El Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es una de las siete instituciones de la Unión. Está integrado por dos órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia propiamente dicho y el Tribunal General. Es competente para la jurisdicción de la Unión Europea. Estos tribunales garantizan la correcta interpretación y aplicación del Derecho primario y del Derecho derivado de la Unión en su territorio. Controlan la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión y determinan si los Estados miembros han cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho primario y del Derecho derivado. Asimismo, el Tribunal de Justicia interpreta el Derecho de la Unión a petición de los jueces nacionales.

El Tribunal de Justicia

A. Base jurídica

B. Composición y Estatuto

1. Composición

a. Número de miembros (artículo 19 del TUE y artículo 252 del TFUE)

Un juez por Estado miembro (27). El Tribunal de Justicia está asistido por ocho abogados generales, cuyo número puede ser aumentado por el Consejo si el Tribunal de Justicia lo solicita. Los jueces del Tribunal de Justicia eligen de entre ellos un presidente y un vicepresidente por un período de tres años renovable.

b. Requisitos (artículo 19 del TUE y artículo 253 del TFUE)

  • Los jueces y los abogados generales deben reunir las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o ser jurisconsultos de reconocida competencia.
  • Deben ofrecer, asimismo, garantías absolutas de independencia.

c. Procedimiento de designación (artículo 253 del TFUE)

Los jueces y los abogados generales son designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros tras consultar al comité que evalúa la idoneidad de los candidatos (artículo 255 del TFUE). Cuando se acerca el término del mandato de los jueces y de los abogados generales, los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros proceden a la designación de los jueces o abogados generales del Tribunal de Justicia de común acuerdo tras consultar al comité encargado de evaluar la idoneidad de los candidatos.

2. Características del mandato

a. Duración (artículo 253 del TFUE y Estatuto)

Seis años. Renovación parcial cada tres años, en la que se renuevan de modo alternativo la mitad de los jueces y de los abogados generales. Los jueces y los abogados generales salientes pueden ser designados de nuevo.

b. Privilegios e inmunidades (Estatuto)

Los jueces y los abogados generales gozan de inmunidad de jurisdicción. Después de haber cesado en sus funciones, continúan gozando de inmunidad respecto de los actos realizados por ellos con carácter oficial. Solo pueden ser relevados de sus funciones por decisión unánime del Tribunal de Justicia.

c. Obligaciones (Estatuto)

Jueces y abogados generales:

  • deben prestar juramento (independencia, imparcialidad y mantenimiento del secreto de las deliberaciones) antes de entrar en funciones;
  • no pueden ejercer ninguna función política o administrativa ni ninguna actividad profesional;
  • se comprometen a respetar las obligaciones derivadas de su cargo.

C. Organización y funcionamiento (artículo 253 del TFUE y Estatuto)

1. Organización interna

El Estatuto se establece en un protocolo anexo a los Tratados (artículo 281 del TFUE). El Tribunal de Justicia elige un presidente y un vicepresidente de entre sus miembros por un período de tres años renovable (artículo 9 bis del Protocolo n.o 3). El presidente dirige el trabajo del Tribunal y preside las audiencias y deliberaciones del Pleno o de la Gran Sala. El vicepresidente asiste al presidente en el ejercicio de sus funciones y ocupa su puesto en caso de necesidad. El Tribunal de Justicia nombra a su secretario. El secretario actúa como secretario general de la institución y dirige sus oficinas bajo la autoridad del presidente del Tribunal.

2. Funcionamiento

El Tribunal de Justicia establece su Reglamento de Procedimiento, que requiere la aprobación del Consejo por mayoría cualificada. El Tribunal actúa en Pleno de 27 jueces, en Gran Sala de quince jueces o en salas de tres o cinco jueces. La institución se financia con cargo al presupuesto de la Unión, en el que tiene una sección propia específica (sección 4).

D. Resultados

El Tribunal de Justicia ha demostrado ser uno de los motores del proceso de integración europea.

1. Cuestiones generales

La sentencia de 15 de julio de 1964, en el asunto Costa/ENEL, fue fundamental para definir el Derecho comunitario como un ordenamiento jurídico independiente con primacía sobre las disposiciones jurídicas nacionales. De forma similar, la sentencia de 5 de febrero de 1963, en el asunto Van Gend & Loos, estableció el principio de que la legislación de la Unión era directamente aplicable en los tribunales de los Estados miembros. Otras resoluciones importantes son las relativas a la protección de los derechos humanos, como la sentencia de 14 de mayo de 1974, en el asunto Nold, en la que el Tribunal de Justicia declaró que los derechos fundamentales forman parte integrante de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza (4.1.2).

2. Materias específicas

  • Derecho de establecimiento: sentencia de 8 de abril de 1976, en el asunto Royer, en la que el Tribunal de Justicia confirmó el derecho de los nacionales de un Estado miembro a residir en el territorio de otro, con independencia del permiso de residencia que pueda concederles el país de acogida.
  • Libre circulación de mercancías: sentencia de 20 de febrero de 1979, en el asunto Cassis de Dijon, en la que el Tribunal de Justicia declaró que todo producto legalmente fabricado y comercializado en un Estado miembro debe ser, en principio, admitido en el mercado de cualquier otro Estado miembro.
  • Competencias exteriores de la Comunidad: sentencia del Acuerdo europeo sobre transportes por carretera, de 31 de marzo de 1971, en el asunto Comisión/Consejo, en la que reconoció a la Comunidad la competencia para concluir acuerdos internacionales en los ámbitos que son objeto de normas comunitarias.
  • Sentencias recientes en las que se establece la obligación de reparación del perjuicio causado por los Estados miembros que no hayan incorporado una Directiva al Derecho nacional o que no lo hayan hecho en el plazo señalado.
  • Diversas sentencias en materia de seguridad social y de competencia.
  • Jurisprudencia en relación con infracciones del Derecho de la Unión cometidas por los Estados miembros, actividad que es indispensable para el buen funcionamiento del mercado común.
  • Protección de datos: sentencias sobre el puerto seguro en el asunto Schrems I (2015) y sobre el Escudo de la privacidad UE-EE.UU. en el asunto Schrems II (2020), que invalidaban las Decisiones de adecuación de la Comisión sobre los Estados Unidos con el objetivo de proteger los principios fundamentales del Derecho europeo y garantizar un sólido conjunto de requisitos de protección de datos.

Uno de los principales méritos del Tribunal de Justicia ha sido enunciar el principio de que los Tratados de la Unión no deben interpretarse de manera rígida, sino que deben considerarse a la luz del estado de integración y de los objetivos establecidos por los propios Tratados. Este principio ha permitido a la Unión legislar en determinados ámbitos que no son objeto de disposiciones concretas en los Tratados, por ejemplo, el de la lucha contra la contaminación (sentencia de 13 de septiembre de 2005, asunto C-176/03: el Tribunal permitió a la Unión adoptar normas en el ámbito penal cuando las estimara «necesarias» para alcanzar el objetivo perseguido en materia de protección medioambiental).

En 2019 se presentaron 966 asuntos ante el Tribunal de Justicia, entre ellos 641 procedimientos prejudiciales, 41 acciones directas y 266 recursos contra resoluciones del Tribunal General. Se han completado 865 asuntos, entre ellos 601 procedimientos prejudiciales, 42 acciones directas y 210 recursos contra resoluciones del Tribunal General. Los Estados miembros de los que proceden la mayoría de las peticiones son Alemania (114), Italia (70), España (64) y Rumanía (49). La duración media de los procedimientos fue de 14,4 meses[1]. A 31 de diciembre de 2019 había 1 102 casos pendientes.

El Tribunal General

A. Base jurídica

Artículos 254 a 257 del TFUE, artículo 40 del Tratado Euratom y título IV del Protocolo n.o 3, anexo a los Tratados, sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

B. Composición y Estatuto (artículo 254 del TFUE)

1. Composición

a. Número (artículo 19 del TUE y artículo 254 del TFUE)

El artículo 254 del TFUE estipula que el número de jueces será fijado por el Estatuto. El artículo 48 del Protocolo n., estipula que el Tribunal General estará compuesto por 47 jueces a partir del 1 de septiembre de 2016 y por dos jueces por Estado miembro a partir del 1 de septiembre de 2019. Los jueces son designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros tras consultar con un comité responsable de emitir una opinión sobre la idoneidad de los candidatos para ejercer las funciones de juez. La duración de su mandato es de seis años y es renovable. Los jueces podrán ser llamados a desempeñar las funciones de Abogado General, ya que, al contrario del Tribunal de Justicia, el Tribunal General no cuenta con abogados generales permanentes.

b. Requisitos

Idénticos a los del Tribunal de Justicia (artículo 19 del TUE). Para su nombramiento al Tribunal General, los candidatos deben poseer las capacidades exigidas para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales.

c. Procedimiento de designación

Idéntico al del Tribunal de Justicia.

2. Características del mandato

Idénticas a las del Tribunal de Justicia.

C. Organización y funcionamiento

Los jueces eligen a su presidente de entre sus miembros por un período de tres años, y a su secretario por un mandato de seis años, aunque el Tribunal General hace uso de los servicios del Tribunal de Justicia para sus necesidades administrativas y lingüísticas.

El Tribunal General establece su Reglamento de Procedimiento de acuerdo con el Tribunal de Justicia. El Tribunal General actúa en salas de tres o cinco jueces. Su Reglamento de Procedimiento determina cuándo actúa en Pleno, en Gran Sala o como órgano unipersonal. Más del 80 % de los asuntos sometidos al Tribunal General son juzgados por una sala de tres jueces. El Parlamento Europeo y el Consejo pueden crear tribunales especializados adjuntos al Tribunal General encargados de conocer y establecer en primera instancia determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas, por ejemplo, un nuevo tribunal especializado para las marcas, modelos y dibujos, cuya creación es objeto de debate en la actualidad. El Parlamento Europeo y el Consejo se pronunciarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, mediante reglamentos, bien a propuesta de la Comisión y previa consulta al Tribunal de Justicia, bien a instancia del Tribunal de Justicia y previa consulta a la Comisión.

En 2019, se presentaron 939 asuntos ante el Tribunal General y se completaron 874 asuntos, entre ellos 787 acciones directas (102 sobre ayudas estatales y competencia, 318 sobre propiedad intelectual e industrial, 107 sobre la función pública de la Unión y 260 sobre otras acciones directas). Una parte que no pueda hacer frente a las costas procesales puede solicitar asistencia jurídica gratuita (55 casos en 2019). La duración media de los procedimientos fue de 16,9 meses. El 30 % de las resoluciones del Tribunal General fueron recurridas con una apelación ante el Tribunal de Justicia. A 31 de diciembre de 2019 había 1 398 casos pendientes[2].

El antiguo Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea

Creado en 2004, al Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea se encargaba de resolver los litigios entre las instituciones de la Unión y sus agentes, a falta de un órgano jurisdiccional nacional competente. En el marco de un incremento general en el número total de jueces del Tribunal de Justicia, el Tribunal de la Función Pública fue suprimido el 1 de septiembre de 2016 e integrado en el Tribunal General en virtud del Reglamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativo a la transferencia al Tribunal General de la competencia para conocer, en primera instancia, de los litigios entre la Unión Europea y sus agentes. Los asuntos pendientes ante el Tribunal de la Función Pública el 31 de agosto de 2016 se remitieron al Tribunal General con efecto a partir del 1 de septiembre de 2016. El Tribunal General sigue tramitando estos asuntos en el estado en que se encontraran en esa fecha, y las disposiciones procesales adoptadas en tales asuntos por el antiguo Tribunal de la Función Pública siguen siendo aplicables.

Papel del Parlamento Europeo

Ya en 1990, una resolución del Tribunal de Justicia sobre un recurso interpuesto por el Parlamento en el marco del procedimiento legislativo sobre la adopción de medidas sanitarias tras el accidente nuclear de Chernóbil reconoció al Parlamento Europeo la facultad de presentar ante él recursos de anulación con el fin de salvaguardar sus prerrogativas en el marco del procedimiento legislativo.

En virtud del artículo 257 del TFUE, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, podrán crear tribunales especializados adjuntos al Tribunal General, encargados de conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas. El Parlamento y el Consejo deben pronunciarse mediante reglamentos, bien a propuesta de la Comisión y previa consulta al Tribunal de Justicia, bien a instancia del Tribunal de Justicia y previa consulta a la Comisión.

En virtud del artículo 281 del TFUE, el Parlamento Europeo y el Consejo pueden modificar el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con arreglo al procedimiento legislativo ordinario (mediante un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo). Un ejemplo de esta actuación por parte del Parlamento es la propuesta del propio Tribunal de Justicia, presentada el 26 de marzo de 2018, para modificar su Estatuto: se refiere a la posibilidad de introducir algunos cambios en el reparto de la jurisdicción relativa a las decisiones prejudiciales entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General.

El Parlamento es una de las instituciones que según el artículo 263 del TFUE pueden interponer recurso (en calidad de parte) ante el Tribunal de Justicia.

De conformidad con el artículo 218, apartado 11, del TFUE, el Parlamento puede solicitar un dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional previsto con los Tratados. En caso de dictamen negativo del Tribunal de Justicia, el acuerdo previsto no podrá entrar en vigor, salvo modificación de este o revisión de los Tratados. Por ejemplo, en julio de 2019, el Parlamento solicitó un dictamen jurídico sobre la compatibilidad con los Tratados de las propuestas de adhesión de la Unión al Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) (Dictamen 1/19).

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los candidatos a juez o abogado general son evaluados previamente por un comité de siete personas, de las cuales una es propuesta por el Parlamento (artículo 255, párrafo segundo, del TFUE y artículo 128 del Reglamento interno del Parlamento) mediante una Resolución aprobada por el Pleno.

De conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2015/2422, el Tribunal de Justicia presentó el 21 de diciembre de 2020 un informe sobre el funcionamiento del Tribunal General, elaborado por consejeros externos. En particular, el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2015/2422 requería que el informe se centrara en la eficiencia del Tribunal General, en la necesidad y la eficacia del aumento a cincuenta y seis jueces, en el uso y la eficacia de los recursos y en la posible creación de salas especializadas y/u otros cambios estructurales. Cuando proceda, el Tribunal de Justicia debe formular peticiones legislativas para modificar su Estatuto en consecuencia.

 

Mariusz Maciejewski / Udo Bux