El Fondo de Solidaridad

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea permite a esta última prestar ayuda financiera a un Estado miembro, un país cuya adhesión esté en proceso de negociación o una región en caso de catástrofe natural grave.

Base jurídica

Artículo 175, párrafo tercero, y artículo 212, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); Reglamento (CE) n.o 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y Reglamento (UE) n.o 661/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que modifica el Reglamento (CE) n.o 2012/2002 del Consejo, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.

Objetivos

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) permite a la Unión, como organismo, ayudar de forma efectiva a un Estado miembro o a un país cuya adhesión esté en proceso de negociación en sus esfuerzos por hacer frente a los daños provocados por una catástrofe natural grave o una emergencia grave de salud pública. A través del FSUE, que no está comprendido en el presupuesto de la Unión, pueden movilizarse hasta 500 millones EUR al año (a precios de 2011), más la dotación no utilizada del año anterior, como complemento del gasto público en operaciones de emergencia del Estado miembro de que se trate.

Presupuesto y resultados

El FSUE fue creado por el Reglamento (CE) n.o 2012/2002 del Consejo para responder a las devastadoras inundaciones que afectaron a Europa central en el verano de 2002. Desde entonces, se han facilitado ayudas con cargo a este Fondo por un valor total de más de 5 000 millones EUR a veinticuatro países europeos diferentes en relación con ochenta catástrofes naturales, entre otras, inundaciones, incendios forestales, terremotos, temporales y sequías.

A. Ámbito de aplicación y umbral para acogerse al FSUE

El FSUE permite principalmente prestar asistencia en caso de catástrofe natural grave o regional o emergencia grave de salud pública con repercusiones importantes en las condiciones de vida, la salud humana, el medio natural o la economía de una o varias regiones de un Estado miembro o de un país candidato a la adhesión. Una catástrofe natural se considera «grave» si ocasiona daños directos (en el Estado miembro o país candidato a la adhesión) que se estimen en más de 3 000 millones EUR (a precios de 2011) o en más del 0,6 % de la renta nacional bruta del Estado beneficiario. Asimismo, «catástrofe natural regional» se define como toda catástrofe natural en una región de nivel NUTS 2 (3.1.6) que produzca daños directos superiores al 1,5 % del producto interior bruto (PIB) de dicha región. En el caso de las regiones ultraperiféricas en el sentido del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, este último umbral se sitúa en el 1 % del PIB de la región. Por último, una «emergencia grave de salud pública» es todo peligro potencialmente mortal u otro peligro grave para la salud de origen biológico que afecte gravemente a la salud humana y requiera una acción decidida para contener la propagación, y que dé lugar a medidas de respuesta de emergencia estimadas en más de 1 500 millones EUR (a precios de 2011), o en más del 0,3 % de la renta nacional bruta del Estado beneficiario.

1. Medidas

La intervención del FSUE adopta la forma de una subvención que complementa el gasto público del Estado beneficiario y se destina a financiar medidas de emergencia y recuperación esenciales que mitiguen los daños que, en principio, no sean asegurables. Las medidas urgentes que pueden optar a financiación son las siguientes:

  • restablecimiento inmediato del funcionamiento de las infraestructuras e instalaciones en los sectores de la energía, el agua potable, la eliminación de las aguas residuales, las telecomunicaciones, los transportes, la sanidad y la enseñanza;
  • puesta a disposición de alojamientos provisionales y financiación de servicios de auxilio destinados a cubrir las necesidades de la población afectada;
  • aseguramiento inmediato de las infraestructuras de prevención y medidas de protección del patrimonio cultural;
  • limpieza de las zonas siniestradas, incluidas las zonas naturales;
  • asistencia rápida, incluida asistencia médica, a la población afectada por una emergencia grave de salud pública y protección de la población frente al riesgo de verse afectada.

2. Presentación de la solicitud

A más tardar en un plazo de doce semanas a partir de los primeros daños ocasionados por la catástrofe, el Estado afectado presentará a la Comisión una solicitud de contribución financiera del FSUE. El Estado debe estimar los daños totales directos causados por la catástrofe natural y sus repercusiones en la población, la economía y el medio ambiente afectados, así como el coste de las medidas necesarias; debe indicar también cualquier otra fuente de financiación e incluir una descripción sucinta de la aplicación de la legislación de la Unión sobre prevención y gestión de riesgos de catástrofes relacionada con la naturaleza de la catástrofe natural.

3. Ejecución

El procedimiento de asignación de una subvención, seguido de un procedimiento presupuestario (aprobación por el Parlamento y el Consejo), puede durar varios meses. Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención.

La reforma de 2014 introdujo la posibilidad de que los Estados miembros solicitasen el pago de un anticipo, que la Comisión puede decidir concederles siempre y cuando haya suficientes recursos disponibles. La reforma de 2020 incrementó el importe máximo del anticipo hasta el 25 % del importe total previsto de la contribución financiera del FSUE y lo limitó a 100 millones EUR.

El Estado beneficiario es el responsable de la utilización de la subvención y del control financiero de la manera en la que esta se utiliza, aunque la Comisión puede efectuar controles in situ de las operaciones financiadas con cargo al FSUE. Las medidas de emergencia pueden financiarse de manera retroactiva para cubrir las operaciones llevadas a cabo desde el primer día de la catástrofe.

No se permite la doble financiación de las medidas, e incumbe al Estado beneficiario la responsabilidad de garantizar que los costes cubiertos por el FSUE no están ya cubiertos por otros instrumentos de financiación de la Unión (en particular por los instrumentos de las políticas de cohesión, agrícola o pesquera).

4. Utilización de la subvención

La subvención se utilizará en el plazo de dieciocho meses a partir de la fecha en que se haya desembolsado. El Estado beneficiario deberá devolver la parte que finalmente no se haya utilizado. seis meses después de la expiración del plazo de dieciocho meses, el Estado presentará a la Comisión un informe sobre la ejecución. En este documento se indicarán con detalle los gastos efectuados que podían acogerse al FSUE, así como cualquier otra fuente de financiación recibida, incluidos los reembolsos de compañías aseguradoras y las indemnizaciones obtenidas de terceros. También debe establecer las medidas preventivas adoptadas o propuestas, incluido el uso de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a tal efecto, la experiencia adquirida con la catástrofe o emergencia, el grado de aplicación de la correspondiente legislación de la Unión en materia de prevención y gestión del riesgo de catástrofes, y cualquier otra información pertinente sobre las medidas de prevención y mitigación adoptadas.

5. Informe anual

La Comisión presenta un informe anual sobre las actividades del FSUE. El último informe anual se refiere a 2017 y 2018 y muestra que, en 2017, la Comisión recibió diez nuevas solicitudes de contribución financiera: de España, Francia, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia y Portugal. Además, Italia revisó y actualizó la solicitud que había presentado inicialmente en 2016 en relación con una serie de grandes seísmos que se produjeron ese año. Se consideró que las dos solicitudes recibidas de España no cumplían las condiciones de admisibilidad, por lo que se rechazaron. En 2018, Bulgaria, Chipre, Italia y Rumanía presentaron cuatro solicitudes de ayudas con cargo el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, y solo se rechazó la de Chipre.

B. La reforma del FSUE de 2020

En respuesta a la crisis de la COVID-19, en 2020 se amplió el ámbito de aplicación del FSUE para cubrir las emergencias graves de salud pública: el Reglamento modificativo (UE) 2020/461 del Parlamento Europeo y del Consejo entró en vigor el 30 de marzo de 2020 e introdujo las emergencias graves de salud pública como motivo para movilizar el FSUE. También se incrementó el límite máximo del anticipo y se actualizaron los requisitos aplicables al informe de ejecución.

Papel del Parlamento Europeo

En su Resolución, de 15 de enero de 2013, sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea: ejecución y aplicación[1], el Parlamento subrayó la importancia del FSUE como el principal instrumento que permite a la Unión reaccionar ante una catástrofe grave. Al mismo tiempo, criticó el tiempo inaceptablemente largo que es necesario para facilitar la ayuda a las regiones o Estados miembros afectados y pidió que este se redujese mediante la simplificación de los procedimientos correspondientes y la introducción del pago de anticipos, elementos incorporados a la nueva propuesta legislativa de julio de 2013. La propuesta de la Comisión retomó también otras de las sugerencias formuladas por el Parlamento, como la introducción de una definición más clara y precisa del concepto de catástrofe, así como del ámbito de aplicación del FSUE, a fin de reducir el escepticismo de muchos Estados miembros que se oponen a una reforma de este instrumento de la Unión.

A partir de la citada propuesta de la Comisión de julio de 2013, el Parlamento y el Consejo adoptaron sus posiciones respectivas; estas sirvieron como base para las negociaciones interinstitucionales celebradas en febrero de 2014, que, tras tres reuniones, desembocaron en un acuerdo en primera lectura con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. La nueva normativa entró en vigor en junio de 2014.

Durante las negociaciones, el Parlamento exigió firmemente la introducción del mecanismo de anticipos. Esta nueva disposición, inicialmente eliminada por el Consejo, formó parte del acuerdo alcanzado (con el límite previsto en la propuesta de la Comisión, es decir, un límite del 10 % con un tope de 30 millones EUR).

En relación con el umbral mínimo para beneficiarse del FSUE en caso de catástrofe regional, el acuerdo definitivo mantenía la cifra del 1,5 % del PIB regional, según preveía la propuesta de la Comisión, aunque el Parlamento consiguió fijar un umbral más bajo, del 1 % del PIB, para las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Entre los logros del Parlamento se encuentran, además, la ampliación a doce semanas del plazo para la presentación de solicitudes por parte de los Estados miembros (la Comisión y el Consejo proponían diez semanas), la introducción de un plazo de seis semanas en el que la Comisión debe responder a los solicitantes, y la ampliación a dieciocho meses del período durante el cual ha de utilizarse la contribución procedente del FSUE (la Comisión y el Consejo proponían doce meses).

La asistencia técnica, en principio, está excluida de las ayudas, pero la posición del Parlamento contemplaba una excepción a esta disposición que se incorporó al acuerdo final: los costes de asistencia técnica directamente vinculados a la preparación y la ejecución de los proyectos pueden optar a financiación.

En su Resolución, de 1 de diciembre de 2016, sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea: evaluación[2], el Parlamento destacó «la importancia de la revisión de 2014, que logró superar el bloqueo en el Consejo y finalmente respondió a las reiteradas peticiones del Parlamento para aumentar la capacidad de respuesta y la eficacia de la ayuda con el fin de garantizar una respuesta rápida y transparente para ayudar a los ciudadanos afectados por catástrofes naturales».

En su última Resolución, de 18 de mayo de 2021, sobre la revisión del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea[3], el Parlamento pide a la Comisión que, en el contexto de una futura reforma:

  • prosiga su labor de simplificación y aceleración del procedimiento de solicitud para los Estados miembros, a fin de garantizar una respuesta más rápida a las catástrofes y emergencias;
  • tenga más en cuenta las catástrofes de alcance regional;
  • evalúe las repercusiones específicas de las sequías y las aborde en el futuro Reglamento;
  • en la medida de lo posible, se centre en las regiones más expuestas a catástrofes naturales graves, a catástrofes naturales regionales o a emergencias graves de salud pública, en particular las regiones ultraperiféricas, las islas, las regiones montañosas y las regiones con alta actividad sísmica o volcánica o con riesgo de padecer crisis futuras de salud pública;
  • refuerce y simplifique las sinergias entre el FSUE y los fondos de la política europea de cohesión, así como con el Mecanismo de Protección Civil de la Unión;
  • tenga más en cuenta los principios más recientes sobre prevención de riesgos a la hora de determinar la subvencionabilidad de los proyectos e integre el principio de «reconstruir mejor» en el Reglamento;
  • obligue a los países beneficiarios a informar a sus ciudadanos sobre el apoyo financiero de la Unión.

El Parlamento considera que, en el futuro, podría ser necesario reevaluar el presupuesto del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para garantizar que pueda hacer frente eficazmente a las catástrofes naturales graves y regionales y a las emergencias graves de salud pública.

 

[1]DO C 440 de 30.12.2015, p. 13.
[2]DO C 224 de 27.6.2018, p. 140.
[3]Textos Aprobados, P9_TA(2021)0220.

Marek Kołodziejski