El consumo y la producción sostenibles

El crecimiento sostenible es uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea. En un contexto de aceleración del cambio climático y de una demanda creciente de energía y recursos, la Unión ha puesto en marcha una gama de políticas e iniciativas en pos de un consumo y una producción sostenibles. En el marco del Pacto Verde Europeo y, en particular, del Plan de Acción para la Economía Circular, se anunció una iniciativa legislativa sobre una política de productos sostenible a fin de conseguir que los productos sean adecuados para una economía climáticamente neutra, eficiente en el uso de los recursos y circular.

Base jurídica

Artículos 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Objetivos y resultados

A. Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles

En julio de 2008, la Comisión presentó una serie de acciones y propuestas en materia de consumo y producción sostenibles y de una política industrial sostenible, con vistas a mejorar el comportamiento medioambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida, concienciar a los consumidores y potenciar la demanda de productos y tecnologías de producción sostenibles, promover la innovación en la industria de la Unión y abordar los aspectos de dimensión internacional, como el comercio y las normas. El Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles condujo a iniciativas en los siguientes ámbitos: la ampliación de la Directiva sobre diseño ecológico, la revisión del Reglamento relativo a la etiqueta ecológica, la revisión del Reglamento sobre la gestión ecológica y la auditoría, la legislación en materia de contratación pública ecológica, la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos y el Plan de Acción sobre Ecoinnovación. Estos instrumentos forman parte integral de la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS) de la Unión, que refuerza el compromiso de la Unión de superar los retos del desarrollo sostenible y reforzar la cooperación con socios de fuera de la Unión, por ejemplo, a través del Proceso de Marrakech de las Naciones Unidas.

B. Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos

A raíz de la iniciativa emblemática Europa 2020 sobre el uso eficaz de los recursos, que hace un llamamiento en pos de una estrategia que defina los objetivos a medio y largo plazo en materia de eficiencia en el uso de los recursos, así como los medios para alcanzar dichos objetivos, se lanzó en 2011 la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos. En ella se proponen modos de aumentar la productividad de los recursos y desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos y de su impacto ambiental (2.5.6).

C. Etiquetado ecológico y energético

Las etiquetas proporcionan una información fundamental que permite a los consumidores tomar decisiones con conocimiento de causa. La etiqueta ecológica europea es un sistema voluntario creado en 1992 para incitar a las empresas a comercializar productos y servicios conformes a una serie de criterios medioambientales. Los productos y servicios que han recibido la etiqueta ecológica llevan un logo en forma de flor, que permite a los consumidores, tanto públicos como privados, identificarlos fácilmente. Hasta ahora, se ha concedido dicha etiqueta a productos de limpieza, electrodomésticos, productos de papel, ropa, productos para la casa y el jardín, lubricantes, productos para el cuidado personal y animal y servicios como los alojamientos turísticos. Los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica no se basan en un único factor, sino en estudios que analizan el impacto de un producto o servicio en el medio ambiente durante todo su ciclo de vida. La revisión en 2008 del Reglamento (CE) n. perseguía fomentar el uso del sistema voluntario de la etiqueta ecológica al reducir los costes y la carga burocrática asociada a su aplicación. El 30 de junio de 2017, la Comisión presentó las conclusiones de su evaluación («chequeo») de dicho Reglamento. De acuerdo con estas conclusiones, el Reglamento es pertinente, coherente en términos generales y aporta un valor añadido europeo. Sin embargo, la Comisión también concluyó que el Reglamento es solo parcialmente eficaz (ya que, aunque permite mejorar el comportamiento medioambiental de los productos que llevan la etiqueta, los criterios pueden no ser adecuados y su utilización sigue siendo baja para algunos tipos de producto) y parcialmente eficiente (puesto que los costes de cumplimiento pueden representar, en algunos casos, un obstáculo para la participación).

La Directiva 92/75/CEE introdujo a escala de la Unión un sistema de etiquetado energético para los aparatos domésticos (electrodomésticos), que, a través de las etiquetas y los folletos de los productos, ofrece a los posibles consumidores información sobre el consumo de energía de todos los modelos disponibles. Desde su introducción en 1995, la etiqueta energética de la Unión se ha convertido en una orientación ampliamente reconocida y respetada por fabricantes y consumidores. En junio de 2010 se revisó la Directiva 2010/30/UE sobre etiquetado energético para extender su ámbito de aplicación a una gama más amplia de productos relacionados con la energía. El 15 de julio de 2015, la Comisión propuso volver a una única escala de etiquetado de A a G. En el Reglamento (UE) 2017/1369, de 4 de julio de 2017, por el que se establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE, se definen nuevos requisitos de etiquetado energético para grupos de productos determinados. Concretamente, a partir de 2021, cinco grupos de productos (frigoríficos, lavavajillas, lavadoras, televisores y lámparas) han sido objeto de un «reescalado»: así, por ejemplo, un producto con una clase de eficiencia energética A+++ ha pasado a ser de clase B tras el reescalado, sin que se haya producido cambio alguno en su consumo energético. En un principio, la clase A quedará vacía para dejar margen a modelos más eficientes desde el punto de vista energético. Esto permitirá que los consumidores distingan más claramente cuáles son los productos más energéticamente eficientes.

D. Diseño ecológico

La Directiva sobre diseño ecológico garantiza la mejora técnica de los productos. La revisión efectuada en 2009 (Directiva 2009/125/CE) de la Directiva 2005/32/CE amplió su ámbito de aplicación a los productos relacionados con la energía que no fueran productos que utilizan energía en sentido estricto; hay productos que no consumen energía durante su uso, pero que influyen de forma indirecta en el consumo de energía, como las ventanas, los materiales aislantes o algunos productos que utilizan agua. El 30 de marzo de 2022, la Comisión publicó una propuesta de Reglamento por el que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles y se deroga la Directiva 2009/125/CE.

E. Sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)

EMAS es una herramienta de gestión que permite a las empresas y otras organizaciones evaluar, notificar y mejorar su comportamiento medioambiental. Las empresas pueden hacer uso de este sistema desde 1995, aunque en un principio solo se puso a disposición de las empresas de los sectores industriales. Sin embargo, desde 2001, el sistema EMAS puede utilizarse en todos los sectores económicos, incluidos los servicios públicos y privados. En 2009, EMAS experimentó importantes reformas con la adopción del nuevo Reglamento sobre el EMAS [(CE) n.], con vistas a fomentar el registro en EMAS de las diferentes organizaciones. Esta revisión del Reglamento sobre el EMAS ha mejorado la aplicabilidad y credibilidad del sistema y ha reforzado su visibilidad y alcance. En 2017 se modificaron los anexos I, II y III del Reglamento sobre el EMAS para incorporar los cambios asociados a la revisión de la norma ISO 14001:2015. El Reglamento (UE) 2017/1505 por el que se modifican estos anexos entró en vigor el 18 de septiembre de 2017.

F. Contratación pública ecológica

La contratación pública ecológica es una política voluntaria, en el marco de la contratación pública estratégica, de apoyo a las autoridades públicas en la adquisición de productos, servicios y obras con un reducido impacto medioambiental. En los últimos años se ha reconocido ampliamente la utilidad de la contratación pública ecológica como herramienta de fomento de los mercados de productos y servicios ecológicos y reducción del impacto medioambiental de las actividades de las autoridades públicas. Los Estados miembros aplican la contratación pública ecológica a través de planes nacionales de acción. dos Directivas (2004/18/CE y 2004/17/CE) sobre contratación pública adoptadas en 2004 fueron las primeras en contener referencias específicas a la posibilidad de incorporar consideraciones medioambientales en el proceso de adjudicación de contratos, por ejemplo, a través de la inclusión de requisitos medioambientales en las especificaciones técnicas, el uso de etiquetas ecológicas o la aplicación de criterios de adjudicación basados en características medioambientales. Las tres Directivas adoptadas en febrero de 2014 como parte de la reforma de la contratación pública en el marco del Acta del Mercado Único —Directiva 2014/24/UE sobre servicios clásicos, Directiva 2014/25/UE sobre servicios públicos y Directiva 2014/23/UE sobre contratos de concesión— simplifican los procedimientos pertinentes facilitando la innovación a las empresas y fomentando un mayor uso de la contratación pública ecológica, apoyando así la transición hacia una economía eficiente en el uso de los recursos y con bajas emisiones de carbono.

En 2008, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Contratación pública para un medio ambiente mejor», en la que estableció una serie de medidas que los Estados miembros y las autoridades adjudicadoras individuales deben adoptar en favor de la aplicación de la contratación pública ecológica. A raíz de ello, los criterios de la Unión en materia de contratación pública ecológica se han elaborado en el marco de las medidas facultativas tomadas en este ámbito. Por el momento se han publicado veintiuna series de criterios de contratación pública ecológica para determinados sectores, como el transporte, los equipos ofimáticos, los productos y servicios de limpieza, la construcción, los aislamientos térmicos y los productos y servicios de jardinería.

G. Plan de Acción sobre Ecoinnovación (EcoAP)

El EcoAP puesto en marcha por la Comisión en diciembre de 2011 es el sucesor del Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales (ETAP), dirigido a impulsar el desarrollo y uso de tecnologías medioambientales y a mejorar la competitividad europea en ese ámbito.

El EcoAP está principalmente ligado a la iniciativa emblemática «Unión por la innovación» de la Estrategia Europa 2020. Su objetivo es que las políticas de innovación también se centren en las tecnologías verdes y la ecoinnovación, además de destacar el papel de la política medioambiental como factor de crecimiento económico. Aborda, asimismo, las barreras y las oportunidades específicas de la ecoinnovación, especialmente las que no están contempladas por políticas de innovación más generales. El EcoAP promueve la ecoinnovación a través de la política medioambiental, el apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas, la colaboración internacional, nuevas normas y el desarrollo de habilidades.

El EcoAP abarca un amplio marco político que se financia a partir de diferentes fuentes. Entre 2014 y 2020, la principal fuente de financiación fue el programa Horizonte 2020. Entre las demás fuentes se incluyen los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE), el programa COSME y la política agrícola común. Más recientemente se ha introducido otra fuente importante de apoyo: el plan de recuperación NextGenerationEU. En los últimos años, muchos de los objetivos del EcoAP se han agrupado bajo el concepto de economía circular, una economía que aprende a no generar residuos inspirándose en la naturaleza. La ecoinnovación es clave para hacer realidad muchos aspectos de la economía circular: simbiosis o ecologías industriales, diseño «de la cuna a la cuna», modelos de negocio nuevos e innovadores, etc. (2.5.6).

El índice de ecoinnovación evalúa los logros en materia de ecoinnovación de los Estados miembros, mediante un marco de medición compuesto por 12 indicadores.

H. Política de productos sostenibles

En el marco del Pacto Verde Europeo, la Comisión presentó en marzo de 2020 un nuevo Plan de Acción para la Economía Circular (PAEC), en el que anunció una iniciativa sobre productos sostenibles para hacer que los productos sean adecuados para una economía climáticamente neutra, eficiente en el uso de los recursos y circular, además de reducir los residuos. La iniciativa sobre productos sostenibles toma como base la Directiva sobre diseño ecológico y aborda la presencia de sustancias químicas nocivas en productos como los equipos electrónicos e informáticos, los textiles, los muebles, el acero, el cemento y los productos químicos.

El 22 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva sobre nuevas normas para la justificación de las alegaciones ecológicas, que aborda las declaraciones medioambientales falsas y la gran expansión de etiquetas ecológicas públicas y privadas. Además, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva sobre normas comunes para promover la reparación de bienes. La iniciativa del «derecho a la reparación» fomenta el consumo sostenible, haciendo que sea más fácil y barato para los consumidores reparar los productos defectuosos en lugar de sustituirlos. Junto con la propuesta de Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, las nuevas normas establecen un régimen de declaraciones y etiquetas medioambientales dirigido a combatir el blanqueo ecológico.

Papel del Parlamento Europeo

El Parlamento ha expresado su apoyo al Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles y sus componentes en muchas ocasiones. Durante la revisión de 2009 de la Directiva sobre diseño ecológico, el Parlamento consiguió reforzar el concepto del ciclo de vida, en particular la noción de eficiencia en el uso de los recursos y los materiales.

En su Resolución, de 10 de febrero de 2021, sobre el nuevo Plan de acción para la economía circular, el Parlamento subrayó, entre otras cosas, que los productos y materiales sostenibles, circulares, seguros y no tóxicos deben convertirse en la norma en el mercado de la Unión y no en la excepción, y deben considerarse como la opción por defecto, atractiva, asequible y accesible para todos los consumidores.

El Parlamento ha desempeñado un papel fundamental en la sucesiva introducción de disposiciones más ecológicas en las Directivas sobre contratación pública. En la última revisión de estas Directivas, que se remonta a 2014, el Parlamento respaldó, entre otras cosas, la introducción del nuevo criterio de la «oferta económicamente más ventajosa» en el procedimiento de adjudicación. De esta forma, las autoridades públicas pueden hacer mayor hincapié en la calidad, las consideraciones medioambientales, los aspectos sociales y la innovación, teniendo, no obstante, en cuenta el precio y el coste del ciclo de vida del objeto de la contratación.

El 19 de abril de 2004, el Parlamento decidió establecer un sistema de gestión medioambiental, de conformidad con el EMAS. El 24 de enero de 2006, el Parlamento firmó una «declaración EMAS» por la que se comprometía a garantizar la conformidad de sus actividades con las mejores prácticas existentes en materia de gestión medioambiental. En 2007, el Parlamento obtuvo la certificación ISO 14001:2004 y pasó a formar parte del registro EMAS. En el marco del EMAS, el 16 de diciembre de 2019 el Parlamento decidió reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por persona en al menos un 40 % para 2024 en comparación con 2006, así como otros indicadores de comportamiento climático, incluidas las emisiones de GEI procedentes del transporte de personas, el uso de energías renovables, el consumo de gas, combustible y electricidad, etc. Según los datos del EMAS, las emisiones de GEI del Parlamento por persona ya se habían reducido en un 37,7 % entre 2006 y 2019.

El Parlamento también aplica una política de contratación pública ecológica. En junio de 2017, el Parlamento publicó un estudio sobre la contratación pública ecológica en el que se examina el recurso actual a dicha contratación y sus oportunidades de aplicación dentro la Unión, en el marco del Plan de Acción de la UE para la Economía Circular presentado por la Comisión, y como seguimiento de este. Este estudio determina la existencia de beneficios medioambientales para la ciudadanía, así como para el empleo y la economía en general a escala europea.

El Parlamento expresó su satisfacción por el EcoAP en su Resolución de 17 de octubre de 2013. En ella, el Parlamento subraya los posibles efectos sinérgicos de la ecoinnovación respecto de la creación de empleo sostenible, la protección del medio ambiente y la reducción de la dependencia económica. En dicha Resolución se destaca, asimismo, el carácter político transversal de la ecoinnovación y la necesidad de incorporar el concepto de ecoinnovación a todos los ámbitos políticos. El Parlamento también aprobó una Posición, de 13 de junio de 2017, sobre la simplificación del etiquetado energético de los electrodomésticos en una escala de A a G, que permite a los clientes elegir productos que reduzcan el consumo de energía y el importe de sus facturas energéticas.

En su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas, el Parlamento pidió a la Comisión que mejorase la información sobre la durabilidad de los productos estudiando la posibilidad de lanzar una etiqueta europea voluntaria que incluya, en particular, la durabilidad del producto, el diseño ecológico, su capacidad de evolución de conformidad con el progreso técnico y la posibilidad de reparación.

En su Resolución, de 31 de mayo de 2018, sobre la aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE), el Parlamento pidió a la Comisión que destinara recursos suficientes al proceso de diseño ecológico en vista del importante valor añadido de la legislación para la Unión. También pidió a la Comisión que evaluara si la actual metodología de diseño ecológico podría utilizarse para otras categorías de productos, además de los productos relacionados con la energía, y que presentase propuestas de nueva legislación.

Aunque, en el marco del EMAS, el Parlamento ya ha declarado ser neutral en carbono desde 2016 como consecuencia de la compensación del 100 % de sus emisiones irreducibles, en su Resolución de 14 de mayo de 2020 el Parlamento expresó su voluntad de dar ejemplo y encargó a su Mesa que elaborara una estrategia para alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2030 mediante medidas internas (sin compensación). El estudio del Parlamento sobre la neutralidad en carbono publicado en septiembre de 2020 describe medidas de reducción de las emisiones de GEI a corto, medio y largo plazo que permitirían al Parlamento reducir drásticamente su huella de carbono con vistas a alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2030.

Para más información sobre este tema, véase el sitio web de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI).

 

Georgios Amanatidis / Maria-Mirela Curmei