Home Pablo ARIAS ECHEVERRÍA

En esta propuesta, la Comisión Europea propone modificar la regulación de los contratos de asistencia en tierra a fin de evitar licitaciones complejas durante la crisis del coronavirus. Estos contratos son los que tienen los aeropuertos con diferentes proveedores para ofrecer todos los servicios en tierra: servicios de limpieza, de recarga de combustible, gestión de maletas, etc. Según la Directiva 96/67/CE actual, estos contratos pueden durar máximo 10 años. Ante la crisis del coronavirus y la incertidumbre que ha creado en el sector del transporte aéreo, la Comisión Europea ha propuesto en esta revisión que aquellos contratos que acababan este año se puedan prorrogar hasta 2021. El Parlamento Europeo ha acordado la posibilidad de extender los contratos hasta 2022, ya que para algunos actores del sector 2021 ofrecía poco margen. Creo que 2022 es una buena opción, ya que es un punto medio entre la demanda del sector (es cierto que por un tiempo no deben realizarse contratos nuevos porque la oferta será menor y con peor prestación de servicios) y la protección de la libre competencia (mientras dure la extensión de este periodo se está bloqueando la entrada de nuevos proveedores y no sería conveniente alargarlo demasiado).

La Propuesta de la Comisión Europea para la modificación de la regulación de los servicios portuarios pretende ayudar a los operadores de barcos ante la crisis del coronavirus relajando la regla existente que requiere que los Estados miembros se aseguren de que se cobre un cargo por infraestructura portuaria. Es una propuesta importante para España, ya que en España tenemos un sistema de imposición de tasas portuarias diferente al de la mayoría de países de la Unión Europea; las tasas portuarias se establecen por ley (pasando por el procedimiento legislativo habitual), mientas que en otros países cada autoridad portuaria establece sus tasas. Por lo tanto, es muy importante que esta peculiaridad se vea reflejada en el texto final de esta propuesta. Las enmiendas planteadas en el Parlamento Europeo han ido en la línea de garantizar que no se interfiere en la organización portuaria de cada Estado miembro. Por ello, he votado a favor de esta iniciativa, ya que dará oxígeno a los operadores de barcos en estos tiempos de crisis respetando el sistema impositivo de España.