LIBRO BLANCO SOBRE LA CONFERENCIA
INTERGUBERNAMENTAL DE 1996
VOLUME II


REINO UNIDO

Memorándum del Gobierno del Reino Unido de 2 de marzo de 1995 sobre el tratamiento de las cuestiones relativas a la seguridad europea con ocasión de la Conferencia Intergubernamental de 1996

En este primer documento oficial en relación con la CIG, el Reino Unido se pronuncia ya sobre la perspectiva británica sobre Europa, sobre la situación actual de la política de defensa europea, así como sobre los ajustes institucionales y en materia de defensa necesarios, en el ámbito de la PESC o segundo pilar. En el documento, el Reino Unido declara el carácter irrevocable de su pertenencia a la Unión Europea, así como su intención de jugar un papel de primera fila en el desarrollo futuro de ésta. El memorándum establece que la posición del Reino Unido en lo relativo a la defensa europea con ocasión de la CIG, se basará en cinco elementos clave:

A partir de estos elementos claves, las propuestas del Reino Unido se refieren básicamente a los ámbitos siguientes:

En primer lugar, la adopci ó n de una valoraci ó n realista de las tareas que los europeos pueden y deben acometer. Ahora bien, éstas no deben incluir la defensa territorial, que es un prerrogativa de la OTAN. En este sentido, ninguna propuesta debería perjudicar a la capacidad de la OTAN para llevar a cabo operaciones militares a pequeña escala, para las cuales debe continuar adaptándose.

En segundo lugar, el desarrollo de los acuerdos pr á cticos necesarios que permitan organizar, montar y controlar acciones militares europeas. Las propuestas británicas al respecto son las siguientes:


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En tercer lugar, el documento se pronuncia en favor del establecimiento de un mecanismo de toma de decisiones m á s claro y eficiente. A este respecto, las ideas básicas expresadas en el memorándum son las siguientes:

En definitiva, dicho memorándum pone de manifiesto el punto de vista británico de que no son necesarias nuevas instituciones, y de que el debate debe centrarse en realidades militares y no en abstracciones institucionales; en el deseo británico de que la UEO no se fusione con la Uni ó n Europea, por considerar que tanto la pertenencia a una y otra, como el estatuto de los Estados individuales que forman parte de ambas, es distinto. Se trata por tanto, de que tanto la UEO como la OTAN continúen actuando de forma intergubernamental, y de que sea la UEO, y no la Uni ó n Europea la que constituya la base para la cooperaci ó n en materia de defensa europea. En concreto, las tareas que podrían depender de la cooperación europea en materia de defensa, según el documento británico, serían básicamente las de gesti ó n de crisis, aplicaci ó n de sanciones y embargos, y las misiones humanitarias, generalmente en apoyo de las Naciones Unidas o de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa.

Libro Blanco del Reino Unido sobre la CIG de 12 de marzo de 1996: "Una Asociación de Naciones"

El presente memorándum, muy didáctico, contiene los primeros puntos de vista expresados por el Reino Unido en relación con la CIG, y fue presentado al Parlamento de dicho país por el Gobierno el 12 de marzo de 1996. A título de introducci ó n, el documento destaca que el papel del Reino Unido como uno de los líderes de la Unión Europea es vital para los intereses nacionales del país. El Reino Unido considera que la Unión Europea es sin embargo algo más que una zona de libre comercio, considerándola como base de consolidación democrática y de prosperidad a lo largo de toda Europa, y como elemento de superación de las divisiones históricas que han desgarrado el continente durante la guerra fría, contribuyendo a cimentar la paz. Al mismo tiempo, la ampliaci ó n se configura como una responsabilidad histórica para Europa y un interés a largo plazo del Reino Unido. Tras referirse al período de incertidumbre y de duda que en el momento actual afecta a la Unión Europea, el Gobierno británico rechaza toda tentativa de avanzar hacia una uni ó n pol í tica que culmine en la transferencia inexorable de competencias en favor de instituciones supranacionales, en la erosión de los Parlamentos nacionales, y en el desarrollo gradual de una especie de Estados Unidos de Europa. El Gobierno del Reino Unido rechaza expresamente esta concepción del futuro de Europa, mostrándose determinado a salvaguardar los poderes y las responsabilidades de los Estados nación que son los firmantes del Tratado. Por lo mismo, el Reino Unido considera que los Parlamentos nacionales deben continuar constituyendo el elemento central de la legitimidad democrática. A continuación, el documento se refiere al enfoque brit á nico sobre la CIG, mostrándose dispuesto a contribuir al éxito de una Conferencia que culmine en una Unión Europea concebida como una Unión de naciones que cooperan juntas conforme a acuerdos libremente concertados y aprobados por los Parlamentos nacionales de cada Estado miembro. En todo momento, además, la posición del Gobierno del Reino Unido se basará en el análisis detallado de los intereses británicos. Al tratar de la flexibilidad, el Gobierno aborda la cuestión de la integración diferenciada afirmando que la Unión Europea necesita aceptar un cierto grado de flexibilidad, o una especie de "geometría variable", sin caer en la trampa de una Europa a dos velocidades basada sobre la idea de un núcleo duro integrado por ciertos Estados o por ciertas políticas. Aunque el Reino Unido considera comprensible que en ciertas áreas algunos Estados se integren más profunda o más rápidamente que otros, considera también que tales políticas sólo se transforman en políticas de la Unión cuando son concertadas por todos los Estados miembros. Por otra parte, ningún Estado miembros debería ser excluido de una área determinada en la que quiera participar y en la que esté calificado para hacerlo, es decir, las políticas de la Unión Europea deben estar abiertas a todos sus Estados miembros.
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Tras destacar los retos a los que se enfrentará la Unión Europea en los próximos años, el documento se refiere al alcance de la Conferencia como un paso preliminar importante para hacer frente a algunos de tales desafíos y para preparar la Unión para la próxima ampliación. Más que en la necesidad de introducir modificaciones sustanciales en el Tratado, el Gobierno británico insiste en que lo más adecuado es desarrollar mejores políticas para lograr lo que ya se contiene en las disposiciones actuales del mismo. Como ejemplo, se cita el caso de la pol í tica agr í cola com ú n, para la cual se insiste en la necesidad de una mayor liberalización. Además, el Gobierno británico consideraque las revisiones del Tratado deben ser adoptadas por todos, por lo que propone un enfoque pragmático y realista durante las negociaciones. Tras recordar la mecánica procedimental de la CIG establecida en el Tratado y en las sucesivas decisiones del Consejo Europeo, el documento del Reino Unido contiene una detallada lista de los temas principales que dicho Gobierno espera constituyan la Agenda de la CIG: el proceso legislativo; el voto por mayoría cualificada; el sistema de la Presidencia; las nuevas políticas comunitarias; el número de comisarios; el papel de los Parlamentos nacionales; las competencias y procedimientos del Parlamento Europeo; el Tribunal de Justicia; un examen general de la PESC; las cuestiones relativas a la defensa; las cuestiones relativas al tercer pilar; la ciudadanía europea, los derechos humanos y la no discriminación; el empleo y el Protocolo Social; la apertura y la transparencia; el fraude y la gestión financiera; las disposiciones presupuestarias; la política común de la pesca; y por último el bienestar de los animales.

En relación con el proceso legislativo, el Libro Blanco del Reino Unido se refiere en primer lugar al principio de subsidiariedad. En relación con el mismo, el Gobierno del Reino Unido se propone presentar propuestas a fin de que dicho principio sea firmemente establecido en el Tratado. Al mismo tiempo, dicho Gobierno se propone también ejercer presión con vistas a que la Comisión consulte de una manera más sistemática al mundo de los negocios, a los Parlamentos y a las otras partes interesadas antes de introducir las propuestas legislativas. En relación con las denominadas " sunset clauses", el Reino Unido propone la retirada automática de las propuestas de la Comisión en el caso de que éstas no sean adoptadas dentro de un determinado período de tiempo. De igual manera, el Reino Unido apoya también la propuesta de hacer mayor uso de este tipo de cláusulas en la legislación comunitaria de forma que se prevea la expiración o la revisión automática de la misma pasado un cierto período de tiempo. Respecto del tema de la desregulaci ó n, el Reino Unido se propone insistir sobre la misma en lo que se refiere a la legislación comunitaria, una parte de la cual debería ser revisada, mientras que ciertas otras directivas específicas deberían ser enmendadas o revocadas. Por lo que se refiere a la cuestión de los dictámenes del Tribunal de Justicia sobre las bases jur í dicas, el Gobierno británico se muestra partidario de que el Consejo consulte previamente al Tribunal de Justicia en los casos en los que uno o más Estados miembros no estén de acuerdo con la base jurídica que la Comisión recomienda para la adopción de una determinada medida. En relación con el tema de la comitolog í a, el Gobierno británico no presenta en este Libro Blanco todavía ninguna propuesta específica en la materia. En cuanto a la limitaci ó n de la acci ó n comunitaria, el Gobierno británico considera la posibilidad de limitar el alcance de la acción comunitaria en ciertas áreas, con vistas a prevenir en particular que las disposiciones en materia de salud y de seguridad se usen en el ámbito de la política social, y a impedir que se produzca un trasvase de las medidas fiscales al ámbito del mercado interior o a las propuestas en materia de medio ambiente. Por lo que se refiere a la ejecuci ó n de la legislaci ó n, el Gobierno británico se propone avanzar ideas destinadas a mejorar el control y la aplicación de la legislación comunitaria, que incluyan informes anuales por parte de la Comisión de sus actividades de control; reglas más claras de procedimiento en los casos de denuncias; un enfoque más sistemático en materia de ejecución por parte de la Comisión; así como un mejor uso del art. 171 del Tratado. Por lo que se refiere a la cuestión de la jerarqu í a de normas el Gobierno británico se opone a que se introduzca una distinción entre las diferentes categorías de legislación comunitaria que persiguen permitir que ciertas de entre ellas sean adoptadas por la Comisión con una mínima supervisión por parte del Consejo.

Por lo que se refiere a la cuestión del voto por mayor í a cualificada, el Gobierno británico se muestra en primer lugar partidario de mantener por principio la protección de los intereses nacionales derivada del denominadocompromiso de Luxemburgo. Sin embargo, en relación con el tema de la formación de dicha mayoría, el Reino Unido se muestra partidario de que se incremente la influencia relativa de los Estados más poblados de la Unión Europea por distintas razones de legitimidad democrática. Para ello, el Reino Unido propone un sistema de ponderaci ó n de votos que permita a los cuatro Estados más grandes de la Unión continuar teniendo un número igual de votos por un lado, y que al mismo tiempo otorgue una razonable influencia a los Estados más pequeños en el conjunto del sistema. Para ello, el Reino Unido se muestra partidario más bien de cambiar el número de votos existente en el actual sistema, antes que de introducir un segundo criterio de votación. En cuanto al alcance de la votaci ó n por mayor í a, el Gobierno británico se opone a toda extensión del voto por mayoría cualificada, por entender que la unanimidad no es incompatible con un proceso de toma de decisiones efectivo, al tiempo que preserva mejor los intereses nacionales vitales.
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El documento se refiere también al sistema de Presidencia del Consejo, denotando una predilección por el denominado sistema de "equipos Presidenciales" compuestos por tres o cuatro Estados miembros que presidan a lo largo de un año o incluso más. Este sistema se considera especialmente apropiado para el segundo pilar o PESC en el que la presencia en cada equipo de uno de los Estados miembros más grandes y con intereses de política exterior global conferiría una mayor credibilidad a la representación exterior de la Unión Europea. En relación con el tema de las nuevas competencias comunitarias, el Reino Unido se muestra contrario a que el nuevo Tratado incluya capítulos en materia de energ í a, protecci ó n civil y turismo.

Por lo que se refiere al n ú mero de comisarios, el Gobierno británico considera que tras las nuevas ampliaciones no será posible retener el sistema actual, y que debería encontrarse un equilibrio aceptable al respecto con ocasión de la CIG. Sobre este tema, el Libro Blanco se limita a recoger las sugerencias presentadas de que, por ejemplo, los Estados miembros más grandes puedan nombrar en todo caso a un comisario, mientras que los más pequeños no dispondrían de tal privilegio; o de que se puedan nombrar dos clases de comisarios, con derecho de voto y sin derecho de voto; o finalmente, de que no a todos los comisarios les sean atribuidas las responsabilidades derivadas de una cartera específica. En cuanto al papel de los Parlamento nacionales, el Gobierno británico considera que éstos continúan constituyendo el elemento primario de legitimidad democrática en la Unión Europea, y por lo mismo se propone desarrollar su papel. En concreto avanza la posibilidad de que los elementos más importantes de la Declaración número 13 de Maastricht sobre el papel de los Parlamentos nacionales se hagan jurídicamente vinculantes mediante su introducción en el Tratado; o de que se incluya un período mínimo para los Parlamentos nacionales a fin de que éstos puedan examinar los documentos de la Comunidad y en concreto los proyectos legislativos, con excepción de los casos más urgentes; y por último que se confiera un mayor papel a los Parlamentos nacionales en el ámbito del tercer pilar.

Por lo que se refiere al Parlamento Europeo, el Gobierno británico considera que esta institución debe ganar mayor apoyo público y desarrollar su papel mediante el ejercicio responsable de las competencias de que ya disfruta, y en concreto, mediante el control y la contención del gasto comunitario; asimismo, dicha institución puede contribuir a la lucha contra el fraude y la mala gestión, y supervisando mejor los detalles del gasto presentados por la Comisión Europea. En cambio, el Gobierno británico no considera necesario atribuir al Parlamento Europeo nuevas competencias. Y ello, porque además de considerar que en una Unión de estados-nación el Parlamento Europeo no puede pretender desplazar el papel primario fundamental de los Parlamentos nacionales, el Gobierno británico considera que dicha institución europea no ha ejercido de forma responsable los nuevos poderes que le fueron conferidos por el Tratado de Maastricht, como sepuso de manifiesto con ocasión del nombramiento del Mediador europeo, de la puesta en marcha de las comisiones temporales de encuesta, o mediante su participación plena en el proceso legislativo a través del procedimiento de codecisión, casos todos ellos en los que el Parlamento Europeo ha sido lento a la hora de usar de forma efectiva sus competencias, además de haber demostrado una cierta tendencia a utilizar éstas de manera irresponsable para tratar de forzar al Consejo a aceptar cambios institucionales que no estaban directamente relacionados con la legislación en cuestión. Por lo que se refiere al Tribunal de Justicia, el Gobierno británico considera que el funcionamiento de esta institución debería ser mejorado. En concreto, dicho Gobierno presenta como hipótesis posibles la posibilidad de reforzar la capacidad del Tribunal para limitar retrospectivamente la aplicación de sus decisiones; la introducción del principio de que un Estado miembro sólo sería responsable de los perjuicios ocasionados por un incumplimiento serio y manifiesto de sus obligaciones; la aplicación de límites temporales nacionales a todos los casos que se basen en la legislación comunitaria, excepto a aquellos en los que el incumplimiento por un Estado de una directiva constituya una seria y manifiesta violación de sus obligaciones; un procedimiento de apelación interno; introducción de procedimientos perfeccionados que permitan la rápida modificación de la legislación comunitaria que haya sido interpretada de una manera distinta a la prevista por el Consejo; el establecimiento de un procedimiento para los casos urgentes de gran sensibilidad; así como una disposición del Tratado que clarifique la aplicación de la subsidiariedad en la interpretación de la legislación comunitaria. En todo caso el Gobierno del Reino Unido avanza la próxima presentación de un memorándum que contendrá sus propuestas específicas en esta materia con mayor detalle.
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Acto seguido el Libro Blanco británico incluye un examen general de la PESC. En relación con ésta, el Libro Blanco del Gobierno británico considera de interés nacional para el Reino Unido el que los Estados miembros de la Unión Europea puedan hablar y actuar juntos en la mayor medida posible en el ámbito internacional, en situaciones en las que tengan intereses compartidos. En este sentido, el Reino Unido se muestra partidario de una PESC que a partir del análisis común y a través de una política común dé lugar también a una acción en común. Sin embargo, dicho documento refleja también claramente que la PESC nunca podrá transformarse en una política exclusiva que sustituya a la política nacional exterior, de modo que cada vez que los intereses británicos estén en cuestión, el Reino Unido se propone insistir a fin de mantener su capacidad de acción. Por lo mismo, dicho país no está dispuesto a aceptar ninguna clase de compromiso que le obligue a adoptar decisiones colectivas que no comparte. El Gobierno británico se declara dispuesto a presionar durante la CIG con vistas a obtener una PESC más activa y efectiva que mantenga sin embargo su carácter intergubernamental. A fin de desarrollar la coordinación entre los Estados miembros en la fase de planificaci ó n, an á lisis y ejecuci ó n de políticas comunes en esta materia, el Libro Blanco del Gobierno británico incluye como anexos B y C ciertas propuestas específicas. Tales propuestas incluyen reuniones más regulares del Comité Político que prepara las decisiones ministeriales, así como el reforzamiento del Secretariado de la PESC. El Gobierno británico se muestra también dispuesto a considerar la idea de que se nombre a una ú nica persona que represente la pol í tica exterior de la Uni ó n frente al mundo exterior en lo relativo a la PESC, considerando que dicha figura debería ser plenamente responsable ante el Consejo de Ministros, y representar los puntos de vista colectivos de los Estados miembros, y no decidir sobre ellos. Por lo que se refiere al proceso de toma de decisiones en el á mbito de la PESC, el Gobierno británico destaca que la debilidad primaria de la PESC ha estado tradicionalmente en la fase de formulación y ejecución de las iniciativas políticas, mientras que el proceso de toma de decisiones no ha constituido en realidad un problema mayor. En concreto, el Gobierno británico no acepta que las disposiciones que establecen la unanimidad en el ámbito de la PESC impidan eldesarrollo de la misma, ni está dispuesto a aceptar un fortalecimiento de la PESC que incluya la introducción de modelos de votación que pongan de lado las preocupaciones fundamentales de los Estados miembros particulares. El Reino Unido considera que si no existe la voluntad colectiva dentro de la Unión Europea de actuar, es inútil tratar de forzar la acción a través de procedimientos de votación artificiales. Por otro lado, el Reino Unido piensa que la PESC tendrá únicamente un peso específico en el ámbito internacional si representa una política genuina común, no simplemente la mayoritaria.

El Libro Blanco se refiere también a las cuestiones de defensa. En esta materia, el Libro Blanco reenvía a su memor á ndum de 2 de marzo de 1995 sobre el tratamiento de las cuestiones relativas a la seguridad europea con ocasión de la CIG, que incluye como anexo D del propio Libro Blanco que estamos examinando. En todo caso, el Gobierno británico reitera que con ocasión de la CIG debería reforzarse el papel de la OTAN en cuanto piedra angular del sistema de seguridad europea reforzando a la vez la contribución que el conjunto de los distintos países europeos pueden hacer a la seguridad global y regional. El Reino Unido considera que las cuestiones de defensa pertenecen al núcleo mismo de la soberanía nacional, y que el sistema actual basado en la OTAN en el que las decisiones finales se adoptan siempre por consenso y los Gobiernos nacionales son responsables ante sus Parlamentos internos, es el más conveniente. El Reino Unido considera que no existe materia alguna de decisión al respecto en la Unión Europea, y que los Estados miembros deben ser libres para actuar en defensa de sus propios intereses nacionales en este campo. Ahora bien, el Reino Unido considera también que los países europeos deberían también estar en condiciones de actuar en aquellas operaciones de menor alcance de mantenimiento de la paz, humanitarias o de gestión de crisis, que por su menor envergadura no sean encomendadas a la OTAN. El Gobierno británico considera que la UEO es la organización adecuada para ello, puesto que el Tratado intergubernamental sobre el que se basa asegura que las decisiones en materia de política de defensa son adoptadas por unanimidad y por lo mismo no se desvían del ámbito al que pertenecen, esto es, a los Estados miembros soberanos. La Unión Europea en cuanto tal no está en condiciones ni dispone de los medios para desarrollar dicho papel, y el Gobierno británico considera que sería inapropiado que la Comisión, el Parlamento Europeo o el Tribunal de Justicia tuvieran papel alguno en el proceso de adopción de decisiones en el ámbito de la defensa. Dicho Gobierno considera que la UEO debe ser mantenida como organización autónoma sobre la base de su propio Tratado, y que sus capacidades operativas deberían ser desarrolladas a fin de permitirle operar de forma efectiva en las tareas de mantenimiento de la paz, humanitarias y otras de gestión de crisis de alcance limitado. Esta es la mayor prioridad de la Presidencia británica de la UEO durante la primera mitad de 1996, reiterando al efecto las medidas y procedimientos ya propuestas en el memorándum de 2 de marzo de 1995 más arriba referenciado.

Por lo que se refiere al tercer pilar, el Gobierno británico se muestra partidario de que todas las cuestiones relativas a la lucha contra el terrorismo, al crimen organizado, al tr á fico de drogas y a la inmigraci ó n ilegal, sigan perteneciendo a dicho pilar intergubernamental, debiendo seguir estando basadas en la aplicación del principio de unanimidad en la toma de decisiones, limitándose los Estados a cooperar sobre una base intergubernamental en el ámbito de un sistema institucional único. El Gobierno británico considera que el papel de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia en este ámbito es estrictamente limitado, y que así debe continuar siendo. En todo caso, el Libro Blanco del Reino Unido incluye también una serie de sugerencias con vistas a hacer más efectiva la cooperación en el marco de este tercer pilar, que detalla en un anexo E al mismo. En este sentido, el Gobierno británico se muestra partidario por ejemplo de simplificar la estructura que realiza los trabajos preparatorios para el Consejo de Ministros, pero en cambio adelanta suoposición a otro tipo de reformas que afecten a la naturaleza del tercer pilar y que incluyan por ejemplo un mayor papel para las instituciones comunitarias en el mismo. Por otra parte, dicho Gobierno se muestra también contrario a la transferencia de ciertas materias del tercer pilar al pilar comunitario.
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En relación con el tema de la ciudadan í a europea, los derechos humanos y la no discriminaci ó n, el Gobierno británico no considera que la Unión Europea sea el marco adecuado para la protección de los derechos humanos fundamentales, ni para la introducción de una cláusula general que prohíba la discriminación en materia de sexo, preferencia sexual, raza, religión, edad, o incapacidad. En términos generales, el Gobierno británico muestra también su preocupación de que la creación de nuevos derechos desemboque eventualmente en la necesidad de establecer deberes recíprocos, algo que en su opinión no debería producirse al no ser la Unión Europea propiamente un Estado.

En relación con el tema del empleo y el Protocolo Social, el Gobierno británico anticipa su oposición a toda extensión de competencia comunitaria en materia de empleo. Por otra parte, dicho país no está dispuesto a aceptar la inclusión del capítulo social propuesto en Maastricht, ante el temor de que el mismo perjudique a la competitividad y destruya empleos. El Gobierno británico teme que con la introducción del capítulo social en el Tratado, el Reino Unido correría el riesgo de verse postergado en una amplia gama de posibles directivas sobre las condiciones de trabajo, con un enorme coste potencial en términos de dinero y de empleos. Por ello mismo, dicho país no está dispuesto a renunciar a su cláusula "opting out" en esta materia, y considera que tampoco puede ser forzado a hacerlo.

En materia de apertura y transparencia, el Reino Unido se muestra partidario de colaborar también en la obtención de avances en tales campos, pero recuerda que una apertura completa podría tener como efecto que las verdaderas negociaciones se llevaran a cabo entre bastidores, lo que sería justamente lo contrario de lo que se intenta. El Gobierno británico se pronuncia también en favor de la simplificaci ó n del Tratado, y propone en concreto la desaparición de todos los artículos obsoletos del mismo. En todo caso, considera también que muchas de las ideas que se han avanzado en aras de la simplificación del Tratado, plantean dificultades porque en algunos casos podrían modificar la sustancia del Tratado o alterar el equilibrio institucional. Por lo que se refiere al fraude y a la gesti ó n financiera, el Libro Blanco recuerda los trabajos en curso en esta materia y las aportaciones del Reino Unido a los mismos, y anticipa que la reforma de ciertas políticas europeas clave, y en particular la política agrícola común, serán esenciales si se quiere que la lucha contra el fraude y la mala gestión de fondos sea un éxito. Por lo que se refiere a las disposiciones presupuestarias, el Reino Unido considera que sería prematuro enmendar las mismas con ocasión de la próxima CIG, dado que la Comunidad deberá revisar sus compromisos financieros globales antes de fines del presente siglo. En materia de pol í tica de pesca com ú n, el Gobierno británico acepta la necesidad de la existencia de la misma, pero considera que con ocasión de la CIG debería reexaminarse la cuestión de la puesta en práctica de dicha política de pesca común, la sobreexplotación de la pesca en aguas europeas, así como el propio reparto equitativo de las cuotas. Por último, el Libro Blanco contiene también referencias a la cuestión del bienestar de los animales, a cuyo respecto se muestra partidario de incorporar un principio en este sentido en el Tratado, y ello posiblemente sobre la base de la declaración aprobada en Maastricht en la que se solicita que la legislación comunitaria para cada sector determinado ponga especial atención en lo relativo al bienestar de los animales.

En conclusión, el Gobierno británico anuncia su intención de efectuar numerosas propuestas a la CIG, y de mantener durante la misma un enfoque constructivo, realista y fundamentado en el interés nacional británico. Como Anexo A al LibroBlanco, éste incluye la Agenda de la CIG de 1996, en tanto que el Anexo B contiene una serie de medidas dirigidas a mejorar la eficacia de la PESC. El Anexo C examina el funcionamiento de la PESC y el papel del Secretariado del Consejo, en tanto que como se dijo el Anexo D incluye el memorándum de 2 de marzo de 1995 sobre el tratamiento de las cuestiones relativas a la seguridad europea con ocasión de la CIG de 1996 que ya ha sido examinado al inicio del presente capítulo. Por último, el Anexo E contiene el sumario de propuestas del Reino Unido dirigidas a mejorar los m é todos de trabajo del tercer pilar.

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Parlamento Europeo, última revisión: 18 September 1996
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