El consumo y la producción sostenibles

El crecimiento sostenible es uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea. Ante la escasez mundial de recursos naturales, «hacer más con menos» ha pasado a ser el principal reto de productores y consumidores. Para hacer frente a este desafío en un contexto de aceleración del cambio climático y de una demanda creciente de energía y recursos, la Unión ha puesto en marcha una amplia gama de políticas e iniciativas en pos de un consumo y una producción sostenibles. Estas tienen como objetivo mejorar el rendimiento medioambiental global de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida, estimular la demanda de mejores productos y tecnologías de producción y ayudar a los consumidores a tomar decisiones con conocimiento de causa. En el marco del Pacto Verde Europeo y, en particular, del nuevo Plan de Acción para la Economía Circular, se anunció una iniciativa legislativa sobre una política de productos sostenible a fin de conseguir que los productos sean adecuados para una economía climáticamente neutra, eficiente en el uso de los recursos y circular.

Base jurídica

Artículos 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Resultados

A. Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles

En julio de 2008, la Comisión presentó una serie de acciones y propuestas en materia de consumo y producción sostenibles y de una política industrial sostenible [COM(2008)0397], con vistas a mejorar el rendimiento medioambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida, concienciar a los consumidores y potenciar la demanda de productos y tecnologías de producción sostenibles, promover la innovación en la industria de la Unión y abordar los aspectos de dimensión internacional. El Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles condujo a iniciativas en los siguientes ámbitos: la ampliación de la Directiva sobre diseño ecológico, la revisión del Reglamento relativo a la etiqueta ecológica, la revisión del Reglamento sobre el sistema de gestión y auditoría medioambientales, la legislación en materia de contratación pública ecológica, la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos y el Plan de Acción sobre Ecoinnovación. Estos instrumentos forman parte integral de la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS) de la Unión, cuya revisión de 2009 reforzó el compromiso a largo plazo de la Unión de superar los retos del desarrollo sostenible, reconociendo al mismo tiempo la importancia de reforzar la cooperación con los socios de fuera de la Unión, por ejemplo a través del Proceso de Marrakech de las Naciones Unidas.

B. Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos

A raíz de la iniciativa emblemática Europa 2020 sobre el uso eficaz de los recursos, que hace un llamamiento en pos de una estrategia que defina los objetivos a medio y largo plazo en materia de eficiencia en el uso de los recursos, así como los medios para alcanzar dichos objetivos, se lanzó en 2011 la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos. En ella se proponen formas de aumentar la productividad y desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos y de su impacto medioambiental (véase también la ficha temática 2.5.6 sobre la eficiencia en el uso de los recursos y la economía circular).

C. Etiquetado ecológico y energético

Las etiquetas proporcionan una información fundamental que permite a los consumidores tomar decisiones con conocimiento de causa. La etiqueta ecológica europea es un sistema voluntario creado en 1992 para incitar a las empresas a comercializar productos y servicios conformes a una serie de criterios medioambientales. Estos criterios son definidos y revisados por el Comité de Etiquetado Ecológico de la Unión Europea (CEEUE), responsable asimismo de los requisitos de evaluación y comprobación asociados a estos. Los productos y servicios que han recibido la etiqueta ecológica llevan un logo en forma de flor, que permite a los consumidores, tanto públicos como privados, identificarlos fácilmente. Hasta ahora, se ha concedido dicha etiqueta a productos de limpieza, electrodomésticos, productos de papel, ropa, productos para la casa y el jardín, lubricantes y servicios como los alojamientos turísticos. Los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica no se basan en un único factor, sino en estudios que analizan el impacto de un producto o servicio en el medio ambiente durante todo su ciclo de vida. La revisión en 2008 del Reglamento (CE) n.o 66/2010 relativo a la etiqueta ecológica perseguía fomentar el uso del sistema voluntario de la etiqueta ecológica al reducir la carga económica y burocrática asociada a la aplicación de la normativa. El 30 de junio de 2017, la Comisión presentó las conclusiones de su evaluación («chequeo») de dicho Reglamento. De acuerdo con estas conclusiones, el Reglamento es pertinente, coherente en términos generales y aporta un valor añadido europeo. Sin embargo, la Comisión también concluyó que el Reglamento es solo parcialmente eficaz (ya que, aunque permite mejorar el comportamiento medioambiental de los productos que llevan la etiqueta, los criterios pueden no ser adecuados y su utilización sigue siendo baja para algunos tipos de producto) y parcialmente eficiente (puesto que los costes de cumplimiento pueden representar, en algunos casos, un obstáculo para la participación).

La Directiva 92/75/CEE introdujo a escala de la Unión un sistema de etiquetado energético para los aparatos domésticos (electrodomésticos), que, a través de las etiquetas y los folletos de los productos, ofrece a los posibles consumidores información sobre el consumo de energía de todos los modelos disponibles. Desde su introducción en 1995, la etiqueta energética de la Unión se ha convertido en una orientación ampliamente reconocida y respetada por fabricantes y consumidores. En junio de 2010 se revisó la Directiva 2010/30/UE sobre etiquetado energético para extender su ámbito de aplicación a una gama más amplia de productos, incluidos los productos que utilizan energía y otros productos relacionados con la misma. El 15 de julio de 2015, la Comisión propuso volver a una única escala de etiquetado de A a G. En el Reglamento (UE) 2017/1369, de 4 de julio de 2017, por el que se establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE, se establecen nuevos requisitos de etiquetado energético para grupos de productos determinados. Concretamente, a partir de 2021, cinco grupos de productos (frigoríficos, lavavajillas, lavadoras, televisores y lámparas) serán objeto de un «reescalado»: así, por ejemplo, un producto con una clase de eficiencia energética A+++ pasará a ser de clase B tras el reescalado, sin que se haya producido cambio alguno en su consumo energético. En un principio, la clase A quedará vacía para dejar margen a modelos más eficientes desde el punto de vista energético. Esto permitirá que los consumidores distingan más claramente cuáles son los productos más energéticamente eficientes.

D. Diseño ecológico

La Directiva sobre diseño ecológico garantiza la mejora técnica de los productos. La revisión hecha en 2009 (Directiva 2009/125/CE) de la Directiva 2005/32/CE amplió su ámbito de aplicación a los productos relacionados con la energía que no fueran productos que utilizan energía en sentido estricto; hay productos que no consumen energía durante su uso, pero que influyen de forma indirecta en el consumo de energía, como las ventanas, los materiales aislantes o algunos productos que utilizan agua. En 2012 la Comisión publicó una evaluación de la Directiva 2009/125/CE en la que se concluía que no era necesario ni revisar de forma inmediata la Directiva sobre diseño ecológico ni ampliar su ámbito de aplicación a productos no relacionados con la energía.

E. Gestión y auditoría medioambientales (EMAS)

El sistema EMAS es una herramienta de gestión que permite a las empresas y otras organizaciones evaluar, notificar y mejorar su rendimiento medioambiental. Las empresas pueden hacer uso de este sistema desde 1995, aunque en un principio solo se puso a disposición de las empresas de los sectores industriales. Sin embargo, desde 2001, el sistema EMAS puede utilizarse en todos los sectores económicos, incluidos los servicios públicos y privados. En 2009 se revisó y modificó el Reglamento sobre el EMAS (Reglamento (CE) n.o 1221/2009) con vistas a fomentar el registro en EMAS de las diferentes organizaciones. Esta revisión del Reglamento sobre el EMAS ha mejorado la aplicabilidad y credibilidad del sistema y ha reforzado su visibilidad y alcance. En 2017 se modificaron los anexos I, II y III del Reglamento sobre el EMAS para incluir en él los cambios asociados a la revisión de la norma ISO 14001:2015. El Reglamento (UE) 2017/1505 por el que se modifican estos anexos entró en vigor el 18 de septiembre de 2017.

F. Contratación pública ecológica (CPE)

La CPE es una política voluntaria de apoyo a las autoridades públicas en la adquisición de productos, servicios y obras con un reducido impacto medioambiental. En los últimos años se ha reconocido ampliamente la utilidad de la CPE como herramienta de fomento de los mercados de productos y servicios ecológicos y reducción del impacto medioambiental de las actividades de las autoridades públicas. Los Estados miembros aplican la CPE a través de planes nacionales de acción. Dos Directivas (2004/18/CE y 2004/17/CE) sobre contratación pública adoptadas en 2004 fueron las primeras en contener referencias específicas a la posibilidad de incorporar consideraciones medioambientales en el proceso de adjudicación de contratos, por ejemplo a través de la inclusión de requisitos medioambientales en las especificaciones técnicas, el uso de etiquetas ecológicas o la aplicación de criterios de adjudicación basados en características medioambientales. Las tres Directivas adoptadas en febrero de 2014 como parte de la reforma de la contratación pública en el marco del Acta del Mercado Único —Directiva 2014/24/UE sobre servicios clásicos, Directiva 2014/25/UE sobre servicios públicos y Directiva 2014/23/UE sobre contratos de concesión— simplificarán los procedimientos pertinentes facilitando la innovación a las empresas y fomentando un mayor uso de la contratación pública ecológica, apoyando así la transición hacia una economía eficiente en el uso de los recursos y con bajas emisiones de carbono.

En 2008, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Contratación pública para un medio ambiente mejor» [COM(2008)0400], en la que establece una serie de medidas que los Estados miembros y las autoridades adjudicadoras individuales deben adoptar en favor de la aplicación de la CPE. A raíz de ello, los criterios de la Unión en materia de CPE se han elaborado en el marco de las medidas facultativas tomadas en este ámbito. Por el momento se han publicado veintiuna series de criterios de CPE para determinados sectores, como el transporte, los equipos ofimáticos, los productos y servicios de limpieza, la construcción, los aislamientos térmicos y los productos y servicios de jardinería.

G. Plan de Acción sobre Ecoinnovación (EcoAP)

El EcoAP puesto en marcha por la Comisión en diciembre de 2011 es el sucesor del Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales (PATA) [COM(2004)0038] y se basa en la experiencia de este último. El PATA tenía como objetivo impulsar el desarrollo y el uso de las tecnologías ambientales y mejorar la competitividad europea en este ámbito.

El EcoAP está principalmente ligado a la iniciativa emblemática «Unión por la innovación» de la Estrategia Europa 2020. Su objetivo es que las políticas de innovación también se centren en las tecnologías verdes y la innovación ecológica, además de destacar el papel de la política medioambiental como factor de crecimiento económico. Aborda asimismo las barreras y las oportunidades específicas de la ecoinnovación, especialmente las que no están contempladas por políticas de innovación más generales.

El EcoAP abarca un amplio marco político que puede financiarse a partir de diferentes fuentes. Entre 2014 y 2020, la principal fuente de financiación ha sido el programa Horizonte 2020. Entre las demás fuentes se incluyen los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE), el programa COSME y la política agrícola común. Una importante proporción de los fondos destinados a las empresas de innovación ecológica procederá de nuevos instrumentos de financiación desarrollados por la Comisión para ofrecerles mecanismos de deuda y capital.

En los últimos años, muchos de los objetivos del EcoAP se han agrupado bajo el concepto de economía circular, una economía que aprende a no generar residuos inspirándose en la naturaleza. La ecoinnovación es clave para hacer realidad muchos aspectos de la economía circular: simbiosis o ecologías industriales, diseño «de la cuna a la cuna», modelos de negocio nuevos e innovadores, etc. (véase también la ficha temática 2.5.6 sobre la eficiencia en el uso de los recursos y la economía circular).

H. Iniciativa legislativa sobre una política de productos sostenible

En el marco del Pacto Verde Europeo, la Comisión presentó en marzo de 2020 un nuevo Plan de Acción para la Economía Circular (PAEC), en el que anunció una iniciativa legislativa sobre una política de productos sostenible a fin de conseguir que estos sean adecuados para una economía climáticamente neutra, eficiente en el uso de los recursos y circular, reducir los residuos y garantizar que el comportamiento de los precursores en materia de sostenibilidad se convierta progresivamente en la norma. La iniciativa legislativa, prevista para el cuarto trimestre de 2021, implicará una revisión de la Directiva sobre diseño ecológico, que extenderá su ámbito de aplicación más allá de los productos relacionados con la energía y que propondrá medidas legislativas adicionales. También abordará la presencia de sustancias químicas nocivas en productos como los equipos electrónicos e informáticos, los textiles, los muebles, el acero, el cemento y los productos químicos. Esta iniciativa se desarrollará en estrecha coordinación con otras iniciativas anunciadas en el PAEC, en particular las relativas a la capacitación de los consumidores para la transición ecológica y a la justificación de las declaraciones medioambientales utilizando métodos de la huella ambiental de los productos y las organizaciones. Juntas, estas iniciativas tratarán de establecer un marco político coherente en el que los bienes, servicios y modelos empresariales sostenibles se conviertan en la norma y los patrones de consumo sean más sostenibles.

Papel del Parlamento Europeo

El Parlamento ha expresado su apoyo al Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles y sus componentes en muchas ocasiones. Durante la revisión de 2009 de la Directiva sobre diseño ecológico, el Parlamento consiguió reforzar el concepto del ciclo de vida, en particular la noción de eficiencia en el uso de los recursos y los materiales. El Parlamento también logró que se introdujeran disposiciones detalladas sobre las pequeñas y medianas empresas y la información facilitada a los consumidores. La ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva a los productos relacionados con la energía también recibió un firme apoyo del Parlamento.

El Parlamento ha desempeñado un papel fundamental en la sucesiva introducción de disposiciones más ecológicas en las Directivas sobre contratación pública. En la última revisión de estas Directivas, que se remonta a 2014, el Parlamento respaldó, entre otras cosas, la introducción del nuevo criterio de la «oferta económicamente más ventajosa» en el procedimiento de adjudicación. De esta forma, las autoridades públicas podrán hacer mayor hincapié en la calidad, las consideraciones medioambientales, los aspectos sociales y la innovación, teniendo, no obstante, en cuenta el precio y el coste del ciclo de vida del objeto de la contratación.

El 19 de abril de 2004, el Parlamento decidió establecer un sistema de gestión medioambiental, de conformidad con el EMAS. El 24 de enero de 2006, el Parlamento firmó una «declaración EMAS» por la que se comprometía a garantizar la conformidad de sus actividades con las mejores prácticas existentes en materia de gestión medioambiental. En 2007, el Parlamento obtuvo la certificación ISO 14001:2004 y pasó a formar parte del registro EMAS. En el marco del EMAS, el 16 de diciembre de 2019 el Parlamento decidió reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por persona en al menos un 40 % para 2024 en comparación con 2006, así como otros indicadores de comportamiento climático, incluidas las emisiones de GEI procedentes del transporte de personas, el uso de energías renovables, el consumo de gas, combustible y electricidad, etc. Según los datos del EMAS de 2019, las emisiones de GEI del Parlamento por persona ya se han reducido en un 37,7 %.

El Parlamento también aplica una política de CPE. En junio de 2017, el Parlamento publicó un estudio sobre la CPE en el que se examina el recurso actual a dicha contratación y sus oportunidades de aplicación dentro la Unión, en el marco del Plan de Acción de la UE para la Economía Circular presentado por la Comisión, y como seguimiento de este. Este estudio determina la existencia de beneficios medioambientales para la ciudadanía, así como para el empleo y la economía en general a nivel europeo.

El Parlamento expresó su satisfacción por el EcoAP en su Resolución de 17 de octubre de 2013. En ella, el Parlamento subraya los posibles efectos sinérgicos de la ecoinnovación respecto de la creación de empleo sostenible, la protección del medio ambiente y la reducción de la dependencia económica. En dicha Resolución se destaca asimismo el carácter político transversal de la ecoinnovación y la necesidad de incorporar el concepto de ecoinnovación a todos los ámbitos políticos. En este contexto, el Parlamento celebra las posibilidades de financiación de la ecoinnovación con cargo a los programas Horizonte 2020, COSME y LIFE, así como a la política agrícola común, y subraya el papel de los nuevos instrumentos de financiación de la Unión como vehículos de las iniciativas emblemáticas «Unión por la innovación» y «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» de la Estrategia Europa 2020.

Durante las negociaciones del marco financiero plurianual para 2014-2020, el Parlamento solicitó un aumento del presupuesto de la Unión a largo plazo para dicho período en vista de los ambiciosos objetivos definidos en la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento y un empleo sostenibles. Durante las negociaciones de los programas específicos, el Parlamento logró que la ecoinnovación se incluyera entre las prioridades de inversión que pueden optar a la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El Parlamento aprobó asimismo una Resolución legislativa, de 13 de junio de 2017, sobre la simplificación del etiquetado energético de los electrodomésticos en una escala de A a G, que permite a los clientes elegir productos que reduzcan el consumo de energía y sus facturas energéticas.

En su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas, el Parlamento pidió a la Comisión que mejorase la información sobre la durabilidad de los productos estudiando la posibilidad de lanzar una etiqueta europea voluntaria que incluya, en particular, la durabilidad del producto, el diseño ecológico, su capacidad de modulación de conformidad con el progreso técnico y la posibilidad de reparación.

En su Resolución, de 31 de mayo de 2018, sobre la aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE), el Parlamento pidió a la Comisión que destinara recursos suficientes al proceso de diseño ecológico en vista del importante valor añadido de la legislación para la Unión. También pidió a la Comisión que evaluara si la actual metodología de diseño ecológico podría utilizarse para otras categorías de productos, además de los productos relacionados con la energía, y que presentase propuestas de nueva legislación.

Aunque, en el marco del EMAS, el Parlamento ya ha reivindicado la neutralidad en carbono desde 2016 como consecuencia de la compensación del 100 % de sus emisiones irreducibles, en su Resolución de 14 de mayo de 2020, el Parlamento declaró que daría ejemplo y encargó a su Mesa que elaborara una estrategia para alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2030 mediante medidas nacionales (sin compensación). El estudio del Parlamento sobre la neutralidad en carbono, publicado en septiembre de 2020, describe medidas de reducción de las emisiones de GEI a corto, medio y largo plazo que permitirían al Parlamento reducir drásticamente su huella de carbono con vistas a alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2030.

 

Georgios Amanatidis