LIBRO BLANCO SOBRE LA CONFERENCIA
INTERGUBERNAMENTAL DE 1996
VOLUME II


PAÍSES BAJOS

Memorándum de 14 de noviembre de 1994 sobre la ampliación de la Unión Europea: sus posibilidades y obstáculos

Esta nota fue enviada a las dos Cámaras el 14 de noviembre de 1994, siendo debatida en sesión plenaria el 14 de febrero de 1995. Contiene referencias y observaciones en relación con los puntos siguientes: la dimensión política de la seguridad; el estrechamiento de los lazos con la UE; ciertos problemas concretos; las cuestiones institucionales; y, por último, los temas relativos a la Europa a diversas velocidades.

En materia de ampliaci ó n de la Uni ó n Europea, el Gobierno holandés se manifiesta en favor de la integración de los países de Europa Central y Oriental en las estructuras políticas y económicas occidentales; esta adhesión debería producirse lo antes posible, pero salvaguardando a la vez la cohesión y firmeza de la Unión, una vez llevado a cabo el adecuado ajuste institucional. Por lo que se refiere a su propia actitud en relación con las futuras negociaciones de adhesión, el Gobierno holandés anuncia en la nota de referencia que se guiará, además de por la salvaguarda de los valores culturales, los principios democráticos y los derechos fundamentales recogidos en el Tratado de la Unión, en función de los cuatro intereses siguientes:

Por lo que se refiere a la pol í tica de seguridad, el Gobierno holandés estima que la integración en la Unión Europea implica de hecho la extensión de las garantías de seguridad a los nuevos Estados miembros, toda vez que los criterios de adhesión a la Unión Europea son los mismos en cierto modo que los requeridos para formar parte de la UEO o de la OTAN, y en consecuencia sostiene la conveniencia de mantener un enfoque paralelo en la ampliación de la Unión Europea, la UEO y la OTAN. Ello significa, por tanto, que la adhesión de los países de Europa Central y Oriental a la Unión Europea, a la UEO y a la OTAN, debe ser considerada de forma conjunta, aunque en ciertos casos la adhesión a la OTAN podría preceder a la adhesión a la Unión Europea siempre y cuando ello no pusiera en peligro las buenas relaciones con Rusia. El Gobierno holandés recomienda a los países de Europa Central y Oriental la firma de acuerdosvinculantes con sus países vecinos en relación con las disputas fronterizas, los problemas fronterizos vinculados al problema de las minorías, y toda otra potencial fuente de conflictos. En definitiva, según el Gobierno holandés, en materia de seguridad el punto de partida debe ser el asegurar que la Unión Europea, la UEO y la OTAN expanden hacia el Este sin provocar una nueva división de Europa, sin que ello quiera decir que dicha expansión requiere la previa aprobación rusa.

Por lo que se refiere al tema del estrechamiento de los lazos con la Uni ó n Europea, el documento del Gobierno holandés sugiere la conveniencia de una integración gradual de los países de Europa Central y Oriental, mediante la firma de Acuerdos Europeos que prevean el establecimiento de una zona de libre cambio en un plazo de diez años, y que ofrezcan a aquellos países la perspectiva de una posterior adhesión a la Unión. Por el momento, el Gobierno holandés estima que este enfoque concierne a los cuatro países del Visegrado, más Rumanía y Bulgaria. A este respecto, el Gobierno holandés considera que a la hora de fortalecer los lazos con los países de Europa Central y Oriental, dichos países deben recibir un tratamiento igualitario, aunque dadas las grandes diferencias políticas y económicas existentes entre los diversos países con los que la Unión Europea ha concluido Acuerdos Europeos, deben efectuarse las correspondientes distinciones en cuanto al momento de inicio de las negociaciones y a la posterior adhesión a la Unión. En todo caso, tales distinciones deben basarse en los criterios establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague. Además, el Gobierno holandés no desea que la expansión de la Unión se traduzca en pérdida de eficacia o de capacidad de decisión de la misma.
| Vers le début de la page |

La nota del Gobierno holandés se refiere también a ciertos problemas concretos que se derivan de la ampliaci ó n. En este sentido, se aborda en primer lugar la cuestión de la adopci ó n del acervo comunitario. Al respecto, el Gobierno holandés se manifiesta en favor del establecimiento de largos períodos de transición, o del establecimiento previo de una unión aduanera. Ahora bien, en ambos casos ello implicaría el mantenimiento de los controles fronterizos actualmente existentes durante un cierto período de tiempo. En relación con los temas de migraci ó n y cooperaci ó n entre las autoridades judiciales, el documento propone el establecimiento de períodos transicionales en los que se apliquen ciertas restricciones en materia de libre circulación de trabajadores, a fin de impedir una migración inicial a gran escala hacia los miembros actuales de la Unión Europea, y hasta tanto el desarrollo económico y el progreso de los países de Europa Central y Oriental haga decrecer la migración. En opinión del Gobierno holandés el problema de la migración debe ser discutido con los países PECOS en una fase anterior a la adhesión, y en este sentido recomienda colaborar estrechamente con ellos en la puesta en marcha de la política en asuntos de interior y de justicia. Según el Gobierno holandés ello podría llevarse a cabo mediante negociaciones con dichos países a fin de que pongan en práctica las resoluciones, líneas maestras y conclusiones establecidas por la Presidencia de la Unión en el área de los asuntos de interior y justicia, así como la aplicación de posibles acciones conjuntas en tales ámbitos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo K.3 del Tratado de Maastricht, o incluso mediante la celebración de acuerdos vinculantes. El documento trata también de las tensiones existentes entre los pa í ses de Europa Central y Oriental, y se pronuncia en favor de que los problemas bilaterales entre los países de Europa Central y Oriental o entre éstos y otros países terceros, sean resueltos antes de su adhesión a la Unión Europea, como a la UEO y a la OTAN, para evitar que tales problemas bilaterales entrañen riesgos suplementarios sobre todo en lo que se refiere al sistema de toma de decisiones interno. El documento se pronuncia también sobre las implicaciones de la ampliaci ó n para la pol í tica mediterr á nea de la Uni ó n Europea. A este respecto, el Gobierno holandés mantiene que debe concederse un trato igual (al menos en términos materiales) a todos ellos, ya sea en la zona mediterránea o en la antigua Unión Soviética, o ya se trate delos países con los cuales la Unión Europea mantiene acuerdos de asociación, y con independencia en este último caso de que puedan acceder en una fase ulterior a la Unión Europea y devengan miembros de ésta. El documento se pronuncia también sobre los aspectos financieros de la ampliaci ó n en relaci ó n con la pol í tica agr í cola com ú n y los fondos estructurales. Al efecto, y ante el temor de que las importantes consecuencias financieras de la ampliación resulten en un incremento sustancial de la contribución de los Países Bajos a la Unión Europea, el Gobierno holandés se pronuncia en favor de que se revise la regulación actual de los fondos estructurales así como la política agrícola común. El Gobierno holandés, en consecuencia, sostiene que la contribución holandesa a la Unión Europea no debe ser elevada a un nivel inaceptable después de 1999, con ocasión de la revisión de los fondos estructurales, pues ello tendría importantísimas consecuencias sobre el presupuesto nacional. Por ello se propone o bien la modificación del sistema actual de contribuciones en materia agrícola y de política estructural, o bien la fijación de excepciones temporales a largo plazo para los nuevos Estados miembros, o bien una combinación de ambas.

El documento aborda también las cuestiones institucionales derivadas de la ampliación. A este respecto, el Gobierno holandés se pronuncia en contra de la posibilidad de que se lleve a cabo sólo una extrapolación del marco institucional actual, a la hora del inicio de las negociaciones de ampliación, y anticipa su impresión de que no se producirán resultados especialmente significativos como resultado de la Conferencia Intergubernamental, a menos que la inminencia de las nuevas ampliaciones den lugar a nuevas fórmulas de compromiso. Según el Gobierno holandés, la reforma institucional debe estar dirigida a preservar el buen funcionamiento del mercado único, por lo que la Unión debe ser puesta previamente en orden mediante el recurso a la desregulación y a la subsidiariedad antes de que se lleve a cabo la ampliación. En su opinión, sólo debe reglamentarse allí donde sea estrictamente necesario, mediante el recurso a una legislación accesible y comprensible, llevando a cabo una política legislativa transparente. En su opinión, este objetivo debe ocupar una posición preeminente en la agenda europea de los próximos años.

El documento se pronuncia también sobre la cuestión de la Europa a diversas velocidades, considerando inevitable un cierto grado de diferenciación en el proceso de integración europea en el contexto de una Unión que tenga de 20 a 28 Estados miembros. Tal diferenciación no debería sin embargo minar la cohesión de la Unión más allá de lo estrictamente necesario, y se pronuncia más bien en favor del enfoque de las velocidades múltiples que permitiría mantener el mismo objetivo para todos los Estados miembros, que serían alcanzados siguiendo distintos ritmos. En todo caso el Gobierno holandés propone una serie de criterios que deberían mantenerse: en primer lugar, la integración diferenciada debe ser compatible con los objetivos del Tratado de la Unión Europea; en segundo lugar, cada Estado miembro debe ser libre de participar si quiere y puede reunir los requisitos para un avance más rápido; la integración diferenciada no debe minar el orden jurídico comunitario ni debilitar la cohesión del mercado interior (el Gobierno holandés otorga una especial importancia a este tercer criterio); en último lugar, según el Gobierno holandés, no debe permitirse a los Estados que opten por quedar fuera, el que se puedan oponer a la formación de otros grupos más avanzados que reúnan los restantes requisitos y criterios. El Gobierno holandés, en consecuencia, se pronuncia en contra de la Europa a la Carta y de la posibilidad de que los Estados miembros puedan optar libremente por integrarse en ciertas áreas y no en otras, particularmente por lo que se refiere al mercado interior y a las políticas subsiguientes. En este sentido, por ejemplo, el Gobierno holandés considera que el paso a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria es un buen ejemplo del enfoque que él propugna a propósito de una integración a velocidades múltiples. Por lo que se refiere al ámbito del segundo y del tercerpilares, el Gobierno holandés considera que no todos los Estados miembros comparten la misma percepción de los objetivos del Tratado, y en consecuencia considera que aunque en su opinión el enfoque de la Europa a distintas velocidades es preferible, no debería excluirse la opción de la geometría variable en ambos pilares, conforme a la cual los objetivos y la puesta en práctica de los mismos varía para cada país o grupo de países, como pone de manifiesto el ejemplo del acuerdo de Schengen o el de la política exterior y de seguridad común y de la UEO.
| Vers le début de la page |

Por último, como conclusiones el documento del Gobierno holandés subraya el enfoque paralelo de la adhesión a la Unión Europea, a la UEO y a la OTAN, como punto de partida inicial de las negociaciones con los PECOS, y recuerda la importancia vital económica y política de preservar el buen funcionamiento del mercado interior, del ordenamiento jurídico comunitario, y del pase a la tercer fase de la Unión Económica y Monetaria en 1999 como fecha más tardía, en la perspectiva de la adhesión. A tal efecto, destaca la necesidad de introducir largos períodos de transición una vez producida la adhesión de los Estados del Este, así como el mantenimiento de los controles fronterizos actuales en una primera fase. El documento insiste en que la carga financiera se mantenga también en un nivel aceptable para los Estados miembros, lo que requerirá la posterior modificación de la política agrícola común y reformas sustanciales de los fondos estructurales. En el ámbito institucional, el Gobierno holandés establece que la adhesión de nuevos Estados deberá ir precedida por una reforma institucional fundamental, que permita a las instituciones de la Unión Europea actuar de forma más eficiente y decisiva. El documento holandés propone pues una profundización de la Unión que iría no en el sentido de añadir nuevas políticas, sino en el de mantener su capacidad para actuar de forma eficiente tanto en el interior como en el exterior. Por último, el documento expresa dudas en cuanto a la posibilidad de que la Conferencia Intergubernamental de 1996 haga suficientes progresos en este sentido, pronunciándose en favor de una integración diferenciada en ciertos ámbitos que no ponga en peligro el mercado interior ni opere en perjuicio de la cohesión de la Unión Europea en su conjunto.

Memorándum del Gobierno holandés, de 30 de marzo de 1995, sobre la Política Exterior de Seguridad y de Defensa Europea: hacia una acción exterior más firme de la Unión Europea

Este informe fue presentado por el ministro holandés de Asuntos Exteriores Sr. Hans van MIERLO a la Cámara de Diputados el 30 de marzo de 1995. Este segundo Memorándum con el que el Gobierno holandés se propone contribuir a estimular el debate en los Países Bajos sobre la Europa del futuro, comienza con una breve introducción descriptiva de las nuevas tareas encomendadas a la PESC por el Tratado de Maastricht. A continuación, el memorándum efectúa un análisis de los cambios acaecidos en la situación política y de seguridad de Europa, así como sobre la necesidad de que la UE lleve a cabo una acción exterior más firme y decidida. A este respecto, el Gobierno holandés considera que la integración política y económica debe ser acompañada por una integración también en la estructura de seguridad común. En consecuencia, como punto de partida dicho Gobierno se manifiesta también en favor de la noción de un enfoque paralelo de la integración en la UE, en la UEO y en la OTAN, aunque ello no excluye la posibilidad de que algunos países se conviertan en miembros de la OTAN antes de acceder a la UE. Como quiera que sea, la transparencia debería ser un elemento fundamental de la ampliación de las tres organizaciones citadas, lo que exige por otra parte un intenso diálogo con Rusia. Tras enumerar a continuación una serie de razones que abogan en favor de una acción exterior más decidida por parte de la Unión Europea, este segundo memorándum holandés examina los objetivos y el contexto de una política exterior y de seguridad y defensa común europea. En primer lugar, por lo que se refiere a la UE y a la UEO, el documento considera que no existe necesidad alguna de que la CIG reformule nuevamente los objetivos de la PESC que ya han sido suficientemente definidos en el artículo J.1.2 del Tratado de Maastricht. Por contra, el Gobierno holandés propone que la acción externa necesaria para el logro de tales objetivos sea fortalecida. En consecuencia, el memorándum avanza una serie de propuestas a las que más adelante se hará referencia. El documento analiza también los planes para mejorar la efectividad de la PESC a la luz de las políticas desarrolladas por las otras organizaciones internacionales, en concreto la OTAN, la OSCE y las Naciones Unidas. En relación con la OTAN, el documento considera que ésta se ha adaptado significativamente a las cambiantes circunstancias de la situación actual, pero en todo caso se requerirían todavía nuevas reformas, debiendo examinarse en concreto lo relativo a la composición, escala y uso de la estructura militar integrada. En este sentido, la puesta en práctica del plan lanzado por la OTAN en la Cumbre de enero de 1994 sobre las Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas (CJTF), se está desarrollando de una manera más lenta que la inicialmente prevista, lo que está restringiendo el papel operativo de la OTAN y en particular de la UEO. En cuanto a la OSCE, según el documento en cuestión la UE debería hacer el mayor uso posible de las posibilidades ofrecidas por el marco de la OSCE a la hora de poner en práctica su propia política exterior. En relación con las Naciones Unidas, este segundo memorándum recuerda que los Estados miembros de la UE que son a la vez miembros permanentes del Consejo de Seguridad de dicha organización constituyen un importante lazo entre ésta última y la PESC y, en este sentido, el Gobierno holandés muestra su convicción de que la cohesión y la efectividad de la PESC se verían beneficiadas si el Tratado revisado de la UE impusiera una obligación de coordinación más vigorosa, pues la experiencia demuestra que tal coordinación deja todavía bastante que desear en el momento actual.


| Vers le début de la page |

A continuación, el memorándum efectúa en su parte tercera una evaluación de la PESC y formula una serie de sugerencias en relación con la misma. El documento evalúa en primer lugar a la PESC como instrumento desde la entrada en vigor del Tratado de la UE, estableciendo que a pesar de la inclusión de la PESC en el artículo J del Tratado, en realidad la política exterior y de seguridad común no existe en la práctica. Aun cuando según el documento la experiencia de la PESC es todavía limitada, y por tanto toda evaluación de la misma forzosamente no puede ser nada más que provisional, el memorándum considera que la inefectividad de la PESC debería ser explicada no sólo por razón de ciertas deficiencias técnicas, sino sobre todo por razones de voluntad política. En este sentido, el Gobierno holandés considera que una de las cuestiones claves que deberían suscitarse con ocasión de la próxima CIG es justamente la de si los Estados miembros están dispuestos a transformar la voluntad política en acción concreta, mediante la introducción de nuevas disposiciones en el Tratado que reducirían el recurso a la regla del consenso a la hora de tomar y poner en práctica las decisiones en materia de la PESC. En concreto, como sugerencias para una PESC más efectiva, el documento en cuestión formula una serie de propuestas en relación con distintos ámbitos que se han revelado como otras tantas debilidades del sistema, esto es, la capacidad de análisis, el sistema de toma de decisiones, la financiación, y la coherencia de la estructura del segundo pilar en relación con la necesaria consistencia de toda acción exterior. En lo que se refiere a la capacidad de análisis, según el documento en cuestión la CIG podría optar por reforzar la Unidad que se ocupa de la PESC en el seno de la Secretaría General del Consejo, o establecer una estructura separada y desconectada de dicho Secretariado, la cual sería liderada por un Secretario General dedicado exclusivamente a la misma, se ocuparía únicamente de la PESC y podría constituirse en el elemento de impulsión de la misma. En todo caso, el documento considera que para que la Comisión esté totalmente asociada con el trabajo llevado a cabo en el ámbito de la PESC en la forma establecida en el artículo J.9, dicha Institución debería poder participar en las actividades de la Unidad reforzada que se ocupara de la PESC en el seno del Consejo, o también en la nueva estructura que se creara para tratar exclusivamente de la PESC. En definitiva, la actual participación de la Comisión en la puesta en práctica de la PESC debería ser extendida de manera que incluyera los preparativos de la toma de decisiones. Por lo que se refiere propiamente al sistema de decisiones, el documento propone ciertas alternativas a la regla del consenso. En relación con las decisiones relativas a la puesta en práctica de una decisión común, el documento propone mejorar la redacción actual del artículo J.3.2 de manera que se asegure que todas las decisiones adoptadas al respecto lo son por mayoría cualificada. Por otra parte, se propone también un uso más amplio de la fórmula de la abstención a la hora de adoptar una acción conjunta. De hecho, en relación con la adopción de una acción conjunta, el documento propone también la restricción del sistema actual por consenso y la introducción de un sistema de "consenso menos uno", que debería de esta forma convertirse en la norma general, excepto en los casos de existencia de un interés vital por parte de alguno de los Estados miembros, en cuyo supuesto se continuaría aplicando la regla del consenso. Además, el documento holandés se manifiesta también sobre la idea avanzada por Alemania de introducir el sistema del voto por mayoría a la hora de adoptar una acción común, aclarando que en tal supuesto se trataría de un sistema de decisión por mayoría pero dentro de un contexto intergubernamental, distinguiéndolo así del sistema de toma decisiones por mayoría en el ámbito comunitario, basado en el derecho exclusivo de iniciativa por parte de la Comisión, la implicación en el proceso del PE, y el papel desempeñado por el Tribunal de Justicia a la hora de revisar la legalidad de la legislación así aprobada. En todo caso, según el documento en cuestión la comunitarización de la PESC podría constituirse en una opción a más largo plazo. Por otra parte, tras aclarar que las opciones avanzadas en relación con la adopción de acciones conjuntas podrían también ser oportunas en relación con el proceso de adopción de decisiones comunes en los términos del artículo J.2, el Gobierno holandés considera que en ningún caso la regla del consenso debería conducir a una situación en la cual los Estados miembros pudieran verse forzados a desplegar tropas para tareas de gestión de crisis en el contexto de una política de defensa común que la UE pudiera desarrollar en el futuro. En relación con la financiación, el Gobierno holandés se muestra partidario de que las acciones conjuntas sean puestas en práctica por todos los Estados miembros, y de que la financiación de las mismas se realice en el marco del presupuesto comunitario, lo que significa que la Comisión y el PE tendrían también un papel que desempeñar. Ahora bien, para el caso de que el Consejo optara por una PESC financiada con cargo a los presupuestos nacionales, el punto de vista del Gobierno holandés es el de que la clave del reparto correspondiente sea el Producto Nacional Bruto. Por otra parte, en los casos en los que sólo ciertos países participaran en una acción común y otros no, aun sin oponerse a tal posibilidad, dicho Gobierno considera que los costes de la operación deberían ser repartidos según un criterio equitativo entre los países participantes y los no participantes. Por lo que se refiere, por último, a la consistencia y continuidad de la acción exterior, el Gobierno holandés se muestra una vez más partidario de que el acervo comunitario sea respetado, lo que en su opinión significa resolver las incertidumbres y debilidades actuales del sistema de pilares que se traducen en la inclusión de elementos comunitarios en el ámbito de las decisiones de la PESC, y a la inversa, en la tendencia de ciertos Estados miembros a utilizar el marco de la PESC para decidir sobre materias que en los términos del Tratado de la Unión corresponden al ámbito competencial de la Comunidad, en un intento de utilizar así los cauces intergubernamentales para regular materias que son responsabilidad de la Comunidad Europea y en las que se ha decidido tradicionalmente conforme al sistema del voto mayoritario, a partir de una propuesta de la Comisión.


| Vers le début de la page |

El memorándum holandés efectúa a continuación una evaluación de la política de defensa europea común, formulando también una serie de sugerencias. Respecto de las relaciones entre la UE y la UEO tras la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea,, el documento considera que la CIG será un buen momento para plantearse la cuestión de la integración de la UEO en la UE en el plano político e institucional, a cuyo efecto el resultado de la CIG podría ser una disposición que escalonara dicha integración en un cierto número de años, para lo cual la fecha de expiración del Tratado de Bruselas modificado de 1998 podría constituir un buen término de referencia. Más adelante, el documento desarrolla las diversas modalidades conforme a las cuales podría producirse la integración de la UEO y la UE con vistas a una política de defensa común, desarrollando las tres hipótesis siguientes: incorporación de la UEO en la UE, lo que podría hacerse de dos maneras, esto es, manteniendo los términos actuales del segundo pilar de la Unión o formando un separado cuarto pilar, o bien como tercera posibilidad manteniendo a la UEO como una organización separada y autónoma aunque en estrecha cooperación con la UE. Por lo que se refiere a las dos posibilidades de incorporación de la UEO en la UE, el documento holandés pone de relieve, en cuanto a la garantía de seguridad, que la mayor parte de los Estados miembros, incluidos los Países Bajos, consideran que una política de defensa común debe contener una obligación mutua, pero ello no altera el hecho de que el cumplimiento de dicha obligación debería continuar siendo una cuestión de la OTAN. Por otra parte, según dicho Gobierno, la inclusión en el Tratado de la Unión de nuevos objetivos y tareas en materia de política de defensa común no debería entrañar la obligación de llevar a cabo tales tareas en todo tiempo y en no importa qué circunstancias, dejando abierta la posibilidad de que la puesta en práctica de tales objetivos y tareas sea llevada a cabo únicamente por una coalición "ad hoc". Por otra parte, la incorporación de la UEO en la UE debería crear un vínculo directo entre la UE y los socios de América del Norte, vínculo que podría tomar la fórmula de un contrato atlántico que, sin embargo, no sustituiría al Tratado del Atlántico Norte. Tras referirse a las cuestiones derivadas de la diferente pertenencia a la UE y a la UEO, el documento aborda también los problemas institucionales derivados de una posible incorporación de la UEO a la UE, para concluir que, con independencia de si la política de defensa común debe tomar la forma de un segundo o de un cuarto pilares, los poderes de la Comisión en este ámbito deberían limitarse a su intervención en la puesta en ejecución de tareas distintas a las mencionadas en el artículo V del Tratado de Bruselas. Por su parte, el papel del PE dependería de la posición ocupada por la Asamblea de la UEO en relación con la política de defensa común. El documento aborda también la posibilidad de una UEO que continúe constituyendo una entidad separada. Sin embargo, en relación con todas las opciones que anteceden, el Gobierno holandés se muestra partidario de la futura integración de la UEO en la UE, y no cree que el establecimiento de un cuarto pilar en el sistema del Tratado de la UE constituyera la alternativa más válida. Según dicho Gobierno, la integración de la UEO en el segundo pilar presenta la ventaja de facilitar la transición de la PESC a la política de defensa común reforzando el carácter decisivo y la credibilidad de ambas. Por otro lado, dada la complejidad de los problemas existentes, dicho Gobierno no cree posible la integración completa de la UEO en la UE a corto plazo; sin embargo, propone que, aun cuando la UEO continúe existiendo como organización separada todavía durante algún tiempo, la CIG debería dar los primeros pasos en el camino de la integración total.

Tras hacer referencia a las distintas consecuencias principalmente operativas que se derivarían de la integración de la UEO en la UE, el documento holandés hace hincapié en la cuestión del control democr á tico. Al respecto, concluye que en la perspectiva de que la CIG acordara un sistema de toma de decisiones en el ámbito de la PESC en el que no se recurriera a la regla del consenso, las decisiones así adoptadas deberían estar sujetas al control parlamentario a nivel europeo. Según el Gobierno holandés, aun cuando cabe esperar que la CIG confiera mayores poderes al Parlamento Europeo en el ámbito de la PESC, en el caso de que no fuera así las opciones antes expuestas deberían ser examinadas con vistas adeterminar si la ventaja de una mayor efectividad compensaría la desventaja de un control democrático más reducido. De todos modos, este dilema podría no suscitarse, puesto que según el Gobierno holandés muy probablemente las decisiones en este ámbito deberán continuar siendo tomadas sobre la base del principio de unanimidad.

Por último, el documento hace un análisis de los efectos de la ampliaci ó n de la UE en relaci ó n con las propuestas para el logro de una PESC m á s vigorosa y con la formulaci ó n de una pol í tica de defensa com ú n, sosteniendo, por un lado, que la integración de los países de Europa Central y Oriental en la UE, en la UEO y en la OTAN debe constituir en la medida de lo posible un proceso paralelo, con lo que la adhesión de tales países a la UE no tendría porqué presentar problemas desde la óptica de la PESC y de la futura política de defensa común; por otro lado, el documento recomienda también una flexibilidad suficiente en la puesta en práctica de la PESC y de la política de defensa común, habida cuenta de la gran variedad de intereses geopolíticos que se producirán tras tales adhesiones y que podrían aconsejar la formación de coaliciones "ad hoc". En su último punto dedicado a las fuerzas en presencia en el interior de la UE, el documento en cuestión constata que aunque la comunitarización de la PESC podría resolver muchos de los problemas actuales, no existe duda alguna de que en la actualidad la mayor parte de los Estados miembros no están preparados para asumir tal posibilidad y que, en consecuencia, la PESC continuará manteniendo su estructura intergubernamental por el momento, según un enfoque que este memorándum atribuye especialmente al Reino Unido y a Francia. Por su parte, el Gobierno holandés se propone apoyar las tesis alemanas favorables a la introducción del voto por mayoría en el proceso de toma de decisiones como manera de hacer a la PESC más efectiva dentro de un enfoque general más favorable a lo comunitario. Por lo que se refiere a las relaciones entre la UEO y la UE, el Gobierno holandés concluye que la incorporación de aquella a ésta constituirá un proceso gradual que no será completado en 1996, y al que la CIG sólo podrá poner en marcha.
| Vers le début de la page |

Cooperación europea en los ámbitos de la Justicia y de los Asuntos de interior. Tercer Memorándum, de 23 de mayo de 1995, para la Conferencia Intergubernamental de 1996

El 23 de mayo de 1995, el Gobierno de los Países Bajos presentó un tercer memorándum relacionado con la cooperación en el seno de la Unión Europa en los asuntos de la Justicia y de los asuntos de Interior (JAI). Para el Gobierno de los Países Bajos, estos asuntos (libre circulación de personas, política de visados y de asilo, inmigración, posición de los nacionales de terceros países, lucha contra la delincuencia organizada, tráfico de drogas y fraude, así como las medidas para luchar contra el racismo y la xenofobia) no pueden seguir abordándose según una base estrictamente nacional. Por el contrario, estos problemas exigen una cooperación real en el seno de la Unión Europea y la cooperación judicial, aduanera y policial es el único medio de ofrecer seguridad y protección jurídica a los ciudadanos. De cualquier manera, teniendo en cuenta el lento avance realizado tras la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, el Gobierno de los Países Bajos considera deseable que el funcionamiento del tercer pilar se evalúe adecuadamente en el marco de la CGI y señala dos temas clave para dicha evaluaci ó n: la eficacia de la cooperaci ó n y el mantenimiento del Estado de derecho. En este tercer memorándum, el Gobierno de los Países Bajos resume brevemente los antecedentes de la cooperación en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior, analiza los problemas que ello supone y presenta una serie de propuestas destinadas a mejorar la situación. En cuatro capítulos diferentes, el documento que fija la posición de los Países Bajos aborda el marco de la política de JAI, la situación del tema,la evaluación de la cooperación en materia de justicia y de asuntos de interior y posibles maneras de mejorar la cooperación al respecto.

Tras describir el marco pol í tico actual en lo que respecta a la justicia y a los asuntos de interior, el memorándum señala los resultados hasta la fecha de la política de justicia y de asuntos de interior con respecto a la política de migración, a la política de asilo, a la coordinación policial y aduanera y a la acción contra la delincuencia organizada internacional, la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes y la cooperación judicial en asuntos penales y civiles. En conclusión, el Gobierno de los Pa í ses Bajos considera que, en general, los resultados concretos de la cooperaci ó n en los á mbitos de la justicia y de los asuntos de interior han sido algo escasos, especialmente en vista de las ambiciones previstas en el programa de trabajo inicial de noviembre de 1993. Incluso en aquellos ámbitos -visados, aduanas, drogas y política antifraude- en los que debían establecerse medidas tanto en un marco comunitario como de justicia y asuntos de interior, surgen a veces problemas de armonización y el proceso de toma de decisiones avanza a un ritmo diferente. Esto tiene consecuencias para la eficacia y la cooperación así como para la protección jurídica de los ciudadanos.

Con respecto a la evaluaci ó n de la cooperaci ó n en materia de justicia y de asuntos de interior, el documento que establece la posición de los Países Bajos se refiere a un determinado número de problemas. Algunos se refieren a la eficacia del proceso de toma de decisiones, a las decisiones que exigen la unanimidad, a la falta de objetivos detallados y de programas de trabajo plurianuales, al papel limitado de la Comisión, al engorroso sistema de los comités, al problema planteado por el carácter jurídico de las decisiones relativas a justicia y a asuntos de interior y al problema de la financiación de las actividades de la justicia y de los asuntos de interior. Algunos otros problemas, según el memorándum neerlandés, se refieren a la supervisión democrática y judicial del proceso de toma de decisiones: la influencia de los Parlamentos nacionales en el proceso de toma de decisiones relativas a la justicia y a los asuntos de interior, al acceso parlamentario a la información administrativa, al acceso del público a la información administrativa y a las garantías jurídicas mediante la jurisdicción del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En conclusión, el memorándum neerlandés señala que la cooperaci ó n en los á mbitos de la justicia y de los asuntos de interior se caracteriza por un determinado n ú mero de deficiencias. En especial, estas deficiencias se refieren a los á mbitos siguientes:

- resultados pol í ticos y car á cter decisivo:

a. toma de decisiones sujeta al voto por unanimidad,

b.falta de objetivos políticos,

c.falta de dirección en las preparaciones políticas llevadas a cabo por la Presidencia y limitado papel de la Comisión,

d.estructura pesada del proceso de toma de decisiones.

- acceso a la informaci ó n, supervisi ó n judicial y control democr á tico

e.el acceso parlamentario y del público a la información administrativa es limitado,

f.no existe certidumbre de que el Tribunal de Justicia pueda ejercer su jurisdicción con el fin de facilitar garantías jurídicas,

g.la influencia parlamentaria sobre la toma de decisiones en el marco de la justicia y de los asuntos de interior es limitada.


| Vers le début de la page |

Finalmente, el memorándum neerlandés propone algunas maneras posibles de mejorar la cooperaci ó n en el á mbito de la justicia y de los asuntos de interior. Con respecto a la doble opción de la plena comunitarización o del abandono del tercer pilar, el memorándum subraya claramente que, mientras que el Gobierno de los Pa í ses Bajos considera que la existencia del pilar de la justicia y de los asuntos de interior es el punto de partida de su posici ó n en la CIG, es preciso examinar cada á mbito pol í tico y cada problema relativos a la justicia y a los asuntos de interior con el fin de determinar las mejoras que pueden llevarse a cabo, incluida una mayor comunitarizaci ó n.

En particular, el memorándum incluye un determinado número de opciones intermedias para mejorar la cooperaci ó n en materia de justicia y de asuntos de interior, algunas de ellas relativas a mejoras de procedimiento que podrían efectuarse sin necesidad de modificar el Tratado. Otras, medidas de mayor alcance, especialmente las que implican alteraciones institucionales, exigirían una modificación del Tratado de la Unión Europea. Todas estas medidas pueden resumirse como sigue:

a) Clarificación de los objetivos políticos del Tratado:

El Gobierno de los Pa í ses Bajos opina que deber í an incorporarse objetivos pol í ticos y recursos m á s espec í ficos. Esto supondría que el Artículo K.1 del Tratado de la Unión Europea no incluiría únicamente una lista de ámbitos políticos, como hace ahora, sino que indicarêa, para cada uno de los ámbitos políticos en cuestión, los principios en los que se basa dicha política, los objetivos de la misma y los recursos políticos que se deben utilizar.

b) Mejoras en la orientación política y programas de trabajo plurianuales:

El Gobierno de los Pa í ses Bajos considera que un programa de trabajo plurianual ayudar í a a fomentar el progreso y la continuidad de la cooperaci ó n en los á mbitos de la justicia y de los asuntos de interior. Un programa de este tipo sería todavía más eficaz si fuera el Consejo Europeo el que estableciera sus puntos principales. A continuación, el Consejo de Justicia y de Asuntos de Interior podría interpretar y elaborar estos puntos.

c) Fortalecimiento del derecho de iniciativa de la Comisión:

Seg ú n el memor á ndum, el Gobierno de los Pa í ses Bajos estar í a a favor de ampliar el derecho de iniciativa para que abarcara tres á mbitos que hasta ahora han estado reservados a los Estados miembros: la cooperaci ó n judicial en asuntos penales, la cooperaci ó n aduanera y la cooperaci ó n judicial. Por otra parte, el Gobierno de los Países Bajos considera que sería menos apropiado facilitar a la Comisión un derecho exclusivo de iniciativa en una estructura intergubernamental de justicia y de asuntos de interior. Más que introducir un derecho exclusivo de iniciativa en el pilar relativo a la justicia y a los asuntos de interior, sería más adecuado -en vista de las relaciones entre los pilares- revisar las ventajas de transferir determinados ámbitos del tercer al primer pilar.

d) Mayor rigor del proceso de toma de decisiones:

El Gobierno de los Pa í ses Bajos opina que la estructura de toma de decisiones deber í a ser m á s riguroso. Esto facilitaría el papel de coordinación asignado al Comité citado en el artículo K.4 del Tratado de la Unión Europea. En conjunción con un programa de trabajo plurianual, deberían estudiarse entonces los proyectos de los que debería ser responsable el Comité creado por el artículo K.4. Para ello no sería necesario modificar el Tratado.

e) Clarificación del carácter jurídico de las decisiones en materia de justicia y de asuntos de interior:

El Gobierno de los Pa í ses Bajos considera que el valor jur í dico de la "posici ó n com ú n" y de la "acci ó n com ú n" deber í a definirse m á s claramente. La CIG deberíaclarificar el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea al respecto. Por ejemplo, podría establecerse que una decisión es vinculante con respecto al resultado que cabe alcanzar, pero que es competencia de los Estados miembros seleccionar la manera y los medios de alcanzar dicho resultado.

f) Clarificación de los mecanismos financieros:

El principio b á sico del Gobierno de los Pa í ses Bajos es que la financiaci ó n comunitaria tiene ventajas evidentes con respecto a la financiaci ó n intergubernamental. Tanto los factores relacionados con la política como los factores institucionales entran aquí en juego. Desde el punto de vista de la política, la financiación con cargo al presupuesto comunitario facilita la cooperación entre el tercer y el primer pilar, lo cual constituye una ventaja al evaluar las políticas. Desde un punto de vista institucional, los Países Bajos conceden importancia al hecho de que la financiación con cargo al presupuesto comunitario implica de manera más estrecha a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas en lo que respecta a los aspectos financieros del tercer pilar.
| Vers le début de la page |

El Gobierno de los Pa í ses Bajos considera que el Tratado de la Uni ó n Europea deber í a se ñ alar claramente los gastos que pueden tomarse en consideraci ó n para su financiaci ó n con cargo al presupuesto comunitario y los procedimientos que ser á n de aplicaci ó n si se aprueba la financiaci ó n intergubernamental.

g) Mayor implicación del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales

El Gobierno de los Pa í ses Bajos considera que, adem á s de la supervisi ó n parlamentaria nacional ya existente, deber í a implicarse m á s estrechamente que ahora al Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones sobre cuestiones relativas a la justicia y a los asuntos de interior. Esto puede hacerse de dos maneras. En primer lugar, debe ofrecerse al Parlamento Europeo, y no menos a los Parlamentos nacionales, un mejor acceso a la información administrativa en el contexto del tercer pilar. Para ello, el Gobierno está a favor de que se incluya en el Tratado una disposición según la cual todos los proyectos de decisiones que sean vinculantes para los Estados miembros deberían presentarse al Parlamento Europeo antes del procedimiento de toma de decisiones en el Consejo. En segundo lugar, esta disposición debería también hacer posible que el Parlamento Europeo presentara un dictamen sobre el proyecto de decisión que se le haya presentado en un plazo razonable de tiempo (por ejemplo, tres meses), lo cual ayudaría a orientar el debate político.

h) Fortalecimiento del papel del Tribunal de Justicia

Con el fin de garantizar el mayor papel posible al Tribunal de Justicia en el pilar relativo a la justicia y a los asuntos de interior, el Gobierno de los Pa í ses Bajos considera que el Tribunal de Justicia deber í a tener jurisdicci ó n plena y obligatoria. La jurisdicción plena debería entenderse como jurisdicción con respecto tanto a la solución de los conflictos como a la emisión de decisiones preliminares.

Además, el documento de los Países Bajos se refiere a la comunitarizaci ó n de sectores espec í ficos. A este respecto, y tras recordar que la plena comunitarización de la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior no sería un procedimiento razonable, el memorándum reconoce que debería estudiarse la posibilidad de examinar hasta qué punto determinados ámbitos específicos deberían prestarse a la comunitarización tal y como dispone el Artículo K.9 del Tratado de la Unión Europea. En particular, el memorándum neerlandés señala que el Gobierno de los Pa í ses Bajos desea, en consulta con el Parlamento de los Pa í ses Bajos, examinar las ventajas de la comunitarizaci ó n en materia de pol í tica de visados y de asilo. Cualquier política aprobada por la Unión Europea debería adoptar expresamente el acervo de Schengen como punto de partida para futuros desarrollos políticos.

Además, con respecto a Schengen y a la cooperaci ó n en materia de justicia y de asuntos de interior, el memorándum establece que los resultados limitados de la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior se ven compensados hasta cierto punto por los resultados de la cooperación entre los países signatarios de Schengen. Sin embargo, Schengen no compensa la falta de acceso a la información, de control judicial y de implicación parlamentaria a nivel europeo. No sería deseable, en opinión del Gobierno neerlandés, esforzarse por introducir una disposición separada a este respecto en el marco de Schengen. En consecuencia, considera que el objetivo deber í a ser que la Uni ó n Europea adopte el acervo de Schengen. Naturalmente, esta transferencia no debería tener como consecuencia una dilución del acervo. El Gobierno neerlandés considera que la combinación de los logros importantes de Schengen con la estructura y las salvaguardias institucionales de la Unión Europea hará posible alcanzar ventajas importantes en numerosos aspectos. La CIG debería trabajar sobre esta propuesta.
| Vers le début de la page |

Cuarto Memorándum del Gobierno holandés, de 12 de julio de 1995: la Reforma Institucional de la Unión Europea

Este cuarto y último memorándum de 12 de julio de 1995 fue presentado por el Gobierno de los Países Bajos al Parlamento nacional dicho mes a finales de dicho mes. Con él, el Gobierno holandés culmina su contribución al debate público sobre la prevista revisión del Tratado de Maastricht, no sólo en los Países Bajos, sino en el conjunto de Europa. En todo caso, dicho Gobierno continua perfilando su contribución a la CIG. En el memorándum en cuestión, y a título introductorio, el Gobierno holandés empieza por manifestar su convicción de que la CIG, la transici ó n a la tercera fase de la UE, la reforma de los fondos estructurales, de la PAC y del sistema de financiaci ó n, as í como la adhesi ó n de nuevos Estados miembros a la Uni ó n, deben ser tratados separadamente y conforme a sus propias reglas a fin de asegurar el é xito de las negociaciones. El Gobierno holandés estima que revisten especial importancia en la perspectiva de la CIG las reformas institucionales necesarias para el futuro desarrollo de la misma, a cuyo efecto efectúa una doble distinción: por un lado, las reformas institucionales necesarias en el contexto de la actual UE a Quince, con miras a mejorar lo que denomina la "calidad constitucional" de la Unión; y por otra parte, las reformas institucionales necesarias con miras a la ampliación. En consecuencia, en relación con la agenda de la Conferencia, el Gobierno holandés considera que ésta, además de tratar de las cuestiones relativas al ajuste de la PESC y a la cooperación en el ámbito del tercer pilar, debería limitarse a un cierto número de cuestiones fundamentales vinculadas con la calidad constitucional de la Unión Europea, por un lado, y con la ampliación de la misma, por otro.

En una primera parte relativa a la mejora de la "calidad constitucional" de la Unión, el cuarto memorándum en cuestión examina las medidas necesarias para aportar más transparencia, una mejor división de responsabilidades entre la UE y sus Estados miembros, y el incremento de la legitimidad democrática del proceso de toma de decisiones. En términos generales, el Gobierno holandés considera que los mismos niveles de adecuada administración existentes en el plano nacional deberían también ser alcanzados en el plano europeo, lo que cree factible mediante una aplicación más efectiva de los tres principios de subsidiariedad, democracia y transparencia. En relación con la subsidiariedad, el Gobierno holandés considera que para los casos en los que un problema pueda únicamente ser abordado a nivel europeo, la Unión debería ser dotada de los instrumentos necesarios. Al mismo tiempo, a la hora de presentar una propuesta,la Comisión debería explicar por qué son necesarias normas a nivel europeo (subsidiariedad), si existe la posibilidad de adoptar normas menos severas (proporcionalidad), y añadir un análisis del coste/ beneficio, de las posibilidades de fraude, y del control de su ejecución. Según el documento, tras el debate público de las propuestas de la Comisión así justificadas, podría producirse un "debate sobre su admisibilidad" en el seno del Consejo, que se centraría básicamente en los tres criterios expuestos. Para evitar posibles bloqueos y abusos, el documento propone que el Tratado revisado podría disponer que tales debates tendrían lugar únicamente en el caso de que así lo solicitara algún Estado miembro, y que estas pruebas de subsidiariedad deberían ir acompañadas de las garantías necesarias, incluido el posible recurso al Tribunal de Justicia.

En relación con el principio de la democracia, el Gobierno holandés considera que, en relación con todas las decisiones adoptadas por el Consejo de la Unión conforme a la regla del voto por mayoría, los Parlamentos Nacionales deberían tener voz cuando se tratara de decisiones legislativas y presupuestarias, o un control sobre las mismas, en el caso de las decisiones políticas de la Unión y su puesta en práctica. Por otra parte, el documento constata que en los casos en los que el Consejo adopta sus decisiones por unanimidad, sean políticas o legislativas, la intervención parlamentaria está en principio garantizada por la acción de los Parlamentos nacionales. Ahora bien, dado que un sólo Gobierno o Parlamento nacional podría bloquear el proceso de toma de decisiones por unanimidad, el memorándum propone que el Parlamento Europeo sea también consultado en los casos de las decisiones que requieran unanimidad. En concreto, el documento propone que se formule más detalladamente el derecho del PE a formular recomendaciones, de forma que el Consejo no pueda adoptar decisiones antes de que el PE haya formulado sus recomendaciones, o haya transcurrido un determinado lapso de tiempo. Este derecho de consulta presupondría un derecho a recibir información adecuada, y tal sistema cubriría la política de la UE en su conjunto, incluida la cooperación en los ámbitos del segundo y tercer pilares. Más aún, aun en el supuesto de ciertas decisiones por unanimidad, los poderes del PE podrían exceder incluso del derecho de consulta; por ejemplo, en relación con el actual artículo 228 del Tratado, el Gobierno holandés opina que el Tratado revisado debería reconocer el derecho del PE a aprobar todo tratado firmado por la Comunidad Europea. En relación con las disposiciones normativas adoptadas en el pilar comunitario, el Gobierno holandés considera que el procedimiento de codecisi ó n debe ser extendido y que debe reemplazar al procedimiento de cooperación, que es menos democrático. Por otra parte, se declara en favor de incrementar las facultades de control del PE, especialmente en lo que ser refiere al empleo correcto y eficiente de los fondos provenientes del presupuesto de la Comunidad Europea. En el plano administrativo, el Gobierno holandés sostiene una vez más, como ya lo hiciera en la CIG anterior, que el Parlamento Europeo deber í a disponer del derecho de rechazar a los Comisarios individuales.

En relación con la transparencia, el documento se pronuncia en primer lugar sobre la conveniencia de que el principio de apertura de Gobierno se instaure también a nivel europeo. A este respecto, se manifiesta, en primer lugar, sobre el acceso público a la información manifestándose en favor de que la Unión Europea establezca disposiciones normativas que confieran a los ciudadanos un amplio derecho de acceso a la información, así como los adecuados medios de recurso. La idea básica del Gobierno holandés es la de que los documentos de Gobierno sean accesibles a menos que existan razones fundadas que justifiquen su carácter confidencial; en todo caso, debería justificarse adecuadamente toda petición individual de información que sea rechazada. Además, el Gobierno holandés propone incluir una disposición en el propio Tratado que garantice también el derecho parlamentario a una información completa y en tiempo oportuno. Por otro lado, el documento se pronuncia sobre la publicidad de lasconsultas durante el proceso de toma de decisiones, manifestándose en favor de que las sesiones del Consejo, en los casos en que éste actúe como legislador, sean abiertas al público "hasta donde sea posible". A continuación, se aclara que ello implicaría abrir al público el debate sobre la admisibilidad (subsidiariedad) al que antes se hizo referencia, así como el voto final en el Consejo, incluidas las explicaciones de voto, mientras que la fase intermedia de negociaciones quedaría cerrada al público para evitar que el conjunto de las negociaciones salga del seno del Consejo.
| Vers le début de la page |

Tras tratar de la transparencia, el documento aborda la cuestión de la claridad en los procedimientos de toma de decisiones, pronunciándose en favor de la simplificación de dicho proceso en el ámbito de la Unión Europea. En concreto, las propuestas del Gobierno holandés son cuatro: extender el proceso de codecisión a otras áreas; simplificar y clarificar dicho proceso; desechar el procedimiento de cooperación, y regular mejor el derecho de consulta. Además, el Gobierno holandés propone sustituir el procedimiento de dictamen conforme por el de codecisión en materia legislativa, y reservar el derecho de dictamen conforme exclusivamente para los supuestos de aprobación de Tratados. El memorándum aborda también la cuestión de la simplificaci ó n del texto del Tratado de la Uni ó n Europea , urgiendo a la radical simplificación del mismo, tarea que en su opinión el Grupo de Reflexión podría encargar a un grupo de juristas independientes. En cuanto a la calidad de la legislaci ó n, el memorándum recomienda asegurar la calidad de la normativa comunitaria, no sólo para hacerla más accesible, sino también para facilitar su aplicación y reducir los abusos. En relación con la comitolog í a y la jerarqu í a de los actos comunitarios, el memorándum se limita a avanzar la intención del Gobierno holandés de mantener una actitud constructiva al respecto, considerando que la eficiencia y la democracia exigen simplificar la comitología e introducir una jerarquía de los actos comunitarios en el seno de la Unión Europea.

En su segunda parte relativa a las modificaciones institucionales en la perspectiva de las futuras ampliaciones, el memorándum examina las medidas institucionales que se harán necesarias, junto con el ajuste de la PAC, de los fondos estructurales y del sistema presupuestario, para mantener la cohesión de la UE y su capacidad para actuar de forma decidida, avanzando también una serie de propuestas. Para empezar, el documento empieza por constatar que la aplicación continuada del método de la extrapolación adoptado con las distintas ampliaciones, que permitió prolongar el adecuado balance inicial logrado entre la proporcionalidad estricta y la igualdad de todos los Estados miembros originarios en beneficio de los más pequeños, conduciría inevitablemente a una pérdida de la eficacia, de la capacidad de decisión y de la legitimidaP>PAÍSES BAJOS

Por lo que se refiere al Consejo, el documento considera que cuatro serían las cuestiones a examinar: el sistema de toma de decisiones; la ponderación de votos; la Presidencia; y los métodos de trabajo del Consejo. En relación con la toma de decisiones por el Consejo, el documento remite al segundo y tercer memorándums en relación con el segundo y tercer pilares, y en cuanto al primer pilar propone que las decisiones del Consejo se obtengan en principio por mayoría cualificada, aunque deberían seguir requiriendo la unanimidad las cuestiones fiscales, la decisión sobre los recursos propios, y las decisiones de naturaleza constitucional relativas a la reforma de los Tratados, al régimen lingüístico y a la adhesión. En cuanto a la ponderaci ó n de votos, el Gobierno holandés considera que deberá lograrse un equilibrio razonable en la ponderación de voto entre los Estados grandes, los medianos y los pequeños. Tras evocar ladoble posibilidad de atribuir mayor número de votos a los países más grandes, o introducir un sistema de doble llave (ponderación actual de votos más representación de un cierto porcentaje -en principio 50%- de la población total de la Unión), el Gobierno holandés se pronuncia en favor de este segundo sistema de doble mayoría por estimar que ello fortalecería la legitimidad democrática del sistema actual de toma de decisiones. Por lo demás, el documento en cuestión anticipa que los Países Bajos se opondrán a la continuación del Acuerdo de Ioannina. Por lo que se refiere a la Presidencia del Consejo, y de entre las cuatro propuestas consideradas (hacer la Presidencia anual, dividir los aspectos internos y externos de la Presidencia, optar por una Presidencia electa o nombrar un equipo Presidencial), el Gobierno holandés se declara provisionalmente en favor de esta última opción. Este equipo Presidencial estaría compuesto por una "Troika" de Estados miembros (un Presidente y dos Vice-presidentes) que compartirían sus responsabilidades por un año. Por último, en cuanto a los m é todos de trabajo del Consejo, el Gobierno holandés urge a la CIG a encontrar nuevas fórmulas, a la vez que invita al Grupo de Reflexión a examinar también la cuestión y someter propuestas de mejoras que no implicarían modificaciones de los Tratados.

Por lo que se refiere a la Comisi ó n, la posición de principio del Gobierno holandés es la de que cada Estado miembro debería contar con un Comisario. De entre las otras opciones posibles, dicho Gobierno se declara dispuesto a aceptar una situación en la que hubiera menos Comisarios que Estados miembros, pero sólo si todos y cada uno de los Estados miembros renunciaran a una representación permanente. En efecto, el Gobierno holandés se opone a la idea de que algunos Estados miembros cuenten con un derecho de representación permanente, y otros no.

En cuanto al Parlamento Europeo, y por lo que al número total de escaños se refiere, el memorándum reenvía la cuestión al propio PE a fin de que éste presente propuestas sobre el modo en que deberían asignarse los 700 escaños previstos como límite máximo. En todo caso, el Gobierno holandés se muestra partidario de que al menos un cierto número mínimo de asientos sea asignado a los Estados más pequeños.
| Vers le début de la page |

En relación con el Tribunal de Justicia, el documento sugiere mantener el principio " un Estado, un Juez"; al propio tiempo, a fin de asegurar la efectividad de las deliberaciones, que se verían perturbadas por un aumento excesivo del número de jueces tras las sucesivas ampliaciones, el documento propone introducir un sistema de dos Salas "plenarias". Para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario por ambas Salas, el documento sugiere la posibilidad de hacer rotar a los Jueces, o bien hacer actuar como intermediario al Abogado General.

Por último, el documento se pronuncia también sobre la cuestión de la integraci ó n a diferentes velocidades, en relación con la cual remite a su primer memorándum. En todo caso, el Gobierno holandés avanza su opinión de que cualquiera que sea la evolución futura a este respecto, debería preservarse el marco institucional único de la Unión Europea. Más aún, dicho Gobierno reitera que la Unión debería avanzar en una única dirección en la medida de lo posible, y que la hipótesis de la integración a diferentes velocidades no goza de su preferencia: de hecho, considera que la concesión efectuada en su día al Reino Unido fue una medida de último recurso que debería ser remediada.

Memorándum con vistas a la CIG, de los Gobiernos de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, de 7 de marzo de 1996

Comunicación "Entre Madrid y Turín: prioridades holandesas en vísperas de la CIG de 1996", presentada en marzo de 1996

Mediante este memorándum el Gobierno presentó al Parlamento de los Países Bajos los resultados de los trabajos del Grupo de Reflexión, subrayando al propio tiempo las principales posiciones que se propone mantener durante las negociaciones el Gobierno holandés. En relación con estas últimas, contenidas en la sección tercera del documento, se desprende que las posiciones de los Países Bajos en relación con los distintos temas que constituyen el mandato de la Conferencia serán básicamente las que a continuación se exponen.

Por lo que se refiere a la propia agenda de la Conferencia, los Países Bajos son favorables a una agenda lo más limitada posible, como modo de garantizar el éxito de la misma. En cuanto a los objetivos de dicho país durante la CIG, el Gobierno holandés destaca que las posiciones de detalle en relación con la CIG ya fueron expresadas en los cuatro memorándum previos, mientras que el actual trata de esclarecer aún más las prioridades de los Países Bajos en relación con la CIG. En materia de principios, el Gobierno holandés muestra su acuerdo al fortalecimiento de los derechos fundamentales en el Tratado de la Unión Europea, considerando que antes de que la CIG decida al respecto, deben ser examinadas cuidadosamente las consecuencias legales de las diversas opciones posibles; además el Gobierno holandés es favorable a que se establezca en el Tratado el derecho de acceso público a la informaci ó n de Gobierno en la Unión; a la simplificaci ó n del Tratado de la Unión; a la mejora de la aplicación del principio de subsidiariedad sobre la base de propuestas mejor argumentadas provenientes de la Comisión; a los esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad de la legislaci ó n comunitaria; además, los Países Bajos consideran que la CIG no debería descartar la idea de una Europa a m ú ltiples velocidades, y que el Tratado revisado debería establecer los criterios y las disposiciones que harían posible sobre bases selectivas un proceso de integración a diferentes velocidades. Los Países Bajos son partidarios de clarificar las disposiciones en materia medioambiental dirigidas a integrar la política del medio ambiente en el contexto de las restantes políticas comunitarias; y por último, dicho Gobierno se muestra en favor del estatuto de igualdad de todas las lenguas comunitarias.

En materia de instituciones, y por lo que se refiere al Parlamento Europeo, los Países Bajos son favorables a la reducción del número de procedimientos de toma de decisión a tres (consulta, codecisión y dictamen conforme), y a la simplificación del procedimiento de codecisi ó n, que debería ser extendido a otras diversas áreas. En relación con el Consejo, los Países Bajos son favorables al mantenimiento y si ello fuera posible, a la extensión del voto por mayoría cualificada en el ámbito del mercado interior, al tiempo que recomiendan precaución a la hora de tratar de una posible reponderación de votos, no descartando una posible adopción de una opción de doble llave que implique una doble mayoría de votos y de ciudadanos. En relación con la Comisi ó n, los Países Bajos se muestran partidarios de mantener las prerrogativas y las competencias actuales de dicha institución; de incrementar la efectividad de la misma; de incrementar también su deber de responsabilidad ante el Parlamento Europeo, en particular por lo que se refiere a la responsabilidad personal de los comisarios individualmente considerados; a la simplificación de los procedimientos de la comitolog í a; y a la obligación de retener al menos un comisario holand é s. En relación con el Tribunal de Justicia, los Países Bajos son partidarios de dejar intactas las prerrogativas actuales de dicha institución, extendiéndolas en todo caso a la esfera de la cooperación en el ámbito del tercer pilar o cooperación en asuntos de justicia e interior.
| Vers le début de la page |

En tercer lugar, por lo que se refiere al mercado interior, los Países Bajos son partidarios de reforzar los instrumentos para la lucha contra el fraude; sedeclaran favorable en ciertas condiciones a la inclusión en el Tratado de disposiciones en materia de empleo; se oponen a la introducción de nuevas políticas en el Tratado como la energ í a, turismo y defensa civil; se oponen a la concesión de nuevas excepciones a la libre circulación en materia de servicios p ú blicos; y por último se declaran partidarios de incorporar el protocolo social al Tratado.

En materia PESC, los Países Bajos son partidarios del establecimiento de una unidad de análisis y de planificación a la cual deberían contribuir los Estados miembros, el Secretariado del Consejo y la Comisión, aunque no debería dotarse a dicha institución, en opinión del Gobierno holandés, con ninguna clase de derecho de iniciativa; los Países Bajos son favorables también a la extensión del voto por mayoría a la hora de tomar decisiones en materia PESC, pudiendo decidirse posteriormente las distintas variables posibles para ello; los Países Bajos son también contrarios a la idea de nombrar un "señor o señora PESC", con un alto perfil político, considerando que en todo caso debería tratarse de un funcionario que estuviera subordinado al Secretariado del Consejo de Asuntos Generales; y por último se manifiestan partidarios de la integración paulatina de la UEO dentro de la Unión Europea, mejorando a este efecto la cooperación entre ambas organizaciones.

Por último, en materia de cooperación en los ámbitos de justicia y de asuntos internos, los Países Bajos se muestran partidarios del fortalecimiento del papel del Tribunal de Justicia, de la Comisión y del Parlamento Europeo; de comunitarizar la política de visados y de asilo; de incorporar el acervo derivado del Convenio de Schengen al Tratado de la Unión; y de mejorar en términos generales las posibilidades de hacer uso de la denominada "pasarela" entre el tercer y el primer pilares, de forma que se haga más fácil la posibilidad de que ciertas áreas del tercer pilar puedan ser transferidas al ordenamiento jurídico comunitario.

| Vers le début de la page |


Parlamento Europeo, última revisión: 18 September 1996
URL : http://../igc/es/pos-nl.htm