Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE)
REACT-UE es un programa destinado a reparar los daños sociales y económicos causados por la pandemia de COVID-19 y a preparar una recuperación ecológica, digital y resiliente. REACT-UE pretende movilizar 47 500 millones EUR adicionales con cargo a los Fondos Estructurales durante los años 2021 y 2022 y aumentar la flexibilidad en el gasto de la política de cohesión.
Base jurídica
Artículos 177 y 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT-UE).
Antecedentes
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la ralentización de la actividad económica de toda la Unión ha causado daños considerables, en particular un aumento del desempleo y una contracción de la economía. El 28 de mayo de 2020, la Comisión propuso el paquete REACT-UE para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 en las regiones más afectadas por la crisis. Complementa dos propuestas anteriores, la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC) y la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus (IIRC+), que modificaron las normas relativas al gasto de la política de cohesión. El REACT-UE adopta la forma de modificaciones específicas del Reglamento (UE) n.o 1303/2013, el Reglamento sobre Disposiciones Comunes, que es el marco jurídico que rige el período de programación actual de la política de cohesión.
Propuesta de la Comisión
Inicialmente, la Comisión propuso asignar 54 800 millones EUR (a precios de 2018) adicionales para el período 2020-2022 en favor del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).
De este importe total, en 2020 debían ponerse a disposición 4 800 millones EUR como complemento de los programas de la política de cohesión existentes, mientras que los recursos adicionales de 50 000 millones EUR para el período 2021-2022 se proporcionarían con cargo al Instrumento Europeo de Recuperación (NextGenerationEU).
Para el FEDER y el FSE, se destinarían fondos adicionales en el marco de un nuevo objetivo temático único denominado «fomento de la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía» en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo.
En el caso del FEDER, estos recursos adicionales se utilizaron principalmente para apoyar la inversión en productos y servicios para los servicios sanitarios y para prestar apoyo en forma de capital circulante o de apoyo a la inversión para las pymes, incluidos los costes operativos y de personal y las medidas en materia de salud y seguridad.
En el caso del FSE, los recursos adicionales se utilizaron principalmente para preservar el empleo, en particular promoviendo regímenes de reducción del tiempo de trabajo y apoyando a los trabajadores por cuenta propia, y la creación de empleo, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad; para apoyar medidas en materia de empleo juvenil y el desarrollo de capacidades; y para mejorar el acceso a los servicios sociales de interés general, también para los niños.
Hasta el 4 % de los recursos adicionales totales del FEDER y el FSE podrá asignarse a la asistencia técnica.
Los fondos debían distribuirse entre los Estados miembros sobre la base de una decisión de ejecución de la Comisión y con arreglo a determinados criterios de asignación, que tienen en cuenta la prosperidad relativa de los Estados miembros y el alcance de los efectos de la crisis actual en sus economías y sociedades. No hay desglose por regiones, como es habitual en la política de cohesión.
La Comisión propuso un elevado porcentaje de prefinanciación (50 %) para garantizar que la ayuda llega rápidamente a la economía real. Además, el apoyo adicional puede financiarse íntegramente con cargo al presupuesto de la Unión, sin necesidad de cofinanciación nacional, lo que se aparta de las normas habituales en materia de política de cohesión.
Posición del Consejo
En la cumbre del Consejo Europeo de los días 17 a 21 de julio de 2020, los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión aprobaron un presupuesto de 47 500 millones EUR para REACT-UE para el período 2021-2022, como parte del acuerdo sobre el Plan de Recuperación para Europa. Sin embargo, esta cifra es un 5 % inferior a la de la propuesta inicial de la Comisión. De conformidad con las orientaciones del Consejo Europeo, el 22 de julio de 2020, el Consejo acordó un mandato parcial de negociación con el Parlamento Europeo. El Consejo destacó la necesidad de invertir más en cultura y turismo, sectores gravemente afectados por la pandemia. Además, añadió una nueva disposición que contempla la adopción de medidas temporales para flexibilizar la utilización de los fondos en posibles crisis futuras.
Papel del Parlamento Europeo
La propuesta REACT-UE tenía por objeto modificar el Reglamento sobre Disposiciones Comunes. Se adoptó de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, que sitúa al Parlamento y al Consejo en pie de igualdad. Por lo tanto, el Parlamento desempeñó un papel fundamental. En el Parlamento, la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) tomó la iniciativa en relación con este expediente y aprobó su informe el 7 de septiembre de 2020. El informe incluía una serie de enmiendas importantes a la propuesta de la Comisión. En particular, destacaba la necesidad de mantener el presupuesto inicial propuesto por la Comisión, a pesar de los recortes del Consejo Europeo. Asimismo, recomendaba que las inversiones se centraran en los siguientes aspectos: una infraestructura sanitaria y social y unos sistemas y servicios sanitarios universales, también en las zonas transfronterizas, las regiones ultraperiféricas y las zonas afectadas por la transición industrial y la despoblación; el turismo y la cultura; el empleo juvenil, y los grupos desfavorecidos. Además, destacaba la necesidad de utilizar también los fondos adicionales para compromisos presupuestarios en 2023 y 2024, superando el plazo de 2022 fijado por la Comisión. El informe también recordó que cualquier excepción a las normas habituales de gasto de la política de cohesión solo puede tener carácter temporal y que deben salvaguardarse los principios de responsabilidad democrática. En su período parcial de sesiones de septiembre de 2020, el Parlamento confirmó el mandato de entablar negociaciones interinstitucionales con el Consejo sobre la base del informe de la comisión. En la última reunión del diálogo tripartito, celebrada el 18 de noviembre de 2020, se alcanzó un acuerdo político con el Consejo, que tiene en cuenta muchas de las principales preocupaciones del Parlamento, incluida la importancia de apoyar la cohesión social y los objetivos climáticos en la recuperación de la crisis y la posibilidad de apoyar la Iniciativa de Empleo Juvenil. El acuerdo también confirma la Decisión del Consejo Europeo de julio por la que se fija el presupuesto del paquete REACT-UE en 47 500 millones EUR para el período 2021-2022, sin fondos de cohesión adicionales para 2020. El Parlamento confirmó el acuerdo en su sesión plenaria del 15 de diciembre de 2020. El Reglamento REACT-EU entró en vigor el 24 de diciembre de 2020.
Además, el 12 de abril de 2022, el Parlamento aprobó un Reglamento para proporcionar más prefinanciación en el marco de REACT-UE. Estos fondos adicionales deberán ayudar a los Estados miembros a hacer frente a los retos planteados por el número excepcionalmente elevado de personas que llegan huyendo de la guerra en Ucrania. También deberán apoyar la transición de los Estados miembros hacia una recuperación resiliente de la economía tras la pandemia de COVID-19.
Frédéric Gouardères