Visto bueno al cargador común para finales de 2024
El Parlamento Europeo aprobó el 4 de octubre que el USB tipo C sea el estándar de carga común de los pequeños dispositivos electrónicos a finales de 2024. Descubra cómo le afecta.
Tener diferentes cargadores para distintos dispositivos es un inconveniente para los consumidores y produce toneladas innecesarias de residuos electrónicos. La UE introducirá un cargador común para alcanzar sus objetivos medioambientales y reducir costes.
84%
Porcentaje de los consumidores que experimentaron problemas relacionados con los cargadores de sus teléfonos en los dos años anteriores, según un estudio de 2019 de la Comisión Europea.
¿Qué cambiará?
Los dispositivos incluidos
La normativa abarca los teléfonos móviles, las tabletas, las cámaras digitales, los auriculares, las consolas de videojuegos portátiles, los altavoces portátiles, los lectores electrónicos, los teclados, los ratones, los auriculares y los dispositivos de navegación portátiles. Los ordenadores portátiles tendrán que adaptarse a los requisitos 40 meses después de la entrada en vigor de la ley.
Adaptación a las nuevas tecnologías
Para estar al día con las nuevas tecnologías, la Comisión puede adaptar el ámbito de aplicación de la directiva, especialmente cuando se trata de soluciones de carga inalámbrica.
No es necesario comprar un nuevo dispositivo con cargador
La nueva ley permite a los consumidores comprar un nuevo dispositivo con o sin cargador.
Antecedentes
El Parlamento lleva más de 10 años impulsando la creación de un cargador común para dispositivos portátiles. Aunque algunas empresas introdujeron iniciativas voluntarias que disminuyeron el número de tipos de cargadores, fueron insuficientes para cumplir los objetivos de la UE sobre la reducción de los residuos electrónicos. La Comisión Europea presentó una propuesta sobre el cargador común en septiembre de 2021. El Parlamento y los países de la UE llegaron a un acuerdo el 7 de junio de 2022 sobre sobre la normativa. El Parlamento aprobó formalmente el acuerdo el 4 de octubre. Tras el visto bueno final del Consejo, los gobiernos de la UE tendrán dos años para introducir estas normas en las leyes nacionales. No se aplicará a los productos comercializados antes de su entrada en vigor.
