Nuevas medidas para garantizar la protección de los delatores
Las nuevas normas europeas incluyen canales seguros para los ciudadanos que denuncian irregularidades en beneficio del interés público.
El nuevo reglamento ofrece garantías para poder denunciar infracciones o actividades dañinas en el entorno laboral así como un elevado nivel de protección a los denunciantes contra las represalias. Las autoridades nacionales tendrán que informar a los ciudadanos sobre el modo de proceder ante las denuncias.
Recientes escándalos como las relevaciones LuxLeaks, los papeles de Panamá o el escándalos de Cambridge Analytica ponen de manifiesto que los denunciantes de irregularidades juegan un papel fundamental al destapar casos ilegales. Con las nuevas normas, los ciudadanos tendrán más garantías para denunciar irregularidades contra las represalias, la intimidación y el medio a perder su trabajo, por ejemplo.
Nuevas normas
Hasta ahora, la protección ofrecida a los denunciantes de irregularidades en toda la UE es dispersa y desigual, y sólo cubre algunas áreas. El Parlamento Europeo aprobó el 16 de abril los estándares mínimos europeos para apoyar a las personas dispuestas a asumir el riesgo de revelar graves infracciones de la legislación de la UE.
“Debemos proteger a aquellos que defienden los intereses de Europa. Nos defienden, defienden la democracia y el bien común europeos”, explica la eurodiputada socialista francesa Virginie Rozière, encargada de la propuesta.
Puntos clave
Las medidas, acordadas con el Consejo en marzo, ofrecen a los delatores canales seguros para reportar las irregularidades en materia de fraude fiscal; blanqueo de capitales; contratación pública; seguridad en los productos y el transporte; protección al medio ambiente; salud pública; protección del los consumidores y protección de datos.
Las empresas públicas y privadas con más de 50 empleados deberán crear un procedimiento interno para gestionar las denuncias dentro de las mismas y mantener la confidencialidad de los delatores. Las normas también se aplicarán a las administraciones nacionales, que establecerán canales de notificación externos e independientes. Los denunciantes elegirán si deciden recurrir a los cauces internos o externos
La directiva contempla la posibilidad de revelar la información públicamente, en los medios de comunicación, por ejemplo, si no se adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros canales, o en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público o daños irreparables.
Todas las formas de represalias, como la degradación, el despido o la exclusión, están prohibidas y deben ser sancionadas.
Las normas también protegen a quienes sirvan de fuentes a los periodistas de investigación, con lo que se contribuye a garantizar la defensa de la libertad de expresión.
Los Estados miembros deben asegurar que los delatores tienen acceso a información completa sobre los trámites y posibles soluciones, así como a asistencia legal, financiera y psicológica.
Compromiso del Parlamento
El Parlamento apoya la introducción de normas europeas comunes en este ámbito desde hace años y su urgencia aumentó con los escándalos fiscales. En una resolución de febrero de 2017, el Parlamento pidió a la Comisión, y volvió a reiterar su propuesta en octubre del msimo año, que propusiera legislación para proteger los intereses financieros de la UE.
Próximos pasos
Cuando el Consejo apruebe las normas formalmente, los Estados miembros tendrán dos años para aplicar la normativa.
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Nota de prensa del Consejo sobre el acuerdo (15/3/2019)
