Petición n.º 0459/2023, presentada por Christine Gamboa, de nacionalidad francesa, sobre una supuesta violación de los derechos de propiedad en las islas Canarias, España

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Estado: Abierta a adhesiones

Datos de la petición

0459/2023
Título del resumen: Petición n.º 0459/2023, presentada por Christine Gamboa, de nacionalidad francesa, sobre una supuesta violación de los derechos de propiedad en las islas Canarias, España
Número de petición: 0459/2023
Ámbitos: Derechos de propiedad
País: España

Datos del peticionario

Nombre: Christine Gamboa

Resumen de la petición

La peticionaria menciona la Carta de los Derechos Fundamentales, y más concretamente el derecho a la propiedad, para denunciar una normativa vigente en las islas Canarias (España): la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. En virtud de dicha Ley, los propietarios de inmuebles situados en un complejo de viviendas están obligados a confiar el uso turístico del complejo a una única empresa (principio de uso turístico unitario, artículos 38 y siguientes de la Ley). Según la peticionaria, esto implica que el inmueble solo se puede destinar a fines turísticos y no a fines residenciales, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, y el artículo 23, apartado 1, de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y con el artículo 31, apartado 1, del Decreto 85/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias. La peticionaria se queja de esta práctica que considera dudosa, dado que supuestamente favorece a un grupo de empresarios apoyados por políticos regionales para servir a intereses particulares. Asegura que hay más de 50 000 personas, que se han agrupado en torno a una asociación (PLAT), que se ven afectadas por esta misma normativa vigente en las islas Canarias. Se refiere a su propia experiencia para relatar que las empresas de gestión, que no son propietarias, no realizan ninguna inversión y dejan los complejos turísticos en mal estado. La peticionaria pide que se derogue el principio de uso unitario y que los propietarios que quieran gestionar o vivir en sus inmuebles puedan hacerlo. Pide que se lleve a cabo una investigación y que se envíe una delegación de la Unión para que atestigüe el alcance del problema.

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