dicho ente a cumplir los requisitos combinados de colchón. Esa disparidad genera incertidumbre respecto a las condiciones para el ejercicio por la Junta de las facultades de prohibir las distribuciones y para el cálculo del importe máximo distribuible relacionado con el MREL. Por consiguiente, debe establecerse que, en esos casos, la Junta dé instrucciones a las autoridades nacionales de resolución para que prohíban determinadas distribuciones basándose en la estimación de los requisitos combinados de colchón resultante del Reglamento Delegado (UE) 2021/1118 de la Comisión(9). Para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica, la Junta debe comunicar los requisitos combinados de colchón estimados a la entidad o el ente, que a continuación debe hacerlos públicos.

(7)  La Directiva 2014/59/UE y el Reglamento (UE) n.º 575/2013 establecen las competencias que deben ejercer las autoridades de resolución, algunas de las cuales no están incluidas en el Reglamento (UE) n.º 806/2014. En el Mecanismo Único de Resolución, esto puede crear incertidumbre respecto a quién debe ejercer esas competencias y en qué condiciones deben ejercerse. Por lo tanto, es necesario especificar cómo las autoridades nacionales de resolución deben ejercer determinadas competencias establecidas únicamente en la Directiva 2014/59/UE en relación con los entes y grupos que están bajo responsabilidad directa de la Junta. En tales casos, conviene que la Junta, cuando lo considere necesario, pueda dar instrucciones a las autoridades nacionales de resolución para que ejerzan las mencionadas competencias. En concreto, la Junta debe poder dirigir instrucciones a las autoridades nacionales de resolución para que exijan a una entidad o un ente que mantenga registros detallados de los contratos financieros en los que sea parte, o para que ejerzan la facultad de suspender determinadas obligaciones financieras de conformidad con el artículo 33 bis de la Directiva 2014/59/UE. No obstante, puesto que las autorizaciones para la reducción de los instrumentos de pasivos admisibles establecidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(10), que es aplicable también a las entidades, los entes y los pasivos sujetos al MREL, no exigen la aplicación del Derecho nacional, conviene que la Junta pueda conceder dichas autorizaciones a las entidades o los entes directamente, sin tener que dar instrucciones a las autoridades nacionales de resolución para que ejerzan esa competencia.

(8)  El Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo(11), el Reglamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo y del Consejo(12) y la Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo(13) incorporaron al Derecho de la Unión la hoja de condiciones internacional relativa a la capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC), publicada por el Consejo de Estabilidad Financiera el 9 de noviembre de 2015 (en lo sucesivo, la «norma TLAC»), para los bancos de importancia sistémica mundial, denominados en el Derecho de la Unión entidades de importancia sistémica mundial (EISM). El Reglamento (UE) 2019/877 y la Directiva (UE) 2019/879 modificaron también el MREL establecido en la Directiva 2014/59/UE y en el Reglamento (UE) n.º 806/2014. Es necesario armonizar las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 806/2014 sobre el MREL con la aplicación de la norma TLAC para las EISM con respecto a determinados pasivos que podrían utilizarse para cumplir la parte del MREL que debe cumplirse con fondos propios y otros pasivos subordinados. En particular, los pasivos que tengan el mismo orden de prelación que determinados pasivos excluidos deben incluirse en los fondos propios y los instrumentos admisibles subordinados de las entidades de resolución cuando el importe de dichos pasivos excluidos en el balance de la entidad de resolución no supere el 5 % del importe de los fondos propios y los pasivos admisibles de dicha entidad y esa inclusión no conlleve riesgos relacionados con el principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores.

(9)  Las normas para determinar el MREL se centran principalmente en la fijación del nivel adecuado del MREL con la hipótesis del instrumento de recapitalización interna como estrategia de resolución preferida. Sin embargo, el Reglamento (UE) n.º 806/2014 permite a la Junta utilizar otros instrumentos de resolución, en concreto, aquellos que se basan en la transmisión del negocio de la entidad objeto de resolución a un comprador privado o a una entidad puente. Por consiguiente, debe especificarse que, en caso de que el plan de resolución prevea el uso del instrumento de venta del negocio o el instrumento de la entidad puente ▌, independientemente o en combinación con otros instrumentos de resolución, las autoridades de resolución deben determinar el nivel del MREL para la entidad de resolución de que se trate sobre la base de las especificidades de dichos instrumentos de resolución y de las diferentes necesidades de absorción de pérdidas y recapitalización que implican dichos instrumentos.

(10)  El nivel del MREL para las entidades de resolución es la suma del importe de las pérdidas esperadas en la resolución y el importe de recapitalización que permita a la entidad de resolución seguir cumpliendo sus condiciones de autorización y proseguir sus actividades durante un período adecuado. Algunas estrategias de resolución preferidas, en particular el instrumento de venta del negocio, implican la transmisión de activos, derechos y pasivos a un receptor ▌. En esos casos, los objetivos perseguidos por el componente de recapitalización podrían no ser tan pertinentes como en el caso de una estrategia de recapitalización interna bancaria abierta, ya que la Junta no estará obligada a garantizar que la entidad de resolución restablezca el cumplimiento de sus requisitos de fondos propios tras la medida de resolución. No obstante, en tales casos se espera que las pérdidas superen a los requisitos de fondos propios de la entidad de resolución. Procede, por tanto, establecer que el nivel del MREL de esas entidades de resolución siga incluyendo un importe de recapitalización que se ajuste de manera proporcionada a la estrategia de resolución.

(11)  Cuando la estrategia de resolución prevea el uso de instrumentos de resolución que no sean exclusivamente la recapitalización interna, las necesidades de recapitalización del ente de que se trate después de la resolución serán en general menores que en caso de recapitalización interna bancaria abierta. La calibración del MERL en tales casos debe tener en cuenta ese aspecto al estimar el requisito de recapitalización. Por consiguiente, al ajustar el nivel del MREL para las entidades de resolución cuyo plan de resolución prevea el instrumento de venta del negocio o el instrumento de la entidad puente ▌, independientemente o en combinación con otros instrumentos de resolución, la Junta debe tener en cuenta las características de esos instrumentos, incluido el perímetro previsto de la transmisión al comprador privado o a la entidad puente, los tipos de instrumentos que vayan a transmitirse, el valor esperado y las posibilidades de comercialización de dichos instrumentos, y el diseño de la estrategia de resolución preferida, incluido el uso complementario del instrumento de segregación de activos. Puesto que la autoridad de resolución debe decidir caso por caso sobre cualquier uso posible de fondos del sistema de garantía de depósitos en el marco de la resolución y puesto que dicha decisión no puede asumirse con certeza ex ante, la Junta no debe considerar la posible contribución del sistema de garantía de depósitos (en el marco de la resolución al calibrar el nivel del MREL). Este enfoque también reduce la probabilidad de riesgo moral al garantizar que las entidades no den por supuesto de antemano que los fondos del respectivo sistema de garantía de depósitos se utilizarán para alcanzar el objetivo total del 8 % de pasivos y fondos propios.

▌

(13)  De conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo(14), el BCE es competente para ejercer funciones de supervisión en relación con la actuación temprana. Es necesario reducir los riesgos derivados de la transposición divergente en las legislaciones nacionales de las medidas de actuación temprana de la Directiva 2014/59/UE y facilitar el ejercicio efectivo y coherente por parte del BCE de sus competencias para la adopción de dichas medidas. Esas medidas de actuación temprana se crearon para que las autoridades competentes pudieran subsanar el deterioro de la situación financiera y económica de las entidades o los entes y reducir, en la medida de lo posible, el riesgo y las repercusiones de una posible resolución. Sin embargo, debido a la falta de seguridad respecto a los factores que activan la aplicación de esas medidas de actuación temprana y a los solapamientos parciales con las medidas de supervisión, la utilización de medidas de intervención temprana ha sido muy infrecuente. Por consiguiente, las disposiciones de la Directiva 2014/59/UE relativas a las medidas de actuación temprana deben reflejarse en el Reglamento (UE) n.º 806/2014, garantizando así un instrumento jurídico único y directamente aplicable para el BCE, y las condiciones para la aplicación de esas medidas deben simplificarse y especificarse. A fin de disipar las incertidumbres sobre las condiciones y el calendario para la destitución del órgano de dirección y el nombramiento de administradores temporales, esas medidas deben identificarse explícitamente como medidas de actuación temprana y su aplicación debe estar sujeta a los mismos factores de activación. Al mismo tiempo, debe exigirse al BCE que elija las medidas adecuadas para hacer frente a una situación específica de conformidad con el principio de proporcionalidad. Para que el BCE pueda tener en cuenta los riesgos reputacionales o los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales o las tecnologías de la información y las comunicaciones, el BCE debe evaluar las condiciones para la aplicación de medidas de actuación temprana no solo con arreglo a indicadores cuantitativos, como los requisitos de capital o de liquidez, el nivel de apalancamiento, los préstamos dudosos o la concentración de exposiciones, sino también con arreglo a factores de activación cualitativos.

(14)  Es necesario garantizar que la Junta pueda prepararse para la posible resolución de una entidad o un ente. Por consiguiente, el BCE o la autoridad nacional competente pertinente deben informar a la Junta con suficiente antelación del deterioro de la situación financiera de una entidad o un ente, y la Junta debe disponer de las competencias necesarias para ejecutar las medidas preparatorias. Es importante señalar que, para que la Junta pueda reaccionar lo más rápidamente posible ante el deterioro de la situación de una entidad o un ente, la aplicación previa de medidas de actuación temprana no debe ser una condición para que la Junta disponga mecanismos encaminados a comercializar la entidad o el ente o solicite información con el fin de actualizar el plan de resolución y preparar la valoración. Para garantizar una reacción coherente, coordinada, eficaz y oportuna frente al deterioro de la situación financiera de una entidad o un ente y la preparación adecuada de una posible resolución, es necesario mejorar la interacción y la coordinación entre el BCE, las autoridades nacionales competentes y la Junta. Tan pronto como una entidad o un ente cumpla las condiciones para que se apliquen medidas de actuación temprana, el BCE, las autoridades nacionales competentes y la Junta deben incrementar sus intercambios de información, incluida la información provisional, y supervisar conjuntamente la situación financiera de la entidad o el ente.

(14 bis)  Cuando la Junta demande información que sea necesaria para actualizar los planes de resolución, preparar la posible resolución de un ente o llevar a cabo una valoración, el BCE o las autoridades nacionales competentes pertinentes deben facilitar a la Junta dicha información en la medida en que estén a su disposición. Cuando la información pertinente no obre ya en poder del BCE o de las pertinentes autoridades nacionales competentes, la Junta y el BCE o las pertinentes autoridades nacionales competentes cooperarán y se coordinarán para allegar la información considerada necesaria por la Junta. En el contexto de dicha cooperación, las autoridades nacionales competentes deben allegar la información necesaria teniendo debidamente en cuenta el principio de proporcionalidad.

(15)  Es necesario garantizar que la Junta y el BCE, o la autoridad nacional competente pertinente, actúen a tiempo y se coordinen desde las primeras fases, con respecto a los grupos transfronterizos menos significativos, cuando una entidad o un ente siga siendo una empresa en funcionamiento pero exista un riesgo significativo de que pueda ser inviable. Por consiguiente, el BCE o la autoridad nacional competente pertinente deben notificar dicho riesgo a la Junta lo antes posible. Esa notificación debe contener los motivos de la evaluación del BCE o de la autoridad nacional competente pertinente y un resumen de las medidas alternativas del sector privado, las medidas de supervisión o las medidas de actuación temprana disponibles para evitar la inviabilidad de la entidad o el ente en un plazo razonable. Dicha notificación temprana debe entenderse sin perjuicio de los procedimientos para determinar si se cumplen las condiciones para la resolución. La notificación previa a la Junta por parte del BCE o de la autoridad competente de que existe un riesgo material de que una entidad o sociedad sea inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser no debe ser una condición para la posterior determinación de que la entidad o sociedad es realmente inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser. Además, si en una fase posterior se considera que la entidad o el ente es inviable o es probable que vaya a serlo y no hay soluciones alternativas para impedir esa inviabilidad en un plazo razonable, la Junta debe decidir si debe adoptarse una medida de resolución. En tal caso, la oportunidad de la decisión de aplicar una medida de resolución a una entidad o un ente puede ser fundamental para la buena ejecución de la estrategia de resolución, en particular porque una actuación más temprana en la entidad o el ente puede contribuir a garantizar niveles suficientes de capacidad de absorción de pérdidas y liquidez para ejecutar dicha estrategia. Conviene, por tanto, permitir que la Junta evalúe, en estrecha cooperación con el BCE o la autoridad nacional competente pertinente, lo que constituye un plazo razonable para la ejecución de medidas alternativas a fin de evitar la inviabilidad de la entidad o el ente. Al llevar a cabo dicha evaluación, también debe tenerse en cuenta la necesidad de preservar la capacidad de la autoridad de resolución y de la entidad de que se trate para aplicar eficazmente la estrategia de resolución cuando sea necesario en última instancia, pero no debe impedir la adopción de medidas alternativas. En particular, el calendario previsto para las medidas alternativas debe ser tal que no ponga en peligro la eficacia de una posible aplicación de la estrategia de resolución. Para lograr un resultado a tiempo y que la Junta pueda preparar adecuadamente la posible resolución de la entidad o el ente, la Junta y el BCE, o la autoridad nacional competente pertinente, deben reunirse periódicamente, con la frecuencia que decida la Junta en atención a las circunstancias del caso.

(16)  A fin de tener en cuenta los incumplimientos significativos de los requisitos prudenciales, es necesario especificar en mayor medida las condiciones para determinar que las empresas matrices, incluidas las sociedades de cartera, son inviables o es probable que lo vayan a ser. El incumplimiento de estos requisitos por parte de una empresa matriz debe considerarse significativo cuando el tipo de incumplimiento y su alcance sean comparables a un incumplimiento que, de haber sido cometido por una entidad de crédito, habría justificado la revocación de la autorización por la autoridad competente de conformidad con el artículo 18 de la Directiva 2013/36/UE.

(17)  El marco de resolución está concebido para ser aplicado potencialmente a cualquier entidad o ente, con independencia de su tamaño y su modelo de negocio con una evaluación de interés público positiva. Para que esta finalidad se realice, deben especificarse los criterios para la aplicación de la evaluación del interés público a una entidad o un ente inviable. A este respecto, es necesario aclarar que, dependiendo de las circunstancias específicas, determinadas funciones de la entidad o sociedad pueden considerarse esenciales aunque su interrupción afecte a la estabilidad financiera o a los servicios esenciales únicamente a nivel regional, en particular cuando la sustituibilidad de las funciones esenciales venga determinada por el mercado geográfico pertinente.

(18)  La evaluación de si la resolución de una entidad o un ente es de interés público debe reflejar la consideración de que se protege mejor a los depositantes cuando los fondos de los sistemas de garantía de depósitos se utilizan de manera más eficiente y las pérdidas de dichos fondos se minimizan. Por lo tanto, en la evaluación del interés público, debe considerarse que el objetivo de la resolución de proteger a los depositantes se logra mejor en el marco de la resolución si optar por la insolvencia sería más costoso para el sistema de garantía de depósitos.

(19)  La evaluación de si la resolución de una entidad o un ente es de interés público debe reflejar también, en la medida de lo posible, la diferencia entre, por una parte, la financiación proporcionada a través de redes de seguridad financiadas por el sector (mecanismos de financiación de la resolución o sistemas de garantía de depósitos) y, por otra, la financiación proporcionada por los Estados miembros con cargo al dinero de los contribuyentes. La financiación proporcionada por los Estados miembros presenta un riesgo moral mayor y un incentivo menor para la disciplina de mercado, y debe tomarse en consideración únicamente en circunstancias extraordinarias. Por consiguiente, al evaluar el objetivo de minimizar la dependencia respecto de la ayuda financiera pública extraordinaria, la Junta debe encontrar que la financiación a través de los mecanismos de financiación de la resolución o del sistema de garantía de depósitos es preferible a la financiación a través de la misma cantidad de recursos procedentes del presupuesto de los Estados miembros.

(19 bis)  Cuando los marcos nacionales en materia de insolvencia y resolución permitan cumplir eficazmente los objetivos del marco en la misma medida, debe darse preferencia a la opción que minimice el riesgo para los contribuyentes y la economía. Este enfoque garantiza una línea de actuación prudente y responsable, en consonancia con el objetivo primordial de salvaguardar tanto los intereses de los contribuyentes como la estabilidad de la economía en general.

(19 ter)  La ayuda financiera extraordinaria a cargo del contribuyente en favor de las entidades y entes únicamente debe concederse, en su caso, para atender a perturbaciones graves de la economía de naturaleza excepcional y sistémica, ya que impone una carga significativa para las finanzas públicas y perturba las condiciones de competencia equitativas en el mercado interior.

(20)  Para que los objetivos de la resolución se alcancen de la manera más eficaz posible, el resultado de la evaluación del interés público debe considerar si la liquidación de la entidad o el ente inviables con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios lograría los objetivos de la resolución más eficazmente que la resolución y no solo en la misma medida que esta.

(21)  A la luz de la experiencia adquirida en la aplicación de la Directiva 2014/59/UE, el Reglamento (UE) n.º 806/2014 y la Directiva 2014/49/UE, es necesario especificar mejor las condiciones en las que pueden concederse excepcionalmente medidas de carácter cautelar que puedan considerarse ayuda financiera pública extraordinaria. Para minimizar los falseamientos de la competencia derivados de las diferencias en la naturaleza de los sistemas de garantía de depósitos en la Unión, la intervención de dichos sistemas en el contexto de medidas preventivas con arreglo a los requisitos establecidos en la Directiva 2014/49/UE que puedan considerarse ayuda financiera pública extraordinaria debe permitirse excepcionalmente cuando la entidad o el ente beneficiarios no cumplan ninguna de las condiciones para ser considerados inviables o con probabilidad de serlo. Debe garantizarse que las medidas cautelares se adopten con la suficiente antelación. Actualmente, el BCE basa su consideración de que una entidad o un ente es solvente, a efectos de la recapitalización cautelar, en una evaluación prospectiva para los doce meses siguientes de si la entidad o el ente puede cumplir los requisitos de fondos propios establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 o en el Reglamento (UE) 2019/2033 y los requisitos de fondos propios adicionales establecidos en la Directiva 2013/36/UE o en la Directiva (UE) 2019/2034. Esta práctica debe establecerse en el Reglamento (UE) n.º 806/2014. Además, las medidas para el rescate de los activos con deterioro de valor, incluidas las entidades de gestión de activos o los sistemas de garantía de activos, pueden resultar eficaces y eficientes para tratar las causas de las posibles dificultades financieras a las que se enfrenten las entidades y los entes y evitar su inviabilidad, por lo que podrían constituir medidas cautelares pertinentes. Por lo tanto, debe especificarse que esas medidas cautelares pueden adoptar la forma de medidas relativas a los activos con deterioro de valor.

(22)  Para preservar la disciplina de mercado, proteger los fondos públicos y evitar la distorsión de la competencia, las medidas de precaución deben seguir siendo la excepción y aplicarse únicamente para hacer frente a perturbaciones graves del mercado o para preservar la estabilidad financiera, en particular en caso de crisis sistémica. Además, no deben utilizarse medidas cautelares para hacer frente a pérdidas sufridas o probables. El instrumento más fiable para determinar las pérdidas sufridas o probables es la revisión de la calidad de los activos por parte del BCE, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (ABE), creada por el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(15), o las autoridades nacionales competentes. El BCE y las autoridades nacionales competentes deben utilizar dicha revisión para determinar las pérdidas sufridas o probables, si dicha revisión puede realizarse en un plazo razonable. Cuando esto no sea posible, el BCE y las autoridades nacionales competentes deben determinar las pérdidas sufridas o probables de la manera más fiable posible en las circunstancias dadas, basándose en inspecciones cuando proceda.

(23)  La recapitalización cautelar tiene por objeto apoyar a las entidades y los entes viables de los que se determine que es probable que encuentren dificultades temporales en un futuro próximo e impedir que su situación siga deteriorándose. Para evitar que se concedan subvenciones públicas a empresas que ya no sean rentables en el momento de la concesión de la ayuda, las medidas cautelares concedidas en forma de adquisición de instrumentos de fondos propios u otros instrumentos de capital o a través de medidas relativas a los activos con deterioro de valor no deben superar el importe necesario para cubrir los déficits de capital indicados en el escenario adverso de una prueba de resistencia o un ejercicio equivalente. Para garantizar que en última instancia se ponga fin a la financiación pública, esas medidas cautelares también deben estar limitadas en el tiempo e incluir un calendario claro para su finalización («estrategia de salida de la medida de apoyo»). Los instrumentos perpetuos, incluido el capital de nivel 1 ordinario, deben utilizarse solo en circunstancias excepcionales y estar sujetos a determinados límites cuantitativos porque, por su naturaleza, no se adaptan al cumplimiento de la condición de temporalidad.

(24)  Las medidas cautelares deben limitarse al importe que la entidad o el ente necesitaría para mantener su solvencia en caso de producirse un escenario adverso, según lo determinado en una prueba de resistencia o en un ejercicio equivalente. En el caso de las medidas cautelares en forma de medidas relativas a los activos con deterioro de valor, es preciso que la entidad o el ente receptores puedan utilizar ese importe para cubrir las pérdidas sobre los activos transmitidos o en combinación con la adquisición de instrumentos de capital, siempre que no se supere el importe total del déficit detectado. Es necesario garantizar también que tales medidas cautelares en forma de medidas relativas a los activos con deterioro de valor cumplan las normas y las mejores prácticas vigentes sobre ayudas estatales, que restablezcan la viabilidad a largo plazo de la entidad o el ente, que las ayudas estatales se limiten al mínimo necesario y que se eviten los falseamientos de la competencia. Por estas razones, las autoridades afectadas, en caso de que se adopten medidas cautelares en forma de medidas relativas a los activos con deterioro de valor, deben tener en cuenta las orientaciones específicas, incluidos el plan general sobre las sociedades de gestión de activos(16)y la Comunicación sobre «afrontar los préstamos dudosos»(17). Estas medidas cautelares en forma de medidas relativas a los activos con deterioro de valor deben estar siempre sujetas a la condición primordial de temporalidad. Se espera que las garantías públicas concedidas por un período determinado en relación con los activos con deterioro de valor de la entidad o el ente de que se trate garanticen un mejor cumplimiento de la condición de temporalidad que la transmisión de dichos activos a un ente con apoyo público. Para garantizar que las entidades que reciben apoyo cumplen los términos de la medida de apoyo, el BCE o las autoridades nacionales competentes deben solicitar un plan corrector de las entidades que no cumplieron sus compromisos. Cuando el BCE o una autoridad nacional competente opine que las medidas del plan corrector no pueden lograr la viabilidad a largo plazo de la entidad o cuando esta no cumpla dicho plan, el BCE o las autoridades nacionales pertinentes deben llevar a cabo una evaluación de si la entidad es inviable o tiene probabilidad de serlo, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2014/806/UE.

(25)  Es importante garantizar la rapidez y la oportunidad de las medidas de resolución de la Junta cuando dichas medidas impliquen la concesión de ayudas estatales o del Fondo. Por lo tanto, es necesario permitir que la Junta adopte el dispositivo de resolución de que se trate antes de que la Comisión haya evaluado si dicha ayuda es compatible con el mercado interior. No obstante, para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior en tal situación, los dispositivos de resolución que impliquen la concesión de ayudas estatales o del Fondo deben seguir estando sujetos, en última instancia, a la aprobación de esas ayudas por la Comisión. Para que la Comisión pueda evaluar lo antes posible si la ayuda del Fondo es compatible con el mercado único, y para garantizar un flujo fluido de información, también es necesario disponer que la Junta y la Comisión deben compartir sin demora toda la información necesaria sobre el posible uso de la ayuda del Fondo y establecer normas específicas sobre qué información debe facilitar la Junta a la Comisión, y cuándo, para fundamentar la evaluación por esta de la compatibilidad de la ayuda del Fondo.

(26)  El procedimiento que rige el inicio de la resolución y el procedimiento que rige la decisión de aplicar las competencias de amortización y de conversión son similares. Procede, por tanto, armonizar las funciones respectivas de la Junta y del BCE o de la autoridad nacional competente, según proceda, cuando, por una parte, evalúen si se dan las condiciones para la aplicación de las competencias de amortización y de conversión y, por otra, cuando evalúen las condiciones para la adopción de un dispositivo de resolución.

(27)  Es posible que la medida de resolución se aplique a una entidad de resolución que encabece un grupo de resolución, mientras que las competencias de amortización y conversión deban aplicarse a otro ente del mismo grupo. Las interdependencias entre dichos entes, incluida la existencia de requisitos de capital consolidados que deban restablecerse y la necesidad de activar los mecanismos previos de pérdidas y posteriores de capital, pueden dificultar la evaluación de las necesidades de absorción de pérdidas y de recapitalización de cada ente por separado y, en consecuencia, la determinación de los importes que sea necesario amortizar y convertir para cada ente. Por lo tanto, debe especificarse el procedimiento para la aplicación de la competencia de amortización y conversión de instrumentos de capital y pasivos admisibles en esas situaciones, por medio del cual la Junta debe tener en cuenta esas interdependencias. A tal fin, cuando un ente cumpla las condiciones para la aplicación de la competencia de amortización y conversión y otro ente del mismo grupo cumpla al mismo tiempo las condiciones de resolución, la Junta debe adoptar un dispositivo de resolución que abarque ambos entes.

(28)  Para aumentar la seguridad jurídica, y en previsión de la posible importancia de los pasivos que puedan derivarse de futuros acontecimientos inciertos, incluido el resultado de litigios pendientes en el momento de la resolución, es necesario establecer qué tratamiento deben recibir dichos pasivos en cuanto a la aplicación del instrumento de recapitalización interna. A este respecto, los principios rectores deben ser los establecidos en las normas contables y, en particular, las normas contables establecidas en la Norma Internacional de Contabilidad 37 adoptada por el Reglamento (CE) n.º 1126/2008 de la Comisión(18). Conforme a estas disposiciones, las autoridades de resolución deben distinguir entre provisiones y pasivos contingentes. Las provisiones son pasivos relacionados con una probable salida de fondos y que pueden calcularse de forma fiable. Los pasivos contingentes no se reconocen como pasivos contables, ya que se refieren a una obligación que no puede considerarse probable en el momento de la estimación o que no puede estimarse de forma fiable.

(29)  Dado que las provisiones son pasivos contables, debe especificarse que deben ser tratadas del mismo modo que otros pasivos. Estas provisiones deben ser susceptibles de recapitalización interna, a menos que cumplan uno de los criterios específicos para ser excluidas del ámbito de aplicación del instrumento de recapitalización interna. Dada la importancia potencial de dichas provisiones en la resolución y para garantizar la seguridad en la aplicación del instrumento de recapitalización interna, debe especificarse que esas provisiones forman parte de los pasivos susceptibles de recapitalización interna y que, en consecuencia, el instrumento de recapitalización interna es aplicable a ellas.

(30)  Según los principios contables, los pasivos contingentes no pueden reconocerse como pasivos y, por tanto, no deben ser susceptibles de recapitalización interna. No obstante, es necesario garantizar que un pasivo contingente que se derivaría de un suceso improbable o que no pueda estimarse de forma fiable en el momento de la resolución no afecte a la eficacia de la estrategia de resolución y, en particular, del instrumento de recapitalización interna. Para lograrlo, el valorador debe evaluar los pasivos contingentes incluidos en el balance de la entidad o el ente objeto de resolución y cuantificar de la mejor manera posible el valor potencial de esos pasivos, como parte de la valoración a efectos de la resolución. A fin de garantizar que, tras el proceso de resolución, la entidad o el ente pueda mantener una confianza suficiente del mercado durante un período de tiempo adecuado, el valorador debe tener en cuenta ese valor potencial al establecer el importe por el que los pasivos susceptibles de recapitalización interna deberán amortizarse o convertirse para restablecer los coeficientes de capital de la entidad objeto de resolución. En particular, la autoridad de resolución debe aplicar sus competencias de conversión a los pasivos susceptibles de recapitalización interna en la medida que sea necesaria para garantizar que la recapitalización de la entidad objeto de resolución sea suficiente para cubrir las posibles pérdidas que pueda ocasionar un pasivo que pueda surgir debido a un suceso improbable. Al evaluar el importe que debe amortizarse o convertirse, la autoridad de resolución debe examinar cuidadosamente la repercusión de la pérdida potencial en la entidad objeto de resolución con arreglo a una serie de factores, entre ellos la probabilidad de que el suceso se materialice, el plazo para su materialización y el importe del pasivo contingente.

(31)  En determinadas circunstancias, después de que el Fondo Único de Resolución haya aportado una contribución de hasta un máximo del 5 % del total de los pasivos de la entidad o del ente, incluidos los fondos propios, la Junta podrá utilizar fuentes de financiación adicionales para seguir apoyando su medida de resolución. Debe especificarse más claramente en qué circunstancias el Fondo Único de Resolución puede prestar más ayuda cuando todos los pasivos con prelación inferior a los depósitos que no estén excluidos obligatoria o discrecionalmente de la recapitalización interna hayan sido amortizados o convertidos en su totalidad.

(32)  El éxito de la resolución depende de que la Junta tenga acceso oportunamente a la información pertinente de las entidades y los entes que estén bajo su responsabilidad y de las instituciones y autoridades públicas. En este contexto, la Junta debe poder acceder a la información estadística reunida por el BCE en el ejercicio de su función como banco central, así como a la información de que dispone el BCE en su calidad de supervisor en el marco del Reglamento (UE) n.º 1024/2013. De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 2533/98 del Consejo(19), la Junta debe asegurar la protección física y de los soportes informáticos de la información estadística confidencial y debe exigir la autorización del BCE para la transmisión ulterior que pueda ser necesaria para la ejecución de las funciones de la Junta. Puesto que la información relativa al número de clientes para los que una entidad o un ente sean los únicos o los principales socios bancarios, que obra en poder de los mecanismos centralizados automatizados establecidos en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo(20), puede ser necesaria para llevar a cabo la evaluación del interés público, conviene que la Junta pueda recibir dicha información en cada caso. También debe especificarse el calendario exacto del acceso indirecto a la información por la Junta. En particular, cuando la información pertinente esté a disposición de una entidad o autoridad que esté obligada a cooperar con la Junta cuando esta solicite información, dicha entidad o autoridad debe facilitar esa información a la Junta. Si en ese momento no se dispone de la información, independientemente del motivo de dicha indisponibilidad, es preciso que la Junta pueda obtenerla de la persona física o jurídica que la posea a través de las autoridades nacionales de resolución o directamente, tras haber informado al respecto a dichas autoridades. La Junta también debe poder especificar el procedimiento y la forma en que debe recibir la información de los entes financieros para garantizar que dicha información sea la más adecuada a sus necesidades, incluidas las salas de datos virtuales. Además, para garantizar la cooperación más amplia posible con todos los entes que puedan poseer datos pertinentes para la Junta, y necesarios para que desempeñe las funciones que le han sido encomendadas, y a fin de evitar la duplicación de solicitudes a entidades y entes, las instituciones y las autoridades públicas con las que la Junta debe poder cooperar, comprobar la disponibilidad de información e intercambiarla deben incluir a los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales, los SGD pertinentes, la Junta Europea de Riesgo Sistémico, las Autoridades Europeas de Supervisión y el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Por último, para garantizar una intervención oportuna de los mecanismos financieros contratados en nombre del Fondo Único de Resolución en caso necesario, la Junta debe informar a la Comisión y al BCE tan pronto como considere que puede ser necesario activar dichos mecanismos financieros y proporcionar a la Comisión y al BCE toda la información necesaria para el desempeño de sus funciones en relación con ellos.

(33)  El artículo 86, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE establece que los procedimientos de insolvencia ordinarios respecto a las entidades y los entes incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva solo se incoarán a instancias de la autoridad de resolución y que la decisión de aplicar a una entidad o un ente un procedimiento de insolvencia ordinario solo debe adoptarse con el consentimiento de la autoridad de resolución. Esta disposición no está reflejada en el Reglamento (UE) n.º 806/2014. En consonancia con el reparto de funciones especificado en el Reglamento (UE) n.º 806/2014, las autoridades nacionales de resolución deben consultar a la Junta antes de actuar de conformidad con el artículo 86, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE cuando se trate de entidades y entes que estén bajo la responsabilidad directa de la Junta.

(34)  Los criterios de selección para el puesto de vicepresidente de la Junta son los mismos que para la selección del presidente y otros miembros a tiempo completo de la Junta. Procede, por tanto, conceder también al vicepresidente de la Junta los mismos derechos de voto de los que disfrutan su presidente y sus miembros a tiempo completo.

▌

(36)  Para que la Junta pueda realizar en sesión plenaria una evaluación preliminar del proyecto de presupuesto, antes de que el presidente presente su proyecto definitivo, debe ampliarse el plazo para la presentación por el Presidente de una propuesta inicial de presupuesto anual de la Junta.

(37)  Tras el período inicial de constitución del Fondo Único de Resolución a que se refiere el artículo 69, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 806/2014, los recursos financieros disponibles del Fondo pueden sufrir ligeras disminuciones por debajo de su nivel objetivo, en particular como consecuencia de un aumento de los depósitos con cobertura. Por lo tanto, es probable que el importe de las aportaciones ex ante que puedan exigirse en esas circunstancias sea pequeño, de lo que se infiere que es posible que, algunos años, el importe de estas aportaciones ex ante ya no sea proporcional al coste de su recaudación. Por consiguiente, es preciso que la Junta pueda aplazar la recaudación de las aportaciones durante hasta tres años hasta que el importe que deba recaudarse sea proporcional al coste del proceso de recaudación, siempre que dicho aplazamiento no afecte significativamente a la capacidad de la Junta para utilizar el Fondo Único de Resolución.

(38)  Los compromisos de pago irrevocables son uno de los componentes de los recursos financieros disponibles del Fondo Único de Resolución. Por lo tanto, es necesario especificar las circunstancias en las que pueden reclamarse dichos compromisos de pago, así como el procedimiento aplicable cuando se ponga fin a los compromisos en caso de que una entidad o un ente dejen de estar sujetos a la obligación de pagar aportaciones al Fondo Único de Resolución. Además, para lograr mayor transparencia y seguridad con respecto a la parte de los compromisos de pago irrevocables en el importe total de las aportaciones ex ante que deben recaudarse, la Junta debe determinar dicha parte sobre una base anual, dentro de los límites aplicables.

(39)  El importe máximo anual de las aportaciones extraordinarias al Fondo Único de Resolución que se permite solicitar está actualmente limitado al triple del importe de las aportaciones ex ante. Tras el período inicial de constitución a que se refiere el artículo 69, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 806/2014, dichas aportaciones ex ante dependerán únicamente, en circunstancias distintas de la utilización del Fondo Único de Resolución, de las variaciones en el nivel de los depósitos con cobertura y, por lo tanto, es probable que se reduzcan. Basar el importe máximo de las aportaciones ex post extraordinarias en las aportaciones ex ante podría entonces limitar drásticamente la posibilidad de recaudar aportaciones ex post para el Fondo Único de Resolución, lo que reduciría su capacidad de actuación. Para evitar que esto suceda, debe establecerse un límite diferente y el importe máximo de las aportaciones ex post extraordinarias que pueden solicitarse debe fijarse en el triple de la octava parte del nivel objetivo del Fondo.

(40)  El Fondo Único de Resolución puede utilizarse para apoyar la aplicación del instrumento de venta del negocio o del instrumento de la entidad puente, mediante el cual se transmite a un receptor un conjunto de activos, derechos y pasivos de la entidad objeto de resolución. En ese caso, la Junta podrá tener un crédito frente a la entidad o el ente residual en su posterior liquidación con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Esto puede ocurrir cuando el Fondo Único de Resolución se utilice en relación con pérdidas que, de otro modo, habrían soportado los acreedores, incluso en forma de garantías sobre activos y pasivos, o de cobertura de la diferencia entre los activos y los pasivos transmitidos. A fin de garantizar que los accionistas y acreedores que hayan quedado rezagados en la entidad o el ente residuales absorban efectivamente las pérdidas de la entidad objeto de resolución y de mejorar la posibilidad de reembolsos a la Junta en caso de insolvencia, esos créditos de la Junta frente a la entidad o el ente residuales, así como los créditos que se deriven de gastos razonables que haya contraído correctamente la Junta, deben beneficiarse de la misma prelación en caso de insolvencia que los créditos de los mecanismos nacionales de financiación de la resolución en cada Estado miembro participante, que debe ser superior a la prelación de los depósitos y de los sistemas de garantía de depósitos. Dado que las compensaciones pagadas a accionistas y acreedores con cargo al Fondo Único de Resolución por incumplimiento del principio de «evitación de perjuicios superiores a los acreedores» tienen por objeto compensar los resultados de la medida de resolución, dichas compensaciones no deben dar lugar a créditos de la Junta.

(41)  Puesto que algunas de las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 806/2014 relativas al papel que pueden desempeñar los sistemas de garantía de depósitos en la resolución son similares a las de la Directiva 2014/59/UE, las modificaciones introducidas en dichas disposiciones de la Directiva 2014/59/UE a más tardar el [OP: insértese el número de la Directiva por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE] deben reflejarse en el Reglamento (UE) n.º 806/2014.

(42)  La transparencia es fundamental para garantizar la integridad del mercado, la disciplina de mercado y la protección de los inversores. Para que la Junta pueda fomentar los esfuerzos de mayor transparencia y participar en ellos, debe estar autorizada a divulgar la información obtenida de sus propios análisis, evaluaciones y determinaciones, incluidas sus evaluaciones de resolubilidad, siempre que dicha divulgación no perjudique a la protección del interés público en lo tocante a las políticas financiera, monetaria o económica y que la divulgación revista un interés público superior.

(43)  Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.º 806/2014 en consecuencia.

(44)  En aras de la coherencia, las modificaciones del Reglamento (UE) n.º 806/2014 que sean similares a las modificaciones de la Directiva 2014/59/UE a más tardar el... [OP: insértese el número de la Directiva por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE] deben aplicarse a partir de la misma fecha que la fecha de transposición de... [OP: insértese el número de la Directiva por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE], que es el... [OP: insértese la fecha correspondiente a 18 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo]. Sin embargo, no hay ningún motivo para retrasar la aplicación de las modificaciones del Reglamento (UE) n.º 806/2014 que se refieren exclusivamente al funcionamiento del Mecanismo Único de Resolución. Esas modificaciones deben por tanto ser aplicables a partir del… [OP: insértese la fecha correspondiente a 1 mes después de la entrada en vigor del presente Reglamento].

(45)  Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, mejorar la eficacia y la eficiencia del marco para la recuperación y la resolución de las entidades y los entes, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros debido a los riesgos que la divergencia de los enfoques nacionales puede acarrear para la integridad del mercado único, sino que, mediante la modificación de normas que ya existen a nivel de la Unión, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 806/2014

El Reglamento (UE) n.º 806/2014 se modifica como sigue:

1)  El artículo 3, apartado 1, se modifica como sigue:

a)  el punto 24 bis se sustituye por el texto siguiente:"

«24 bis) «entidad de resolución»: una persona jurídica establecida en un Estado miembro participante e identificada por la Junta o por la autoridad nacional de resolución, de conformidad con el artículo 8 del presente Reglamento, como una entidad para la que el plan de resolución prevé una medida de resolución;»;

b)  se insertan los puntos 24 quinquies y 24 sexies siguientes:"

c)  el punto 49 se sustituye por el texto siguiente:"

«49) «pasivos susceptibles de recapitalización interna»: pasivos, incluidos los pasivos que dan lugar a provisiones contables, e instrumentos de capital no calificados como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 de un ente contemplado en el artículo 2 y que no están excluidos del ámbito de aplicación del instrumento de recapitalización interna de conformidad con el artículo 27, apartado 3;».

2)  En el artículo 4, se inserta el apartado 1 bis siguiente:"

«1 bis. Los Estados miembros informarán a la Junta lo antes posible de su solicitud de establecer una cooperación estrecha con el BCE de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 1024/2013.

Tras notificarlo de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 y antes de que se establezca una cooperación estrecha, los Estados miembros facilitarán toda la información sobre los entes y grupos establecidos en su territorio que la Junta pueda requerir para prepararse para las funciones que le atribuyen el presente Reglamento y el Acuerdo.».

3)  El artículo 7 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 3, párrafo cuarto, la primera frase se sustituye por el texto siguiente:"

«Al desempeñar las funciones a que se refiere el presente apartado, las autoridades nacionales de resolución aplicarán las disposiciones pertinentes del presente Reglamento. Las referencias hechas a la Junta en el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 5, el artículo 8, apartados 6, 8, 12 y 13, el artículo 10, apartados 1 a 10, el artículo 10 bis, los artículos 11 a 14, el artículo 15, apartados 1, 2 y 3, el artículo 16, el artículo 18, apartados 1, 1 bis, 2 y 6, el artículo 20, el artículo 21, apartados 1 a 7, el artículo 21, apartado 8, párrafo segundo, el artículo 21, apartados 9 y 10, el artículo 22, apartados 1, 3 y 6, los artículos 23 y 24, el artículo 25, apartado 3, el artículo 27, apartados 1 a 15, el artículo 27, apartado 16, párrafo segundo, segunda frase, el artículo 27, apartado 16, párrafo tercero, y párrafo cuarto, primera, tercera y cuarta frases, y el artículo 32 se entenderán hechas a las autoridades nacionales de resolución en relación con los grupos y entes contemplados en el primer párrafo del presente apartado.»;

b)  el apartado 5 se modifica como sigue:

i)  los términos «artículo 12, apartado 2» se sustituyen por los términos «artículo 12, apartado 3»;

ii)  se añade el párrafo siguiente:"

«Una vez que la notificación a que se refiere el párrafo primero haya surtido efecto, los Estados miembros participantes podrán decidir que la responsabilidad de desempeñar las tareas relacionadas con los entes y grupos establecidos en su territorio, distintos de los mencionados en el apartado 2, se restituya a las autoridades nacionales de resolución, en cuyo caso dejará de aplicarse el párrafo primero. Los Estados miembros que tengan la intención de hacer uso de esa facultad deberán notificarlo a la Junta y a la Comisión. Esa notificación surtirá efecto el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.».

4)  El artículo 8 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 2 se añade el párrafo siguiente:"

«La Junta podrá dirigir instrucciones a las autoridades nacionales de resolución para que ejerzan las competencias a que se refiere el artículo 10, apartado 8, de la Directiva 2014/59/UE. Las autoridades nacionales de resolución cumplirán las instrucciones de la Junta de conformidad con el artículo 29 del presente Reglamento.»;

a bis)  en el apartado 9, el párrafo primero se modifica como sigue:

i)  se inserta la letra siguiente:"

«a bis) cuando proceda, una descripción detallada de las razones para determinar que una entidad debe considerarse una entidad de liquidación, incluida una explicación de cómo la autoridad de resolución llegó a la conclusión de que la entidad carece de funciones esenciales;

ii)  se inserta la letra siguiente:"

«j bis) una descripción de la mejor manera en que las diferentes estrategias de resolución alcanzarían mejor los objetivos de resolución establecidos en el artículo 14;»;

iii)  se inserta la letra siguiente:"

«p bis) una lista detallada y cuantificada de depósitos garantizados y depósitos admisibles de personas físicas y microempresas y pequeñas y medianas empresas.»;

b)  en el apartado 10 se añaden los párrafos siguientes:"

La determinación de las medidas que deben adoptarse con respecto a las filiales a que se refiere el párrafo primero, letra b), que no sean entidades de resolución podrá estar sujeta a un método simplificado por parte de la Junta, previa consulta con la autoridad de resolución nacional pertinente, si dicho método no afectase negativamente a la resolubilidad del grupo, teniendo en cuenta el tamaño de la filial, su perfil de riesgo, la ausencia de funciones esenciales y la estrategia de resolución de grupo.

El plan de resolución de grupo determinará si las entidades de un grupo de resolución diferentes a la entidad de resolución pueden calificarse de entidades de liquidación. Sin perjuicio de otros factores que puedan considerarse pertinentes por parte de la Junta, las entidades que proporcionen funciones o servicios esenciales no podrán ser calificadas de entidades de liquidación.»;

b bis)  en el apartado 11, se añade la letra siguiente:"

«-a bis) contener una descripción detallada de las razones para determinar que la entidad de un grupo debe considerarse una entidad de liquidación, incluida una explicación de cómo la autoridad de resolución llegó a la conclusión de que la entidad carece de funciones esenciales, así como la forma en que se ha tenido en cuenta la ratio de su importe total de la exposición al riesgo y el resultado de explotación en el importe total de la exposición al riesgo y el resultado de explotación del grupo, así como la ratio de apalancamiento del ente del grupo;»;

c)  se añade el apartado siguiente:"

«14. La Junta no adoptará planes de resolución para los entes y grupos a que se refiere el apartado 1 cuando sea de aplicación el artículo 22, apartado 5, o cuando se haya iniciado un procedimiento de insolvencia en relación con el ente o el grupo ▌ con arreglo al Derecho nacional aplicable de conformidad con el artículo 32 ter de la Directiva 2014/59/UE.».

5)  El artículo 10 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 4, párrafo cuarto, los términos «párrafo primero» se sustituyen por los términos «párrafo tercero»;

b)  en el apartado 7, los términos «dirigido a la entidad o la empresa matriz» se sustituyen por los términos «dirigido al ente o a la empresa matriz» y los términos «impacto en el modelo empresarial de la entidad» se sustituyen por los términos «impacto en el modelo empresarial del ente o del grupo»;

c)  el apartado 10 se modifica como sigue:

i)  en el párrafo segundo, los términos «la entidad» se sustituyen por los términos «el ente de que se trate»;

ii)  en el párrafo tercero, el término «entidad» se sustituye por la palabra «ente»;

iii)  se añade el párrafo siguiente:"

«Si las medidas propuestas por el ente de que se trate reducen o eliminan efectivamente los obstáculos a la resolubilidad, la Junta adoptará una decisión, previa consulta al BCE o a la autoridad nacional competente pertinente y, en su caso, a la autoridad macroprudencial designada. En dicha decisión se indicará que las medidas propuestas reducen o eliminan efectivamente los obstáculos a la resolubilidad y se ordenará a las autoridades nacionales de resolución que exijan a la entidad, a la empresa matriz o a cualquier filial del grupo de que se trate que apliquen las medidas propuestas.».

d)  se añade el apartado siguiente:"

«13 bis. La autoridad de resolución publicará al final de cada ciclo de planificación de la resolución una lista anónima que presente de manera agregada todos los obstáculos identificados, incluidos los obstáculos materiales a la resolubilidad y las medidas pertinentes para abordarlos. Se aplicarán las disposiciones sobre secreto profesional establecidas en el artículo 88.»;

6)  El artículo 10 bis se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«1. En los casos en que un ente cumpla los requisitos combinados de colchón evaluados en conjunción con cada uno de los requisitos contemplados en el artículo 141 bis, apartado 1, letras a), b) y c), de la Directiva 2013/36/UE, pero no cumpla los requisitos combinados de colchón cuando se evalúan en conjunción con los requisitos contemplados en los artículos 12 quinquies y 12 sexies del presente Reglamento, calculados de conformidad con el artículo 12 bis, apartado 2, letra a), del presente Reglamento, la Junta tendrá la facultad, conforme a los apartados 2 y 3 del presente artículo, de ordenar a la autoridad nacional de resolución que prohíba que el ente distribuya un importe superior al importe máximo distribuible relacionado con el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles («IMD‑RM»), calculado con arreglo al apartado 4 del presente artículo mediante cualquiera de las medidas siguientes:»;

b)  se añade el apartado 7 siguiente:"

«7. Cuando un ente no esté sujeto a los requisitos combinados de colchón siguiendo el mismo criterio por el que está obligado a cumplir los requisitos a que se refieren los artículos 12 quinquies y 12 sexies, la Junta aplicará los apartados 1 a 6 del presente artículo sobre la base de la estimación de los requisitos combinados de colchón de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2021/1118 de la Comisión*. Será aplicable el artículo 128, párrafo cuarto, de la Directiva 2013/36/UE.

La Junta incluirá los requisitos combinados de colchón estimados a que se refiere el párrafo primero en la decisión por la que se determinen los requisitos a que se refieren los artículos 12 quinquies y 12 sexies del presente Reglamento. El ente hará públicos los requisitos combinados de colchón estimados junto con la información a que se refiere el artículo 45 decies, apartado 3, de la Directiva 2014/59/UE.

______________________________

* Reglamento Delegado (UE) 2021/1118 de la Comisión, de 26 de marzo de 2021, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la metodología que deben utilizar las autoridades de resolución para estimar el requisito a que se refiere el artículo 104 bis de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y los requisitos combinados de colchón para las entidades de resolución a nivel del grupo de resolución consolidado cuando el grupo de resolución no esté sujeto a dichos requisitos en virtud de dicha Directiva (DO L 241 de 8.7.2021, p. 1).

7)  En el artículo 12 se añade el apartado 8 siguiente:"

«8. La Junta será responsable de conceder las autorizaciones a que se refieren los artículos 77, apartado 2, y 78 bis, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 a los entes a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. La Junta remitirá su decisión al ente de que se trate.».

8)  En el artículo 12 bis, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. La Junta y las autoridades nacionales de resolución se asegurarán de que los entes a que se refiere el artículo 12, apartados 1 y 3, cumplan en todo momento los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles cuando así lo disponga y determine la Junta de conformidad con el presente artículo y con los artículos 12 ter a 12 decies.».

9)  El artículo 12 quater se modifica como sigue:

a)  en los apartados 4 y 5, el término «EISM» se sustituye por los términos «entidades EISM»;

b)  en el apartado 7, parte introductoria, los términos «apartado 3» se sustituyen por los términos «apartado 4», y el término «EISM» se sustituye por los términos «entidades EISM»;

c)  el apartado 8 se modifica como sigue:

i)  en el párrafo primero, el término «EISM» se sustituye por los términos «entidades EISM»;

ii)  en el párrafo segundo, letra c), el término «EISM» se sustituye por los términos «entidad EISM»;

d)  se añade el apartado 10 siguiente:"

10)  En el artículo 12 quinquies, apartado 3, párrafo octavo, y apartado 6, párrafo octavo, los términos «funciones económicas críticas» y «funciones económicas esenciales» se sustituyen por los términos «funciones esenciales».

11)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 12 quinquies bis

Determinación del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles para las estrategias de transmisión ▌

1.  Al aplicar el artículo 12 quater a una entidad de resolución cuya estrategia de resolución preferida prevea, con independencia de otros instrumentos de resolución o en combinación con ellos, el uso del instrumento de venta del negocio o de la entidad puente, la Junta fijará el importe de recapitalización previsto en el artículo 12 quater, apartado 3, de manera proporcionada sobre la base de los siguientes criterios, según proceda:

▌

3.  La aplicación del apartado 1 no dará lugar a un importe superior al importe resultante de la aplicación del artículo 45 quater, apartado 3, ni a un importe inferior al 13,5 % del importe total de exposición al riesgo, calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, e inferior al 5 % de la medida de la exposición total de la entidad pertinente a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, calculada de conformidad con los artículos 429 y 429 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013.»;

12)  En el artículo 12 sexies, apartado 1, los términos «EISM o parte de una EISM» se sustituyen por los términos «entidad EISM».

13)  El artículo 12 octies se modifica como sigue:

a)  El apartado 1 queda modificado como sigue:

i)  el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:"

«La Junta, previa consulta a las autoridades competentes, incluido el BCE, podrá decidir aplicar el requisito establecido en el presente artículo a un ente contemplado en el artículo 2, letra b), y a una entidad financiera contemplada en el artículo 2, letra c), que sea filial de una entidad de resolución pero no sea ella misma entidad de resolución.»;

ii)  en el párrafo tercero, los términos «párrafo primero» se sustituyen por los términos «párrafos primero y segundo»;

b)  se añade el apartado 4 siguiente:"

14)  El artículo 12 duodecies se modifica como sigue:

a)  ▌se inserta el apartado siguiente:"

«1 bis. No obstante lo dispuesto en el artículo 12 bis, apartado 1, la Junta determinará un período transitorio adecuado para que las entidades cumplan los requisitos previstos en los artículos 12 septies o 12 octies, o los requisitos que se deriven de la aplicación del artículo 12 quater, apartados 4, 5 o 7, según proceda, si las instituciones o las entidades están sujetos a dichos requisitos tras la entrada en vigor [del presente Reglamento modificativo]. La fecha límite para que las entidades cumplan los requisitos previstos en los artículos 12 septies o 12 octies, o los requisitos que se deriven de la aplicación del artículo 12 quater, apartados 4, 5 o 7, será ... [cuatro años a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento modificativo].

La Junta fijará niveles objetivo intermedios para los requisitos estipulados en los artículos 12 septies o 12 octies, o para los requisitos que se deriven de la aplicación del artículo 12 quater, apartados 4, 5 o 7, según proceda, que las entidades a que se refiere el párrafo primero del presente apartado deberán cumplir a más tardar el ... [dos años a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento modificativo]. Por norma general, los niveles objetivo intermedios garantizarán una acumulación lineal de fondos propios y pasivos admisibles tendente al cumplimiento del requisito.

b)  en el apartado 3, letra a), los términos «la Junta o la autoridad nacional de resolución» se sustituyen por los términos «la Junta»;

c)  en el apartado 4, el término «EISM» se sustituye por los términos «EISM o EISM de fuera de la UE»;

d)  en los apartados 5 y 6, los términos «la Junta y las autoridades nacionales de resolución» se sustituyen por los términos «la Junta».

15)  El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 13

Medidas de actuación temprana

1.  El BCE estudiará sin demora indebida y, en su caso, aplicará medidas de actuación temprana cuando un ente contemplado en el artículo 7, apartado 2, letra a), cumpla cualquiera de las condiciones siguientes:

Cuando se produzca un deterioro significativo de las condiciones, concurran circunstancias adversas o se obtenga nueva información sobre un ente, el BCE podrá determinar que se cumple la condición a que se refiere el párrafo primero, letra a), inciso ii), sin haber adoptado previamente otras medidas correctoras, incluido el ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 104 de la Directiva 2013/36/UE o el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1024/2013.

A efectos del párrafo primero, letra b), el BCE o, en su caso, la autoridad competente en virtud de la Directiva 2014/65/UE, o la Junta informarán sin demora a la autoridad nacional competente de la infracción o posible infracción.

2.  A efectos del apartado 1, las medidas de actuación temprana incluirán lo siguiente:

3.  El BCE elegirá las medidas de actuación temprana adecuadas y oportunas en función de su proporcionalidad respecto a los objetivos perseguidos, teniendo en cuenta, entre otros datos pertinentes, la gravedad del incumplimiento o el probable incumplimiento y la rapidez del deterioro de la situación financiera del ente.

4.  El BCE fijará un plazo adecuado para la realización de cada una de las medidas a que se refiere el apartado 2, que le permita evaluar su eficacia.

La evaluación de la medida se llevará a cabo inmediatamente después del vencimiento del plazo y se compartirá con la Junta y las autoridades nacionales de resolución pertinentes. En caso de que la evaluación concluya que las medidas no se han aplicado íntegramente o no son eficaces, el BCE o la autoridad nacional competente pertinente, previa consulta a la Junta y a la autoridad nacional de resolución pertinente, realizarán una evaluación de la condición a que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra a).

5.  Cuando un grupo comprenda entes establecidos tanto en Estados miembros participantes como no participantes, el BCE representará a las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros participantes, a efectos de la consulta y la cooperación con los Estados miembros no participantes, de conformidad con el artículo 30 de la Directiva 2014/59/UE.

Cuando un grupo comprenda entes establecidos en Estados miembros participantes y filiales establecidas en Estados miembros no participantes o sucursales significativas situadas en Estados miembros no participantes, el BCE comunicará de forma oportuna toda decisión o medida contemplada en los artículos 13 a 13 quater que afecte al grupo a las autoridades competentes o a las autoridades de resolución del Estado miembro no participante, según corresponda.».

16)  Se insertan los artículos 13 bis, 13 ter y 13 quater siguientes:"

«Artículo 13 bis

Sustitución de la alta dirección o del órgano de dirección

A efectos del artículo 13, apartado 2, letra e), la nueva alta dirección o el nuevo órgano de dirección, o los nuevos miembros individuales de dichos órganos, serán designados de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional y estarán sujetos a la aprobación del BCE.

Artículo 13 ter

Administrador provisional

1.  A efectos del artículo 13, apartado 2, letra f), el BCE podrá, basándose en lo que resulte proporcionado a las circunstancias, designar a posibles administradores provisionales para que:

El BCE especificará su elección con arreglo a las letras a) o b) en el momento de la designación del administrador provisional.

A efectos del párrafo primero, letra b), el BCE especificará más detalladamente en el momento de la designación del administrador provisional la función, las obligaciones y las competencias de este, así como los posibles requisitos de que el órgano de dirección del ente consulte al administrador provisional u obtenga su consentimiento antes de adoptar decisiones o acciones específicas.

El BCE hará pública la designación de todo administrador provisional, excepto cuando el administrador provisional no tenga competencia para representar al ente o adoptar decisiones en su nombre.

Todo administrador provisional deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 91, apartados 1, 2 y 8, de la Directiva 2013/36/UE. La evaluación por el BCE de si el administrador provisional cumple dichos requisitos formará parte integrante de la decisión de designar a dicho administrador provisional.

2.  El BCE especificará las competencias del administrador provisional en el momento de su designación, basándose en lo que resulte proporcionado a las circunstancias. Tales competencias podrán incluir algunas de las competencias del órgano de dirección del ente o todas ellas, con arreglo a los estatutos del ente y al Derecho nacional, incluida la competencia de ejercer algunas de las funciones administrativas del órgano de dirección del ente o todas ellas. Las competencias del administrador provisional en relación con el ente serán conformes con el derecho de sociedades aplicable. El BCE podrá ajustar dichas competencias cuando se produzca un cambio de las circunstancias.

3.  El BCE especificará el cometido y las funciones del administrador provisional en el momento de su designación. Dichos cometido y funciones podrán consistir en lo siguiente:

El BCE especificará en el momento de la designación todo posible límite del cometido y las funciones del administrador provisional.

4.  El BCE tendrá la facultad exclusiva para designar y destituir a un administrador provisional. El BCE podrá destituir a un administrador provisional en cualquier momento y por cualquier motivo. Con sujeción a lo dispuesto en el presente artículo, el BCE podrá modificar en cualquier momento las condiciones de designación de un administrador provisional.

5.  El BCE podrá exigir que algunas de las acciones de un administrador provisional deban someterse a su acuerdo previo. El BCE especificará todo requisito de este tipo en el momento de la designación del administrador provisional o cuando se produzca cualquier modificación de las condiciones de designación del administrador provisional.

En cualquier caso, el administrador provisional solo podrá ejercer sus competencias para convocar la junta general de accionistas del ente y fijar los puntos de su orden del día previo acuerdo del BCE.

6.  A petición del BCE, el administrador provisional elaborará informes sobre la situación financiera del ente y sobre su actuación en el transcurso de su mandato, a intervalos establecidos por el BCE, al menos una vez después de los primeros seis meses, y en cualquier caso al final de su mandato.

7.  El administrador provisional será designado por un período máximo de un año. Ese período se podrá renovar, con carácter excepcional, en una ocasión, siempre y cuando sigan cumpliéndose las condiciones para la designación del administrador provisional. El BCE determinará esas condiciones y justificará ante los accionistas toda renovación de la designación del administrador provisional.

8.  Con sujeción a las disposiciones del presente artículo, la designación de un administrador provisional no menoscabará los derechos que se reconocen a los accionistas en el Derecho de sociedades nacional o de la Unión.

9.  Un administrador provisional designado de conformidad con los apartados 1 a 8 del presente artículo no se considerará como un director paralelo o como un director de facto con arreglo al Derecho nacional.

Artículo 13 quater

Preparación para la resolución

1.  En el caso de los entes y grupos a que se refiere el artículo 7, apartado 2, y de los entes y grupos a que se refieren el artículo 7, apartado 4, letra b), y el artículo 7, apartado 5, cuando se cumplan las condiciones para la aplicación de esas disposiciones, el BCE o las autoridades nacionales competentes notificarán sin demora a la Junta lo siguiente:

La Junta notificará a la Comisión cualquier notificación que haya recibido en aplicación del párrafo primero.

El BCE o la autoridad nacional competente pertinente supervisarán de cerca, en estrecha cooperación con la Junta, la situación de los entes y los grupos a que se refiere el párrafo primero y el cumplimiento por ellos de las medidas a que se refiere el párrafo primero, letra a), que tengan por objeto hacer frente al deterioro de la situación de dichos entes y grupos, y de las medidas de actuación temprana a que se refiere el párrafo primero, letra c).

2.  Cuando el BCE o la autoridad nacional competente pertinente consideren que existe un riesgo significativo de que concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 18, apartado 4, en relación con un ente contemplado en el artículo 7, apartado 2, o un ente contemplado en el artículo 7, apartado 4, letra b), y en el artículo 7, apartado 5, cuando se cumplan las condiciones para la aplicación de dichas disposiciones, lo notificarán a la Junta lo antes posible. Dicha notificación contendrá:

Tras haber recibido la notificación a que se refiere el párrafo primero, la Junta evaluará, en estrecha cooperación con el BCE o con la autoridad nacional competente pertinente, qué constituye un plazo razonable a efectos de la evaluación de la condición a que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra b), teniendo en cuenta la rapidez del deterioro de las condiciones del ente, el posible impacto en el sistema financiero, en la protección de los depositantes y en la preservación de los fondos de los clientes, el riesgo de que un proceso prolongado aumente los costes globales para los clientes y la economía, la necesidad de aplicar de manera efectiva la estrategia de resolución y cualesquiera otras consideraciones pertinentes. La Junta comunicará esa evaluación al BCE o a la autoridad nacional competente pertinente lo antes posible.

Tras la notificación a que se refiere el párrafo primero, el BCE o la autoridad nacional competente pertinente supervisará, en estrecha cooperación con la Junta, la situación del ente, la aplicación de las medidas que corresponda en el plazo previsto y cualquier otra circunstancia que deba tenerse en cuenta. Con ese fin, la Junta y el BCE o la autoridad nacional competente pertinente se reunirán periódicamente, con la frecuencia que establezca la Junta teniendo en cuenta las circunstancias del caso. El BCE o la autoridad nacional competente pertinente y la Junta se facilitarán mutuamente sin demora toda la información pertinente.

La Junta notificará a la Comisión cualquier información que haya recibido en aplicación del párrafo primero.

3.  El BCE o la autoridad nacional competente pertinente facilitará a la Junta toda la información que esta solicite y que sea necesaria para:

Cuando esa información no obre ya en poder del BCE o de las autoridades nacionales competentes, la Junta y el BCE y dichas autoridades nacionales competentes cooperarán y se coordinarán para obtenerla. Con ese fin, el BCE y las autoridades nacionales competentes estarán facultados para exigir al ente que proporcione esa información, incluso mediante inspecciones in situ, y para proporcionar esa información a la Junta.

4.  La Junta estará facultada para comercializar entre posibles compradores los entes a que se refiere el artículo 7, apartado 2, o los entes a que se refieren el artículo 7, apartado 4, letra b), y el artículo 7, apartado 5, o adoptar disposiciones de cara a dicha comercialización, cuando se cumplan las condiciones para la aplicación de esas disposiciones, o para exigir a los entes que lo hagan, con los siguientes fines:

4 bis.  Cuando, al ejercer la facultad a que se refiere el apartado 4, la Junta decida comercializar directamente el ente de que se trate entre posibles compradores, tendrá debidamente en cuenta las circunstancias del caso y el posible impacto que el ejercicio de dicha facultad pueda tener en la posición global del ente.

5.  A efectos de lo dispuesto en el apartado 4, la Junta estará facultada para:

Cuando la Junta ejerza sus competencias en virtud del párrafo primero, letra b), del presente apartado, se aplicará el artículo 88.

6.  La determinación de que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 13, apartado 1, del presente Reglamento o en el artículo 27, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE y la adopción previa de medidas de actuación temprana no son condiciones necesarias para que la Junta se prepare para la resolución del ente o ejerza las facultades a que se refieren los apartados 4 y 5 del presente artículo.

7.  La Junta informará sin demora a la Comisión, al BCE, a las autoridades nacionales competentes pertinentes y a las autoridades nacionales de resolución pertinentes de todas las medidas que tome de conformidad con los apartados 4 y 5.

8.  El BCE, las autoridades nacionales competentes, la Junta y las autoridades nacionales de resolución pertinentes cooperarán estrechamente:

El BCE, las autoridades nacionales competentes, la Junta y las autoridades nacionales de resolución pertinentes se asegurarán de que dichas medidas y acciones sean coherentes, coordinadas y eficaces.».

17)  En el artículo 14, apartado 2, las letras c) y d) se sustituyen por el texto siguiente:"

18)  En el artículo 16, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. La Junta tomará una medida de resolución respecto de una empresa matriz contemplada en el artículo 2, letra b), cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 18, apartado 1.

19)  El artículo 18 se modifica como sigue:

a)  los apartados 1, 1 bis, 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:"

La evaluación de la condición a que se refiere el párrafo primero, letra a), la realizará el BCE para los entes a que se refiere el artículo 7, apartado 2, letra a), o la autoridad nacional competente pertinente para los entes a que se refieren el artículo 7, apartado 2, letra b), el artículo 7, apartado 3, párrafo segundo, el artículo 7, apartado 4, letra b), y el artículo 7, apartado 5, previa consulta a la Junta. La Junta, en sesión ejecutiva, podrá realizar esa evaluación únicamente después de haber informado al BCE o a la autoridad nacional competente pertinente de su intención de realizarla y solo si el BCE o la autoridad nacional competente pertinente no la han realizado en un plazo de tres días naturales a partir de la recepción de esa información. El BCE o la autoridad nacional competente pertinente facilitarán sin demora a la Junta toda la información pertinente que esta solicite para fundamentar su evaluación, antes o después de haber sido informados por la Junta de su intención de evaluar la condición a que se refiere el párrafo primero, letra a).

Cuando el BCE o la autoridad nacional competente pertinente hayan estimado que se cumple la condición a que se refiere el párrafo primero, letra a), en relación con un ente contemplado en el párrafo primero, lo comunicarán a la Comisión y a la Junta sin dilación.

La evaluación de la condición a que se refiere el párrafo primero, letra b), será realizada por la Junta, en sesión ejecutiva y en estrecha cooperación con el BCE o con la autoridad nacional competente pertinente, previa consulta sin demora a una autoridad designada del SGD y, en su caso, a un SIP al que pertenezca la entidad. La consulta con el SIP incluirá una consideración de la disponibilidad de medidas del SIP que impedirían la inviabilidad de la entidad en un plazo razonable. El BCE o la autoridad nacional competente pertinente facilitarán sin demora a la Junta toda la información pertinente que esta solicite para fundamentar su evaluación. El BCE o la autoridad nacional competente pertinente también podrán informar a la Junta de que consideran que se cumple la condición establecida en el párrafo primero, letra b).

1 bis.  La Junta adoptará un dispositivo de resolución de conformidad con el apartado 1 en relación con un organismo central y todas las entidades de crédito afiliadas de manera permanente a él que formen parte del mismo grupo de resolución solo si el organismo central y todas las entidades de crédito afiliadas de manera permanente a él, o el grupo de resolución al que pertenezcan, cumplen en conjunto las condiciones establecidas en el apartado 1, párrafo primero.

2.  Sin perjuicio de los casos en que el BCE haya decidido ejercer directamente funciones de supervisión en relación con entidades de crédito de conformidad con el artículo 6, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1024/2013, en caso de que reciba una comunicación conforme al apartado 1 en relación con un ente o un grupo contemplado en el artículo 7, apartado 3, la Junta comunicará sin demora alguna su evaluación a que se refiere el apartado 1, párrafo cuarto, al BCE o a la autoridad nacional competente pertinente.

3.  La adopción de una medida en virtud del artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1024/2013, del artículo 27 de la Directiva 2014/59/UE, del artículo 13 del presente Reglamento o del artículo 104 de la Directiva 2013/36/UE no constituirá condición previa para adoptar una medida de resolución.»;

b)  el apartado 4 se modifica como sigue:

i)  en el párrafo primero, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:"

«d) que se necesite ayuda financiera pública extraordinaria, excepto cuando esa ayuda se conceda en una de las formas a que se refiere el artículo 18 bis, apartado 1»;

ii)  se suprimen los párrafos segundo y tercero;

c)  el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:"

«5. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, letra c), una medida de resolución se considerará de interés público si esa medida de resolución resulta necesaria para alcanzar, de forma proporcionada, uno o varios de los objetivos de resolución a que se refiere el artículo 14 y cuando la liquidación de la entidad a través de los procedimientos de insolvencia ordinarios no permitiría alcanzar con más eficacia los citados objetivos.

Se presumirá que la medida de resolución no es de interés público a efectos del apartado 1, letra c), del presente artículo cuando la autoridad de resolución haya decidido aplicar obligaciones simplificadas a una entidad de conformidad con el artículo 4. La presunción será refutable y no se aplicará si la autoridad de resolución aprecia que uno o varios de los objetivos de resolución correrían peligro si la entidad se liquidara con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios.

Al llevar a cabo la evaluación a que se refiere el párrafo primero, la Junta, basándose en la información de que disponga en el momento de dicha evaluación, valorará y comparará toda la ayuda financiera pública extraordinaria ▌que se vaya a conceder al ente, tanto en caso de resolución como en caso de liquidación con arreglo al Derecho nacional aplicable.»;

A efectos del párrafo segundo del presente apartado, los Estados miembros participantes, los sistemas de garantía de depósitos y, cuando sea necesario, la autoridad designada definida en el artículo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/49/UE mantendrán informada a la Junta de cualquier medida preparatoria para la concesión de las medidas a que se refiere el artículo 18 bis, apartado 1, letras c) y d), del presente Reglamento, incluido cualquier contacto con la Comisión previo a la notificación.

d)  en el apartado 7, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:"

«En un plazo de veinticuatro horas a partir de la transmisión del dispositivo de resolución por la Junta, la Comisión lo aprobará o lo rechazará teniendo en cuenta, bien los aspectos discrecionales del dispositivo de resolución en los casos que no estén cubiertos por el párrafo tercero del presente apartado, bien el uso propuesto de ayuda estatal o del Fondo que no se considere compatible con el mercado interior.»;

e)  se insertan los apartados siguientes:"

«11. Cuando se cumplan las condiciones a que se refiere el apartado 1, letras a) y b), la Junta podrá dar instrucción a las autoridades nacionales de resolución de que ejerzan las competencias que les confiera la legislación nacional por la que se transponga el artículo 33 bis de la Directiva 2014/59/UE, de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación nacional. Las autoridades nacionales de resolución cumplirán las instrucciones de la Junta de conformidad con el artículo 29.».

11 bis.   A fin de garantizar la aplicación coherente y eficiente del presente artículo, la Junta proporcionará orientaciones y dirigirá instrucciones a las autoridades nacionales de resolución para la aplicación de las normas técnicas de regulación a que se refiere el artículo 32, apartado 5 bis, de la Directiva 2014/59/UE.».

20)  Se inserta el artículo 18 bis siguiente:"

«Artículo 18 bis

Ayuda financiera pública extraordinaria

1.  Solo se podrá conceder ayuda financiera pública extraordinaria al margen de la medida de resolución a un ente contemplado en el artículo 2, a título excepcional, en uno de los casos siguientes y siempre que la ayuda financiera pública extraordinaria cumpla las condiciones y los requisitos establecidos en el marco de ayudas estatales de la Unión:

2.  Las medidas de apoyo a que se refiere el apartado 1, letra a), cumplirán todas las condiciones siguientes:

A efectos del párrafo primero, letra a), se considerará que un ente es solvente cuando el BCE o la autoridad nacional competente pertinente hayan llegado a la conclusión de que no se ha producido, ni es probable que se vaya a producir en los doce meses siguientes, sobre la base de las expectativas actuales, ningún incumplimiento de ninguno de los requisitos a que se refieren el artículo 92, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, el artículo 104 bis de la Directiva 2013/36/UE, el artículo 11, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/2033, el artículo 40 de la Directiva (UE) 2019/2034 o los requisitos pertinentes aplicables en virtud del Derecho nacional o de la Unión.

A efectos del párrafo primero, letra d), la autoridad competente pertinente cuantificará las pérdidas que el ente haya sufrido o sea probable que vaya a sufrir. Dicha cuantificación se basará, como mínimo, en revisiones de la calidad de los activos realizadas por el BCE, la ABE o las autoridades nacionales, o, en su caso, en las inspecciones in situ realizadas por la autoridad competente. Cuando dichos ejercicios no puedan llevarse a cabo a su debido tiempo, la autoridad competente podrá basar su evaluación en el balance de la entidad, siempre que este cumpla las normas y reglas contables aplicables, según confirme un auditor externo independiente ▌. La autoridad competente hará todo lo que esté en su mano para garantizar que la cuantificación se base en el valor de mercado de los activos, los pasivos y los elementos no contabilizados en el balance de la entidad o el ente.

Las medidas de apoyo a que se refiere el apartado 1, letra a), inciso iii), se limitarán a medidas que hayan sido evaluadas por el BCE o la autoridad nacional competente como necesarias para garantizar la solvencia del ente corrigiendo su déficit de capital establecido en el escenario adverso de las pruebas de resistencia a escala nacional, de la Unión o del MUS o en ejercicios equivalentes realizados por el BCE, la ABE o las autoridades nacionales, cuando proceda, confirmados por el BCE o la autoridad competente pertinente.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra a), inciso iii), se permitirá excepcionalmente la adquisición de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario cuando la naturaleza del déficit detectado sea tal que la adquisición de otros instrumentos de fondos propios u otros instrumentos de capital no permitiría al ente de que se trate subsanar su déficit de capital establecido en el escenario adverso de la prueba de resistencia pertinente o en un ejercicio equivalente. El importe de los instrumentos de capital de nivel 1 ordinario adquiridos no excederá del 2 % del importe total de la exposición en riesgo de la entidad o el ente de que se trate, calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

En caso de que alguna de las medidas de apoyo a que se refiere el apartado 1, letra a), no sea amortizada, reembolsada o cancelada de otro modo de conformidad con las condiciones de la estrategia de salida de la medida de apoyo establecida en el momento de la concesión de dicha medida, el BCE o la autoridad nacional competente pertinente solicitará a la entidad o el ente que presente un plan corrector único. El plan corrector describirá las medidas que deban adoptarse para mantener o restablecer el cumplimiento de los requisitos de supervisión, la viabilidad a largo plazo de la entidad o el ente y su capacidad para reembolsar el importe proporcionado, así como el calendario asociado.

Cuando el BCE o la autoridad nacional competente pertinente no consideren creíble o viable el plan corrector único, o cuando la entidad o el ente incumpla dicho plan, se evaluará si la entidad o el ente es inviable o es probable que vaya a serlo, de conformidad con el artículo 18.».

2 bis.  El BCE o la autoridad nacional competente pertinente informará a la Junta de su evaluación del cumplimiento de las condiciones a que se refiere el apartado 2, letras a), b) y d), con respecto a los entes y grupos a que se refiere el artículo 7, apartado 2, y a los entes y grupos a que se refieren el artículo 7, apartado 4, letra b), y el artículo 7, apartado 5.».

21)  El artículo 19 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Cuando la medida de resolución conlleve la concesión de una ayuda estatal según el artículo 107, apartado 1, del TFUE, o de una ayuda procedente del Fondo con arreglo al apartado 3 del presente artículo, el dispositivo de resolución a que se refiere el artículo 18, apartado 6, del presente Reglamento no entrará en vigor hasta que la Comisión haya adoptado una decisión positiva o condicionada, o una decisión de no plantear objeciones, relativa a la compatibilidad de la utilización de dicha ayuda con el mercado interior. La Comisión adoptará, teniendo en cuenta la necesidad de que la Junta ejecute el dispositivo de resolución de manera oportuna, la decisión relativa a la compatibilidad de la utilización de la ayuda estatal o la ayuda del Fondo con el mercado interior a más tardar cuando refrende el dispositivo de resolución o se oponga a él de conformidad con el artículo 18, apartado 7, párrafo segundo, o cuando expire el período de veinticuatro horas a que se refiere el artículo 18, apartado 7, párrafo quinto, si esta fecha es anterior. A falta de tal decisión en el plazo de veinticuatro horas a partir de la transmisión del dispositivo de resolución por la Junta, este se considerará autorizado por la Comisión y entrará en vigor de conformidad con el artículo 18, apartado 7, párrafo quinto.

Al desempeñar las tareas que les atribuye el artículo 18 del presente Reglamento, las instituciones de la Unión se basarán en disposiciones estructurales que garanticen la independencia operativa y eviten los conflictos de intereses que puedan surgir entre las funciones a las que se encomiende el desempeño de dichas tareas y otras funciones, y harán pública de manera adecuada toda la información pertinente sobre su organización interna a este respecto.»;

b)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. Tan pronto como la Junta considere que puede ser necesario utilizar el Fondo, se pondrá en contacto de manera informal, rápida y confidencial con la Comisión para sopesar la posible utilización del Fondo, incluidos los correspondientes aspectos jurídicos y económicos. Una vez que la Junta esté suficientemente segura de que el dispositivo de resolución previsto implicará el uso de ayuda del Fondo, notificará oficialmente a la Comisión el uso propuesto del Fondo. Esa notificación contendrá toda la información que la Comisión necesite para realizar sus evaluaciones conforme al presente apartado, y que la Junta tenga en su poder o esté facultada para obtener de conformidad con el presente Reglamento.

Cuando reciba la notificación a que se refiere el párrafo primero, la Comisión evaluará si la utilización del Fondo podría falsear o amenazar con falsear la competencia, favoreciendo al beneficiario o a cualquier otra empresa de tal modo que, en la medida en que pueda afectar al comercio entre Estados miembros, sea incompatible con el mercado interior. La Comisión aplicará a la utilización del Fondo los criterios establecidos para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales consagrados en el artículo 107 del TFUE. La Junta facilitará a la Comisión la información que obre en su poder, o que la Junta esté facultada para obtener de conformidad con el presente Reglamento, y que la Comisión considere necesaria para llevar a cabo esa evaluación.

Cuando elabore su evaluación, la Comisión se guiará por todos los reglamentos pertinentes adoptados en virtud del artículo 109 del TFUE y por todas las pertinentes comunicaciones y directrices conexas de la Comisión, y todas las medidas adoptadas por la Comisión en aplicación de las disposiciones de los Tratados relativas a las ayudas estatales que estén en vigor en el momento en que se realice la evaluación. Dichas medidas se aplicarán como si las referencias al Estado miembro responsable de la notificación de la ayuda fueran referencias a la Junta y con cualesquiera otras modificaciones que resulten necesarias.

La Comisión decidirá sobre la compatibilidad de la utilización del Fondo con el mercado interior y remitirá esa decisión a la Junta y a las autoridades nacionales de resolución del Estado miembro o Estados miembros interesados. Dicha decisión podrá estar supeditada a condiciones, compromisos o deberes con respecto al beneficiario y tendrá en cuenta la necesidad de que la Junta ejecute oportunamente la medida de resolución.

La decisión también podrá imponer obligaciones a la Junta, a las autoridades nacionales de resolución en los Estados miembros participantes o en los Estados miembros interesados o al beneficiario, según proceda y en la medida en que dichas obligaciones se enmarquen dentro de sus respectivas competencias, para permitir el seguimiento de su cumplimiento. Esto podrá incluir requisitos para el nombramiento de un administrador u otra persona independiente que colabore en el seguimiento. Un administrador u otra persona independiente podrá desempeñar las funciones que se especifiquen en la decisión de la Comisión.

Las decisiones con arreglo al presente apartado se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La Comisión podrá emitir una decisión negativa, dirigida a la Junta, si considera que la utilización propuesta del Fondo sería incompatible con el mercado interior y no puede llevarse a cabo en la forma propuesta por la Junta. Cuando reciba dicha decisión, la Junta reconsiderará su dispositivo de resolución y preparará un dispositivo de resolución revisado.»;

c)  el apartado 10 se sustituye por el texto siguiente:"

«10. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, el Consejo, a solicitud de un Estado miembro o de la Junta, y en un plazo de siete días a partir de la presentación de dicha solicitud, podrá decidir por unanimidad que la utilización del Fondo se considere compatible con el mercado interior, cuando tal decisión esté justificada por circunstancias excepcionales. La Comisión adoptará una decisión sobre el caso si el Consejo no se pronuncia en ese plazo de siete días.».

22)  El artículo 20 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Antes de determinar si se cumplen las condiciones para la resolución, o las condiciones para la amortización o la conversión de instrumentos de capital y pasivos admisibles a que se refiere el artículo 21, apartado 1, la Junta se asegurará de que una persona independiente tanto de las autoridades públicas, incluidas la Junta y la autoridad nacional de resolución, como del ente de que se trate, realice una valoración razonable, prudente y realista del activo y el pasivo de los entes a que se refiere el artículo 2.»;

b)  se inserta el apartado 8 bis siguiente:"

«8 bis. Cuando sea necesario para fundamentar las decisiones a que se refiere el apartado 5, letras c) y d), el valorador complementará la información contemplada en el apartado 7, letra c), con una estimación del valor de los activos y pasivos fuera de balance, incluidos los pasivos contingentes y los activos.»;

c)  en el apartado 18 se añade la letra d) siguiente:"

«d) al determinar las pérdidas que el sistema de garantía de depósitos habría sufrido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios, aplicar los criterios y el método a que se refiere el artículo 11 sexies de la Directiva 2014/49/UE y en cualquier acto delegado adoptado en virtud de dicho artículo.».

23)  El artículo 21 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se modifica como sigue:

i)  el párrafo primero se modifica como sigue:

—  la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«1. La Junta, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 18, ejercerá la competencia de amortización o conversión de los instrumentos de capital pertinentes, y los pasivos admisibles a que se refiere el apartado 7 bis, en relación con los entes y grupos mencionados en el artículo 7, apartado 2, y con los entes y grupos mencionados en el artículo 7, apartados 4, letra b), y en el artículo 7, apartado 5, cuando se cumplan las condiciones para la aplicación de dichas disposiciones, solo cuando considere en sesión ejecutiva, después de recibir una comunicación con arreglo al párrafo segundo, o por iniciativa propia, que se cumplen una o varias de las siguientes condiciones:»;

—  la letra e) se sustituye por el texto siguiente:"

«e) que el ente o grupo necesite ayuda financiera pública extraordinaria, excepto cuando esa ayuda se conceda en una de las formas a que se refiere el artículo 18 bis, apartado 1.»;

ii)  el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:"

«La evaluación de las condiciones a que se refiere el párrafo primero, letras a) a d), será realizada por el BCE para los entes a que se refiere el artículo 7, apartado 2, letra a), o por la autoridad nacional competente pertinente para los entes a que se refieren el artículo 7, apartado 2, letra b), el artículo 7, apartado 4, letra b), y el artículo 7, apartado 5, y por la Junta, en sesión ejecutiva, conforme a la asignación de funciones con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 18, apartados 1 y 2.»;

b)  se suprime el apartado 2;

c)  en el apartado 3, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:"

«b) que, teniendo en cuenta el calendario, la necesidad de ejecutar eficazmente las competencias de amortización o conversión o la estrategia de resolución para el grupo de resolución y otras circunstancias pertinentes, no existan perspectivas razonables de que ninguna medida, incluidas medidas alternativas del sector privado, medidas de supervisión o medidas de actuación temprana, que no sean la amortización o conversión de los instrumentos de capital pertinentes, y los pasivos admisibles a que se refiere el apartado 7 bis, pueda impedir la inviabilidad del ente o el grupo en un plazo razonable.»;

d)  el apartado 9 se sustituye por el texto siguiente:"

«9. Cuando se cumpla alguna de las condiciones contempladas en el apartado 1 en relación con los entes mencionados en ese apartado, y se cumplan también las condiciones mencionadas en el artículo 18, apartado 1, en relación con esos entes o con un ente perteneciente al mismo grupo, será de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 18, apartados 6, 7 y 8.».

24)  El artículo 27 se modifica como sigue:

a)  el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:"

▌

c)  en el apartado 13, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:"

25)  El artículo 30 se modifica como sigue:

a)  el título se sustituye por el texto siguiente:"

«Obligación de cooperar e intercambio de información»;

b)  se añaden los apartados 2 bis, 2 ter y 2 quater siguientes:"

«2 bis. La Junta, la JERS, la ABE, la AEVM y la AESPJ cooperarán estrechamente y se facilitarán mutuamente toda la información que sea necesaria para el desempeño de sus funciones respectivas.

2 ter.  El BCE y otros miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) cooperarán estrechamente con la Junta y le facilitarán toda la información que necesite para el desempeño de sus funciones, incluida la información que reúnan de conformidad con sus estatutos. El artículo 88, apartado 6, será aplicable a los intercambios que ello implique.

2 quater.  Las autoridades designadas a que se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/49/UE cooperarán estrechamente con la Junta ▌. Las autoridades designadas y la Junta se facilitarán mutuamente toda la información necesaria para el desempeño de sus respectivas funciones.».

c)  el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:"

d)  el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:"

«7. Cuando sea necesario, la Junta celebrará un memorando de entendimiento con el BCE y otros miembros del SEBC, las autoridades nacionales de resolución y las autoridades nacionales competentes en el que se describa en términos generales cómo van a cooperar de conformidad con los apartados 2, 2 bis, 2 ter y 4 del presente artículo y con el artículo 74, párrafo segundo, en el desempeño de sus funciones respectivas en virtud del Derecho de la Unión. El memorando se examinará periódicamente y se publicará respetando los requisitos del secreto profesional.».

26)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 30 bis

Información que obra en poder de un mecanismo centralizado automatizado

1.  Las autoridades que gestionen los mecanismos centralizados automatizados establecidos por el artículo 32 bis de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo** facilitarán a la Junta, a petición de esta, información relativa al número de clientes para los que un ente de los contemplados en el artículo 2 sea el único o el principal socio bancario.

2.  La Junta solicitará la información a que se refiere el apartado 1 únicamente caso por caso y cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones en virtud del presente Reglamento.

3.  La Junta podrá compartir la información obtenida de conformidad con el párrafo primero con las autoridades nacionales de resolución en el contexto del desempeño de sus respectivas funciones en virtud del presente Reglamento.

______________________________

** Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).».

27)  ▌El artículo 31 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:"

b)  se añade el apartado siguiente:"

«3. En el caso de los entes y grupos a que se refiere el artículo 7, apartado 2, y de los entes y grupos a que se refieren el artículo 7, apartado 4, letra b), y el artículo 7, apartado 5, cuando se cumplan las condiciones para la aplicación de esas disposiciones, las autoridades nacionales de resolución consultarán a la Junta antes de actuar de conformidad con el artículo 86 de la Directiva 2014/59/UE.».

28)  En el artículo 32, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:"

«Cuando un grupo comprenda entes establecidos tanto en Estados miembros participantes como no participantes o terceros países, sin perjuicio de cualquier autorización del Consejo o de la Comisión que se exija en virtud del presente Reglamento, la Junta representará a las autoridades nacionales de resolución de los Estados miembros participantes, a efectos de la consulta y la cooperación con los Estados miembros no participantes o terceros países, de conformidad con los artículos 7, 8, 12, 13, 16, 18, 45 nonies, 55, y 88 a 92 de la Directiva 2014/59/UE.».

29)  El artículo 34 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«La Junta, haciendo pleno uso de toda la información de que ya disponga el BCE, incluida la información reunida por los miembros del SEBC de conformidad con sus estatutos, o de toda la información de que dispongan las autoridades nacionales competentes, la JERS, la ABE, la AEVM o la AESPJ, podrá exigir a las siguientes personas físicas o jurídicas, a través de las autoridades nacionales de resolución o directamente, tras haber informado a dichas autoridades, que le faciliten toda la información necesaria, de conformidad con el procedimiento solicitado por la Junta y en la forma en que esta lo solicite, para el desempeño de sus funciones:»;

b)  los apartados 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente:"

«5. La Junta, el BCE, los miembros del SEBC, las autoridades nacionales competentes, la JERS, la ABE, la AEVM, la AESPJ y las autoridades nacionales de resolución podrán preparar memorandos de entendimiento en los que se establezca un procedimiento que regule el intercambio de información. El intercambio de información entre la Junta, el BCE y otros miembros del SEBC, las autoridades nacionales competentes, la JERS, la ABE, la AEVM o la AESPJ y las autoridades nacionales de resolución no se considerará una vulneración de los requisitos del secreto profesional.

6.  Las autoridades nacionales competentes, el BCE, los miembros del SEBC, la JERS, la ABE, la AEVM, la AESPJ y las autoridades nacionales de resolución cooperarán con la Junta para verificar si, en el momento en que se presente la solicitud, se dispone ya de la información solicitada o de parte de ella. Cuando se disponga de dicha información, las autoridades nacionales competentes, el BCE y otros miembros del SEBC, la JERS, la ABE, la AEVM, la AESPJ o las autoridades nacionales de resolución facilitarán dicha información a la Junta.».

30)  En el artículo 43, apartado 1, se inserta la letra a bis) siguiente:"

«a bis) el Vicepresidente, nombrado de conformidad con el artículo 56;».

30 bis)  El artículo 45 queda modificado como sigue:

a)  el título se sustituye por el texto siguiente:"

«Transparencia y rendición de cuentas»;

b)  se inserta el apartado siguiente:"

«3 bis. La Junta publicará sus políticas, directrices, instrucciones generales, notas orientativas y documentos de trabajo del personal sobre la resolución en general y sobre las prácticas y metodologías de resolución que deben aplicarse en el marco del Mecanismo Único de Resolución, siempre que dicha publicación no implique la divulgación de información confidencial.».

31)  En el artículo 50, apartado 1, la letra n) se sustituye por el texto siguiente:"

«n) nombrará a un contable y a un auditor interno, sujeto al Estatuto de los funcionarios y al régimen aplicable a los otros agentes, que serán funcionalmente independientes en el desempeño de sus obligaciones;».

31 bis)  En el artículo 50, apartado 1, se añade la letra siguiente:"

«q bis) garantizará que se consulte a las autoridades nacionales de resolución sobre las directrices, instrucciones generales, políticas u notas orientativas que establezcan políticas, prácticas o metodologías de resolución que dichas autoridades nacionales de resolución contribuirán a aplicar.».

32)  El artículo 53 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, la primera frase se sustituye por el texto siguiente:"

«La Junta en sesión ejecutiva estará compuesta por el Presidente, el Vicepresidente y los cuatro miembros a que se refiere el artículo 43, apartado 1, letra b).»;

b)  en el apartado 5, los términos «artículo 43, apartado 1, letras a) y b)» se sustituyen por los términos «artículo 43, apartado 1, letras a), a bis) y b)».

33)  En el artículo 55, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:"

«1. Cuando deliberen sobre un ente individual o un grupo establecido únicamente en un Estado miembro participante, si todos los miembros a los que se refiere el artículo 53, apartados 1 y 3, no logran llegar a un acuerdo conjunto por consenso en un plazo fijado por el Presidente, el Presidente, el Vicepresidente y los miembros a los que se refiere el artículo 43, apartado 1, letra b), tomarán una decisión por mayoría simple.

2.  Cuando deliberen sobre un grupo transfronterizo, si todos los miembros a los que se refiere el artículo 53, apartados 1 y 4, no logran llegar a un acuerdo conjunto por consenso en un plazo fijado por el Presidente, el Presidente, el Vicepresidente y los miembros a los que se refiere el artículo 43, apartado 1, letra b), tomarán una decisión por mayoría simple.».

34)  El artículo 56 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 2, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:"

«d) el establecimiento de un anteproyecto de presupuesto y un proyecto de presupuesto de la Junta, de conformidad con el artículo 61, y la ejecución del presupuesto de la Junta, de conformidad con el artículo 63;»;

b)  en el apartado 5, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:"

«El mandato del Presidente, el Vicepresidente y los miembros a los que se refiere el artículo 43, apartado 1, letra b), será de cinco años. ▌

Las personas que hayan ejercido ▌como Presidente, Vicepresidente o miembro a que se refiere el artículo 43, apartado 1, letra b), no podrán ser nombradas para ninguno de los otros dos puestos.».

c)  ▌el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

▌"

«6. Tras oír a la Junta, en sesión plenaria, la Comisión facilitará al Parlamento Europeo una lista restringida con paridad de género de candidatos para los cargos de Presidente, Vicepresidente y miembros a los que se refiere el artículo 43, apartado 1, letra b), e informará al Consejo sobre la lista restringida. El Parlamento Europeo podrá celebrar audiencias de los candidatos incluidos en dicha lista. De acuerdo con el resultado en el Parlamento Europeo, la Comisión presentará una propuesta para el nombramiento del Presidente, el Vicepresidente y los miembros a los que se refiere el artículo 43, apartado 1, letra b), al Parlamento Europeo para su aprobación. Tras la aprobación de esta propuesta, el Consejo adoptará una decisión de ejecución para nombrar al Presidente, al Vicepresidente y a los miembros a los que se refiere el artículo 43, apartado 1, letra b). El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada.»;

▌

e)  en el apartado 7, la última frase se sustituye por el texto siguiente:"

«El Presidente, el Vicepresidente y los miembros a los que se refiere el artículo 43, apartado 1, letra b), permanecerán en el cargo hasta que sus sucesores sean nombrados y hayan asumido sus funciones de conformidad con la decisión del Consejo a que se refiere el apartado 6 del presente artículo.»;

e bis)  se suprime el apartado 8.

35)  El artículo 61 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 61

Elaboración del presupuesto

1.  A más tardar el 31 de marzo de cada año, el Presidente elaborará un anteproyecto de presupuesto de la Junta, que incluirá un estado de previsiones de ingresos y gastos de la Junta para el ejercicio siguiente, junto con la plantilla de personal para el ejercicio siguiente, y lo presentará a la Junta en sesión plenaria.

Cuando sea necesario, la Junta, en sesión plenaria, ajustará el anteproyecto de presupuesto de la Junta junto con el proyecto de plantilla de personal.

2.  Sobre la base del anteproyecto de presupuesto aprobado por la Junta en sesión plenaria, el Presidente elaborará un proyecto de presupuesto de la Junta y lo presentará a esta en sesión plenaria para su adopción.

Antes del 30 de noviembre de cada año, la Junta, en sesión plenaria, ajustará el proyecto de presupuesto presentado por el Presidente, si es necesario, y adoptará el presupuesto definitivo de la Junta así como la plantilla de personal.».

35 bis)  En el artículo 62, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. Incumbirá a la Junta la responsabilidad de adoptar en su sesión plenaria normas de control interno e implantar sistemas y procedimientos de control interno adaptados a la ejecución de las funciones del auditor interno.».

36)  En el artículo 69, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

«4. Si, pasado el período inicial contemplado en el apartado 1, los recursos financieros disponibles cayeran por debajo del nivel fijado como objetivo en dicho apartado, se recaudarán las aportaciones ordinarias calculadas de conformidad con el artículo 70 hasta alcanzar dicho nivel. La Junta podrá aplazar la recaudación de las aportaciones ordinarias percibidas de conformidad con el artículo 70 durante un máximo de tres años para asegurar que el importe que deba recaudarse alcance un importe que sea proporcional a los costes del proceso de recaudación, siempre que dicho aplazamiento no afecte sustancialmente a la capacidad de la Junta para utilizar el Fondo de conformidad con la sección 3. Una vez que se haya alcanzado por primera vez el nivel fijado como objetivo, si los recursos financieros disponibles se han reducido posteriormente a menos de dos tercios del nivel fijado como objetivo, esas aportaciones se fijarán a un nivel que permita alcanzar el nivel fijado como objetivo en un plazo de cuatro años.».

37)  El artículo 70 se modifica como sigue:

a)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. Los recursos financieros disponibles que se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel fijado como objetivo especificado en el artículo 69 podrán incluir compromisos de pago irrevocables íntegramente garantizados por activos de bajo riesgo libres de cargas por derechos de terceros, de libre disposición y asignados para el uso exclusivo de la Junta para los fines especificados en el artículo 76, apartado 1. La parte de dichos compromisos de pago irrevocables no superará el 30 % del importe total de las aportaciones recaudadas de conformidad con el presente artículo. Dentro de ese límite, la Junta determinará anualmente la parte de los compromisos de pago irrevocables en el importe total de las aportaciones que deban recaudarse de conformidad con el presente artículo.»;

b)  se inserta el apartado 3 bis siguiente:"

«3 bis. La Junta recurrirá a los compromisos de pago irrevocables contraídos con arreglo al apartado 3 del presente artículo cuando sea necesario utilizar el Fondo de conformidad con el artículo 76.

Cuando una entidad o un ente deje de estar incluido en el ámbito de aplicación del artículo 2 y ya no esté sujeto a la obligación de pagar aportaciones de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, la Junta recurrirá a los compromisos de pago irrevocables contraídos con arreglo al apartado 3 y aún pendientes de pago. Si la aportación vinculada al compromiso de pago irrevocable se abona debidamente al primer requerimiento, la Junta cancelará el compromiso y devolverá la garantía real. Si la aportación no se abona debidamente al primer requerimiento, la Junta ejecutará la garantía y cancelará el compromiso.».

38)  En el artículo 71, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:"

«El importe total de las aportaciones ex post extraordinarias anuales no superará el triple del 12,5 % del nivel objetivo.».

39)  En el artículo 74, se inserta el apartado siguiente:"

«La Junta informará a la Comisión y al BCE tan pronto como considere que puede ser necesario activar los mecanismos financieros contratados en nombre del Fondo de conformidad con el presente artículo, y proporcionará a la Comisión y al BCE toda la información que sea necesaria para el desempeño de sus funciones en relación con dichos mecanismos financieros.».

40)  El artículo 76 se modifica como sigue:

a)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. Cuando la Junta determine que es probable que la utilización del Fondo para los fines a que se refiere el apartado 1 del presente artículo dé lugar a que parte de las pérdidas de un ente contemplado en el artículo 2 sea transferida al Fondo, se aplicarán los principios que rigen el uso del Fondo recogidos en el artículo 27.»;

b)  se añaden los apartados 5 y 6 siguientes:"

«5. Cuando los instrumentos de resolución a que se refiere el artículo 22, apartado 2, letras a) o b), se utilicen para transmitir solo una parte de los activos, los derechos o los pasivos de la entidad objeto de resolución, la Junta tendrá un crédito frente al ente residual por cualquier gasto y pérdida que haya sufrido el Fondo como consecuencia de las aportaciones realizadas a la resolución con arreglo a los apartados 1 y 2 del presente artículo en relación con las pérdidas que de otro modo habrían soportado los acreedores.

6.  Los créditos de la Junta a que se refieren el apartado 5 del presente artículo y el artículo 22, apartado 6, tendrán, en cada Estado miembro participante, el mismo orden de prelación que los créditos de los mecanismos nacionales de financiación de la resolución en el Derecho nacional de ese Estado miembro que regule los procedimientos de insolvencia ordinarios de conformidad con el artículo 108, apartado 9, de la Directiva 2014/59/UE.».

41)  El artículo 79 se modifica como sigue:

a)  los apartados 1, 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:"

«1. Los Estados miembros participantes se asegurarán de que, cuando la Junta adopte una medida de resolución con respecto a una entidad de crédito, y siempre que esa medida garantice a los depositantes de depósitos con cobertura y a las personas físicas y las microempresas y las pequeñas y medianas empresas titulares de depósitos admisibles la continuidad del acceso a sus depósitos, para impedir que dichos depositantes soporten pérdidas, el sistema de garantía de depósitos al que esté afiliada esa entidad de crédito contribuirá a los efectos y en las condiciones establecidos en el artículo 109 de la Directiva 2014/59/UE.

2.  La Junta determinará, en estrecha colaboración con el sistema de garantía de depósitos, el importe de la contribución del sistema de garantía de depósitos de conformidad con el apartado 1, previa consulta al sistema de garantía de depósitos y, si es necesario, a la autoridad designada en el sentido del artículo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/49/UE, sobre el coste estimado de reembolsar a los depositantes de conformidad con el artículo 11 sexies de la Directiva 2014/49/UE y de conformidad con las condiciones a que se refiere el artículo 20 del presente Reglamento.

3.  La Junta notificará su decisión a que se refiere el párrafo primero a la autoridad designada en el sentido del artículo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/49/UE y al sistema de garantía de depósitos al que esté afiliada la entidad. El sistema de garantía de depósitos ejecutará dicha decisión sin demora.»;

b)  en el apartado 5, se suprimen los párrafos segundo y tercero.

41 bis)  Se insertan los artículos siguientes:"

«Artículo 79 bis

Información sobre liquidez en las resoluciones

A más tardar el 31 de diciembre de 2024, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la cuestión de la «liquidez en las resoluciones».

El informe examinará si una falta temporal de liquidez tras la recapitalización de una entidad en resolución se debe, entre otras cosas, a la falta de un instrumento en el conjunto de instrumentos de resolución, y examinará las formas más eficientes de abordar la falta temporal de liquidez, teniendo en cuenta las prácticas en otras jurisdicciones. El informe presentará opciones de actuación concretas.

Artículo 79 ter

A más tardar el 31 de diciembre de 2026, en el contexto de la reanudación de los debates sobre la unión bancaria, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la eficacia y el alcance del mecanismo interno de transferencia de pérdidas dentro de grupos de resolución resultante de la reforma del marco de gestión de crisis bancarias y garantía de depósitos.

En particular, el informe hará balance del alcance de la resolución, el nivel de cumplimiento de los objetivos por lo que respecta al MREL interno y las condiciones para acceder a las redes de seguridad financiadas por el sector, en especial el Fondo.».

42)  En el artículo 85, apartado 3, los términos «contempladas en» se sustituyen por los términos «adoptadas de conformidad con».

43)  En el artículo 88 se añade el apartado 7 siguiente:"

«7. El presente artículo no impedirá que la Junta divulgue sus análisis o evaluaciones, incluso cuando estén basados en información facilitada por los entes a que se refiere el artículo 2 u otras autoridades a que se refiere el apartado 6 del presente artículo, cuando la Junta considere que la divulgación no perjudicaría a la protección del interés público por lo que respecta a la política financiera, monetaria o económica y que la divulgación reviste un interés público que prevalece sobre cualquier otro interés contemplado en el apartado 5 del presente artículo. Dicha divulgación se considerará realizada por la Junta en el ejercicio de sus funciones en virtud del presente Reglamento a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.».

43 bis)  En el artículo 94, apartado 1, se inserta la letra siguiente:"

«a bis) la interacción entre el marco vigente y el establecimiento del Sistema Europeo de Seguro de Depósitos;».

Artículo 2

Entrada en vigor y aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del… [OP: insértese la fecha correspondiente a 12 meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo].

No obstante, el artículo 1, punto 1, letra a), puntos 2 y 3, punto 4, letra a), punto 5, letras a) y b) y punto 5, letra c), incisos i) y ii), punto 6, letra a), punto 7, punto 13, letra a), inciso i), y punto 13, letra b), punto 14, letras a), b) y d), punto 19, letras d) y e), punto 21, punto 23, letra a), inciso i), primer guion, punto 23, letras b) y d), puntos 25 a 35, y los puntos 39, 42 y 43 serán aplicables a partir del ... [OP: insértese la fecha correspondiente a 1 mes a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en …, el…

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta [La Presidenta/El Presidente]

(1) DO C 307 de 31.8.2023, p. 19. (2) DO C 349 de 29.9.2023, p. 161. (3) * Los cambios introducidos en el texto son el resultado de la aprobación de la enmienda 1. El texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el símbolo ▌. (4) DO C 0 de 0.0.0000, p. 0. (5) DO C 0 de 0.0.0000, p. 0. (6) Consejo de Estabilidad Financiera, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 15 de octubre de 2014. (7) Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190). (8) Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 225 de 30.7.2014, p. 1). (9) Reglamento Delegado (UE) 2021/1118 de la Comisión, de 26 de marzo de 2021, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la metodología que deben utilizar las autoridades de resolución para estimar el requisito a que se refiere el artículo 104 bis de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y los requisitos combinados de colchón para las entidades de resolución a nivel del grupo de resolución consolidado cuando el grupo de resolución no esté sujeto a dichos requisitos en virtud de dicha Directiva (DO L 241 de 8.7.2021, p. 1). (10) Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1). (11) Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que se refiere a la ratio de apalancamiento, la ratio de financiación estable neta, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de información, y el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 150 de 7.6.2019, p. 1). (12) Reglamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 806/2014 en lo que se refiere a la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de crédito y las empresas de inversión (DO L 150 de 7.6.2019, p. 226). (13) Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así como la Directiva 98/26/CE (DO L 150 de 7.6.2019, p. 296). (14) Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63). (15) Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12). (16) COM(2018)0133. (17) COM(2020)0822. (18) Reglamento (CE) n.º 1126/2008 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 320 de 29.11.2008, p. 1). (19) Reglamento (CE) n.º 2533/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo (DO L 318 de 27.11.1998, p. 8). (20) Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2024, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en lo que respecta a las medidas de actuación temprana, las condiciones de resolución y la financiación de las medidas de resolución (COM(2023)0227 – C9-0135/2023 – 2023/0112(COD))

P9_TA(2024)0327 A9-0153/2024

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2023)0227),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0135/2023),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Banco Central Europeo de 5 de julio de 2023(1),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 13 de julio de 2023(2),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9‑0153/2024),

1.  Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2024 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en lo que respecta a las medidas de actuación temprana, las condiciones de resolución y la financiación de las medidas de resolución(3)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo(4),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(5),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)  El marco de resolución de la Unión para las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión (en lo sucesivo, «entidades») se estableció tras la crisis financiera mundial de 2008 y 2009 y a raíz de la publicación del documento «Atributos fundamentales de los regímenes eficaces de resolución de entidades financieras»(6) por parte del Consejo de Estabilidad Financiera, refrendado internacionalmente. El marco de resolución de la Unión consiste en la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(7) y el Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(8). Ambas normas se aplican a las entidades establecidas en la Unión, y a toda sociedad o ente que entre en el ámbito de aplicación de dicha Directiva o dicho Reglamento (en lo sucesivo, «sociedades»). El marco de resolución de la Unión tiene por objeto hacer frente de manera ordenada a la inviabilidad de entidades y sociedades preservando las funciones esenciales de estas y evitando amenazas para la estabilidad financiera, protegiendo al mismo tiempo a los depositantes y los fondos públicos. Además, el marco de resolución de la Unión pretende fomentar el desarrollo del mercado interior bancario mediante la creación de un régimen armonizado para hacer frente a las crisis transfronterizas de manera coordinada y evitar problemas de distorsión de la competencia y riesgos de desigualdad de trato.

(2)  Tras varios años de aplicación, el marco de resolución de la Unión actualmente aplicable no cumple lo previsto con respecto a algunos de esos objetivos. En particular, si bien las entidades y sociedades han realizado avances significativos hacia la resolubilidad y han dedicado recursos significativos a tal fin, en particular mediante la creación de la capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización y la cumplimentación de los mecanismos de financiación de la resolución, rara vez se recurre al marco de resolución de la Unión. En cambio, la inviabilidad de determinadas entidades y sociedades medianas y más pequeñas se abordan principalmente a través de medidas nacionales no armonizadas. Lamentablemente, se sigue utilizando el dinero del contribuyente en lugar de las redes de seguridad financiadas por el sector, incluidos los mecanismos de financiación de la resolución. Esta situación parece deberse a incentivos inadecuados. Estos incentivos inadecuados se derivan de la interacción del marco de resolución de la Unión con las normas nacionales, en la que el amplio margen de apreciación en la evaluación del interés público no siempre se ejerce de manera que refleje cómo se pretendía aplicar el marco de resolución de la Unión. Al mismo tiempo, el marco de resolución de la Unión ha sido poco utilizado debido a los riesgos de asumir pérdidas para los depositantes de las entidades que se financian en su mayor parte con depósitos, a fin de garantizar que dichas entidades puedan acceder a financiación externa en el marco de la resolución, en particular en ausencia de otros pasivos susceptibles de recapitalización interna. Por último, el hecho de que existan normas menos estrictas sobre el acceso a la financiación al margen de la resolución ha desalentado la aplicación del marco de resolución de la Unión en favor de otras soluciones, que a menudo implican el uso del dinero de los contribuyentes en lugar de los recursos propios de la entidad y sociedad o de las redes de seguridad financiadas por el sector. Esta situación, a su vez, genera riesgos de fragmentación, riesgos de resultados por debajo del nivel óptimo en la gestión de las inviabilidades de las entidades y sociedades, en particular en el caso de las entidades y sociedades medianas y más pequeñas, y costes de oportunidad derivados de los recursos financieros no utilizados. Por consiguiente, es necesario garantizar una aplicación más eficaz y coherente del marco de resolución de la Unión y velar por que pueda aplicarse cuando ello redunde en el interés público, también en el caso de determinadas entidades medianas y más pequeñas ▌.

(2 bis)  El objetivo de la revisión de la Directiva 2014/59/UE es salvaguardar mejor el dinero de los contribuyentes y establecer nuevos mecanismos sistémicos para entidades y sociedades no cubiertas por el marco de resolución existente. Dicho marco tiene por objeto restringir la carga económica que pesa sobre la sociedad reduciendo los costes globales asociados a las quiebras bancarias. La introducción de un marco revisado debería permitir reducir significativamente el uso del dinero de los contribuyentes a fin de garantizar que el mecanismo de financiación de la resolución se utilice con más frecuencia y eficacia.

(3)  La intensidad y el nivel de detalle del trabajo de planificación de la resolución necesario con respecto a las filiales que no hayan sido identificadas como entidades de resolución varían en función del tamaño y el perfil de riesgo de las entidades y sociedades afectadas, de la presencia de funciones esenciales y de la estrategia de resolución de grupo. Por consiguiente, las autoridades de resolución deben poder tener en cuenta esos factores a la hora de determinar las medidas que deben adoptarse con respecto a dichas filiales y seguir un método simplificado cuando proceda.

(3 bis)  Uno de los objetivos principales de la presente Directiva de modificación es introducir un enfoque actualizado con vistas a facultar a las autoridades para gestionar eficazmente la posible quiebra de determinados bancos o de un grupo de bancos. Este enfoque debe promover la transparencia y la previsibilidad, minimizando al mismo tiempo las consecuencias económicas adversas. Por otro lado, debe respetar el principio general de recapitalización interna estipulado en la Directiva 2014/59/UE, al tiempo que mantener la viabilidad práctica de gestionar la quiebra de bancos medianos.

(4)  Una entidad o sociedad que esté siendo objeto de liquidación con arreglo al Derecho nacional, tras la determinación de que la entidad o sociedad es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser y la conclusión por parte de la autoridad de resolución de que su resolución no es de interés público, se dirige en última instancia hacia la salida del mercado. Esto implica que no es necesario un plan de medidas en caso de inviabilidad, independientemente de si la autoridad competente ya ha revocado la autorización de la entidad o sociedad de que se trate. Lo mismo se aplica a una entidad residual objeto de resolución tras la transmisión de activos, derechos y pasivos en el contexto de una estrategia de transmisión. Procede, por tanto, especificar que, en tales situaciones, no es necesaria la adopción de planes de resolución.

(5)  Actualmente, las autoridades de resolución pueden prohibir determinadas distribuciones cuando una entidad o sociedad incumpla los requisitos combinados de colchón de capital, evaluados en conjunción con el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles («MREL»). No obstante, en determinadas situaciones, una entidad o sociedad podría estar obligada a cumplir el MREL sobre una base diferente de aquella sobre la que dicha entidad o sociedad está obligada a cumplir los requisitos combinados de colchón. Esta situación genera incertidumbre en cuanto a las condiciones para el ejercicio de las facultades de las autoridades de resolución de prohibir las distribuciones y para el cálculo del importe máximo distribuible relacionado con el MREL. Por lo tanto, debe establecerse que, en tales casos, las autoridades de resolución deben ejercer la facultad de prohibir determinadas distribuciones sobre la base de la estimación de los requisitos combinados de colchón resultantes del Reglamento Delegado (UE) 2021/1118 de la Comisión(9). Para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica, las autoridades de resolución deben comunicar los requisitos combinados de colchón estimados a la entidad o sociedad, que a continuación debe hacerlos públicos.

(6)  Se crearon medidas de actuación temprana para permitir a las autoridades competentes corregir el deterioro de la situación financiera y económica de una entidad o sociedad y reducir, en la medida de lo posible, el riesgo y la incidencia de una posible resolución. Sin embargo, debido a la falta de certeza sobre los umbrales para la aplicación de esas medidas de actuación temprana y a los solapamientos parciales con las medidas de supervisión, rara vez se han utilizado medidas de actuación temprana. Por consiguiente, deben simplificarse y especificarse las condiciones para la aplicación de dichas medidas de actuación temprana. A fin de disipar las incertidumbres sobre las condiciones y el calendario para el cese del órgano de dirección y el nombramiento de administradores temporales, estas medidas deben determinarse explícitamente como medidas de actuación temprana y su aplicación debe estar sujeta a los mismos umbrales. Al mismo tiempo, debe exigirse a las autoridades competentes que seleccionen las medidas adecuadas para hacer frente a una situación específica de conformidad con el principio de proporcionalidad. Para que las autoridades competentes puedan tener en cuenta los riesgos para la reputación o los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales o con las tecnologías de la información y la comunicación, las autoridades competentes deben evaluar las condiciones para la aplicación de medidas de actuación temprana no solo sobre la base de indicadores cuantitativos, como los requisitos de capital o liquidez, el nivel de apalancamiento, la mora o la concentración de exposiciones, sino también sobre la base de umbrales cualitativos.

(7)  Para mejorar la seguridad jurídica, deben suprimirse las medidas de actuación temprana establecidas en la Directiva 2014/59/UE que se solapan con las facultades ya existentes en virtud del marco prudencial establecido en la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(10) y en la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo(11). Además, es necesario garantizar que las autoridades de resolución puedan prepararse para la posible resolución de una entidad o sociedad. Por consiguiente, la autoridad competente debe informar a las autoridades de resolución del deterioro de la situación financiera de una entidad o sociedad con suficiente antelación, y las autoridades de resolución deben tener las facultades necesarias para la aplicación de medidas preparatorias. Es importante señalar que, para que las autoridades de resolución puedan reaccionar lo más rápidamente posible a un deterioro de la situación de una entidad o sociedad, la aplicación previa de medidas de actuación temprana no debe ser una condición para que la autoridad de resolución tome medidas para la venta de la entidad o sociedad o solicite información para actualizar el plan de resolución y preparar la valoración. Para garantizar una reacción coherente, coordinada, eficaz y oportuna al deterioro de la situación financiera de una entidad o sociedad y prepararse adecuadamente para una posible resolución, es necesario mejorar la interacción y la coordinación entre las autoridades competentes y las autoridades de resolución. Tan pronto como una entidad o sociedad cumpla las condiciones para la aplicación de medidas de actuación temprana, las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben aumentar sus intercambios de información, incluida la información provisional, y supervisar conjuntamente la situación financiera de la entidad o sociedad.

(8)  Es necesario garantizar una acción oportuna y una coordinación temprana entre la autoridad competente y la autoridad de resolución cuando una entidad o sociedad siga siendo motivo de preocupación y exista un riesgo importante de que la entidad o sociedad no sea viable. Por consiguiente, la autoridad competente debe notificar dicho riesgo a la autoridad de resolución lo antes posible. Dicha notificación debe contener los motivos de la evaluación de la autoridad competente y una visión general de las medidas alternativas del sector privado, las medidas de supervisión o las medidas de actuación temprana disponibles para evitar la inviabilidad de la entidad o sociedad en un plazo razonable. Dicha notificación temprana debe entenderse sin perjuicio de los procedimientos para determinar si se cumplen las condiciones para la resolución. La notificación previa a la autoridad de resolución por parte de la autoridad competente de que existe un riesgo material de que una entidad o sociedad sea inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser no debe ser una condición para la posterior determinación de que la entidad o sociedad es realmente inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser. Además, si en una fase posterior se considera que la entidad o sociedad es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser y no existen soluciones alternativas para evitar tal inviabilidad en un plazo razonable, la autoridad de resolución debe tomar una decisión sobre la adopción de una medida de resolución. En tal caso, la oportunidad de la decisión de aplicar una medida de resolución a una entidad o sociedad puede ser fundamental para la aplicación satisfactoria de la estrategia de resolución, en particular porque una intervención temprana en la entidad o sociedad puede contribuir a garantizar niveles suficientes de capacidad de absorción de pérdidas y liquidez para ejecutar dicha estrategia. Procede, por tanto, permitir a la autoridad de resolución evaluar, en estrecha cooperación con la autoridad competente, lo que constituye un plazo razonable para aplicar medidas alternativas a fin de evitar la inviabilidad de la entidad o sociedad. Al llevar a cabo dicha evaluación, también debe tenerse en cuenta la necesidad de preservar la capacidad de la autoridad de resolución y de la sociedad de que se trate para aplicar eficazmente la estrategia de resolución cuando sea necesario en última instancia, pero no debe impedirse la adopción de medidas alternativas. En concreto, el plazo previsto para las medidas alternativas no debe minar la eficacia de una posible aplicación de la estrategia de resolución. Para garantizar un resultado oportuno y permitir a la autoridad de resolución prepararse adecuadamente para la posible resolución de la entidad o sociedad, la autoridad de resolución y la autoridad competente deben reunirse periódicamente, y la autoridad de resolución debe decidir la frecuencia de dichas reuniones teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

(9)  El marco de resolución debe aplicarse potencialmente a cualquier entidad o sociedad, independientemente de su tamaño y su modelo de negocio, si los instrumentos disponibles con arreglo a la legislación nacional no son adecuados para gestionar su inviabilidad. Para garantizar este resultado, deben especificarse los criterios para aplicar la evaluación del interés público a una entidad o sociedad para la que exista la probabilidad de que vaya a ser inviable. A este respecto, es necesario aclarar que, dependiendo de las circunstancias específicas, determinadas funciones de la entidad o sociedad pueden considerarse esenciales aunque su interrupción afecte a la estabilidad financiera o a los servicios esenciales únicamente ▌a nivel regional, en particular cuando la sustituibilidad de las funciones esenciales venga determinada por el mercado geográfico en cuestión.

(9 bis)   Para garantizar que la evaluación de la repercusión a nivel regional pueda basarse en datos disponibles de forma coherente en toda la Unión, el nivel regional debe entenderse con referencia a las unidades territoriales de nivel 1 o nivel 2 de la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (nivel NUTS 1 o 2) en el sentido del Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.(12)

(10)  La evaluación de si la resolución de una entidad o sociedad es de interés público debe reflejar la consideración de que los depositantes están mejor protegidos cuando los fondos del sistema de garantía de depósitos (SGD) se utilizan de manera más eficiente y se minimizan las pérdidas de dichos fondos. Por lo tanto, en la evaluación del interés público, el objetivo de resolución de proteger a los depositantes debe considerarse alcanzado de mejor manera en la resolución si fuera más costoso para el SGD optar por la insolvencia.

(10 bis)  Cuando los marcos nacionales en materia de insolvencia y resolución permitan cumplir eficazmente los objetivos del marco en la misma medida, debe darse preferencia a la opción que minimice el riesgo para los contribuyentes y la economía. Este enfoque garantiza una línea de actuación prudente y responsable, en consonancia con el objetivo primordial de salvaguardar tanto los intereses de los contribuyentes como la estabilidad de la economía en general.

(11)  La evaluación de si la resolución de una entidad o sociedad es de interés público también debe reflejar, en la medida de lo posible, la diferencia entre, por una parte, la financiación proporcionada a través de redes de seguridad financiadas por el sector (los mecanismos de financiación para los procedimientos de resolución o los SGD) y, por otra, la financiación proporcionada por los Estados miembros con cargo a los contribuyentes. La financiación proporcionada por los Estados miembros conlleva un mayor desprecio del riesgo y un menor incentivo para la disciplina de mercado. Por lo tanto, al evaluar el objetivo de minimizar la dependencia de la ayuda financiera pública extraordinaria, las autoridades de resolución deben encontrar preferible la financiación a través de los mecanismos de financiación para los procedimientos de resolución o del SGD, y la financiación a través de una cantidad igual de recursos procedentes del presupuesto de los Estados miembros solo puede llevarse a cabo en circunstancias extraordinarias.

(11 bis)   La ayuda financiera extraordinaria proporcionada por los contribuyentes a las entidades y sociedades solo debe concederse, si se da el caso, para remediar una perturbación grave de la economía de naturaleza excepcional y sistémica, ya que supone una carga significativa para las finanzas públicas y merma las condiciones de competencia equitativas en el mercado interior.

(12)  Para garantizar que los objetivos de resolución se alcancen de la manera más eficiente posible, el resultado de la evaluación del interés público solo debe ser negativo cuando la liquidación de la entidad o sociedad inviable con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios logre los objetivos de resolución de manera más eficiente y no solo en la misma medida que la resolución.

(12 bis)  A la hora de decidir entre resolución y liquidación, debe darse preferencia a la opción que conlleve menos costes globales. En dicha evaluación se tendrán en cuenta diversos costes, incluidos los relacionados con los pagos del sistema de garantía de depósitos, como la duración necesaria para la recuperación de activos y la pérdida de ingresos durante el proceso. En los casos en que las opciones de resolución y liquidación presenten perfiles de costes similares, debe darse preferencia a la opción que conlleve menos riesgos asociados para la economía, teniendo en cuenta las finanzas públicas y el impacto en la estabilidad de la economía.

(13)  Cuando una entidad o sociedad inviable no sea objeto de resolución, debe ser liquidada de conformidad con los procedimientos previstos en la legislación nacional. Estos procedimientos pueden variar sustancialmente de un Estado miembro a otro. Si bien es conveniente permitir suficiente flexibilidad para utilizar los procedimientos nacionales existentes, deben aclararse determinados aspectos para garantizar que las entidades o sociedades afectadas salgan del mercado.

(14)  Debe garantizarse que la autoridad administrativa o judicial nacional pertinente inicie rápidamente un procedimiento con arreglo al Derecho nacional cuando una entidad o sociedad se considere inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser y no sea objeto de resolución. Cuando la legislación nacional permita la liquidación voluntaria de la entidad o sociedad por decisión de los accionistas, dicha opción debe seguir estando disponible. No obstante, debe garantizarse que, a falta de una acción rápida por parte de los accionistas, la autoridad administrativa o judicial nacional pertinente tome medidas.

(15)  También debe establecerse que el resultado final de tales procedimientos sea la salida del mercado de la entidad o sociedad inviable o el cese de sus actividades bancarias. En función de la legislación nacional, este objetivo puede alcanzarse de diferentes maneras, como la venta de la entidad o sociedad o partes de la misma, la venta de activos o pasivos específicos, la liquidación gradual o el cese de sus actividades bancarias, incluidos los pagos y la aceptación de depósitos, con vistas a vender sus activos gradualmente para reembolsar a los acreedores afectados. No obstante, para mejorar la previsibilidad de los procedimientos, dicho resultado debe alcanzarse en un plazo razonable.

(16)  Las autoridades competentes deben estar facultadas para revocar la autorización de una entidad o sociedad basándose únicamente en el hecho de que sea inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser y no sea objeto de resolución. Las autoridades competentes deben poder revocar la autorización para apoyar el objetivo de liquidación de la entidad o sociedad de conformidad con la legislación nacional, en particular en los casos en que los procedimientos disponibles con arreglo a la legislación nacional no puedan iniciarse en el momento en que se determine que la entidad o sociedad es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser, incluidos los casos en que la entidad o sociedad aún no sea insolvente de acuerdo con su balance. A fin de garantizar que pueda alcanzarse el objetivo de la liquidación de la entidad o sociedad, los Estados miembros deben velar por que la revocación de la autorización por parte de la autoridad competente también se incluya entre las posibles condiciones para iniciar al menos uno de los procedimientos disponibles en virtud de la legislación nacional que sean aplicables a las entidades o sociedades inviables o con probabilidad de serlo pero que no sean objeto de resolución.

(17)  A la luz de la experiencia adquirida en la aplicación de la Directiva 2014/59/UE, el Reglamento (UE) n.º 806/2014 y la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(13), es necesario especificar en mayor medida las condiciones en las que pueden concederse excepcionalmente medidas de carácter preventivo que puedan considerarse una ayuda financiera pública extraordinaria. Para minimizar la distorsión de la competencia derivada de las diferencias en la naturaleza de los SGD de la Unión, las intervenciones de los SGD en el marco de las medidas preventivas de conformidad con la Directiva 2014/49/UE que puedan considerarse una ayuda financiera pública extraordinaria deben permitirse excepcionalmente cuando la entidad o sociedad beneficiaria no cumpla ninguna de las condiciones para ser considerada inviable o con probabilidad de serlo. Debe garantizarse que las medidas preventivas se adopten con la suficiente antelación. El Banco Central Europeo (BCE) basa actualmente su consideración de que una entidad o sociedad es solvente, a efectos de la recapitalización cautelar, en una evaluación prospectiva para los doce meses siguientes de si la entidad o sociedad puede cumplir los requisitos de fondos propios establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(14) o en el Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo(15), así como los requisitos de fondos propios adicionales establecidos en la Directiva 2013/36/UE o en la Directiva (UE) 2019/2034. Esta práctica debe establecerse en la Directiva 2014/59/UE. Además, las medidas para proporcionar ayuda por los activos con deterioro de valor, incluidos los instrumentos de gestión de activos o los sistemas de garantía de activos, pueden resultar eficaces y eficientes a la hora de abordar las causas de posibles dificultades financieras a las que se enfrentan las entidades y sociedades y evitar su inviabilidad, por lo que podrían constituir medidas de precaución pertinentes. Por lo tanto, debe especificarse que dichas medidas de precaución pueden adoptar la forma de medidas relativas a los activos con deterioro de valor.

(18)  Para preservar la disciplina de mercado, proteger los fondos públicos y evitar la distorsión de la competencia, las medidas de precaución deben seguir siendo la excepción y aplicarse únicamente para hacer frente a situaciones de perturbación grave del mercado o para preservar la estabilidad financiera, en particular en caso de crisis sistémica. Además, no deben utilizarse medidas de precaución para hacer frente a las pérdidas sufridas o probables. El instrumento más fiable para identificar las pérdidas incurridas o probables es la revisión de la calidad de los activos por parte del BCE, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea, o ABE), creada por el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(16), o las autoridades nacionales competentes. Las autoridades competentes deben utilizar dicha revisión para determinar las pérdidas incurridas o probables cuando dicha revisión pueda llevarse a cabo en un plazo razonable. Cuando esto no sea posible, las autoridades competentes deben identificar las pérdidas incurridas o probables de la manera más fiable posible en las circunstancias imperantes, sobre la base de inspecciones in situ cuando proceda.

(19)  La recapitalización cautelar tiene por objeto apoyar a las entidades y sociedades viables que puedan encontrarse con dificultades temporales en un futuro próximo y evitar que su situación se deteriore aún más. Para evitar que se concedan ayudas públicas a empresas que ya no sean rentables en el momento de la concesión de la ayuda, las medidas de precaución concedidas en forma de adquisición de instrumentos de fondos propios u otros instrumentos de capital o a través de medidas relativas a los activos con deterioro de valor no deben superar el importe necesario para cubrir los déficits de capital identificados en el escenario adverso de una prueba de resistencia o un ejercicio equivalente. Para garantizar que la financiación pública se interrumpe en última instancia, esas medidas de precaución también deben estar limitadas en el tiempo y contener un calendario claro para su finalización (una «estrategia de salida de la medida de apoyo»). Los instrumentos perpetuos, incluido el capital de nivel 1 ordinario, solo deben utilizarse en circunstancias excepcionales y estar sujetos a determinados límites cuantitativos porque, por su naturaleza, no son idóneos para el cumplimiento de la condición de temporalidad.

(20)  Las medidas de precaución deben limitarse al importe que la entidad o sociedad necesitaría para mantener su solvencia en caso de producirse un escenario adverso, según se determine en una prueba de resistencia o en un ejercicio equivalente. En el caso de las medidas de precaución en forma de medidas relativas a los activos con deterioro de valor, la entidad o sociedad receptora debe poder utilizar ese importe para cubrir pérdidas por los activos transmitidos o en combinación con una adquisición de instrumentos de capital, siempre que no se supere el importe total del déficit detectado. También es necesario garantizar que tales medidas de precaución en forma de medidas relativas a los activos con deterioro de valor cumplan las normas vigentes sobre ayudas estatales y las mejores prácticas, que restablezcan la viabilidad a largo plazo de la entidad o sociedad, que las ayudas estatales se limiten al mínimo necesario y que se eviten las distorsiones de la competencia. Por estas razones, en caso de que se adopten medidas de precaución en forma de medidas relativas a los activos con deterioro de valor, las autoridades afectadas deben tener en cuenta las orientaciones específicas, incluidos el Proyecto para las SGA(17) y la Comunicación «Afrontar los préstamos dudosos»(18). Estas medidas de precaución en forma de medidas relativas a los activos con deterioro de valor deben estar siempre sujetas a la primordial condición de temporalidad. Se espera que las garantías públicas concedidas por un período determinado en relación con los activos con deterioro de valor de la entidad o sociedad de que se trate garanticen un mejor cumplimiento de la condición de temporalidad que las transmisiones de dichos activos a una entidad con apoyo público. Para garantizar que las entidades que reciben apoyo cumplen los términos de la medida de apoyo, las autoridades competentes deben solicitar un plan corrector de las entidades que no cumplieron sus compromisos. Cuando una autoridad competente opine que las medidas del plan corrector no pueden lograr la viabilidad a largo plazo de la entidad o cuando esta no cumpla dicho plan, las autoridades pertinentes deben llevar a cabo una evaluación de si la entidad es inviable o tiene probabilidad de serlo, de conformidad con el artículo 32 de la Directiva 2014/59/UE.

(21)  Para cubrir infracciones significativas de los requisitos prudenciales, es necesario especificar en mayor medida las condiciones para determinar que las sociedades de cartera son inviables o es probable que vayan a serlo. Una infracción de estos requisitos por parte de una sociedad de cartera debe ser considerada significativa cuando el tipo y el alcance de dicha infracción sean comparables a una infracción que, de haber sido cometida por una entidad de crédito, habría justificado la revocación de la autorización por parte de la autoridad competente de conformidad con el artículo 18 de la Directiva 2013/36/UE.

(22)  Los Estados miembros podrán tener, con arreglo a su legislación nacional, competencias para suspender las obligaciones de pago o de entrega que puedan incluir depósitos admisibles. Cuando la suspensión de las obligaciones de pago o de entrega no esté directamente relacionada con la situación financiera de la entidad de crédito, los depósitos no podrán estar no disponibles a efectos de la Directiva 2014/49/UE. Como consecuencia de ello, es posible que los depositantes no puedan acceder a sus depósitos durante un período prolongado. Para mantener la confianza de los depositantes en el sector bancario y mantener la estabilidad financiera, los Estados miembros deben velar por que los depositantes tengan acceso a una cantidad diaria procedente de sus depósitos adecuada, a fin de cubrir, en particular, el coste de la vida, en caso de que sus depósitos no sean accesibles debido a una suspensión de pagos por motivos distintos de los que den lugar al pago a los depositantes. Este procedimiento debe seguir siendo excepcional, y los Estados miembros deben garantizar que los depositantes tengan acceso a cantidades diarias adecuadas.

(23)  Para aumentar la seguridad jurídica, y habida cuenta de la posible pertinencia de los pasivos que puedan derivarse de futuros acontecimientos inciertos, como el resultado de litigios pendientes en el momento de la resolución, es necesario establecer qué tratamiento deben recibir dichos pasivos a efectos de la aplicación del instrumento de recapitalización interna. Los principios rectores a este respecto deben ser los establecidos en las normas contables y, en particular, las establecidas en la Norma Internacional de Contabilidad 37 adoptada por el Reglamento (CE) n.º 1126/2008 de la Comisión(19). Sobre esta base, las autoridades de resolución deben distinguir entre provisiones y pasivos contingentes. Las provisiones son pasivos relacionados con una probable salida de fondos y pueden calcularse de forma fiable. Los pasivos contingentes no se reconocen como pasivos contables, ya que se refieren a una obligación que no puede considerarse probable en el momento de la estimación o que no puede estimarse de forma fiable.

(24)  Dado que las provisiones son pasivos contables, debe especificarse que dichas provisiones deben tratarse del mismo modo que otros pasivos. Estas provisiones deben ser susceptibles de recapitalización interna, a menos que cumplan uno de los criterios específicos para ser excluidas del ámbito de aplicación del instrumento de recapitalización. Dada la posible relevancia de dichas provisiones en la resolución y para garantizar la seguridad en la aplicación del instrumento de recapitalización interna, debe especificarse que las provisiones forman parte de los pasivos susceptibles de recapitalización interna y que, en consecuencia, se les aplica el instrumento de recapitalización interna. También debe garantizarse que, tras la aplicación del instrumento de recapitalización interna, dichos pasivos y cualesquiera obligaciones o reclamaciones derivadas de ellos se consideren liberados a todos los efectos. Esto es especialmente pertinente en el caso de los pasivos y obligaciones derivados de demandas judiciales contra la entidad objeto de resolución.

(25)  Según los principios contables, los pasivos contingentes no pueden reconocerse como pasivos y, por tanto, no deben ser susceptibles de recapitalización interna. No obstante, es necesario garantizar que un pasivo contingente que se derivaría de un acontecimiento improbable o que no pueda estimarse de forma fiable en el momento de la resolución no afecte a la eficacia de la estrategia de resolución y, en particular, al instrumento de recapitalización interna. Para alcanzar ese objetivo, el valorador debe, como parte de la valoración a efectos de la resolución, evaluar de la mejor manera posible los pasivos contingentes incluidos en el balance de la entidad objeto de resolución y cuantificar el valor potencial de dichos pasivos. A fin de garantizar que, tras el proceso de resolución, la entidad o sociedad pueda mantener una confianza suficiente de los mercados durante un período de tiempo adecuado, el valorador debe tener en cuenta ese valor potencial a la hora de establecer el importe por el que los pasivos susceptibles de recapitalización interna deben amortizarse o convertirse para restablecer los coeficientes de capital de la entidad objeto de resolución. En particular, la autoridad de resolución debe aplicar sus competencias de conversión a los pasivos susceptibles de recapitalización interna en la medida necesaria para garantizar que la recapitalización de la entidad objeto de resolución sea suficiente para cubrir las posibles pérdidas que puedan derivarse de un pasivo que pueda surgir debido a un acontecimiento improbable. Al evaluar el importe que debe amortizarse o convertirse, la autoridad de resolución debe considerar cuidadosamente el efecto de la pérdida potencial en la entidad objeto de resolución sobre la base de una serie de factores, entre ellos la probabilidad de que el evento se materialice, el plazo para su materialización y el importe del pasivo contingente.

(26)  En determinadas circunstancias, una vez que el mecanismo de financiación de la resolución haya aportado una contribución de hasta el 5 % del total de los pasivos de la entidad o sociedad, incluidos los fondos propios, las autoridades de resolución podrán utilizar fuentes adicionales de financiación para seguir apoyando su medida de resolución. Debe especificarse más claramente en qué circunstancias el mecanismo de financiación de la resolución puede prestar más apoyo cuando todos los pasivos con prioridad inferior a los depósitos que no estén excluidos obligatoria o discrecionalmente de la recapitalización interna hayan sido amortizados o convertidos en su totalidad.

(27)  El Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo(20), el Reglamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo y del Consejo(21) y la Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo(22) aplican en la Unión la «Hoja de condiciones internacional relativa a la capacidad total de absorción de pérdidas», publicada por el Consejo de Estabilidad Financiera el 9 de noviembre de 2015 («norma TLAC»), para los bancos de importancia sistémica mundial, denominados en el Derecho de la Unión entidades de importancia sistémica mundial («EISM»). El Reglamento (UE) 2019/877 y la Directiva (UE) 2019/879 también modificaron el MREL establecido en la Directiva 2014/59/UE y en el Reglamento (UE) n.º 806/2014. Es necesario armonizar las disposiciones de la Directiva 2014/59/UE sobre el MREL con la aplicación de la norma TLAC para las EISM con respecto a determinados pasivos que podrían utilizarse para cumplir la parte del MREL que debe cumplirse con fondos propios y otros pasivos subordinados. En particular, los pasivos que tengan la misma prelación que determinados pasivos excluidos deben incluirse en los fondos propios y los instrumentos subordinados admisibles de las entidades de resolución cuando el importe de dichos pasivos excluidos en el balance de la entidad de resolución no supere el 5 % del importe de los fondos propios y pasivos admisibles de esta y no se deriven de dicha inclusión riesgos relacionados con el principio de evitación de perjuicios suplementarios a los acreedores.

(28)  Las normas para determinar el MREL se centran principalmente en establecer el nivel adecuado del MREL con la premisa de que el instrumento de recapitalización interna es la estrategia de resolución preferida. No obstante, la Directiva 2014/59/UE permite a las autoridades de resolución utilizar otros instrumentos de resolución, a saber, aquellos que conllevan la transmisión de la actividad de la entidad objeto de resolución a un comprador privado o a una entidad puente. Por consiguiente, debe especificarse que, en caso de que el plan de resolución prevea el uso del instrumento de venta del negocio o el instrumento de la entidad puente ▌, independientemente o en combinación con otros instrumentos de resolución, las autoridades de resolución deben determinar el nivel del MREL para la entidad de resolución de que se trate sobre la base de las especificidades de dichos instrumentos de resolución y de las diferentes necesidades de absorción de pérdidas y recapitalización que implican dichos instrumentos.

(29)  El nivel del MREL para las entidades de resolución es la suma del importe de las pérdidas esperadas en la resolución y el importe de recapitalización que permiten a la entidad de resolución seguir cumpliendo las condiciones para su autorización y proseguir sus actividades durante el período adecuado. Algunas estrategias de resolución preferidas implican la transmisión de activos, derechos y pasivos a un receptor ▌, en particular el instrumento de venta del negocio En esos casos, los objetivos perseguidos por el componente de recapitalización podrían no aplicarse en la misma medida, ya que la autoridad de resolución no estará obligada a garantizar que la entidad de resolución restablezca el cumplimiento de sus requisitos de fondos propios tras la medida de resolución. No obstante, en tales casos se espera que las pérdidas superen los requisitos de fondos propios de la entidad de resolución. Procede, por tanto, establecer que el nivel del MREL de dichas entidades de resolución siga incluyendo un importe de recapitalización ajustado de manera proporcionada a la estrategia de resolución.

(30)  Cuando la estrategia de resolución prevea el uso de instrumentos de resolución que no sean exclusivamente la recapitalización interna, las necesidades de recapitalización del ente de que se trate después de la resolución serán en general menores que en caso de recapitalización interna bancaria abierta. La calibración del MERL en tales casos debe tener en cuenta ese aspecto al estimar el requisito de recapitalización. Por consiguiente, al ajustar el nivel del MREL para las entidades de resolución cuyo plan de resolución prevea el instrumento de venta del negocio o el instrumento de la entidad puente ▌, independientemente o en combinación con otros instrumentos de resolución, las autoridades de resolución deben tener en cuenta las características de dichos instrumentos, incluido el perímetro previsto de la transmisión al comprador privado o a la entidad puente, los tipos de instrumentos que se transmitirán, el valor y la capacidad de comercialización esperados de dichos instrumentos y el diseño de la estrategia de resolución preferida, incluido el uso complementario del instrumento de segregación de activos. Dado que la autoridad de resolución debe decidir caso por caso sobre cualquier posible uso en la resolución de fondos de los SGD y que dicha decisión no puede conocerse con certeza ex ante, las autoridades de resolución no deben tener en cuenta la posible contribución del SGD en la resolución a la hora de calibrar el nivel del MREL.

▌

(32)  Existen interacciones entre el marco de resolución y el marco sobre el abuso de mercado. En particular, si bien las medidas adoptadas en la preparación de la resolución pueden considerarse información privilegiada con arreglo al Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(23), su divulgación prematura puede poner en peligro el proceso de resolución. Las entidades objeto de resolución pueden tomar medidas para resolver esta cuestión solicitando un retraso en la divulgación de información privilegiada con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 596/2014. Sin embargo, los incentivos adecuados para que la entidad objeto de resolución tome la iniciativa de presentar tal solicitud pueden no estar siempre presentes en el momento de la preparación de la resolución. Para evitar tales situaciones, las autoridades de resolución deben estar facultadas para solicitar directamente un retraso en la divulgación de información privilegiada con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 596/2014 en nombre de las entidades objeto de resolución.

(33)  Para facilitar la planificación de la resolución, la evaluación de la resolubilidad y el ejercicio de la facultad de abordar o eliminar obstáculos a la resolubilidad, así como para fomentar el intercambio de información, la autoridad de resolución de una entidad con sucursales significativas en otros Estados miembros debe establecer y presidir un colegio de autoridades de resolución.

(34)  Tras el período inicial de constitución de los mecanismos de financiación de la resolución a que se refiere el artículo 102, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE, sus respectivos recursos financieros disponibles podrán sufrir ligeras disminuciones por debajo del nivel fijado como su objetivo, en particular como consecuencia de un aumento de los depósitos garantizados. De este modo, es probable que el importe de las contribuciones ex ante que puedan pedirse en tales circunstancias sea reducido. Por lo tanto, es posible que, en algunos años, el importe de tales contribuciones ex ante deje de ser proporcional al coste de recaudación de dichas contribuciones. Por consiguiente, las autoridades de resolución deben poder aplazar la recaudación de las contribuciones ex ante durante un máximo de tres años hasta que el importe que deba recaudarse alcance un importe proporcional al coste del proceso de recaudación, siempre que dicho aplazamiento no afecte significativamente a la capacidad de las autoridades de resolución para utilizar mecanismos de financiación de la resolución.

(35)  Los compromisos de pago irrevocables son uno de los componentes de los recursos financieros disponibles de los mecanismos de financiación de la resolución. Por lo tanto, es necesario especificar las circunstancias en las que pueden reclamarse dichos compromisos de pago y el procedimiento aplicable al poner fin a los compromisos en caso de que una entidad o sociedad deje de estar sujeta a la obligación de pagar contribuciones a un mecanismo de financiación de la resolución. Además, en aras de una mayor transparencia y seguridad con respecto a la parte que suponen los compromisos de pago irrevocables respecto del importe total de las aportaciones ex ante que deben recaudarse, las autoridades de resolución deben determinar dicha parte sobre una base anual, dentro de los límites aplicables.

(36)  El importe máximo anual de las contribuciones ex post extraordinarias a los mecanismos de financiación de la resolución que se permite solicitar se limita actualmente al triple del importe de las contribuciones ex ante. Tras el período inicial de constitución a que se refiere el artículo 102, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE, estas contribuciones ex ante dependerán únicamente, en circunstancias distintas de la utilización de los mecanismos de financiación de la resolución, de las variaciones en el nivel de los depósitos garantizados y, por lo tanto, probablemente pasarán a ser pequeñas. Basar el importe máximo de las contribuciones ex post extraordinarias en las contribuciones ex ante podría entonces limitar drásticamente la posibilidad de que los mecanismos de financiación de la resolución recauden contribuciones ex post, reduciendo así su capacidad de actuación. Para evitar este resultado, debe establecerse un límite diferente y el importe máximo de las contribuciones extraordinarias ex post que pueda solicitarse debe fijarse en tres octavas partes del nivel objetivo del mecanismo de financiación de la resolución de que se trate.

(37)  La Directiva 2014/59/UE armonizó parcialmente el orden de prelación de los depósitos regulados por las legislaciones nacionales que rigen los procedimientos de insolvencia ordinarios. Dichas normas establecían una prelación de los depósitos de tres niveles, en la que los depósitos garantizados tenían la máxima prioridad, seguidos de los depósitos admisibles de personas físicas y de microempresas y pequeñas y medianas empresas por encima del límite garantizado. Los depósitos restantes, es decir, los de grandes empresas que superen el nivel de cobertura y los depósitos que no puedan ser reembolsados por el SGD, debían tener menor prelación, pero su orden no estaba establecido con mayor detalle. Por último, los derechos y las obligaciones de los SGD se beneficiaban del mismo orden de prelación mayor de los depósitos con cobertura. Sin embargo, esta no ha demostrado ser la solución óptima para la protección de los depositantes. La armonización parcial creó diferencias en el tratamiento de los depositantes restantes entre los Estados miembros, en particular porque un número cada vez mayor de Estados miembros han decidido conceder también una preferencia a nivel legal a los depósitos restantes. Estas diferencias también crearon dificultades a la hora de determinar el escenario hipotético de insolvencia de los grupos transfronterizos durante las valoraciones de resolución. Además, ▌la prelación en tres niveles de los créditos de los depositantes podía crear problemas en relación con el cumplimiento del principio de «evitación de perjuicios suplementarios a los acreedores», especialmente cuando los depósitos cuyo orden de prelación no había sido armonizado por la Directiva 2014/59/UE estaban clasificados en el mismo nivel que los créditos preferentes. Por último, el mayor orden de prelación otorgado a los créditos de los SGD no había permitido que los medios de financiación disponibles de dichos sistemas se utilizaran de manera más eficiente y eficaz en intervenciones distintas del pago de depósitos garantizados en caso de insolvencia, a saber, en el contexto de la resolución, de las medidas alternativas en caso de insolvencia o de las medidas preventivas. La protección de los depósitos garantizados no se basa en el orden de prelación de los créditos del SGD, sino que se garantiza mediante las exclusiones obligatorias de la recapitalización interna en la resolución y el rápido reembolso por parte del SGD en caso de indisponibilidad de depósitos. Por consiguiente, debe modificarse el orden de prelación de los depósitos en la actual jerarquía de los derechos de crédito.

(37 bis)  La modificación del orden de prelación de los acreedores no solo mejora la accesibilidad de los SGD y del Fondo Único de Resolución frente al uso de ayudas públicas, sino que también allana el camino para soluciones más eficaces desde el punto de vista financiero con vistas a la resolución de las entidades financieras. Esto, a su vez, debería reducir los costes para los contribuyentes y promover un uso eficiente de los diferentes instrumentos existentes en el ecosistema financiero de la Unión.

(38)  La prelación de ▌los depósitos debe armonizarse plenamente mediante la aplicación de ▌ un método de dos niveles en virtud del cual ▌ los depósitos de personas físicas y microempresas y pequeñas empresas se beneficien de un orden de prelación mayor que los depósitos admisibles de grandes empresas y administraciones centrales y regionales. Este enfoque escalonado tiene por objeto ofrecer una mayor protección a una amplia gama de depositantes para reflejar así las características únicas de sus depósitos y ofrecer al mismo tiempo la posibilidad de resolución a sociedades no cubiertas por el marco actual. Al mismo tiempo, la utilización de los sistemas de garantía de depósitos en la resolución, la insolvencia y las medidas preventivas siempre debe estar sujeta al cumplimiento de las condiciones pertinentes, en particular la denominada «prueba del menor coste».

▌

(41)  Los cambios en el orden de prioridad de los depósitos ▌no afectarían negativamente a la protección concedida a los depósitos garantizados en caso de inviabilidad, ya que dicha protección seguiría estando garantizada mediante la exclusión obligatoria de los depósitos garantizados de la absorción de pérdidas en caso de resolución y, en última instancia, por el desembolso proporcionado por los SGD en caso de indisponibilidad de los depósitos.

(42)  Los mecanismos de financiación de la resolución pueden utilizarse para apoyar la aplicación del instrumento de venta del negocio o del instrumento de la entidad puente, mediante el cual se transmite a un receptor un conjunto de activos, derechos y pasivos de la entidad objeto de resolución. En ese caso, el mecanismo de financiación de la resolución podrá tener un derecho frente a la entidad o sociedad residual en su posterior liquidación con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Esto puede ocurrir cuando el mecanismo de financiación de la resolución se utilice en relación con las pérdidas que los acreedores habrían soportado de otro modo, incluidas aquellas en forma de garantías sobre activos y pasivos o de cobertura de la diferencia entre los activos y pasivos transmitidos. A fin de garantizar que los accionistas y acreedores que queden en la entidad o sociedad residual absorban efectivamente las pérdidas de la entidad objeto de resolución y mejoren la posibilidad de reembolsos en caso de insolvencia a la red de seguridad específica de la resolución, los créditos del mecanismo de financiación de la resolución frente a la entidad o sociedad residual, así como los créditos derivados de gastos razonables en los que se haya incurrido correctamente, deben tener una prelación en caso de insolvencia por encima de los créditos de depósitos y del SGD. Dado que las compensaciones abonadas a accionistas y acreedores por los mecanismos de financiación de la resolución por incumplimiento del principio de «evitación de perjuicios suplementarios a los acreedores» tienen por objeto compensar los resultados de la medida de resolución, dichas compensaciones no deben dar lugar a reclamaciones de dichos mecanismos.

(43)  Para garantizar una flexibilidad suficiente y facilitar las intervenciones del SGD en apoyo del uso de los instrumentos de resolución, ▌cuando sea necesario para evitar que los depositantes sufraguen pérdidas, deben especificarse determinados aspectos del uso del SGD en la resolución. En particular, es necesario especificar que el SGD puede utilizarse para apoyar operaciones de transferencia que incluyan depósitos, incluidos depósitos admisibles por encima del nivel de cobertura proporcionado por el SGD, así como depósitos excluidos del reembolso por un SGD, en determinados casos y bajo condiciones claras. La contribución del SGD tendrá por objeto cubrir el déficit de valor de los activos transmitidos a un comprador o entidad puente respecto al valor de los depósitos transmitidos. Cuando el comprador exija una contribución como parte de la operación para garantizar su neutralidad del capital y preservar el cumplimiento de los requisitos de capital del comprador, el SGD también debe estar autorizado a contribuir a tal efecto. El apoyo del SGD a la medida de resolución adoptará la forma de efectivo u otras formas, como garantías o acuerdos de reparto de pérdidas, que puedan minimizar el impacto de la ayuda en los recursos financieros disponibles del SGD, permitiendo al mismo tiempo la contribución del SGD y cumplir así sus objetivos.

(44)  La contribución del SGD a la resolución debe estar sujeta a determinados límites. En primer lugar, debe garantizarse que cualquier pérdida que el SGD pueda soportar como consecuencia de una intervención en la resolución no exceda de la pérdida que sufriría en caso de insolvencia si pagara a los depositantes cubiertos y se subrogara en sus créditos sobre los activos de la entidad. Dicho importe debe determinarse sobre la base de la prueba del menor coste, de conformidad con los criterios y la metodología establecidos en la Directiva 2014/49/UE, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, incluido el valor temporal del dinero, así como los retrasos en la recuperación de fondos en los procedimientos de insolvencia. Esos criterios y metodología también deben utilizarse para determinar el tratamiento que el SGD habría recibido si la entidad hubiera aplicado procedimientos de insolvencia ordinarios al realizar la valoración a posteriori a efectos de evaluar el cumplimiento del principio de «evitación de perjuicios suplementarios a los acreedores» y determinar cualquier compensación debida al SGD. En segundo lugar, el importe de la contribución del SGD destinada a cubrir la diferencia entre los activos y pasivos que vayan a transmitirse a un comprador o a una entidad puente no superará la diferencia entre los activos transmitidos y los depósitos y pasivos transmitidos con la misma o mayor prelación en caso de insolvencia que dichos depósitos. Esto garantizaría que la contribución del SGD solo se utilizara para evitar la imposición de pérdidas a los depositantes, cuando proceda, y no para la protección de los acreedores que tengan una prelación inferior a los depósitos en caso de insolvencia. No obstante, la suma de la contribución del SGD para cubrir la diferencia entre los activos y los pasivos más la contribución del SGD a los fondos propios de la entidad beneficiaria no debe superar el coste de reembolso de los depositantes garantizados calculado con arreglo a la prueba del menor coste.

(45)  Debe especificarse que el SGD solo puede contribuir a una transmisión de pasivos distintos de los depósitos garantizados en el contexto de una resolución si la autoridad de resolución concluye que depósitos distintos de los depósitos garantizados no pueden ser objeto de recapitalización interna, ni dejarse en la entidad residual objeto de resolución que vaya a liquidarse. En particular, la autoridad de resolución debe poder evitar la asignación de pérdidas a los depósitos cuando la exclusión sea estrictamente necesaria y proporcionada para preservar la continuidad de las funciones esenciales y las ramas de actividad principales, o cuando sea necesario para evitar un contagio extendido y la inestabilidad financiera, que puedan causar una perturbación grave de la economía de la Unión o de un Estado miembro. Las mismas razones deben aplicarse a la inclusión en la transmisión de pasivos susceptibles de recapitalización interna con un orden de prelación inferior al de los depósitos a un comprador o a una entidad puente. En ese caso, la transmisión de esos pasivos susceptibles de recapitalización interna no debe estar respaldada por la contribución del SGD. Si se requiere ayuda financiera para la transmisión de dichos pasivos susceptibles de recapitalización interna, dicha ayuda debe ser proporcionada por el mecanismo de financiación de la resolución.

(46)  Dada la posibilidad de utilizar los SGD en la resolución, es necesario especificar con mayor detalle la forma en que la contribución del SGD puede contabilizarse a efectos del cálculo de los requisitos para acceder a los mecanismos de financiación de la resolución. Si la contribución realizada por los accionistas y acreedores de la entidad objeto de resolución mediante reducciones, amortización o conversión de sus pasivos, sumada a la contribución realizada por el SGD, asciende como mínimo al 8 % de los pasivos totales de la entidad, incluidos los fondos propios, la entidad debe poder acceder al mecanismo de financiación de la resolución para recibir financiación adicional, cuando sea necesario para garantizar una resolución eficaz en consonancia con los objetivos de la resolución. Si se cumplen estas condiciones, la contribución del SGD se limitará al importe necesario para permitir el acceso al mecanismo de financiación de la resolución, a menos que el importe aportado por el mecanismo de financiación de la resolución supere el límite del 5 % del total de pasivos, incluidos los fondos propios, en cuyo caso el SGD contribuirá proporcionalmente al importe excedentario. Para garantizar que la resolución siga financiándose principalmente con los recursos internos de la entidad y minimizar las distorsiones de la competencia, la posibilidad de utilizar la contribución de los SGD para garantizar el acceso a los mecanismos de financiación de la resolución solo debe ser posible para las entidades para las que el plan de resolución o el plan de resolución de grupo no prevea su liquidación de manera ordenada en caso de inviabilidad, siempre que el MREL determinado por las autoridades de resolución para dichas entidades se haya fijado en un nivel que incluya tanto los importes de absorción de pérdidas como los importes de recapitalización. La posibilidad de utilizar la contribución de los SGD para garantizar el acceso a los mecanismos de financiación de la resolución también debe estar a disposición de las entidades con un historial mínimo de cumplimiento de los requisitos del MREL.

(47)  Habida cuenta del papel de la ABE en el fomento de la convergencia de las prácticas de las autoridades, esta debe supervisar e informar sobre el diseño y la aplicación de las evaluaciones de resolubilidad de las entidades y grupos y sobre las medidas y los preparativos de las autoridades de resolución para garantizar una aplicación efectiva de los instrumentos y las competencias de resolución. En dichos informes, la ABE también debe evaluar el nivel de transparencia de las medidas adoptadas por las autoridades de resolución con respecto a las partes interesadas externas pertinentes y el grado de su contribución a la preparación para la resolución y la resolubilidad de las entidades. Además, la ABE debe informar sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros para la protección de los inversores minoristas en lo que respecta a los instrumentos de deuda que pueden acogerse al MREL de conformidad con la Directiva 2014/59/UE, comparando y evaluando cualquier posible repercusión en las operaciones transfronterizas. El ámbito de aplicación de las normas técnicas de regulación vigentes sobre la estimación de los requisitos de fondos propios adicionales y los requisitos combinados de colchón para las entidades de resolución debe ampliarse para incluir a las sociedades que no hayan sido identificadas como entidades de resolución, cuando dichos requisitos no se hayan establecido sobre la misma base que el MREL. En el informe anual sobre el MREL, la ABE también debe evaluar la aplicación de las nuevas normas para la calibración del MREL en relación con las estrategias de transmisión por parte de las autoridades de resolución. En el contexto de la contribución de la ABE a garantizar un régimen de gestión y resolución de crisis coherente y coordinado en la Unión, la ABE debe coordinar y supervisar los ejercicios de simulación de crisis. Estas simulaciones abarcarán la coordinación y la cooperación entre las autoridades competentes, las autoridades de resolución y los SGD durante el deterioro de la situación financiera de las entidades y sociedades, poniendo a prueba la aplicación del conjunto de instrumentos en la planificación de la reestructuración y la resolución, la actuación temprana y la resolución de manera global. Estos ejercicios deben tener en cuenta, en particular, la dimensión transfronteriza en la interacción entre las autoridades pertinentes y la aplicación de los instrumentos y competencias disponibles. Cuando proceda, los ejercicios de simulación de crisis también deben reflejar la adopción y aplicación de sistemas de resolución dentro de la unión bancaria, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 806/2014.

(48)  Una evaluación de impacto de alta calidad es crucial para el desarrollo de propuestas legislativas sólidas y basadas en datos, ya que los hechos y los datos son fundamentales para fundamentar las decisiones adoptadas durante el procedimiento legislativo. Por este motivo, las autoridades de resolución, las autoridades competentes, la Junta Única de Resolución, el BCE y otros miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales y la ABE deben facilitar a la Comisión, a petición de esta, toda la información que necesite para el desarrollo de sus políticas, incluida la preparación de evaluaciones de impacto y la preparación y negociación de propuestas legislativas.

(49)  Por tanto, procede modificar la Directiva 2014/59/UE en consecuencia.

(50)  Dado que los objetivos de la Directiva, a saber, mejorar la eficacia y la eficiencia del marco de reestructuración y resolución de entidades y sociedades, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros debido a los riesgos que pueden entrañar para la integridad del mercado único la existencia de enfoques nacionales divergentes, sino que, mediante la modificación de normas ya establecidas a escala de la Unión, pueden lograrse mejor a dicha escala, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificaciones de la Directiva 2014/59/UE

La Directiva 2014/59/UE se modifica como sigue:

1)  El artículo 2, apartado 1, se modifica como sigue:

a)  se inserta el punto 29 bis) siguiente:"

«29 bis) “medida alternativa del sector privado”: cualquier ayuda que no pueda considerarse ayuda financiera pública extraordinaria;»;

b)  el punto 35) se sustituye por el texto siguiente:"

«35) “funciones esenciales”: actividades, servicios u operaciones cuyo cese podría, en uno o más Estados miembros, dar lugar a una perturbación de servicios esenciales para la economía real o de la estabilidad financiera, a escala nacional o, cuando sea pertinente, regional debido al tamaño, cuota de mercado, conexiones internas o externas, complejidad o actividad transfronteriza de la entidad o grupo, atendiendo especialmente a la sustituibilidad de dichas actividades, servicios u operaciones. A efecto del presente punto, la escala regional se evaluará por referencia a la unidad territorial correspondiente a las unidades territoriales de nivel 1de la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (nivel NUTS 1) en el sentido del Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo* o al nivel NUTS 2 cuando una perturbación significativa de los servicios a nivel NUTS 2 suponga un riesgo material de crisis sistémica a nivel nacional;

_____________

* Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, p. 1).’;»;

c)  el punto 71) se sustituye por el texto siguiente:"

«71) “pasivos susceptibles de recapitalización interna”: pasivos, también los que den lugar a provisiones contables, e instrumentos de capital no calificados como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 de una entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b, c) o d), y que no están excluidos del ámbito de aplicación del instrumento de recapitalización interna en virtud del artículo 44, apartado 2;»;

d)  se insertan los puntos 83 quinquies) y 83 sexies) siguientes:"

e)  se inserta el punto 93 bis) siguiente:"

«93 bis) “depósito”: a efectos de los artículos 108 y 109, un depósito tal como se define en el artículo 2, apartado 1, punto 3), de la Directiva 2014/49/UE;».

2)  En el artículo 5, los apartados 2, 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:"

«2. Las autoridades competentes se asegurarán de que las entidades actualizan sus planes de recuperación al menos anualmente, o después de un cambio en la estructura jurídica u organizativa de la entidad, sus actividades o su situación financiera que pudiera afectar significativamente al plan de recuperación o que requiera cambios materiales en el mismo. Las autoridades competentes podrán exigir a las entidades que actualicen sus planes de reestructuración con más frecuencia.

En ausencia de los cambios a que se refiere el párrafo primero en los doce meses siguientes a la última actualización anual del plan de recuperación, las autoridades competentes podrán eximir excepcionalmente, hasta el siguiente período de doce meses, de la obligación de actualizar el plan de recuperación. Dicha exención no se concederá por más de dos períodos consecutivos de doce meses.

3.  Los planes de recuperación no presupondrán el acceso a ninguna de las ayudas siguientes:

4.  Los planes de recuperación incluirán un análisis de cómo y cuándo podría la entidad solicitar, si procede y en las condiciones contempladas por el plan, los servicios de bancos centrales que no hayan sido excluidos del ámbito del plan de recuperación de conformidad con el apartado 3, e identificarán los activos que pudieran calificarse como garantías.».

3)  En el artículo 6, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:"

«5. Cuando la autoridad competente concluya que hay deficiencias materiales en el plan de recuperación, o impedimentos materiales para su aplicación, notificará su evaluación a la entidad o a la empresa matriz del grupo y exigirá a la entidad que presente, en el plazo de tres meses, ampliable en un mes previa aprobación de las autoridades, un plan revisado que demuestre cómo se subsanan estas deficiencias o impedimentos.».

4)  En el artículo 8, apartado 2, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:"

«La ABE podrá, a instancias de una autoridad competente, ayudar a las autoridades competentes a alcanzar una decisión conjunta, de conformidad con el artículo 31, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

5)  ▌El artículo 10 se modifica como sigue:

a)  el apartado 7 se modifica como sigue:

i)  se inserta la letra siguiente:"

«a bis) cuando sea pertinente, una descripción detallada de los motivos para determinar que una entidad debe calificarse como entidad de liquidación, incluida una explicación de cómo la autoridad de resolución llegó a la conclusión de que la entidad carece de funciones esenciales;»;

ii)  se inserta la letra siguiente:"

«j bis) una descripción de la manera óptima en que las diferentes estrategias de resolución alcanzarían mejor los objetivos de resolución establecidos en el artículo 31;»;

iii)  se inserta la letra siguiente: "

«p bis) una lista detallada y cuantificada de los depósitos garantizados y los depósitos admisibles de personas físicas y microempresas y pequeñas y medianas empresas;»;

b)  se inserta el apartado 8 bis siguiente:"

«8 bis. Las autoridades de resolución no adoptarán planes de resolución cuando se hayan incoado procedimientos de insolvencia con respecto a una sociedad de conformidad con el artículo 32 ter o cuando sea de aplicación el artículo 37, apartado 6.»;

c)  en el apartado 9, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:"

«La ABE presentará los proyectos de normas técnicas de regulación revisados a la Comisión a más tardar el ... [doce meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa].».

6)  El artículo 12 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, se añaden los párrafos tercero y cuarto siguientes:"

«La determinación de las medidas que deben adoptarse con respecto a las filiales a que se refiere el párrafo primero, letra b), que no sean entidades de resolución podrá estar sujeta a un enfoque simplificado por parte de las autoridades de resolución si dicho enfoque no afecta negativamente a la resolubilidad del grupo, teniendo en cuenta el tamaño de la filial, su perfil de riesgo, la ausencia de funciones esenciales y la estrategia de resolución de grupo.

El plan de resolución de grupo determinará si las entidades de un grupo de resolución diferentes a la entidad de resolución pueden calificarse de entidades de liquidación. Sin perjuicio de otros factores que puedan considerarse pertinentes por parte de las autoridades de resolución, las entidades que proporcionen funciones o servicios esenciales no podrán ser calificadas de entidades de liquidación.»;

a bis)  el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. El plan de resolución de grupo deberá elaborarse a partir de los requisitos establecidos en el artículo 10 y la información facilitada con arreglo al artículo 11.»;

a ter)  en el apartado 3 se inserta la letra siguiente:"

«-a bis) contener una descripción detallada de los motivos para determinar que una entidad de grupo referida en el apartado 1, letras a) y b), debe calificarse como entidad de liquidación, incluida una explicación de cómo la autoridad de resolución llegó a la conclusión de que la entidad carece de funciones esenciales, y cómo se han tenido en cuenta la relación entre su importe total de exposición al riesgo y su beneficio de explotación en el importe total de exposición al riesgo y el beneficio de explotación del grupo, así como el ratio de apalancamiento de la entidad de grupo en el contexto del grupo;»;

b)  Se inserta el apartado 5 bis siguiente:"

«5 bis. Las autoridades de resolución no adoptarán planes de resolución cuando se hayan incoado procedimientos de insolvencia con respecto a una sociedad ▌de conformidad con el artículo 32 ter o cuando sea de aplicación el artículo 37, apartado 6.».

7)  En el artículo 13, apartado 4, el párrafo cuarto se sustituye por el texto siguiente:"

«La ABE, a petición de una autoridad de resolución, podrá ayudar a las autoridades de resolución a llegar a una decisión conjunta, de conformidad con el artículo 31, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

8)  En el artículo 15 se añade el apartado 5 siguiente:"

«5. La ABE supervisará la elaboración de políticas internas y la aplicación de las evaluaciones de resolubilidad de las entidades o grupos previstas en el presente artículo y en el artículo 16 por parte de las autoridades de resolución. La ABE informará a la Comisión sobre las prácticas existentes en materia de evaluaciones de resolubilidad y posibles divergencias entre los Estados miembros a más tardar el... [OP: insértese la fecha correspondiente a 2 años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] y supervisará la aplicación de cualquier recomendación formulada en dicho informe, cuando proceda.

9)  En el artículo 16 bis se añade el apartado 7 siguiente:"

«7. Cuando una entidad no esté sujeta a los requisitos combinados de colchón sobre la misma base que aquella sobre la que está obligada a cumplir los requisitos a que se refieren los artículos 45 quater y 45 quinquies, las autoridades de resolución aplicarán los apartados 1 a 6 del presente artículo sobre la base de la estimación de los requisitos combinados de colchón calculados de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2021/1118 de la Comisión*. Se aplicará el artículo 128, punto cuarto, de la Directiva 2013/36/UE.

La autoridad de resolución incluirá los requisitos combinados de colchón estimados a que se refiere el párrafo primero en la decisión por la que se determinen los requisitos a que se refieren los artículos 45 quater y 45 quinquies de la presente Directiva. La sociedad hará públicos los requisitos combinados de colchón estimados junto con la información a que se refiere el artículo 45 decies, apartado 3.».

______________________________

* Reglamento Delegado (UE) 2021/1118 de la Comisión, de 26 de marzo de 2021, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la metodología que deben utilizar las autoridades de resolución para estimar el requisito a que se refiere el artículo 104 bis de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y los requisitos combinados de colchón para las entidades de resolución a nivel del grupo de resolución consolidado cuando el grupo de resolución no esté sujeto a dichos requisitos en virtud de dicha Directiva (DO L 241 de 8.7.2021, p. 1).

10)  ▌ El artículo 17 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 4, se añade el párrafo tercero siguiente:"

«Si las medidas propuestas por la entidad en cuestión reducen o eliminan efectivamente los obstáculos a la resolubilidad, la autoridad de resolución adoptará una decisión, previa consulta a la autoridad competente. Dicha decisión indicará que las medidas propuestas reducen o eliminan efectivamente los obstáculos a la resolubilidad y exigirá a la entidad que aplique dichas medidas.»;

b)  se añade el apartado siguiente:"

«8 bis. La autoridad de resolución publicará al final de cada ciclo de planificación de la resolución una lista anónima que presente de manera agregada todos los obstáculos identificados, incluidos los obstáculos materiales a la resolubilidad y las medidas pertinentes para abordarlos. Se aplicarán las disposiciones de confidencialidad establecidas en el artículo 84 de la presente Directiva.».

11)  El artículo 18 se modifica como sigue:

a)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

«4. La autoridad de resolución a nivel de grupo comunicará cualquier medida propuesta por la empresa matriz en la Unión al supervisor en base consolidada, a la ABE, a las autoridades de resolución de las filiales, y a las autoridades de resolución de las jurisdicciones en las que estén situadas sucursales significativas respecto de las cuestiones que afecten a dichas sucursales. La autoridad de resolución a nivel de grupo y las autoridades de resolución de las filiales, previa consulta a las autoridades competentes y a las autoridades de resolución de las jurisdicciones en las que estén situadas sucursales significativas, harán cuanto esté en su mano para alcanzar en el colegio de autoridades de resolución una decisión conjunta relativa a la identificación de los obstáculos materiales y, si fuera necesario, a la evaluación de las medidas propuestas por la empresa matriz en la Unión y de las medidas requeridas por las autoridades para abordar o eliminar los obstáculos, que tendrá en cuenta las posibles repercusiones de las medidas de resolución en todos los Estados miembros en los que opere el grupo.»;

b)  el apartado 9 se sustituye por el texto siguiente:"

«9. En ausencia de una decisión conjunta sobre la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 17, apartado 5, letras g), h), o k), la ABE podrá, si lo solicita una autoridad de resolución de acuerdo con los apartados 6, 6 bis o 7 del presente artículo, ayudar a las autoridades de resolución a llegar a un acuerdo, de conformidad con el artículo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

12)  Los artículos 27 y 28 se sustituyen por el texto siguiente:"

«Artículo 27

Medidas de actuación temprana

1.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes consideren sin demora injustificada y, si procede, apliquen rápidamente medidas de actuación temprana cuando una entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), cumpla alguna de las condiciones siguientes:

Cuando se produzca un deterioro significativo de las condiciones, concurran circunstancias adversas o se obtenga información nueva sobre una sociedad, la autoridad competente podrá determinar que se cumple la condición a que se refiere el párrafo primero, letra a), inciso ii), sin haber adoptado previamente otras medidas de subsanación, incluido el ejercicio de las facultades a que se refieren el artículo 104 de la Directiva 2013/36/UE o el artículo 39 de la Directiva (UE) 2019/2034.

A efectos del párrafo primero, letra b), del presente apartado, los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes en virtud de la Directiva 2014/65/UE o el Reglamento (UE) n.º 600/2014 o, en su caso, la autoridad de resolución informe sin demora a la autoridad nacional competente de la infracción o posible infracción.

1 bis.  A efectos del apartado 1, las medidas de actuación temprana incluirán:

2.  Basándose en lo que resulte proporcionado a los objetivos perseguidos, las autoridades competentes elegirán las medidas de actuación temprana adecuadas y oportunas, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción o probable infracción y la rapidez del deterioro de la situación financiera de la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), entre otras informaciones pertinentes.

3.  Para cada una de las medidas a que se refiere el apartado 1 bis, las autoridades competentes fijarán un plazo adecuado para la realización de dicha medida que permita a la autoridad competente evaluar su eficacia.

La evaluación de la medida se llevará a cabo inmediatamente una vez vencido el plazo y se compartirá con la autoridad de resolución. Cuando la evaluación concluya que las medidas no se han aplicado plenamente o que no son eficaces, la autoridad competente evaluará la condición a que se refiere el artículo 32, apartado 1, letra a) tras haber consultado a la autoridad de resolución.

4.  A más tardar el... [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa], la ABE emitirá proyectos de normas técnicas de regulación para promover la aplicación coherente de las condiciones de activación para utilizar las medidas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 28

Sustitución de la alta dirección o del órgano de dirección

A efectos del artículo 27, apartado 1 bis, letra e), los Estados miembros velarán por que la nueva alta dirección o el nuevo órgano de dirección, o los miembros de dichos órganos, sean nombrados de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional y estén sujetos a la aprobación o consentimiento de la autoridad competente.

13)  El artículo 29 se modifica como sigue:

a)  los apartados 1, 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:"

La autoridad competente especificará su elección con arreglo a las letras a) o b) en el momento de la designación del administrador provisional.

A efectos del párrafo primero, letra b), la autoridad competente especificará más detalladamente en el momento de la designación del administrador provisional las obligaciones y las competencias de este, así como la posible necesidad de que el órgano de dirección de la entidad o sociedad consulte al administrador provisional u obtenga su consentimiento antes de adoptar decisiones o medidas específicas.

Los Estados miembros exigirán a la autoridad competente que haga pública la designación de cualquier administrador provisional, excepto cuando este no esté facultado para representar a la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d) o para tomar decisiones en su nombre.

Los Estados miembros velarán además por que todo administrador provisional cumpla los requisitos establecidos en el artículo 91, apartados 1, 2 y 8 de la Directiva 2013/36/UE. La evaluación por parte de las autoridades competentes de si el administrador provisional cumple dichos requisitos formará parte integrante de la decisión de designar a dicho administrador provisional.

2.  La autoridad competente especificará las competencias del administrador provisional en el momento de su designación, basándose en lo que resulte proporcionado a las circunstancias. Tales competencias podrán incluir algunos o todos los poderes del órgano de dirección de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), de acuerdo con los estatutos de esta y con la legislación nacional, incluida la facultad de desempeñar algunas de las funciones administrativas del órgano de dirección de la entidad o sociedad. Las competencias del administrador provisional en relación con la entidad o sociedad serán conformes con el derecho de sociedades aplicable. La autoridad competente podrá ajustar las competencias cuando se produzca un cambio en las circunstancias.

3.  La autoridad competente especificará en el momento de la designación el papel y las funciones del administrador provisional. Dichos papel y funciones podrán incluir:

La autoridad competente especificará en el momento de la designación todo posible límite del papel y las funciones del administrador provisional.»;

b)  en el apartado 5, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:"

«En cualquier caso, el administrador provisional solo podrá ejercer sus competencias para convocar la junta general de accionistas de la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), y fijar los puntos del orden del día previo acuerdo de la autoridad competente.»;

c)  el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:"

«6. A petición de la autoridad competente, el administrador provisional elaborará informes sobre la situación financiera de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), y sobre su actuación durante el transcurso de su mandato, a intervalos establecidos por la autoridad competente, al menos una vez después de los primeros seis meses, y, en cualquier caso, al final de su mandato.»;

c bis)  el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:"

«7. El administrador provisional será designado por un período máximo de un año. Dicho período se podrá renovar, con carácter excepcional, en una ocasión, siempre y cuando sigan cumpliéndose las condiciones para la designación del administrador provisional. La autoridad competente será responsable de determinar si se cumplen dichas condiciones y de justificar su decisión ante los accionistas.».

14)  El artículo 30 se modifica como sigue:

a)  el título se sustituye por el texto siguiente:"

«Coordinación de las medidas de actuación temprana para los grupos»;

b)  los apartados1 a 4 se sustituyen por el texto siguiente:"

«1. Cuando se cumplan las condiciones para la imposición de las medidas de actuación temprana contempladas en el artículo 27, en relación con una empresa matriz de la Unión, el supervisor en base consolidada lo notificará a la ABE y consultará al resto de las autoridades competentes del colegio de supervisión antes de decidir la aplicación de una medida de actuación temprana.

2.  Tras la notificación y la consulta a que se refiere el apartado 1, el supervisor en base consolidada decidirá si aplica medidas de actuación temprana con arreglo al artículo 27 respecto de la empresa matriz de la Unión pertinente, teniendo en cuenta el impacto de dichas medidas en las entidades del grupo en otros Estados miembros. El supervisor en base consolidada notificará la decisión a las demás autoridades competentes del colegio de supervisión y a la ABE.

3.  Cuando se cumplan las condiciones para la imposición de medidas de actuación temprana con arreglo al artículo 27, en relación con una filial de una empresa matriz de la Unión, la autoridad competente responsable de la supervisión con carácter individual que se proponga adoptar una medida de conformidad con dichos artículos lo notificará a la ABE y consultará al supervisor en base consolidada.

Al recibir la notificación, el supervisor en base consolidada podrá evaluar las repercusiones de la imposición de medidas de actuación temprana en virtud del artículo 27 a la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), en cuestión, en el grupo o en las entidades del grupo en otros Estados miembros. El supervisor en base consolidada comunicará esta evaluación a la autoridad competente dentro del plazo de tres días.

Tras dicha notificación y consulta, la autoridad competente decidirá si aplica alguna de las medidas de actuación temprana. La decisión concederá la debida consideración a toda evaluación efectuada por el supervisor en base consolidada. La autoridad competente notificará la decisión a la ABE, al supervisor en base consolidada y a las demás autoridades competentes del colegio de supervisión.

4.  Cuando más de una autoridad competente se proponga aplicar medidas de actuación temprana contempladas en el artículo 27 a más de una entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), del mismo grupo, el supervisor en base consolidada y las demás autoridades competentes que corresponda evaluarán si resulta más adecuado designar al mismo administrador provisional o coordinar la aplicación de las otras medidas de actuación temprana a más de una entidad o sociedad con objeto de facilitar soluciones que restablezcan la situación financiera de la entidad o sociedad de que se trate. La evaluación adoptará la forma de decisión conjunta del supervisor en base consolidada y las demás autoridades competentes. La decisión conjunta se adoptará en un plazo de cinco días desde la fecha de notificación contemplada en el apartado 1. La decisión conjunta se motivará y expondrá en un documento, que el supervisor en base consolidada facilitará a la empresa matriz de la Unión.

La ABE podrá, a petición de una autoridad competente, ayudar a las autoridades competentes a llegar a un acuerdo, de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

A falta de decisión conjunta dentro de un plazo de cinco días, el supervisor en base consolidada y las autoridades competentes responsables respecto de las filiales podrán adoptar decisiones específicas sobre la designación de un administrador provisional para las entidades o sociedades a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), respecto de las cuales son responsables y sobre la aplicación de las otras medidas de actuación temprana.»;

c)  el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:"

«6. La ABE podrá, a petición de cualquier autoridad competente, asistir a las autoridades que se propongan aplicar una o más de las medidas contempladas en el artículo 27, apartado 1 bis, letra a), de la presente Directiva, en relación con los puntos 4, 10, 11 y 19 de la Sección A del anexo de la presente Directiva, en el artículo 27, apartado 1 bis, letra c), o en el artículo 27, apartado 1 bis, letra d), de la presente Directiva, a llegar a un acuerdo de conformidad con el artículo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

15)  Se inserta el artículo 30 bis siguiente:"

«Artículo 30 bis

Preparación para la resolución

1.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes notifiquen sin demora a las autoridades de resolución:

Las autoridades competentes supervisarán estrechamente, en estrecha cooperación con las autoridades de resolución, la situación de la entidad o sociedad y su cumplimiento de las medidas a que se refiere el párrafo primero, letra a), destinadas a hacer frente a un deterioro de la situación de dicha entidad o sociedad y de las medidas de actuación temprana a que se refiere el párrafo primero, letra c).

2.  Las autoridades competentes notificarán lo antes posible a las autoridades de resolución cuando consideren que existe un riesgo significativo de que se den una o varias de las circunstancias contempladas en el artículo 32, apartado 4, en relación con una entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d). Dicha notificación incluirá:

Tras recibir la notificación a que se refiere el párrafo primero, las autoridades de resolución evaluarán, en estrecha cooperación con las autoridades competentes, lo que constituye un plazo razonable a efectos de la evaluación de la condición a que se refiere el artículo 32, apartado 1, letra b), teniendo en cuenta la rapidez del deterioro de las condiciones de la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), el posible impacto sobre el sistema financiero y sobre la protección de los depositantes y los fondos de los clientes, el riesgo de que un proceso prolongado aumente los costes globales para los clientes y la economía, la necesidad de aplicar eficazmente la estrategia de resolución y cualesquiera otras consideraciones pertinentes. Las autoridades de resolución comunicarán dicha evaluación a las autoridades competentes lo antes posible.

Tras la notificación a que se refiere el párrafo primero, las autoridades competentes y las autoridades de resolución supervisarán, en estrecha cooperación, la situación de la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), la aplicación de las medidas pertinentes en el plazo previsto y cualquier otra evolución pertinente. A tal fin, las autoridades de resolución y las autoridades competentes se reunirán periódicamente, con una frecuencia establecida por las autoridades de resolución teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Las autoridades competentes y las autoridades de resolución se facilitarán mutuamente sin demora toda la información pertinente.

3.  Las autoridades competentes facilitarán a las autoridades de resolución toda la información solicitada por estas para:

Cuando dicha información no esté todavía a disposición de las autoridades competentes, estas y las autoridades de resolución cooperarán y se coordinarán para obtener dicha información. A tal fin, las autoridades competentes estarán facultadas para exigir a la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), que facilite dicha información, incluso mediante inspecciones in situ, y que facilite dicha información a las autoridades de resolución.

4.  Las competencias de las autoridades de resolución incluirán la de ofrecer para su venta a compradores potenciales, o adoptar disposiciones para dicha comercialización, la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), entre los compradores potenciales, o exigir a la entidad o sociedad que lo haga, con los siguientes fines:

4 bis.  Cuando, al ejercer la facultad a que se refiere el apartado 4, la autoridad de resolución decida comercializar directamente entre compradores potenciales, tendrá debidamente en cuenta las circunstancias del caso y el posible impacto del ejercicio de dicha facultad en la posición global de la entidad.

5.  A efectos del apartado 4, las autoridades de resolución estarán facultadas para solicitar a la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), que establezca una plataforma digital para compartir la información necesaria para la comercialización de dicha entidad o sociedad con compradores potenciales o con asesores y valoradores contratados por la autoridad de resolución. En ese caso, será de aplicación el artículo 84, apartado 1, letra e).

6.  La determinación de que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 27, apartado 1, y la adopción previa de medidas de actuación temprana no serán condiciones necesarias para que las autoridades de resolución preparen la resolución de la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), o ejerzan la competencia a que se refieren los apartados 4 y 5 del presente artículo.

7.  Las autoridades de resolución informarán sin demora a las autoridades competentes de cualquier medida adoptada de conformidad con los apartados 4 y 5.

8.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes y las autoridades de resolución cooperen estrechamente:

Las autoridades competentes y las autoridades de resolución velarán por que dichas medidas y acciones sean coherentes, coordinadas y eficaces.».

16)  En el artículo 31, apartado 2, las letras c) y d) se sustituyen por el texto siguiente:"

17)  El artículo 32 se modifica como sigue:

a)  Los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:"

2.  Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente realice una evaluación de la condición a que se refiere el apartado 1, letra a), previa consulta a la autoridad de resolución.

Los Estados miembros pueden prever que, además de la autoridad competente, la evaluación a que se refiere el apartado 1, letra a), pueda realizarla también la autoridad de resolución, previa consulta a la autoridad competente, cuando las autoridades de resolución en virtud de la legislación nacional dispongan de las herramientas necesarias para dicha evaluación, en particular un acceso adecuado a la información pertinente. En tal caso, los Estados miembros velarán por que la autoridad competente facilite sin demora a la autoridad de resolución toda la información pertinente que esta solicite para llevar a cabo su evaluación, antes o después de haber sido informada por la autoridad de resolución de su intención de realizar dicha evaluación.

La evaluación de la condición a que se refiere el apartado 1, letra b), será realizada sin demora por la autoridad de resolución en estrecha cooperación con la autoridad competente, previa consulta a una autoridad designada del SGD y, en su caso, a un SIP al que pertenezca la entidad. La consulta con el SIP incluirá una consideración de la disponibilidad de medidas del SIP que impedirían la inviabilidad de la entidad en un plazo razonable. La autoridad competente facilitará sin demora injustificada a la autoridad de resolución toda la información pertinente que esta requiera con objeto de llevar a cabo su evaluación. La autoridad competente también podrá informar a la autoridad de resolución de que considera que se cumple la condición establecida en el apartado 1, letra b).»;

b)  el apartado 4, se modifica como sigue:

i)  en el párrafo primero, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:"

«d) que necesite ayuda financiera pública extraordinaria, excepto cuando esta adopte alguna de las formas a que se refiere el artículo 32 quater;»,

ii)  se suprimen los párrafos segundo a quinto;

c)  el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:"

«5. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, letra c), del presente artículo una medida de resolución se considerará de interés público cuando dicha medida resulte necesaria para alcanzar, de forma proporcionada, uno o varios de los objetivos de resolución establecidos en el artículo 31, y cuando la liquidación de la entidad a través de los procedimientos de insolvencia ordinarios no permitiría alcanzar más eficazmente los citados objetivos.

Se presumirá que la medida de resolución no es de interés público a efectos del apartado 1, letra c), del presente artículo cuando la autoridad de resolución haya decidido aplicar obligaciones simplificadas a una entidad de conformidad con el artículo 4. La presunción será refutable y no se aplicará si la autoridad de resolución aprecia que uno o varios de los objetivos de resolución correrían peligro si la entidad se liquidara con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios.

Los Estados miembros velarán por que, al llevar a cabo la evaluación a que se refiere el párrafo primero, la autoridad de resolución, sobre la base de la información de que disponga en el momento de dicha evaluación, considere, evalúe y compare toda ayuda financiera pública extraordinaria ▌ que se vaya a conceder a la entidad, tanto en caso de resolución como en caso de liquidación de conformidad con la legislación nacional aplicable.».

5 bis.  La ABE contribuirá a supervisar y promover la aplicación efectiva y coherente de la evaluación del interés público a que se refiere el apartado 5.

A más tardar el ... [dos años después de la fecha de aplicación de la presente Directiva modificativa], la ABE presentará un informe sobre el alcance y la aplicación del apartado 5 en toda la Unión. Dicho informe se compartirá con la Comisión con el fin de evaluar la eficacia de las medidas descritas en el apartado 5 y su efecto en las condiciones de competencia equitativas.

En función del resultado del informe, la ABE podrá elaborar normas técnicas de regulación con el objetivo de establecer prácticas convergentes y unas condiciones de competencia equitativas entre los Estados miembros a más tardar el ... [dos años después de la fecha de aplicación de la presente Directiva modificativa].».

18)  Los artículos 32 bis y 32 ter se sustituyen por el texto siguiente:"

«Artículo 32 bis

Condiciones para la resolución de un organismo central y de entidades de crédito afiliadas de forma permanente a un organismo central

Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades de resolución tomen una medida de resolución en relación con un organismo central y todas las entidades de crédito afiliadas de forma permanente que formen parte del mismo grupo de resolución, solamente cuando dichos organismo y entidades, o grupo de resolución al que pertenecen, se ajusten en su conjunto a las condiciones establecidas en el artículo 32, apartado 1.

Artículo 32 ter

Procedimientos en relación con entidades y sociedades que no sean sometidas a un proceso de resolución

1.  Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando las autoridades de resolución determinen que una entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), cumpla las condiciones establecidas en el artículo 32, apartado 1, letras a) y b), pero no la condición establecida en el artículo 32, apartado 1, letra c), la autoridad administrativa o judicial nacional pertinente esté facultada para iniciar sin demora el procedimiento de liquidación ordenada de la entidad o sociedad de conformidad con la legislación nacional aplicable.

2.  Los Estados miembros se asegurarán de que una entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), que se liquide de manera ordenada de conformidad con la legislación nacional aplicable, abandone el mercado o ponga fin a sus actividades bancarias en un plazo razonable.

3.  Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando una autoridad de resolución determine que una entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), cumple las condiciones del artículo 32, apartado 1, letras a) y b), pero no la del artículo 32, apartado 1, letra c), la determinación de que la entidad o sociedad se considera inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser de conformidad con el artículo 32, apartado 1, letra a), sea una condición para la revocación de la autorización por parte de la autoridad competente de conformidad con el artículo 18 de la Directiva 2013/36/UE.

4.  Los Estados miembros velarán por que la revocación de la autorización de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), sea condición suficiente para que la autoridad administrativa o judicial nacional pertinente inicie sin demora el procedimiento de liquidación ordenada de la entidad o sociedad de conformidad con la legislación nacional aplicable.».

19)  Se inserta el artículo 32 quater siguiente:"

«Artículo 32 quater

Ayuda financiera pública extraordinaria

1.  Los Estados miembros velarán por que se pueda conceder ayuda financiera pública extraordinaria al margen de la medida de resolución a las entidades o sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), con carácter excepcional, únicamente en uno de los siguientes casos y siempre que la ayuda financiera pública extraordinaria cumpla las condiciones y requisitos establecidos en el marco de ayudas públicas de la Unión:

2.  Las medidas de apoyo a que se refiere el apartado 1, letra a), deberán cumplir todas las condiciones siguientes:

A efectos del párrafo primero, letra a), una entidad o sociedad se considerará solvente cuando la autoridad competente haya llegado a la conclusión, sobre la base de las expectativas actuales, de que no se ha producido, ni es probable que se produzca en los doce meses siguientes, ninguna infracción de ninguno de los requisitos a que se refieren el artículo 92, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, el artículo 104 bis de la Directiva 2013/36/UE, el artículo 11, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/2033, el artículo 40 de la Directiva (UE) 2019/2034 o los requisitos aplicables pertinentes en virtud del Derecho de la Unión o nacional.

A efectos del párrafo primero, letra d), la autoridad competente pertinente cuantificará las pérdidas en que la entidad o sociedad haya incurrido o sea probable que incurra. Dicha cuantificación se basará, como mínimo, en revisiones de la calidad de los activos realizadas por el BCE, la ABE o las autoridades nacionales, o, en su caso, en las inspecciones in situ realizadas por la autoridad competente. Cuando dichos ejercicios no puedan llevarse a cabo a su debido tiempo, la autoridad competente podrá basar su evaluación en el balance de la entidad o sociedad, siempre que este cumpla las normas y reglas contables aplicables, confirmadas por un auditor externo independiente. La autoridad competente hará todo lo que esté en su mano para garantizar que la cuantificación se base en el valor de mercado de los activos, los pasivos y los elementos no contabilizados en el balance de la entidad o sociedad.

Las medidas de apoyo a que se refiere el apartado 1, letra a), inciso iii), se limitarán a aquellas que la autoridad competente haya evaluado como necesarias para garantizar la solvencia de la entidad o sociedad mediante la corrección de su déficit de capital establecido en el escenario adverso de las pruebas de resistencia a escala nacional, de la Unión o del MUS o ejercicios equivalentes realizados por el Banco Central Europeo, la ABE o las autoridades nacionales, en su caso, confirmadas por la autoridad competente.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra a), inciso iii), se permitirá excepcionalmente la adquisición de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario cuando la naturaleza del déficit detectado sea tal que la adquisición de otros instrumentos de fondos propios u otros instrumentos de capital no permita a la entidad o sociedad de que se trate subsanar el déficit de capital establecido en el escenario adverso en la prueba de resistencia o en un ejercicio equivalente pertinentes. El importe de los instrumentos de capital de nivel 1 ordinario adquiridos no excederá del 2 % del importe total de exposición al riesgo de la entidad o sociedad de que se trate, calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

En caso de que cualquiera de las medidas de apoyo a que se refiere el apartado 1, letra a), no sea amortizada, recomprada o finalizada de otro modo de conformidad con las condiciones de la estrategia de salida de la medida de apoyo establecida en el momento de la concesión de dicha medida, la autoridad competente solicitará a la entidad o sociedad que presente un plan corrector único. El plan corrector describirá las medidas que deban adoptarse para mantener o restablecer el cumplimiento de los requisitos de supervisión, la viabilidad a largo plazo de la entidad o sociedad y su capacidad para reembolsar el importe proporcionado, así como el calendario asociado.

Cuando la autoridad competente no considere creíble o viable el plan corrector único, o cuando la entidad o sociedad incumpla dicho plan, se evaluará si la entidad o sociedad es inviable o es probable que vaya a serlo, de conformidad con el artículo 32.

3.  A más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a un año después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], la ABE emitirá directrices, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, sobre el tipo de pruebas, revisiones o ejercicios a que se refiere el apartado 2, párrafo cuarto, que puedan dar lugar a las medidas de apoyo a que se refiere el apartado 1, letra a), inciso iii).».

20)  En el artículo 33, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades de resolución emprendan una medida de resolución en relación con una entidad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras c) o d), cuando dicha entidad cumpla las condiciones establecidas en el artículo 32, apartado 1.

21)  El artículo 33 bis se modifica como sigue:

a)  en el apartado 8, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:"

«Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades de resolución informen sin demora a la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), y a las autoridades a que se refiere el artículo 83, apartado 2, letras a) a h), en caso de ejercer la facultad prevista en el apartado 1 del presente artículo una vez que se haya determinado que la entidad o sociedad es inviable o tiene probabilidad de serlo con arreglo al artículo 32, apartado 1, letra a), y antes de tomar la decisión de resolución.»;

b)  en el apartado 9, se añade el párrafo segundo siguiente:"

«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros velarán por que, cuando se ejerzan dichas competencias con respecto a los depósitos admisibles y dichos depósitos no se consideren no disponibles a efectos de la Directiva 2014/49/UE, los depositantes tengan acceso a un importe diario adecuado procedente de dichos depósitos.».

22)  El artículo 35 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades de resolución puedan nombrar a un administrador especial que sustituya al órgano de dirección de la entidad objeto de la resolución o de la entidad puente, o colabore con este. Las autoridades de resolución harán público el nombramiento de un administrador especial. Las autoridades de resolución garantizarán que el administrador especial cuente con la cualificación, la capacidad y los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones.

El artículo 91 de la Directiva 2013/36/UE no se aplicará a la designación de administradores especiales.»;

b)  en el apartado 2 la primera frase se sustituye por el texto siguiente:"

«El administrador especial asumirá todas las competencias de los accionistas, la alta dirección y el órgano de dirección de la entidad objeto de resolución o la entidad puente.»;

c)  el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:"

«5. Los Estados miembros exigirán que el administrador especial elabore informes destinados a la autoridad de resolución competente que lo hubiera designado sobre la situación económica y financiera de la entidad objeto de resolución o la entidad puente y sobre su actuación en el desempeño de sus funciones, a intervalos regulares establecidos por la autoridad de resolución y al inicio y al final de su mandato.».

23)  El artículo 36 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1 la primera frase se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Antes de determinar si se cumplen las condiciones de resolución o las condiciones para amortizar o convertir instrumentos de capital y pasivos admisibles de conformidad con el artículo 59, las autoridades de resolución se asegurarán de que una persona independiente tanto de las autoridades públicas, incluida la autoridad de resolución, como de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), efectúe una valoración ecuánime, prudente y realista del activo y el pasivo de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d).»;

b)  se inserta el apartado 7 bis siguiente:"

«7 bis. Cuando sea necesario para fundamentar las decisiones a que se refiere el apartado 4, letras c) y d), el valorador complementará la información contemplada en el apartado 6, letra c), con una estimación del valor de los activos y pasivos fuera de balance, incluidos los contingentes.».

24)  En el artículo 37 se añade el apartado 11 siguiente:"

«11. La ABE supervisará las medidas y la preparación de las autoridades de resolución para garantizar la aplicación efectiva de los instrumentos y competencias de resolución en caso de resolución. La ABE informará a la Comisión sobre las prácticas existentes en materia de evaluaciones de resolubilidad y posibles divergencias entre los Estados miembros a más tardar el... [OP: insértese la fecha correspondiente a dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] y supervisará la aplicación de cualquier recomendación formulada en dicho informe, cuando proceda.

25)  El artículo 40 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«Para hacer efectivo el instrumento de la entidad puente, y habida cuenta de la necesidad de mantener funciones esenciales en la misma o para perseguir los objetivos de resolución, los Estados miembros garantizarán que las autoridades de resolución tengan la facultad de transmitir a una entidad puente todos los elementos siguientes:»;

b)  en el apartado 2, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:"

«La aplicación del instrumento de recapitalización interna a efectos de lo referido en el artículo 43, apartado 2, letra b), no deberá obstaculizar la capacidad de la autoridad de resolución de controlar la entidad puente. Cuando la aplicación del instrumento de recapitalización interna permita que el capital de la entidad puente sea provisto íntegramente mediante la conversión de pasivos susceptibles de recapitalización interna en acciones u otros tipos de instrumentos de capital, podrá eximirse del requisito de que la entidad puente pertenezca total o parcialmente a una o varias autoridades públicas.».

26)  En el artículo 42, apartado 5, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:"

«b) si la transmisión es necesaria para garantizar el buen funcionamiento de la entidad objeto de resolución, la entidad puente, o la propia entidad de gestión de activos, o».

27)  El artículo 44 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Los Estados miembros velarán por que el instrumento de recapitalización interna pueda aplicarse a todos los pasivos, también los que den lugar a provisiones contables, de una entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), que, de conformidad con los apartados 2 o 3 del presente artículo, no estén excluidos del ámbito de aplicación de dicho instrumento.»;

b)  el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:"

▌

28)  ▌El artículo 44 bis se modifica como sigue:

a)  se insertan los apartados siguientes:"

La entidad de crédito velará por que en el momento de la compra se cumplan las condiciones establecidas en las letras a) y b) del presente apartado, sobre la base de la información facilitada por el cliente minorista de conformidad con el apartado 3.

6 ter.  Los instrumentos admisibles a que se refiere el apartado 6 bis vendidos por la entidad de crédito emisora a sus depositantes que pueden considerarse inversores minoristas sin cumplir las condiciones establecidas en dicho apartado no se contabilizarán a efectos de los requisitos establecidos en el artículo 45 sexies o 45 septies mientras dichos instrumentos sean mantenidos por el depositante al que hayan sido vendidos.

6 quater.  Como parte de la evaluación de la resolubilidad de conformidad con los artículos 15 y 16, las autoridades de resolución supervisarán cada año por grupo y entidad en qué medida los inversores minoristas mantienen instrumentos admisibles a efectos del MREL e informarán de los resultados a la ABE al menos una vez al año.»;

b)  se añaden los apartados siguientes:"

«7 bis. Los Estados miembros no tendrán que aplicar los apartados 6 bis y 6 ter del presente artículo a los instrumentos a que se refiere el apartado 6 bis emitidos antes del … [doce meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa].

8.  A más tardar el... [OP: insértese la fecha correspondiente a veinticuatro meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], la ABE informará a la Comisión sobre la aplicación del presente artículo. Dicho informe comparará las medidas adoptadas por los Estados miembros para dar cumplimiento al presente artículo, analizará su eficacia en la protección de los inversores minoristas y evaluará su impacto en las operaciones transfronterizas.

Sobre la base de ese informe, la Comisión podrá presentar propuestas legislativas de modificación de la presente Directiva.».

29)  En el artículo 45, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades y sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), cumplan, en todo momento, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles en los casos requeridos y según lo dispuesto por la autoridad de resolución, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo y en los artículos 45 bis a 45 decies.».

30)  El artículo 45 ter se modifica como sigue:

a)  en los apartados 4, 5 y 7, la palabra «EISM» se sustituye por «entidades EISM»;

b)  el apartado 8, se modifica como sigue:

i)  en el párrafo primero, el término «EISM» se sustituye por «entidades EISM»;

ii)  en el párrafo segundo, letra c), el término «EISM» se sustituye por «entidad EISM»;

iii)  en el párrafo cuarto, el término «EISM» se sustituye por «entidades EISM»;

c)  Se añade el apartado 10 siguiente:"

31)  El artículo 45 quater se modifica como sigue:

a)  en el apartado 3, párrafo octavo, «funciones económicas esenciales» se sustituye por «funciones esenciales»;

b)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el... [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de doce meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.»;

c)  en el apartado 7, párrafo octavo, «funciones económicas esenciales» se sustituye por «funciones esenciales».

32)  Se inserta el artículo 45 quater bis siguiente:"

«Artículo 45 quater bis

Determinación del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles para las estrategias de transmisión ▌

1.  Al aplicar el artículo 45 quater a una entidad de resolución cuya estrategia de resolución preferida prevea, con independencia de otros instrumentos de resolución o en combinación con ellos, el uso del instrumento de venta del negocio o de la entidad puente ▌, la autoridad de resolución fijará el importe de recapitalización previsto en el artículo 45 quater, apartado 3, de manera proporcionada sobre la base de los siguientes criterios, según proceda:

▌

3.  La aplicación del apartado 1 no dará lugar a un importe superior al importe resultante de la aplicación del artículo 45 quater, apartado 3, ni a un importe inferior al 13,5 % del importe total de exposición al riesgo, calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, e inferior al 5 % de la medida de la exposición total de la entidad pertinente a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, calculada de conformidad con los artículos 429 y 429 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013.»;

33)  En el artículo 45 quinquies, apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«El requisito previsto en el artículo 45, apartado 1, para una entidad de resolución que sea una entidad EISM consistirá en lo siguiente:».

34)  En el artículo 45 septies, apartado 1, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:"

«No obstante lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del presente apartado, las empresas matrices de la Unión que no sean ellas mismas entidades de resolución y sean filiales de entidades de terceros países cumplirán los requisitos establecidos en los artículos 45 quater y 45 quinquies en base consolidada.».

35)  El artículo 45 terdecies se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:"

«a) el modo en que se haya aplicado a nivel nacional el requisito de fondos propios y pasivos admisibles establecido de conformidad con el artículo 45 sexies o el artículo 45 septies, así como el artículo 45 quater bis, y, en particular, si se han registrado divergencias entre los Estados miembros en los niveles establecidos para entidades comparables;»;

b)  en el apartado 3, párrafo segundo, se añade la frase siguiente:"

«La obligación a que se refiere el apartado 2 dejará de aplicarse después de la presentación del segundo informe.».

35 bis)  En el artículo 45 quaterdecies se inserta el apartado siguiente:"

«1 bis. No obstante lo dispuesto en el artículo 45, apartado 1, las autoridades de resolución fijarán un período transitorio adecuado para las entidades o sociedades a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), con objeto de que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 45 sexies o en el artículo 45 septies o los requisitos establecidos en el artículo 45 ter, apartados 4, 5 o 7, si dichas entidades o sociedades están sujetas a dichos requisitos como consecuencia de la entrada en vigor de … [la presente Directiva modificativa]. La fecha límite para que las entidades y sociedades cumplan los requisitos establecidos en los artículos 45 sexies o 45 septies o los requisitos derivados de la aplicación del artículo 45 ter, apartados 4, 5 o 7, será … [cuatro años después de la fecha de aplicación de la presente Directiva].

La autoridad de resolución fijará unos niveles objetivo intermedios relativos a los requisitos establecidos en los artículos 45 sexies o 45 septies o a los requisitos derivados de la aplicación del artículo 45 ter, apartados 4, 5 o 7, según proceda, que las entidades o sociedades a que se refiere el primer párrafo del presente apartado deberán cumplir el … [dos años después de la fecha de aplicación de la presente Directiva]. Por norma general, los niveles objetivo intermedios garantizarán una acumulación lineal de fondos propios y pasivos admisibles tendente al cumplimiento del requisito.

36)  En el artículo 45 quaterdecies, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

«4. Los requisitos contemplados en el artículo 45 ter, apartados 4 y 7, y en el artículo 45 quater, apartados 5 y 6, según corresponda, no serán de aplicación en el período de tres años siguientes a la fecha en que se haya definido que la entidad de resolución o el grupo del que forma parte la entidad de resolución es una sociedad considerada EISM o sociedad considerada EISM de fuera de la UE, o en que la entidad de resolución empiece a encontrarse en la situación a la que se hace referencia en el artículo 45 quater, apartados 5 o 6.».

37)  En el artículo 46, apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:"

38)  En el artículo 47, apartado 1, letra b), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente:"

«i) los instrumentos de capital y pasivos admisibles pertinentes, de conformidad con el artículo 59, emitidos por la entidad de acuerdo con la competencia a que se refiere el artículo 59, apartado 2, o».

39)  El artículo 52 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, se añade el párrafo siguiente:"

«En circunstancias excepcionales, la autoridad de resolución podrá prorrogar otro mes el plazo de un mes para la presentación del plan de reorganización de actividades.»;

b)  en el apartado 5, se añade el párrafo siguiente:"

«La autoridad de resolución podrá exigir a la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), que incluya elementos adicionales en el plan de reorganización de actividades.».

40)  En el artículo 53, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. Cuando una autoridad de resolución reduzca a cero, en virtud de las competencias mencionadas en el artículo 63, apartado 1, letra e), el importe principal o el importe pendiente de pago de un pasivo, incluidos los pasivos que den lugar a una provisión contable, este o cualesquiera obligaciones o reclamaciones derivadas del mismo que no hayan vencido en el momento en que se ejercen dichas competencias se considerarán liberados a todos los efectos, y no podrán computarse en posibles procedimientos ulteriores de la entidad objeto de resolución o de otra entidad que la suceda en una eventual liquidación posterior.».

41)  El artículo 55 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:"

«b) que el pasivo no constituya un depósito de los contemplados en el artículo 108, apartado 1, letras a) o b);»;

b)  los párrafos quinto y sexto del apartado 2 se sustituirán por el texto siguiente:"

«En caso de que la autoridad de resolución, en el contexto de la evaluación de la resolubilidad de una entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d) de conformidad con los artículos 15 y 16, o en cualquier otro momento, determine que, dentro de una categoría de pasivos que incluya pasivos admisibles, el importe de los pasivos que no incluyan la cláusula contractual a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, junto con los pasivos que se excluyan de la aplicación de las competencias de recapitalización interna de conformidad con el artículo 44, apartado 2, o que es probable que se excluyan de conformidad con el artículo 44, apartado 3, asciende a más del 10 % de dicha categoría, esta evaluará inmediatamente el impacto de ese hecho concreto para la resolubilidad de la entidad o sociedad, incluidas las repercusiones sobre la resolubilidad que resulten del riesgo de vulnerar las salvaguardias de los acreedores previstas en el artículo 73 cuando se aplican las facultades para amortizar o convertir los pasivos admisibles.

En caso de que la autoridad de resolución concluya a partir de la evaluación a que se refiere el párrafo quinto del presente apartado que los pasivos que no incluyan la cláusula contractual a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, generan un obstáculo material a la resolubilidad, esta aplicará las competencias previstas en el artículo 17 según proceda para eliminar dicho obstáculo a la resolubilidad.».

c)  se inserta el apartado siguiente:"

Cuando las entidades y sociedades formen parte de un grupo de resolución, la entidad de resolución presentará el informe relativo al grupo de resolución, en la medida en que lo exija el apartado 1, párrafos segundo y tercero.»;

d)  se añade el apartado siguiente:"

«8 bis. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para especificar procedimientos y formatos uniformes para la notificación a las autoridades de resolución a que se refiere el apartado 2 bis.

La ABE presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el … [un año después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].

Se otorgan a la Comisión facultades para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.»;

42)  El artículo 59 se modifica como sigue:

a)  En el apartado 3, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:"

«e) la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), requiera ayuda financiera pública extraordinaria, excepto cuando dicha ayuda se conceda en una de las formas a que se refiere el artículo 32 quater.»;

b)  en el apartado 4, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:"

«b) teniendo en cuenta el calendario, la necesidad de aplicar de manera efectiva las competencias de amortización y conversión o la estrategia de resolución para el grupo de resolución, y otras circunstancias pertinentes, no existan perspectivas razonables de que ninguna acción, incluidas medidas alternativas del sector privado, medidas de supervisión o medidas de actuación temprana, distintas de la amortización o conversión de instrumentos de capital y pasivos admisibles a que se refiere el apartado 1 bis, pueda impedir la inviabilidad de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), o del grupo en un plazo razonable.».

43)  El artículo 63 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1, se modifica como sigue:

i)  la letra m) se sustituye por el texto siguiente:"

«m) exigir a la autoridad competente que evalúe al comprador de una participación cualificada de manera oportuna, no obstante lo dispuesto respecto a los plazos establecidos en el artículo 22 de la Directiva 2013/36/UE y en el artículo 12 de la Directiva 2014/65/UE;»,

ii)  se añade la letra n) siguiente:"

«n) formular solicitudes con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 596/2014 en nombre de la entidad objeto de resolución.»;

b)  en el apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:"

«a) de conformidad con el artículo 3, apartado 6, y el artículo 85, apartado 1, requisitos de obtención de la aprobación o consentimiento de cualquier persona, pública o privada, incluidos los accionistas o acreedores de la entidad objeto de resolución y de las autoridades competentes a efectos de los artículos 22 a 27 de la Directiva 2013/36/UE;».

44)  En el artículo 71 bis, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

45)  En el artículo 74, apartado 3, se añade la letra d) siguiente:"

«d) al determinar las pérdidas en que el sistema de garantía de depósitos habría incurrido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios, aplicar los criterios y el método a que se refiere el artículo 11 sexies de la Directiva 2014/49/UE y en cualquier acto delegado adoptado en virtud de dicho artículo.».

45 bis)  En el artículo 84, se inserta el apartado siguiente:"

«6 bis. Las disposiciones contenidas en el presente artículo no excluyen el intercambio de información entre las autoridades de resolución y las autoridades tributarias de un mismo Estado miembro en la medida en que dicho intercambio esté establecido en las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Cuando dicha información tenga su origen en otro Estado miembro, solo se revelará con el consentimiento expreso de la autoridad pertinente que la haya divulgado.».

46)  En el artículo 88, se inserta el apartado 6 bis siguiente:"

«6 bis. Para facilitar los cometidos contemplados en el artículo 10, apartado 1, el artículo 15, apartado 1, y el artículo 17, apartado 1, e intercambiar cualquier información pertinente, la autoridad de resolución de una entidad con sucursales significativas en otros Estados miembros establecerá y presidirá un colegio de autoridades de resolución.

La autoridad de resolución de la entidad a que se refiere el párrafo primero decidirá qué autoridades participan en una reunión o en una actividad del colegio de autoridades de resolución, teniendo en cuenta la importancia de la actividad que deba planificarse o coordinarse para dichas autoridades, en particular la posible repercusión en la estabilidad del sistema financiero de los Estados miembros de que se trate y los cometidos a que se refiere el párrafo primero.

La autoridad de resolución de la entidad a que se refiere el primer párrafo mantendrá a todos los miembros del colegio de autoridades de resolución plenamente informados, por adelantado, de la organización de tales reuniones, de las cuestiones principales que deben tratarse y de las actividades que deben examinarse. La autoridad de resolución de la entidad a que se refiere el primer párrafo también mantendrá a todos los miembros del colegio plenamente informados, en el momento oportuno, de las decisiones tomadas en esas reuniones o de las medidas llevadas a cabo.».

46 bis)  En el artículo 90, se añade el apartado siguiente:"

«4 bis. Las disposiciones del artículo 84 no excluyen el intercambio de información entre las autoridades de resolución y las autoridades tributarias de un mismo Estado miembro en la medida en que dicho intercambio esté establecido en las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Cuando dicha información tenga su origen en otro Estado miembro, solo se revelará con el consentimiento expreso de la autoridad pertinente que la haya divulgado.».

47)  El artículo 91 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

La información a que se refiere el párrafo primero podrá incluirse en las notificaciones comunicadas con arreglo al artículo 81, apartado 3, a los destinatarios mencionados en el párrafo primero del presente apartado.»;

b)  en el apartado 7, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:"

«La ABE, a petición de una autoridad de resolución, podrá ayudar a las autoridades de resolución a llegar a una decisión conjunta, de conformidad con el artículo 31, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

48)  En el artículo 92, apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:"

«La ABE, a petición de una autoridad de resolución, podrá ayudar a las autoridades de resolución a llegar a una decisión conjunta, de conformidad con el artículo 31, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

49)  En el artículo 97, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

«4. Las autoridades de resolución celebrarán, cuando proceda, acuerdos de cooperación no vinculantes con las autoridades pertinentes de terceros países que se indican en el apartado 2 del presente artículo. Dichos acuerdos estarán en consonancia con el acuerdo marco de la ABE.

Las autoridades competentes celebrarán, cuando proceda, acuerdos de cooperación no vinculantes con las autoridades pertinentes de terceros países que se indican en el apartado 2 del presente artículo. Dichos acuerdos estarán en consonancia con el acuerdo marco de la ABE y garantizarán que la información comunicada a las autoridades de terceros países esté sujeta a una garantía de que se cumplen los requisitos de secreto profesional equivalentes, como mínimo, a los contemplados en el artículo 84 de la presente Directiva.

50)  En el artículo 98, el apartado 1 se modifica como sigue:

a)  la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«Los Estados miembros velarán por que las autoridades de resolución y los ministerios competentes intercambien información confidencial, incluidos los planes de recuperación, con las autoridades pertinentes de terceros países solo si se cumplen todas las condiciones siguientes:»;

b)  se añaden los párrafos segundo y tercero siguientes:"

A efectos del párrafo segundo, la información relacionada con el rescate y la resolución incluirá toda la información directamente relacionada con los cometidos de las autoridades competentes en virtud de la presente Directiva, en particular la planificación de la reestructuración y los planes de recuperación, las medidas de actuación temprana y los intercambios con las autoridades de resolución en relación con la planificación de la resolución, los planes de resolución y las medidas de resolución.».

51)  En el artículo 101, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. Cuando la autoridad de resolución determine que el uso del mecanismo de financiación de la resolución a efectos del apartado 1 del presente artículo suponga probablemente que parte de las pérdidas de una entidad o institución contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), sean transmitidas al mecanismo de financiación de la resolución, se aplicarán los principios que rigen el uso del mecanismo de financiación de la resolución recogidos en el artículo 44.».

52)  En el artículo 102, apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:"

«Si, pasado el período inicial a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, los recursos financieros disponibles disminuyen por debajo del nivel fijado como objetivo en dicho apartado, las contribuciones regulares recaudadas de conformidad con el artículo 103 se reanudarán hasta alcanzar dicho nivel. Las autoridades de resolución podrán aplazar la recaudación de las contribuciones regulares recaudadas de conformidad con el artículo 103 durante tres años como máximo hasta que el importe que deba recaudarse alcance un importe proporcional al coste del proceso de recaudación, siempre que dicho aplazamiento no afecte significativamente a la capacidad de las autoridades de resolución para utilizar mecanismos de financiación de la resolución con arreglo al artículo 101. Una vez que se haya alcanzado por primera vez el nivel fijado como objetivo, si los recursos financieros disponibles se han reducido posteriormente a menos de dos tercios del nivel fijado como objetivo, la contribución regular se fijará a un nivel que permita alcanzar el nivel fijado como objetivo en un plazo de cuatro años.».

53)  El artículo 103 se modifica como sigue:

a)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. Los recursos financieros disponibles que se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel fijado como objetivo en el artículo 102 podrán incluir compromisos de pago irrevocables íntegramente respaldados por garantías de activos de bajo riesgo libres de cargas por derechos de terceros, de libre disposición y asignados para el uso exclusivo de las autoridades de resolución para los fines especificados en el artículo 101, apartado 1. La parte de dichos compromisos de pago irrevocables no superará el 30 % del importe total de las aportaciones recaudadas de conformidad con el presente artículo. Dentro de ese límite, la autoridad de resolución determinará anualmente el porcentaje de compromisos de pago irrevocables respecto del importe total de las contribuciones que deban recaudarse de conformidad con el presente artículo.»;

b)  se inserta el apartado 3 bis siguiente:"

«3 bis. La autoridad de resolución reclamará los compromisos de pago irrevocables contraídos con arreglo al apartado 3 del presente artículo cuando sea necesario recurrir a los mecanismos de financiación de la resolución de conformidad con el artículo 101.

Cuando una entidad deje de estar incluida en el ámbito de aplicación del artículo 1 y deje de estar sujeta a la obligación de pagar contribuciones de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, la autoridad de resolución reclamará los compromisos de pago irrevocables contraídos con arreglo al apartado 3 y aún pendientes de pago. Si la contribución vinculada al compromiso de pago irrevocable se abona debidamente al primer requerimiento, la autoridad de resolución cancelará el compromiso y devolverá la garantía real. Si la contribución no se abona debidamente al primer requerimiento, la autoridad de resolución procederá a la incautación de la garantía y cancelará el compromiso.».

54)  En el artículo 104, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:"

«Las contribuciones extraordinarias ex post no superarán el triple del 12,5 % del nivel fijado como objetivo en el artículo 102.».

55)  El artículo 108 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

b)  se añaden los apartados 8 y 9 siguientes:"

«8. Cuando los instrumentos de resolución a que se refiere el artículo 37, apartado 3, letras a) o b), se utilicen para transmitir solo una parte de los activos, derechos o pasivos de la entidad objeto de resolución, el mecanismo de financiación de la resolución tendrá un derecho frente a la entidad o sociedad residual a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), por cualquier gasto o pérdida en que haya incurrido el mecanismo de financiación de la resolución como consecuencia de las contribuciones realizadas a la resolución de conformidad con el artículo 101, apartado 1, en relación con las pérdidas que los acreedores habrían soportado de otro modo.

9.  Los Estados miembros velarán por que los créditos del mecanismo de financiación de la resolución a que se refieren el apartado 8 del presente artículo y el artículo 37, apartado 7, tengan, en su legislación nacional aplicable a los procedimientos de insolvencia ordinarios, un orden de prelación preferente, que será superior al establecido para los créditos de depósitos y de sistemas de garantía de depósitos con arreglo al apartado 1 del presente artículo.».

56)  El artículo 109 se modifica como sigue:

a)  Los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:"

Los Estados miembros velarán por que, una vez que el sistema de garantía de depósitos haya realizado una contribución en los casos a que se refiere el párrafo segundo, la entidad objeto de resolución se abstenga de adquirir participaciones en otras empresas, así como distribuciones en relación con el capital de nivel 1 ordinario o pagos por instrumentos de capital adicional de nivel 1, o por otras actividades que puedan dar lugar a una salida de fondos.

En todos los casos, el coste de la contribución del sistema de garantía de depósitos no será superior al coste de reembolso de los depositantes calculado por el sistema de garantía de depósitos con arreglo al artículo 11 sexies de la Directiva 2014/49/UE.

Cuando se concluya mediante una valoración con arreglo al artículo 74 que el coste de la contribución del sistema de garantía de depósitos a la resolución ha sido mayor que las pérdidas en las que se hubiera incurrido en caso de liquidación con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios, el sistema de garantía de depósitos tendrá derecho al pago de la diferencia por el mecanismo de financiación de la resolución, de conformidad con el artículo 75.

2.  Los Estados miembros velarán por que la autoridad de resolución determine el importe de la contribución del sistema de garantía de depósitos de conformidad con el apartado 1, previa consulta al sistema de garantía de depósitos sobre el coste estimado de reembolso de los depositantes con arreglo al artículo 11 sexies de la Directiva 2014/49/UE y de conformidad con las condiciones a que se refiere el artículo 36 de la presente Directiva.

La autoridad de resolución notificará la decisión a que se refiere el párrafo primero al sistema de garantía de depósitos al que esté afiliada la entidad. El sistema de garantía de depósitos ejecutará dicha decisión sin demora.».

b)  Se insertan los apartados 2 bis y 2 ter siguientes:"

«2 bis. Cuando los fondos del sistema de garantía de depósitos se utilicen de conformidad con el apartado 1, párrafo primero, letra a), para contribuir a la recapitalización de la entidad objeto de resolución, los Estados miembros velarán por que el sistema de garantía de depósitos transfiera sus participaciones en acciones u otros instrumentos de capital de la entidad objeto de resolución al sector privado tan pronto como lo permitan las circunstancias comerciales y financieras.

Los Estados miembros velarán por que el sistema de garantía de depósitos comercialice las acciones y otros instrumentos de capital a que se refiere el párrafo primero de forma abierta y transparente, y por que la venta no los desnaturalice ni discrimine entre compradores potenciales. Toda venta de este tipo se realizará en condiciones de mercado.

2 ter.  La contribución del sistema de garantía de depósitos con arreglo al apartado 1, párrafo segundo, computará para el cumplimiento de los umbrales establecidos en el artículo 44, apartado 5, letra a), y en el artículo 44, apartado 8, letra a).

Cuando la utilización del sistema de garantía de depósitos de conformidad con el apartado 1, párrafo segundo, junto con la contribución a la absorción de pérdidas y a la recapitalización realizada por los accionistas y los tenedores de otros instrumentos de propiedad, los titulares de instrumentos de capital pertinentes y otros pasivos susceptibles de recapitalización interna, permita la utilización del mecanismo de financiación de la resolución, la contribución del sistema de garantía de depósitos se limitará al importe necesario para alcanzar los umbrales establecidos en el artículo 44, apartado 5, letra a), y en el artículo 44, apartado 8, letra a). Tras la contribución del sistema de garantía de depósitos, el mecanismo de financiación de la resolución se utilizará de conformidad con los principios que rigen el uso del mecanismo de financiación de la resolución establecidos en los artículos 44 y 101.

No obstante la limitación de las contribuciones del sistema de garantía de depósitos prevista en el párrafo segundo del presente apartado, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 44, apartado 7, se requerirá una contribución adicional del sistema de garantía de depósitos. Dicha contribución adicional será igual al importe aportado por el mecanismo de financiación de la resolución que supere el límite del 5 % especificado en el artículo 44, apartado 5, letra b), multiplicado por la parte de depósitos con cobertura como parte del total de pasivos en el ámbito de la transferencia.

c)  se suprime el apartado 3;

d)  en el apartado 5, se suprimen los párrafos segundo y tercero.

57)  En el artículo 111, apartado 1, se añade la letra e) siguiente:"

«e) en caso de incumplimiento del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles a que se refieren los artículos 45 sexies o 45 septies.».

58)  El artículo 128 se modifica como sigue:

a)  el título se sustituye por el texto siguiente:"

«Cooperación e intercambio de información entre entidades y autoridades»;

b)  se añade el párrafo siguiente:"

«Las autoridades de resolución, las autoridades competentes, la ABE, la Junta Única de Resolución, el BCE y otros miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales facilitarán a la Comisión, a petición de esta y dentro del plazo especificado, toda la información necesaria para el desempeño de sus funciones relacionadas con la elaboración de políticas, incluida la realización de evaluaciones de impacto, la preparación de propuestas legislativas y la participación en el proceso legislativo. La Comisión y el personal de la Comisión estarán sujetos a los requisitos del secreto profesional establecidos en el artículo 88 del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo* con respecto a la información recibida.».

______________________________

* Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 225 de 30.7.2014, p. 1).

59)  Se inserta el artículo 128 bis siguiente:"

«Artículo 128 bis

Simulaciones de gestión de crisis

1.  La ABE coordinará ejercicios periódicos a escala de la Unión para comprobar la aplicación de la presente Directiva, del Reglamento (UE) n.º 806/2014 y de la Directiva 2014/49/UE en situaciones transfronterizas en todos los aspectos siguientes:

2.  La ABE elaborará un informe en el que se expongan las principales constataciones y conclusiones de los ejercicios. Dicho informe se hará público.».

Artículo 2

Transposición

1.  Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el ... [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de dieciocho meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la del día siguiente a la fecha de transposición de la presente Directiva de modificación].

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en …, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta [La Presidenta/El Presidente]

(1) DO C 307 de 31.8.2023, p. 19. (2) DO C 349 de 29.9.2023, p. 161. (3) * Los cambios introducidos en el texto son el resultado de la aprobación de la enmienda 1. El texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el símbolo ▌. (4) DO C […] de […], p. […]. (5) DO C […] de […], p. […]. (6) Consejo de Estabilidad Financiera, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 15 de octubre de 2014. (7) Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190). (8) Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 225 de 30.7.2014, p. 1). (9) Reglamento Delegado (UE) 2021/1118 de la Comisión, de 26 de marzo de 2021, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la metodología que deben utilizar las autoridades de resolución para estimar el requisito a que se refiere el artículo 104 bis de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y los requisitos combinados de colchón para las entidades de resolución a nivel del grupo de resolución consolidado cuando el grupo de resolución no esté sujeto a dichos requisitos en virtud de dicha Directiva (DO L 241 de 8.7.2021, p. 1). (10) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338). (11) Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican las Directivas 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE y 2014/65/UE (DO L 314 de 5.12.2019, p. 64). (12) Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, p. 1). (13) Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149). (14) Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1). (15) Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativo a los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 575/2013, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 806/2014 (DO L 314 de 5.12.2019, p. 1). (16) Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12). (17) COM(2018)0133. (18) COM(2020)0822. (19) Reglamento (CE) n.º 1126/2008 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 320 de 29.11.2008, p. 1). (20) Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que se refiere a la ratio de apalancamiento, la ratio de financiación estable neta, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de información, y el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 150 de 7.6.2019, p. 1). (21) Reglamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 806/2014 en lo que se refiere a la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de crédito y las empresas de inversión (DO L 150 de 7.6.2019, p. 226). (22) Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así como la Directiva 98/26/CE (DO L 150 de 7.6.2019, p. 296). (23) Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO L 173 de 12.6.2014, p. 1).

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2024, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/49/UE en lo que respecta al alcance de la protección de los depósitos, la utilización de los fondos de los sistemas de garantía de depósitos, la cooperación transfronteriza y la transparencia (COM(2023)0228 – C9-0133/2023 – 2023/0115(COD))

P9_TA(2024)0328 A9-0154/2024

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2023)0228),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 53, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9‑0133/2023),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Banco Central Europeo de 5 de julio de 2023(1),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0154/2024),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2024 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/49/UE en lo que respecta al alcance de la protección de los depósitos, la utilización de los fondos de los sistemas de garantía de depósitos, la cooperación transfronteriza y la transparencia(2)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 53, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(4),

Visto el dictamen del Banco Central Europeo(5),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)  De conformidad con el artículo 19, apartados 5 y 6, de la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(6), la Comisión ha evaluado la aplicación y el ámbito de aplicación de dicha Directiva y ha llegado a la conclusión de que, mediante el establecimiento de sistemas de garantía de depósitos (SGD), se ha cumplido, en lo esencial, el objetivo de protección de los depositantes de la Unión. Sin embargo, la Comisión también ha llegado a la conclusión de que es necesario subsanar las lagunas que aún perduran en la protección de los depositantes y mejorar el funcionamiento de los SGD, armonizando al mismo tiempo las normas que regulan las intervenciones de los SGD distintas de los procesos de pago de depósitos.

(1 bis)  En la actualidad, la unión bancaria se basa en solo dos de sus tres pilares previstos, a saber, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y el Mecanismo Único de Resolución (MUR). Por lo tanto, sigue incompleta, debido a la ausencia de su tercer pilar, el Sistema Europeo de Seguro de Depósitos (SESD). La revisión en curso del marco de gestión de crisis y garantía de depósitos de la Unión tiene por objeto allanar el camino hacia la culminación pendiente desde hace tiempo de la unión bancaria, incluido el establecimiento de un SESD. La culminación de la unión bancaria forma parte integrante de la unión económica y monetaria y de la estabilidad financiera, sobre todo por mitigar los riesgos del denominado «bucle fatal» que surgen como consecuencia del nexo entre los bancos y la deuda soberana.

(1 ter)  Para garantizar una transición fluida hacia la realización de la unión bancaria, es necesario armonizar las funciones que pueden desempeñar los SGD. Por lo tanto, debe limitarse la serie de facultades discrecionales con arreglo a la legislación nacional incluidas en la Directiva 2014/49/UE y todos los SGD deben poder financiar medidas de resolución, medidas preventivas y otras medidas alternativas al pago a los depositantes.

(1 quater)  El marco de gestión de crisis de la Unión debe garantizar en todo momento que no se socialicen las pérdidas y que los recursos de los contribuyentes no se utilicen para ayudar a entidades de crédito en dificultades ni rescatarlas.

(2)  El incumplimiento de la obligación de abonar aportaciones a los SGD o de facilitar información a los depositantes y los SGD podría socavar el objetivo de protección de los depositantes. Los SGD o, en su caso, las autoridades designadas pueden imponer sanciones pecuniarias por demora en el pago de las aportaciones. Es importante mejorar la coordinación entre los SGD y las autoridades designadas y competentes a la hora de adoptar medidas coercitivas contra las entidades de crédito que no cumplan sus obligaciones. Aunque la aplicación por parte de las autoridades competentes de medidas de supervisión y coerción frente a las entidades de crédito está regulada por la legislación nacional y la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(7), es necesario velar por que las autoridades designadas informen a las autoridades competentes oportunamente sobre cualquier incumplimiento de las obligaciones de las entidades de crédito con arreglo a las normas de protección de los depósitos.

(3)  Para contribuir a una mayor convergencia de las prácticas de los SGD y ayudar a estos a poner a prueba su resiliencia, resulta oportuno que la Autoridad Bancaria Europea (ABE) elabore proyectos de normas de regulación sobre la aplicación de pruebas de resistencia a los sistemas de los SGD.

(4)  De conformidad con el artículo 5, apartado 1, letra d), de la Directiva 2014/49/UE, los depósitos de determinadas entidades financieras, incluidas las empresas de servicios de inversión, quedan excluidos de la cobertura del SGD. No obstante, los fondos que dichas entidades financieras reciben de sus clientes y depositan en una entidad de crédito por cuenta de estos, en el marco de la prestación de los servicios que ofrecen, deben estar protegidos en determinadas condiciones.

(5)  El abanico de depositantes que actualmente gozan de protección a través del reembolso por un SGD obedece a la voluntad de proteger a los inversores no profesionales, al considerarse que los inversores profesionales no necesitan esa protección. Por este motivo, las autoridades públicas han sido excluidas de la cobertura. Sin embargo, en su mayor parte, las autoridades públicas (que en algunos Estados miembros incluyen escuelas y hospitales) no pueden considerarse inversores profesionales. Por tanto, es necesario garantizar que los depósitos de todos los inversores no profesionales, incluidas las autoridades públicas, puedan disfrutar de la protección ofrecida por los SGD.

(6)  Determinados eventos, por ejemplo las transacciones inmobiliarias relativas a bienes residenciales privados o el pago de determinadas prestaciones de seguro, pueden dar lugar temporalmente a depósitos de considerable cuantía. Por ello, el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2014/49/UE obliga actualmente a los Estados miembros a garantizar que los depósitos resultantes de tales eventos estén protegidos por encima de 100 000 EUR durante al menos tres meses, si bien no más de doce meses, a partir del momento en que se haya abonado el importe o del momento en que dichos depósitos pasen a ser legalmente transferibles. Con vistas a armonizar la protección de los depositantes en la Unión y reducir la complejidad administrativa y la inseguridad jurídica relacionadas con el alcance de la protección de dichos depósitos, es necesario igualar su protección fijándola en un importe mínimo de al menos 500 000 EUR y un importe máximo de 2 500 000 EUR durante un período armonizado de seis meses, además del nivel de cobertura de 100 000 EUR. Tras su transposición por parte de los Estados miembros, la Comisión debe llevar a cabo una revisión de los importes protegidos, con el fin de determinar si debe reducirse el importe máximo, teniendo en cuenta si los importes protegidos son proporcionados y garantizan la igualdad de condiciones en toda la Unión.

(7)  En una transacción inmobiliaria, los fondos pueden transitar por diferentes cuentas antes de que se liquide realmente la transacción. En consecuencia, para proteger de manera homogénea a los depositantes que realizan transacciones inmobiliarias, la protección de los saldos temporalmente elevados debe extenderse al producto de la venta, así como a los fondos depositados para la adquisición de un bien inmueble residencial privado en un período a corto plazo previamente definido.

(8)  A fin de garantizar que el importe que debe reembolsar un SGD se desembolse oportunamente y de simplificar las normas administrativas y de cálculo, conviene suprimir la facultad discrecional de tener en cuenta las deudas exigibles al calcular el importe reembolsable.

(9)  Es necesario optimizar la capacidad operativa de los SGD y reducir su carga administrativa. Por ello, debe establecerse que, en lo que respecta a la identificación de los depositantes que tienen derecho a los depósitos en cuentas de beneficiarios o a la evaluación del derecho de los depositantes a acogerse a las salvaguardas aplicables a los saldos temporalmente elevados, sigue siendo responsabilidad de estos y de los titulares de cuentas demostrar, por sus propios medios, su derecho.

(10)  Determinados depósitos pueden estar sujetos a un plazo de reembolso más largo porque requieren que los SGD verifiquen la solicitud de reembolso. Para armonizar las normas en toda la Unión, el plazo de reembolso debe limitarse a veinte días hábiles a partir de la recepción de la documentación pertinente.

(11)  El coste administrativo que acarrea el reembolso de pequeños importes mantenidos en cuentas inactivas puede superar los beneficios que supone para el depositante. Por tanto, es necesario especificar que los SGD no han de estar obligados a tomar activamente medidas para reembolsar los depósitos mantenidos en tales cuentas cuando estos sean inferiores a determinados umbrales, que deben fijarse a nivel nacional. No obstante, debe preservarse el derecho de los depositantes a reclamar ese importe. Además, si el mismo depositante tiene también otras cuentas activas, los SGD deben incluir ese importe en el cálculo del importe a reembolsar.

(12)  Los SGD disponen de diversos métodos para reembolsar a los depositantes, desde los pagos en efectivo hasta las transferencias electrónicas. No obstante, para garantizar la trazabilidad del proceso de reembolso por parte de los SGD y no apartarse de los objetivos perseguidos por el marco de la Unión relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, conviene que el método de pago por defecto para el reembolso de los depositantes sean las transferencias cuando el reembolso supere los 10 000 EUR.

(13)  Las entidades financieras están excluidas de la protección de los depósitos. Sin embargo, algunas entidades financieras, entre ellas las entidades de dinero electrónico, las entidades de pago y las empresas de servicios de inversión, también depositan los fondos recibidos de sus clientes en cuentas bancarias, a menudo de forma temporal, para cumplir las obligaciones de salvaguarda derivadas de la legislación sectorial, en particular la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(8), la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo(9) y la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(10). Teniendo en cuenta el creciente papel que desempeñan esas entidades financieras, los SGD deben proteger tales depósitos siempre que los correspondientes clientes se hayan identificado o sean identificables.

(14)  Los clientes de las entidades financieras no siempre saben qué entidad de crédito han elegido estas para depositar sus fondos. Por consiguiente, los SGD no deben agregar dichos depósitos realizados por la entidad financiera a otro depósito que los mismos clientes puedan tener en la misma entidad de crédito. Es posible que las entidades de crédito no conozcan a los clientes a los que corresponde la cantidad mantenida en las cuentas de clientes o no puedan comprobar y registrar los datos individuales de dichos clientes. ▌

(15)  Al reembolsar a los depositantes, los SGD pueden hallarse frente a situaciones que planteen problemas de blanqueo de capitales. Por consiguiente, los SGD deben suspender el pago a un depositante cuando se les haya comunicado que una unidad de inteligencia financiera ha bloqueado una cuenta bancaria o de pago de conformidad con las normas aplicables en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

(16)  El artículo 9 de la Directiva 2014/49/UE establece que, cuando un SGD efectúe pagos en el contexto de un procedimiento de resolución, tendrá un crédito frente a la entidad de crédito de que se trate por un importe igual al que haya pagado y dicho crédito tendrá la misma prelación que los depósitos con cobertura. Esta disposición no distingue entre la contribución de un SGD cuando se utiliza un instrumento de recapitalización interna bancaria abierta y la contribución del SGD a la financiación de una estrategia de transmisión (instrumento de venta del negocio o instrumento de la entidad puente) seguida de la liquidación de la entidad residual. En aras de la claridad y la seguridad jurídica en lo que respecta a la existencia y el importe del crédito de un SGD en diferentes escenarios, es preciso especificar que, cuando la contribución del SGD esté destinada a respaldar la aplicación del instrumento de venta del negocio o del instrumento de la entidad puente, o medidas alternativas, que den lugar a la transmisión a un receptor de un conjunto de activos, derechos y pasivos, incluidos depósitos, de la entidad de crédito, dicho SGD ha de tener un crédito frente a la entidad residual en el posterior procedimiento de liquidación de esta con arreglo a la legislación nacional. Para garantizar que los accionistas y acreedores de la entidad de crédito que queden en la entidad residual absorban efectivamente las pérdidas de dicha entidad de crédito e incrementen la posibilidad de reembolso al SGD en caso de insolvencia, el crédito del SGD debe tener la misma prelación que los depósitos con cobertura. En el supuesto de que se aplique el instrumento de recapitalización interna bancaria abierta (es decir, de que la entidad de crédito prosiga sus actividades), el SGD contribuye por el importe en que los depósitos con cobertura se habrían amortizado o convertido para absorber las pérdidas en la entidad de crédito, de haberse incluido tales depósitos en el ámbito de aplicación de la recapitalización interna. Por tanto, la contribución del SGD no debe dar lugar a un crédito frente a la entidad objeto de resolución, ya que ello privaría a esa contribución de finalidad.

(17)  Para garantizar la convergencia de las prácticas de los SGD y la seguridad jurídica a la hora de que los depositantes reclamen sus depósitos, y a fin de evitar obstáculos operativos a los SGD, es importante establecer un plazo suficientemente largo para que los depositantes puedan reclamar el reembolso de sus depósitos en los casos en que, pese a ser procedente el pago, el SGD no haya reembolsado a los depositantes en los plazos establecidos en el artículo 8 de la Directiva 2014/49/UE.

(18)  De conformidad con el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2014/49/UE, los Estados miembros deben garantizar que, a más tardar el 3 de julio de 2024, los recursos financieros disponibles de los SGD alcancen un nivel objetivo del 0,8 % del importe de los depósitos con cobertura de sus miembros. Para evaluar objetivamente si los SGD cumplen este requisito, debe establecerse un período de referencia claro para determinar el importe de los depósitos con cobertura y los recursos financieros disponibles de los SGD. Habida cuenta de la ampliación del ámbito de aplicación del SGD, la adecuación del nivel objetivo del 0,8 % debe ser objeto de un seguimiento y una evaluación estrechos.

(19)  Para garantizar la resiliencia de los SGD, sus fondos deben proceder de aportaciones estables e irrevocables. Algunas fuentes de financiación de los SGD, incluidos los préstamos y las recuperaciones esperadas, son demasiado contingentes para ser contabilizadas como aportaciones a efectos de alcanzar el nivel objetivo del SGD. A fin de armonizar las condiciones para el cumplimiento del nivel objetivo de los SGD y velar por que sus recursos financieros disponibles se financien mediante aportaciones del sector, conviene distinguir los fondos admisibles para alcanzar el nivel objetivo de los fondos que se consideren fuentes de financiación complementarias. Las salidas de fondos de los SGD, incluidos los reembolsos previsibles de préstamos, pueden planificarse y tenerse en cuenta en las aportaciones ordinarias de los miembros del SGD, por lo que, en principio, no darán lugar a una disminución de los recursos financieros disponibles por debajo del nivel objetivo. Es necesario, por tanto, especificar que, una vez alcanzado por primera vez el nivel objetivo, solo debe iniciarse un período de reposición de cuatro años en caso de déficit en los recursos financieros disponibles del SGD causado por una intervención de este (reembolso de depósitos o medidas preventivas, de resolución o alternativas). Cuando, tras dicha intervención del SGD, los recursos financieros disponibles se hayan reducido en menos de un tercio, el período de reposición será de dos años. Con vistas a una aplicación coherente, la ABE debe elaborar proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen la metodología de cálculo del nivel objetivo por parte de los SGD.

(20)  Los recursos financieros disponibles de un SGD deben poder utilizarse inmediatamente para hacer frente a situaciones súbitas de reembolso de depósitos u otras intervenciones. Ante la diversidad de prácticas observadas en la Unión, conviene someter la estrategia de inversión de los fondos de los SGD a determinados requisitos a fin de mitigar cualquier incidencia negativa en la capacidad de un SGD para cumplir su cometido. Cuando un SGD no esté habilitado para definir la estrategia de inversión, la autoridad, organismo o entidad que sea responsable, en el Estado miembro de que se trate, de definir la estrategia de inversión debe también, al hacerlo, respetar los principios de diversificación e inversión en activos de bajo riesgo y líquidos. A fin de preservar la plena independencia operativa y la flexibilidad del SGD en lo que respecta al acceso a sus fondos, cuando estos fondos se depositen en el Tesoro, deben reservarse y colocarse en una cuenta separada.

(21)  La opción de recaudar los recursos financieros disponibles de un SGD mediante aportaciones obligatorias abonadas por las entidades afiliadas a los sistemas existentes de aportaciones obligatorias establecidos por un Estado miembro a efectos de cubrir los costes relacionados con riesgos sistémicos nunca se ha utilizado y debe, por tanto, suprimirse.

(22)  Es preciso mejorar la protección de los depositantes, evitando al mismo tiempo la necesidad de una venta forzosa de los activos de un SGD y limitando los posibles efectos procíclicos negativos sobre el sector bancario causados por la recaudación de aportaciones extraordinarias. Por consiguiente, debe autorizarse a los SGD a utilizar mecanismos de financiación alternativos que les permitan obtener en cualquier momento financiación a corto plazo de fuentes distintas de las aportaciones, incluso antes de utilizar sus recursos financieros disponibles y los fondos recaudados mediante aportaciones extraordinarias. Dado que el coste y la responsabilidad de la financiación de los SGD han de recaer ante todo en las entidades de crédito, los mecanismos de financiación alternativos a través de fondos públicos no deben permitirse.

(23)  Con objeto de garantizar una inversión adecuadamente diversificada de los fondos de los SGD y prácticas convergentes, resulta oportuno que la ABE emita directrices para proporcionar a los SGD orientaciones al respecto.

(24)  Si bien la función principal de los SGD es el reembolso de los depositantes con cobertura, otras intervenciones distintas del pago de depósitos pueden resultar más eficientes en costes para los SGD y garantizar el acceso ininterrumpido a los depósitos facilitando las estrategias de transmisión. Los SGD pueden estar obligados a contribuir a la resolución de las entidades de crédito. Además, en algunos Estados miembros, los SGD pueden financiar medidas preventivas para restablecer la viabilidad a largo plazo de las entidades de crédito o medidas alternativas en caso de insolvencia. Si bien estas medidas preventivas y alternativas pueden mejorar significativamente la protección de los depósitos, es necesario supeditarlas a las oportunas salvaguardas, en particular una prueba armonizada del menor coste, a fin de garantizar la igualdad de condiciones de competencia y la eficacia y eficiencia en costes de dichas medidas. Estas salvaguardas solo deben aplicarse a las intervenciones financiadas con los recursos financieros disponibles del SGD regulados por la presente Directiva.

(24 bis)  Es esencial que toda intervención del SGD en cualquier situación se centre en la rentabilidad y la transparencia. Ese enfoque es esencial para no distorsionar la igualdad de condiciones y garantizar que no se confieran ventajas injustas a determinados participantes en el mercado. La transparencia y la rentabilidad son principios fundamentales subyacentes a la integridad y el funcionamiento equitativo del SGD.

(25)  Las medidas para evitar la inviabilidad de una entidad de crédito consistentes en intervenciones suficientemente tempranas pueden desempeñar un papel eficaz dentro de la sucesión de instrumentos de gestión de crisis para preservar la confianza de los depositantes y la estabilidad financiera. Estas medidas pueden adoptar diversas formas: medidas de apoyo al capital a través de instrumentos de fondos propios (incluidos los instrumentos de capital ordinario de nivel 1) u otros instrumentos de capital, garantías o préstamos. Los SGD han recurrido a estas medidas de manera heterogénea. Para garantizar la coherencia de la sucesión de instrumentos de gestión de crisis y el recurso a medidas preventivas con el marco de resolución y las normas sobre ayudas estatales, es necesario especificar el momento y las condiciones en que deben aplicarse. Las medidas preventivas no son adecuadas para absorber las pérdidas sufridas cuando la entidad de crédito ya es inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser y deben utilizarse en una fase temprana a fin de evitar el deterioro de la situación financiera del banco. Por consiguiente, las autoridades designadas han de verificar si se satisfacen las condiciones para esa intervención del SGD. Por último, esas condiciones para el uso de los recursos financieros disponibles del SGD han de entenderse sin perjuicio de la evaluación por parte de la autoridad competente de si un SIP cumple los criterios establecidos en el artículo 113, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(11).

(26)  Para garantizar que las medidas preventivas alcancen su objetivo, debe exigirse a las entidades de crédito que presenten ante la autoridad competente una nota en la que se describan las medidas que se comprometen a adoptar. ▌ Dicha nota debe contener todos los elementos destinados a evitar la salida de fondos y reforzar la situación de capital y liquidez de la entidad de crédito, permitiendo a esta cumplir todos los requisitos prudenciales y otros requisitos reglamentarios pertinentes de cara al futuro. Así pues, la nota debe recoger medidas encaminadas a obtener capital, incluidas reglas en materia de emisión de derechos, conversión voluntaria de instrumentos de deuda subordinada, ejercicios de gestión del pasivo, ventas de activos que generen capital, titulización de carteras y retención de beneficios, en particular la prohibición de distribuir dividendos y de adquirir participaciones en empresas. Además, la nota debe detallar el déficit de capital inicial de la entidad de crédito, las medidas de obtención de capital aplicadas y las salvaguardias establecidas para evitar la salida de fondos. Por la misma razón, durante la aplicación de las medidas previstas en la nota, las entidades de crédito también deben reforzar su situación de liquidez y abstenerse de toda práctica comercial agresiva y de la distribución de dividendos, de la remuneración variable o de recomprar acciones propias o ejercer opciones de compra de instrumentos híbridos de capital. La nota también debe contener una estrategia de salida en relación con cualquier medida de apoyo recibida. En un plazo razonable, la entidad de crédito proporcionará a la autoridad competente un plan de reorganización de actividades para garantizar la viabilidad a largo plazo. Las medidas preventivas concedidas a una entidad de crédito deben suspenderse cuando la autoridad competente no esté convencida de que el plan de reorganización de actividades es creíble y factible para garantizar la viabilidad a largo plazo. Cuando la entidad de crédito sea miembro de un SIP a que se refiere el artículo 1, apartado 2, letra c), el SIP aprobará el plan de reorganización de actividades, previa consulta a la autoridad competente. Cuando la autoridad competente no esté satisfecha con el plan de reorganización de actividades, debe aplicar las medidas necesarias para garantizar la viabilidad a largo plazo. Las autoridades más indicadas para evaluar la pertinencia y credibilidad de las medidas previstas en el plan de reorganización de actividades son las autoridades competentes y las autoridades de resolución. A fin de garantizar que las autoridades designadas del SGD al que la entidad de crédito solicite que financie una medida preventiva puedan evaluar si se cumplen todas las condiciones aplicables a las medidas preventivas, las autoridades competentes deben cooperar con las autoridades designadas. En aras de un enfoque coherente de la aplicación de medidas preventivas en toda la Unión, resulta oportuno que la ABE emita directrices para ayudar a las entidades de crédito a redactar el citado plan de reorganización de actividades.

(26 bis)  Para mitigar el riesgo moral, cuando proceda, la entidad de crédito que recibe apoyo de los SGD en forma de medidas preventivas, sus accionistas, sus acreedores o el grupo empresarial al que pertenece deben contribuir a la reestructuración con cargo a sus propios recursos y proporcionar una remuneración adecuada por la medida preventiva concedida por el SGD.

(27)  Para asegurar que las entidades de crédito que reciban apoyo de los SGD con vistas a medidas preventivas cumplan sus compromisos, las autoridades competentes deben exigir un plan corrector a las entidades de crédito que no hayan respetado sus compromisos para que reembolse el importe de la contribución aportada en el marco de las medidas preventivas o cumplido la estrategia de salida. Cuando la autoridad competente considere que las medidas del plan corrector no son aptas para lograr la viabilidad a largo plazo de la entidad de crédito, el SGD no debe facilitar ningún apoyo preventivo adicional a la entidad de crédito y las autoridades pertinentes han de llevar a cabo una evaluación de si la entidad de crédito ya es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser, de conformidad con el artículo 32 de la Directiva 2014/59/UE. Las mismas consecuencias deben aplicarse en los casos en que la entidad de crédito incumpla el plan corrector. En aras de un enfoque coherente de la aplicación de medidas preventivas en toda la Unión, resulta oportuno que la ABE emita directrices para ayudar a las entidades de crédito a redactar el citado plan corrector.

(28)  A fin de evitar efectos perjudiciales para la competencia y el mercado interior, es necesario establecer que, en lo que respecta a las medidas alternativas en caso de insolvencia, las instancias pertinentes que representen a una entidad de crédito en el contexto del procedimiento nacional de insolvencia (liquidador, síndico, administrador u otro)deben tomar las oportunas disposiciones para poner en venta el negocio de la entidad de crédito o una parte del mismo en un proceso abierto, transparente y no discriminatorio, procurando al mismo tiempo maximizar, en la medida de lo posible, el precio de venta. La entidad de crédito o cualquier intermediario que actúe en nombre de esta debe aplicar normas que sean adecuadas a la hora de poner en venta los activos, derechos y pasivos que vayan a transmitirse a potenciales compradores. En cualquier caso, la utilización de recursos estatales, cuando proceda, debe estar sujeta en todo momento a las normas pertinentes sobre ayudas estatales que prevé el Tratado.

(29)  Dado que la principal finalidad de los SGD es proteger los depósitos con cobertura, solo se les debe permitir financiar intervenciones distintas del reembolso de depósitos cuando resulten menos onerosas que esta última opción. La experiencia en la aplicación de esta regla («prueba del menor coste») ha puesto de manifiesto varias deficiencias, ya que el marco actual no detalla cómo ha de determinarse el coste de dichas intervenciones ni el coste del reembolso de depósitos. Para garantizar una aplicación coherente de la prueba del menor coste en toda la Unión, es necesario especificar el cálculo de dichos costes. Al mismo tiempo, es preciso evitar imponer condiciones excesivamente estrictas que inhibirían en la práctica el uso de los fondos de los SGD para intervenciones distintas del reembolso de depósitos. Al realizar la evaluación del menor coste, los SGD deben verificar en primer lugar que el coste de financiación de la medida seleccionada es inferior al coste de reembolso de los depósitos con cobertura. La metodología de evaluación del menor coste debe tener en cuenta el valor temporal del dinero.

(30)  La liquidación puede ser un proceso largo cuya eficiencia depende de la eficiencia del sistema judicial nacional, de los regímenes de insolvencia, de las características del banco de que se trate y de las circunstancias de su inviabilidad. Cuando las intervenciones de los SGD se inscriban en el marco de medidas alternativas, la prueba del menor coste debe basarse en la valoración de los activos y pasivos de la entidad de crédito, tal como se establece en el artículo 36, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE, y en la estimación establecida en el artículo 36, apartado 8, de dicha Directiva. Sin embargo, la evaluación precisa de las recuperaciones en caso de liquidación puede resultar difícil en el contexto de la prueba del menor coste de cara a la aplicación de medidas preventivas, que presumiblemente tendrá lugar mucho antes de cualquier liquidación previsible. Por tanto, la hipótesis de contraste para la prueba del menor coste de cara a la aplicación de medidas preventivas debe ajustarse en consecuencia y, en cualquier caso, las recuperaciones esperadas deben limitarse a un importe razonable basado en las recuperaciones registradas en anteriores casos de reembolso de depósitos.

(31)  Las autoridades designadas deben estimar el coste de la medida para el SGD, también después del reembolso de un préstamo, una inyección de capital o la utilización de una garantía, tras deducir las ganancias esperadas, los gastos operativos y las pérdidas potenciales, frente a una hipótesis de contraste basada en una pérdida final hipotética al final del procedimiento de insolvencia, que debe tener en cuenta las recuperaciones procedentes del SGD en el marco del procedimiento de liquidación del banco. Además, la hipótesis de contraste debe tener en cuenta el posible coste para el SGD de la inestabilidad económica y financiera, incluida la necesidad de utilizar fondos adicionales, en el marco del mandato del SGD, para proteger a los depositantes y la estabilidad financiera y evitar el contagio. Para ofrecer una imagen fiel y más completa del coste real del reembolso de los depositantes, la estimación de la pérdida sufrida como consecuencia del reembolso de los depósitos con cobertura debe incluir los costes relacionados indirectamente con tal reembolso. Estos costes deben comprender ▌ el coste que podría suponer para este el recurso a financiación alternativa. En aras de una aplicación coherente de la prueba del menor coste, resulta oportuno que la ABE elabore proyectos de normas técnicas de regulación en relación con la metodología para calcular el coste de las diferentes intervenciones de los SGD. A fin de garantizar la coherencia de la metodología de evaluación del menor coste con el cometido legal o contractual del SGD ▌, la ABE debe elaborar proyectos de normas técnicas de regulación.

(32)  Para mejorar la protección armonizada de los depositantes y definir las responsabilidades respectivas en la Unión, el SGD del Estado miembro de origen debe hacerse cargo del reembolso a los depositantes radicados en Estados miembros en los que las entidades de crédito afiliadas al SGD acepten depósitos y otros fondos reembolsables mediante la prestación de servicios de depósito transfronterizos sin establecimiento en el Estado miembro de acogida. Con objeto de facilitar las operaciones de reembolso de depósitos y el suministro de información a los depositantes, resulta oportuno permitir al SGD del Estado miembro de acogida actuar como punto de contacto para los depositantes de entidades de crédito que ejerzan la libre prestación de servicios.

(33)  La cooperación entre los SGD de toda la Unión es vital para asegurar un reembolso rápido y eficiente en costes de los depositantes cuando las entidades de crédito prestan servicios bancarios a través de sucursales en otros Estados miembros. Habida cuenta de los avances tecnológicos que promueven el uso de transferencias transfronterizas y la identificación a distancia, el SGD del Estado miembro de origen debe estar autorizado a efectuar los reembolsos directamente a los depositantes de sucursales situadas en otro Estado miembro, siempre que la carga administrativa y los costes sean inferiores a los que se generarían si el reembolso fuera efectuado por el SGD del Estado miembro de acogida. Esta flexibilidad debe complementar el actual mecanismo de cooperación, que exige al SGD del Estado miembro de acogida que reembolse a los depositantes de las sucursales por cuenta del SGD del Estado miembro de origen. Para preservar la confianza de los depositantes en los Estados miembros tanto de acogida como de origen, resulta oportuno que la ABE emita directrices para ayudar a los SGD en ese proceso de cooperación, proporcionando, entre otras cosas, una lista de condiciones en las que el SGD del Estado miembro de origen podría decidir reembolsar a los depositantes de sucursales situadas en el Estado miembro de acogida.

(34)  Las entidades de crédito pueden cambiar de SGD de afiliación al trasladar su sede a otro Estado miembro o al convertir su filial en sucursal o a la inversa. El artículo 14, apartado 3, de la Directiva 2014/49/UE exige que las aportaciones abonadas por la entidad de crédito durante los doce meses anteriores al cambio se transfieran al otro SGD en proporción al importe de los depósitos con cobertura transferidos. Para garantizar que la transferencia de aportaciones al SGD destinatario no dependa de normas nacionales divergentes en materia de facturación o fecha efectiva de pago de las aportaciones, el SGD de origen debe calcular el importe a transferir sobre la base de los pasivos potenciales asumidos por el SGD destinatario a raíz de la transferencia. La ABE debe elaborar proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar la metodología para el cálculo del importe que debe transferirse, con el fin de garantizar un impacto neutro de la transferencia en la situación financiera tanto del SGD destinatario como del SGD de origen en relación con los riesgos que cubren.

(35)  Es necesario velar por la igualdad de protección de los depositantes en toda la Unión, la cual no puede garantizarse plenamente mediante un régimen de evaluación de la equivalencia de la protección otorgada a los depositantes en terceros países. Por este motivo, las sucursales situadas en la Unión de una entidad de crédito que tenga su domicilio social en un tercer país deben afiliarse a un SGD en el Estado miembro en el que ejerzan la actividad de recepción de depósitos. Este requisito también garantizaría la coherencia con las Directivas 2013/36/UE y 2014/59/UE, cuyo objetivo es implantar un marco prudencial y de resolución más sólido para los grupos de terceros países que prestan servicios bancarios en la Unión. En cambio, debe evitarse que los SGD estén expuestos a los riesgos económicos y financieros de terceros países. Por consiguiente, no deben protegerse los depósitos realizados en sucursales establecidas en terceros países por entidades de crédito de la Unión.

(36)  La publicación periódica de información normalizada favorece la sensibilización de los depositantes en lo que respecta a la protección de los depósitos. Para adaptarse a los avances tecnológicos, dichos requisitos de publicación de información deben tener en cuenta los nuevos canales de comunicación digitales a través de los cuales las entidades de crédito interactúan con los depositantes. Los depositantes deben obtener información clara y homogénea que explique de qué manera están protegidos sus depósitos, sin que la carga administrativa correspondiente para las entidades de crédito o los SGD sea desmesurada. Resulta oportuno encomendar a la ABE que elabore proyectos de normas técnicas de ejecución para especificar, por una parte, el contenido y el formato de la hoja informativa que debe comunicarse anualmente a los depositantes y, por otra, la plantilla relativa a la información que los SGD o las entidades de crédito están obligados a comunicar a los depositantes en determinadas situaciones, tales como una fusión de entidades de crédito, cuando se determine la indisponibilidad de los depósitos o en caso de reembolso de depósitos de fondos de clientes.

(37)  La fusión de una entidad de crédito o la conversión de una filial en sucursal, o a la inversa, podría afectar a las características fundamentales de la protección de los depositantes. Para evitar efectos adversos sobre los depositantes que tengan depósitos en los dos bancos que se fusionen y cuyos derechos en materia de cobertura de depósitos se reduzcan como consecuencia de los cambios en la afiliación a los SGD, todos los depositantes deben ser informados de tales cambios y tener derecho a retirar sus fondos sin incurrir en penalización alguna hasta un importe igual a la pérdida de cobertura de depósitos.

(38)  A fin de preservar la estabilidad financiera, evitar el contagio y permitir a los depositantes ejercer el derecho a reclamar sus depósitos cuando proceda, las autoridades designadas, los SGD y las entidades de crédito afectados han de informar a los depositantes sobre la indisponibilidad de los depósitos.

(39)  En aras de una mayor transparencia para los depositantes y con vistas a promover la solidez financiera y la confianza entre los SGD en el cumplimiento de su cometido, deben mejorarse los actuales requisitos de presentación de información. Sobre la base de los actuales requisitos que permiten a los SGD solicitar toda la información necesaria a sus entidades afiliadas en previsión del reembolso de depósitos, los SGD también han de poder solicitar la información necesaria en previsión de tal reembolso en el contexto de la cooperación transfronteriza. A petición de un SGD, las entidades afiliadas deben estar obligadas a facilitar información general sobre cualquier actividad transfronteriza significativa en otros Estados miembros. Del mismo modo, con objeto de proporcionar a la ABE un conjunto adecuado de información sobre la evolución de los recursos financieros disponibles de los SGD y sobre el uso de dichos recursos, los Estados miembros deben velar por que los SGD informen anualmente a la ABE del importe de los depósitos con cobertura y de los recursos financieros disponibles, y le notifiquen las circunstancias que hayan dado lugar a la utilización de los fondos de los SGD, ya sea para el reembolso de depósitos o para otras medidas. Por último, para reflejar el papel reforzado atribuido a los SGD en la gestión de crisis bancarias con la finalidad de facilitar el uso de los fondos de los SGD en la resolución, los SGD han de tener derecho a recibir anualmente un resumen de los planes de resolución de las entidades de crédito, a fin de mejorar su preparación general de cara a la puesta a disposición de sus fondos.

(40)  Las normas técnicas aplicables a los servicios financieros deben propiciar una armonización coherente y una adecuada protección de los depositantes en toda la Unión. Como organismo con conocimientos muy especializados, sería eficiente y adecuado confiar a la ABE la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución que no impliquen decisiones políticas para su adopción por la Comisión.

(41)  La Comisión debe, cuando así lo disponga la presente Directiva, adoptar los proyectos de normas técnicas de regulación elaborados por la ABE mediante actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del TFUE y con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(12), a fin de especificar lo siguiente: a) los detalles técnicos relativos a la identificación de los clientes de las entidades financieras a efectos del reembolso de los depósitos de fondos de clientes, los criterios para el reembolso al titular de la cuenta en favor de cada cliente o directamente al cliente y las normas para evitar reclamaciones múltiples de pago al mismo beneficiario; b) la metodología de la prueba del menor coste, y c) la metodología de cálculo de los recursos financieros disponibles admisibles a efectos del nivel objetivo.

(42)  La Comisión debe, cuando así lo disponga la presente Directiva, adoptar los proyectos de normas técnicas de ejecución elaborados por la ABE mediante actos de ejecución, de conformidad con el artículo 291 del TFUE y con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, a fin de especificar lo siguiente: a) el contenido y el formato de la hoja informativa de los depositantes, y la plantilla para la información que los SGD o las entidades de crédito deben comunicar a los depositantes; b) los procedimientos que deben seguir las entidades de crédito a la hora de facilitar información a su SGD, así como los SGD y las autoridades designadas a la hora de facilitar información a la ABE, y las plantillas que deben utilizar a esos efectos.

(43)  Procede, por tanto, modificar la Directiva 2014/49/UE en consecuencia.

(44)  A fin de permitir a las sucursales de entidades de crédito que tengan su domicilio social fuera de la Unión y que no estén afiliadas a un SGD establecido en la Unión afiliarse a un SGD de la Unión, resulta oportuno conceder a dichas sucursales un plazo suficiente para realizar los trámites necesarios con vistas a cumplir ese requisito.

(45)  La Directiva 2014/49/UE permite a los Estados miembros reconocer un SIP como SGD si se ajusta a los criterios establecidos en el artículo 113, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y cumple lo dispuesto en dicha Directiva. Para tener en cuenta el modelo de negocio específico de dichos SIP, en particular la relevancia de las funciones que constituyen el elemento central de su cometido y que desempeñan de forma adicional a las cubiertas por la presente Directiva, conviene ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de permitir a los SIP seguir desempeñando tales funciones. Además, a fin de darles tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas disposiciones, en particular a las salvaguardias para la aplicación de medidas preventivas, debe concederse a los SIP un período transitorio de tres años. Para garantizar unas condiciones de competencia equitativas y preservar un alto grado de protección de los depositantes, las funciones y tareas desempeñadas de forma adicional a las cubiertas por la presente Directiva deben financiarse con medios financieros adicionales, más allá del nivel objetivo. Los SIP deben constituir un fondo separado para los fines del SIP distintos de las funciones cubiertas por la presente Directiva, según lo acordado entre el Banco Central Europeo, la autoridad nacional competente y los SIP pertinentes.

(46)  Con objeto de que los SGD y las autoridades designadas puedan desarrollar la capacidad operativa necesaria para aplicar las nuevas normas sobre el uso de medidas preventivas, conviene prever una aplicación diferida de esas nuevas normas.

(47)  Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, garantizar una protección uniforme de los depositantes en la Unión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, debido a los riesgos que podrían entrañar para la integridad del mercado único enfoques nacionales divergentes, sino que, mediante la modificación de normas ya establecidas a escala de la Unión, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificaciones de la Directiva 2014/49/UE

La Directiva 2014/49/UE se modifica como sigue:

1)  El artículo 1 se modifica como sigue:

a)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. La presente Directiva establece normas y procedimientos relativos al establecimiento y al funcionamiento de los sistemas de garantía de depósitos (SGD), a la cobertura y al reembolso de los depósitos y a la utilización de los fondos de los SGD para medidas destinadas a garantizar el acceso de los depositantes a sus depósitos.».

b)  En el apartado 2, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:"

«d) las entidades de crédito, así como las sucursales de entidades de crédito que tengan su domicilio social fuera de la Unión, siempre que estén afiliadas a los sistemas a que se refieren las letras a), b) o c) del presente apartado.».

2)  En el artículo 2, el apartado 1 se modifica como sigue:

a)  En el punto 3, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«3) “depósito”: cualquier saldo acreedor que proceda de fondos que se hayan mantenido en cuenta o de situaciones transitorias generadas por operaciones bancarias normales que las entidades de crédito lleven a cabo habitualmente en el ejercicio de sus actividades, y que la entidad de crédito tenga obligación de restituir en las condiciones legales y contractuales aplicables, incluidos los depósitos a plazo fijo y los depósitos de ahorro, pero excluido el saldo acreedor cuando concurra alguna de las condiciones siguientes:».

b)  En el punto 13, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«13) “compromiso de pago”: una obligación irrevocable y totalmente cubierta por garantías reales de una entidad de crédito de pagar a un SGD un importe monetario cuando así lo exija dicho SGD, siempre que la garantía real:».

c)  Se añaden los puntos 19 a 23 siguientes:"

d)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. Las participaciones de las sociedades hipotecarias («building societies») irlandesas que no constituyan capital con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra b), se tratarán como depósitos.».

____________________________________________

* [Insértese la referencia completa: propuesta de Reglamento de lucha contra el blanqueo de capitales — COM(2021)0420].

** [Insértese la referencia completa: propuesta de Reglamento de lucha contra el blanqueo de capitales — COM(2021)0420].

3)  El artículo 4 se modifica como sigue:

-a)  El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. Los sistemas contractuales a que se refiere el artículo 1, apartado 2, letra b), de la presente Directiva, podrán reconocerse oficialmente como SGD si cumplen con lo dispuesto en la presente Directiva.

Cualquier SIP podrá ser reconocido oficialmente como SGD si se ajusta a los criterios establecidos en el artículo 113, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y cumple la presente Directiva.

Los Estados miembros garantizarán que, a más tardar el ... [36 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa], los SIP reconocidos como SGD de conformidad con el presente apartado separen sus recursos financieros disponibles sujetos a un nivel objetivo de conformidad con el artículo 10, apartado 2, de la presente Directiva de los recursos financieros adicionales para el cumplimiento de mandatos distintos de los regulados por la presente Directiva.».

a)  El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

«4. Los Estados miembros velarán por que, cuando una entidad de crédito no cumpla sus obligaciones como miembro de un SGD, dicho SGD lo notifique inmediatamente a la autoridad designada y a la autoridad competente de la entidad de crédito.

Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente, en cooperación con la autoridad designada, adopte sin demora todas las medidas adecuadas, incluida, en caso necesario, la imposición de sanciones, para garantizar que la entidad de crédito de que se trate cumpla sus obligaciones como miembro de un SGD. ▌

Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento por parte de las entidades de crédito de las obligaciones que les incumben como miembros de un SGD. Las sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias».

b)  Se inserta el apartado 4 bis siguiente:"

«4 bis. Los Estados miembros velarán por que, cuando una entidad de crédito no abone las aportaciones a que se refieren el artículo 10 y el artículo 11, apartado 4, en el plazo especificado por el SGD, dicho SGD aplique el tipo de interés legal de demora al importe adeudado durante el período de retraso.».

c)  Los apartados 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente:"

«5. Los Estados miembros velarán por que el SGD informe a la autoridad designada cuando las medidas a que se refieren los apartados 4 y 4 bis no permitan restablecer el cumplimiento de sus obligaciones por parte de la entidad de crédito. Los Estados miembros velarán por que la autoridad designada evalúe si la entidad sigue cumpliendo las condiciones para permanecer afiliada al SGD e informe a la autoridad competente del resultado de dicha evaluación.

6.  Los Estados miembros velarán por que, cuando la autoridad competente decida revocar la autorización de conformidad con el artículo 18 de la Directiva 2013/36/UE, la entidad de crédito deje de estar afiliada al SGD. Los Estados miembros velarán por que los depósitos mantenidos en la fecha en que la entidad de crédito deje de estar afiliada al SGD sigan estando cubiertos por dicho SGD por un período máximo de seis meses».

c bis)  En el apartado 7 se añade el párrafo siguiente:"

«Las autoridades designadas dispondrán de las facultades coercitivas necesarias, incluidas las facultades para imponer sanciones u otras medidas administrativas, para subsanar las infracciones de la presente Directiva por parte de un SGD.».

d)  Se suprime el apartado 8.

e)  Se añade el apartado 13 siguiente:"

«13. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen el alcance, el contenido y los procedimientos de las pruebas de resistencia a que se refiere el apartado 10.

La ABE presentará a la Comisión tales proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el ... [veinticuatro meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

4)  El artículo 5 se modifica como sigue:

a)  El apartado 1 se modifica como sigue:

i)  la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Quedarán excluidos de cualquier reembolso con cargo a los SGD:»;

ii)  la letra c) se sustituye por el texto siguiente:"

«c) los depósitos derivados de operaciones en relación con las cuales se haya dictado una condena penal por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo;»;

▌

iv)  la letra f) se sustituye por el texto siguiente:"

«f) los depósitos cuyo titular nunca haya sido identificado con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) ... [insértese la referencia abreviada: propuesta de Reglamento de lucha contra el blanqueo de capitales — COM(2021)0420], cuando dichos depósitos dejen de estar disponibles, salvo que el titular solicite el reembolso y demuestre que la falta de identificación no ha sido causada por su acción;»;

v)  se suprime la letra j);

v bis)  se añade la letra siguiente:"

«k bis) los depósitos de personas físicas o jurídicas sujetas a sanciones financieras específicas adoptadas por la Unión.».

b)  El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra i), los Estados miembros podrán decidir que los depósitos mantenidos por planes de pensiones individuales y planes de pensiones de empleo de pequeñas o medianas empresas estén incluidos hasta el nivel de cobertura establecido en el artículo 6, apartado 1.».

5)  El artículo 6 se modifica como sigue:

a)  El apartado 2 se modifica como sigue:

i)  la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«Además de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros velarán por que los siguientes depósitos queden garantizados, como mínimo, hasta un importe de 500 000 EUR y, como máximo, hasta un importe de 2 500 000 EUR durante los seis meses siguientes a la fecha en que dicho importe haya sido abonado en la cuenta o al momento en que dichos depósitos hayan pasado a ser legalmente transferibles:»;

ii)  la letra a) se sustituye por el texto siguiente:"

«a) los depósitos resultantes de transacciones con bienes inmuebles de uso residencial privado y los depósitos destinados a dichas transacciones, siempre que tales transacciones sean realizadas en un plazo de cuatro meses por una persona física y que esta pueda aportar documentación que acredite la transacción»;

ii bis)  se añade el párrafo siguiente:"

«A más tardar el … [36 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva de modificación], la Comisión debe llevar a cabo una revisión de los importes protegidos a que se refiere el párrafo primero y tal y como transpusieron los Estados miembros, con el fin de determinar si debe reducirse el importe máximo a que se refiere ese párrafo, teniendo en cuenta si los importes protegidos son proporcionados y garantizan la igualdad de condiciones en toda la Unión. La Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa.».

b)  Se inserta el apartado 2 bis siguiente:"

«2 bis. Los Estados miembros velarán por que el nivel de cobertura establecido en el apartado 2 complemente el nivel de cobertura establecido en el apartado 1.».

6)  El artículo 7 se modifica como sigue:

a)  Se suprime el apartado 5.

a bis)  El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:"

«6. Los Estados miembros velarán por que las entidades de crédito comuniquen a sus SGD, al menos una vez al año, el importe agregado de los depósitos admisibles. Los Estados miembros se asegurarán de que los SGD puedan solicitar en cualquier momento a las entidades de crédito que les informen del importe agregado de los depósitos admisibles de cada depositante.».

b)  El apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:"

«7. Los Estados miembros velarán por que el SGD reembolse los intereses sobre los depósitos devengados hasta la fecha en que la autoridad administrativa competente proceda a realizar la determinación a que se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 8, letra a), o en que la autoridad judicial adopte la decisión a que se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 8, letra b), y que no hayan sido abonados o cargados en la cuenta en dicha fecha. No se rebasará el nivel de cobertura establecido en el artículo 6, apartado 1, o, en las circunstancias a que se refiere el artículo 6, apartado 2, el establecido en dicho apartado.

Cuando los tipos de interés sobre determinados depósitos excedan de forma significativa el tipo de interés prevalente del mercado, determinado sobre la base de datos transparentes y públicamente disponibles, el SGD tendrá la facultad de ajustar los intereses reembolsados de forma que reflejen el tipo de interés prevalente del mercado en el momento de la determinación llevada a cabo por la autoridad administrativa pertinente o la decisión dictada por la autoridad judicial. Ese ajuste se efectuará para prevenir el riesgo moral. Los criterios y la metodología para definir el exceso significativo y para efectuar el ajuste se establecerán de forma transparente, de conformidad con las directrices adoptadas por la ABE y previa aprobación de la autoridad competente».

7)  Se inserta el artículo 7 bis siguiente:"

«Artículo 7 bis

Carga de la prueba en relación con la admisibilidad de los depósitos y la condición de beneficiario legal de los mismos

Los Estados miembros velarán por que, en los casos contemplados en el artículo 6, apartado 2, y en el artículo 7, apartado 3, el depositante o, en su caso, el titular de la cuenta demuestre que los depósitos de que se trate cumplen las condiciones del artículo 6, apartado 2, o acredite su condición de beneficiario legal de los depósitos en las circunstancias a que se refiere el artículo 7, apartado 3.».

8)  El artículo 8 se modifica como sigue:

-a)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Los SGD se asegurarán de que el importe reembolsable esté disponible lo antes posible, y en cualquier caso en un plazo de siete días laborables a partir de la fecha en que la autoridad administrativa pertinente proceda a realizar la determinación mencionada en el artículo 2, apartado 1, punto 8, letra a), o en que una autoridad judicial adopte la decisión mencionada en el artículo 2 apartado 1, punto 8, letra b).».

-a bis)  Se suprime el apartado 2.

a)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros autorizarán a los SGD a aplicar un plazo ▌ más largo para el reembolso de los depósitos a que se refieren el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 3, y el artículo 8 ter, el cual no excederá de veinte días hábiles a partir de la fecha en que dichos SGD reciban la documentación completa que hayan solicitado a un depositante o, cuando proceda, a un titular de cuenta, para examinar los créditos y verificar que se cumplen las condiciones de reembolso. En el caso de los depósitos a que se refieren el artículo 6, apartado 2, y el artículo 7, apartado 3, cuando el SGD no pueda restituir el importe reembolsable en un plazo de menos de siete días laborables, garantizará que los depositantes tengan acceso, en un plazo de cinco días laborables tras presentar su solicitud por tal importe, a un importe adecuado de sus depósitos con cobertura con el fin de cubrir su sustento.».

a bis)  Se suprime el apartado 4.

b)  El apartado 5 se modifica como sigue:

i)  la letra c) se sustituye por el texto siguiente:"

«c) no obstante lo dispuesto en el apartado 9, cuando no se haya producido ninguna operación relacionada con el depósito durante los últimos veinticuatro meses (esto es, la cuenta esté inactiva), salvo que el depositante tenga también depósitos en otra cuenta que no esté inactiva;»;

ii)  se suprime la letra d).

c)  Se suprime el apartado 8.

d)  El apartado 9 se sustituye por el texto siguiente:"

«9. Los Estados miembros velarán por que, cuando no se haya producido ninguna operación relacionada con el depósito durante los últimos veinticuatro meses, los SGD puedan fijar un umbral con respecto a los costes administrativos en que incurrirían dichos SGD al efectuar el reembolso. Los SGD no estarán obligados a tomar medidas activas para reembolsar a los depositantes por debajo de dicho umbral. Los Estados miembros velarán por que los SGD reembolsen a los depositantes por debajo de ese umbral cuando así lo soliciten dichos depositantes.».

9)  Se insertan los artículos 8 bis, 8 ter y 8 quater siguientes:"

«Artículo 8 bis

Reembolso de depósitos superiores a 10 000 EUR

Los Estados miembros velarán por que, cuando los importes a reembolsar superen los 10 000 EUR, los SGD reembolsen a los depositantes mediante transferencia, tal como se define en el artículo 2, punto 20, de la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo*.

Artículo 8 ter

Cobertura de los depósitos de fondos de clientes

1.  Los Estados miembros velarán por que los depósitos de fondos de clientes estén cubiertos por los SGD cuando concurran todas las circunstancias siguientes:

2.  Los Estados miembros velarán por que el nivel de cobertura a que se refiere el artículo 6, apartado 1, se aplique a cada uno de los clientes que cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, letra c), del presente artículo. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, al determinar el importe reembolsable a un cliente individual, el SGD no tendrá en cuenta los depósitos de fondos agregados realizados por ese cliente en la misma entidad de crédito.

3.  Los Estados miembros velarán por que se realicen los reembolsos de los depósitos con cobertura por parte de los SGD directamente al cliente.

4.  La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 8 quater

Suspensión de los reembolsos en caso de sospecha de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo

1.  Los Estados miembros velarán por que la autoridad designada informe al SGD, en un plazo de veinticuatro horas a partir del momento en que dicha autoridad reciba la información a que se refiere el artículo 48, apartado 4, de [insértese la referencia: propuesta de Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales por la que se deroga la Directiva (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final], sobre el resultado de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente a que se refiere el artículo 15, apartado 4, del Reglamento (UE) … [insértese la referencia abreviada: propuesta de Reglamento de lucha contra el blanqueo de capitales — COM(2021)0420]. Los Estados miembros velarán por que la información que intercambien la autoridad designada y el SGD se limite a la estrictamente necesaria para el ejercicio de las funciones y responsabilidades del SGD en virtud de la presente Directiva y por que dicho intercambio de información se atenga a los requisitos establecidos en la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo**.

2.  Los Estados miembros velarán por que los SGD suspendan el reembolso a que se refiere el artículo 8, apartado 1, cuando un depositante o cualquier persona que tenga un derecho sobre las cantidades depositadas en su cuenta haya sido acusado de un delito de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, o de un delito relacionado con los mismos, a la espera de la sentencia del tribunal.

3.  Los Estados miembros velarán por que los SGD suspendan el reembolso a que se refiere el artículo 8, apartado 1, durante un período idéntico al establecido en el artículo 20 de [insértese la referencia abreviada: propuesta de Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales por la que se deroga la Directiva (UE) 2015/849 — COM(2021)0423] cuando la Unidad de Inteligencia Financiera a que se refiere el artículo 32 de la Directiva (UE) [insértese la referencia: propuesta de Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales por la que se deroga la Directiva (UE) 2015/849 — COM(2021)0423] les notifique que ha decidido suspender una transacción o denegar el consentimiento para proceder a dicha transacción, o suspender una cuenta bancaria o de pago, de conformidad con el artículo 20, apartados 1 o 2, de la Directiva (UE) [insértese la referencia: propuesta de Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales por la que se deroga la Directiva (UE) 2015/849 — COM(2021)0423].

4.  Los Estados miembros velarán por que no pueda exigirse a los SGD responsabilidad alguna por las medidas adoptadas de conformidad con las instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Los SGD utilizarán la información recibida de la Unidad de Inteligencia Financiera únicamente a efectos de la presente Directiva

____________________________________________

* Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas (DO L 257 de 28.8.2014, p. 214).

** Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20).».

10)  En el artículo 9, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:"

«2. Sin perjuicio de los derechos que puedan tener en virtud del Derecho nacional, los SGD que efectúen pagos bajo garantía en un marco nacional tendrán derecho a subrogarse en los derechos de los depositantes en los procedimientos de saneamiento o de liquidación, por un importe equivalente al de los pagos realizados por ellos a los depositantes. Los SGD que realicen una contribución en el contexto de los instrumentos de resolución a que se refiere el artículo 37, apartado 3, letras a) o b), de la Directiva 2014/59/UE, o en el marco de medidas adoptadas de conformidad con el artículo 11, apartado 5, de la presente Directiva, tendrán un crédito frente a la entidad de crédito residual por cualquier pérdida sufrida como consecuencia de la contribución realizada a la resolución con arreglo al artículo 109 de la Directiva 2014/59/UE o a la transmisión efectuada con arreglo al artículo 11, apartado 5, de la presente Directiva por un importe igual a su contribución siempre que la entidad de crédito residual sea liquidada. Dicho crédito tendrá la misma prelación que los depósitos con cobertura con arreglo a la legislación nacional por la que se rijan los procedimientos de insolvencia ordinarios.

3.  Los Estados miembros velarán por que los depositantes cuyos depósitos no hayan sido reembolsados o reconocidos por el SGD en los plazos establecidos en el artículo 8, apartados 1 y 3, puedan reclamar el reembolso de sus depósitos en un plazo de cinco años.».

11)  El artículo 10 se modifica como sigue:

a)  El apartado 2 se modifica como sigue:

i)  tras el párrafo primero, se insertan los párrafos siguientes:"

«A efectos del cálculo del nivel objetivo a que se refiere el párrafo primero, el período de referencia será el comprendido entre el 31 de diciembre anterior a la fecha en que deba alcanzarse el nivel objetivo y esa fecha.

A la hora de determinar si el SGD ha alcanzado el nivel objetivo, los Estados miembros solo tendrán en cuenta los recursos financieros disponibles aportados directamente por los miembros del SGD, o recuperados de ellos, una vez deducidas las tasas y cargas administrativas. Dichos recursos financieros disponibles incluirán las rentas de inversión derivadas de los fondos aportados por los miembros al SGD, pero excluirán los reembolsos no reclamados por los depositantes con derecho a ellos durante los procedimientos de reembolso de depósitos, cualesquiera obligaciones de deuda del SGD, incluidos los préstamos de otros SGD y los mecanismos de financiación alternativos a que se refiere el artículo 10, apartado 9. Un préstamo pendiente a otro SGD con arreglo al artículo 12 será tratado como un activo del SGD que haya concedido el préstamo y podrá tenerse en cuenta para el cálculo del nivel objetivo de ese SGD.»;

ii)  el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:"

«Cuando, tras haberse alcanzado por primera vez el nivel objetivo a que se refiere el párrafo primero, los recursos financieros disponibles se reduzcan, como consecuencia de un desembolso de fondos del SGD de conformidad con el artículo 8, apartado 1, y con el artículo 11, apartados 2, 3 y 5, a menos de dos tercios del nivel objetivo, el SGD fijará la aportación ordinaria en un nivel que permita alcanzar el nivel objetivo en un plazo de cuatro años.

Cuando, tras haberse alcanzado por primera vez el nivel objetivo a que se refiere el párrafo primero, los recursos financieros disponibles se reduzcan, como consecuencia de un desembolso de fondos del SGD de conformidad con el artículo 8, apartado 1, y con el artículo 11, apartados 2, 3 y 5, en menos de un tercio del nivel objetivo, el SGD fijará la aportación ordinaria en un nivel que permita alcanzar el nivel objetivo en un plazo de dos años.»;

ii bis)  el párrafo quinto se sustituye por el texto siguiente:"

«Los Estados miembros podrán prorrogar el período inicial al que se refiere el párrafo primero por un período máximo de cuatro años, si el SGD hubiera realizado desembolsos acumulados por encima del 0,8 % de los depósitos con cobertura para reembolsar a los depositantes.».

b)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. Los recursos financieros disponibles que el SGD tendrá en cuenta para alcanzar el nivel objetivo a que se refiere el apartado 2 podrán incluir los compromisos de pago, pagaderos en un plazo de 48 horas a petición del SGD. El porcentaje total de los compromisos de pago no excederá de un 30 % del importe total de los recursos financieros disponibles recaudados de conformidad con el apartado 2.

La ABE emitirá directrices sobre los compromisos de pago en las que se establezcan los criterios de admisibilidad de dichos compromisos.».

c)  Se suprime el apartado 4.

d)  El apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:"

«7. Los Estados miembros velarán por que los SGD, las autoridades designadas o las autoridades competentes establezcan la estrategia de inversión de los recursos financieros disponibles de los SGD y por que dicha estrategia de inversión se atenga al principio de diversificación e inversión en activos líquidos y de bajo riesgo.

Los Estados miembros velarán por que la estrategia de inversión a que se hace referencia en el párrafo primero cumpla los principios establecidos en los artículos 4, 8 y 10 del Reglamento Delegado (UE) 2016/451 de la Comisión*.

_______________

* Reglamento Delegado (UE) 2016/451 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2015, por el que se establecen los principios y criterios generales de la estrategia de inversión y las normas aplicables a la administración del Fondo Único de Resolución (DO L 79 de 30.3.2016, p. 2).».

e)  Se inserta el apartado 7 bis siguiente:"

«7 bis. Los Estados miembros velarán por que los SGD puedan depositar la totalidad o parte de sus recursos financieros disponibles en su banco central nacional o Tesoro nacional, siempre que sea una decisión rentable para el SGD y que dichos recursos se mantengan en una cuenta separada y estén inmediatamente disponibles para su uso por el SGD de conformidad con los artículos 11 y 12.».

e bis)  El apartado 9 se sustituye por el texto siguiente:"

«9. Los Estados miembros se asegurarán de que los SGD cuenten con mecanismos de financiación alternativos que les permitan obtener fondos a corto plazo para hacer frente a los créditos que les sean reclamados. Los Estados miembros velarán por que los mecanismos de financiación alternativos de los SGD no se financien mediante fondos públicos.».

f)  Se suprime el apartado 10.

g)  Se añaden los apartados 11, 12 y 13 siguientes:"

«11. Los Estados miembros velarán por que, en el contexto de las medidas a que se refiere el artículo 11, apartados 1, 2, 3 y 5, los SGD puedan utilizar los fondos procedentes de los mecanismos de financiación alternativos a que se refiere el artículo 10, apartado 9, ▌ antes de utilizar los recursos financieros disponibles y antes de recaudar las aportaciones extraordinarias a que se refiere el artículo 10, apartado 8. ▌

12.  La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a veinticuatro meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

13.  A más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a veinticuatro meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], la ABE elaborará directrices para ayudar a los SGD a diversificar sus recursos financieros disponibles y determinar de qué manera podrían invertir sus recursos financieros disponibles en activos de bajo riesgo.».

12)  El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 11

Utilización de los fondos

1.  Los Estados miembros velarán por que los SGD utilicen los recursos financieros disponibles a que se refiere el artículo 10 principalmente para garantizar los reembolsos a los depositantes de conformidad con el artículo 8 ▌.

2.  Los Estados miembros velarán por que los SGD utilicen los recursos financieros disponibles para financiar la resolución de entidades de crédito de conformidad con el artículo 109 de la Directiva 2014/59/UE. Los Estados miembros velarán por que las autoridades de resolución determinen el importe de la contribución que un SGD debe aportar a la financiación de la resolución de entidades de crédito, una vez que dichas autoridades de resolución hayan consultado al SGD sobre los resultados de la prueba del menor coste a que se refiere el artículo 11 sexies de la presente Directiva. Los Estados miembros velarán por que los SGD respondan sin demora a dicha consulta.

3.  Los Estados miembros autorizarán a los SGD a utilizar los recursos financieros disponibles para medidas preventivas en beneficio de una entidad de crédito con arreglo al artículo 11 bis cuando concurran todas las circunstancias siguientes:

4.  Si los recursos financieros disponibles se utilizan para medidas preventivas o medidas alternativas con arreglo a los apartados 3 y 5, las entidades de crédito afiliadas proporcionarán sin demora al SGD los recursos utilizados a efectos de tales medidas, cuando proceda en forma de aportaciones extraordinarias, en cualquiera de los casos siguientes:

5.  Cuando una entidad de crédito sea liquidada de conformidad con el artículo 32 ter de la Directiva 2014/59/UE con vistas a su salida del mercado o a la cesación de su actividad bancaria, los Estados miembros autorizarán a los SGD a utilizar los recursos financieros disponibles para medidas alternativas encaminadas a preservar el acceso de los depositantes a sus depósitos, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

13)  Se insertan los artículos 11 bis a 11 sexies siguientes:"

«Artículo 11 bis

Medidas preventivas

1.  ▌ Los Estados miembros ▌ velarán por que los SGD utilicen los recursos financieros disponibles a efectos de las medidas preventivas a que se refiere el artículo 11, apartado 3, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

2.  Los Estados miembros velarán por que los SGD cuenten con sistemas de supervisión y procedimientos de toma de decisiones adecuados para seleccionar y aplicar medidas preventivas y supervisar los riesgos asociados.

3.  Los Estados miembros velarán por que los SGD solo puedan aplicar medidas preventivas cuando la autoridad designada haya confirmado que se cumplen todas las condiciones establecidas en el apartado 1. La autoridad designada lo notificará a la autoridad competente y a la autoridad de resolución.

Cuando la entidad beneficiaria pertenezca a un SIP a que se refiere el artículo 1, apartado 2, letra c), dicho SIP determinará, sobre la base de los resultados de la prueba del menor coste a que se refiere el artículo 11 sexies, el importe de los recursos financieros disponibles para las medidas preventivas que se notificarán a la autoridad designada.

4.  Los Estados miembros velarán por que el SGD ▌ utilice sus recursos financieros disponibles para medidas de apoyo al capital, incluidas recapitalizaciones, medidas relativas a los activos con deterioro de valor y garantías de activos, únicamente cuando se cumplan las condiciones fijadas en el artículo 11 ter.

Los Estados miembros velarán por que el SGD transmita ▌ sus tenencias de acciones u otros instrumentos de capital de la entidad de crédito beneficiaria del apoyo tan pronto como lo permitan las circunstancias comerciales y financieras.

4 bis.  La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar lo siguiente:

La ABE presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el ... [un año después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 11 ter

Requisitos para la financiación de las medidas preventivas

1.  Los Estados miembros velarán por que las entidades de crédito que soliciten que un SGD financie medidas preventivas de conformidad con el artículo 11, apartado 3, presenten a la autoridad competente ▌ una nota con las medidas que dichas entidades de crédito se comprometan a adoptar para garantizar el cumplimiento de los requisitos de supervisión aplicables de conformidad con la Directiva 2013/36/UE y con el Reglamento (UE) n.º 575/2013.

2.  La nota a que se refiere el apartado 1 preverá medidas para mitigar el riesgo de deterioro de la solidez financiera y reforzar la situación de capital y liquidez de la entidad de crédito.

2 bis.  Cuando los recursos financieros de un SGD se destinen a medidas preventivas de acuerdo con el artículo 11, apartado 3, de la presente Directiva, la autoridad competente exigirá a la entidad de crédito beneficiaria que actualice el plan de reestructuración definido en el artículo 2, apartado 1, punto 32, de la Directiva 2014/59/UE, o el plan de reestructuración de grupo definido en el artículo 2, apartado 1, punto 33, de dicha Directiva. La autoridad competente exigirá a la entidad de crédito beneficiaria del apoyo que aplique las medidas a que se refiere el artículo 6, apartado 6, párrafo tercero, de la Directiva 2014/59/UE cuando se cumplan las condiciones del artículo 6, apartado 6, de dicha Directiva.

3.  Los Estados miembros velarán por que, cuando se trate de una medida de apoyo al capital con arreglo al apartado 1, los recursos financieros disponibles de un SGD cubran únicamente el déficit de capital actual sobre la base de los elementos siguientes, según lo indicado en la nota:

Al determinar el déficit de capital, el SGD también podrá tener en cuenta toda evaluación prospectiva de la adecuación del capital, incluido el plan de conservación del capital a que se refiere el artículo 142 de la Directiva 2013/36/UE.

Los Estados miembros velarán por que, cuando una entidad de crédito sea miembro de un SIP a que se refiere el artículo 1, apartado 2, letra c), el SIP determine el déficit de capital.

Al determinar el déficit de capital, el SGD lo notificará a la autoridad competente.

4.  Los Estados miembros velarán por que ▌ la nota a que se refiere el apartado 1 prevea una estrategia de salida de las medidas preventivas que incluya un calendario claro y preciso para el reembolso por la entidad de crédito de los fondos reembolsables recibidos en el marco de las medidas preventivas. Esta información no se divulgará hasta un año después de la conclusión de la estrategia de salida, de la ejecución del plan corrector o de la conclusión de la evaluación con arreglo al artículo 11 quater, apartado 3.

5.  Los Estados miembros velarán por que no se realicen pagos de dividendos, recompras de acciones ni pagos de remuneración variable ni se asuma ningún compromiso irrevocable de realizar pagos de dividendos, recompras de acciones ni pagos de remuneración variable por parte de la entidad de crédito beneficiaria del apoyo. Con carácter excepcional, la autoridad competente podrá restringir parcialmente dicha prohibición cuando la entidad de crédito demuestre, a satisfacción de la autoridad competente, que está legalmente obligada a pagar los dividendos. ▌ Los Estados miembros velarán por que las restricciones previstas en el presente apartado sigan vigentes hasta que la entidad de crédito beneficiaria del apoyo haya reembolsado al SGD el mismo importe utilizado para las medidas preventivas.

5 bis.  Los Estados miembros velarán por que, en un plazo de seis meses a partir de la prestación de la ayuda financiera inicial, la entidad de crédito beneficiaria presente un plan de reorganización de actividades a la autoridad competente. Cuando la autoridad competente no esté convencida de que el plan de reorganización de actividades es creíble y factible para garantizar la viabilidad a largo plazo, se suspenderán las medidas preventivas para la entidad de crédito de que se trate y la autoridad competente aplicará las medidas adecuadas para garantizar la viabilidad a largo plazo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, cuando una entidad de crédito pertenezca a un SIP a que se refiere el artículo 1, apartado 2, letra c), el SIP aprobará el plan de reorganización de actividades, previa consulta a la autoridad competente.

6.  ▌ Los Estados miembros velarán por que las medidas previstas en el plan de reorganización de actividades a que se refiere el apartado 5 bis son compatibles con el plan de reestructuración de la entidad de crédito que exige la Comisión con arreglo al marco de ayudas estatales de la Unión.

6 bis.  La autoridad competente remitirá el plan de reorganización de actividades a la autoridad de resolución. Esta podrá examinar el plan de reorganización de actividades para detectar toda medida que pudiera afectar negativamente a la posibilidad de resolución de la entidad, y podrá dirigir recomendaciones al respecto a la autoridad competente. La autoridad de resolución comunicará su evaluación y sus recomendaciones en el plazo establecido por la autoridad competente.

Artículo 11 quater

Plan corrector

1.  Los Estados miembros velarán por que, cuando la entidad de crédito incumpla los compromisos recogidos en la nota a que se refiere el artículo 11 ter, apartado 1, o el plan de reorganización de actividades a que se refiere el artículo 11 ter, apartado 5 bis, párrafo primero, o no reembolse el importe de la contribución aportada en el marco de las medidas preventivas al vencimiento o incumpla la estrategia de salida con arreglo al artículo 11 ter, apartado 4, el SGD informe de ello sin demora a la autoridad competente.

2.  En la situación a que se refiere el apartado 1, los Estados miembros velarán por que la autoridad competente exija a la entidad de crédito que presente un plan corrector único a la autoridad designada y al SGD en el que se describan las medidas que la entidad de crédito adoptará para garantizar el cumplimiento de los requisitos de supervisión, garantizar su viabilidad a largo plazo y reembolsar el importe que adeude por la contribución del SGD a la medida preventiva, junto con el correspondiente calendario. La autoridad designada y el SGD consultarán a la autoridad competente sobre las medidas previstas en el plan corrector.

3.  Cuando la autoridad competente no esté convencida de la credibilidad o factibilidad del plan corrector o la entidad de crédito incumpla el plan corrector, el SGD no tomará ninguna otra medida preventiva en favor de dicha entidad de crédito y las autoridades pertinentes llevarán a cabo una evaluación de si la entidad de crédito ya es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser, de conformidad con el artículo 32 de la Directiva 2014/59/UE.

4.  A más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a veinticuatro meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], la ABE emitirá directrices que precisen los elementos del plan de reorganización de actividades de acompañamiento de las medidas preventivas a que se refiere el artículo 11 ter, apartados 3 a 5 bis, y del plan corrector a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 11 quinquies

▌Medidas alternativas

1.  ▌ Los Estados miembros autorizarán la utilización de fondos de los SGD para las medidas alternativas a que se refiere el artículo 11, apartado 5. Los Estados miembros velarán por que, cuando los SGD financien tales medidas, las entidades de crédito pongan en venta los activos, derechos y pasivos que dichas entidades se propongan transmitir o tomen las disposiciones oportunas para ponerlos en venta. Sin perjuicio del marco de ayudas estatales de la Unión, la puesta en venta deberá atenerse a todos los requisitos siguientes:

1 bis.  Los Estados miembros velarán por que, cuando el SGD se utilice de conformidad con el artículo 11, apartado 5, con respecto a una entidad de crédito, y siempre que la medida en cuestión garantice que las personas físicas y las microempresas y pequeñas y medianas empresas sigan teniendo acceso a sus depósitos para evitar que asuman pérdidas, el SGD al que esté afiliada dicha entidad de crédito contribuya con los siguientes importes:

Artículo 11 sexies

Prueba del menor coste

1.  Al considerar la utilización de fondos de los SGD para las medidas a que se refiere el artículo 11, apartados 2, 3 o 5, los Estados miembros velarán por que los SGD realicen una comparación de lo siguiente:

2.  A efectos de la comparación a que se refiere el apartado 1, será de aplicación lo siguiente:

3.  Los Estados miembros velarán por que el importe utilizado para financiar la resolución de entidades de crédito con arreglo al artículo 11, apartado 2, para medidas preventivas con arreglo al artículo 11, apartado 3, o para medidas alternativas con arreglo al artículo 11, apartado 5, no exceda del importe de los depósitos con cobertura en la entidad de crédito.

4.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes y de resolución faciliten al SGD toda la información necesaria a efectos de la comparación a que se refiere el apartado 1. Los Estados miembros velarán por que la autoridad de resolución proporcione al SGD el coste estimado de la contribución de este a la resolución de una entidad de crédito con arreglo al artículo 11, apartado 2.

4 bis.  Lo antes posible tras la ejecución de medidas alternativas, los Estados miembros garantizarán que el SGD comparta con la autoridad competente, la autoridad de resolución y la autoridad designada un resumen de los elementos esenciales del cálculo efectuado de conformidad con el presente artículo. Dicho resumen incluirá, en particular, la tasa neta de recuperación derivada del coste estimado de reembolso a los depositantes para el SGD y una justificación general de los supuestos subyacentes.

5.  La ABE, teniendo en cuenta las normas técnicas de regulación que se hayan elaborado de conformidad con el artículo 36, apartado 16, de la Directiva 2014/59/UE, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:

Para el cálculo del coste estimado de reembolso de los depositantes a que se refiere el apartado 1, letra b), en el caso de las medidas a que se refiere el artículo 11, apartados 2, 3 o 5, la metodología a que se refiere la letra b) tendrá en cuenta los efectos de contagio, los riesgos económicos y financieros y todo daño a la reputación para el sistema bancario, incluida, cuando proceda, la protección de la marca común, así como la importancia de las medidas preventivas para el cometido legal o contractual del SGD, incluidos los SIP a que se refiere el artículo 1, apartado 2, letra c).

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

13 bis)  El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Las aportaciones a los SGD indicadas en el artículo 10 deberán basarse en el importe de los depósitos con cobertura y el grado de riesgo afrontado por los respectivos miembros de cualquier SGD individual.

Los Estados miembros podrán prever aportaciones de menor cuantía para los sectores de bajo riesgo de entidades de crédito afiliadas a un SGD que estén regulados en el Derecho nacional.

Los Estados miembros podrán decidir que los miembros de SIP efectúen aportaciones de menor cuantía a los SGD.

Los Estados miembros podrán permitir que el organismo central y todas las entidades de crédito afiliadas de modo permanente a él a que se refiere el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 estén sujetos globalmente a la ponderación de riesgo determinada para el organismo central y sus entidades afiliadas de forma consolidada.

Los Estados miembros podrán decidir que las entidades de crédito realicen una aportación mínima, independientemente del importe de sus depósitos con cobertura.

2.   Los SGD podrán utilizar sus propios métodos basados en el riesgo para determinar y calcular las aportaciones basadas en el riesgo de sus miembros. El cálculo de las aportaciones será proporcional al riesgo de los miembros y tendrá en cuenta adecuadamente el perfil de riesgo de los distintos modelos empresariales. Dichos métodos podrán tener en cuenta también el activo del balance e indicadores de riesgo como la adecuación del capital, la calidad de los activos y la liquidez.

Cada método será aprobado por la autoridad competente en cooperación con la autoridad designada. Se informará a la ABE sobre los métodos aprobados.

3.  A fin de garantizar la aplicación coherente de la presente Directiva, la ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar los métodos de cálculo de las aportaciones a los SGD de conformidad con los apartados 1 y 2 del presente artículo.

La ABE presentará a la Comisión tales proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el ... [doce meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

14)  El artículo 14 se modifica como sigue:

a)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Los Estados miembros velarán por que los SGD cubran a los depositantes de las sucursales establecidas por sus entidades de crédito afiliadas en otros Estados miembros y a los depositantes radicados en Estados miembros en los que sus entidades de crédito afiliadas ejerzan la libre prestación de servicios con arreglo al título V, capítulo 3, de la Directiva 2013/36/UE.».

b)  En el apartado 2 se añade el párrafo siguiente:"

c)  Se insertan los apartados 2 bis y 2 ter siguientes:"

«2 bis. Los Estados miembros velarán por que todo SGD de un Estado miembro de acogida pueda, previo acuerdo con el SGD del Estado miembro de origen, actuar como punto de contacto para los depositantes de las entidades de crédito que ejerzan la libre prestación de servicios con arreglo al título V, capítulo 3, de la Directiva 2013/36/UE, y recibir una compensación por los costes en que incurra.

2 ter.  En los casos a que se refieren los apartados 2 y 2 bis, los Estados miembros velarán por que el SGD del Estado miembro de origen y el SGD del Estado miembro de acogida hayan celebrado un acuerdo sobre los términos y condiciones del reembolso, incluida la compensación de los costes soportados, el punto de contacto para los depositantes, el calendario y el método de pago. El SGD del Estado miembro de origen proporcionará al SGD del Estado miembro de acogida información sobre el número de depositantes, el importe de los depósitos con cobertura y posibles cambios relevantes que se produzcan al respecto.».

d)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. Los Estados miembros velarán por que, cuando una entidad de crédito deje de estar afiliada a un SGD y se afilie a un SGD de otro Estado miembro, o cuando algunas de las actividades de la entidad de crédito se transfieran a un SGD de otro Estado miembro, el SGD de origen transfiera al SGD destinatario un importe que refleje los pasivos potenciales adicionales asumidos por el SGD destinatario a raíz de la transferencia, teniendo en cuenta el impacto de la transferencia en la situación financiera tanto del SGD de origen como del SGD destinatario en relación con los riesgos que cubren. ▌

La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar la metodología para el cálculo del importe que debe transferirse, para garantizar un impacto neutro de la transferencia en la situación financiera de ambos SGD en relación con los riesgos que cubren.

La ABE presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el ... [doce meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo segundo del presente apartado, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo.».

e)  Se inserta el apartado 3 bis siguiente:"

«3 bis. A efectos del apartado 3, los Estados miembros velarán por que el SGD de origen transfiera el importe a que se refiere dicho apartado en el plazo de un mes a partir del cambio de SGD de afiliación.».

f)  Se añade el apartado 9 siguiente:"

«9. A más tardar el ... [24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa], la ABE emitirá directrices sobre ▌ las funciones respectivas de los SGD de origen y de acogida a que se refiere el apartado 2, incluida una lista de circunstancias y condiciones en las que el SGD del Estado miembro de origen reembolsa a los depositantes de las sucursales situadas en otro Estado miembro, de conformidad con el apartado 2, párrafo tercero.».

15)  El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 15

Sucursales de entidades de crédito establecidas en terceros países

Los Estados miembros exigirán a las sucursales de entidades de crédito cuyo domicilio social se encuentre fuera de la Unión que se afilien a un SGD en su territorio antes de permitir a dichas sucursales aceptar depósitos admisibles en su territorio.

Los Estados miembros velarán por que dichas sucursales contribuyan al SGD, de conformidad con el artículo 13.».

16)  Se inserta el artículo 15 bis siguiente:"

«Artículo 15 bis

Entidades de crédito afiliadas con sucursales en terceros países

Los Estados miembros velarán por que los SGD no cubran a los depositantes de sucursales establecidas en terceros países por sus entidades de crédito afiliadas, salvo que, previa aprobación de la autoridad designada, dichos SGD recauden las correspondientes aportaciones de las entidades de crédito de que se trate.

La ABE elaborará directrices a fin de especificar las circunstancias en que las autoridades designadas deben aprobar la cobertura de los depositantes pertenecientes a sucursales que las entidades de crédito miembros de SGD hayan establecido en terceros países.».

17)  El artículo 16 se modifica como sigue:

a)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Los Estados miembros velarán por que las entidades de crédito faciliten a sus depositantes reales y potenciales la información que estos necesiten para identificar el SGD al que la entidad de crédito y sus sucursales estén afiliadas dentro de la Unión. Las entidades de crédito facilitarán dicha información en una hoja informativa elaborada en un formato que permita extraer datos, tal como se define en el artículo 2, punto 3, del Reglamento (UE) XX/XXXX del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento sobre el PAUE]***.

_______________________________________________

*** Reglamento (UE) XX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo, de XX de XX de XXXX, por el que se establece un punto de acceso único europeo que proporciona un acceso centralizado a la información disponible al público pertinente para los servicios financieros, los mercados de capitales y la sostenibilidad.».

b)  Se inserta el apartado 1 bis siguiente:"

c)  El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. Los Estados miembros velarán por que las entidades de crédito faciliten la hoja informativa a que se refiere el apartado 1 antes de celebrar un contrato de depósito y, posteriormente, cada vez que se produzcan cambios en la información facilitada. Los depositantes acusarán recibo de dicha hoja informativa, a menos que la información se ponga a disposición del público.».

d)  En el apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:"

«Los Estados miembros velarán por que las entidades de crédito confirmen en los extractos de cuenta de sus depositantes que los depósitos son depósitos admisibles, incluyendo una referencia a la hoja informativa a que se refiere el apartado 1.».

e)  El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

«4. Los Estados miembros velarán por que las entidades de crédito faciliten la información a que se refiere el apartado 1 en la lengua acordada entre el depositante y la entidad de crédito en el momento de apertura de la cuenta o en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro en que esté establecida la sucursal.».

f)  Los apartados 6 y 7 se sustituyen por el texto siguiente:"

«6. Los Estados miembros velarán por que, en caso de fusión de entidades de crédito, de conversión de filiales de una entidad de crédito en sucursales o de operaciones similares, las entidades de crédito lo notifiquen a sus depositantes como mínimo un mes antes de que dicha operación surta efectos jurídicos, a menos que la autoridad competente permita un plazo más corto por motivos de secreto comercial o de estabilidad financiera. Dicha notificación explicará la incidencia de la operación en la protección de los depositantes.

Los Estados miembros velarán por que, cuando, a raíz de las operaciones a que se refiere el párrafo primero, los depositantes que tengan depósitos en dichas entidades de crédito se vean afectados por una reducción de la protección de los depósitos, las entidades de crédito de que se trate notifiquen a dichos depositantes que, en un plazo de tres meses a partir de la notificación a que se refiere el párrafo primero, pueden retirar o transferir a otra entidad de crédito sus depósitos admisibles, incluidos todos los intereses devengados y beneficios obtenidos, sin incurrir en penalización alguna hasta un importe equivalente a la pérdida de cobertura de sus depósitos.

7.  Los Estados miembros velarán por que las entidades de crédito que dejen de estar afiliadas a un SGD informen de ello a sus depositantes al menos un mes antes de dejar de estarlo. Dicha información incluirá una explicación del impacto de este cambio en la protección de los depositantes. Los Estados miembros velarán por que los depositantes de una entidad de crédito que deje de estar afiliada a un SGD puedan transferir sus depósitos a otra entidad afiliada al mismo SGD sin asumir ningún gasto de transferencia.».

g)  Se inserta el apartado 7 bis siguiente:"

«7 bis. Los Estados miembros velarán por que las autoridades designadas, los SGD y las entidades de crédito de que se trate informen a los depositantes, entre otras cosas mediante publicación en sus sitios web, de que una autoridad administrativa competente ha realizado la determinación a que se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 8, letra a), o de que una autoridad judicial ha adoptado la decisión a que se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 8, letra b).».

h)  El apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:"

«8. Los Estados miembros velarán por que, cuando un depositante efectúe sus operaciones bancarias a través de internet, las entidades de crédito proporcionen la información que deben facilitar a sus depositantes en virtud de la presente Directiva por medios electrónicos, a menos que el depositante solicite recibir dicha información en papel.».

i)  Se añade el apartado 9 siguiente:"

La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

18)  Se inserta el artículo 16 bis siguiente:"

«Artículo 16 bis

Intercambio de información entre las entidades de crédito y los SGD y presentación de información por parte de las autoridades

1.  Los Estados miembros velarán por que los SGD reciban de sus entidades de crédito afiliadas al menos anualmente, y, previa solicitud, en cualquier momento, toda la información necesaria para preparar el reembolso de los depositantes, de conformidad con el requisito de identificación establecido en el artículo 5, apartado 4, incluida la información a efectos del artículo 8, apartado 5, y de los artículos 8 ter y 8 quater.

2.  Los Estados miembros velarán por que, al menos anualmente, y, a petición de un SGD, en cualquier momento, las entidades de crédito ▌ faciliten al SGD al que estén afiliadas información sobre: