LIBRO BLANCO SOBRE LA CONFERENCIA
INTERGUBERNAMENTAL DE 1996
VOLUME II


FINLANDIA

Memorándum del Ministerio de Asuntos Exteriores del 18 de septiembre de 1995 sobre los puntos de vista del Gobierno finlandés en relación con la Conferencia Intergubernamental de 1996

En este memorándum remitido al Parlamento finlandés, el Gobierno de Finlandia toma por primera vez una posición específica sobre la próxima Conferencia Intergubernamental. El objetivo del mismo es el de introducir una serie de puntos de partida que puedan ser empleados como base posterior para la preparación de la posición oficial de este país en relación con la CIG.

En su capítulo primero relativo al futuro de la Uni ó n Europea y la Conferencia Intergubernamental, el memorándum del Gobierno finlandés destaca que para Finlandia constituye una premisa básica el que la Unión Europea continúe siendo desarrollada como una asociación de Estados independientes, a la cual sus miembros han transferido competencias que pueden ser ejercidas conjuntamente con vistas al logro de los objetivos convenidos. El objetivo de Finlandia es una Unión que asegure de forma eficiente el bienestar y los valores comunes de sus ciudadanos y que trabaje a la vez por el desarrollo de la comunidad internacional de forma que ésta logre estabilidad, cooperación y seguridad. Por otra parte, los objetivos para el desarrollo de la Unión y el calendario requerido para ello deben ser definidos conjuntamente, respetando el derecho de todos los Estados miembros de la Unión a tomar parte en el proceso de toma dedecisiones sobre un pie de igualdad. Por lo mismo, en opinión del Gobierno finlandés la Unión Europea no puede estar basada en diferentes clases de pertenencia, y solo en casos excepcionales los Estados miembros pueden de común acuerdo convenir en que algún país siga un ritmo o calendario diferente en su camino hacia el logro de los objetivos fijados conjuntamente.

El segundo capítulo del memorándum está dedicado al ciudadano y a la Uni ó n. Al tratar de la ciudadan í a europea, el memorándum destaca que una definición más precisa del concepto de ciudadanía europea en los Tratados originarios podría ser una manera de garantizar que los principios de transparencia, democracia, primacía de la ley, igualdad, justicia social y respeto de los derechos humanos se cumplen a nivel europeo. Además, la Conferencia debería también estudiar la manera de desarrollar los derechos sociales y los deberes de los ciudadanos europeos. En opinión del Gobierno finlandés, un principio clave que debe ser observado es el de que la ciudadanía de un Estado miembro sea una precondición para la ciudadanía de la Unión. Por otra parte, al tratar de la democracia, el memorándum destaca la necesidad de esforzarse por incrementar ésta en relación con el papel desempeñado por el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales en el sistema de toma de decisiones de la Unión, así como por la necesidad de reforzar la cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos de los Estados miembros. En cualquier caso, el Gobierno finlandés considera que en esta lucha por la obtención de una mayor democracia, el papel de los Parlamentos nacionales debe continuar siendo el punto de referencia, aunque esta cuestión deberá ser estudiada con ocasión de la CIG desde todos los puntos de vista. El documento aborda también la cuestión de la transparencia, estableciendo que la Unión Europea debe incrementar ésta mediante la mejora de los modos en los que los Estados miembros y sus ciudadanos pueden obtener acceso a la información diaria relativa a la Unión Europea, así como a su legislación y a su sistema de toma de decisiones. A este respecto, el Gobierno finlandés remite al informe final elaborado por un grupo de trabajo sobre estos temas establecido por el Ministerio finlandés de Justicia de fecha 22 de junio de 1995 que enumera una serie de maneras de incrementar la transparencia y de facilitar la información. Entre ellas, el memorándum que estamos examinando evoca la posibilidad de añadir al Tratado un artículo específico sobre información pública; la posibilidad de adoptar una legislación dirigida a incrementar el acceso público a los documentos de las instituciones de la Unión; así como el impulso sistemático de la transparencia de otras diversas maneras. Al tratar de la eficiencia, el memorándum del Gobierno considera que el logro de la misma requiere el empleo de criterios como el uso adecuado de recursos en relación con los objetivos perseguidos, la fijación de un calendario adecuado para las decisiones adoptadas, así como la manera en que éstas son efectivamente puestas en práctica. El documento trata también la cuestión del principio de subsidiariedad, considerando que dicho principio es en esencia de carácter político y no estrictamente legal, y que por lo mismo dicho principio debería actuar como un punto de referencia a la hora de evaluar la posibilidad de ampliar las competencias de la Unión. Como quiera que sea, el Gobierno finlandés considera que este principio no debería ser aplicado de manera tal que impida el logro de los objetivos establecidos en los Tratados en ciertas áreas importantes como la protección medioambiental y los derechos sociales, o que debilite la legislación comunitaria actual al encomendar excesivas decisiones de ejecución al ámbito nacional. Al tratar de los derechos fundamentales, el memorándum enumera como posible forma de reforzar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos de la Unión y de las otras personas que residan legalmente dentro de la misma, la adhesión de la Unión al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como la inclusión en el Tratado de la Unión Europea de ciertos derechos fundamentales básicos, como el principio de igualdad. Además, esta lista de derechos fundamentales básicos o clave debería ser formulada de forma clara y jurídicamente vinculante. En concreto, Finlandia se muestra partidaria de incluir una disposición en el Tratado que prohíba el racismo y la xenofobia, por ejemplo mediante la inclusión de tal prohibición dentro del principio relativo a la igualdad o a la no discriminación. Precisamente en relación con la igualdad, el memorándum destaca que la igualdad entre sexos es una cuestión importante, y que por lo mismo debería incluirse una disposición concreta en los Tratados dirigidas a sentar dicho principio. La igualdad de sexos debería extenderse a todo ámbito de la vida de una persona, y con vistas a asegurar el cumplimiento de tal principio, Finlandia considera que debería ser posible acudir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y que los poderes del Mediador europeo podrían ampliarse de forma que incluyeran la supervisión del cumplimiento de dicho principio de igualdad entre sexos.


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El capítulo tercero del memorándum se refiere al sistema institucional de la Uni ó n, que debería ser democrático, transparente y eficiente. Por lo que se refiere al Consejo, Finlandia considera que dicha institución debe continuar basándose en la igualdad de estatuto de los Estados miembros que forman parte de ella. En relación con el sistema de toma de decisiones en el ámbito comunitario, el memorándum pone de relieve que hacer de la población un criterio para la adopción de decisiones por mayoría cualificada podría debilitar la posición de los pequeños países. Por otra parte, dicho Gobierno parece mostrarse partidario de incrementar el número de decisiones adoptadas por mayoría cualificada en el pilar comunitario, en concreto en el caso de las cuestiones medioambientales, con miras a garantizar una mayor efectividad del proceso de adopción de decisiones, pero al mismo tiempo pide que se definan las áreas en las cuales el requisito de unanimidad debería seguir siendo la norma. En relación con la Presidencia, y tras enumerar las distintas opciones presentadas, el memorándum pone de relieve que la continuidad es importante, pero que la aceptación de tales propuestas podría conducir a un tratamiento desigual de los Estados miembros. Por lo mismo, considera que las propuestas que están siendo discutidas no están justificadas, y sugiere que se consideren otras maneras de mejorar la práctica actual en esta materia.

En relación con la Comisi ó n, el Gobierno finlandés considera que ésta debe continuar disfrutando de su independencia actual en relación con los Estados miembros y seguir disfrutando de su posición actual por lo que al pilar comunitario se refiere, mientras que no existe necesidad alguna de introducir cambios fundamentales en los Tratados por lo que se refiere al papel de la Comisión con respecto al segundo pilar (PESC). Por otra parte, el Gobierno finlandés propone que se estudie la manera de reforzar el papel de la Comisión en las áreas cubiertas por el tercer pilar (CJAI). En relación con la cuestión de la composición y el nombramiento de los miembros de la Comisión, Finlandia considera que cada Estado miembro debería disponer de un comisario. Al mismo tiempo, considera inaceptable cambiar el sistema actual de nombramiento de los miembros de la Comisión, porque cree que es importante para los Estados miembros retener el poder de decidir sobre sus propios comisarios individuales. En relación con la responsabilidad de la Comisión y de los comisarios, Finlandia considera que es suficiente con que ésta continúe siendo legalmente responsable ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, y con que continúe disfrutando de la confianza política del Parlamento Europeo. Por lo mismo, dicho país considera que no es necesario que los comisarios individuales superen un voto de confianza ante el Parlamento Europeo, ni que se introduzcan modificaciones respecto del sistema actual de cese de los miembros de la Comisión.

Por lo que se refiere al Parlamento Europeo, Finlandia admite la posibilidad de que su estatuto se altere ligeramente en el ámbito comunitario siempre y cuando no conduzca a un desequilibrio institucional. El Gobierno finlandés considera que a la hora de preparar la Conferencia debe de analizarse el ámbito actual deaplicación del procedimiento de cooperación, así como la medida en la que dicho procedimiento podría ser sustituido por el procedimiento de codecisión previsto en el artículo 189 B del Tratado. De la misma manera, considera que la CIG debería establecer si el procedimiento presupuestario podría ser simplificado sin afectar al papel de las distintas instituciones en el proceso de toma de decisiones. Por otra parte, Finlandia considera que no está justificada la conveniencia de someter las modificaciones de los Tratados originarios a la aprobación del Parlamento Europeo. Además, y por afectar también al actual equilibrio institucional, Finlandia se declara escéptica ante la posibilidad de atribuir el derecho de iniciativa al Parlamento Europeo. Tras reconocer que el Parlamento Europeo tiene un papel extremadamente limitado en los ámbitos del segundo y del tercer pilares, es decir en los ámbitos de la cooperación intergubernamental, Finlandia considera que el papel del Parlamento Europeo es el adecuado actualmente por lo que se refiere al segundo pilar (PESC), mientras que podría revisare su papel en materia del tercer pilar (CJAI) en la medida en que se introduzcan modificaciones sobre las materias que pertenecen actualmente a dicho tercer pilar. Respecto a la composición del Parlamento Europeo, Finlandia considera que en el caso de nuevas ampliaciones, sería posible limitar el aumento en el número de diputados mediante la reducción de las cuotas actuales. En todo caso, dicho país considera que el número de miembros provenientes de los Estados miembros más pequeños debería ser más elevado del que podría resultar de la aplicación de cualquier método de cálculo que se basara exclusivamente en la población de los distintos Estados.

El memorándum se refiere también al Tribunal de Justicia, considerando que no está justificada la extensión de las competencias del Tribunal por lo que se refiere al segundo pilar. Al contrario, sugiere que se estudie con ánimo positivo la extensión de las competencias de dicha institución en el ámbito de la cooperación en materia de justicia y de los asuntos de interior. Por otra parte, considera que no hay razón alguna para cambiar el procedimiento de nombramiento de los jueces, y que su mandato actual debería ser mantenido. Por último, tras considerar que el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia no son formalmente Tribunales de Justicia de mayor rango que los Tribunales nacionales, Finlandia considera que el papel del Tribunal de Justicia y su posición por lo que se refiere a los Tribunales nacionales no debería ser cambiado puesto que el sistema actual garantiza que la ley comunitaria es respetada y que se interpreta y se aplica de forma consistente.
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En relación con el Consejo Europeo, el memorándum destaca el importante papel político y de orientación que desempeña en la actualidad, aunque no es actualmente una institución de la Unión y no adopta decisiones jurídicamente vinculantes. En todo caso, sugiere que se estudie convenientemente la posibilidad de introducir los cambios necesarios para que el Consejo pueda desempeñar de manera más eficaz su función de guía, y se determine de qué manera podría operar en otros ámbitos. En relación con la cuestión de la jerarqu í a de los actos comunitarios, y tras resumir el sistema actualmente existente, el documento finlandés pone de relieve los problemas técnicos a que podría dar lugar la clarificación de la jerarquía de los actos, y sugiere que se avance en este campo con un enfoque pragmático. El memorándum se pronuncia a continuación sobre la cuestión de la comitolog í a, mostrándose partidario de la clarificación del procedimiento actualmente existente. Finlandia se muestra partidaria de que se redefina el papel del Consejo en este área, y considera concebible que se reduzca el uso de este procedimiento mediante la transferencia de un mayor poder de ejecución a la Comisión. Al mismo tiempo, considera que se debería revisar este procedimiento en los casos en los que se trate de decisiones adoptadas en codecisión, con miras a definir el papel del Parlamento Europeo en tales casos y habida cuenta de la necesidad de actuar con la mayor eficiencia posible. Por lo que se refiere a la cuestión a la aplicaci ó n del derecho comunitario, Finlandia muestra su interés en que la Comisión Europea disponga de los mediossuficientes para observar la aplicación del derecho comunitario en los Estados miembros, si es necesario mediante el establecimiento de nuevas formas de sanción.

El capítulo cuarto del memorándum finlandés trata de la pol í tica exterior y de seguridad com ú n. En cuanto a los objetivos de la misma, Finlandia destaca que la ampliación de la Unión Europea a los países de Europa Central y a los Estados bálticos es vital para la seguridad de la Unión, y considera que a la hora de definir las necesidades de la política de seguridad de la Unión se presente la atención suficiente a la dimensión nórdica de la misma. En concreto, a la hora de tratar el procedimiento de toma de decisiones en el marco de la PESC, Finlandia se muestra partidaria de que todas las decisiones importantes sean adoptadas por consenso, mientras que la adopción de decisiones por mayoría cualificada podría ser utilizada a la hora de tratar otras cuestiones como la ejecución de las medidas acordadas. Por lo que se refiere al papel del Parlamento Europeo y de la Comisión en este segundo pilar, el Gobierno finlandés considera que no existe razón alguna para modificar la legislación actual (artículo J.7 y artículo J.9) que atribuyen respectivamente al Parlamento Europeo el derecho de ser consultado e informado, y a la Comisión a verse asociada a la PESC. En cuanto a los otros modos de reforzar la PESC, el memorándum evoca la conveniencia de desarrollar un sistema de evaluación común y de capacidad de análisis en este ámbito, proponiendo que tal evaluación y análisis pasen a integrarse en el conjunto de funciones a desarrollar por el Secretariado del Consejo. Por otra parte, Finlandia se muestra partidaria de que se intensifique lo relativo a la ejecución y al control de las decisiones adoptadas, considerando que por tratarse de medidas de carácter intergubernamental corresponde a los Estados miembros desempeñar un papel clave a través de sus procedimientos normales de supervisión parlamentaria. En materia de financiación, Finlandia considera que la PESC debería ser financiada en principio fuera del presupuesto comunitario, con miras a salvaguardar la independencia del Consejo a la hora de adoptar decisiones operativas en materia PESC. Finlandia no es tampoco partidaria de modificar el sistema actual rotatorio de la Presidencia del Consejo en el ámbito de la PESC, y considera que el establecimiento de una nueva figura que se hiciera cargo de las relaciones exteriores, como un Secretario General para la PESC, no ayudaría clarificar las acciones de la Unión en sus relaciones con el mundo exterior. En materia de gestión de crisis, el memorándum considera fundamental que se definan las relaciones entre la Unión Europea y la UEO, lo que considera una de las principales tareas de la CIG. Para Finlandia el liderazgo político debería continuar estando en la Unión Europea, la cual podría confiar a la UEO la ejecución de las operaciones de gestión de crisis. En relación con el tema específico de la defensa, Finlandia considera que el intergubernamentalismo y la unanimidad a la hora de adoptar las decisiones deben de continuar siendo los principios fundamentales en esta materia. Además, dicho país considera que no es necesario extender la cooperación militar más allá de las tareas encomendadas en Petersberg. Por último, Finlandia se declara dispuesta a contribuir de forma constructiva por lo que se refiere a las posibles modificaciones del artículo 223 del Tratado en relación con la cooperación en materia de armamentos.
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El memorándum finlandés trata de la cooperaci ó n en materia de justicia y de asuntos de interior en su capítulo quinto. Para el Gobierno finlandés, es necesario definir de una manera más clara y precisa los objetivos de la Unión en el ámbito del tercer pilar. La transferencia de las materias cubiertas actualmente por el tercer pilar al primer pilar o pilar comunitario debería ser estudiada caso por caso sobre una base pragmática y abierta, pero Finlandia considera que las cuestiones de mayor importancia para la soberanía nacional de los Estados miembros no deberían ser puestas bajo la competencia de la Comunidad. En concreto, Finlandia considera que las cuestiones vinculadas con el control de las fronteras externas deberían continuar sujetas a la cooperaciónintergubernamental, y que la cooperación para combatir el crimen internacional debe ser aumentada. Esta cooperación podría revestir la forma de incrementar la cooperación entre las fuerzas policiales de los distintos Estados miembros y la asistencia recíproca, jurídica y administrativa. Además, Finlandia considera que es necesaria la rápida entrada en vigor del Convenio sobre EUROPOL, y considera también interesantes las propuestas dirigidas a crear un área jurídica europea. En este sentido, considera especialmente interesante la cooperación en materias vinculadas al funcionamiento del mercado interior, como el combate contra el fraude en la Comunidad y la aplicación de las sentencias judiciales en materia de derecho de familia. El Gobierno finlandés considera también importante la armonización y la acción conjunta en materia de inmigración y otras formas de entrada al territorio de la Unión, exigiendo que se preste la debida atención a los aspectos relacionados con el coste presupuestario de tales temas. En materia de asilo político, Finlandia se muestra partidaria de que se continúe trabajando con miras a la coordinación de los distintos puntos de vista existentes en la materia, declarándose dispuesta a firmar la Convención de Dublín tan pronto como esta entre en vigor. Por otra parte, el Gobierno finlandés se muestra partidario de reforzar el papel de la Comisión en el ámbito del tercer pilar, a la vez que considera suficiente el papel que en la actualidad desempeña el Parlamento Europeo en dicho ámbito. Por otra parte, considera también que la competencia del Tribunal de Justicia no debe ser extendida a los ámbitos que afectan a la soberanía nacional. Por otra parte, Finlandia es partidaria de que las instituciones de la Comunidad asuman automáticamente sus competencias en relación con aquellas materias que sean transferidas desde del tercer pilar al pilar comunitario. Por último, dicho país considera que los actuales métodos de trabajo en el seno del tercer pilar son innecesariamente complicados y que comprenden demasiadas etapas. Por lo mismo, se muestra partidario de simplificar la actual estructura de cinco niveles distintos.

Por último, en su capítulo sexto el memorándum del Gobierno finlandés se refiere a la actividad de la Uni ó n en los á mbitos del empleo, el medio ambiente y algunas otras cuestiones. En términos generales, Finlandia considera que no existe razón alguna para un aumento sustancial de las competencias de la Unión Europea, a la vez que considera que en algunas áreas podría sin embargo estar justificado el introducir modificaciones complementarias a los Tratados con vistas a permitir una acción común que resulte más efectiva para la solución de los problemas que afectan a todos los Estados miembros y que se refieren a los objetivos comunes. En relación con el empleo, el Gobierno finlandés destaca que toda modificación de los Tratados de la Unión debería ir dirigida a establecer la manera en que la política de empleo y sus relaciones con la política económica pueden ser adecuadamente organizadas a nivel de la Unión Europea, y que las conclusiones de los distintos Consejos Europeos relativos al tema del empleo podrían constituir una buena base de partida. Al mismo tiempo, el Gobierno finlandés se muestra partidario de que se consideren adecuadamente las distintas sugerencias presentadas para establecer fondos separados de empleo, así como para establecer eventualmente una administración de empleo a nivel comunitario dotada de su propio presupuesto, o que se desarrollen mecanismos de inversión financiera de carácter paneuropeo, pidiendo a la vez que se haga un mayor uso de los fondos ya existentes con vistas a apoyar las políticas de empleo. En relación con el tema del medio ambiente, Finlandia considera que la cuestión de un desarrollo sostenible, incluida la integración de consideraciones medioambientales en todas las políticas sectoriales, debería ser una prioridad a la hora de revisar los Tratados. Al mismo tiempo, debería promoverse la cooperación medioambiental con terceros países. Por lo que se refiere a los objetivos comunitarios en materia medioambiental, Finlandia considera en efecto que el desarrollo sostenible debería ser adoptado como uno de los objetivos básicos de la Comunidad. A este respecto, se trataría de consolidar el principio ya contenido en el artículo 130 R (2) del Tratado de Maastricht con vistas aintroducir tales objetivos en otros sectores de las políticas comunitarias, entre las que se cita en particular al mercado interior, a la agricultura, al transporte, a la política industrial, a los fondos estructurales y a las políticas en materia de redes transeuropeas. Por otra parte, Finlandia considera que la Comunidad dispone ya de suficientes competencias en materias medioambientales, a la vez que considera que el sistema de toma de decisiones en dicho ámbito debería ser simplificado, y la posición del Parlamento Europeo dentro de dicho sistema revisada. En concreto, se trataría de recurrir en mayor medida al sistema de toma de decisiones por mayoría cualificada en todas las cuestiones relativas al medio ambiente, incluidas eventualmente la energía y los impuestos de carácter medioambiental. Las decisiones de la Comunidad en este ámbito deberían ir dirigidas al logro del mayor nivel posible de protección medioambiental, dejando a salvo la libertad de los distintos Estados miembros para establecer normas más estrictas de protección medioambiental, aunque siempre tomando en cuenta el principio de libre circulación de mercancías. El memorándum se refiere también a la dimensi ó n social de la Unión Europea, mostrándose partidario del refuerzo de la misma. Finlandia considera que la Unión Europea debe practicar una una política basada en un desarrollo económico y social sostenible que haga posible prevenir toda clase de exclusiones y divisiones sociales. Por lo mismo, considera que debe adoptarse a nivel de la Unión Europea el principio de que se tomen siempre en cuenta los aspectos de política social en todas las decisiones que se adopten. Finlandia se muestra partidaria de que todas las disposiciones sobre política social se integren plenamente en el Tratado, de forma que se establezcan a nivel comunitario una serie de niveles mínimos de protección en materia social, aunque permitiendo a los Estados miembros individuales la aplicación de niveles de protección social superiores a los exigidos por la Unión Europea. Finlandia no se muestra partidaria del control económico a nivel comunitario de la seguridad social, mientras que a cambio muestra su apoyo a la investigación impuesta en práctica a nivel comunitario de proyectos en materia social y de política sanitaria. Dicho país es partidario de que se incremente el diálogo social a nivel comunitario, también por lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la seguridad social, y de que las cuestiones generales relativas a la salud pública sean también adoptadas a nivel comunitario. Correspondería por último a la Unión, según Finlandia, reforzar la cooperación en todas aquellas áreas dirigidas a igualar las diferencias existentes en la calidad de vida de los ciudadanos de los distintos Estados miembros. En relación con la energía, Finlandia considera que la política energética seguida por la Unión debería complementar las políticas nacionales de sus Estados miembros y darles a éstas un valor añadido. Al mismo tiempo, dicho país se muestra favorable al establecimiento de un mercado interno en el sector de la energía, así como toda iniciativa tendente a promover el ahorro de energía en el interior de la Unión y a elaborar normas europeas para el consumo de energía. Finlandia considera que la Unión debería esforzarse también por promover a nivel europeo avances y comercialización de tecnología energética, y por desarrollar redes transeuropeas. Por otra parte, por considerar que es posible tratar de las cuestiones energéticas fuera del actual marco de competencias de la Comunidad, Finlandia se muestra partidaria de que toda extensión de dicha competencia sea examinada de forma cuidadosa. En relación con el turismo, dicho país se muestra partidario de que se intensifique la coordinación en este ámbito dentro del marco comunitario, en primer lugar mediante el uso de los instrumentos y recursos existentes. Además, pide que se preste especial atención a la cooperación en materia de comercialización que abarque al conjunto de la Unión Europea y que se refuercen los sistemas administrativos y la cooperación con las áreas vecinas, poniendo especial cuidado en la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural a la hora de llevar a cabo políticas en materia de turismo. Por último, en relación con la protección civil, Finlandia considera que ésta debe continuar siendo competencia de los Estados miembros y debe seguir siendo basada en la cooperación entre los mismos. Por otra parte, dicho país propone que la cooperación en materia de protección civil que actualmente se basa en resoluciones del Consejo a nivel europeo, siga siendo desarrollada de modo racional sobre tal base. La Comisión puede trabajar con vistas a la promoción de la cooperación pero sin que se modifique su papel actual. Al mismo tiempo, las cuestiones relativas a la protección civil podrían ser tenidas en cuenta en mayor medida a la hora de tratar de cuestiones relacionadas con la seguridad o con riesgos potenciales, y al mismo tiempo los niveles de protección en esta materia podrían ser elevados.


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Puntos de partida y objetivos de Finlandia en relación con la Conferencia Intergubernamental de 1996. Informe del Gobierno finlandés de 27 de febrero de 1996

A diferencia de la nota de 18 de septiembre de 1995 que fue presentada por el Ministerio de Asuntos Exteriores como anticipación de las posiciones oficiales del Gobierno en relación con la CIG, el informe del Gobierno finlandés al Parlamento de dicho país de 27 de febrero de 1996 que vamos a examinar, recoge ya los puntos de partida y los objetivos de dicho Gobierno en relación con la CIG. Tras recoger a título introductorio las distintas etapas seguidas en Finlandia en el plano interno a fin de perfilar la posición de dicho país en relación con la CIG, el documento entra a considerar en primer lugar los puntos de partida de Finlandia en relación con la CIG. A este respecto, Finlandia desea que la Unión Europea se desarrolle como una asociación de Estados independientes, y se compromete a apoyar los esfuerzos necesarios para mejorar la capacidad de la Unión de promover un desarrollo económico sostenible, el empleo y la protección medioambiental, al tiempo que se compromete a apoyar también los avances en el ámbito de la PESC que sean necesarios para promover de forma efectiva los objetivos de aquella y para responder a las crisis que amenacen la estabilidad y la seguridad de la Unión. Al mismo tiempo, Finlandia promoverá la transparencia en el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea. Finlandia se muestra partidaria en todo caso del mantenimiento del acervo comunitario actualmente en vigor, y por lo que se refiere al tema de la integraci ó n diferenciada, dicho país se muestra favorable a que se respeten las condiciones fijadas por el informe del Grupo de Reflexión de 5 de diciembre de 1995. Por otra parte, el Gobierno finlandés se muestra partidario de que las demás cuestiones evocadas en la agenda de los desafíos a los que deberá hacer frente en el futuro la Unión Europea acordada en el Consejo Europeo de Madrid, no deberían ser discutidas con ocasión de la CIG. Por lo demás, en la presentación de sus posiciones el Gobierno finlandés sigue a grandes rasgos el orden establecido en el informe del Grupo de Reflexión más arriba referido.

En relación con las posiciones de Finlandia ante la CIG, y siguiendo la sistemática del informe del Grupo de Reflexión, el informe del Gobierno finlandés aborda en primer lugar la cuestión de la ciudadan í a y la Uni ó n. En primer lugar, trata de la cuestión de la promoci ó n de los valores europeos, y se refiere para empezar a los derechos fundamentales. Sobre este tema, el Gobierno finlandés considera que es importante que los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos de la Unión y de las personas que residen en el territorio de la misma sean protegidos. Dicha protección podría llevarse a cabo en primer lugar mediante la adhesión de la Comunidad al Convenio Europeo de Derechos Humanos. En relación con la cuestión de la igualdad y la no discriminaci ó n, el Gobierno finlandés se muestra partidario de que se incluya en los Tratados una prohibición general de la discriminación, incluido el rechazo del racismo y de la xenofobia. En relación con el tema de la igualdad de sexos, Finlandia considera que los Tratados deberían incluir también la prohibición de dicha discriminación así como una cláusula específica relativa a la igualdad entre hombres y mujeres. Conforme a dicha cláusula correspondería a la Unión la tarea de promover el cumplimiento del principio de igualdad entrehombres y mujeres en los ámbitos competencia de la Unión, sin perjuicio de que los Estados miembros pudieran adoptar disposiciones más avanzadas en esta materia. Respecto de la ciudadan í a de la Uni ó n, el Gobierno finlandés se muestra también favorable a considerar que las disposiciones ya existentes en esta materia sean completadas con la introducción de nuevos derechos asociados al concepto de ciudadanía de la Unión.

El documento aborda también en este mismo capítulo la cuestión de la libertad de movimientos y la seguridad interior. A este respecto, Finlandia considera que deben atribuirse objetivos más claros a las disposiciones relativas a la cuestión de la cooperación en materia de justicia y de asuntos internos, incluida una referencia específica a la obligación para la Unión de asegurar que la puesta en práctica del mercado único no debilita la seguridad de las personas residentes en el territorio de la Unión. Además, Finlandia desea que se introduzca otro objetivo en el Tratado que establezca que el estatuto legal de la persona física que cambie de residencia de un Estado miembro a otro se mantiene en la mayor medida posible. Por otra parte, en relación con la posible comunitarización del tercer pilar, Finlandia considera especialmente necesario que la Conferencia ponga remedio a los actuales fallos del sistema de adopción de decisiones que impiden la colaboración en el ámbito de este tercer pilar, particularmente por lo que se refiere a la exigencia de la unanimidad en la mayor parte de las decisiones adoptadas en dicho ámbito, al derecho de iniciativa limitado de la Comisión en este campo, así como al estatuto jurídico incierto o deficiente de las decisiones adoptadas. Finlandia considera que un mayor número de decisiones deberían ser adoptadas por mayoría cualificada en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior, y que el poder de iniciativa de la Comisión en tal área debería ser ampliado. Además, debe también garantizarse el derecho a que la legalidad de las decisiones adoptadas por las instituciones de la Unión pueda ser examinada por el Tribunal de Justicia de ésta. Por lo que se refiere a la cuestión del empleo, el Gobierno finlandés considera que debería enfatizarse entre los objetivos de la Unión la importancia de la competitividad y del nivel más elevado posible de empleo en el interior de la Unión. Además, Finlandia considera que debería conferirse a la Unión la obligación de tomar en consideración de forma horizontal las diversas cuestiones que se refieren al empleo. Por otra parte, y habida cuenta de su mutua interdependencia, Finlandia considera que la Unión Europea debe promover de forma activa y paralela a la puesta en práctica de la unión económica y monetaria, una estrategia paneuropea dirigida al empleo, la cual debería además ser incluida en los Tratados de la Unión. De la misma manera, Finlandia considera que deberían incluirse en dichos Tratados disposiciones específicas en materia de control en común de la situación del empleo en el interior de la Unión. Por lo que se refiere a la dimensi ó n social, Finlandia insiste en que se preste una gran atención al desarrollo equilibrado de la integración económica y social, y a que se refuerce la dimensión social de la Unión Europea. A este respecto, considera que el protocolo sobre política social y un acuerdo complementario deberían ser incluidos en el Tratado de la Unión con miras a cubrir a todos los Estados miembros. Sin embargo, dicho país considera que la adopción de decisiones básicas en relación con la política social debería continuar siendo lleva a cabo a nivel nacional. Por lo que se refiere a las cuestiones medioambientales, el objetivo del Gobierno finlandés es que se añadan a los objetivos del Tratado en esta materia el principio del desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, los principios fundamentales ya incluidos en el mismo deberían ser reforzados y los objetivos de las políticas sectoriales revisados a la luz de dicho principio de desarrollo sostenible, aunque sin abandonar el principio de libre circulación de mercancías. Además, debería imponerse a la Unión la obligación de tomar en cuenta de forma horizontal los aspectos medioambientales por lo menos en relación con la política agrícola, de transportes, de formación y de investigación, de industria, de fondos estructurales y de las diversas redes. Por otro lado, Finlandia considera que debería aumentarse la autoridad de la Comunidad en las cuestiones medioambientales, y que debería simplificarse el proceso de adopción de decisiones en dicha materia. En concreto, Finlandia propone que se aplique en mayor medida el principio de la mayoría cualificada en lo que se refiere a este tipo de cuestiones, y ello sin perjuicio del refuerzo de la posibilidad para los Estados miembros de adoptar normas más avanzadas que la legislación comunitaria en materia de política medioambiental.


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El documento aborda también a continuación la cuestión de la transparencia. En esta materia, y tras recordar la declaración que dicho país ha aprobado en relación con la misma, Finlandia reitera su actitud favorable al logro de una mayor publicidad y transparencia en el seno de la Unión. Tras recordar que en Finlandia una administración abierta incluye el acceso público a los documentos oficiales como obligación política y legal, dicho país anuncia que continuará aplicando dicho principio de acuerdo con los derechos y las obligaciones que se deriven de la pertenencia a la Unión Europea. En relación con la publicidad de los documentos, el Gobierno finlandés se muestra partidario de que se incluya en el Tratado un artículo relativo a dicho tema que haga posible la adopción en una fase ulterior por parte del Consejo de un acto normativo en relación con el mismo tema. Además, Finlandia está dispuesta a aceptar la inclusión en el Tratado de una disposición que establezca la publicidad del proceso de toma de decisiones por parte del Consejo en el ámbito legislativo, cada vez que se trate de la adopción de nuevas decisiones. Por lo que se refiere a la simplificaci ó n de los textos del Tratado, el Gobierno finlandés se muestra partidario de que la Conferencia haga lo necesario para facilitar la comprensión de los mismos por parte de los ciudadanos. En cuanto a la subsidiariedad, Finlandia considera que no es preciso modificar los términos del artículo 3B del Tratado que define la subsidiariedad. Dicho país considera que la clarificación y la aplicación apropiada del mismo podría ser llevada a cabo mediante la inserción en el Tratado de un protocolo que se basara en la Declaración de Edimburgo sobre la subsidiariedad.

En materia institucional, el documento se refiere en primer lugar al Parlamento Europeo. En relación con el mismo, Finlandia acoge favorablemente la posibilidad de fortalecer su posición en relación con los procedimientos legislativos. Ahora bien, dado que el punto de partida del Gobierno finlandés es preservar el carácter fundamental de la Unión en cuanto asociación de Estados, dicho Gobierno se propone rechazar todas aquellas propuestas que conduzcan al refuerzo de la posición del Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones en lo que se refiere a la modificación del Tratado. En relación con la Comisi ó n, Finlandia es favorable a que se mantenga el estatuto independiente de la misma en relación con los Estados miembros y su papel central en el pilar comunitario. Además, Finlandia considera que deberían atribuirse a la Comisión los medios adecuados para que pueda supervisar de forma efectiva la puesta en práctica de la legislación comunitaria y el cumplimiento de las restantes obligaciones de la pertenencia a la Unión. Según dicho país, tal supervisión podría realizar principalmente mediante el uso efectivo del sistema de sanciones actualmente ya disponible. En cambio, Finlandia no considera necesario alterar sustancialmente la posición de la Comisión por lo que se refiere a la cooperación intergubernamental en el ámbito de la PESC. Sin embargo, dicho Gobierno acoge favorablemente la posibilidad de que se amplíe el derecho de iniciativa de la Comisión en lo que se refiere al tercer pilar. En relación con los temas de la composición, nombramiento y responsabilidad de dicha institución, Finlandia considera que todos los Estados miembros deben tener un miembro en la Comisión, y se pronuncia en contra de la posibilidad de designar miembros de la Comisión de diferente rango. Además, considera apropiada la fórmula actual de elección de los miembros y del presidente de la Comisión, y tampoco considera necesario enmendar las disposiciones del Tratado relativas a la formulación de votos de censura o peticiones de dimisión de los miembros de la Comisión. En relación conel Consejo Europeo, Finlandia no considera necesario modificar las disposiciones de los Tratados en relación con el mismo. En cuanto al Consejo de la Uni ó n, el Gobierno finlandés considera que dicha institución debe continuar siendo el órgano central de adopción de decisiones sobre la base de la igualdad de estatuto de los Estados miembros que lo componen. Por lo que se refiere a la cuestión del proceso de adopción de decisiones y de la ponderación de votos, Finlandia considera que no es preciso modificar, al menos antes de la ampliación, el sistema de votación por mayoría cualificada actualmente en vigor. En todo caso, el Gobierno finlandés es partidario de que se incremente el voto por mayoría cualificada entre otras en las cuestiones relativas a la política social y al medio ambiente. De igual manera, Finlandia no descarta la posibilidad de incrementar el número de decisiones adoptadas por mayoría cualificada en el ámbito del segundo y del tercer pilares. Por lo que se refiere a la Presidencia y al sistema de trabajo del Consejo, Finlandia no cree que el aumento de la eficacia de la Presidencia a nivel práctico requiera enmiendas del Tratado. En relación con el Tribunal de Justicia, el Gobierno finlandés considera que el estatuto del mismo y sus relaciones con los tribunales nacionales no deben ser modificados. Además, la jurisdicción de dicho Tribunal debería ser ampliada en lo relativo al tercer pilar, pero no en lo que se refiere al ámbito de la PESC. Por lo demás, ficho país considera adecuado el sistema actual de designación de los jueces integrantes del Tribunal. En cuanto al Tribunal de Cuentas, Finlandia apoya el desarrollo y el refuerzo del papel del mismo para hacer más efectiva su supervisión del uso de los fondos comunitarios. Dicho país es partidario de que se establezca la obligación de consultar al Tribunal de Cuentas en determinadas materias legislativas, concediéndole el derecho de plantear quejas formales en los casos en que la acción de dicha institución sea obstruida, así como la extensión de su jurisdicción a los tres pilares. En relación con el Comité Económico y Social, Finlandia considera que el estatuto actual del mismo es el adecuado y que no se requiere modificación de los Tratados. De igual manera por lo que se refiere al Comité de las Regiones, el Gobierno finlandés considera que los trabajos del mismo en cuanto órgano consultivo deberían continuar en sus términos actuales.


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El informe del Gobierno finlandés aborda también la cuestión de los Parlamentos nacionales, considerando que éstos deben tener posibilidades efectivas de influenciar las actuaciones de la Unión con vistas a fortalecer el carácter democrático de la misma. Finlandia considera que las decisiones relativas a las relaciones entre los Gobiernos y los Parlamentos nacionales deberían continuar siendo adoptadas en el plano nacional interno, y que las instituciones de la Unión deberían trabajar de forma abierta y lo más eficiente posible, mediante procedimientos que faciliten y no limiten la capacidad de los Parlamentos nacionales para influenciar la adopción de posiciones por parte de los Estados miembros. En concreto, Finlandia se muestra dispuesta a aceptar la cooperación entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, en concreto conforme a las modalidades previstas en la Declaración nº 13. Por otra parte, tras considerar innecesaria toda modificación del proceso de ratificaci ó n para la revisión de los Tratados, el informe que estamos examinando manifiesta que no es necesaria la creación de una jerarqu í a normativa de los actos de la Uni ó n. Por lo que se refiere a la cuestión de la comitolog í a, Finlandia es partidaria de conferir una mayor claridad al uso del procedimiento de la comitología y de reforzar el papel de la Comisión en su puesta en práctica. En cambio, dicho país no es partidario de la participación del Parlamento Europeo ni de otra institución cualquiera en los trabajos de los comités ejecutivos. En relación con el tema de los recursos de la Uni ó n, Finlandia considera que tales cuestiones no deben ser abordadas con ocasión de la CIG, y que por tanto no existe necesidad alguna de incorporar al Tratado disposiciones específicas relativas al sistema financiero de la Unión. Por otra parte, el procedimiento presupuestario debería ser simplificado en el sentido de establecer una única fase tanto en el Consejo como en el Parlamento, lo que podría ser puesto enpráctica alterando la relación competencial entre ambas instituciones. Además, debería simplificarse la manera de clasificar los gastos presupuestarios en obligatorios y no obligatorios. Por otra parte, el Gobierno finlandés apoya un mayor papel del Tribunal de Cuentas en la lucha contra el fraude y a fin de asegurar de una manera general la supervisión efectiva del uso de los recursos. Por lo que se refiere a las pol í ticas comunitarias, Finlandia considera en términos generales que la Comunidad debería en primer lugar desempeñar mejor los cometidos ya asignados. Por otro lado, dicho país no es partidario de que se incluya la energ í a, el turismo, y la protecci ó n civil entre las políticas comunes, aunque esta última en concreto podría incluirse en el tercer pilar. Por otra parte, Finlandia considera que deben enmendarse los Tratados con vistas a salvaguardar mejor la posición de los consumidores.

El documento trata también de la acci ó n exterior de la Uni ó n. En primer lugar, el informe se refiere a la necesidad de dar un enfoque global a la cuestión de las relaciones exteriores de la Unión, con vistas a garantizar la consistencia de ésta, y el uso de los medios de la PESC de manera uniforme. Finlandia considera que es posible aumentar la cooperación entre las distintas áreas que integran las relaciones exteriores de la Unión en el marco de la estructura institucional actual, reforzando un enfoque global que trascienda la división en pilares. A tal efecto, dicho país considera que los procedimientos existentes deben ser continuamente desarrollados y que las relaciones entre el COREPER y el Comité Político deben ser explicadas. Para el Gobierno finlandés, todo ello no exige necesariamente la modificación de los Tratados. Al tratar del desarrollo de la PESC, Finlandia destaca la necesidad de que sean tenidos en cuenta de igual forma los intereses de todos los Estados miembros. En concreto, el Gobierno finlandés considera importante que la PESC continúe siendo una materia basada en la cooperación intergubernamental y fundada en la confianza mutua entre los Estados miembros y en un sentimiento de responsabilidad compartida. Por lo que se refiere al proceso de adopci ó n de decisiones, Finlandia se muestra partidaria de un mayor recurso al sistema de votación por mayoría cualificada cuando se trate de las cuestiones relativas a la ejecución de la PESC, así como del examen de la posibilidad de extender dicho sistema de votación a otro tipo de cuestiones. Como condición previa, los objetivos de la Unión en relación con cada una de las cuestiones particulares deberían ser claros, y los intereses vitales de los Estados miembros no deberían verse afectados. En relación con el tema de la representaci ó n exterior de la Uni ó n, Finlandia considera que corresponde al país que desempeñe la Presidencia el papel principal de asegurar la visibilidad de la PESC. En cambio, Finlandia se muestra contraria a la creación de una figura permanente que represente la PESC por entender que ello podría general más confusión que clarificación en relación con la acción exterior de la Unión. Por último, Finlandia se muestra partidaria de la creación de una capacidad colectiva de planificaci ó n y an á lisis en el ámbito de la PESC, asignada en principio al Secretariado del Consejo. Por otra parte, dicho país considera que debería ser clarificado el papel del Parlamento en el ámbito de la PESC sobre la base del Tratado de la Unión ya existente. Además, dicho país demanda un procedimiento más flexible y rápido para la financiaci ó n de la PESC, asociado a la ejecución de ésta. En todo caso, no considera necesaria introducir reformas en los Tratados en relación con estas cuestiones. Por último, el informe del Gobierno finlandés examina la cuestión de la pol í tica de seguridad y defensa, considerando que la gestión de las crisis militares forma parte de la PESC, en cuyo proceso de adopción de decisiones y en cuya ejecución todos los estados miembros deben de poder participar en pie de igualdad, aunque salvaguardando el derecho de un Estado miembro a decidir de forma independiente las cuestiones relativas a su seguridad que deben ser respetadas. Se trata en efecto de garantizar la efectividad de la acción colectiva emprendida por la Unión, salvaguardando al mismo tiempo el derecho de cada Estado miembro a decidir de forma independiente si participa o no en una operación. Finlandia considera que la capacidad de actuación de la Unión se hace más efectiva a medida que aumenta la cobertura dispensada por la PESC, lo que fortalece a la vez la seguridad de la Unión y la de sus Estados miembros. Por lo que se refiere a las relaciones entre la Unión Europea y la UEO, Finlandia considera que debe garantizarse el papel de liderazgo político de la Unión, mientras que la UEO podría ser a su vez un instrumento de la PESC a la hora de ejecutar las decisiones relativas a la gestión de las crisis militares. Finlandia considera que dicho objetivo es una de las tareas centrales de la CIG en el ámbito de la PESC.

En su parte final, el informe del Gobierno finlandés incluye una serie de disposiciones pr á cticas adoptadas a nivel interno con vistas a preparar la posición de Finlandia ante la CIG y asegurar a la opinión pública y a los restantes órganos e instituciones del país el conocimiento y la discusión de la misma.

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Parlamento Europeo, última revisión: 18 September 1996
URL : http://../igc/es/pos-fi.htm