La eficiencia energética

La eficiencia energética es una de las prioridades estratégicas de la Unión de la Energía, que se basa en el principio de primacía de la eficiencia energética. Las medidas de eficiencia energética se consideran un medio para conseguir un abastecimiento de energía sostenible, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la seguridad del suministro, rebajar los gastos de importación y fomentar la competitividad europea. La legislación de la Unión en materia de eficiencia energética ha evolucionado significativamente en los últimos quince años. En 2023, los colegisladores aumentaron el objetivo de eficiencia energética, es decir, el objetivo de reducir el consumo final de energía de la Unión, hasta el 11,7 % de aquí a 2030.

Base jurídica

Artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Logros

A. Directiva relativa a la eficiencia energética

1. Directiva relativa a la eficiencia energética: de cara a 2020

La Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética original, que entró en vigor en diciembre de 2012, exigía a los Estados miembros que fijaran objetivos nacionales orientativos de eficiencia energética, a fin de asegurar la consecución por parte de la Unión del objetivo principal de reducir el consumo de energía en un 20 % para 2020. En términos absolutos, el consumo de energía de la Unión en 2020 no debía superar los 1 474 y 1 078 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) de energía primaria y final, respectivamente. Los Estados miembros tenían la facultad de aplicar requisitos mínimos más estrictos en sus esfuerzos de ahorro energético. Esta Directiva también supuso la introducción de un conjunto de medidas vinculantes para ayudar a los Estados miembros a lograr este objetivo y dispuso normas jurídicamente vinculantes para los usuarios finales y los proveedores de energía. Los Estados miembros debían presentar cada tres años planes nacionales de acción para la eficiencia energética.

2. Directiva modificada de eficiencia energética: de cara a 2030

En noviembre de 2018, como parte del paquete de medidas «Energía limpia para todos los europeos», la Comisión propuso una modificación de la Directiva relativa a la eficiencia energética, aumentando los objetivos de reducción del consumo de energía primaria y final de la Unión hasta el 32,5 % para 2030 con respecto a las previsiones de consumo de energía para 2030 realizadas en 2007. En términos absolutos, el consumo de energía primaria y final de la Unión no debía superar en 2030 los 1 128 y 846 Mtep, respectivamente. En la Directiva también se estableció la obligación de que los Estados miembros implantasen medidas al objeto de reducir para 2030 su consumo anual de energía en un 4,4 % por término medio. De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999, los Estados miembros debían proponer objetivos energéticos nacionales y establecer planes nacionales de energía y clima a diez años vista para el período 2021-2030. También deben presentar informes de situación cada dos años: estos son supervisados y evaluados por la Comisión, que puede adoptar medidas a escala de la Unión para garantizar su coherencia con los objetivos generales de la Unión. La nueva Directiva entró en vigor en diciembre de 2018 y los Estados miembros la transpusieron a su legislación nacional en el plazo establecido, que finalizaba el 25 de junio de 2020.

En julio de 2021, como parte del paquete de medidas «Objetivo 55», la Comisión propuso una primera revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética para adaptar sus objetivos de eficiencia energética a la nueva ambición climática de la Unión e incorporó en la legislación el principio de primacía de la eficiencia energética como un pilar de la Unión de la Energía. De conformidad con este principio, los Estados miembros deben garantizar que las soluciones de eficiencia energética, incluidos los recursos en el lado de la demanda y la flexibilidad del sistema, se evalúen en las decisiones en materia de planificación, políticas e inversiones importantes. La Comisión proponía un aumento del objetivo anual vinculante de eficiencia energética de la Unión hasta al menos un 9 % de aquí a 2030, calculado con respecto a las previsiones actualizadas para 2030 realizadas en 2020 (equivalente a los objetivos de eficiencia energética para la reducción del consumo de energía primaria y final hasta el 39 % y el 36 % respectivamente para 2030, calculados con respecto a las previsiones de referencia originales para 2030 realizadas en 2007). En términos absolutos, el consumo de energía de la Unión no superaría en 2030, con arreglo a esta propuesta, los 1 023 y 787 Mtep de energía primaria y final, respectivamente.

En la propuesta se pedía a los Estados miembros que fijaran objetivos nacionales orientativos de reducción de energía, se proporcionaba una fórmula a los Estados miembros para calcular sus contribuciones, se implantaban mecanismos automáticos de subsanación de los desfases y se duplicaba la obligación de los Estados miembros de realizar un nuevo ahorro anual de energía de hasta el 1,5 % de su consumo de energía final entre 2024 y 2030. Se introducían, asimismo, requisitos ejemplarizantes para los edificios públicos, como un objetivo de reducción anual del consumo de energía en el sector público del 1,7 % y otro de renovación de al menos el 3 % de la superficie total de los edificios de las administraciones públicas. También se proponía aliviar la pobreza energética dando prioridad a los clientes vulnerables, y se implantaban obligaciones de auditoría y requisitos en materia de competencia técnica, especialmente en el caso de los grandes consumidores de energía.

En mayo de 2022, como parte de su plan REPowerEU tras la agresión rusa contra Ucrania, la Comisión propuso una segunda revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética a fin de aumentar el objetivo vinculante de eficiencia energética del 9 % al 13 %. En términos absolutos, el consumo de energía de la Unión no superaría en 2030, con arreglo a esta propuesta, los 980 y 750 Mtep de energía primaria y final, respectivamente.

La propuesta detallaba los cambios de comportamiento a corto plazo para reducir la demanda de gas y petróleo en un 5 % y animaba a los Estados miembros a iniciar campañas de comunicación específicas dirigidas a los hogares y a la industria y a utilizar medidas fiscales para favorecer el ahorro de energía, como la reducción de los tipos del impuesto sobre el valor añadido para sistemas de calefacción, aislamiento de edificios y aparatos y productos energéticamente eficientes. También establecía medidas de contingencia en caso de interrupción grave del suministro y anunciaba orientaciones sobre los criterios de priorización para los clientes y la facilitación de un plan coordinado de reducción de la demanda de la Unión. Entre julio y diciembre de 2022, la Directiva se completó con la introducción de nuevos objetivos de reducción de la demanda en el mercado interior de la energía (2.1.9): un objetivo voluntario de reducción del gas del 15 % (o 45 000 millones de metros cúbicos) entre agosto de 2022 y marzo de 2023, un objetivo voluntario de reducción bruta de la electricidad del 10 % entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 y un objetivo obligatorio de reducción de la electricidad del 5 % durante las horas punta.

La nueva Directiva (UE) 2023/1791 relativa a la eficiencia energética, en vigor desde el 10 de octubre de 2023, fija los objetivos de eficiencia energética de la Unión, es decir, una reducción del consumo de energía primaria y final a escala de la Unión del 11,7 % para 2030, en comparación con las previsiones de consumo de energía para 2030 realizadas en 2020. En términos absolutos, el consumo de energía primaria y final de la Unión no superará en 2030 los 992,5 y 763 Mtep, respectivamente. Cada Estado miembro fijará una contribución orientativa nacional de eficiencia energética basada en el consumo de energía final con el fin de cumplir el objetivo vinculante de consumo de energía final de la Unión. Los Estados miembros lograrán un ahorro acumulado de uso final de la energía de aquí a 2030 equivalente a un nuevo ahorro anual de al menos el 0,8 % del consumo de energía final hasta el 31 de diciembre de 2023, del 1,3 % a partir del 1 de enero de 2024, del 1,5 % a partir del 1 de enero de 2026 y del 1,9 % a partir del 1 de enero de 2028. La Directiva introduce la obligación de que el sector público desempeñe un papel ejemplar: los organismos públicos de la Unión deben reducir su consumo total combinado de energía final en al menos un 1,9 % anual en comparación con 2021, y deben renovar al menos el 3 % de la superficie total de sus edificios con calefacción o sistema de refrigeración cada año. También estableció obligaciones de información para los centros de datos y ventanillas únicas específicas para las pequeñas y medianas empresas, los hogares y los organismos públicos, así como obligaciones para la planificación de la calefacción y la refrigeración en los municipios con una población superior a 45 000 habitantes.

B. Marco general

1. Eficiencia energética de los edificios

a. Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios

La Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, modificada en 2018, tiene por objeto garantizar que todos los Estados miembros cuenten de aquí a 2050 con un parque inmobiliario altamente eficiente desde el punto de vista energético y descarbonizado. La Directiva introduce estrategias de renovación a largo plazo de carácter obligatorio para los Estados miembros a fin de apoyar la renovación de sus parques nacionales de edificios, tanto públicos como privados, transformándolos en parques inmobiliarios con alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050. También acelera la transformación de los edificios existentes en «edificios de consumo de energía casi nulo» a más tardar en 2050, con la obligación de que todos los nuevos edificios sean de este tipo a partir de 2021, y se respalda la modernización de todos los edificios con tecnologías inteligentes.

El 15 de diciembre de 2021, la Comisión propuso una revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios para adaptarla a su objetivo de neutralidad climática. La Directiva revisada establece la visión y esboza las herramientas para lograr un parque inmobiliario de cero emisiones de aquí a 2050, introduce una nueva definición de edificios de cero emisiones y perfecciona las definiciones existentes, como las de «edificio de consumo de energía casi nulo» y «renovación profunda». Sustituye las estrategias de renovación a largo plazo por planes nacionales de renovación de edificios, más operativos y sujetos a un mejor seguimiento, que deben presentarse a más tardar el 30 de junio de 2024. Aumenta las normas energéticas mínimas al exigir que todos los edificios nuevos de la Unión a partir de 2030 y todos los edificios públicos nuevos a partir de 2027 sean de cero emisiones, que todos los edificios no residenciales de clase G de eficiencia energética se renueven hasta alcanzar al menos la clase F de aquí a 2027 y la clase E de aquí a 2030, y que todos los edificios residenciales alcancen al menos la clase F para 2030 y la clase E para 2033. La revisión garantiza unas normas nacionales comparables para los certificados de eficiencia energética de aquí a 2025, introduce pasaportes de renovación voluntarios de aquí a 2024 y un indicador de preparación para aplicaciones inteligentes de aquí a 2026, y proporciona apoyo financiero para aliviar la pobreza energética.

El 18 de mayo de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania y en consonancia con el plan REPowerEU, la Comisión modificó la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios reforzando el apoyo a la energía solar en los edificios, en particular mediante la instalación obligatoria gradual de sistemas de energía solar en los tejados (iniciativa sobre tejados solares) e introduciendo medidas de reducción de la demanda energética.

b. Estrategia de la oleada de renovación

En octubre de 2020, la Comisión publicó la estrategia de la oleada de renovación para fomentar la renovación, con el objetivo de duplicar como mínimo las tasas de renovación a lo largo de los próximos diez años y garantizar que las renovaciones redunden en una mayor eficiencia energética y de los recursos. La iniciativa de la oleada de renovación toma como punto de partida las medidas acordadas en el paquete «Energía limpia para todos los europeos», en particular la obligación de que todos los países de la Unión presenten su estrategia a largo plazo de renovación de edificios y los aspectos relativos a la edificación incluidos en los planes nacionales de energía y clima de cada Estado miembro.

2. Cogeneración

En el marco del paquete de la Unión de la Energía, la Comisión publicó en 2016 una Estrategia de la UE relativa a la calefacción y la refrigeración para impulsar la eficiencia energética de los edificios, mejorar la conexión entre los sistemas eléctricos y los de calefacción urbana (lo que aumentaría considerablemente el uso de las energías renovables) y fomentar la reutilización del calor y el frío residuales generados por la industria. El paquete «Energía limpia para todos los europeos» contenía disposiciones legislativas para esta estrategia.

La revisión de 2018 de la Directiva relativa a la eficiencia energética exige que los Estados miembros valoren y notifiquen a la Comisión el potencial de la cogeneración de alta eficiencia y sistemas urbanos de calefacción y refrigeración en su territorio, y que lleven a cabo un análisis de costes y beneficios basados en las condiciones climáticas, la viabilidad económica y la sostenibilidad técnica (con algunas excepciones).

A través de su propuesta para la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética, la Comisión introdujo en julio de 2021 una planificación y un seguimiento más estrictos de las evaluaciones completas, definiciones revisadas en cuanto a los sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración, y más criterios en relación con las emisiones específicas en la cogeneración de alta eficiencia (270 g CO2/kWh). En mayo de 2022, una enmienda sobre la eficiencia energética de los edificios introdujo obligaciones para que los Estados miembros promovieran el despliegue de instalaciones solares en estos.

3. Eficiencia energética de los productos

La Unión ha introducido varias medidas relativas a la eficiencia energética de los productos, como requisitos de diseño ecológico para los productos relacionados con la energía (Directiva 2009/125/CE) y un marco para el etiquetado energético (Reglamento (UE) 2017/1369). El nuevo marco para el etiquetado de la eficiencia energética de los productos suprime las calificaciones A+, A++ y A+++ y vuelve a una escala más sencilla de la A a la G. Entre 2021 y 2023, la Comisión ha adoptado varios Reglamentos relativos al diseño ecológico y al etiquetado energético en lo que atañe a los requisitos de diseño ecológico aplicables a distintos tipos de productos.

Papel del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo ha pedido reiteradamente que los objetivos en materia de eficiencia energética tengan mayor calado y que la normativa sea más estricta.

El 17 de enero de 2018, el Parlamento aprobó enmiendas en primera lectura en las que se pedía un objetivo mínimo de mejora de la eficiencia energética de la Unión de un 35 % para 2030, superior al 30 % propuesto por la Comisión.

El 15 de enero de 2020, el Parlamento aprobó una Resolución sobre el Pacto Verde Europeo en la que pedía que se revisaran la Directiva relativa a la eficiencia energética y la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios en consonancia con la mayor ambición climática de la Unión. El 17 de septiembre de 2020, el Parlamento aprobó una Resolución que abogaba por maximizar el potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario de la Unión y pedía a la Comisión que estableciera medidas coherentes para fomentar una renovación más profunda y rápida de los edificios.

El 14 de septiembre de 2022, el Parlamento aprobó una enmienda que elevaba ligeramente el objetivo de eficiencia energética de la Unión propuesto por la Comisión como parte de su plan REPowerEU hasta al menos el 13 % del consumo final de energía de aquí a 2030, en comparación con las previsiones de 2020. Esto equivale a unos límites de consumo de energía final y primaria de 740 y 960 Mtep, respectivamente.

El 14 de marzo de 2023, el Parlamento definió su posición en primera lectura sobre la necesidad de que los edificios residenciales alcancen al menos la clase de eficiencia energética E para 2030 y la clase D para 2033 (frente a las clases F y E contempladas en la propuesta de la Comisión) y sobre medidas de apoyo contra la pobreza energética. Los edificios no residenciales y públicos tendrían que alcanzar las mismas clases en 2027 y 2030, respectivamente. Se aplicaría un conjunto limitado de exenciones a los edificios especiales (monumentos, edificios técnicos, edificios de uso temporal o iglesias, lugares de culto, etc.) y a las viviendas sociales de propiedad pública en las que las renovaciones darían lugar a aumentos del alquiler que no puedan compensarse con un ahorro en las facturas energéticas, y se pondrían a disposición de los hogares vulnerables ayudas y subvenciones específicas. Las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo se encuentran actualmente en curso.

Para más información sobre este tema, véase el sitio web de la Comisión de Industria, Investigación y Energía.

 

Matteo Ciucci