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Como socialistas, hemos defendido una Estrategia europea contra la pobreza con instrumentos reales para cambiar vidas. A pesar de los intentos de la derecha de debilitar el informe, hemos logrado introducir peticiones para mejorar la calidad del empleo, garantizar salarios justos, recursos suficientes para erradicar la pobreza y para asegurar servicios públicos de alta calidad. Asimismo, se han aprobado enmiendas para dotar de recursos adicionales a los bancos de alimentos, y para acabar con la pobreza menstrual.
Además, a petición de las socialistas hemos conseguido aprobar un presupuesto específico de 20.000 millones de euros para la Garantía Infantil Europea. Sin embargo, la derecha no solo se ha desmarcado, sino que ha abogado por rebajar esa cifra a un “presupuesto significativo”, demostrando que el pilar social no está entre sus prioridades.
En esta misma línea, PP y Vox han votado en contra y han contribuido a tumbar elementos esenciales que daban coherencia y fuerza a la estrategia: una directiva europea de renta mínima, el compromiso con sistemas fiscales justos y mecanismos eficaces de redistribución, y la coordinación entre la Estrategia Antipobreza y el Plan Europeo de Vivienda Asequible.

Como socialistas, hemos votado a favor de este informe porque defendemos un mercado laboral con reglas justas que protejan a las personas trabajadores y eviten la competencia basada en la precariedad. Este texto da pasos importantes para frenar las cadenas abusivas de subcontratación, reforzar la rendición de cuentas de las empresas y garantizar que la subcontratación responda a una necesidad real de especialización. Apostamos por estándares mínimos europeos para los intermediarios laborales, una mejor cooperación entre Estados y un papel más fuerte de la Autoridad Laboral Europea para combatir abusos transfronterizos. Europa no puede tolerar que la subcontratación se utilice como herramienta de explotación o fraude.
El PP, sin embargo, ha votado en contra de elementos clave: se opuso a introducir la responsabilidad solidaria de las empresas, a las referencias para favorecer el empleo directo y a crear un marco para limitar la subcontratación en sectores de alto riesgo. Con ello, ha debilitado las garantías para millones de trabajadores y trabajadoras y se ha alineado con quienes quieren mantener zonas grises donde prospera la precariedad. Las y los socialistas defendemos lo contrario: una economía competitiva, pero basada en derechos, seguridad y cohesión social.

Las y los socialistas consideramos que hay que reforzar la lucha en favor de los derechos de las mujeres en todo el mundo en un nuevo contexto global y que la UE debe liderarla, incluso siendo la próxima sede de las sesiones de la CSW. Votamos a favor de un informe recomendación al Consejo para la CSW70 en Nueva York, en el que pedimos que se refuerce el apoyo a organismos internacionales como ONU Mujeres, así como consolidar una acción exterior europea más ambiciosa para evitar retrocesos en derechos fundamentales. Queremos una respuesta más firme frente a todo tipo de violencias, incluida la difusión no consentida de imágenes, los deepfakes, el ciberacoso y los delitos de odio, el impulso de estándares internacionales más exigentes, como una definición global de la violación basada en el consentimiento y el reconocimiento del delito de apartheid de género. Instamos a la extrema derecha a dejar de instrumentalizar la igualdad de género para otros fines, racistas e islamófobos.