Una Agenda Digital para Europa

Desde 1995, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han impulsado el aumento de la productividad y el crecimiento en la Unión[1]. En las tres últimas décadas, la «convergencia» tecnológica ha difuminado las diferencias entre telecomunicaciones, radiodifusión e informática. La Comisión puso en marcha el mercado único digital en 2015 para hacer efectivas las principales propuestas legislativas, tales como el incremento del comercio electrónico, los derechos de autor, la privacidad electrónica, la armonización de los derechos digitales, la armonización de las normas sobre el IVA y la ciberseguridad.

Base jurídica

Aunque los Tratados no contienen disposiciones específicas relativas a las TIC, la Unión puede emprender determinadas actuaciones en el marco de sus políticas sectoriales y horizontales, por ejemplo en el ámbito de la política industrial (artículo 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)); la política de competencia (artículos 101 a 109); la política comercial (artículos 206 y 207); las redes transeuropeas (RTE) (artículos 170 a 172); la investigación y el desarrollo tecnológico y el espacio (artículos 179 a 190); la aproximación de las legislaciones para mejorar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior (artículo 114); la libre circulación de mercancías (artículos 28, 30, 34 y 35); la libre circulación de personas, servicios y capitales (artículos 45 a 66), la educación, la formación profesional, la juventud y el deporte (artículos 165 y 166); y la cultura (artículo 167). Todos ellos son elementos clave de la Europa Digital.

Objetivos

A raíz de la Estrategia de Lisboa, la Agenda Digital para Europa[2] fue concebida como una de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 adoptada por la Comisión. Publicada en mayo de 2010, pretende definir la función capacitadora esencial que deberá desempeñar el uso de las TIC para que Europa pueda hacer realidad sus ambiciosos objetivos para 2020. Con objeto de garantizar un entorno digital seguro, abierto e imparcial, la Comisión elaboró la «Estrategia para el Mercado Único Digital», que se estructura en torno a tres pilares: mejorar el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales en Europa, crear las condiciones adecuadas para el éxito de los servicios y las redes digitales, y aprovechar al máximo el potencial de crecimiento de la economía digital.

Resultados

Desde la apertura del mercado de las telecomunicaciones a la plena competencia el 1 de enero de 1998 y el comienzo de su aplicación, la Estrategia para el Mercado Único Digital ha hecho efectivas las principales propuestas legislativas fijadas como prioritarias.

En primer lugar, mejorar el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales en Europa, y proporcionar a la Unión un avanzado sistema de derechos de los usuarios y protección de los consumidores y empresas, en concreto:

  • unas tarifas más bajas para las comunicaciones electrónicas, y la supresión de los costes de itinerancia el 14 de junio de 2017 (régimen de «Itinerancia como en casa»)[3];
  • una mejor conexión a internet para todos con una amplia cobertura de banda ancha generalizada, principalmente gracias a la evolución de la banda ancha móvil y por satélite, a fin de desarrollar una conectividad de alta velocidad para los principales motores socioeconómicos con el uso armonizado de la banda de frecuencias de 470-790 MHz en la Unión y la apertura de internet móvil de banda ancha 5G de aquí a 2020; un calendario común de la Unión para un lanzamiento comercial coordinado de la 5G en 2020; conexión gratuita a redes wifi en puntos de acceso inalámbrico para los ciudadanos y visitantes en espacios públicos de toda Europa a través de WiFi4EU (Reglamento (UE) 2017/1953); una banda de 700 MHz de alta calidad; y un fondo para la conexión de banda ancha en Europa (para apoyar las infraestructuras de red digital);
  • una mayor protección de los consumidores en los servicios de telecomunicaciones mediante la adopción de legislación sobre protección de la privacidad (Directiva 2009/136/CE) y de los datos (Directiva 95/46/CE), reforzada con el nuevo marco regulador sobre protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 y Directiva (UE) 2016/680); mediante el refuerzo del mandato de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA) (Reglamento (UE) n.) tras la aprobación de la Resolución del Parlamento de 16 de abril de 2013, seguida por la propuesta de la Comisión y la Cumbre de Tallin; mediante la creación de una plataforma en línea de resolución de litigios entre consumidores y comerciantes digitales[4]; mediante la creación de una plataforma en línea con la que se pretende contribuir a que la gobernanza de internet sea más democrática y comprensible para los usuarios[5]; mediante la adopción de legislación sobre el bloqueo geográfico para evitar la discriminación directa o indirecta por razón de la nacionalidad o del lugar de residencia o de establecimiento de los consumidores en las transacciones comerciales transfronterizas entre comerciantes y clientes en la Unión; mediante la incorporación de legislación sobre los usos permitidos de obras protegidas por derechos de autor para las personas con dificultades para acceder al texto impreso convencional; mediante la introducción del 112 como número único de emergencias europeo (Directiva 2009/136/CE), el 116 000 como línea directa para los casos de niños desaparecidos, el 116 111 como línea de ayuda a la infancia y el 116 123 como línea directa para apoyo emocional; así como garantizando el derecho a cambiar de operador de telefonía fija o móvil en el plazo de un día laboral manteniendo el número de teléfono inicial, es decir, la portabilidad del número (Directiva 2009/136/CE).

En segundo lugar, con el fin de crear las condiciones adecuadas para el éxito de los servicios y las redes digitales en la Unión, el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) (creado en virtud del Reglamento (UE) 2018/1971) vela por la cooperación entre las autoridades reguladoras nacionales y la Comisión, y promueve buenas prácticas y planteamientos comunes, evitando la aparición de normativas incoherentes que puedan distorsionar la competencia en el mercado único de las telecomunicaciones. Por lo que se refiere a la gestión del espectro, el programa plurianual de política de espectro radioeléctrico establece las orientaciones y los objetivos para la planificación estratégica y la armonización del espectro radioeléctrico. Ello garantiza que el mercado interior funcione en todos los ámbitos de actuación de la Unión que implican el uso de espectro, por ejemplo, las comunicaciones electrónicas, la investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, el transporte, la energía y la política audiovisual entre otros.

En tercer lugar, la Agenda Digital para Europa tiene por objeto maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital, fomentando las competencias digitales y la informática de alto rendimiento, digitalizando la industria y los servicios, desarrollando la inteligencia artificial y modernizando los servicios públicos. En efecto, se han adoptado nuevas normas sobre portabilidad de los servicios digitales para que los consumidores que pagan por servicios de contenidos en línea en su país de origen puedan acceder a ellos cuando visiten otro país de la Unión; dichas normas comenzaron a aplicarse el 1 de abril de 2018.

Una Europa adaptada a la era digital es hoy una prioridad clave de la Unión. En su reciente serie de comunicaciones sobre inteligencia artificial (COM(2020)0065) y estrategia en materia de datos (COM(2020)0066), la Comisión destacó la creación de un mercado único para los datos, en especial los industriales y comerciales, como factor clave de la economía digital. En junio de 2020, la Comisión anunció en su Comunicación titulada «El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación» (COM(2020)0456) que el mercado único digital será un pilar de la recuperación de la COVID-19. Las propuestas incluyen el desarrollo de la identidad electrónica pública, la inversión en inteligencia artificial, ciberseguridad, redes 5G, informática cuántica y cadena de bloques, la construcción de una verdadera economía de los datos y el desarrollo de sistemas nacionales de contratación electrónica.

Papel del Parlamento Europeo

El Parlamento aboga por una política sólida y ambiciosa en el ámbito de las TIC y ha contribuido muy activamente a la adopción de actos legislativos en la materia. También ha ayudado a que se mantenga en todo momento la atención sobre las TIC mediante informes de propia iniciativa, preguntas orales y escritas, estudios, seminarios, dictámenes y resoluciones, así como reclamando una mayor coordinación de las iniciativas nacionales con miras al desarrollo de servicios paneuropeos y a un mayor apoyo de la Unión a la investigación y el desarrollo de las TIC[6].

El Parlamento ha subrayado la necesidad de aprovechar el «dividendo digital» para lograr que la banda ancha llegue a todos los ciudadanos de la Unión y ha recalcado que se necesitan nuevas medidas para conseguir el acceso a la banda ancha de alta velocidad en todas partes y para garantizar la alfabetización y las competencias digitales de todos los ciudadanos y consumidores. El Parlamento promueve, asimismo, la neutralidad tecnológica, la «neutralidad de la red» y las «libertades de la red» para los ciudadanos europeos, así como medidas relativas al acceso y el uso de los servicios y de las aplicaciones a través de las redes de telecomunicaciones, sobre la base del respeto de los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Dichas medidas también deben garantizar que los prestadores de servicios de internet no mermen la capacidad de los usuarios de acceder a contenidos y aplicaciones y de ejecutar servicios de su elección, tal como se describe en la Resolución del Parlamento de 17 de noviembre de 2011 sobre la internet abierta y la neutralidad de la red en Europa.

El Parlamento consolida sistemáticamente estas garantías a través de la legislación. Está en la vanguardia a la hora de eliminar obstáculos en el mercado único digital y de modernizar las normas de la Unión sobre telecomunicaciones para adaptarlas a los actuales productos y servicios digitales basados en los datos. De esta manera se puede aprovechar al máximo la digitalización de los sectores europeos de servicios, lo que supondrá el consiguiente aumento de empleos y oportunidades. El objetivo del Parlamento es impulsar el comercio transfronterizo, armonizar las normas relativas a los contratos digitales, garantizar servicios de paquetería transfronterizos asequibles, fomentar la libre circulación de datos no personales, y aplicar procedimientos de declaración de IVA más sencillos. Por consiguiente, el Parlamento ha mejorado el acceso a los datos y su transferencia al establecer normas de neutralidad de la red, al armonizar el uso de la banda de frecuencias de 470-790 MHz, al facilitar el acceso a redes wifi gratuitas en ciudades y pueblos (Wifi4EU), al invertir en la informática de alto rendimiento y en los servicios basados en la nube para la comunidad científica (la Nube Europea de la Ciencia Abierta) y al poner fin a las tarifas de itinerancia en el territorio de la Unión. El Parlamento ha iniciado y concluido una importante labor legislativa relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad (Directiva 2014/61/UE) y a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (Reglamento (UE) n.) para facilitar los negocios electrónicos.

Asimismo, el Parlamento concluyó con éxito el trabajo legislativo sobre la mejora de la protección de datos mediante la reforma del marco de protección de datos y las normas de ciberseguridad, creando un marco europeo de seguridad de las TIC, organizando la certificación de las TIC en la Unión, promoviendo las inversiones en las capacidades industriales esenciales de ciberseguridad en la Unión, garantizando la aplicación efectiva de la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de los datos de carácter personal en cuanto derecho fundamental (Directiva (UE) 2016/680), y protegiendo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos (Reglamento (UE) 2016/679). Este último Reglamento tiene por objeto corregir la aplicación fragmentada de la protección de los datos en el territorio de la Unión, la inseguridad jurídica y la percepción generalizada entre la opinión pública de que existen riesgos importantes para la protección de las personas físicas, en particular en relación con las actividades en línea. Recientemente, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) votó a favor de las normas relativas al respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas con miras a facilitar los negocios (COM(2017)0010).

El Parlamento hace un estrecho seguimiento de la aplicación por parte de la Comisión de la hoja de ruta de la Estrategia para el Mercado Único Digital y, en este contexto, aprobó una Resolución titulada «Hacia un Acta del Mercado Único Digital». El Parlamento ha elaborado una amplia legislación sobre las propuestas presentadas a raíz de la Estrategia para el Mercado Único Digital y dicha Resolución, abordando cuestiones como el bloqueo geográfico injustificado (COM(2016)0289), la paquetería transfronteriza (COM(2016)0285), la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea (COM(2015)0627), una revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (COM(2016)0283), los servicios de comunicación audiovisual (COM(2016)0287), los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes (COM(2015)0635) y los contratos de suministro de contenidos digitales (COM(2015)0634).

A petición de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO), el Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida del Parlamento organizó un seminario titulado «E-Commerce rules, fit for the digital age» (Normas sobre el comercio electrónico aptas para la era digital), tras el cual se publicaron varios documentos de investigación sobre la responsabilidad de las plataformas, medidas de ejecución más estrictas y el uso de la inteligencia artificial[7]. Estos documentos de investigación contribuyeron a las Resoluciones del Parlamento, de 20 de octubre de 2020, sobre la Ley de servicios digitales, más concretamente sobre la mejora del funcionamiento del mercado único, la adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea y las cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales. Además, un estudio solicitado por la Comisión IMCO, titulado «Legal obstacles in Member States to Single Market rules»[8] (Obstáculos jurídicos en los Estados miembros a las normas del mercado único), concluyó que la falta de información fiable sobre las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes en los Estados miembros causa problemas en casi todos los aspectos del comercio electrónico. No obstante, la pasarela digital única (Reglamento (UE) 2018/1724) puede ayudar a remediar esta situación. El Parlamento ha creado la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital (AIDA) para examinar el impacto futuro de la inteligencia artificial en la economía de la Unión.

En su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, el Parlamento pidió a la Comisión que siguiera desarrollando su capacidad para los servicios en la nube a fin de facilitar el intercambio a nivel de la Unión de datos sobre investigación y salud y el desarrollo de una vacuna, respetando al mismo tiempo la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas y el Reglamento General de Protección de Datos.

El 15 de diciembre de 2020, la Comisión presentó al Parlamento y al Consejo su propuesta de paquete de Ley de servicios digitales de conformidad con el procedimiento de codecisión. El paquete consta de dos iniciativas legislativas: la Ley de servicios digitales y la Ley de mercados digitales. Sus objetivos principales consisten en crear un espacio digital seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de los usuarios de servicios digitales y crear unas condiciones de competencia equitativas que fomenten la innovación, el crecimiento y la competitividad en el mercado único europeo y a escala mundial.

Una próxima investigación sobre el impacto de la publicidad dirigida en los anunciantes, el acceso al mercado y la elección de los consumidores tiene por objetivo comprender la nueva dinámica del mercado de la publicidad en línea. En lo referente al mercado interior y los servicios digitales concretamente, examinará la relación entre la publicidad dirigida y la libre circulación de servicios, la medida en que la legislación vigente resulta adecuada para abordar las cuestiones que suscitan preocupación y los futuros cambios legislativos o estratégicos que serán necesarios.

 

[1]Cuadro de indicadores digitales: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
[3]Declaración conjunta de la Presidencia maltesa del Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea de 14 de junio de 2017.
[4]Más información en la página web de la Comisión «Resolver su reclamación en materia de consumo».
[5]La plataforma fue lanzada por la Comisión, en coordinación con el Observatorio Mundial sobre la Política de Internet (GIPO), el 22 de abril de 2015.
[6]Sobre este tema puede consultarse el siguiente trabajo de investigación: incluye van Veentra A. F. et al., «Ubiquitous Developments of the Digital Single Market» (Servicios de ubicuidad en el mercado único digital), publicación para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida, Parlamento Europeo, Luxemburgo, 2013.
[7]Sobre este tema pueden consultarse los siguientes trabajos de investigación:
Nordemann, J. B., «The functioning of the Internal Market for Digital Services: Responsabilities and duties of care of providers of Digital Services» (El funcionamiento del mercado interior de los servicios digitales: responsabilidades y deber de diligencia de los proveedores de servicios digitales), publicación para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida, Parlamento Europeo, Luxemburgo, 2020.
Smith, M., «Enforcement and cooperation between Member States – E-Commerce and the future Digital Services Act» (Cumplimiento y cooperación entre Estados Miembros: comercio electrónico y la futura Ley de servicios digitales), publicación para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida, Parlamento Europeo, Luxemburgo, 2020.
Iacob, N., Simonelli, F., «How to fully reap the benefits of the Internal Market for E-Commerce? New economic opportunities and challenges for digital services 20 years after the adoption of the E-Commerce Directive» (Cómo aprovechar plenamente las ventajas del mercado interior para el comercio electrónico: nuevos retos y oportunidades en el ámbito económico para los servicios digitales veinte años después de la adopción de la Directiva sobre comercio electrónico), publicación para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida, Parlamento Europeo, Luxemburgo, 2020.
[8]Dahlberg, E. et al., «Legal obstacles in Member States to Single Market rules» (Obstáculos jurídicos en los Estados miembros a las normas del mercado único), publicación para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida, Parlamento Europeo, Luxemburgo, 2020.

Frédéric Gouardères / Christina Ratcliff