LIBRO BLANCO SOBRE LA CONFERENCIA
INTERGUBERNAMENTAL DE 1996
VOLUME II


II. POSICIÓN DE LOS DISTINTOS ESTADOS MIEMBROS

BÉLGICA

Nota política del Gobierno al Parlamento belga sobre la CIG de 1996

El día 28 de julio de 1995 el Gobierno belga aprobó una nota sobre la política del Gobierno en relación con Conferencia Intergubernamental de 1996, que fue objeto de una concertación con las Comunidades y las Regiones belgas en el seno de la Conferencia Interministerial de Política Exterior durante el mes de septiembre siguiente. Tras ser aprobada definitivamente por el Consejo de Ministros el día 13 de octubre siguiente, la nota ha sido sometida a discusión en la Cámara y en el Senado belgas con vistas a permitir al Gobierno definir las posiciones que adoptará durante la Conferencia Intergubernamental. Por otra parte, los puntos de vista expresados en dicha nota constituyen únicamente una primera expresión de la posición belga durante toda la CIG, posición que será ajustada y corregida paulatinamente a medida que progresen las negociaciones, y en estrecho contacto con el Parlamento, las Comunidades y las Regiones de Bélgica.

Como l í neas fundamentales de la pol í tica europea de B é lgica, el Gobierno belga considera que un objetivo prioritario de la política exterior de dicho país es la búsqueda del desarrollo de la Unión Europea sobre una base federal, y en el contexto de un modelo socio-económico en el que el crecimiento económico vaya parejo al progreso social. En concreto, el Gobierno belga considera que la introducción de la Uni ó n Econ ó mica y Monetaria, debe acompañarse de una protección social reforzada, de normas que aseguren una elevada protección medioambiental y de una armonización fiscal real. El Gobierno belga se manifiesta también en favor de que la integración europea mantenga un enfoque comunitario, y no intergubernamental, porque considera que el método comunitario permite conciliar mejor la eficacia gracias a las decisiones por mayoría y la protección eficaz contra los abusos de poder. Además, el Gobierno belga considera que la integración europea constituye para todos los Estados miembros un instrumento que les permite ejercer una influencia real sobre un ordenmundial que se globaliza cada vez más. Por otra parte, dicho Gobierno anuncia que durante la CIG se guiará fundamentalmente por su deseo de lograr una profundizaci ó n de la Uni ó n. A tal efecto, el Gobierno belga anuncia como líneas directrices las siguientes:

El Gobierno belga estima que dicha profundización debería permitir a la Unión Europea continuar con la ampliaci ó n sin riesgo de desmantelamiento de la misma, y sin comprometer la Unión Económica y Monetaria. En este sentido, y por lo que se refiere a la adaptaciones institucionales que son necesarias para llevar a cabo la ampliación, Bélgica parte de la base de que todos los países deben poder identificarse en el proceso decisional, a cuyo efecto debe acrecentarse la eficacia de éste. Por otra parte, los nuevos Estados deberán aceptar la totalidad del acervo comunitario y compartir el conjunto de los objetivos de la Unión, si necesario mediante el establecimiento de un sistema de distintas velocidades cuya gestión sea asegurada por la Comisión.
| Vers le début de la page |

Como reto para la Conferencia Intergubernamental, el Gobierno belga considera necesario profundizar la Uni ó n Europea antes de ampliarla. Según dicho Gobierno, la Unión Política, estructura política indispensable de la Unión Económica y Monetaria, ha quedado sin embargo inacabada tras el Tratado de Maastricht, y corresponde a la CIG proseguir el desarrollo de la misma, de modo que la realización de la Unión Económica y Monetaria vaya en paralelo con la búsqueda del desarrollo de la Unión Política y también de la Europa social. Ahora bien, la búsqueda del desarrollo de la Unión Europea debe basarse sobre el acervo comunitario existente y sobre el Tratado de la Unión cuyas imperfecciones conviene corregir. Todo ello, con miras a asegurar la prosperidad y el bienestar de los europeos, a promover la seguridad interna en el seno de la Unión Europea, y a reforzar la posición exterior de ésta.

Por lo que se refiere a la realización de la ampliaci ó n, el Gobierno belga considera que la Unión debe adaptar previamente sus modos de funcionamiento, y que las políticas de la Unión no pueden ser extrapoladas tampoco de forma incondicional en cuanto al fondo de las mismas. En concreto, Bélgica considera que el acervo comunitario, las políticas estructurales y la política agrícola común son el resultado de una solidaridad esencial y de equilibrios fundamentales en el interior de la Unión Europea, y que los nuevos Estados miembros deberán adaptarse a dicho acervo. Por otra parte, dicho país estima quela CIG no es tampoco el foro en el que deba discutirse la renegociación del sistema de financiación de la Unión, y que la ampliación debe ser asimilada no mediante el desmantelamiento de alguna de las políticas existentes, sino mediante la introducción de medidas transitorias especiales en los Tratados finales de adhesión.

En cuanto a los desaf í os futuros de la Uni ó n, el Gobierno belga se muestra partidario de un enfoque separado de cada uno de ellos como la mejor manera de lograr el éxito. Como algunos de tales desafíos cita los siguientes: paso a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, revisión de los fondos estructurales, de la política agrícola común, del sistema de financiación, la adhesión de nuevos Estados miembros, la política en materia de cooperación al desarrollo, así como la política mediterránea.

La nota política del Gobierno belga aborda también la cuestión de la ratificaci ó n del resultado de la CIG. A este respecto, dicho Gobierno considera inaceptable que uno o varios Estados miembros puedan impedir la progresión de la integración europea en el sentido de una Unión sin cesar más estrecha entre los pueblos de Europa, por lo que considera que se impone una reflexión sobre las alternativas político-institucionales que deberían plantearse en el caso de que no exista una ratificación unánime del resultado de las negociaciones de la Conferencia Intergubernamental. Por otra parte, considera que la CIG de 1996 debe culminar en un Tratado legible, y como contribución a la transparencia de la construcción europea, y sin afectar al acervo comunitario, sugiere la idea de la refundici ó n de los Tratados existentes en un único texto.

La nota política en cuestión dedica también un capítulo al tema de la decisi ó n adecuada y el escal ó n adecuado. En materia de subsidiariedad el Gobierno belga considera que ésta no debe en ningún caso conducir a la inmovilización o a la erosión sistemáticas de la reglamentación comunitaria. En su opinión, los mecanismos de subsidiariedad actualmente existentes funcionan correctamente. Bélgica considera que el principio de subsidiariedad es en el fondo un principio de buena administración, y considera que una formulación más positiva de la definición actual de la subsidiariedad sería en principio deseable, formulación que debería reposar sobre los criterios de necesidad, de eficacia y de proximidad. Por otra parte, el Gobierno belga anuncia su convicción de que, sobre la base de las disposiciones constitucionales de los distintos Estados miembros, el principio de subsidiariedad es igualmente de aplicación en el orden jurídico interno de éstos, y anuncia que durante la CIG el Gobierno belga se esforzará en hacer comprender a los restantes interlocutores esta interpretación. En todo caso, para el Gobierno belga una eventual renegociación de la definición de subsidiariedad solo puede ser posible si no causa perjuicio al funcionamiento y a la evolución ulterior de la construcción europea, y si no se somete el reparto de las competencias internas de los Estados miembros al control del Tribunal de Justicia.

Por lo que se refiere a la relaci ó n entre la Uni ó n Europea, B é lgica en cuanto Estado miembro federal y las Comunidades y Regiones belgas, el Gobierno belga considera que la subsidiariedad es un principio crucial para las relaciones entre dichas entidades, y considera que dicha relación se concretiza en el Comité de las Regiones de la Unión que permite a las Comunidades y Regiones tener voz directamente en ciertas materias que se refieren a la Unión Europea. Por otra parte, dicho Gobierno recuerda que Bélgica ha sido el primer Estado miembro en poner en práctica la posibilidad ofrecida por el artículo 146 del Tratado de Maastricht de hacerse representar en el Consejo por ministros que no pertenecen al Gobierno nacional, y que en Bélgica se ha concretado mediante una acuerdo de cooperación relativo a la representación en la Unión Europea concluido entre el Estado federal y las Comunidades y Regiones. Además, dicho Gobierno anuncia que en aquellas materias en las cuales las Comunidades yRegiones tienen una competencia exclusiva en virtud de la Constitución belga, los Gobiernos de aquellas participarán bajo la coordinación del Ministerio de Asuntos Exteriores belga en las negociaciones de la Conferencia Intergubernamental, y que todos los Parlamentos en Bélgica deberán estar asociados en pie de igualdad al desarrollo de las negociaciones.
| Vers le début de la page |

En materia de divisi ó n de competencias, el Gobierno belga considera que se impone una delimitación de dichas competencias con vistas a hacer a la Unión más eficaz, más transparente y más democrática, pero considera que el establecimiento de un "catálogo de competencias" fijo y rígido sería difícilmente conciliable con el carácter dinámico y evolutivo del proceso de integración europea. Por otra parte, considera que una "lista específica de competencias" no agregaría ningún elemento sustancial nuevo a los objetivos y a las competencias de la Unión tal y como resultan de los artículos del Tratado y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En todo caso, se trataría de asegurar que la Unión no sobrepasa los objetivos y las atribuciones que le han sido asignadas, mediante el recurso a posteriori al Tribunal de Justicia. Por otra parte, el Gobierno belga considera que el artículo 235 del Tratado debe ser mantenido, con miras a garantizar el carácter dinámico y evolutivo del proceso de integración europea. En todo caso, dicho Gobierno se manifiesta en favor del uso moderado de dicho artículo y de la asociación del Parlamento Europeo a la aplicación del mismo. Por otra parte, el Gobierno belga se manifiesta contra toda tendencia a usar de forma impropia el artículo 235, mediante el recurso al mismo para tomar decisiones por unanimidad en materias en las cuales el Tratado ha previsto ya la mayoría cualificada. Por otra parte, considera que la revisión del Tratado no puede entrañar la supresión de campos de acción de la Unión ni incluso la supresión de ámbitos concretos como la protección civil, la energía y el turismo. En cambio, anuncia que a requerimiento de las Comunidades y las Regiones belgas, Bélgica someterá en su momento a la Conferencia Intergubernamental propuestas específicas dirigidas a modificar los artículos convencionales existentes relativos a la enseñanza, a la formación profesional, a la juventud, a la cultura y a lo audiovisual, a la salud pública, a la política medioambiental a la política en materia de transporte, y, eventualmente al turismo y al deporte.

Con miras al logro de una Europa de prosperidad durable, el Gobierno belga propone un umbral m í nimo com ú n en materia social, fiscal y de medio ambiente, que incluya la integración del protocolo social en el Tratado de la Unión, la confirmación institucional de los resultados del diálogo social, la armonización hacia arriba de las disposiciones sociales, la inserción de criterios de convergencia social, la inserción de cláusulas social y medioambiental en la política comercial común, la definición y concretización del servicio universal, la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Por otra parte, Bélgica considera que la capacidad de toma de decisiones de la Unión debe ser reforzada con miras a contribuir más eficazmente a la recuperaci ó n econ ó mica, al refuerzo de la competitividad y a la promoci ó n del empleo. A tal efecto propone que se adopten medidas dirigidas al desarrollo de las redes transeuropeas de transporte, energía y telecomunicación, a la promoción de la distribución del trabajo, y al sostén a la política social. Además, el Gobierno belga desea que se preste una atención particular a las peque ñ as y medianas empresas, y que la Unión Europea reconozca en el propio Tratado la noción y las posibilidades de acción del servicio p ú blico. En relación con la Uni ó n Econ ó mica y Monetaria, Bélgica considera que los acuerdos sobre ésta deben ser ejecutados íntegramente, y que la realización de la misma convertirá al proceso de integración europea en irreversible. Además, considera que tras la entrada en vigor de la última fase de la Unión Económica y Monetaria se impondrá igualmente la necesidad de mantener una convergencia macroeconómica entre los miembros de la Unión Económica y Monetaria. Por último, estima que la "cohabitación monetaria temporal" de la moneda única con las otras monedas nacionales no debe causarperjuicio al mercado interior, y que además debe actuarse siempre con miras a que todos los Estados miembros de la Unión Europea cumplan finalmente las condiciones de adhesión a la Unión Económica y Monetaria. En relación con las otras pol êicas, la nota política del Gobierno belga hace especial hincapié en dos consecuencias institucionales derivadas del establecimiento de un umbral mínimo común en el ámbito social, medioambiental y fiscal. La primera consecuencia es que el Gobierno belga se manifiesta en favor de la extensión del voto por mayor í a cualificada en el seno del Consejo a las cuestiones sociales, ecológicas y fiscales. Como segunda consecuencia, y en relación con la estructura de la Unión, el Gobierno belga considera que debe mantenerse el equilibrio entre los derechos y las obligaciones de los Estados miembros, y que por consecuencia todos los Estados miembros que se benefician de las ventajas del mercado único deben también aplicar íntegramente las reglas sociales, ecológicas y fiscales europeas, con vistas a evitar el peligro de una competencia a la baja en los ámbitos social, ecológico y fiscal que ponga en peligro al mercado único. Por estas razones, el Gobierno belga rechaza la idea de una "Europa a la Carta".

La nota política del Gobierno belga se refiere también a las cuestiones relativas al tercer pilar, al tratar de una Uni ó n de Derecho y de Seguridad. A este respecto, el Gobierno belga considera que el método intergubernamental ha mostrado sus límites, y que deben intentarse todas las posibilidades de aplicación del método comunitario en este tercer pilar. En concreto, el Gobierno belga se manifiesta favorable a la transferencia al primer pilar o pilar comunitario de aquellas materias que estén ligadas a las competencias comunitarias y en concreto la política de asilo y de visados, que está vinculada a la libre circulación de personas, y la cooperación aduanera en la lucha contra la droga, vinculada a la libre circulación de mercancías. Por otra parte, dicho Gobierno propone que para el resto de las materias que continúen dependiendo del tercer pilar y por tanto de la cooperación intergubernamental en este ámbito de los asuntos de justicia y los asuntos internos, se apliquen métodos más eficaces que estén inspirados en la medida de lo posible en los métodos comunitarios del primer pilar. En concreto, ello significa en opinión del Gobierno belga, la extensión del derecho de iniciativa compartido de la Comisión incluso en materia de cooperación judicial en el ámbito civil, la cooperación aduanera y la cooperación policial; la extensión del voto por mayoría; la intensificación del papel del Parlamento Europeo en concreto a todos los casos en los que el Consejo adopte decisiones de naturaleza legislativa y/o apruebe decisiones por mayoría de votos; y la competencia obligatoria del Tribunal de Justicia. Para ello, el Gobierno belga se muestra dispuesto a aceptar períodos transitorios así como una distinción en el plano normativo y el plano operacional; al acceso transfronterizo a la justicia por parte del ciudadano europeo; así como a la integración del Acuerdo de Schengen en la Unión Europea.
| Vers le début de la page |

La nota política del Gobierno belga se refiere a la pol í tica exterior de la Unión Europea en el capítulo dedicado a una Uni ó n dotada de una voz y un peso decisivos en el mundo. Por lo que se refiere a la pol í tica econ ó mica exterior de la Comunidad, el Gobierno belga se muestra satisfecho de los logros obtenidos mediante el recurso al método comunitario, y se muestra favorable a que la política económica exterior de la Unión se prosiga en la misma tradición comunitaria como hasta el presente y sirva igualmente de ejemplo para otros ámbitos de la política exterior. Además, el Gobierno belga desea reforzar y ampliar la competencia exterior de la Comisión al ámbito de los servicios, y manifiesta que se opondrá a toda tentativa dirigida a romper la unidad de la representación exterior de la Unión en la forma en que se encuentra actualmente asegurada por la Comisión. Por lo que se refiere a la cohesi ó n entre los pilares de la Uni ó n, desde la perspectiva de la cohesión de la representación exterior de la misma, el Gobierno belga declara que uno de sus objetivos será el de aproximar los pilares para finalmente fusionarlos.

Por lo que se refiere a la pol í tica exterior y de seguridad com ú n, la nota política del Gobierno belga trata en primer lugar de la preparación e impulso de la misma. En este sentido, el Gobierno belga muestra su esperanza de que la Comisión continúe explotando plenamente su derecho de iniciativa y lo desarrolle de tal manera que se transforme en un verdadero órgano de impulsión. A este fin, la Comisión no debe únicamente utilizar los medios y competencias de los que dispone, sino que debe poder contar además con la colaboración y asistencia de los Estados miembros. En concreto, el Gobierno belga anuncia que con ocasión de la CIG se esforzará en reforzar el derecho de iniciativa de la Comisión, en particular mediante la introducción en el Tratado de una disposición que prevea que las propuestas de la Comisión en materia PESC deberán ser aprobadas por mayoría cualificada en el Consejo. Por lo que se refiere al proceso de adopción de decisiones, el Gobierno belga se muestra partidario de que las decisiones en materia PESC sean adoptadas por mayor í a cualificada de votos. En todo caso, considera que la introducción del sistema mayoritario de toma de decisiones no implica que un Estado pueda ser obligado contra su voluntad a participar activamente en una acción que entrañe el recurso a medios militares. Ahora bien, el Gobierno belga parte del principio de que todos los Estados miembros están vinculado política y financieramente por una decisión común. Por lo que hace a la puesta en práctica de la PESC, el Gobierno belga considera que la CIG debe tratar de reforzar los instrumentos de la PESC, en concreto el instrumento de la acción común que ha sido introducido por el Tratado de Maastricht. Para ello, el Gobierno considera que la Comisión es la instancia de la Unión por excelencia capaz de asegurar la puesta en práctica común de los medios en el marco de una acción común. Y ello por considerar que solo la Comisión es capaz de asegurar la indispensable continuidad de la acción y la cohesión con otras acciones de la Unión que provengan del ámbito comunitario. Para ello el Gobierno belga no prevé una competencia de ejecución exclusiva en favor de la Comisión en ámbito de la PESC o la constitución de un aparato administrativo a gran escala, sino que considera que la red diplomática, la experiencia, los hombres y los medios de los que cada uno de los Estados miembros disponen, deben ser plenamente explotados en una gestión común de los mismos, desempeñando la Comisión el papel de elemento catalizador o coordinador. El Gobierno belga se muestra también favorable a una aplicación más amplia de la financiación comunitaria de la PESC. Por otra parte, en relación con la cuestión de la personalidad jur í dica de la Uni ó n, Bélgica considera que dicha personalidad jurídica es indispensable para llevar a cabo una acción común eficaz. En vez de una responsabilidad separada entre la Comunidad Europea y la Unión Europea, el Gobierno belga propone una fórmula que atribuya a la Unión una competencia específica en materia de conclusión de tratados, por ejemplo mediante la forma de una disposición del Tratado que dé a la Unión Europea la competencia de concluir acuerdos con tercera partes en el marco de acciones comunes.

Respecto de una pol í tica de defensa europea com ú n, el Gobierno belga se muestra favorable a que la UEO sea aproximada lo más posible a la Unión con miras a la integración final en la misma. En efecto, para el Gobierno belga la integración progresiva de la UEO en la Unión Europea constituye la mejor opción, realizable a partir de una serie de etapas cualitativas relativas en primer lugar al papel operacional e institucional de la UEO (desarrollo de las capacidades operativas de la UEO; acercamiento administrativo entre la UEO y la Unión Europea; acercamiento entre los Estados miembros y los países observadores de la UEO; colocación de la acción de la UEO bajo la cobertura de la PESC, en particular por lo que se refiere a las disposiciones en materia de acción común y de financiación comunitaria). De forma complementaria, y tras la ampliación, el Gobierno belga alude a la posibilidad de introducir en un nuevo Tratado de la Unión un principio de solidaridad explícita, aunque sin dar garantías automáticas de seguridad, así como una obligación de consulta en caso de amenaza y un arbitraje en caso de conflicto entre Estados miembros.
| Vers le début de la page |

La nota política que estamos considerando examina las cuestiones institucionales a la hora de tratar de una Uni ó n transparente y eficaz. En líneas generales, el Gobierno belga considera que es esencial reforzar y ampliar el papel y las competencias de la Unión sobre la totalidad del campo de aplicación del Tratado de la Unión, ya se trate del papel de la Comisión, del Parlamento Europeo, del Tribunal de Justicia, o de que el Consejo tome sus decisiones por mayoría cualificada como regla general. El Gobierno belga considera que el propio proceso decisional deberá ser más eficaz, más transparente y más democrático, y como mejoras más importantes propone la extensión del voto por mayoría que debería aplicarse igualmente a los ámbitos de las políticas conexas con el mercado interior (política social, medioambiental y fiscal), la extensión del derecho de codecisión del Parlamento Europeo, así como la simplificación de los numerosos procedimientos existentes.

Por lo que se refiere al Parlamento Europeo, el Gobierno belga considera que la exigencia de una mayor legitimidad democrática debe traducirse en un mayor papel del Parlamento Europeo. En concreto, el Gobierno belga no comparte el punto de vista de quienes consideran que la legitimidad se encuentra en los Parlamentos Nacionales así como en el Consejo de Ministros o en el Consejo Europeo. Por otro lado, con vistas a mejorar el funcionamiento actual del Parlamento Europeo, el Gobierno belga propone las medidas siguientes: simplificación de los procedimientos parlamentarios actuales y limitación de su número a los de codecisión, dictamen conforme y consulta; generalización del derecho de codecisión del Parlamento mediante la extensión de su campo de aplicación a todos los casos en los que se adopte la decisión por mayoría cualificada; así como la supresión de la exigencia de unanimidad en los casos en los que existe la codecisión. Por otra parte, el Gobierno belga considera conveniente examinar con detalle la posibilidad de aplicar el principio de codecisión generalizada al procedimiento presupuestario, con miras a reemplazar la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios.

Por lo que se refiere al papel de los Parlamentos de los Estados miembros, el Gobierno belga constata que los Parlamentos de los Estados miembros ejercen ya de hecho una influencia sobre el proceso decisional y sobre los trabajos de la Unión, en concreto mediante su control sobre los miembros nacionales efectivos del Consejo (ministros), así como mediante la información y la consulta (en Bélgica mediante reuniones comunes organizadas regularmente entre parlamentarios europeos y nacionales en el Comité para los Asuntos Europeos de la Cámara de Representantes, en una fórmula que recomienda igualmente a los restantes Estados miembros). Por otra parte, el Gobierno belga considera que el abandono de soberanía concierne tanto a los Parlamentos como a los Gobiernos de los Estados miembros y no entraña por sí mismo un déficit democrático ni un mal control, y que, en definitiva, una asociación más fuerte de los Parlamentos de los Estados miembros a la actualidad europea es sobre todo una cuestión de organización interna de cada uno de los Estados miembros, más que una cuestión de creación de estructuras suplementarias a nivel europeo. Por otra parte, dicho Gobierno se muestra favorable al refuerzo del control democrático por el Parlamento Europeo, como mejor manera de colmar el déficit democrático.

En relación con la Comisi ó n, Bélgica se declara defensora convencida del papel central de dicha institución, y considera que la generalización del método comunitario que dicho país propone hará mejor, más eficaz y más transparente a la Unión Europea y conferirá un papel de mayor relieve a las instituciones de la Unión, de manera que la Comisión reforzará y ampliará su papel central y crucial en el conjunto de la Unión Europea. En particular, el Gobierno belga da su entero apoyo al pleno ejercicio y a la extensión del derecho de clo-iniciativa de la Comisión en el ámbito del segundo y del tercer pilares.

Por lo que se refiere al Consejo, el Gobierno belga anticipa que se opondrá a todas las propuestas que vayan dirigidas a ampliar las competencias del Consejo en detrimento de las de la Comisión. Según dicho Gobierno, la generalización de la toma de decisiones por mayoría cualificada constituye el mejor método para mejorar el proceso decisional y permitir un funcionamiento más eficaz al conjunto de la Unión. En concreto, el Gobierno belga se muestra partidario de que, en el primer pilar y en los ámbitos conexos de la política social, medioambiental y fiscal, el Consejo tome sus decisiones en principio por mayoría cualificada. La unanimidad debería ser únicamente requerida para la modificación del Tratado, para el régimen lingüístico, y para la adhesión. En cuanto al segundo y al tercer pilares, el Gobierno belga propone que en todos los casos en los que ello sea posible, las decisiones se adopten por mayoría cualificada. Además, Bélgica se opondrá a la perpetuación del acuerdo de Ioannina, dirigido a bajar el umbral de bloqueo de una decisión adoptada por mayoría cualificada.

Por lo que se refiere al Tribunal de Justicia, el Gobierno belga es partidario del reforzamiento del papel del Tribunal, en concreto mediante la supresión de todas las limitaciones que han sido impuestas a su jurisdicción en los nuevos ámbitos de cooperación del Tratado, y en particular por lo que se refiere a la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos internos. En relación con el Tribunal de Cuentas, y con miras a intensificar la lucha contra el fraude, el Gobierno belga se muestra partidario de reforzar el papel del Tribunal de Cuentas, principalmente mediante la atribución de competencia para informar directamente a los Parlamentos nacionales en el caso de fraude nacional respecto de los recursos europeos. Además, anticipa una actitud positiva en relación con cualesquiera iniciativas tendentes a mejorar los instrumentos jurídicos de lucha contra el fraude en la Comunidad, al tiempo que se muestra partidario de intensificar la cooperación entre los Tribunales de Cuentas europeo y nacionales. En relación con el Comit é de las Regiones, el Gobierno belga se muestra partidario de transfomar a dicho Comité en una institución completa dotada del derecho de acudir ante el Tribunal de Justicia. Además, reclama para el Comité de las Regiones una competencia consultiva en relación con el Parlamento Europeo, y se muestra en favor de la consulta obligatoria de dicho Comité de las Regiones en los casos de las políticas comunitarias que, en los distintos Estados miembros, son gestionadas por las comunidades, las regiones o las colectividades locales, y en particular por lo que se refiere a la formación profesional, al medio ambiente y a la ordenación del territorio. Además, considera que es necesario imponer al Consejo y a la Comisión una obligación de motivación en caso de inobservancia de las opiniones emitidas por el Comité de las Regiones. Por lo que se refiere al Comit é Econ ó mico y Social, el Gobierno belga considera que el papel de dicho Comité debe ser mantenido e intensificado.
| Vers le début de la page |

Como aspectos particulares de la colaboración entre las instituciones, el Gobierno belga se refiere en primer lugar a la cuestión de la comitolog í a. De forma implícita, el Gobierno belga parece considerar que si el Consejo está asociado a la ejecución y sobre todo si aquel se reserva la última palabra en el procedimiento de la comitología, el Parlamento debería también estar asociado igualmente a dicho procedimiento. En relación con la jerarqu í a de normas, el Gobierno belga considera que ésta significa en primer lugar la posibilidad de introducir una legislación marco comunitaria completada por normas nacionales. En su opinión, este método presenta la ventaja de que el Parlamento Europeo se puede concentrar sobre lo esencial, mientras que la ejecución es dejada a los Estados miembros.

La nota política del Gobierno belga evoca también la cuestión de la ciudadan í a europea. Al respecto, y además de dar contenido pleno a las actuales disposiciones del Tratado en la materia, el Gobierno belga se declara dispuesto a ampliar el número de los derechos del ciudadano, evocando en particular laadhesión de la Unión Europea a la Convención Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos y a otras convenciones que definen los derechos y libertades fundamentales, incluida la Carta Social, así como la inscripción en el Tratado de una lista de libertades y de derechos fundamentales. Además, se refiere a la posibilidad de ampliar de forma limitada la lista actual de los derechos y obligaciones que figuran en el Tratado, como en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia, y se declara dispuesto a la introducción de un mecanismo que permita imponer sanciones, incluida la suspensión de la calidad de miembro, a aquellos Estados miembros que no cumplan sus obligaciones en materia de libertades democráticas y de derechos humanos.

Con miras a evitar futuros bloqueos, el Gobierno belga se manifiesta también sobre la flexibilidad de la construcción europea. En concreto, se muestra contrario a todas aquellas soluciones que consistan en la organización de una "Europa a la Carta", y a este respecto considera que los bloqueos eventuales deben se superados conforme al sistema establecido por el Tratado. Ello significa que los Estados miembros no podrán avanzar nada más que con el consentimiento de los otros. En consecuencia, el Gobierno considera que durante la Conferencia Intergubernamental los Estados miembros deberán tratar de llegar a acuerdos y modalidades que faciliten una decisión en esta línea. Tras mostrarse contrario a una Europa de núcleo único o múltiples, el Gobierno belga considera que la posibilidad de proceder a una integraci ó n diferenciada merece ser considerada muy seriamente y sobre la base de los principios siguientes: la diferenciación no es un fin en sí misma, sino un último recurso para preservar el progreso de la integración de eventuales bloqueos; debe producir un "efecto de tracción", es decir que las modalidades establecidas deben permitir a todos los Estados miembros unirse al pelotón de cabeza; el ámbito objeto de diferenciación debe ser escogido cuidadosamente y debe de prestarse a la misma; las derogaciones institucionales deben ser limitadas al mínimo; el buen funcionamiento del mercado interior no debe verse comprometido; y la clave de la diferenciación deberá ser puesta en las manos de la Comisión, en cuanto institución independiente y guardiana del interés común, correspondiéndole a la misma proponer los casos y criterios en los que puede justificarse una diferenciación, y correspondiendo al Consejo decidir por voto mayoritario.

La nota del Gobierno belga aborda también la cuestión de la ampliaci ó n como factor de prosperidad y de seguridad en Europa. Tras recordar que las negociaciones de adhesión deben iniciarse tras la finalización de la CIG y que los resultados de ésta deberán ser tomados en consideración durante las negociaciones, el Gobierno belga parte de la base de que la ampliación no puede poner en cuestión ni debilitar las realizaciones de la Unión. Además, tampoco puede hacerse en detrimento de la profundización de ésta. En opinión del Gobierno belga, la CIG deberá preparar el procedimiento decisional con vistas a hacer frente al doble desafío de un número más elevado de miembros y de una mayor diversidad entre éstos. Por lo que se refiere a la preparación de la ampliación, el Gobierno belga considera que los países candidatos deben llevar a cabo ellos mismos esfuerzos propios para prepararse y cumplir así las condiciones de adhesión planteadas en el Consejo Europeo de Copenhague de junio de 1993 en lo que concierne a su organización desde el punto de vista de la democracia y de la economía de mercado. Al mismo tiempo, corresponde también a la Unión Europea preparar la ampliación, y a este respecto el documento propone mecanismos de transición que sean a la vez limitados en el tiempo y que estén vinculados a ciertos criterios. En el plano institucional, y por lo que se refiere al Parlamento Europeo, el documento plantea la cuestión del número de diputados, aunque sin pronunciarse expresamente. Por lo que se refiere a la Comisi ó n, el Gobierno belga se muestra en favor del principio de un comisario por Estado miembro en el actual estadio del proceso de construcción europea, a la vez que rechaza la idea de los denominados comisarios regionales, es decir de un número limitado de comisarios repartidos de manera que cada uno de losgrandes Estados disponga de uno de ellos mientras que algunos otros representen a cada grupo regional de pequeños Estados miembros. En relación con el Consejo, el Gobierno belga considera que la capacidad de toma de decisiones de una Unión ampliada no se podrá salvaguardar nada más que por la ampliación de la toma de decisiones por mayoría cualificada, y ello tanto por lo que se refiere a las materias comunitarias como para la PESC y la cooperación en la justicia y en los asuntos de interior. En relación con el establecimiento de mayorías supercualificadas, el Gobierno belga considera que tales mayorías solo pueden ser aceptadas para la toma de decisiones en aquellos casos en los que la Comisión dispone del derecho de iniciativa no exclusivo, es decir la PESC y la cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos internos. Por el contrario, en todos aquellos casos en los que la Comisión dispone del derecho de iniciativa exclusivo, no hay lugar a elevar la mayoría cualificada a un nivel más elevado que el actual (71% del total de los votos en el seno del Consejo, esto es 62 votos sobre un total de 87). En materia de ponderación de votos en el seno del Consejo, el Gobierno belga considera que en el marco de la ampliación y en tanto ésta sea acompañada de una profundización de la Unión, y en un paquete institucional global, cabría plantearse la posibilidad de la ponderación de votos, por ejemplo mediante una ligera aumentación en beneficio de los grandes Estados miembros. Por lo que se refiere al sistema de Presidencias, el Gobierno belga es partidario de que no se altere el funcionamiento actual de la Presidencia, a la vez que considera que es deseable precisar en el Tratado el papel de la Presidencia con el fin de resaltar su función comunitaria. En relación con el Tribunal de Justicia, Bélgica se declara dispuesta a examinar ciertas fórmulas en la perspectiva del ampliación, y sobre todo se muestra partidaria de que la CIG se concierte con el Tribunal de Justicia sobre la reforma del mismo. Por último, y por lo que se refiere al régimen lingüístico, el Gobierno belga desea que no se altere el régimen lingüístico de las instituciones y los órganos de la Unión incluso en el caso de ampliación de ésta, de manera que en sus relaciones con unas y otros el ciudadano de la Unión pueda siempre utilizar su propia lengua y reciba siempre una respuesta en su misma lengua. En general, las autoridades belgas se pronuncian en favor del mantenimiento del plurilingüísmo en la Unión.


| Vers le début de la page |

Memorándum con vistas a la CIG, de los Gobiernos de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, de 7 de marzo de 1996

Este memorándum fue adoptado el día 7 de marzo de 1996 por los primeros ministros de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, acompañados por sus respectivos ministros de asuntos exteriores, con ocasión de la cumbre de La Haya que tuvo lugar en dicha fecha.

Tras declarar su firme decisión de asegurar la irreversibilidad de los logros ya obtenidos en la integración europea, los tres Gobiernos proponen que dicho proceso de integración se prosiga sobre la base de una cooperación estrecha entre Estados que comparten voluntariamente su soberanía y que a tal efecto han transferido ciertas competencias a las instituciones comunes. En la perspectiva de la ampliación de la Unión, consideran que además de la profundización y la ampliación de ésta, debe de tratarse también de la diferenciación. En consecuencia con ello, los tres Gobiernos someten las propuestas que siguen.

En primer lugar tratan del enfoque general y los objetivos de la Conferencia Intergubernamental. En cuanto a la profundizaci ó n de la Uni ó n, los tres países se muestran partidarios de que la CIG se concentre sobre este tema, que debería también incluir el empleo, de forma que se contribuya a crear un clima de confianza que facilite el paso a la tercera fase de la unión económica y monetaria, que sin embargo no está en el orden del día de la CIG. En la perspectiva de la ampliaci ó n, los tres Estados consideran también necesaria unamayor profundización del proceso de integración europea, por entender que el refuerzo de la Unión constituirá una base más sólida para acoger a los nuevos Estados miembros. En relación con el tema de la diferenciaci ó n, los tres países se muestran dispuestos a aceptar un enfoque diferenciado, siempre y cuando no entrañe la desintegración de la Unión, considerando que una Europa a la Carta es inaceptable. En su opinión, la diferenciación debe responder a los siguientes criterios: ser compatible con los objetivos del Tratado sobre la Unión Europea, compartidos por todos los Estados miembros; constituir una solución de último recurso y prever posibilidades adecuadas para que los países no participantes puedan adherirse en una fase posterior; el acervo comunitario y el buen funcionamiento del mercado interior no deben ser puestos en cuestión; el marco institucional único debe ser conservado; por último, en la aplicación de los criterios y de las modalidades de la diferenciación, la Comisión Europea debe desempeñar un papel central.

El memorándum de los países del Benelux trata como segundo punto de la profundizaci ó n de las pol í ticas de la Uni ó n. En primer lugar, en relación con los derechos fundamentales, el memorándum establece que el Tratado debe prever la posibilidad de sanciones que vayan hasta la suspensión de ciertos derechos vinculados a la condición de miembro. Además, debería inscribirse en el Tratado una referencia explícita a la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del ciudadano europeo, a los derechos sociales fundamentales, a la igualdad entre hombres y mujeres y a la lucha contra el racismo y la xenofobia. En segundo lugar, en relación con la igualdad de lenguas y diversidad de culturas, el memorándum establece que debe ser mantenido el principio de igualdad que se aplica actualmente a todas las lenguas de la Comunidad, y que el desarrollo de las políticas comunes debe respetar y promover la diversidad cultural en el seno de la Unión. En tercer lugar, en relación con la pol í tica comunitaria, el memorándum establece como objetivos prioritarios la realización y el refuerzo del mercado interior, por una parte, y una acción más resuelta en favor del empleo, por otra. Para reforzar el mercado interior, el memorándum propone el desarrollo de ciertas políticas de acompañamiento, y para empezar el establecimiento de un n ú cleo social com ú n para todos los ciudadanos de la Unión, comenzando por la integración del contenido del protocolo social en el Tratado para que tenga aplicación en todos los Estados miembros. Al mismo tiempo, se propone una mejor integración de la pol í tica de medio ambiente en las restantes políticas comunitarias, y asimismo el desarrollo de los elementos que conduzcan a un acercamiento de las disposiciones en materia fiscal. En relación con el empleo, y sin perjuicio de la responsabilidad nacional primaria, el memorándum propone que se explicite en el Tratado el papel complementario que desempeña la Unión Europea en materia de promoción del empleo, introduciendo al efecto nuevas disposiciones en el Tratado relativas al mismo. En particular, se propone que la coordinación entre los Estados miembros y sus políticas en materia de empleo se asegure mediante la formulación de recomendaciones anuales por parte de la Comisión que deberían ser aprobadas por el Consejo, dando especial importancia a las medidas dedicadas a mejorar el funcionamiento del mercado del trabajo y la movilidad, a las medidas en materia de formación, a los obstáculos que frenan el efecto del crecimiento sobre el empleo, a las medidas que influyen sobre el coste del trabajo, y a las medidas dirigidas a facilitar el acceso de personas desfavorecidas al mercado del trabajo. Se pide además que la Comunidad contribuya en mayor medida a las inversiones creadoras de empleo en los Estados miembros, y el establecimiento de un comité para el empleo encargado de seguir las cuestiones relativas al mismo y de formular propuestas al respecto. Por otra parte, se insiste en la conveniencia de incluir el protocolo social en el Tratado de la Unión Europea con miras a conseguir mayor responsabilidad y contribución activa a los interlocutores sociales.
| Vers le début de la page |

Por lo que se refiere a la pol í tica exterior de la Uni ó n, el memorándum se pronuncia en primer lugar en favor de la coherencia de ésta y de la unidad deacción exterior de la Unión, con un marco institucional único. A tal efecto, proponen el refuerzo del papel de la Comisión por lo que se refiere a la representación de la Unión en el exterior, así como la redefinición de las reglas que rigen las actividades y las relaciones entre la Comisión y el Consejo en materia de política exterior. En concreto, el memorándum se pronuncia además en favor del refuerzo de la PESC. Respecto de la formulación de dicha PESC, el memorándum propone: en primer lugar, que la Comisión haga uso pleno del derecho de iniciativa del que ya dispone; en segundo lugar, que se cree una unidad de análisis y de concepción que asocie estrechamente a los Estados miembros y a la Comisión, y eventualmente al Secretariado de la UEO; dicha unidad podría estar dirigida por un alto funcionario a designar por el Consejo de Ministros de acuerdo con la Comisión y debería emitir opiniones dirigidas al Consejo y a la Comisión. Por otra parte, el memorándum propone reforzar la capacidad de los Estados miembros para concertarse en las reuniones del comité político mediante la instauración de un grupo permanente. Por lo que se refiere al proceso de adopción de decisiones en materia PESC, el memorándum pide alternativas a la exigencia de la unanimidad, proponiendo la forma de un "consenso parcial" o de una mayoría cualificada reforzada, la toma de decisiones por mayoría cualificada para ciertos sectores de la PESC que se determinen, y la toma de decisiones por mayoría cualificada para las propuestas que emanen de la Comisión. En cuanto a la ejecución de la PESC, el memorándum propone que la Comisión ejecute las acciones comunes que deben realizarse sobre el terreno o que están estrechamente vinculadas a las actividades del primer pilar, mientras que el Consejo y la Comisión podrían designar representantes especiales encargados de la ejecución de las decisiones especiales de la PESC que informaran al Consejo de dichas misiones. Además, se propone que la Presidencia en cooperación con el Secretariado de la PESC reforzado, ya sea la Comisión o los representantes especiales mencionados, debería poner en práctica las decisiones que requieren esencialmente contactos, tomas de posición, negociaciones diplomáticas y diálogo político. Por último, los Gobiernos del Benelux se muestran partidarios de que la financiación de la PESC por el presupuesto comunitario constituya la regla general teniendo en cuenta la especificidad de dicha política.

Por lo que se refiere al tema específico de la defensa y de las relaciones UEO/Uni ó n Europea, el memorándum de los países del Benelux se pronuncia en favor del desarrollo de una política de defensa de la Unión, y de la integración de la UEO en el segundo pilar de la Unión Europea; dicha integración de la UEO en la UE debería realizarse gradualmente, y a este efecto la CIG de 1996 podría adoptar la decisión de principio y determinar un calendario para la integración completa. En tanto la fusión se produce, los tres países se pronuncian en favor del rápido y del estrecho acercamiento institucional entre ambas organizaciones, de manera que la UEO pueda poner en práctica las decisiones con implicaciones militares adoptadas por el Consejo de la Unión Europea en el ámbito de la PESC. Según los tres países, el segundo pilar del Tratado de Maastricht deberá en lo sucesivo incluir las misiones de Petersberg y la defensa colectiva, aunque dejando claro que la puesta en práctica de esta última continuará encomendada a la Alianza Atlántica con la cual la Unión Europea está llamada a establecer lazos específicos en el ámbito de la defensa. En concreto, los tres países piden además el desarrollo rápido del proyecto de GFIM en el marco de la OTAN como elemento indispensable para realizar las acciones comunes europeas con implicaciones militares. En todo caso, dichos países se muestran partidarios también de que el proceso de adopción de decisiones al respecto prevea que ningún país pueda verse obligado a participar contra su voluntad en una operación militar. Al mismo tiempo, los países que no quieran participar no deben tampoco poder impedir a los otros de hacerlo, ni perjudicar a la solidaridad financiera que exige una acción común. Por último, los tres países se muestran partidarios de reforzar la cooperación europea en el ámbito de la industria de armamento.
| Vers le début de la page |

El memorándum se refiere también a la cooperaci ó n en el á mbito de la justicia y de los asuntos internos. Al respecto, y tras constatar las ventajas que el método comunitario ofrece para la toma de decisiones eficaces en esta materia, por el carácter obligatorio de las mismas y por el control democrático y judicial que de ellas se derivan, el memorándum propone en primer lugar que todos aquellos ámbitos vinculados a la libre circulación y a la política de inmigración, y más particularmente a las cuestiones de asilo y de visado, sean transferidos al primer pilar o pilar comunitario, estableciéndose una serie de objetivos claros y un calendario preciso para poder realizarlos. En cambio, para cierto número de cuestiones, y en concreto en materia penal y policial, como la lucha contra la criminalidad y el tráfico de drogas, el memorándum entiende que el tercer pilar ofrece provisionalmente un marco de cooperación, y propone una serie de mejoras para hacer dicha cooperación más eficaz. En primer lugar, por lo que se refiere a la preparación de las decisiones, el memorándum sugiere que el Consejo y la Comisión se pongan de acuerdo sobre los programas de trabajo plurianuales y quién debe someter propuestas y en qué momento; que la Comisión disponga de un "co-derecho" de iniciativa para todos los ámbitos del tercer pilar; que el Parlamento Europeo disponga del derecho de consulta para cualquier propuesta de carácter legislativo; y que los Parlamentos nacionales sean implicados en tiempo útil antes de la toma de decisión en el seno del Consejo. En segundo lugar, en relación con la toma de decisiones, el memorándum sugiere la conveniencia de retomar la idea de la directiva tal y como existe en el primer pilar, como modo de conferir a las decisiones adoptadas un carácter obligatorio en los casos necesarios, y propone también que se examine en qué ámbitos las decisiones podrían ser adoptadas por mayoría cualificada o según una variante de "consenso-menos". En tercer lugar, respecto de la puesta en práctica, y dado que por la propia naturaleza de la cooperación tal puesta en práctica corresponde a los Estados miembros, los países del Benelux sugieren que se asegure la uniformidad en la interpretación de las reglas mediante la atribución de competencias al respecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, competencia análoga al procedimiento prejudicial previsto en el Tratado de la Unión Europea. Por último, en relación con el acuerdo de Schengen, los países del Benelux son partidarios de que la cooperación en el marco de dicho acuerdo se incorpore al Tratado sobre la Unión Europea.

La tercera parte del memorándum trata de las cuestiones institucionales. Tras mostrarse partidarios de reforzar la eficacia del proceso decisional y de gestión de la Unión, los países del Benelux se refieren en primer lugar a la cuestión de la subsidiariedad y de la transparencia. En relación con la primera, solicitan una aplicación reforzada del principio de subsidiariedad, que no debería sin embargo desembocar en el desmantelamiento del acervo comunitario, sino servir para establecer claramente cuándo y por qué es necesaria una acción de la Unión. Además, se declaran favorables a una mejor asociación de los Parlamentos nacionales a los asuntos de la Unión, dejando a cada Estado miembro aplicar dicho principio de conformidad con sus propias prácticas constitucionales. En materia de transparencia, los tres países proponen reforzar el derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información; una mayor publicidad de las deliberaciones del Consejo cuando actúe a título de legislador; la simplificaci ó n de los Tratados a fin de que sean legibles; y la mejora de la calidad de la legislación comunitaria. Respecto de la Comisi ó n Europea, los tres países se pronuncian en favor de la consolidación del papel de la Comisión y del refuerzo de sus competencias, por considerarlo el órgano motor de la Unión. En concreto, considera que la Comisión debe guardar su derecho de iniciativa exclusivo en el ámbito del primer pilar y obtener mayores prerrogativas en materia de ejecución. Asimismo, la Comisión debe disponer de un mayor papel en el ámbito del segundo y del tercer pilares. Ello implica una mayor responsabilidad política de la Comisión y de sus miembros ante el Parlamento Europeo, y además los tres países consideran igualmente deseable reforzar su responsabilidad presupuestaria, en particular mediante la mejora dela posición del Tribunal de Cuentas Europeo. Los tres países se manifiestan en favor de que la Comisión incluya un miembro nacional por país. En relación con el Parlamento Europeo, los tres países se pronuncian en favor de la extensión del campo de aplicación del procedimiento de codecisión a la mayor parte de los ámbitos de carácter legislativo que se rijan por el principio de mayoría cualificada. Además, se muestran en favor de la simplificación del procedimiento de codecisión en la medida de lo posible, y en la limitación del número de procedimientos a tres: dictamen, dictamen conforme y codecisión. En el ámbito del segundo y del tercer pilares, el Parlamento Europeo debe poder participar más estrechamente en el proceso de toma de decisiones sobre la base de una información adecuada que sea facilitada en tiempo útil por la Comisión y el Consejo. Por último, consideran que debe acrecentarse la responsabilidad de los Comisarios ante el Parlamento Europeo. Respecto del Consejo, los tres países se pronuncian en favor de la mejora de la eficacia y del método de trabajo del Consejo, y piden al respecto la ampliación del recurso a la mayoría cualificada. En su opinión, en una Unión ampliada la mayoría cualificada debería continuar estando mantenida en torno al 70% de los votos, y sugieren que podría utilizarse un criterio democrático para verificar que la mayoría cualificada corresponde a la mayoría de la población de la Unión. Por otra parte, los tres países se pronuncian en favor de la mejora del funcionamiento del sistema actual de rotación de la Presidencia a fin de aumentar la continuidad de la misma. Por lo que se refiere al Tribunal de Justicia, los tres países se pronuncian en favor de que no se reduzcan las competencias de dicho Tribunal, sino que al contrario, se amplíen al ámbito de la cooperación en los asuntos de justicia e interior. Por último, en relación con el Tribunal de Cuentas, los tres países son partidarios de que, en el marco de la lucha contra el fraude y de la defensa de los intereses financieros de la Comunidad, se refuerce el papel del Tribunal de Cuentas en colaboración con los tribunales de cuentas nacionales.

| Vers le début de la page |


Parlamento Europeo, última revisión: 18 September 1996
URL : http://../igc/es/pos-be.htm