Αρχική σελίδα Nacho SÁNCHEZ AMOR

En 2019, el 22,2% de los niños de la UE (casi 18 millones) estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta situación no solo es inaceptable, sino que además ha creado un ciclo intergeneracional de pobreza que se ha visto exacerbado por la pandemia de COVID-19.
Desde 2014 el Grupo S&D ha defendido la necesidad de desarrollar una Garantía Infantil Europea con el objetivo de atajar la pobreza infantil desde una perspectiva multidimensional, garantizando que todos los niños y niñas en riesgo de pobreza en la UE tengan acceso a una atención médica, una educación y un cuidado infantil gratuitos y de calidad, así como acceso a una vivienda digna y nutrición adecuada.
Desde el Grupo S&D votamos a favor de esta Resolución y acogemos favorablemente esta propuesta de la Comisión Europea, que supone una reforma estructural clave de este período y debe considerarse como una inversión en estabilidad y prosperidad, necesaria para preservar el potencial de crecimiento de la UE. La inversión en las y los más pequeños es el medio más importante para mejorar el bienestar económico y social.

Los socialistas en el Parlamento Europeo hemos votado a favor de esta resolución que pide un marco legal de gobernanza para la protección del suelo y su uso sostenible. El suelo es un recurso no renovable vital para la vida en el planeta, cuya protección eficaz es crucial para hacer frente a la degradación y la erosión de la tierra y para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo.
A pesar de su importancia y de la contaminación y degradación constante de los mismos, la UE no cuenta con una legislación específica que aborde la protección del suelo, quedando fenómenos como la erosión, la desertificación, la pérdida de materia orgánica y de su biodiversidad, la compactación o la salinización, que son grandes amenazas de los suelos, totalmente desregulados. Por ello, los socialdemócratas queremos que la Comisión presente una propuesta legislativa que venga a colmar el vacío normativo existente.
Además de frenar la degradación de los mismos, regulando su protección y uso sostenible, un instrumento jurídico a nivel de la UE aseguraría la adecuada coordinación de las políticas de la UE que afectan a los suelos, además de abordar los impactos transfronterizos de la degradación de los suelos en la UE.