Bairbre de Brún (GUE/NGL), autora. –

(La oradora habla en gaélico)

(EN) En las décadas de 1980 y 1990, Guatemala aparecía constantemente en las noticias internacionales. Tres décadas de conflicto y un proceso de paz que duró un decenio aseguraron que los ciudadanos de todo el mundo, incluso aquí en el Parlamento Europeo, estuviéramos informados. Otros colegas han mencionado algunas de las espantosas cifras de ese período: 200 000 personas asesinadas, miles de desplazados, pueblos y comunidades enteros destruidos para siempre. La propia investigación del Gobierno confirmó que un 93 % de todos los asesinatos fueron responsabilidad de las propias fuerzas armadas del Gobierno.

La dictadura militar de Ríos Montt a principios de la década de los ochenta destacó como uno de los períodos más brutales del conflicto. Hubo un gran optimismo después de firmar los acuerdos de paz, pero diez años después la realidad ha cambiado muy poco para los habitantes del país, donde un ochenta por ciento de la población vive en la pobreza. Al cabo de diez años, los perpetradores de la política de genocidio llevada a cabo en la década de 1980 no solo no han sido procesados, sino que siguen desempeñando un papel destacado en la vida pública. Las víctimas y los supervivientes del conflicto no han recibido ni ayuda financiera suficiente ni el reconocimiento de su sufrimiento. En realidad, la mayoría de los desaparecidos no han sido encontrados. Muchos de los desplazados todavía no han podido regresar a su hogar.

Acojo con satisfacción la demanda de la resolución, que busca el apoyo del Gobierno de Guatemala, de otros Gobiernos de América Central, del Gobierno español y del Gobierno de los Estados Unidos para que se emita una orden de detención europea, en relación con la orden de detención internacional, de modo que puedan ser entregadas a la justicia todas las personas que se mencionan en la orden judicial emitida el 7 de julio de 2005, todas ellas con cargos por crímenes de genocidio, incluido Ríos Montt.

También insto a sus Señorías a que reconozcan que en realidad ha cambiado muy poca cosa para las personas. Para la mayoría de los guatemaltecos, las condiciones de hoy difieren muy poco de las de 1996. El acuerdo de paz prometía una desmilitarización de la sociedad y una reforma agraria y fiscal muy necesaria, cuyo objetivo era construir una sociedad más justa e igualitaria. Sin duda hoy debemos recordarlo, aunque Guatemala no aparezca tan a menudo en las noticias, y debemos seguir exigiendo y trabajando por una sociedad justa e igualitaria.

Por lo tanto, acojo con satisfacción el compromiso de la resolución e insisto en el principio de justicia universal y protección de los derechos humanos. Nuestra experiencia en Irlanda nos ha enseñado que la paz solo se puede construir sobre la justicia y el respeto de los derechos de todos.