LIBRO BLANCO SOBRE LA CONFERENCIA
INTERGUBERNAMENTAL DE 1996
VOLUME II


GRECIA

Documento: "Hacia una Europa de los ciudadanos, democracia y desarrollo". Memorándum para la CIG 1996, de enero de 1995

En enero de 1995 el Gobierno griego presentó un primer documento que contiene una primera toma de posición sobre la Conferencia Intergubernamental de 1996.

El documento justifica la revisión del Tratado de Maastricht por la necesidad de resolver tres desafíos: la reforma democrática de las instituciones europeas, el aumento de legitimidad democrática en la toma de las decisiones comunitarias y la futura ampliación a nuevos Estados.

Según el documento, Atenas cree en una Europa de los ciudadanos, y por lo mismo se declara contraria a cualquier idea de Europa a dos o tres velocidades. El documento precisa que Grecia no aceptará propuestas contrarias al principio de mismos derechos y deberes para los pueblos europeos, sobre todo si estas propuestas se refieren a criterios económicos. En su opinión, sería inadmisible permitir la adhesión de otros Estados para después relegarlos a posiciones secundarias.

Según el documento, la Unión Europea debe desarrollarse conforme a los principios de legalidad, del respeto de los derechos humanos, de la solidaridad, de la subsidiariedad, del respeto de la identidad nacional de los Estados miembros y de la cohesión. Todos estos son, según el Gobierno griego, tanto objetivos como condiciones para el buen funcionamiento de la Unión Europea: además hace falta mayor transparencia en los procesos de toma de decisiones y de puesta en práctica de las mismas.

En lo relativo a las reformas institucionales, con espíritu federalista, Grecia desea que el papel de la Comisión aumente con respecto al del Consejo. Además, para un mejor control democrático, el Gobierno griego propone más poderes para el Comité de las Regiones, el CES y el "ombudsman", añadiendo que, si es necesario, se podría tomar en consideración la creación de nuevas instituciones comunitarias. En cuanto a las actuales propone concretamente:

Comisión:
Dado que el aumento del número de comisarios provocará menor facilidad para el trabajo, la propuesta griega es de tener un sólo comisario por Estado. El hecho de tener dos comisarios significa favorecer a los grandes Estados dentro de un organismo que no debe tener vínculos con los Gobiernos nacionales.
Parlamento:
El documento propone un aumento de competencias, y en concreto, más poder político para controlar la Comisión y las otras instituciones.
COREPER:
El documento demanda una cooperación más estrecha con la Comisión.
Consejo:
Su actividad debería ser ampliada sólo en el caso de la creación de nuevas políticas. El documento establece que Grecia no aceptará un modelo de Consejo similar a la ONU, con pocos miembros permanentes y los pequeños países alternándose. Por ello, la reforma del Consejo no podrá permitir que un grupo de Estados (sean grandes o pequeños) decida por los demás. Según el documento, el Gobierno griego no aprecia el actual voto por mayoría cualificada, y propone que se tome ejemplo de los Estados federales como los Estados Unidos. Además, se muestra en favor del "veto" como válvula de seguridad frente a los "opting-outs" en el caso de decisiones importantes.
Tribunal de Justicia:
El documento exige el reconocimiento de un mayor papel.

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En materia de pol í tica exterior y de seguridad com ú n, el documento establece que Grecia mantiene la idea de que, a fin de obtener una PESC eficaz, el segundo "pilar" tendría que ser acercado al primero en el marco de un sustancial desarrollo democrático de la Unión Europea, proponiendo que se definan los intereses y los beneficios comunes fundamentales ligados a la acción conjunta por parte de los miembros, y que se definan criterios y objetivos de cooperación con las demás organizaciones internacionales (OTAN), en los sectores y áreas geográficas de competencia comunes. En cuanto a los objetivos y la estructura institucional de la PESC, según el documento, es necesario especificar los objetivos incluyendo la protección del territorio de la Unión Europea: esto se puede hacer definiendo las fronteras con precisión. Según Atenas, hoy la seguridad no es sólo un problema militar sino también económico y político: la Unión Europea tiene que garantizar esta seguridad "pluridimensional". Por estas razones, los nuevos Estados que adherirán a la Unión europea tendrán que respetar los derechos humanos dentro de un marco constitucional democrático y de libre competencia.

En materia institucional, el documento propone que la Comisión ejerza un mayor papel de planificación y que, bajo el control económico y político del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión serían encargados de promover las medidas comunitarias, con el sucesivo control del Consejo de Ministros. En el marco de esta reforma de la PESC, la unanimidad será esencial para decidir las líneas directrices y las acciones comunes, tomando en consideración los intereses vitales de los miembros. En materia de pol í tica de defensa com ú n, el documento estima que, dado que en 1998 expira el Tratado de Bruselas (UEO), la política de defensa común será más necesaria que nunca. Por otra parte, dado que los principios que deben ser observados en este sector nunca deberían olvidar que la seguridad de la Unión es la seguridad de sus miembros, Grecia sostiene que las negociaciones sobre la creación de la PESC y de la política de defensa común, tendrán que hacerse entre los miembros de la Unión Europea y no entre los de la UEO.

En lo relativo al tercer "pilar", por lo que concierne a los artículos K.1 y K.3 del Tratado de Maastricht, se pide al Consejo que se explique con mayor claridad, y en cuanto a los problemas de la emigración y del asilo, se piden políticas más específicas. El Parlamento Europeo debería poder ejercer un control mayor en este ámbito, y con referencia al artículo K.7, se trataría de evitar divergencias entre las políticas y las decisiones judiciales.

El documento explica también la posici ó n griega frente a la UEM. En cuanto al pase a la tercera fase, el documento establece que, hasta la fecha, cada Estado miembro ha tratado de cumplir con las prescripciones de Maastricht, y que paraGrecia, no puede existir la posibilidad de que solamente algunos Estados miembros participen, en un principio, en esta 3ª fase (todos o ninguno). Ahora bien, a fin de permitir la evolución positiva de la UEM, los miembros deben poner en práctica políticas económicas paralelas para alcanzar el desarrollo socio-económico ideal, siempre en el marco de una óptica federalista. En cuanto a la ampliaci ó n de la UEM, el documento establece que los futuros Estados miembros no alcanzarán ciertamente el mismo nivel antes de muchos años, por lo que, sin que sea necesario introducir criterios más rígidos, Grecia subraya que hace falta distinguir claramente entre miembros actuales y futuros miembros. Por otro lado, recordando su voluntad de entrar en la tercera fase en 1999, Grecia desea, para que ningún miembro sea excluido, que los criterios sean reformados con respecto a inflación, tasas de interés y déficit del sector público.

En cuanto al presupuesto comunitario y el desarrollo, el Gobierno griego subraya la necesidad de un acuerdo sobre la transferencia de fondos a las áreas menos desarrolladas, sobre todo después del comienzo de la tercera fase de la UEM. En ese momento habrá que examinar el montante del presupuesto y los criterios de repartición de los fondos tomando en consideración la nueva situación producida tras la entrada de los nuevos miembros, y también habrá que reducir las disparidades regionales. A este respecto, el documento demanda que los fondos estructurales, la BEI y el fondo de cohesión se dediquen principalmente a promover el desarrollo y la concesión de ayudas a las regiones menos favorecidas. Grecia recuerda que, en el caso de nuevos miembros de Europa Central, la lógica de la política estructural cambiará, y ello llevará consigo una ampliación presupuestaria.

En materia de empleo, el documento establece que, en el marco de la política social europea, Maastricht puso la base para nuevas políticas de innovación tecnológica y empleo: el empleo tendrá que ser examinado como fenómeno macroeconómico más integrado a nivel europeo.

Por último, en materia de pol í ticas comunes, el Gobierno griego subraya que en este sector hace falta: reforzar y modificar las políticas económicas existentes; realizar nuevas políticas; y cambiar los métodos de toma de decisión.

En materia de pol í tica, la propuesta griega consiste en reforzar la protección de los derechos de los trabajadores; promover la igualdad hombre-mujer, así como normas específicas en el sector laboral a tiempo parcial y para las mujeres embarazadas; en la búsqueda de un modelo que respete las distintas políticas nacionales de educación, e integre la formación profesional y el ámbito social. En materia de salud, el Gobierno griego pide mayor atención, no sólo en la prevención, sino también en el tratamiento (SIDA, drogas, tumores, etc.). Por lo que respecta a la protecci ó n de los consumidores, se necesita mayor cooperación entre los distintos niveles. Según Grecia, hay que esforzarse para activar una pol í tica industrial propia de la Unión Europea, capaz de hacer frente a los nuevos desafíos del mercado mundial. En particular, según el documento, es preciso que la Unión Europea y sus miembros desempeñen un papel importante en el desarrollo de la llamada sociedad de la informaci ó n, con el fin de mejorar la competencia en el sector y también la calidad de la vida. Además, Grecia pide la institucionalización de la nueva pol í tica energ é tica, para mejorar el diálogo con las demás regiones del mundo (Asia sobre todo), así como una política de intervención a nivel comunitario para garantizar una reacción frente a los desastres naturales, y una política de descentralización del poder. Por último, según Atenas, la unanimidad en el sector de las políticas comunes significa paralizar las políticas mismas: por ello se propone adoptar una mayoría cualificada en los sectores de derechos de los trabajadores, cultura y medio ambiente.
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Conclusiones del comité interministerial del Gobierno griego de 7 de junio de 1995

Recientemente, el 7 de junio de 1995, el comit é interministerial que se creó por decisión del Primer Ministro para elaborar la posición griega con vistas a la Conferencia Intergubernamental de 1996, aprobó sus conclusiones que, a continuación, fueron presentadas al Primer Ministro.

El representante griego en el Grupo de Reflexión se ajustará al marco de las instrucciones acordadas por el comité interministerial.

De conformidad con dichas conclusiones, las posiciones griegas se orientan actualmente hacia las direcciones siguientes:

a) La prioridad b á sica es la cohesi ó n social, econ ó mica y pol í tica del edificio europeo. Los lazos que garantizan la cohesión en el seno de la Unión Europea deben seguir reforzándose y no aflojarse. El principio de la solidaridad comunitaria debe prevalecer a todos los niveles:

b) A nivel institucional, la posición fundamental griega es la de una participaci ó n igual de todos los Estados miembros en las instituciones de la Uni ó n Europea. Grecia rechaza la noci ó n de una Europa a distintas velocidades. En el marco actual, la participación igual no excluye un funcionamiento más eficaz de las instituciones de la Unión. A este nivel, también es evidente que la Conferencia Intergubernamental funcionará, por definición, sobre la base del principio de la unanimidad (consenso).

c) A largo plazo, el fortalecimiento de la PESC es una condición indispensable para la existencia y la supervivencia europeas. En este contexto, cuando los temas que est á n en juego se refieran a intereses nacionales vitales de los Estados miembros, no puede abandonarse la norma de la unanimidad (consenso).

El fomento de una identidad de defensa europea y la conformación gradual de una política común de defensa a través de los procedimientos de la PESC es una opción que, caso de ser aceptada, posiblemente podría resolver el problema de la diversidad de organizaciones, en lo que respecta, en particular, a las relaciones entre la UE y la UEO, a condición de que los temas cruciales, como la salvaguardia de las fronteras exteriores y de la asistencia mutua entre los Estados miembros puedan gestionarse de una manera más eficaz.

d) La ampliaci ó n - aprobada por el Consejo Europeo - no deber í a constituir un pretexto para invertir las condiciones econ ó micas y sociales que constituyen la base del presente equilibrio en el seno de la Uni ó n Europea.

Es necesario que la ampliación vaya asociada al tema de los recursos propios, en el caso de aquellos países cuya adhesión vaya a crear una presión excesiva en el presupuesto y en los Fondos comunitarios. En este contexto, la ampliación con la adhesión de Chipre y Malta es un objetivo prioritario de la política exterior griega, una decisión ya adoptada por el Consejo Europeo y el Consejo de Ministros.

e) No hay ninguna duda acerca de la necesidad de reforzar el carácter democrático y el Estado de derecho en la Unión Europea. Este proceso se basará, por una parte, en un mayor papel del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales - en términos de los procedimientos internos relacionados con la Unión Europea de cada Estado - y, por otra, en las perspectivas institucionales de cooperaci ó n en el á mbito de los asuntos de interior y de justicia. Dentro de este marco, la "comunitarizaci ó n" de los procedimientos podr í a muy bien constituir la respuesta a las cuestiones relativas a la salvaguardia del Estado de derecho y a la protección de los derechos humanos; por otro lado, la selecci ó n de normas similares a las que se aplican a la PESC podr í a dar respuesta a determinados temas que podr í an afectar a intereses nacionales vitales.

f) Un objetivo básico de un país como Grecia es la salvaguardia y el fortalecimiento de la identidad cultural de Europa, mediante la salvaguardia y el refuerzo de la identidad cultural y lingüística de cada Estado miembro.
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g) La Uni ó n Econ ó mica y Monetaria parece apoyar hasta ahora únicamente una forma específica de convergencia -la nominal-, algo que no garantiza las perspectivas y el ritmo de la integración europea. En consecuencia, con independencia de cualquier cambio de criterios acerca de la convergencia nominal, Europa debe hacer frente al problema de la convergencia real y de la cohesi ó n econ ó mica y social entre los Estados miembros.

La integración europea necesita estabilidad y credibilidad. En otras palabras, necesita legitimidad social y política. En este contexto -y siempre teniendo en cuenta el problema de la asignación de los recursos-Grecia considera que deber í an desarrollarse pol í ticas comunes en nuevos sectores como el turismo y la energ í a.

Memorándum del Gobierno griego de 24 de enero de 1996 sobre la Conferencia Intergubernamental: posiciones y reflexiones de Grecia

Ya bajo la Presidencia del nuevo Primer Ministro griego Costas SIMITIS, dicho país presentó un nuevo memorándum sobre la CIG el 24 de enero de 1996.

El documento trata en primer lugar del primer pilar o pilar comunitario. Para empezar, se refiere al Parlamento Europeo, en relación con el cual propone dos tipos de medidas. Por un lado, el fortalecimiento de su papel en el ámbito legislativo mediante la extensión de sus competencias en ciertas áreas del segundo y del tercer pilares, y el refuerzo de su poder de control sobre los órganos ejecutivos. Por otro lado, la extensión del procedimiento de codecisión a todos los actos legislativos para cuya adopción se requiere la mayoría absoluta, aunque con algunas excepciones. Además, el Gobierno griego pide la simplificación de dicho procedimiento de codecisión, a la vez que se declara dispuesto a aceptar el techo máximo de 700 miembros para el Parlamento Europeo siempre y cuando no se ponga en peligro la representación de los Estados más pequeños. En relación con la Comisi ó n Europea, el Gobierno griego considera que en ningún caso se puede poner en cuestión el mantenimiento de las competencias de dicha institución, su autonomía y su derecho exclusivo de iniciativa. En relación con la cuestión del número de comisarios, Grecia se muestra partidaria definitivamente de que cada Estado miembro nombre a un comisario. Cualquier otra fórmula es abiertamente rechazada por el Gobierno griego. Por otra parte, en opinión de éste, la Comisión tiene que continuar adoptando sus decisiones sobre la base del principio de unanimidad, de forma que no se establezcan diferencias entre los votos provenientes de los países más grandes o más pequeños. Por último, Grecia es favorable a la extensión de las competencias de la Comisiónpor lo que se refiere en particular al segundo y al tercer pilares, en combinación con el refuerzo de los poderes de control del Parlamento Europeo. Por lo que se refiere al Consejo de la Uni ó n, Grecia considera que la posibilidad de extender la aplicación del principio de mayoría cualificada en la toma de decisiones en ciertos campos del primer pilar, es una opción posible que dicho país no rechaza a priori, siempre y cuando vaya acompañada por el principio de la codecisión del Parlamento Europeo. En todo caso, para ciertas áreas sensibles entre las que se citan las cuestiones constitucionales y la adhesión o asociación de nuevos miembros, Grecia se muestra partidaria del mantenimiento del principio de unanimidad. Por lo que se refiere al sistema de ponderación de votos, Grecia rechaza en principio la posibilidad de que los votos atribuidos a los distintos Estados miembros sean redistribuidos, aunque acepta la posibilidad de que se lleven a cabo ciertas adaptaciones prácticas que aseguren el equilibrio entre los Estados más grandes y los más pequeños. Por otro lado, el Gobierno griego se muestra contrario a la aplicación del criterio de la población por entender que son los Estados y no las poblaciones las que están representadas en el Consejo de la Unión; en su opinión, las poblaciones en cuanto tal ya están representadas en el Parlamento Europeo, y la formación de una mayoría no puede ser el resultado de una simple operación aritmética que ignore la identidad nacional y cultural de los distintos pueblos de Europa. Respecto del tema de la Presidencia del Consejo, Grecia se muestra partidaria de que se mantenga el sistema actual de Presidencias semestrales. Aunque se rechaza la idea de una Presidencia colectiva por uno o varios años por razones de eficacia y cohesión, el Gobierno griego se muestra sin embargo dispuesto a aceptar aquellas adaptaciones que no alteren el equilibrio institucional ni la igualdad de los distintos Estados miembros. En cuanto al Consejo Europeo, Grecia considera que éste debe retener su actual papel político y sus actuales competencias que van en la línea de la definición de las directrices políticas generales de la Unión pero sin interferir con las cuestiones cuya solución práctica corresponde a los órganos competentes de la Comunidad. Respecto de los Parlamentos nacionales, Grecia se muestra partidaria de la intensificación de la participación de los Parlamentos nacionales en el proceso de integración europea, principalmente mediante la ampliación de sus contactos con el Parlamento Europeo, en algunas de cuyas reuniones podrían participar parlamentarios nacionales. Además, Grecia propone la visita, cuando sea necesario, de los comisarios a los Parlamentos nacionales, así como el refuerzo de las "assises".


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Al tratar de la uni ó n econ ó mica y monetaria, Grecia subraya la necesidad de reequilibrar los aspectos monetarios y socioeconómicos de la misma (art. 104 y 2 del Tratado), a fin de garantizar la cohesión social entre los distintos Estados miembros. Por ello, Grecia apoya la introducción de un título especial en el Tratado revisado en relación con el tema del empleo. Por otra parte, el memorándum se refiere también a las consecuencias presupuestarias de la ampliaci ó n, considerando indispensable el tratamiento paralelo de las cuestiones relativas a la CIG y los aspectos presupuestarios de la ampliación y el principio de la suficiencia de recursos. En efecto, cuestiones importantes como las políticas estructurales, el sistema de recursos propios y la política agrícola común, no deberían ser olvidadas a la hora de acometer las necesarias reformas que se imponen para hacer frente a las futuras adhesiones de nuevos Estados miembros. El documento griego trata también de las pol í ticas comunitarias, de entre las cuales Grecia otorga una gran importancia al medio ambiente, a la sanidad y a la cultura. Respecto de las nuevas políticas, Grecia se muestra partidaria sin reservas de la institucionalización de los aspectos del turismo, la energ í a y la protecci ó n civil conforme a la declaración del Tratado de Maastricht. En concreto, en materia de protecci ó n civil, Grecia propone el establecimiento de un mecanismo de intervención inmediata para hacer frente a los desastres naturales. Al mismo tiempo, Grecia solicita disposiciones comunitarias específicas que faciliten el desarrollo económico y social de lasregiones insulares en Europa. Otro de los temas tratados en el memorándum griego es el de la ciudadan í a y la Uni ó n. En este sentido, Grecia solicita el fortalecimiento del concepto de ciudadanía, la eliminación de cualquier clase de discriminaciones, una mejor y más eficiente protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y la transformación de la Unión en un espacio de libertad y de seguridad interna. Grecia es partidaria de la introducción en el Tratado de la Carta Social de 1989 y la adhesión de la Unión al Convenio de Derechos Humanos del Consejo de Europa. En el caso de que ello no fuera posible, dicho país pide la incorporación al Tratado de una lista de derechos y libertades fundamentales. Por último, en relación con el tema de la flexibilidad, Grecia se muestra contraria a toda forma de integraci ó n diferenciada que desestabilice la unidad actual existente y la igualdad de los distintos Estados miembros. Dicho país admite la posibilidad de disposiciones transitorias en favor de los países que en un momento dado no estén en condiciones de aplicar las políticas comunitarias, pero nunca el concepto de integración diferenciada.

El memorándum griego trata también de la pol í tica exterior y de seguridad com ú n (PESC). Para Grecia el fortalecimiento de la misma y la formación de una política de defensa común constituye una tarea primordial para la Unión que debe estar basada en los principios de democracia, solidaridad y respeto de los derechos humanos. Para Grecia, la ineficacia de la PESC actual se debe a la falta de voluntad política y al actual sistema de pilares, y por ello mismo, dicho país sugiere la incorporación de la PESC dentro del primer pilar, es decir comunitarizarla. En materia de procedimiento de adopci ó n de decisiones, Grecia considera que la extensión del voto por mayoría cualificada debe depender de la forma que se dé al segundo pilar. En todo caso, considera necesario el mantenimiento de la unanimidad para la adopción de decisiones que afecten a intereses nacionales vitales, incluidos los de defensa. En relación con los objetivos de la PESC, Grecia pide que se amplíen los mismos incluyendo una garantía clara de protección de las fronteras exteriores de la Unión y de las de los distintos Estados miembros, así como una cláusula de asistencia mutua. En cuanto a la representaci ó n de la PESC, el Gobierno griego considera que tales funciones podrían ser asumidas por el Secretario General del Consejo. Por el contrario, Grecia acepta totalmente la creación de un grupo de planificaci ó n y an á lisis integrado por representantes de los Estados miembros, del Consejo y de la Comisión, integrado en el Secretariado General del Consejo. En materia de financiaci ó n, Grecia es partidaria de unificar en el presupuesto comunitario todos los gastos destinados a las relaciones exteriores de la Unión, como mejor forma de garantizar el control presupuestario de los gastos derivados de la PESC de manera transparente y democrática. En relación con la defensa, el principal objetivo de Grecia es el desarrollo de una identidad de defensa de la Unión y la formación gradual de una polêtica de defensa Común. Grecia es partidaria de la gradual absorción de la UEO por la Unión Europea, y en tanto dicha absorción se produce dicho país se declara favorable a la elaboración de un protocolo jurídica o políticamente vinculante mediante el cual la UEO asuma la obligación de poner en práctica las decisiones en materia de defensa que le confíe la Unión Europea. La UEO en cuanto tal debe cubrir especialmente el ámbito de la seguridad, mientras que lo relativo a la defensa propiamente dicha deberá todavía en un futuro próximo seguir siendo responsabilidad de la OTAN. En todo caso, dicho país sugiere la inclusión de las denominadas "tareas de Petersberg" en el Tratado.

Por último, el memorándum del Gobierno griego trata de la cooperaci ó n en los asuntos de justicia y de interior o tercer pilar. Al respecto, el Gobierno griego se muestra favorable a la comunitarización de ciertos aspectos de dicho tercer pilar y a su acercamiento al pilar comunitario en la mayor medida posible. En concreto, Grecia es partidaria de que el derecho de iniciativa de la Comisión se extienda también a dicho tercer pilar y que se incremente elpapel del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia en el ámbito del mismo. De no ser posible la comunitarización total del mismo, Grecia considera imprescindible una comunitarización parcial de dicho tercer pilar. Por lo que se refiere al proceso de adopción de decisiones en este ámbito, tras denunciar que el principio de unanimidad ha estado en la base de la ineficacia en dicho terreno, Grecia pide la aplicación del principio de mayoría cualificada en ciertos ámbitos como el de la lucha contra la droga, al tiempo que reconoce que la unanimidad debe continuar siendo aplicada en otras áreas más cercanas a la soberanía nacional.

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Parlamento Europeo, última revisión: 18 September 1996
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