En 2020, los negociadores del Parlamento consiguieron el mayor paquete financiero de la UE para hacer frente a las consecuencias de la crisis de la COVID-19 y financiar una nueva generación de programas europeos durante el período 2021-2027. Para apoyar a Ucrania e impulsar la autonomía industrial de la UE, los eurodiputados solicitan una revisión intermedia y una ampliación del presupuesto a largo plazo.
El presupuesto de la UE a largo plazo y el extraordinario instrumento de recuperación (véanse también NextGenerationEU, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), dotado con 750 000 millones de euros (más de 800 000 millones a precios corrientes), tienen por objeto conseguir que las sociedades europeas estén mejor preparadas para las crisis e impulsar las transiciones digital y ecológica. En este contexto, se presta especial atención a las necesidades de la juventud, las pymes, la investigación y los sistemas de salvamento y de sanidad. En 2021 se adoptaron medidas adicionales para apoyar a las regiones y los colectivos vulnerables (por ejemplo, el Fondo de Transición Justa y el Fondo Social para el Clima), que se complementaron en 2023 con el objetivo de acelerar las medidas para alcanzar la neutralidad climática y reducir la dependencia de la energía rusa (REPowerEU).
El Parlamento también logró aprobar una hoja de ruta jurídicamente vinculante para la introducción de nuevos recursos propios con los que hacer frente al reembolso de los empréstitos de NextGenerationEU.
En las negociaciones presupuestarias con el Consejo, el Parlamento Europeo obtuvo 16 000 millones EUR adicionales para los programas emblemáticos durante el período 2021-2027 (UEproSalud, el programa de investigación Horizonte Europa, InvestEU y Erasmus+).
Solidaridad de la UE basada en valores y objetivos comunes
En el marco de sus competencias presupuestarias, las diputadas y los diputados al Parlamento Europeo controlan escrupulosamente el gasto presupuestario y los planes nacionales de recuperación financiados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Para que los Estados miembros reciban financiación de la UE, deben ceñirse a los objetivos climáticos y digitales europeos, así como respetar el Estado de Derecho y los valores fundamentales de la Unión. El Parlamento presiona a la Comisión para que aplique el reglamento sobre «condicionalidad del Estado de Derecho» —acordado con el Consejo en 2020— y suspenda los pagos si no se cumplen estos requisitos. Además, la Eurocámara ha logrado mejorar el control y la transparencia del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR): cada Estado miembro debe publicar una lista con los cien principales beneficiarios de la financiación del MRR.
Salarios justos
El Parlamento convenció a los Estados miembros para establecer salarios mínimos nacionales y para garantizar que hombres y mujeres reciban igual salario por igual trabajo en toda la UE. Además, el Parlamento quiere que las trabajadoras y los trabajadores disfruten de justicia social y dignidad y poner fin a las prácticas abusivas de los proveedores de servicios que operan a través de plataformas digitales. Los eurodiputados también piden a los Estados miembros que refuercen sus leyes de salarios mínimos y prohíban la explotación de los becarios. Además, una fiscalidad justa y la lucha contra el blanqueo de capitales siguen ocupando un lugar destacado en la agenda política del Parlamento. La Eurocámara también adoptó nuevas reglas sobre las operaciones financieras con criptomonedas, para que puedan ser rastreadas de la misma manera que las transferencias de dinero tradicionales.
Apoyo a la industria europea para impulsar la transición digital y ecológica
En febrero de 2023, el Parlamento votó a favor de la creación de un nuevo Fondo para la Soberanía Europea para anclar y reubicar las capacidades de producción industrial en Europa. Están en tramitación sendos proyectos de ley para reformar el mercado de la electricidad y garantizar el suministro de materias primas críticas, junto con la ley sobre la industria de cero emisiones netas. Los eurodiputados pretenden completar la tramitación de estas nuevas reglas con carácter de urgencia y concluir las negociaciones con el Consejo antes de las elecciones europeas de 2024. Este «paquete de competitividad» debería impulsar la adopción de tecnologías de energía limpia, ayudar a las industrias de la UE a generar empleos de alta calidad y estimular el crecimiento económico para alcanzar los objetivos del Pacto Verde.
