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El uso de datos de teléfonos móviles para entender y contener la propagación del COVID-19 debe garantizar el respeto a la normativa vigente sobre protección de datos y privacidad.

El presidente de la comisión de Libertades Civiles del PE, Juan Fernando López Aguilar (S&D, España), subrayó: “Incluso en estos momentos excepcionales, debe garantizarse la aplicación y el respeto de los principios sobre protección de datos de la UE, en concreto el Reglamento sobre protección de datos (GDPR, en inglés) y la directiva sobre privacidad en internet”.


López Aguilar dijo que “la comisión de Libertades sigue estos avances de cerca, debido a los graves riesgos que este tipo de herramientas conllevan para los derechos fundamentales individuales a la vida privada y la protección de datos”.


Varios Estados miembros y también la Comisión Europea han puesto en marcha o están desarrollando diferentes mecanismos para comprender el mecanismo de contagio del COVID-19 a partir de los datos de los teléfonos móviles facilitados por los operadores a las autoridades nacionales. Antes de su transmisión a las autoridades, los datos son anonimizados.


“Tanto el Supervisor europeo para la protección de datos como el Comité europeo de protección de datos han reiterado que, mientras la información compartida con las autoridades esté anonimizada y no permita la identificación de un usuario individual, puede utilizarse. No obstante, son necesarias estrictas salvaguardas respecto al uso, acceso y almacenamiento de la información, así como sobre los periodos de retención”, agregó López Aguilar.


Pero también hay medidas y aplicaciones desarrolladas en varios países de la UE por las autoridades o el sector privado que requieren el suministro de datos de salud personales y permiten rastrear la ubicación y los contactos del individuo. Si bien algunas de estas aplicaciones exigen el consentimiento previo del usuario para acceder a la información, en algunos Estados miembros las personas pueden sentirse obligadas a facilitar los datos tras haber dado positivo por COVID-19. Esto permitiría a las autoridades rastrear la ubicación de la persona y sus contactos anteriores, y verificar el cumplimiento de la obligación de confinamiento.


López Aguilar advirtió de que estas herramientas pueden suponer una colisión con los derechos fundamentales a la vida privada y la protección de los datos personales y supondrían la implantación de un “Estado de vigilancia”. También recordó que las autoridades nacionales de protección de datos siguen siendo plenamente competentes para supervisar estas actividades de procesamiento de datos y garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria.


Por eso, el presidente de la comisión de Libertades Civiles insta a los organismos nacionales responsables de protección de datos a seguir de cerca la situación y pide al Comité europeo de Protección de Datos que emita de inmediato directrices claras.