Accueil Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

. – Hemos votado en contra de esta propuesta porque el modelo que representa es una amenaza para el territorio del Estado español y porque no tiene en cuenta criterios de sostenibilidad ni de propiedad pública de los recursos que se extraigan. Es una oportunidad perdida porque no hay mención ni propuesta alguna sobre la planificación ni sobre el control público de las extracciones. Tampoco se distingue entre materias que puedan usarse para energías renovables o para fabricación de armamento. Además, se recoge el silencio administrativo como método para aprobar procesos de tratamiento de estas materias raras.

. – El cambio de modelo productivo necesario para enfrentar la urgencia climática no puede supeditarse a intereses geopolíticos ni aprovecharse para profundizar otras agendas que nada tienen que ver con la sostenibilidad medioambiental. Con estas negociaciones, la Comisión Europea busca, por un lado, abrir la puerta a un acuerdo comercial transatlántico con EE. UU. sin pasar por el escrutinio público y control parlamentario que un instrumento de este tipo requeriría; y esto profundiza aún más, la polarización geopolítica actual. Además, en ningún momento se hace ningún análisis crítico sobre el impacto medioambiental y social de esta carrera por el acaparamiento de recursos o sobre los efectos negativos del aumento del extractivismo. Por todo ello, hemos votado en contra.

. – Hemos votado a favor de este mecanismo transfronterizo que tiene un carácter voluntario para los Estados miembro y ayudaría a resolver los obstáculos legales y administrativos en las regiones transfronterizas y ayudaría a los ciudadanos de la UE.
Tiene dos medidas principales: un Compromiso Transfronterizo Europeo, que permite al Estado miembro que se compromete transferir una ley de un Estado miembro vecino al otro lado de la frontera, y una Declaración Transfronteriza Europea, que implica un procedimiento legislativo en el Estado miembro para modificar su Derecho nacional para aplicar el Derecho de un Estado miembro vecino.