Inicio Adriana MALDONADO LÓPEZ

La Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo ha votado a favor de este informe legislativo que busca establecer el programa “La UE por la Salud” (EU4Health) para los años 2021-2027. Parte del Plan de Recuperación, este programa busca construir sistemas de salud resilientes en la UE abordando las amenazas transfronterizas, haciendo que los medicamento estén disponibles y sean asequibles, y fortaleciendo los sistemas sanitarios.
La propuesta aprobada por el Parlamento recoge alguna de las principales demandas socialistas, como las pruebas de resistencia de los sistemas sanitarios, la creación de un mecanismo europeo de respuesta sanitaria, el establecimiento de un Espacio Europeo de Datos Sanitarios, además de reforzar los mandatos tanto del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y como de la Agencia Europea de Medicamentos.

He votado a favor de este informe porque solo lograremos atajar la emergencia climática y reducir las emisiones en la próxima década si movilizamos todos los fondos públicos y privados disponibles para la transición hacia una sociedad libre de gases contaminantes.
Este informe recuerda que se necesita un mínimo de 660.000 millones de euros al año para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. Nuestra responsabilidad es definir dónde encontrar estos miles de millones, procedentes de entidades públicas y privadas, europeas y nacionales, y asegurar que se gastan de manera correcta. En este informe, los eurodiputados asumen esta responsabilidad y proporcionan soluciones concretas: es necesario acabar con la financiación a combustibles fósiles, hacer un mejor uso de los miles de millones creados por el Banco Central Europeo y, lo que es más urgente, poner en marcha un verdadero presupuesto climático europeo impulsado por una cesta de nuevos recursos que incluya un Impuestos sobre las Transacciones Financieras.
Ahora son los Jefes de Estado quienes deben asumir su responsabilidad. El Pacto Verde Europeo solo será efectivo si cuenta con la financiación adecuada.

La resolución analiza las distintas medidas que de forma excepcional se han decretado en los países de la UE a consecuencia de la pandemia COVID 19, el impacto de éstas en sus ciudadanos y en la democracia, los derechos fundamentales y el estado de derecho. Consecuencia de las medidas adoptadas se han visto afectados, entre otros, derechos tan importantes como la libre circulación de personas, el derecho de reunión, el derecho a una tutela judicial efectiva, el derecho de asilo y refugio, etc. Asimismo, se ha producido una alteración del normal funcionamiento de los poderes del Estado y una merma del sistema de controles y un adecuado equilibrio entre éstos. La resolución recuerda a los Estados miembros que incluso en un estado de emergencia pública, deben prevalecer los principios fundamentales del Estado de Derecho, la democracia y el respeto de los derechos fundamentales, y que todas las medidas de emergencia, excepciones y limitaciones están sujetas a tres condiciones generales: las de necesidad, proporcionalidad en sentido estricto y la temporalidad, conforme reiterado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y diversos tribunales constitucionales y juzgados de los Estados miembros.