Inicio Iratxe GARCÍA PÉREZ

La pandemia de COVID-19 cogió a Europa debilitada por años de recortes presupuestarios y de personal en sus sistemas sanitarios y sin estructuras adecuadas para una respuesta a la altura del desafío. La Unión de la Salud, en la que se enmarca la reforma de la Agencia Europea del Medicamento, es un claro propósito de enmienda.
El Parlamento apuesta por reforzar el mandato de la Agencia para mejorar su actuación ante futuras emergencias sanitarias, lo hace apostando por la prevención y por el refuerzo de la transparencia tanto de la Agencia como de la cadena de suministro de medicamentos y productos sanitarios y de la información sobre los ensayos clínicos, así como promoviendo un marco de sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones de las farmacéuticas.
Para hacer frente a los debastecimientos, apostamos por crear una base de datos europea de suministro de medicamentos interoperable y digital capaz de supervisar la cadena de suministro y determinar el volumen de existencias en cada momento al objeto de detectar, predecir y prevenir la escasez de medicamentos.
Con este mandato, impulsamos una Agencia más transparente, coordinada y participativa, que pueda hacer frente a futuras emergencias.
Por todo ello, he votado a favor

He votado a favor de este informe porque en él se pide la reforma urgente de la arquitectura de gobernanza económica de la Unión Europea, fundamental para ayudar a Europa a recuperar de la pandemia, y alcanzar los retos de la transformación verde y digital sin dejar nadie atrás.
Debemos simplificar las normas de deuda de la UE y favorecer el crecimiento económico a largo plazo. Las reglas actuales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) han obstaculizado gravemente las perspectivas económicas de la UE en el pasado. Así, se pide, entre otros aspectos, que, en lugar de un freno de la deuda, que con demasiada frecuencia se ha convertido en un freno para la recuperación y el crecimiento económicos, deberíamos centrarnos en la sostenibilidad de la deuda, permitiendo diferentes caminos hacia la reducción de la deuda y proporcionando las condiciones para apoyar el crecimiento económico a largo plazo, siempre con adecuada inversión.
Un PEC reformado debería colocar las políticas sociales y ambientales en pie de igualdad con las políticas fiscales y económicas. Esto requiere un cambio radical en el marco de gobernanza económica europea, que debería basarse en el desarrollo sostenible