Home Adriana MALDONADO LÓPEZ

He votado a favor del informe porque considero fundamental implementar reglas comunes y ambiciosas en la UE para acabar con el dumping fiscal entre Estados miembros, que supone una pérdida de recaudación y mina la confianza de la ciudadanía. La publicación de los Papeles de Pandora esta semana evidencia la necesidad de luchar contra estas prácticas a nivel internacional y europeo.
El informe contiene propuestas como la introducción de un criterio de sustancia económica para determinar dónde deben tributar las empresas, la vigilancia de regímenes fiscales agresivos en el marco del Semestre europeo o la definición de directrices sobre incentivos fiscales para evitar distorsionar el mercado único.
Además, el informe propone la reforma del Código de Conducta de Fiscalidad Empresarial, cuyos criterios para evaluar las prácticas fiscales nocivas han quedado obsoletos. Entre otros, debería considerarse un tipo impositivo mínimo -en línea con el acuerdo global sobre tributación mínima del 15%- y un criterio de sustancia económica. Se propone también la reforma de su gobernanza, para hacerla más transparente y convertir las decisiones en vinculantes.

He votado a favor del acuerdo alcanzado por los colegisladores en el presente reglamento porque, siendo un mecanismo de respuesta rápida, pondrá a disposición de los Estados miembros a finales de año la cantidad total de cinco mil millones de Euros. Frente al momento sin precedentes en la historia de la Unión que ha supuesto el Brexit, este instrumento pone de manifiesto que la UE mantiene el principio de solidaridad como eje vertebrador en las relaciones entre Estados miembros, especialmente en aquellos sectores que siguen sufriendo una merma económica. Este fondo, del que España será séptimo país beneficiario, cuenta con provisiones específicas para el sector pesquero, integrando aspectos claves como la inclusión como beneficiarios a los pescadores que faenan en el conjunto de aguas afectadas por la nueva relación pesquera con el Reino Unido; la asignación, dentro de la Reserva, de un total de 600 millones de Euros en función de un factor vinculado a las capturas en aguas pertenecientes a la ZEE del Reino Unido; y el reconocimiento de la flota de pequeña escala como una de las más afectadas, mereciendo especial atención en la asignación de las ayudas por los Estados miembros.