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El consumo y la producción sostenibles

El crecimiento sostenible es uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea. En un contexto de aceleración del cambio climático y de una demanda creciente de energía y recursos, la Unión ha puesto en marcha una gama de políticas e iniciativas en pos de un consumo y una producción sostenibles. Las iniciativas más recientes, como el Pacto Verde Europeo, el Plan de Acción para la Economía Circular y el Pacto por una Industria Limpia, tienen por objeto adaptar los productos a una economía climáticamente neutra, eficiente en el uso de los recursos y circular.

Base jurídica

Artículos 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Contexto general

La producción sostenible consiste en la creación de bienes y servicios a través de procesos no contaminantes, eficientes en cuanto al uso de recursos y energía, económicamente viables y seguros para los trabajadores, los consumidores y las comunidades. El consumo sostenible es la demanda de este tipo de productos y servicios.

El objetivo de garantizar modelos de consumo y producción sostenibles está consagrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en particular en el ODS 12, puesto que resulta fundamental para mantener el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

La Unión se ha comprometido a aplicar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y ha fijado el crecimiento sostenible como uno de sus objetivos principales. En 2023, la Comisión realizó una revisión voluntaria de la aplicación de los ODS por parte de la UE.

Objetivos y resultados

A. Estrategias hacia el consumo y la producción sostenibles

En julio de 2008, la Comisión propuso un paquete de medidas y propuestas sobre consumo y producción sostenibles y una política industrial sostenible. Su objetivo era mejorar el comportamiento ambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida, concienciar a los consumidores y potenciar la demanda de productos y tecnologías de producción sostenibles, promover la innovación en la industria de la Unión y abordar los aspectos de dimensión internacional, como el comercio y las normas. El Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles condujo a iniciativas en los siguientes ámbitos:

  • la ampliación de la Directiva sobre diseño ecológico;
  • la revisión del Reglamento sobre la etiqueta ecológica;
  • la revisión del Reglamento sobre la gestión ecológica y la auditoría;
  • legislación en materia de contratación pública ecológica;
  • la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos;
  • el Plan de Acción sobre Ecoinnovación.

El Pacto Verde Europeo dio un paso más en el consumo y la producción sostenibles, en particular con el Plan de Acción para la Economía Circular de 2020 y su marco para una política de productos sostenibles. Dos de sus principales objetivos consisten en hacer de los productos sostenibles la norma en la Unión y empoderar a los consumidores y a los compradores públicos para que den prioridad al consumo sostenible. Este marco abarca, entre otras, las siguientes propuestas:

  • un Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles;
  • la Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica;
  • la Directiva sobre alegaciones ecológicas;
  • la Directiva sobre normas comunes para promover la reparación de bienes.

Por último, la Comisión presentó el Pacto por una Industria Limpia en febrero de 2025 con el fin de aunar la acción por el clima y la competitividad en el marco de una estrategia global de crecimiento. Incluye, en particular, los siguientes objetivos:

  • la consecución de una economía europea totalmente descarbonizada para 2050, con un objetivo intermedio de reducción neta del 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2040;
  • el establecimiento de la Unión como líder mundial en materia de economía circular para 2030;
  • la creación de un mercado líder para la fabricación sostenible de productos limpios a fin de reducir sus costes y aumentar su disponibilidad.

B. Descarbonización de la economía de la UE

El Pacto Verde Europeo de 2019 incluía varias medidas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y a fomentar un mercado de productos y servicios ecológicos, en particular:

La Comisión pretende continuar este esfuerzo de descarbonización con el Pacto por una Industria Limpia de 2025, en particular mediante:

  • la adopción de un Plan de Acción para una Energía Asequible, destinado a reducir los precios de la energía y respaldar la transición hacia una economía baja en carbono;
  • el fomento de la demanda de productos limpios mediante las próximas propuestas para una ley de aceleración de la descarbonización industrial y una revisión del marco de contratación pública de la Unión;
  • la movilización de más de 100 000 millones EUR para apoyar la fabricación limpia en la Unión a través de un nuevo marco de ayudas estatales, financiación adicional del Fondo de Innovación, una propuesta de un banco de descarbonización industrial y modificaciones del Reglamento InvestEU.

C. Etiquetado ecológico y energético

La etiqueta ecológica de la UE es un sistema voluntario que reconoce los productos y servicios que cumplen determinadas normas medioambientales. Creado en 1992, lleva un logo en forma de flor para ayudar a los consumidores a identificar fácilmente los productos respetuosos con el medio ambiente. El sistema de la etiqueta ecológica tiene en cuenta todo el ciclo de vida del producto. Se ha concedido a productos de limpieza, electrodomésticos, productos de papel, ropa, productos para la casa y el jardín, lubricantes y productos para el cuidado personal y animal, y a servicios como los alojamientos turísticos. La revisión de 2009 del Reglamento (CE) n. tenía por objeto reducir los costes y la carga administrativa. La Comisión evaluó el régimen en 2017 y consideró que el Reglamento era pertinente y coherente, aunque destacó la escasa aceptación en ciertos sectores y los posibles obstáculos derivados de los costes de cumplimiento.

Además, en 2023, la Comisión propuso una Directiva sobre nuevas normas para la justificación de las alegaciones ecológicas con el fin de hacer frente a las afirmaciones medioambientales engañosas y a la proliferación de etiquetas ecológicas públicas y privadas. Junto con la Directiva (UE) 2024/825 sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, pretende establecer un marco de declaraciones y etiquetas medioambientales dirigido a combatir el blanqueo ecológico.

La Directiva 92/75/CEE introdujo un sistema de etiquetado energético para los aparatos domésticos (electrodomésticos). Desde entonces, la etiqueta energética de la Unión se ha convertido en una orientación ampliamente reconocida y respetada por fabricantes y consumidores. Se revisó en 2010 para ampliar su ámbito de aplicación a una gama más extensa de productos, y en 2017, fue sustituida por el Reglamento (UE) 2017/1369 relativo al etiquetado energético para establecer nuevos requisitos. A partir de 2021, cinco grupos de productos (frigoríficos, lavavajillas, lavadoras, televisores y lámparas) fueron «reescalados» a un nuevo sistema de clasificación de eficiencia energética, dejando inicialmente vacía la clase superior «A» para fomentar el desarrollo de modelos aún más eficientes desde el punto de vista energético. Este cambio pretende ayudar a los consumidores a distinguir de manera más clara cuáles son los productos más energéticamente eficientes.

D. Diseño ecológico y políticas de productos sostenibles

Los requisitos de diseño ecológico tienen por objeto garantizar la mejora técnica de los productos sostenibles. En 2024, a raíz del Plan de Acción para la Economía Circular y en el marco del Pacto Verde Europeo, entró en vigor el Reglamento (UE) 2024/1781 sobre diseño ecológico para productos sostenibles, que sustituye a la anterior Directiva 2009/125/CE sobre diseño ecológico de 2009. El Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles supuso una mejora con respecto a su predecesor, ya que se aplicaba a todos los productos físicos (con algunas excepciones) y establecía nuevas normas de rendimiento e información. Las nuevas características de este Reglamento incluyen el «pasaporte digital del producto», la prohibición de la destrucción de productos textiles y calzado no vendidos y los requisitos obligatorios de contratación pública ecológica para determinados productos.

Además, el «derecho a reparar» es un elemento fundamental de la Directiva (UE) 2024/1799 por la que se establecen normas comunes para promover la reparación de bienes, que entró en vigor el 30 de julio de 2024. Obliga a los fabricantes a prestar servicios de reparación oportunos y rentables y a informar a los consumidores sobre su derecho a reparar los bienes defectuosos en lugar de sustituirlos.

E. Gestión y auditoría medioambientales (EMAS)

EMAS es una herramienta de gestión que permite a las empresas y otras organizaciones evaluar, notificar y mejorar su comportamiento medioambiental. En 2009, EMAS experimentó importantes reformas con la adopción de un nuevo Reglamento sobre el EMAS (Reglamento (CE) n., con vistas a fomentar el registro en EMAS de las diferentes organizaciones. Esta revisión del Reglamento sobre el EMAS ha mejorado la aplicabilidad y credibilidad del sistema y ha reforzado su visibilidad y alcance.

F. Contratación pública ecológica

La contratación pública ecológica es una política voluntaria que ayuda a las autoridades públicas a adquirir bienes y servicios con un impacto ambiental reducido. Su objetivo es impulsar el mercado hacia productos y servicios más ecológicos y reducir el impacto ambiental de las actividades de las autoridades públicas. Los primeros actos legislativos de la Unión sobre contratación pública ecológica fueron la Directiva 2004/18/CE y la Directiva 2004/17/CE sobre la adjudicación de contratos públicos de 2004. Este marco inicial fue reemplazado por tres Directivas adoptadas en febrero de 2014 como parte de la reforma de la contratación pública en virtud del Acta del Mercado Único (Directiva 2014/24/UE, Directiva 2014/25/UE y Directiva 2014/23/UE), que simplifican los procedimientos pertinentes y fomentan un mayor uso de la contratación pública ecológica. De esta forma, apoyan la transición a una economía con bajas emisiones de carbono y eficiente en el uso de los recursos. Estas Directivas promueven la innovación, la utilización eficiente de los recursos y una economía baja en carbono. Los Estados miembros las aplican a través de planes de acción nacionales.

En 2008, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Contratación pública para un medio ambiente mejor», en la que estableció una serie de medidas que los Estados miembros y las autoridades adjudicadoras individuales deben adoptar en favor de la aplicación de la contratación pública ecológica. A raíz de ello, los criterios de la Unión en materia de contratación pública ecológica se han elaborado en el marco de las medidas facultativas tomadas en este ámbito. Por el momento, se han publicado catorce series de criterios de contratación pública ecológica para determinados sectores, como el transporte, los equipos ofimáticos, los productos y servicios de limpieza, la construcción, los aislamientos térmicos y los productos y servicios de jardinería.

G. Plan de Acción sobre Ecoinnovación (Eco-AP)

El Eco-AP puesto en marcha por la Comisión en diciembre de 2011 fue el sucesor del Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales, dirigido a impulsar el desarrollo y uso de tecnologías medioambientales y a mejorar la competitividad europea en ese ámbito. El Eco-AP estaba vinculado principalmente a la iniciativa emblemática «Unión por la innovación» de la Estrategia Europa 2020. Su objetivo era que las políticas de innovación también se centraran en las tecnologías verdes y la ecoinnovación, además de destacar el papel de la política medioambiental como factor de crecimiento económico. El Eco-AP promovió la ecoinnovación a través de la política medioambiental, el apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas, la colaboración internacional, nuevas normas y el desarrollo de habilidades.

Muchos de los objetivos del Eco-AP han contribuido al funcionamiento de la economía circular. La ecoinnovación es clave para hacer realidad muchos aspectos de la economía circular: simbiosis o ecologías industriales, diseño «de la cuna a la cuna», modelos de negocio nuevos e innovadores, etc. (2.4.6). El índice de ecoinnovación evalúa los logros en materia de ecoinnovación de los Estados miembros, mediante un marco de medición compuesto por doce indicadores. Entre 2013 y 2022, el rendimiento en materia de ecoinnovación de la Unión aumentó un 21,47 %.

H. Colaboración con las partes interesadas

La Unión adopta un enfoque colaborativo para promover la transición hacia modelos de producción más sostenibles, a fin de compartir las mejores prácticas y abordar los retos en sectores económicos específicos. Estas iniciativas de colaboración con las partes interesadas incluyen:

Papel del Parlamento Europeo

El Parlamento lleva reafirmando su apoyo a las iniciativas de producción y consumo sostenibles desde el Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles de 2008.

El Parlamento acogió favorablemente el Eco-AP en su Resolución de 12 de diciembre de 2013. En ella, el Parlamento subraya los posibles efectos colaborativos de la ecoinnovación respecto de la creación de empleo sostenible, la protección del medio ambiente y la reducción de la dependencia económica. En dicha Resolución se destaca, asimismo, el carácter estratégico transversal de la ecoinnovación y la necesidad de integrar este concepto en todos los ámbitos de actuación.

En su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas, el Parlamento pidió a la Comisión que mejorase la información sobre la durabilidad de los productos estudiando la posibilidad de lanzar una etiqueta europea voluntaria que incluya, en particular, la durabilidad del producto, el diseño ecológico, su capacidad de evolución de conformidad con el progreso técnico y la posibilidad de reparación.

En su Resolución, de 31 de mayo de 2018, sobre la aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE), el Parlamento pidió a la Comisión que asignara recursos suficientes al proceso de diseño ecológico en vista de los importantes beneficios de la legislación para la Unión. También pidió a la Comisión que evaluara si la actual metodología de diseño ecológico podría aplicarse a otras categorías de productos, además de los productos relacionados con la energía, y que presentase propuestas de nueva legislación.

En su Resolución, de 10 de febrero de 2021, sobre el nuevo Plan de acción para la economía circular, el Parlamento subrayó, entre otras cosas, que los productos y materiales sostenibles, circulares, seguros y no tóxicos deben convertirse en la norma en el mercado de la Unión y no la excepción, y deben considerarse como la opción por defecto, atractiva, asequible y accesible para todos los consumidores.

Además, el Parlamento ha desempeñado un papel fundamental en la sucesiva introducción de disposiciones más ecológicas en las Directivas sobre contratación pública. En la revisión de estas Directivas realizada en 2014, el Parlamento respaldó, entre otras medidas, la introducción del nuevo criterio de la «oferta económicamente más ventajosa» en el procedimiento de adjudicación. De esta forma, las autoridades públicas pueden hacer mayor hincapié en la calidad, las consideraciones medioambientales, los aspectos sociales y la innovación, teniendo, no obstante, en cuenta el precio y el coste del ciclo de vida del objeto de la contratación. En septiembre de 2025, el Parlamento también aprobó una Resolución sobre la próxima revisión de las Directivas sobre contratación pública. En ella se toma nota de los distintos grados de aplicación de la contratación pública ecológica en los Estados miembros y se pide que se aproveche el marco de contratación pública de la Unión, que respalda los bienes y servicios sostenibles.

Además, el propio Parlamento pretende adoptar modelos de consumo y contratación más sostenibles. En 2004, el Parlamento estableció un sistema de gestión medioambiental, de conformidad con el EMAS. Obtuvo la certificación ISO 14001.2004 y el registro EMAS en 2007. En 2019, el Parlamento se fijó el objetivo de reducir en al menos un 40 % para 2024 sus emisiones de GEI por persona con respecto a 2006, así como mejorar otros indicadores de comportamiento climático, como las emisiones del transporte de personas, el uso de energías renovables y el consumo de energía. Según la declaración medioambiental de 2025 del EMAS, las emisiones de GEI del Parlamento por persona se redujeron en un 48,29 % entre 2006 y 2024.

En noviembre de 2024, el Parlamento decidió adoptar medidas adicionales para mejorar su política medioambiental y fijar nuevos objetivos para el período 2024-2029, entre ellos:

  • reducir las emisiones de GEI en al menos un 55 % para 2029 (en comparación con 2006);
  • disminuir el consumo de energía en un 55 % (en comparación con 2012);
  • aumentar las fuentes de energía renovables hasta el 80 % del consumo total de energía;
  • reducir el consumo de papel en un 85 % (en comparación con 2012);
  • mejorar la biodiversidad mediante el seguimiento y fomento de los espacios verdes, el reciclado y las especies vegetales locales.

Aunque, en el marco del EMAS, el Parlamento ha estado compensando todas sus emisiones irreducibles desde 2016, lo que lo ha convertido en la única institución de la Unión 100 % neutra en carbono, en su Resolución de 14 de mayo de 2020 expresó su voluntad de dar ejemplo y encargó a su Mesa que elaborara una estrategia para alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2030 mediante medidas internas (sin compensación). El estudio del Parlamento sobre la neutralidad en carbono, publicado en septiembre de 2020, describe medidas de reducción de las emisiones de GEI a corto, medio y largo plazo que permitirían al Parlamento reducir drásticamente su huella de carbono con vistas a alcanzar la neutralidad en carbono.

El Parlamento también aplica una política de contratación pública ecológica. En junio de 2017, el Parlamento publicó un estudio sobre la contratación pública ecológica en el que se examina el recurso actual a dicha contratación y sus oportunidades de aplicación dentro la Unión, en el marco del Plan de Acción de la UE para la Economía Circular presentado por la Comisión, y como seguimiento de este. Este estudio determina la existencia de beneficios medioambientales para la ciudadanía, así como para el empleo y la economía en general a nivel de la Unión.

Para más información sobre este tema, véase el sitio web de la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria (ENVI).

 

Axel GRISLIN