Colombia: eurodiputada reclama una investigación detallada sobre la violencia contra los manifestantes 

Notas de prensa 
 
 

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La presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del PE, Maria Arena (S&D, Bélgica), señaló, tras los últimos eventos en las ciudades de Cali y Popayán:

«Estoy profundamente impresionada por el suicidio de Alison Meléndez, una chica de 17 años, tras un arresto brutal y ser presuntamente también víctima de abusos sexuales por parte de agentes del cuerpo antidisturbios ESMAD en la ciudad de Popayán. Este trágico suceso no es un acto criminal aislado. Los últimos acontecimientos en Colombia son preocupantes. En la ciudad de Cali, la policía y agentes no uniformados abrieron fuego contra manifestantes pacíficos y aparentemente hubo varias víctimas mortales. Los ataques y la intimidación contra los defensores de derechos humanos se multiplican en todo el país.

Colombia, como cualquier país del mundo, tiene el deber de proteger a sus ciudadanos. También tiene la obligación de garantizar que los manifestantes pueden ejercer sus derechos civiles y constitucionales como ciudadanos, incluido el derecho a la libertad de reunión pacífica y de manifestación. Las autoridades deben garantizar este derecho fundamental a la protesta y al mismo tiempo instruir a las fuerzas de seguridad para que muestren la máxima moderación en el uso de la fuerza contra ciudadanos pacíficos.

Animo a las autoridades colombianas a llevar a cabo una investigación independiente, efectiva e imparcial sobre los actos de violencia, el uso indiscriminado de la fuerza, la violencia sexual y las privaciones arbitrarias de libertad contra manifestantes pacíficos. Los responsables deben ser identificados y llevados ante la justicia.

Sólo un proceso de diálogo que reúna a las fuerzas sociales y políticas allanará el camino hacia la solución pacífica, la reconciliación y la paz que el pueblo de Colombia tanto merece y que resulta necesario para superar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia de COVID-19».

Contexto

Pese al anuncio del presidente Iván Duque el 20 de mayo de la retirada de la propuesta de reforma fiscal, las protestas, que habían comenzado el 28 de abril, continúan. Desde el 28 de abril, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU había recibido informes sobre al menos catorce muertes en el contexto de las protestas en diferentes partes del país, incluido al menos un agente de policía.

Las organizaciones de derechos humanos calculan que se han producido más de 1 800 sucesos violentos, entre ellos alrededor de cuarenta asesinatos, 548 desapariciones, 12 episodios de violencia sexual, y 963 detenciones arbitrarias. Desde el domingo 9 de mayo, se han registrado más de doce personas heridas, la mayoría indígenas, entre ellos miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), llegados a Cali para participar en la protesta tradicional denominada «Minga».