La política energética: principios generales
Entre los retos a que se enfrenta la Unión en el ámbito de la energía figuran su dependencia cada vez mayor con respecto a las importaciones, una diversificación limitada, los precios elevados y volátiles de la energía, la creciente demanda mundial de energía, los riesgos de seguridad en los países productores y de tránsito, las amenazas crecientes derivadas del cambio climático, los lentos progresos realizados en materia de eficiencia energética o los desafíos que plantea el aumento de la cuota de las energías renovables, así como la necesidad de una mayor transparencia y de una mejor integración e interconexión de los mercados de la energía. El núcleo de la política energética europea está constituido por una serie de medidas destinadas a lograr un mercado de la energía integrado, la seguridad del suministro energético y la sostenibilidad del sector energético.
Base jurídica
Artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Disposiciones específicas:
- seguridad del abastecimiento: artículo 122 del TFUE;
- redes energéticas: artículos 170 a 172 del TFUE;
- carbón: el Protocolo n.o 37 explica las consecuencias financieras de la expiración del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 2002;
- energía nuclear: el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado Euratom) constituye la base jurídica de la mayoría de las acciones europeas en el ámbito de la energía nuclear.
Otras disposiciones que afectan a la política energética:
- mercado interior de la energía: artículo 114 del TFUE;
- política exterior de la energía: artículos 216-218 del TFUE.
Objetivos
De conformidad con la Unión de la Energía (2015), los cinco objetivos principales de la política energética de la Unión son:
- diversificar las fuentes de energía europeas y garantizar la seguridad energética a través de la solidaridad y la cooperación entre los Estados miembros;
- garantizar el funcionamiento de un mercado interior de la energía plenamente integrado, propiciando el libre flujo de energía a través de la Unión mediante una infraestructura adecuada y sin barreras técnicas o reglamentarias;
- mejorar la eficiencia energética y reducir la dependencia de las importaciones de energía, reducir las emisiones e impulsar el empleo y el crecimiento;
- descarbonizar la economía y avanzar hacia una economía hipocarbónica en consonancia con el Acuerdo de París;
- promover la investigación en tecnologías de energías limpias y con bajas emisiones de carbono, y priorizar la investigación y la innovación para impulsar la transición energética y mejorar la competitividad.
En virtud del artículo 194 del TFUE, algunos ámbitos de la política energética pasan a ser una competencia compartida, lo que supone un paso hacia una política energética común. Cada Estado miembro mantiene, no obstante, su derecho «a determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, sus posibilidades de elegir entre distintas fuentes de energía y la estructura general de su abastecimiento energético» (artículo 194, apartado 2).
Resultados
A. Marco político general
La agenda política actual está impulsada por las preocupaciones en torno a la seguridad energética y por la armonización de los objetivos energéticos y climáticos de la Unión, propuestos en julio de 2021 en el paquete de medidas «Objetivo 55», que incluyen:
- una reducción de, al menos, un 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990;
- una reducción a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050.
Los objetivos energéticos actuales para 2030, acordados en octubre de 2014 y revisados en diciembre de 2018, son los siguientes:
- un incremento hasta el 32 % de la cuota de las energías renovables en el consumo de energía;
- una mejora de la eficiencia energética de un 32,5 %;
- la interconexión de al menos el 15 % de los sistemas eléctricos de la Unión.
Los nuevos objetivos energéticos de la Unión propuestos para 2030, acordados de manera informal en marzo de 2023, incluyen:
- un incremento de la cuota de las energías renovables en el consumo de energía al 42,5 %, con el objetivo de alcanzar el 45 %;
- una reducción del 11,7 % del consumo de energía primaria y final de la Unión, en comparación con las previsiones realizadas en 2020 para 2030, lo que equivale a un 40,5 % y un 38 %, respectivamente, en comparación con las previsiones de 2007.
La política energética europea actual se basa en la estrategia de la Unión de la Energía (COM/2015/80) publicada en febrero de 2015, que tenía por objeto construir una Unión de la Energía que proporcionase a los hogares y las empresas de la Unión un suministro de energía seguro, sostenible, competitivo y asequible.
El marco regulador europeo actual en materia de energía consta de varias leyes, que abarcan la gobernanza y la interconectividad de la electricidad (Reglamento (UE) 2018/1999), el diseño del mercado de la electricidad (Directiva (UE) 2019/944 y Reglamento (UE) 2019/943), la preparación frente a los riesgos (Reglamento (UE) 2019/941), la eficiencia energética (Directiva (UE) 2018/2002), la eficiencia energética de los edificios (Directiva (UE) 2018/844), las energías renovables (Directiva (UE) 2018/2001), el diseño del mercado del gas (Directiva 2009/73/CE y Reglamento (CE) n.), la fiscalidad de los productos energéticos (Directiva 2003/96/CE), las infraestructuras energéticas transeuropeas (Reglamento (UE) 2022/869), la cooperación de los reguladores de la energía (Reglamento (UE) 2019/942) y los cambios después de la salida del Reino Unido de la Unión (Decisión (UE) 2019/504). De conformidad con el Reglamento, los Estados miembros de la Unión deben establecer planes nacionales integrados de energía y clima (PNEC) a diez años para el período 2021-2030, presentar un informe de situación cada dos años y desarrollar estrategias nacionales coherentes a largo plazo para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
En 2021, el extenso paquete de medidas de la Unión «Objetivo 55» estaba dirigido inicialmente a la armonización de todos los objetivos sobre clima y energía. Consistía en una revisión de todas las leyes de la Unión en materia de clima y energía, incluyendo la Directiva sobre fuentes de energía renovables (COM/2021/557), la Directiva relativa a la eficiencia energética (COM/2021/558), la Directiva sobre fiscalidad de la energía (COM/2021/563), la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (COM/2021/802) y la Directiva sobre el gas (COM/2021/803) y el Reglamento (COM/2021/804). La revisión introdujo nuevos mercados de gases descarbonizados, como el hidrógeno, e incluía nuevas propuestas en el ámbito del transporte, como el Reglamento relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (COM/2021/559), la iniciativa «ReFuelEU Aviation» (COM/2021/561) y la iniciativa «ReFuelEU Maritime» (COM/2021/562).
En febrero de 2022, la invasión rusa de Ucrania alteró el calendario de la revisión del marco energético. La utilización de las exportaciones rusas de gas y petróleo como armas de guerra y las consiguientes perturbaciones del mercado energético provocaron una reacción rápida por parte de la Unión Europea. Con el apoyo de la Declaración de Versalles suscrita por todos los dirigentes de la Unión los días 10 y 11 de marzo de 2022, la Comisión Europea publicó la siguiente serie de leyes para aumentar la seguridad del suministro energético de la Unión:
- una nueva Comunicación sobre REPowerEU (8 de marzo de 2022);
- opciones para paliar los efectos de los elevados precios de la energía con compras conjuntas de gas y unas obligaciones mínimas de almacenamiento de gas (23 de marzo de 2023);
- una plataforma de compra de energía de la Unión para garantizar el suministro de gas, gas natural licuado (GNL) e hidrógeno (abril de 2022);
- el plan REPowerEU para poner fin a la dependencia de la Unión con respecto a los combustibles fósiles rusos y nuevas opciones a corto plazo en los mercados del gas y la electricidad (18 de mayo de 2022);
- y un plan de reducción de la demanda de gas, así como una propuesta de Reglamento (20 de julio de 2022).
El Parlamento reaccionó a la revisión del conjunto del paquete energético de la Unión mostrando su pleno apoyo y acelerando el proceso legislativo. El 27 de junio de 2022, el Parlamento y el Consejo adoptaron en un tiempo récord nuevas normas sobre los niveles mínimos de llenado para el almacenamiento de gas (Reglamento (UE) 2022/1032). El 5 de agosto de 2022, el Consejo adoptó un objetivo voluntario de un año de duración para que los Estados miembros redujeran su consumo de gas natural en un 15 % (Reglamento (UE) 2022/1369). En marzo de 2023, la Comisión propuso prorrogar esta legislación de emergencia durante otros doce meses.
En el segundo semestre de 2022 y, lo que era más importante, antes del invierno, la Comisión propuso todos los nuevos actos legislativos como Reglamentos urgentes del Consejo, excluyendo de facto al Parlamento Europeo del proceso legislativo. Entre septiembre y diciembre de 2022, el Consejo adoptó Reglamentos sobre medidas de reducción de la demanda de electricidad, un límite temporal de los ingresos para los productores de electricidad inframarginales, una contribución de solidaridad temporal sobre los beneficios excesivos de las actividades basadas en combustibles fósiles, una aceleración del despliegue de las energías renovables y un mecanismo de suspensión de las transacciones de gas natural en el supuesto de que los precios del gas sean extremadamente altos.
El 14 de marzo de 2023, la Comisión propuso una reforma del diseño del mercado de la electricidad para regresar al procedimiento colegislativo ordinario.
B. Realización del mercado interior de la energía
Un mercado interior de la energía plenamente integrado y que funcione correctamente garantiza unos precios de la energía asequibles, proporciona las señales de precio necesarias para las inversiones en energía verde, garantiza el suministro energético, y abre la vía menos costosa hacia la neutralidad climática.
La legislación sobre el mercado interior de la energía se introdujo por primera vez en el tercer paquete energético (2009-2014), abarcando cinco ámbitos: modelos de desagregación; organismos reguladores nacionales independientes; cooperación; la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER); y mercados minoristas justos. Con el fin de mejorar la cooperación transfronteriza, el paquete creó las Redes Europeas de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (REGRT de Electricidad) y Redes Europeas de Gestores de Redes de Transporte de Gas (REGRT de Gas). El paquete incluía, entre otros instrumentos, el Reglamento (UE) n. sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía, y la política sobre redes transeuropeas de energía (RTE-E), basada en el Reglamento (UE) n. relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas.
El cuarto paquete energético (2015-2020), titulado «Energía limpia para todos los europeos», se centraba en la configuración del mercado de la electricidad (Directiva sobre la electricidad, Reglamento sobre la electricidad, Reglamento sobre la preparación frente a los riesgos, Reglamento ACER). Introdujo nuevas normas sobre el almacenamiento de energía, incentivos para los consumidores destinados a contribuir a un mejor funcionamiento del mercado interior de la energía, planes nacionales de energía y clima (PNEC) a diez años para el período 2021-30 y un papel reforzado de la ACER. En sus últimos años, también abordó el Brexit.
El quinto paquete energético, titulado «Objetivo 55», se publicó en dos partes el 14 de julio y el 15 de diciembre de 2021 y actualmente se encuentra en la fase final de aprobación. Sitúa los objetivos energéticos en consonancia con la nueva ambición climática europea de reducir las emisiones al menos un 55 % de aquí a 2030 en comparación los niveles de 1990 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, y se centra principalmente en las energías renovables, la eficiencia energética, la fiscalidad de la energía, los edificios, el transporte aéreo y marítimo, los edificios, y los mercados del gas y el hidrógeno.
La invasión rusa de Ucrania del 24 de febrero de 2022 ocasionó perturbaciones serias en los mercados y obligó a la Unión a cambiar su marco regulador de la energía. Entre todas las medidas adoptadas que afectaban al mercado, en 2022, la Comisión propuso:
- opciones para mitigar los elevados precios de la energía,
- la creación de una plataforma para la compra conjunta de gas,
- nuevas normas y obligaciones para el almacenamiento de gas,
- la relajación de las medidas de liquidez para los agentes del mercado de la energía,
- medidas de reducción de la demanda de electricidad y gas,
- medidas de solidaridad sobre el consumo de gas entre los Estados miembros,
- nuevos precios de referencia para el GNL,
- medidas para redistribuir los ingresos excedentarios del sector energético entre los clientes finales,
- un precio tope de seguridad.
Entre septiembre y diciembre de 2022, el Consejo estableció tres medidas temporales excepcionales para el mercado:
- un objetivo voluntario general de reducción de consumo bruto de electricidad del 10 % y un objetivo obligatorio de reducción del consumo de electricidad en horas punta del 5 %;
- un tope de ingresos del mercado de 180 EUR/MWh para los generadores de electricidad que utilicen energías renovables, energía nuclear y lignito;
- una tasa de solidaridad temporal obligatoria para el sector de los combustibles fósiles.
En marzo de 2023, la reforma del mercado de la electricidad pretendía acelerar la adopción de las energías renovables y la eliminación gradual del gas, para hacer que las facturas de los consumidores dependiesen menos de los volátiles precios de los combustibles fósiles (véase la ficha 2.1.9 sobre el mercado interior de la energía).
C. Eficiencia en el uso de energía
La piedra angular de la política de eficiencia energética de la Unión es la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, revisada en 2018, que establece un conjunto de medidas vinculantes para ayudar a la Unión a alcanzar su objetivo del 32,5 % en materia de eficiencia energética en 2030, medidas con respecto a las previsiones de referencia de 2007. La Directiva también introdujo objetivos de ahorro energético y numerosas políticas de eficiencia energética, incluidas las relativas a las renovaciones y los certificados energéticos obligatorios para los edificios, las normas mínimas de eficiencia energética para diversos productos, las etiquetas de eficiencia energética y los contadores inteligentes, y la ampliación de los derechos de los consumidores.
La propuesta de la Comisión de julio de 2021 para una revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética (COM/2021/558) incluía objetivos de eficiencia energética más elevados para el consumo de energía primaria (39 %) y final (36 %) de la Unión para 2030, estableciendo un límite de 1 023 y 787 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en el consumo de energía primaria y final, frente a los 1 128 y 846 Mtep, respectivamente, contemplados en la Directiva relativa a la eficiencia energética de 2018. Estos nuevos objetivos terminarían siendo vinculantes en el ámbito de la Unión y estarían reforzados por un sistema de evaluación comparativa para que los Estados miembros fijasen sus contribuciones indicativas nacionales a este objetivo vinculante de la Unión. La propuesta de la Comisión prácticamente duplicaría las obligaciones anuales de ahorro de energía (+1,5 %) que está previsto que los Estados miembros tengan que cumplir a lo largo del período 2024-2030 (frente al +0,8 % de la Directiva relativa a la eficiencia energética de 2018).
La propuesta de la Comisión de mayo de 2022 revisó los objetivos de eficiencia energética de la Unión y la hipótesis de referencia (COM/2022/222) para eliminar de forma gradual las importaciones de combustibles fósiles rusos. Actualmente en fase de negociación, incluye una serie de objetivos de reducción del 40-42 % y del 36-40 % para el consumo de energía primaria y final de la Unión. El 10 de marzo de 2023, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional para un objetivo general de eficiencia energética de la Unión del 11,7 % para 2030, en comparación con las previsiones de referencia de 2020, y para una obligación anual de ahorro energético del 1,49 % del consumo final medio de energía, de 2024 a 2030, alcanzando el 1,9 % a finales de 2030.
La Directiva relativa a la eficiencia energética y la revisión de 2018 de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (Directiva 2010/31/UE) definen la política energética de los edificios de la Unión, cuyo objetivo es lograr un parque inmobiliario de gran eficiencia desde el punto de vista energético y descarbonizado para 2050, crear un entorno estable para las inversiones y capacitar a los consumidores en sus elecciones con respecto a la energía. La legislación actual establece hojas de ruta con hitos indicativos para 2030, 2040 y 2050 y estrategias a largo plazo para que los Estados miembros apoyen la renovación del parque nacional de edificios residenciales y no residenciales.
La estrategia sobre la oleada de renovación (COM/2020/662) y la revisión de julio de 2021 de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (COM/2021/802) proponen que se aumente la tasa de renovación para los edificios con peor rendimiento en cada país, sustituir las estrategias de renovación a largo plazo por planes nacionales de renovación de edificios e introducir normas mínimas de eficiencia a escala de la Unión. El 14 de marzo de 2023, el Parlamento Europeo definió su posición en primera lectura sobre la necesidad de que los edificios residenciales obtengan al menos la clase de eficiencia energética E en 2030 y la clase D en 2033 (frente a las clases F y E como se recogía en la propuesta de la Comisión).
La política de eficiencia energética con respecto a los productos que utilizan energía se define por medio de la Directiva 2009/125/CE sobre diseño ecológico de la Unión y el Reglamento (UE) 2017/1369 por el que se establece un marco para el etiquetado energético, que introducen los requisitos de diseño ecológico y etiquetado energético para grupos de productos. En marzo de 2021, la etiqueta energética de la Unión para productos eliminó las categorías A+, A++ y A+++ y regresó a una escala más sencilla A-G (véase la ficha 2.4.8 sobre eficiencia energética).
D. Energías renovables
La energía solar, la energía eólica, oceánica e hidroeléctrica, la biomasa y los biocombustibles son fuentes de energía renovables. Los mercados energéticos por sí solos no pueden ofrecer el nivel deseado de energías renovables en la Unión, lo que significa que pueden resultar necesarios sistemas nacionales de apoyo y regímenes de financiación de la Unión. Los principios de la política sobre las energías renovables de la Unión incluyen la diversificación de su suministro energético, el desarrollo de recursos energéticos locales a fin de garantizar la seguridad del abastecimiento y la reducción de la dependencia energética respecto del exterior. En relación con las fuentes de energía renovables, la Directiva (UE) 2018/2001 sobre fuentes de energía renovables, revisada de forma sustancial en 2018, estableció una cuota mínima del 32 % de fuentes de energía renovables en el consumo final de energía de la Unión de aquí a 2030. El hidrógeno desempeña un papel especial en tanto que vector energético descarbonizado.
La propuesta de la Comisión de julio de 2021 para revisar la Directiva sobre fuentes de energía renovables (COM/2021/557) aumenta el objetivo de la Unión en materia de energías renovables al 40 % de aquí a 2030. En mayo de 2022, en consonancia con el plan REPowerEU (COM/2022/230), la Comisión aumentó el objetivo de energías renovables al 45 % de aquí a 2030 y acortó y simplificó los procesos de concesión de autorizaciones.
La estrategia solar (COM/2022/0221) de mayo de 2022, publicada como parte del plan REPowerEU, aspira a duplicar la capacidad fotovoltaica solar de aquí a 2025 instalando 320 GW de aquí a 2025 y 600 GW de aquí a 2030, situando la capacidad total de generación de energía renovable de la Unión en 1 236 GW.
La estrategia para la energía eólica renovable marina de noviembre de 2020 (COM/2020/741), publicada antes del paquete de medidas «Objetivo 55», tiene por objeto hacer que la Unión sea climáticamente neutra en 2050 y propone aumentar la capacidad eólica marina de la Unión hasta al menos 60 GW de aquí a 2030 y 300 GW de aquí a 2050.
La estrategia del hidrógeno (COM/2020/301) de julio de 2020, revisada en mayo de 2022, tiene por objeto instalar, al menos, 6 GW de electrolizadores de hidrógeno renovable de aquí a 2024 y 40 GW de aquí a 2030. Establece unos objetivos de producción de hidrógeno renovable de diez millones de toneladas para la producción nacional y de diez millones de toneladas para las importaciones de aquí a 2030, y ha solicitado unos objetivos secundarios mayores para determinados sectores, así como financiación adicional.
El Plan de Acción sobre el Biometano de mayo de 2022 proponía aumentar la producción de biometano a 35 000 millones de metros cúbicos de aquí a 2030. El objetivo se ha incluido en la posición en primera lectura del Parlamento sobre el paquete de descarbonización del gas de 9 de febrero de 2023.
Existen diferentes estrategias para impulsar la adopción de cada fuente de energía renovable (véase la ficha 2.4.9 sobre la energía renovable).
E. Intensificar las relaciones exteriores en el sector de la energía
En 2012, la Unión estableció un mecanismo de intercambio de información para facilitar la coordinación entre los países de la Unión y países terceros, así como el cumplimiento del Derecho de la Unión (Decisión (UE) 2017/684). Exige a los países de la Unión que presenten todos los acuerdos internacionales existentes sobre energía a la Comisión para su evaluación, y requiere cierto nivel de intercambio de información entre los Estados miembros de la Unión.
Tras la decisión de eliminar de forma gradual las importaciones rusas de energía, la actual política energética exterior de la Unión se basa en la diversificación de su suministro de energía. En marzo de 2022, en la Comunicación REPowerEU (COM/2022/108) se propuso llevar a cabo reducciones masivas y rápidas del uso de gas fósil en la Unión de al menos 155 bcm, equivalentes al volumen importado de Rusia en 2021, dos tercios de las cuales deben conseguirse en el plazo de un año. En mayo de 2022, conforme al plan REPowerEU (COM/2022/0230), la Unión colaboró con socios internacionales para diversificar los suministros, garantizar las importaciones de GNL y aumentar las nuevas entregas de gas por gasoducto. Creó la Plataforma Energética de la Unión, un mecanismo voluntario de coordinación que apoya la compra conjunta de gas e hidrógeno por parte de la Unión, y publicó la Estrategia Exterior en materia de energía de la Unión (JOIN/2022/23) que respalda a Ucrania, Moldavia, los Balcanes occidentales y los países de la Asociación Oriental, así como a los socios más vulnerables de la Unión.
F. Mejorar la seguridad del suministro energético
La actual política de seguridad energética de la Unión incluye medidas de coordinación para proteger el suministro de energía, así como normas para prevenir y responder a accidentes en instalaciones en alta mar y posibles interrupciones del suministro de energía y las reservas de emergencia de petróleo y gas, incluidas las licencias de exploración y producción. Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la seguridad del suministro energético se convirtió en la principal prioridad energética.
El Reglamento (UE) 2019/941 sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad exige que los Estados miembros de la Unión cooperen entre sí para garantizar que, en caso de crisis eléctrica, la electricidad se dirija allí donde más se necesita. El Reglamento garantiza que los Estados miembros establezcan las herramientas adecuadas para prevenir, preparar y gestionar posibles crisis eléctricas con un espíritu de solidaridad y transparencia.
El Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía establece un objetivo de interconexión de al menos el 15 % de aquí a 2030, definido como la capacidad de generación instalada de los países de la Unión.
El Reglamento (UE) 2017/1938 sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas incluye salvaguardias de seguridad del gas y mejora los mecanismos de prevención, solidaridad y respuesta frente a las crisis. Prevé una mayor cooperación regional, planes de acción preventivos y planes de emergencia, así como un mecanismo de solidaridad para garantizar la seguridad del suministro de gas.
En junio de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, el Parlamento Europeo y el Consejo revisaron, en el plazo de tres meses, el Reglamento sobre el almacenamiento de gas, introduciendo obligaciones de nivel mínimo de llenado para el almacenamiento de gas antes del 1 de noviembre (el 80 % para 2022 y el 90 % para los años siguientes), objetivos intermedios y un nuevo proceso de certificación destinado a reducir los riesgos de interferencias externas.
El Reglamento (UE) 2022/2576 refuerza la solidaridad energética mediante una mejor coordinación de las compras de gas, intercambios de gas transfronterizos y referencias de precios fiables Proporciona un marco jurídico para que la Plataforma Energética de la Unión apoye a los países de la Unión en su preparación para el invierno 2023/24 y, en particular, en el llenado de sus instalaciones de almacenamiento de gas.
La Directiva 2009/119/CE exige a los Estados miembros mantener unas reservas de emergencia mínimas de petróleo correspondientes a 90 días de importaciones diarias medias netas o a 61 días de consumo diario medio interno, en función de la cantidad que resulte mayor.
El ámbito de aplicación de la Directiva 2009/73/CE sobre el gas se amplía a los futuros gasoductos con origen o destino en terceros países, con excepciones para los gasoductos existentes. Existen disposiciones especiales en virtud de la Directiva 2013/30/UE acerca de la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro.
Como parte del Pacto Verde Europeo, el Fondo de Transición Justa es el principal instrumento de cohesión que apoya a las regiones intensivas en carbón y carbono en su transición hacia fuentes de energía con bajas emisiones de carbono.
La política de infraestructuras energéticas transeuropeas de la Unión está recogida en los Reglamentos RTE-E. Aprobado en junio de 2022, el Reglamento (UE) 2022/869 RTE-E señala once corredores prioritarios en distintas regiones geográficas para las infraestructuras de electricidad, redes eléctricas marinas e hidrógeno. En él se definen proyectos de interés común (Proyectos de interés común) dentro de países de la Unión y proyectos de interés mutuo entre la Unión y terceros países, pone fin al apoyo a nuevos proyectos de gas natural y petróleo e introduce criterios de sostenibilidad obligatorios para todos los proyectos. El Reglamento RTE-E (UE) 2022/869 está financiado por el Mecanismo «Conectar Europa» 2021-2027, establecido por el Reglamento (UE) 2021/1153.
G. Proyectos de investigación, desarrollo y demostración
Horizonte Europa es el programa marco que va de 2021 a 2027 y el principal instrumento de la Unión de promoción de la investigación sobre energía, y cuenta con un presupuesto de 95 500 millones EUR (a precios de 2018), incluidos 5 400 millones EUR del programa NextGenerationEU.
El Plan estratégico europeo de tecnología energética (EETE) aceleró la introducción en el mercado y la asimilación por este de un sistema energético climáticamente neutro mediante la adopción de tecnologías con bajas emisiones de carbono. En él se señalaban diez tecnologías y acciones de investigación e innovación que abarcan toda la cadena de innovación, incluida la financiación y el marco normativo.
Debido al importante papel de la electricidad en la descarbonización, se identificaron las baterías, en su condición de dispositivos de almacenamiento de electricidad, como tecnologías facilitadoras esenciales de una economía hipocarbónica. El plan de acción estratégico para las baterías (COM/2018/293) tiene por objeto crear una base industrial integrada a escala mundial, sostenible y competitiva para este tipo de equipos. El 10 de diciembre de 2020, la Comisión propuso (COM/2020/798) un nuevo Reglamento sobre pilas y baterías para garantizar que las pilas y baterías que acceden al mercado de la Unión sean sostenibles y seguras a lo largo de todo su ciclo de vida. Están actualmente en curso las negociaciones interinstitucionales sobre el Reglamento sobre pilas y baterías.
Papel del Parlamento Europeo
El Parlamento siempre ha manifestado su firme respaldo a una política energética común que aborde las cuestiones de la descarbonización, la competitividad, la seguridad y la sostenibilidad. Ha apelado en numerosas ocasiones a la coherencia, a la determinación y a la cooperación y solidaridad entre los Estados miembros al afrontar los desafíos actuales y los retos futuros en el mercado interior, así como al compromiso político de todos ellos, y ha solicitado una iniciativa sólida de la Comisión Europea para avanzar hacia los objetivos de 2030 y 2050.
El Parlamento ha luchado por lograr una mayor integración del mercado de la energía y la adopción de objetivos ambiciosos jurídicamente vinculantes en materia de energías renovables, eficiencia energética y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto, el Parlamento apoya la adopción de un mayor compromiso con los objetivos propios de la Unión, y subraya que la nueva política energética debe apoyar el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión y alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050.
Las últimas Resoluciones del Parlamento en el ámbito de la energía muestran un aumento de la importancia de todos los objetivos climáticos y medioambientales que sustentan la política energética de la Unión: el 28 de noviembre de 2019, declaró la emergencia climática y medioambiental en Europa; el 15 de enero de 2020, confirmó el Pacto Verde Europeo como fundamento climático respecto a la consecución de los objetivos de la Unión de la Energía; el 8 de octubre de 2020, en su posición en primera lectura, pidió un objetivo de reducción de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión en un 60 % de aquí a 2030 y la eliminación de todas las subvenciones a los combustibles fósiles en 2025 como máximo. En respuesta a la pandemia de la COVID-19, reafirmó las estrategias ecológica y digital como piedras angulares de la Unión de la Energía de la UE.
El Parlamento ha adoptado las siguientes posiciones clave desde la invasión rusa de Ucrania y la consiguiente crisis energética: el 1 de marzo de 2022, el Parlamento condenó la agresión militar ilegal, no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania y la invasión rusa de Ucrania; el 7 de abril de 2022, pidió el embargo total inmediato de las importaciones rusas de petróleo, carbón, combustible nuclear y gas; el 14 de septiembre de 2022, el Parlamento apoyó objetivos de eficiencia energética y de energías renovables más ambiciosos que la propuesta inicial de la Comisión y posición del Consejo de julio de 2021, equivalentes a una reducción del 40 % del consumo de energía final, una reducción del 42,5 % del consumo de energía primaria y un 45 % de fuentes de energías renovables en el consumo de energía final de aquí a 2030; el 5 de octubre de 2022, el Parlamento pidió a los Estados miembros que evitaran los cortes de suministro energético y los desahucios de hogares vulnerables y lamentó que la Comisión hubiera presentado muchas de sus propuestas en forma de Reglamento del Consejo y no como un procedimiento de codecisión del Parlamento Europeo y el Consejo.
También ha adoptado otras Resoluciones sobre aspectos específicos del conflicto: celebra, asimismo, la recomendación formal de la Comisión de conceder la condición de país candidato a la Unión a Ucrania y a Moldavia, así como una perspectiva europea para Georgia; sobre la protección por parte de la Unión de los niños y jóvenes que huyen de la guerra contra Ucrania; destaca el impacto de la guerra para las mujeres.
El Parlamento también apoya la diversificación de las fuentes de energía y las rutas de suministro. Ha destacado la importancia de las interconexiones de gas y electricidad a través de Europa central y suroriental a lo largo de un eje norte-sur de cara a la creación de más interconexiones, la diversificación de las terminales de gas natural licuado y el desarrollo de gasoductos, abriendo de esta manera el mercado interior.
Al tiempo que subraya el significativo papel de la investigación para garantizar un suministro energético sostenible, el Parlamento Europeo ha hecho hincapié en la necesidad de desplegar esfuerzos comunes en el ámbito de las nuevas tecnologías energéticas, tanto en energías renovables como en tecnologías sostenibles de combustibles fósiles, así como en relación con una financiación pública y privada adicional para asegurar la aplicación con éxito del Plan.
Para obtener más información sobre este tema, visite el sitio web de la Comisión de Industria, Investigación y Energía.
Matteo Ciucci