Unas comunicaciones a precios asequibles para las empresas y los consumidores

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los servicios de datos y acceso a internet han sustituido a los servicios de telefonía tradicionales como productos esenciales tanto para los consumidores como para las empresas. Hoy en día cada vez es mayor el contenido audiovisual disponible a la carta, y la conexión a internet 4G y 5G experimenta un crecimiento exponencial. Como consecuencia, la Unión ha creado un marco normativo para las telecomunicaciones fijas e inalámbricas, internet y los servicios de radiodifusión y de transmisión, formado por una serie de normas que se aplican en todos los Estados miembros de la Unión. Según una reciente investigación realizada para la Comisión IMCO, los servicios de telecomunicaciones aportan anualmente 86 100 millones de euros al PIB de la Unión, y las nuevas medidas legislativas introducidas por el Parlamento Europeo podrían aportar otros 40 000 millones de euros.

Base jurídica

Dado que los Tratados no contemplaban ninguna competencia directa en el ámbito de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la jurisdicción en este ámbito se ha derivado de varios artículos del TFUE. Habida cuenta de la compleja naturaleza de los bienes y servicios de los medios de comunicación, que se caracterizan por no ser únicamente bienes culturales ni simplemente bienes económicos, deben elaborarse políticas basadas en tal jurisdicción. La Unión puede emprender determinadas actuaciones en el marco de sus políticas sectoriales y horizontales, por ejemplo en el ámbito de la política industrial (artículo 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o TFUE), la política de competencia (artículos 101 a 109 del TFUE), la política comercial (artículos 206 y 207 del TFUE), las redes transeuropeas (RTE) (artículos 170 a 172 del TFUE), la investigación y el desarrollo tecnológico y el espacio (artículos 179 a 190 del TFUE), la aproximación de las legislaciones para la armonización tecnológica o el uso de normas tecnológicas similares (artículo 114 del TFUE), la libre circulación de mercancías (artículos 28, 30, 34 a 35 del TFUE), la libre circulación de personas, servicios y capitales (artículos 45 a 66 del TFUE), la educación, la formación profesional, la juventud y el deporte (artículos 165 y 166 del TFUE) y la cultura (artículo 167 del TFUE).

Objetivos

A raíz de la Estrategia de Lisboa, la Agenda Digital para Europa[1] fue concebida como una de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 adoptada por la Comisión. Publicada en mayo de 2010, pretendía definir la función capacitadora esencial que deberá desempeñar el uso de las TIC para que la Unión pueda hacer realidad sus ambiciosos objetivos para 2020. La Estrategia Europa 2020 subrayaba la importancia del despliegue de la banda ancha para proporcionar unos métodos de comunicación asequibles a empresas y consumidores. La Comisión reconoció como prioridad un mejor acceso en línea para consumidores y empresas de toda Europa en su Estrategia para el Mercado Único Digital de 2015[2] y, más recientemente, en la Agenda para Europa de Ursula von der Leyen, en la que se destaca la importancia de las redes 5G[3].

Resultados

El actual marco regulador de las telecomunicaciones, compuesto de una serie de directivas y reglamentos, se adoptó en septiembre de 2016 con el fin de tener en cuenta la rápida evolución del sector y de armonizar las normas, tanto en lo que respecta a la regulación real de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas como en lo que atañe a los procedimientos de ejecución pertinentes.

  • El 14 de septiembre de 2016, en su Comunicación titulada «La conectividad para un mercado único digital competitivo — Hacia una sociedad europea del Gigabit», la Comisión pidió al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones que examinaran su propuesta en la que se anunciaba un Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, objetivos comunes de la Unión en materia de banda ancha para 2025, un plan para fomentar el liderazgo industrial europeo en la tecnología inalámbrica de 5.ª generación (5G) y un sistema de bonos para las autoridades públicas que deseen ofrecer acceso wifi gratuito a sus ciudadanos (WiFi4EU)[4];
  • Se ha reducido[5]el coste de las comunicaciones electrónicas al haberse eliminado los recargos por itinerancia para los datos, las llamadas y los SMS desde el 15 de junio de 2017 para los consumidores que hacen un uso justo de tal conectividad en sus desplazamientos por la Unión;
  • Se ha garantizado una mejor protección de los consumidores y de las empresas con las medidas siguientes: adopción de legislación sobre protección de la privacidad [Directiva 2009/136/CE[6]) y de los datos [Reglamento (UE) 2016/679[7] y Directiva (UE) 2016/680[8]]; consolidación del mandato de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA)[9]; adopción de la Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión[10]; refuerzo del derecho a cambiar de operador de telefonía fija o móvil en el plazo de un día hábil conservando el número de teléfono original, es decir, la portabilidad del número (Directiva 2009/136/CE), y utilización del 112 como número único de emergencias europeo (Directiva 2009/136/CE), el 116 000 como línea directa para los casos de niños desaparecidos, el 116 111 como línea de ayuda a la infancia y el 116 123 como línea directa para apoyo emocional, así como una plataforma en línea para la resolución de litigios entre los consumidores y los comerciantes en línea[11];
  • Se ha garantizado un acceso a las telecomunicaciones mediante la introducción de legislación destinada a estimular la competencia con normas claras e inclusivas, mejor calidad, mejores precios y más servicios (Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas); la inversión en redes de banda ancha de internet de alta velocidad; el apoyo a tecnologías inalámbricas, como la LTE y la 5G, a través del programa de política del espectro radioeléctrico, y la armonización del uso de la banda de frecuencias de 470-790 MHz en la Unión con el fin de crear una conectividad de alta velocidad para los principales motores socioeconómicos[12].

Con el fin de mejorar la coherencia de los procedimientos de regulación nacionales, el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) [Reglamento (UE) 2018/1971[13]] vela por la cooperación entre las autoridades reguladoras nacionales y la Comisión, y promueve buenas prácticas y planteamientos comunes, evitando la aparición de normativas incoherentes que puedan distorsionar la competencia en el mercado único de las telecomunicaciones. Esta normativa actualizada encomienda a las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) la tarea de fomentar la competencia en el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, así como de definir los principios en los que se basa su funcionamiento: independencia, imparcialidad, transparencia y derecho de recurso. Por lo que se refiere a la gestión del espectro, el programa plurianual de política de espectro radioeléctrico establece las orientaciones y los objetivos para la planificación estratégica y la armonización del espectro radioeléctrico. Ello garantiza que el mercado interior funcione en todos los ámbitos políticos de la Unión que implican el uso de espectro, por ejemplo, las comunicaciones electrónicas, la investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, el transporte, la energía y la política audiovisual entre otros.

Papel del Parlamento Europeo

El Parlamento aboga por una política sólida y ambiciosa en el ámbito de las TIC y ha contribuido muy activamente a la aprobación de legislación en la materia con el objetivo de ampliar los beneficios para los consumidores y las empresas. Así pues, ha ayudado a que se mantenga en todo momento la atención sobre las TIC mediante legislación, informes de propia iniciativa, preguntas orales y escritas, estudios[14], seminarios[15], dictámenes y resoluciones, así como reclamando una mayor coordinación de las iniciativas nacionales con miras al desarrollo de servicios paneuropeos y un mayor apoyo de la Unión a las TIC.

El Parlamento ha recordado asimismo la necesidad de aprovechar el «dividendo digital» para lograr que la banda ancha llegue a todos los ciudadanos de la Unión y ha recalcado que se necesitan nuevas medidas para conseguir el acceso a la banda ancha de alta velocidad en todas partes y para garantizar la alfabetización y las competencias digitales de todos los ciudadanos y consumidores[16]. También ha destacado la importancia de la seguridad en el ciberespacio[17] para garantizar una sólida protección de la intimidad y otras libertades civiles de los consumidores y de las empresas en el entorno digital. El Parlamento promueve asimismo la neutralidad tecnológica, la «neutralidad de la red» y las «libertades de la red» para los ciudadanos de la Unión, así como medidas relativas al acceso y el uso de los servicios y de las aplicaciones a través de las redes de telecomunicaciones, sobre la base del respeto de los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Dichas medidas también deben garantizar que los prestadores de servicios de internet no mermen la capacidad de los usuarios de acceder a contenidos y aplicaciones y de ejecutar servicios de su elección[18].

El Parlamento consolida sistemáticamente estas garantías a través de la legislación; desempeña un papel clave para eliminar obstáculos en el mercado único digital y modernizar las normas de la Unión sobre telecomunicaciones para adaptarlas a los productos y servicios digitales basados en los datos que existen hoy en día a fin de aumentar los beneficios para los consumidores y las empresas. Por consiguiente, el Parlamento ha mejorado el acceso a los datos y su transferencia estableciendo normas de neutralidad de la red, armonizando el uso de la banda de frecuencias de 470-790 MHz, facilitando el acceso a redes wifi gratuitas en ciudades y pueblos (Wifi4EU), invirtiendo en la informática de alto rendimiento y en los servicios basados en la nube para la ciencia abierta (la Nube Europea de la Ciencia Abierta) y poniendo fin a las tarifas de itinerancia[19]. Asimismo, ha iniciado y concluido una importante labor legislativa orientada a impulsar el comercio electrónico para los consumidores y las empresas de la Unión, en especial las pymes. Algunos ejemplos son la adopción de la Directiva 2014/61/UE relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad[20] y el Reglamento (UE) n.º 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior[21] a fin de facilitar el comercio electrónico[22]. Como respuesta a las propuestas de la Comisión, el Parlamento ha apoyado la modernización de las normas sobre los derechos de autor[23] y sobre los servicios de comunicación audiovisual de la Unión[24].

Asimismo, el Parlamento ha concluido con éxito el trabajo legislativo sobre la reforma de la protección de datos. La Directiva (UE) 2016/680[25] y el Reglamento (UE) 2016/679[26] relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos y a la libre circulación de los datos personales se adoptaron el 27 de abril de 2016. Ha llevado a cabo una amplia actividad legislativa sobre las propuestas presentadas a raíz de la Estrategia para el Mercado Único Digital y la Resolución «Hacia un Acta del Mercado Único Digital»[27], que aborda cuestiones como el bloqueo geográfico injustificado[28], la paquetería transfronteriza[29], la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea[30], la revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores[31], los servicios de comunicación audiovisual[32], la libre circulación de los datos no personales[33], los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes[34], y los contratos de suministro de contenidos digitales[35]. El Parlamento ha aprobado una Resolución sobre la conectividad a internet para el crecimiento, la competitividad y la cohesión: la sociedad europea del gigabit y 5G[36], que respalda el calendario de despliegue de esta tecnología con miras a facilitar la conectividad para los consumidores y las empresas.

En su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias[37], el Parlamento indicó que debía prestarse especial atención a la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y a información exacta y contrastada, pues la rápida expansión de la telemedicina y el comercio electrónico durante la pandemia hacen que la conectividad asequible resulte especialmente importante.

Según una reciente investigación realizada para la Comisión IMCO, los servicios de telecomunicaciones aportan anualmente 86 100 millones de euros al PIB de la Unión, y las nuevas medidas legislativas introducidas por el Parlamento Europeo para mejorar la integración de los servicios de telecomunicaciones en el mercado único podrían aportar otros 40 000 millones de euros[38]. Otros estudios del Parlamento Europeo sobre la evolución de los servicios digitales[39] indican que la conectividad futura, que avanza hacia tecnologías 6G, será aún más crucial para las empresas y los consumidores europeos.

 

[1]Mercado único digital – http://ec.europa.eu/digital-agenda/
[3]Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados – Mi agenda para Europa, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
[4]Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «La conectividad para un mercado único digital competitivo – Hacia una Sociedad Europea del Gigabit» [COM(2016)0587].
[5]Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) n.º 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión (DO L 310 de 26.11.2015, pp. 1-18).
[6]DO L 337 de 18.12.2009, p. 11.
[7]DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
[8]DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
[9]Creada mediante el Reglamento (CE) n.º 460/2004 (DO L 77 de 13.3.2004, p. 1); Resolución legislativa del Parlamento Europeo de 16 de abril de 2013 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) (DO C 45 de 5.2.2016, p. 102).
[10]DO L 194 de 19.7.2016, p. 1.
[12]DO L 138 de 25.5.2017, p. 131.
[13]DO L 321 de 17.12.2018, p. 1.
[16]DO C 81 E de 15.3.2011, p. 45.
[17]DO C 332 E de 15.11.2013, p. 22.
[18]DO C 153 E de 31.5.2013, p. 128.
[19]DO L 310 de 26.11.2015, p. 1.
[20]DO L 155 de 23.5.2014, p. 1.
[21]DO L 257 de 28.8.2014, p. 73.
[22]COM(2017)0228, que ya no está en vigor.
[23]Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).
[24]Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado (DO L 303 de 28.11.2018, p. 69).
[25]DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
[26]DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
[27]DO C 11 de 12.1.2018, p. 55.
[30]COM(2015)0627.
[32]COM(2016)0287.
[35]COM(2015)0634.
[36]DO C 307 de 30.8.2018, p. 144.
[37]Textos Aprobados, P9_TA(2020)0054.
[38]Scott Marcus, J. y otros: «Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for citizens and businesses» (Contribución al crecimiento: brindar beneficios económicos para los ciudadanos y las empresas), Estudio para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida, Parlamento Europeo, Luxemburgo, 2019.
[39]Sohnemann, N. y otros: «New Developments in Digital Services» (Nuevas evoluciones en los servicios digitales), Estudio para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida, Parlamento Europeo, Luxemburgo, 2020.

Kristine Næss / Mariusz Maciejewski