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©European Union 2014 - European Parliament  

La ciudadanía de la UE no debe comprarse ni venderse a ningún precio, de acuerdo con una resolución aprobada hoy por el pleno del Parlamento Europeo. Los eurodiputados muestran su preocupación por las leyes de varios Estados miembros, en particular Malta, que permiten la venta de la ciudadanía de la UE a nacionales de terceros países, y exigen a la Comisión que manifieste claramente si esos programas respetan la legislación europea.

La resolución, presentada por los grupos PPE, S&D, ALDE y Verdes/ALE y aprobada por 560 votos a favor, 22 en contra y 44 abstenciones, subraya que varios Estados miembros han introducido regímenes que, directa o indirectamente, resultan en la venta de la ciudadanía de la UE a nacionales de terceros países. Todos los Estados miembros deben actuar de manera responsable para preservar los valores y logros comunes de la Unión, que son "inestimables y no pueden llevar pegada una etiqueta con el precio", destaca el texto.


Los diputados recalcan que la venta directa de la ciudadanía de la UE socava la confianza mutua que es la base de la Unión Europea y dejan claro que los derechos que confiere la ciudadanía de la UE se basan en la dignidad humana y no deben comprarse ni venderse a ningún precio.


Por otro lado, el Parlamento Europeo señala que la ciudadanía de la UE implica la existencia de un interés en la Unión y depende de los vínculos de la persona con Europa y sus Estados miembros, o de los vínculos personales con ciudadanos de la UE.


En este sentido, la Eurocámara muestra su preocupación por la discriminación que estas prácticas puedan suponer, pues solo permiten obtener la ciudadanía de la UE a los nacionales más ricos de terceros países, sin que se tenga en cuenta ningún otro criterio.


El caso de Malta


El Gobierno maltés ha adoptado recientemente medidas para introducir un régimen de venta directa de la nacionalidad maltesa, "lo que implica automáticamente la venta directa de la ciudadanía de la UE en su conjunto sin estar sometida a ningún requisito de residencia".


La resolución alerta de que no está claro que los ciudadanos malteses vayan a beneficiarse de esta nueva política, por ejemplo, a través de la recaudación de impuestos, ya que los inversores extranjeros no tendrán que pagar impuestos. Asimismo, recuerda que la ciudadanía no solo implica derechos sino, también responsabilidades.


Por ello, los diputados piden a Malta que armonice su sistema de concesión de la nacionalidad con los valores de la UE y exhorta a los países de la UE que hayan introducido regímenes de este tipo a que hagan lo mismo.


Compatibilidad con las normas de la UE


El PE exige a la Comisión Europea que manifieste claramente si esos programas respetan la letra y el espíritu de los Tratados y del Código de fronteras Schengen, así como las normas de la UE en el ámbito de la no discriminación.


Igualmente, el ejecutivo comunitario debe formular recomendaciones para impedir que estos regímenes socaven los valores de la UE, así como directrices para el acceso a la ciudadanía de la UE por medio de regímenes nacionales.