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INFORME ANUAL     
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28 de enero de 1998
PE 224.436/def. A4-0034/98
sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1996)
Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores
Ponente: Aline Pailler
En la reunión del 14 de noviembre de 1996, la Conferencia de Presidentes autorizó a la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores a presentar anualmente un informe sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea.
 A. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 B. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 ANEXO
 OPINIÓN
 OPINIÓN

 En la reunión del 14 de noviembre de 1996, la Conferencia de Presidentes autorizó a la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores a presentar anualmente un informe sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea.

En las sesiones de los días 24 de octubre y 21 de noviembre de 1997, el Presidente del Parlamento Europeo anunció que se había autorizado a la Comisión de Derechos de la Mujer y a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales a presentar una opinión sobre este informe anual.

En la reunión del 29 de mayo de 1996, la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores había designado ponente a la Sra. Pailler.

En la reunión del 22 de abril de 1997, la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores decidió adjuntar a su informe la siguiente propuesta de resolución:

- B4-0267/97, del Sr. Cushnahan sobre la denegación de derechos humanos en Gran Bretaña e Irlanda, que le había sido enviada el 8 de abril de 1997 para examen del fondo.

En sus reuniones de los días 30 de septiembre y 8 de diciembre de 1997 y 19 y 26 de enero de 1998, la comisión examinó el proyecto de informe.

En la última de estas reuniones, aprobó la propuesta de resolución por 13 votos a favor y 12 votos en contra.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: d'Ancona, presidente; Vinci, vicepresidente; Pailler, ponente; Bontempi, Buffetaut, Cederschiöld, Chanterie (suplente de Colombo Svevo), Crowley (suplente de Schaffner, de conformidad con el apartado 2 del artículo 138 del Reglamento), De Esteban Martín, Deprez, Donnelly B. (suplente de Lucas Pires), Elliott, Goerens, Gomolka (suplente de Posselt), Hernández Mollar, (suplente de Reding), Lambraki (suplente de Crawley), Lindeperg, Nassauer, Pirker, Pradier, Roth, Schmid G., Schulz, Stewart-Clark, Terrón i Cusí, Van Lancker (suplente de Ford) y Zimmermann.

Las opiniones de la Comisión de Derechos de la Mujer y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales se adjuntan al presente informe.

El informe se presentó el 28 de enero de 1998.

El plazo de presentación de enmiendas a este informe figurará en el proyecto de orden del día del período parcial de sesiones en que se examine.


 A. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Resolución sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1996)

El Parlamento Europeo,

- Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

- Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19 de diciembre de 1966, así como los Protocolos correspondientes,

- Vista la Convención de Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial,

- Vista la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

- Vista la Convención de las Naciones Unidas de 1989 sobre los Derechos del Niño,

- Vista la Convención de Ginebra de 1951 y sus Protocolos, así como las recomendaciones del ACNUR,

- Vista la Convención sobre las migraciones en condiciones abusivas y sobre el fomento de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (Ginebra, 1975),

- Vistos el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y sus Protocolos,

- Visto el Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos

o degradantes (1987),

- Visto el Dictamen (2/94) del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de marzo de 1996 sobre la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,

- Vista la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores,

- Vistos los principios del Derecho internacional y europeo en materia de derechos humanos,

- Vista la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

- Vistos los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea,

- Visto el Tratado de la Unión Europea,

- Vista su Resolución de 12 de abril de 1989 por la que se aprueba la declaración de los derechos y libertades fundamentales(1),

- Vista su Resolución de 9 de julio de 1991 sobre los derechos humanos(2),

- Vista su Resolución de 12 de marzo de 1992 sobre la pena de muerte(3),

- Vista su Resolución de 18 de julio de 1992 sobre la Carta Europea de los Derechos del Niño(4),

- Vista su Resolución de 11 de marzo de 1993 sobre el respeto de los derechos humanos en la Comunidad Europea(5),

- Vista su Resolución de 19 de enero de 1994 sobre la objeción de conciencia en los Estados miembros de la Comunidad(6),

- Vista su Resolución de 8 de febrero de 1994 sobre la igualdad de derechos de los homosexuales y de las lesbianas en la Comunidad Europea(7),

- Vista su Resolución de 27 de abril de 1995 sobre racismo, xenofobia y antisemitismo(8),

- Vista su Resolución de 18 de enero de 1996 sobre la trata de personas(9),

- Vista su Resolución de 18 de enero de 1996 sobre las malas condiciones en las cárceles de la Unión Europea(10),

- Vista su Resolución de 9 de mayo de 1996 sobre la Comunicación de la Comisión sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo(11),

- Vista su Resolución de 9 de mayo de 1996 sobre la Propuesta de Decisión del Consejo por la que se declara 1997 Año Europeo contra el Racismo(12),

- Vista su Resolución de 17 de septiembre de 1996 sobre los derechos humanos en la Unión(13),

- Vista su Resolución de 12 de diciembre de 1996 sobre la protección de los menores en la Unión Europea(14),

- Vista su Resolución de 29 de febrero de 1996 sobre las sectas en Europa(15),

- Vista su Resolución de 8 de abril de 1997 sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1995)(16),

- Vista su Resolución de 16 de septiembre de 1997 sobre una campaña europea sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres(17),

- Vista su Resolución de 6 de noviembre de 1997 sobre la lucha contra el turismo sexual que afecta a niños y el Memorándum relativo a la contribución de la Unión Europea a la intensificación de la lucha contra los abusos y la explotación sexual de que son víctimas los niños(18),

- Vistas las peticiones:

a) 10/96, presentada por Loretta GREGO-BURKHARDT, de nacionalidad alemana, en nombre de Giuseppe GARRUBA (de nacionalidad italiana) sobre la amenaza de expulsión de este último de la República Federal de Alemania,

b) 11/96, presentada por Karl-Werner SIEBLER, de nacionalidad alemana, sobre sus problemas para solicitar un permiso de residencia en Francia,

c) 176/96, presentada por Herber PERDIGON, de nacionalidad francesa, sobre una discriminación sexual,

d) 233/96, presentada por Beyler YILMAZ, de nacionalidad turca, sobre la actitud hostil de algunos europeos frente a los turcos,

e) 264/96, presentada por Yassine KHLIFI, de nacionalidad tunecina, sobre su solicitud del estatuto de refugiado político,

f) 328/96, presentada por Rhoda BULL, de nacionalidad británica, sobre la igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo,

g) 342/96, presentada por Mario PRESA, de nacionalidad italiana, sobre la liberación de los objetores de conciencia griegos en prisión,

h) 393/96, presentada por Rosemarie KOSITZKI, de nacionalidad alemana, en nombre del Grupo de trabajo demócrata cristiano sobre la amenaza de expulsión de Alemania de una familia del pueblo roma,

- Vista la propuesta de resolución del Sr. Cushnahan sobre la denegación de derechos humanos en Gran Bretaña e Irlanda (B4-0267/97),

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer (A4-0034/98),

A. Considerando que el respeto de los derechos humanos constituye un principio fundamental que no admite excepciones en los Estados miembros, al estar garantizado mediante sistemas políticos democráticos y pluralistas con efectivas instituciones parlamentarias y sistemas judiciales independientes,

B. Considerando que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes y que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce los derechos económicos y sociales como derechos fundamentales en aplicación del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos,

C. Teniendo en cuenta las resoluciones del Consejo de Europa a este respecto y las propuestas de las organizaciones no gubernamentales en materia de protección y respeto de los derechos humanos,

D. Preocupado por el hecho de que en 1996 se han producido en algunos Estados miembros determinadas situaciones que podría considerarse que contravienen el respeto de los derechos humanos en diverso grado,

E. Considerando que, para toda persona que resida en el territorio de la Unión Europea, el respeto y la protección de sus derechos constituye una obligación para los Estados miembros independientemente de su "raza", sexo, nacionalidad, religión, orientación sexual, edad o minusvalía,

1. Insiste en la necesidad de garantizar el respeto total de los derechos humanos en todos los Estados miembros, lo que también permitirá reforzar la credibilidad de la Unión Europea cuando ésta exija el respeto de los derechos humanos en los acuerdos de cooperación con terceros países;

2. Indica que los derechos humanos son derechos naturales de toda persona y que, por consiguiente, no dependen de ninguna obligación o prestación previa;

3. Estima de su competencia, como institución comunitaria elegida democráticamente, velar por la defensa y el fomento de los derechos y libertades fundamentales en la Unión Europea;

4. Reafirma el deseo de que la Unión Europea pueda adherirse al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;

5. Propone que se incluya sistemáticamente un apartado "derechos humanos en la UE" en el debate de urgencia del Pleno de acuerdo con el mismo procedimiento utilizado para los derechos humanos fuera de la UE, siendo la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores de la responsable de la selección de los temas que deben tratarse;

6. Pide a los Gobiernos de los Estados miembros que establezcan en cada país una comisión consultiva de derechos humanos, contando con la participación de las organizaciones humanitarias, que se encargara de elaborar un informe anual sobre la evolución de la situación de los derechos humanos;

7. Subraya, una vez más, que la libertad de opinión, creencia y religión y la libertad de asociación son derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión;

INMIGRACIÓN Y DERECHO DE ASILO

8. Lamenta el carácter exclusivamente represivo de numerosas recomendaciones, declaraciones, resoluciones, aprobadas o en fase de elaboración, a nivel comunitario, especialmente por lo que se refiere a la inmigración, al derecho de asilo, a la reunificación familiar y al concepto de refugiado;

9. Lamenta que ningún Estado miembro haya ratificado la Convención Internacional para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990; insta a los Estados miembros para que inicien los procedimientos de firma y ratificación;

10. Toma nota del proceso de regularización de los indocumentados llevado a cabo en Grecia, España, Italia y Portugal; pide a todos los Estados miembros que se comprometan a seguir este ejemplo y que procedan a la regularización de los indocumentados en el respeto de los derechos humanos y de los convenios internacionales;

11. Pide que los inmigrantes extracomunitarios gocen de igualdad de trato en materia de derechos económicos y sociales y de reconocimiento de los derechos cívicos, culturales y políticos, especialmente el derecho de voto en las elecciones locales para aquellos que residen desde hace más de cinco años en un Estado miembro, de conformidad con el Convenio del Consejo de Europa; señala que la dignidad del hombre es inviolable y que, por consiguiente, los derechos humanos intransferibles e inviolables son la base de toda comunidad humana, de la paz y de la libertad en el mundo y que, por lo tanto, deberán estar vigentes sin limitación para todas las personas en el territorio de la Unión Europea;

12. Pide que se reconozca plenamente el derecho a vivir en familia, lo que implica que todas las personas que residan o trabajen en un Estado miembro pueda tener derecho a la reunificación familiar;

13. Pide una vez más a los Estados miembros que examinen las causas de la huida de los solicitantes de asilo menores de edad en un procedimiento especial, adecuado a su edad, que les concedan un estatuto de residencia seguro, que garanticen sus cuidados y que les permitan la reunificación familiar, independientemente de que se les conceda o no el estatuto de refugiados;

14. Pide a todos los Estados miembros que reconozcan el "derecho de suelo" completo desde el nacimiento para la adquisición de la nacionalidad y que acepten la doble nacionalidad;

15. Considera que la expulsión de residentes no comunitarios condenados penalmente y que han cumplido su pena llevada a cabo por determinados Estados miembros supone una "doble pena"; pide a los Estados miembros que eliminen cualquier posibilidad de "doble pena";

16. Lamenta que las causas para la detención de los solicitantes de asilo no se adecuen, con frecuencia, a las normas internacionalmente establecidas; denuncia las lamentables condiciones de los solicitantes de asilo en las zonas de espera y en los centros de retención; pide a su Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores que elabore un informe específico sobre este tema con visitas in situ; exige a los Estados miembros que lleven a cabo mejoras con carácter inmediato, tanto en materia de higiene y alimentación como de respeto de la persona humana;

17. Pide que las mujeres solicitantes de asilo y las mujeres migrantes puedan disfrutar de derechos propios independientemente de su estado matrimonial; condena las discriminaciones de las que son víctimas las mujeres y los hombres solteros en lo que respecta al reconocimiento de sus derechos;

18. Pide que no se adopte ninguna medida de expulsión o de reconducción a la frontera contra un extranjero reconocido médicamente como aquejado de una patología grave o contra sus padres o tutores si se trata de un menor o de una persona dependiente;

19. Denuncia la persistente violación por el Consejo del artículo 7A del Tratado UE, que preveía la instauración de la libre circulación de personas y la abolición de las fronteras interiores antes del 31 de diciembre de 1992;

20. Pide a los Estados miembros que no impongan nuevas restricciones a la entrada y estancia de extranjeros y que arbitren garantías respetuosas con los derechos humanos para la tramitación justa de las solicitudes de asilo;

21. Pide el pleno respeto por los Estados miembros de sus obligaciones en virtud de la Convención de Ginebra de 1951 y de su Protocolo de 1967; pide a los Estados miembros que se ajusten escrupulosamente a los principios elaborados por el Comité Ejecutivo del Alto Comisionado para los Refugiados;

22. Lamenta que el concepto de "terceros países seguros" no garantice siempre una auténtica protección para el solicitante de asilo, que puede ser expulsado a un país en el que fue víctima de violación de los derechos humanos o en el que se encuentra amenazado; pide a los Estados que garanticen el efecto suspensivo del recurso de apelación;

23. Pide al Consejo y a los Estados miembros que reconozcan el derecho de acceso al procedimiento de asilo a las víctimas de persecuciones perpetradas en situaciones de violencia interna generalizada;

24. Considera que las sanciones impuestas a los transportistas y la exigencia de visado para los solicitantes de asilo constituyen obstáculos inaceptables para el acceso al procedimiento de asilo;

25. Condena las reconducciones colectivas a la frontera, prohibidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos;

26. Considera que no deben repetirse las devoluciones ni expulsiones masivas y secretas, previo suministro de drogas a los expulsados, que parte de éstos sean devueltos a sus países de origen en situación de estado de guerra, o que lo sean a otros distintos del de su procedencia sin que haya conflicto alguno que lo justifique;

27. Manifiesta su preocupación por la tendencia de los Estados a sustituir por una protección precaria y temporal, a saber, el asilo territorial, el reconocimiento de un auténtico estatuto de refugiado con arreglo a la Convención de Ginebra; se pronuncia por una ampliación de la definición de refugiado a las personas víctimas de violencias sexuales y a las perseguidas en sus países, aun cuando la persecución no provenga de las autoridades estatales;

28. Considera necesario intensificar la lucha contra la inmigración clandestina, sus redes y traficantes, así como combatir el trabajo clandestino; debería establecerse una sanción para dicho delito que tuviera carácter disuasorio;

29. Señala a los Estados miembros de Schengen la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo en materia de derechos humanos en lo relativo al artículo 3 del CPDH y les pide que no devuelvan a los inmigrantes y refugiados, aun cuando hayan entrado ilegalmente en su territorio, a un Estado en que les aguarde la tortura u otro trato inhumano o humillante o haya razones para suponer que los expulsados recibirán dicho trato, así como que no celebren ningún acuerdo de repatriación con dichos Estados;

30. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen las recomendaciones de la Cumbre Social de Copenhague y que refuercen las políticas de cooperación con los países en desarrollo con objeto de actuar sobre las causas estructurales y coyunturales de los movimientos migratorios;

LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA

31. Reitera su condena de todas las formas de racismo, xenofobia y antisemitismo, de los actos de violencia racista y de las discriminaciones de carácter racista en materia de acceso al empleo y a la formación profesional, de vivienda, de escolarización, de salud y de acceso a las prestaciones sociales;

32. Manifiesta su preocupación por el incremento de las tesis racistas y xenófobas en la política, en la opinión pública, en la vida diaria y en el seno de las empresas;

33. Pone de manifiesto su satisfacción por la introducción de cláusulas antidiscriminatorias en los instrumentos comunitarios y por la Decisión de 23 de julio de 1996 por la que se declaraba 1997 Año europeo contra el racismo, aunque considera que todavía queda mucho por hacer, tanto a nivel nacional como comunitario, para prevenir y combatir el racismo;

34. Pide a los Estados miembros que adopten o refuercen las leyes antirracistas basándolas en el principio según el cual "el racismo constituye un delito", tanto si se trata de actos, como de declaraciones o de difusión de mensajes, e incluyendo medidas a la vez penales, civiles y administrativas, como ya lo han hecho España, Austria, Bélgica, Francia, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido.

35. Recomienda a los Estados la creación de un órgano independiente encargado de la lucha contra el racismo, especialmente en la aplicación de la legislación, a imitación de Bélgica, de los Países Bajos, del Reino Unido y de Suecia, puesto que la situación sobre el terreno resulta con demasiada frecuencia insatisfactoria, incluso en aquellos casos en que el marco legislativo es bueno;

36. Pide a los Estados miembros que adopten medidas para luchar contra las manifestaciones y comportamientos racistas de todas las autoridades y que establezcan programas de formación del personal de la policía y de la justicia, especialmente de aquellos que tratan con inmigrantes en las fronteras (conocimiento y comprensión de las culturas extranjeras, prevención de los comportamientos racistas, educación a la tolerancia);

37. Insiste para que se lleven a cabo con carácter permanente campañas de información y educación, especialmente en la enseñanza y en los medios de comunicación, para luchar contra el racismo, fomentar la tolerancia y dar a conocer la contribución positiva de los extranjeros a la economía y a la cultura europeas;

38. Opina que las autoridades, preferentemente a través del apoyo a las iniciativas de las organizaciones sociales, entre las que se incluyen las organizaciones pertenecientes al entorno de los propios grupos discriminados, deben prestar su contribución a la lucha contra el racismo y sus causas, de manera que desde diversas perspectivas y responsabilidades se trabaje para incrementar las posibilidades de defensa contra el racismo y la xenofobia y para reducir estos fenómenos;

39. Propone convertir el 21 de marzo en una jornada europea de lucha contra el racismo con iniciativas concretas en todos los Estados miembros y a nivel comunitario, contando con la participación de las organizaciones antirracistas;

40. Pide a la Comisión que cree un premio de los medios de comunicación contra el racismo cuya entrega se llevaría a cabo el 21 de marzo de cada año;

41. Condena a los dirigentes políticos que atizan el racismo y la xenofobia y exige a los partidos políticos que supriman toda propaganda racista de sus programas electorales;

42. Pide a su Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades que proponga una modificación del Reglamento interno con objeto de permitir que el Presidente pueda intervenir para llamar al orden a aquellos diputados europeos que hagan comentarios racistas en el transcurso de sus reuniones oficiales;

DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

43. Pide a los Estados miembros que eviten las violaciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos también en el ámbito social y que, en la medida en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constate violaciones, las corrijan mediante la adaptación de las normas jurídicas nacionales pertinentes; reitera la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconoce que los derechos sociales y económicos forman parte de los derechos humanos fundamentales;

44. Considera necesario respetar los derechos económicos, sociales, sindicales y culturales, así como otorgarles el reconocimiento de derechos fundamentales, especialmente el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la protección social y a la cultura;

45. Insta al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a que presten una especial atención en sus decisiones a la Declaración de los derechos y libertades fundamentales (DO C 120/51, 16.5.1989), aprobada por el Parlamento Europeo en el año 1989, haciendo particular hincapié en la garantía de los derechos sociales y económicos con vistas a la protección de las personas y en el valor jurídico de los deberes que se imponen a los Estados miembros como consecuencia de los derechos sociales y económicos, en última instancia, en el marco legislativo de cada uno de ellos, y tomando asimismo en consideración las disposiciones de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos;

46. Lamenta la magnitud de la pobreza en Europa en relación con la aplicación de políticas de austeridad que contribuyen a agravar el desempleo, la precariedad y las desigualdades, a pesar de las acciones de lucha contra la pobreza llevadas a cabo a nivel nacional y comunitario;

47. Considera que el proceso de empobrecimiento y precariedad que afecta cada vez a más jóvenes tiene causas estructurales relacionadas directamente con el funcionamiento de la economía, con la falta de una fiscalidad justa que fomente una redistribución de los medios disponibles, así como con la falta de protección social;

48. Opina que la pobreza y la exclusión son indignas de una sociedad democrática y rica y que es inaceptable que en la Unión Europea haya más de 52 millones de pobres; pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que conviertan la lucha contra la exclusión social y la pobreza en una prioridad política y que, con la participación de las ONG interesadas, desarrollen políticas holísticas coherentes para combatir estos fenómenos; pide al Consejo que adopte sin demora el IV Programa sobre la pobreza; considera que una parte mayor del presupuesto de la UE debería dedicarse a la lucha contra la exclusión social y al fomento de la inclusión, en particular, mediante el apoyo a proyectos piloto en empleos en el sector terciario;

49. Considera que las políticas económicas y sociales aplicadas a nivel nacional y comunitario deberían tener como objetivo prioritario la satisfacción de las necesidades fundamentales de los ciudadanos antes de responder a los intereses de los mercados financieros y a la competitividad de las empresas;

50. Insta a los Estados miembros a que actúen de manera decidida con el objetivo de asegurar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, a la seguridad social, a la protección contra la pobreza y la exclusión social, al alojamiento y otros derechos sociales;

51. Aboga en favor de la elaboración a nivel comunitario de instrumentos que establezcan garantías mínimas con respecto a las rentas, a la protección social y al derecho al tratamiento médico y al alojamiento como un requisito previo esencial para garantizar una calidad de vida consistente con la dignidad humana;

52. Pide a los Estados miembros que cumplan sin dilación las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en particular en lo relativo a los ámbitos "prohibición de los trabajos forzados", "libertad de asociación" y "derecho de huelga" contenidos en la Carta Social Europea;

53. Reitera la importancia de las conclusiones del Comité de Sabios presidido por Maria de Lourdes Pintasilgo, de su análisis en profundidad y de las propuestas relativas al alcance de los derechos fundamentales;

54. Pide a los Estados miembros que adopten y apliquen, en estrecha concertación con las asociaciones humanitarias, leyes de prevención y de lucha contra la exclusión que contemplen especialmente el acceso al trabajo, a la salud, a las prestaciones sociales, a la vivienda, a la educación y a la justicia;

55. Lamenta que no se haya aprobado el programa de lucha contra la pobreza y reitera su solicitud de que el Consejo lo apruebe rápidamente;

56. Condena a los ayuntamientos que prohíben la mendicidad en su municipio;

57. Pone de manifiesto su indignación por las condiciones de semiesclavitud en las que se mantiene a los empleados de hogar, a menudo de origen extranjero, por parte de empleadores que aprovechan su dependencia económica y vulnerabilidad social para negarles el reconocimiento de sus derechos y ejercer sobre ellos secuestro y violencia;

58. Pide a los Estados miembros que apliquen un marco jurídico europeo que garantice el acceso al empleo de las personas con discapacidades;

59. Pide a los Estados miembros que respeten todas las recomendaciones y convenios de la OIT, en especial el convenio n° 111 sobre la no discriminación en materia de empleo, el convenio n° 138 relativo a la edad mínima de admisión al empleo y el convenio n° 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, y que apliquen todas las disposiciones de la Carta Social renovada del Consejo de Europa;

60. Lamenta los numerosos ataques a las libertades sindicales y a los derechos de los delegados sindicales en numerosos Estados miembros y pide que se les ponga fin mediante el reconocimiento de la libertad sindical como un derecho fundamental en todos los Estados miembros;

61. Pide de manera especial al Gobierno británico que adopte iniciativas para hallar una solución al despido de los estibadores de Liverpool, cuya determinación es digna de elogio, y de manera más general para anular las restricciones al derecho de huelga;

IGUALDAD DE DERECHOS Y NO DISCRIMINACIÓN

62. Manifiesta su satisfacción por la inclusión de cláusulas de no discriminación en los instrumentos comunitarios que prevén la prohibición de las discriminaciones basadas en la "raza", el sexo, el color, la edad, la religión, el origen nacional y la orientación sexual;

63. Considera que su Resolución de 8 de febrero de 1994 sobre los homosexuales mencionada anteriormente contribuyó a mejorar la situación en numerosos Estados miembros y a nivel comunitario;

64. Pide a todos los Estados miembros que reconozcan la igualdad de derechos de los homosexuales, especialmente mediante el establecimiento, donde aún no sea el caso, de contratos de unión civil, con vistas a suprimir todas las formas de discriminación de las que aún son víctimas los homosexuales, en particular, en materia de Derecho fiscal, regímenes patrimoniales, derechos sociales, etc., y que contribuyan, mediante la información y la educación, a luchar contra los prejuicios de que son objeto en la sociedad;

65. Pide que el Estatuto de los agentes de las Comunidades Europeas se modifique sin demora para garantizar al compañero no casado los mismos derechos que se reconocen al cónyuge de un agente de las Comunidades Europeas;

66. Pide nuevamente al Gobierno austriaco que proceda a abolir sus leyes antihomosexuales, especialmente la disposición discriminatoria en cuanto a la edad mínima legal para las relaciones sexuales;

67. Lamenta que el Derecho de los grupos nacionales y minorías del Consejo de Europa (Convenio marco y Carta de las lenguas minoritarias) prácticamente aún no haya sido ratificado por ningún Estado miembro de la UE y que la reivindicación del Parlamento Europeo (informe Maij-Weggen/Dury) de una promoción activa de las minorías lingüísticas en la Unión Europea aún no haya sido asumida por el Consejo, la Conferencia Internacional ni los Estados miembros, por lo que las minorías nacionales y lingüísticas existentes en muchos Estados miembros no ven protegidos sus derechos o solamente con carácter regional

o nacional;

68. Subraya que nadie podrá ser discriminado por su pertenencia a una minoría nacional o lingüística y que la promoción específica de las minorías frente a la presión asimiladora de la mayoría no vulnera el principio de igualdad sino que, al contrario, contribuye a su realización;

69. Pide a los Estados miembros que reconozcan la situación específica de las minorías (sinti y romas), respeten su cultura, garanticen su protección, se abstengan de cualquier discriminación y luchen contra los prejuicios de que son objeto; pide que se respete la obligación legal para todo ayuntamiento de prever lugares de acogida adaptados y con equipamientos para las poblaciones nómadas y pide a los Estados miembros que hagan respetar o contemplen en su legislación estas obligaciones;

70. Constata que los minusválidos siguen siendo objeto de discriminaciones tanto en la vida diaria como en el trabajo; pide a los Estados miembros que adopten medidas legislativas para mejorar la vida cotidiana y fomentar el empleo e inserción profesional de los minusválidos;

71. Recuerda que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de Viena estableció en 1993 que los derechos de las mujeres forman parte inalienable, íntegra e indivisible de los derechos humanos universales;

72. Pide a los Estados miembros que cumplan plenamente sus obligaciones con arreglo al Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (CEDAW) y que acaben con todas las reservas que todavía persisten y que pudieran ser incompatibles con los objetivos de éste; pide a los Estados miembros que aprueben y ratifiquen el protocolo opcional propuesto al CEDAW, que proporcionaría a los individuales y a los grupos el derecho a presentar reclamaciones en virtud del Convenio;

73. Pide a la Unión Europea que se adhiera al CPDH y que respalde la resolución aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por la que se aprueba un nuevo protocolo al CPDH sobre los derechos de las mujeres;

74. Lamenta que, en sus informes sobre la aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín y en sus informes periódicos al Comité de la CEDAW, los Estados miembros contemplen los derechos humanos como una cuestión que afecta predominantemente a la política de cooperación al desarrollo, con lo que conceden escasa prioridad a las violaciones de los derechos de la mujer cometidas dentro de la UE;

75. Constata que, a pesar de algunas mejoras, las mujeres siguen siendo víctima de discriminaciones y no siempre disfrutan de una auténtica igualdad de trato, especialmente en materia salarial;

76. Pide a los Estados miembros que adopten las medidas adecuadas para mejorar la igualdad de trato y de oportunidades para las mujeres y que garanticen su participación efectiva y en condiciones de igualdad en la vida pública y en el proceso de toma de decisiones en todos los ámbitos;

77. Pide a los Estados miembros que fomenten el principio de democracia paritaria, considerando que los derechos de la persona humana estarán mejor garantizados si existe una participación igualitaria de hombres y mujeres en el poder de decisión;

78. Recuerda su convicción de que las acciones positivas son fundamentales para acabar con las discriminaciones y permitir a las mujeres el acceso al pleno ejercicio de sus derechos económicos y sociales;

79. Insta a los Estados miembros a que incluyan la persecución basada en razones de sexo entre los criterios para la admisión en la UE aplicables a quienes solicitan asilo procedentes de determinados países; insta, además, a los Estados miembros a que acuerden un estatuto de residencia temporal para las mujeres que hayan sido víctimas del tráfico de seres humanos desde un tercer país, antes de decidir, de modo definitivo, si ha de permitírseles permanecer en el Estado miembro en cuestión;

80. Lamenta que en Irlanda la ley prohíba toda información o posición favorable a la interrupción voluntaria del embarazo y manifiesta su preocupación por el activismo de los comandos antiabortistas en Francia; pide que se garantice en todos los Estados miembros el acceso a la información sobre el aborto y que se reconozca la función de las asociaciones;

81. Pide a los Estados miembros que luchen contra todo sexismo en los medios de comunicación, en la publicidad y en los manuales escolares mediante la supresión de la desigualdad de trato entre hombres y mujeres y ofreciendo de la mujer modelos positivos de identificación;

82. Se muestra preocupado por el desarrollo de la trata de mujeres en la Unión Europea, sobre todo a partir de los PECO, y desea que se refuercen los acuerdos celebrados a nivel europeo para llevar a cabo una lucha más eficaz contra esta práctica;

83. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respalden la propuesta para designar 1999 como Año Europeo contra la violencia hacia las mujeres, con el fin de señalar la prevalencia de esta violación de los derechos de la mujer de índole fundamental que afecta a todos los estratos sociales y entraña costes incalculables no sólo para las mujeres afectadas, sino para la sociedad en su conjunto;

84. Condena rotundamente la práctica de la mutilación de los genitales femeninos y pide a los Estados miembros que apoyen, en cooperación con los países en cuestión, campañas de información en ese sentido, que velen en sus propios países por que los miembros de estos grupos étnicos reciban una mayor información con vistas a eliminar las tradiciones existentes y que adopten todas las medidas posibles tanto para sancionar a quienes efectúan la operación como para proteger a las jóvenes y mujeres afectadas, tanto si se les obliga a someterse a la operación en un Estado miembro como si se les envía a un tercer país.

85. Pide encarecidamente a los Estados miembros que revisen toda la reglamentación existente por la que se autorice la esterilización forzada, salvo por razones puramente médicas, y pide la adopción de una moratoria sobre la esterilización forzada a la espera de que se lleve a cabo dicha revisión;

86. Pide a los Estados miembros y al Consejo que prevean medidas para proteger y poner a cubierto de toda explotación y violencia a las personas adultas que elijan libremente la prostitución como actividad profesional, y que consideren en su caso una reglamentación de este fenómeno;

87. Subraya que los derechos del niño son derechos humanos y pide a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros que pongan en práctica los objetivos del Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y los den a conocer, en la mayor medida de lo posible, a la opinión pública;

88. Lamenta que, a pesar de la adopción de una directiva específica, en algunos Estados miembros siga habiendo niños que trabajan; pide que se respete sin demora en toda la Unión Europea la prohibición del trabajo de menores;

89. Pide que se garantice plenamente en todos los Estados miembros la libertad de circulación de los alumnos no europeos en viajes escolares a otro Estado miembro;

90. Manifiesta su satisfacción por las medidas adoptadas, o en fase de preparación a nivel nacional y comunitario, para luchar contra la pornografía infantil, la prostitución y la trata de menores;

91. Pide a todos los Estados miembros que adopten medidas legislativas en materia de extraterritorialidad para perseguir en su territorio a los autores de abusos sexuales perpetrados contra menores en un tercer país;

92. Propone que se organice el 20 de noviembre de cada año una jornada europea de los derechos del niño, con objeto de sensibilizar a la opinión pública y de que los niños puedan expresarse y dar su opinión sobre la manera en que se respetan sus derechos;

93. Constata nuevamente que se pone en peligro el derecho de los niños a crecer en un entorno seguro en caso de que no exista el derecho al divorcio o de que éste se vea sometido a disposiciones, como por ejemplo la demostración de culpa, que podrían perjudicar las relaciones del niño con uno de sus padres;

94. Insta una vez más a los Estados miembros a que potencien los estímulos encaminados a prevenir e impedir que los niños sean víctimas de una grave desatención;

95. Exhorta a todos los Estados miembros a que declaren ilegal toda violencia física contra los niños y a que velen por que, en caso necesario, se acate esta legislación;

SITUACIÓN DE LOS DETENIDOS Y DE LAS PERSONAS RETENIDAS PROVISIONALMENTE

96. Muestra su preocupación por la continuación de los malos tratos, e incluso de las torturas, de que son objeto algunos detenidos y algunas personas retenidas provisionalmente, a pesar de que todos los Estados miembros han ratificado el Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes;

97. Muestra su extrañeza por el abandono de las actuaciones judiciales o por la debilidad de las penas contra los agentes de seguridad responsables de estos malos tratos que, con frecuencia, revisten un tinte racista; insta a los Estados miembros a que apliquen con el mayor rigor las medidas de carácter penal y procesal para garantizar que los responsables de torturas o de tratos inhumanos o degradantes sean debidamente castigados;

98. Pide a los Estados miembros que consideren la impunidad como protección de los delincuentes y los malos tratos como infracciones penales graves cuyos autores deben ser sancionados con rigor y que adopten las medidas adecuadas para prevenir eficazmente el recurso a la violencia durante la detención preventiva y en prisión;

99. Lamenta de manera general la excesiva duración de la detención preventiva y condena la discriminación que afecta a los no nacionales de Estados miembros sometidos a períodos de detención preventiva más largos;

100. Pone de manifiesto su inquietud por el deterioro de las condiciones de vida en las cárceles, especialmente debido al hacinamiento; pide a los Estados miembros que hagan respetar la dignidad humana en las cárceles en materia de condiciones materiales, atención médica, permisos penitenciarios, acceso al trabajo y a las actividades culturales o deportivas, en el respeto estricto de las "normas penitenciarias" del Consejo de Europa; recuerda que entre los objetivos del Derecho Penitenciario está la rehabilitación del privado de libertad con vistas a su reinserción social; por ello, insta a los Estados miembros a que presten la máxima atención a las condiciones de vida en las cárceles y al respeto de la dignidad y de los derechos fundamentales de los presos;

101. Pide a los Estados miembros que creen en las prisiones unidades de visitas familiares exentas de vigilancia a fin de que las familias puedan mantener relaciones con los detenidos en unas condiciones decentes; pide a los Estados miembros que mejoren el acceso a los cuidados y a la enseñanza en las prisiones y que desarrollen infraestructuras deportivas; pide que se establezcan regímenes más flexibles para las madres de familia; pide que hagan todo lo que esté en su mano para que los niños que viven en prisión junto a uno de sus padres encarcelados sufran lo menos posible de dicho régimen;

102. Pide a los Estados miembros que recurran en la mayor medida posible -y teniendo en cuenta la necesidad de proteger a la sociedad de los delincuentes peligrosos- a soluciones alternativas al encarcelamiento, desarrollando, en particular, penas administrativas o pecuniarias para los delitos menores, promoviendo las penas de sustitución, como los trabajos de interés público, desarrollando los regímenes de prisión abierta o semiabierta y recurriendo a los permisos condicionales;

103. Desea que se conceda una atención especial a determinados grupos de detenidos especialmente vulnerables: mujeres, emigrantes, minorías étnicas y homosexuales; insta a los Estados miembros a que, en aplicación del principio de rehabilitación del penado, adopten las medidas necesarias para dispensar un trato individualizado a las personas que se encuentran en prisión, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada una de ellas;

104. Pide a los Estados miembros que consideren más importante la rehabilitación y educación de los delincuentes menores de edad que su encarcelamiento, que adapten esta última situación a las necesidades de los menores de edad y que, en principio, los niños menores de 16 años no ingresen en las cárceles normales;

105. Pide que se imponga el internamiento preventivo de los delincuentes sociales cuando no pueda excluirse con seguridad el riesgo de reincidencia y todos los pronósticos médicos y psicológicos sean negativos;

106. Expresa su repulsa contra las prácticas consistentes en atar o esposar a las reclusas durante exámenes ginecológicos o tras un parto, como ha ocurrido en una cárcel inglesa;

107. Pide a los Estados miembros que proporcionen una formación adecuada al personal policial y penitenciario, en particular una formación específica para el tratamiento de la toxicomanía y del sida;

LIBERTAD DE INFORMACIÓN, DE EXPRESIÓN Y DE CREACIÓN

108. Reitera el derecho de toda persona a la libertad de expresión, de la que son parte integrante la libertad de prensa y el derecho a la información;

109. Pide a la Comisión que tenga el cuenta de manera sistemática las repercusiones de las políticas comunitarias en los aspectos culturales;

110. Pide a los Estados miembros que reconozcan y fomenten las lenguas y culturas regionales, especialmente en la enseñanza y en los medios de comunicación, en el respeto del Convenio del Consejo de Europa;

111. Condena toda forma de censura cultural y todo ataque contra la libertad de expresión y de creación, no debiendo convertirse esta libertad en un pretexto para ninguna forma de incitación al odio;

112. Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que firmen y ratifiquen la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias;

113. Condena los intentos de determinados dirigentes de colectividades locales que, por razones de ideología o de afiliación política, impiden la celebración de actos culturales en los que participan artistas que no comparten las mismas ideas políticas o retiran de las bibliotecas públicas determinados periódicos, revistas u obras considerados no conformes a sus convicciones políticas;

114. Pide a los Estados miembros y al Consejo que consideren como delito toda incitación al odio de carácter xenófobo y toda expresión racista o revisionista difundida a través de los medios de comunicación "clásicos", la edición o Internet;

115. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren el acceso de los periodistas y del público a las informaciones de las administraciones nacionales y comunitarias, con objeto de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información;

116. Pide la adopción de una reglamentación común a la Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeo que garantice el derecho de acceso del público y de los periodistas a los documentos comunitarios;

117. Pide a la Comisión que presente con celeridad al Parlamento Europeo una directiva anticoncentración en los medios de comunicación, con objeto de garantizar el pluralismo de la información, como desea el grupo de expertos de alto nivel creado en el marco de la sociedad de la información;

LIBERTADES INDIVIDUALES

118. Recuerda a los Estados sus obligaciones en materia de respeto de los derechos de la defensa en un proceso, así como sus obligaciones en materia de respeto de los derechos de las personas arrestadas o detenidas con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos;

119. Toma nota de las medidas adoptadas en Grecia para liberar a los objetores de conciencia encarcelados y aplicar una legislación que reconozca el derecho a la objeción de conciencia, y alienta a este país a continuar en este sentido;

120. Pide, por consiguiente, a Grecia,

a) que libere inmediatamente a los objetores de conciencia encarcelados, tratándolos de acuerdo con la nueva ley que prevé el servicio civil para los objetores de conciencia,

b) que las personas que hayan objetado antes de la entrada en vigor de dicha ley sean puestas en libertad total o parcialmente, dependiendo de cada caso, ya que muchos de ellos ya han visto mermada su libertad,

c) que amnistíe totalmente a los anteriores objetores de conciencia,

d) que conceda plenamente los derechos civiles a todos los objetores, en particular el derecho a un pasaporte que les permita desplazarse libremente por la UE como todo ciudadano europeo y que, de esta manera, reglamente aceptablemente la situación de los objetores griegos de conciencia que residen en el extranjero;

121. Pide, por lo tanto, a todos los Estados miembros que respeten la recomendación del Consejo de Europa, así como la Resolución 199⅜4 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante el reconocimiento pleno de la objeción de conciencia con la posibilidad de efectuar un servicio civil; debe amnistiarse y reconocerse la totalidad de sus derechos civiles a todas las personas que en la actualidad se encuentran desfavorecidas por la situación jurídica actual;

122. Reitera su condena a que se mencione la religión en el documento de identidad, ya que supone un atentado contra la vida privada de las personas y puede dar lugar a discriminaciones;

123. Muestra su preocupación por la conexión de sistemas informáticos que no siempre respetan las reglamentaciones sobre la protección de la vida privada y de los datos personales;

124. Pone de manifiesto su preocupación por los posibles excesos que pudieran cometerse con el fichero SIS, que tiende a incriminar a los extranjeros; solicita que los bancos de datos como el SIS estén sometidos al respeto del derecho a la intimidad y que no puedan contener ninguna información que no respete el principio de igualdad de trato y no discriminación;

125. Pide a todos los Estados miembros que creen centros nacionales de protección de los datos individuales;

126. Condena la utilización de las escuchas telefónicas ilegales y pide a los Estados miembros que se doten de legislaciones que respeten los convenios internacionales y que garanticen un equilibrio entre las exigencias de la lucha contra la delincuencia y las de la protección de los derechos y libertades fundamentales;

127. Pide a los Estados miembros que adopten medidas, en el respeto de los principios del Estado de derecho, para combatir los ataques a los derechos de las personas provocados por determinadas sectas, a las que debería denegársele el estatuto de organización religiosa o cultural que les garantiza ventajas fiscales y una determinada protección jurídica;

128. Constata la magnitud y la gravedad de los ataques contra el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos que provoca la delincuencia organizada ,y particularmente el terrorismo, especialmente debido a sus vínculos con el mundo de la política, de la economía y de la administración pública, pero también por la magnitud del fraude y la evasión fiscal;

129. Condena decidida y totalmente, por tanto, todas las acciones violentas y todas las amenazas de violencia terrorista y pide que se combatan con el mayor rigor en toda la Unión Europea, sirviéndose de todos los recursos del Estado de derecho;

130. Condena los asesinatos, mutilaciones, actos de violencia, secuestro y extorsión perpetrados por los grupos terroristas, e insta a los Estados miembros a que sigan colaborando estrechamente en la lucha contra el terrorismo y, en este sentido, continúen reforzando la cooperación judicial y policial europea;

131. Pide que, al sancionar los delitos, además de a la resocialización de los delincuentes, se conceda más importancia a la redención de los delitos cometidos y a la seguridad de los ciudadanos contra la reincidencia;

132. Pide a los Estados miembros que reexaminen el catálogo de sanciones habituales, como las penas de prisión, las multas y la retirada del permiso de conducción, por si este catálogo pudiera ampliarse con medidas modernas que tuvieran también un efecto de prevención particular y general;

133. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1)() DO C 120 de 16.5.1989, pág. 51.
(2)() DO C 240 de 16.9.1991, pág. 45.
(3)() DO C 94 de 13.4.1992, pág. 277.
(4)() DO C 241 de 21.9.1992, pág. 67.
(5)() DO C 115 de 26.4.1993, pág. 178.
(6)() DO C 44 de 14.2.1994, pág. 103.
(7)() DO C 61 de 28.2.1994, pág. 40
(8)() DO C 126 de 22.5.1995, pág. 75.
(9)() DO C 32 de 5.2.1996, pág. 88.
(10)() DO C 32 de 5.2.1996, pág. 102.
(11)() DO C 152 de 27.5.1996, pág. 57.
(12)() DO C 152 de 27.5.1996, pág. 62.
(13)() DO C 320 de 28.10.1996, pág. 36.
(14)() DO C 20 de 20.1.1997, pág. 170.
(15)() DO C 78 de 18.3.1996, pág. 31.
(16)() DO C 132 de 28.4.1997, pág. 31.
(17)() ACTA de la sesión del 16.9.1997.
(18)() ACTA de la sesión del 6.11.1997.


 B. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Venimos del norte,

Venim del nord,

venimos del sur,

venim del sud,

de tierra adentro,

de terra endins,

de allende el mar,

de mar enllà,

no creemos en las fronteras

i no creiem en les fronteres

si detrás hay camaradas

si darrera hi ha un company

con las manos extendidas

amb les seves mans esteses

hacia un porvenir en libertad.

a un pervindre alliberat.

Caminamos para poder ser,

I caminem per poder ser

y queremos ser para caminar.

i volem ser per caminar.

Lluís Llach

Introducción

La acción de la Unión Europea y de los Estados miembros, directamente responsables del respeto de los derechos humanos, debe inscribirse en el marco general de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, completada por los dos Pactos internacionales relativos a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales. Esta acción debe respetar asimismo los compromisos dictados por los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, así como las decisiones de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, junio de 1993) y de las demás conferencias mundiales centradas en temas o grupos de población específicos, especialmente las de Copenhague sobre el desarrollo social (marzo de 1995), de Pekín sobre la mujer (septiembre de 1995) y de Estocolmo contra la explotación sexual de los menores (agosto de 1996).

El reconocimiento de la importancia de los derechos humanos en la Unión Europea se ha materializado con la inclusión del artículo F en el Tratado de la Unión Europea, según el cual la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y tal y como resulta de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario.

Durante un período demasiado largo, el Parlamento Europeo juzgó la situación de los derechos humanos en el mundo -especialmente en sus dictámenes conformes sobre los acuerdos de cooperación con terceros países y en el transcurso de sus debates de urgencia- al tiempo que rechazaba examinar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. Esta situación anómala, perjudicial para la autoridad del Parlamento Europeo, fue finalmente corregida mediante la creación de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores y la decisión de elaborar cada año un informe sobre el "respeto de los derechos humanos en la Unión". Esta decisión contribuyó a otorgar mayor credibilidad al Parlamento Europeo para juzgar la situación de los derechos humanos en el mundo.

En alguna ocasión su informe anual sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea ha podido molestar a algún Gobierno de los Estados miembros que invoca la no injerencia, pero contribuye, al igual que los informes de las organizaciones humanitarias, a corregir los ataques más flagrantes y a mejorar la situación. Las tomas de posición del Parlamento Europeo sobre la situación de los indocumentados, de los detenidos y sobre la objeción de conciencia han permitido de este modo obtener mejoras en numerosos Estados miembros.

El ponente constata, no obstante, que, desde el examen del primer informe De Gucht en 1993 hasta el último informe Roth en 1997, el debate sobre el concepto y la definición de los derechos humanos sigue tan encarnizado. Algunos siguen oponiéndose a la posibilidad de incluir en el mismo los derechos económicos, sociales y culturales, sin duda por temor a poner demasiado en tela de juicio las políticas gubernamentales. Insisto de nuevo en la necesidad de estudiar la situación de los derechos humanos en su conjunto, es decir, los derechos civiles y políticos y también los derechos económicos, sociales y culturales.

Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Los derechos civiles y políticos son imprescindibles para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales; por el contrario, los derechos económicos, sociales y culturales resultan imprescindibles para el ejercicio de los derechos civiles y políticos por parte de todos. Sin esta indivisibilidad, la universalidad de los derechos humanos no existiría o no sería sino una quimera.

Si fuera aún necesario encontrar justificaciones, bastaría con referirse al artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad".

Asimismo, en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que son Partes todos los Estados miembros, reiteraron el principio de indivisibilidad como la base misma de la protección internacional de los derechos humanos. Abundando en esta dirección, el Parlamento Europeo aprobó el 12 de abril de 1989 una "declaración de los derechos y libertades fundamentales" en la que se incluían el derecho a condiciones de trabajo justas, el derecho a la protección social, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión. Por último, la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiende a reconocer los derechos económicos y sociales: la Sentencia Gaygusuz contra Austria de 16 de septiembre de 1996 alude al artículo 1 del protocolo n° 1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que se refiere al derecho de propiedad individual, para englobar en el mismo el derecho a las prestaciones sociales.

El ponente recuerda asimismo que el padre Joseph Wresinski, fundador de ATD-Cuarto Mundo, hacía fuerte hincapié en que la pobreza constituía uno de los principales ataques a los derechos humanos: "se violan los derechos humanos en aquellos lugares donde los hombres están condenados a vivir en la miseria. Unirse para hacerlos respetar constituye un deber sagrado". La declaración adoptada el 16 de octubre de 1997 por la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo para asociarse a la Jornada Mundial del rechazo a la miseria señala que el Parlamento Europeo ha afirmado en numerosos informes y resoluciones que la miseria constituye una violación de los derechos humanos y ha querido fomentar los derechos humanos en su indivisibilidad, defendiendo tanto las libertades fundamentales como los derechos económicos, sociales y culturales de los más pobres, que revelan los disfuncionamientos de la sociedad.

Para hacer balance de la situación de los derechos humanos en la Unión Europea en 1996 nos apoyamos en los informes de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo y también en las resoluciones adoptadas por el Parlamento y en los análisis y propuestas de las organizaciones del movimiento social y asociativo con las que he tenido ocasión de reunirme o que me han remitido documentación. Para responder a las demandas formuladas en innumerables ocasiones por los parlamentarios, partiremos de ejemplos concretos intentando entresacar las prioridades y temas centrales para 1996.

I. Inmigración y derecho de asilo

En numerosos Estados miembros, especialmente en Francia, la situación de los inmigrantes ha ocupado el centro de la actualidad social y política. En Francia, las leyes sobre inmigración han convertido en clandestinas a numerosas familias de inmigrantes, las han colocado en una situación de sospecha y han hecho pesar sobre ellas una inseguridad jurídica y una precariedad permanentes. Padres de niños nacidos en Francia o cónyuges de nacionales franceses han visto cómo se les denegaba el derecho de estancia y bien han sido expulsados bien se les ha amenazado con la expulsión.

A lo largo del año 1996 los indocumentados ("sans papiers") llevaron a cabo acciones admirables y quiero desde aquí felicitarles por su valentía. A su anhelo por verse reconocidos y por que se les haga justicia se le ha respondido a menudo con el desprecio, la violencia más extrema o la más total arbitrariedad en la solución de los casos individuales. Han contado con el apoyo y la solidaridad de asociaciones, iglesias, sindicatos y partidos políticos. Asimismo una importante delegación de los indocumentados pudo reunirse con los parlamentarios en Estrasburgo en el período parcial de sesiones de septiembre de 1996 para informarles y sensibilizarles sobre sus problemas.

En numerosos Estados miembros, como Alemania, Austria y los Países Bajos, la cuestión de la inmigración se ha relacionado interesadamente con el aumento del desempleo. Cabe reconocer que esta actitud se ha visto favorecida por determinadas recomendaciones y resoluciones del Consejo, especialmente la recomendación de 1994 que vinculaba desempleo e inmigración. Tras un estudio realizado en numerosos países, la OCDE reconoció que no existía "estrecha correlación entre los flujos de entrada de extranjeros en un país y la evolución de la tasa de desempleo".

Hay que poner término a esta estrategia de buscar una cabeza de turco, pues resulta peligroso tratar la inmigración como un reto político que, en definitiva, contribuye a reforzar la credibilidad de todos los que alientan una política demagógica de exclusión y xenofobia.

Desde este punto de vista, debemos poner de manifiesto nuestra satisfacción por el proceso de regularización de los indocumentados llevado a cabo en determinados países como España, Italia y Portugal, aun reconociendo sus insuficiencias. Pido a todos los Gobiernos de los Estados miembros que sigan estos ejemplos y procedan sin demora a la regularización de los indocumentados, en el respeto de los derechos humanos y de los convenios internacionales.

Es preciso reconocer a los inmigrantes el derecho a una vida familiar normal; los procedimientos de reunificación familiar y el derecho al matrimonio no deben contemplarse desde el ángulo de la sospecha permanente. Deben suprimirse los límites al derecho a vivir en familia y al matrimonio para hacer respetar la igualdad de derechos. Para que se respete la igualdad ante la ley, conviene eliminar cualquier posibilidad de "doble pena" existente en Austria, Francia, Alemania, Bélgica, España y los Países Bajos. Austria fue condenada por el TEDH en la Sentencia Ahmed contra Austria de 17 de diciembre de 1996 por incumplimiento del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Insistiremos asimismo en el reconocimiento de la igualdad de trato, tanto en materia de derechos económicos y sociales como de derechos civiles y políticos, incluido el derecho de voto en las elecciones locales y europeas para todos los extranjeros sin discriminación, tanto nacionales de los Estados miembros como de terceros países que residan en el país de acogida desde hace más de cinco años. Así lo exige un Convenio del Consejo de Europa desde 1992, aunque son pocos los Estados miembros que lo aplican.

El derecho de asilo se ha hecho cada vez más restrictivo tanto a nivel comunitario como en numerosos Estados miembros. Desgraciadamente cabe lamentar la "innovación" del año 1996 con el recurso a auténticos "chárters europeos" para las expulsiones, como lo señala el informe de Amnistía Internacional del año 1996 con respecto a Francia. En este mismo informe, Amnistía Internacional señala: "los Estados del 'Norte' se desentienden de sus obligaciones con respecto a los refugiados haciéndoles más difícil el acceso a su territorio. Entre las medidas aplicadas, cabe citar el reforzamiento en las fronteras, las sanciones impuestas a los transportistas, la exigencia de visados que los demandantes de asilo se ven en la imposibilidad de obtener, el establecimiento de zonas internacionales en los aeropuertos y la prohibición de encontrarse en determinadas zonas marítimas. Para aquellos refugiados que logran penetrar en un país, el recurso al concepto de 'terceros países seguros', a las 'listas blancas' y a los acuerdos de readmisión significa que pueden ser devueltos a países por los que han atravesado o al país del que han huido".

Son cada vez menos numerosos los solicitantes de asilo que consiguen obtener el reconocimiento del estatuto del refugiado y la protección que brinda el Convenio de Ginebra. En su lugar, tiende a desarrollarse una protección precaria y temporal, la del asilo territorial o humanitario.

El Convenio de Schengen, en la medida en que no convierte el respeto del derecho a vivir en familia en un criterio vinculante para la determinación del país responsable del examen de una solicitud de asilo, "conduce a situaciones absurdas: familias dispersadas, bien porque sus miembros presentan documentos expedidos por diferentes países Schengen, bien porque han seguido itinerarios diferentes" (informe de Amnistía Internacional -Sección Francesa y Francia Tierra de Asilo- julio de 1997).

En Gran Bretaña entró en vigor en julio de 1996 una ley sobre el asilo y la inmigración. Amplía el procedimiento de apelación "acelerado", introducido por una ley anterior, a toda una serie de casos de solicitudes de asilo, especialmente la de países que figuran en una "lista blanca", es decir, considerados como países seguros en los que los solicitantes no corren graves riesgos de ser perseguidos. De hecho, ha quedado abolido el derecho de apelación para la mayoría de los solicitantes de asilo procedentes de "terceros países seguros". Además, la ley ha suprimido la ayuda social para la mayoría de los solicitantes de asilo.

Querríamos asimismo denunciar el escándalo de las zonas de espera y de los centros de retención, que constituyen auténticas zonas de ausencia de derecho, verdaderas "mazmorras del Estado de derecho" para la ANAFE(1) en las que quedan "aparcados" los solicitantes de asilo en condiciones deplorables. El informe del OIP (Observatorio Internacional de Prisiones) da cuenta de la detención de inmigrantes en las zonas de tránsito de determinados aeropuertos, a menudo en condiciones de higiene deplorables, en Alemania, Bélgica, España, Francia e Italia. El VII informe general de actividades del CPT (Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes) (1996) da cuenta del mantenimiento en situación de detención de solicitantes de asilo en salas de aeropuertos, en comisarías de policía durante varios meses e incluso en centros penitenciarios.

Nos oponemos a la concepción de una Europa fortaleza para cambiarla por la de una Europa de la fraternidad y de la solidaridad. Debe reconocerse plenamente el derecho de asilo. Hagamos que los Estados miembros que se han convertido con demasiada frecuencia en "tierras de escollo" para los extranjeros, vuelven a ser auténticos "países de acogida".

¿Cómo aceptar que, en este tema, la Unión Europea está retrocediendo en lugar de evolucionar?

Si pensamos, como Pierre-Henri Imbert (Director de Derechos Humanos en el Consejo de Europa), que la Humanidad se encuentra siempre en aprendizaje y que los derechos humanos no son, a fin de cuentas, sino el lenguaje de la humanización del hombre, debemos sentirnos orgullosos y debemos ser dignos de esta responsabilidad que nos incumbe haciendo gala de nuestra exigencia, nuestro rigor y nuestra audacia para hacer que avancen nuestras sociedades hacia algo más de humanidad.

Además, una interpretación demasiado restrictiva del Convenio de Ginebra sobre los refugiados ha culminado a menudo en un rechazo de las solicitudes de asilo de personas víctima de fuerzas terroristas no estatales (como en Argelia) o de violencias sexuales. Por este motivo, conviene ampliar la definición de refugiado a todas las personas perseguidas realmente en su país de origen. Ha habido solicitantes del derecho de asilo que han sido objeto de medidas de expulsión hacia los países en que fueron víctima de violaciones de los derechos humanos (expulsión a Guinea-Bissau por parte de España). Por idéntico motivo, el TEDH condenó al Reino Unido (expulsión a la India de un militante sij: Sentencia Chahal contra el Reino Unido de 15 de noviembre de 1996).

Querríamos señalar especialmente a la atención la suerte de los extranjeros aquejados de patologías graves que residen habitualmente en un Estado miembro. Las asociaciones de ayuda a los extranjeros con dificultades han alertado a las autoridades gubernamentales sobre la suerte de personas extranjeras gravemente enfermas, amenazadas de expulsión del territorio europeo y, a menudo, obligadas a la clandestinidad.

Enfermos o parientes o tutores de enfermos han sido objeto de retención administrativa o judicial en los centros de retención antes de su expulsión a países del tercer mundo que no disponen ni de infraestructuras, ni de personal médico, ni de medicamentos ni tampoco de sistemas de acceso a la atención médica. Proponemos que no pueda adoptarse medida alguna de expulsión o de reconducción a la frontera con respecto a extranjeros que hayan sido reconocidos médicamente como aquejados de patologías graves.

II. Lucha contra el racismo y la xenofobia

Las sociedades europeas son pluriculturales y pluriétnicas y su diversidad, reflejo de un amplio abanico de culturas y tradiciones, constituye un factor positivo a la vez que una fuente de enriquecimiento. El ascenso del racismo, de la xenofobia y del antisemitismo en la Unión Europea supone un gran desafío para nuestras sociedades.

Si bien disminuyeron sensiblemente los actos de violencia racista en 1996, cabe constatar desgraciadamente un preocupante ascenso de las tesis racistas y xenófobas en la opinión pública, tanto en la calle como en el trabajo. De acuerdo con el informe de la CNCDH (Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos - Francia) en 1996, el 61% de las personas encuestadas consideran que hay "demasiados árabes", el 58% "demasiados musulmanes" y el 40% se consideran "un poco racistas". En este mismo informe se constata que las violencias racistas afectan cada vez más a personas de origen magrebí y que los autores de los actos violentos son reclutados principalmente en los movimientos de extrema derecha, con la aparición en 1996 de ataques con perros pitbull.

Sigue siendo frecuentes las discriminaciones de carácter racista, que se materializan en ataques a la dignidad y en el cuestionamiento de los derechos fundamentales en materia de empleo, vivienda, escolarización y salud. El TEDH condenó a Austria por haber denegado el desempleo a una persona argumentando que no tenía la nacionalidad austriaca (Sentencia Gaygusuz contra Austria de 16 de septiembre de 1996). En numerosos informes se da cuenta de discriminaciones en la contratación, especialmente con respecto a los jóvenes, lo que contribuye a marginalizarlos y a reforzar la sensación de que son rechazados por la sociedad. De este modo, se ha asistido en Francia al desarrollo de las solicitudes BBR (Bleu, Blanc, Rouge -Azul, Blanco, Rojo-) para impedir la contratación de personas de nacionalidad u origen extranjero, como lo atestiguan los informes de la CNCDH y de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. En determinadas empresas se multiplican los obstáculos discriminatorios para el desarrollo de carreras y para el acceso a la formación profesional, se jerarquizan los salarios con criterios de "raza", como el hecho de no situar a empleados de color en puestos en contacto con la clientela. Se asiste a una auténtica identificación étnica de las tareas, como lo demuestra Philippe Bataille en un estudio realizado en varias empresas en Francia: "la legitimidad adquirida por el Frente Nacional en el terreno político ha liberado la expresión del racismo en el trabajo", pero el racismo "también es fabricado en parte dentro de las empresas (...). Hoy en día, las relaciones e incluso la organización del trabajo producen los argumentos del racismo que se expresa en el mismo". El racismo "facilita a los patronos un recurso adicional para explotar mejor a los trabajadores de que se trate" (Racismo en el trabajo. Editions La découverte, París, 1997).

Este racismo ordinario, mantenido y exacerbado por determinados responsables políticos, resulta especialmente inquietante, pues mina la sociedad mediante la división y la violencia de que es portador, aunque resulta difícil cuantificar los destrozos que produce la violencia simbólica. Como señala el escritor Louis Calaferte: "Odiad al que no es de vuestra raza. Odiad al que no es de vuestra clase social. Odiad, odiad y seréis odiados. Del odio se pasará a la cruzada, mataréis y se os matará (...). Así es la ley: si el otro no es feliz, tampoco lo seréis vosotros. Si el otro no tiene futuro, tampoco lo tendréis vosotros".

Algunos servicios sanitarios no respetan la igualdad de trato. Éste es el caso precisamente con respecto a los enfermos aquejados de sida. El acceso a la vivienda sufre demasiado a menudo de prácticas discriminatorias tanto en el sector privado, con el rechazo a familias inmigrantes por parte de los propietarios, como en el sector de viviendas sociales.

El poder judicial y las fuerzas de seguridad, directamente implicadas en la lucha contra el racismo, también se ven afectados por fuertes tendencias racistas: dificultades de la justicia en reconocer los asuntos de racismo y en tratarlos. De este modo, el TEDH condenó a Francia (Sentencia Remli contra Francia de 23 de abril de 1996) por el rechazo por parte de un tribunal de apelación a constatar las manifestaciones racistas proferidas por uno de los miembros del jurado fuera de la sala de audiencias contra un acusado francés de origen argelino. Se constatan discriminaciones raciales en la acción policial que pueden ir hasta la violencia que ocasiona la muerte: Amnistía Internacional da cuenta de manifestaciones racistas por parte de las fuerzas del orden en Alemania, Dinamarca, Francia y Austria. Asimismo se constatan malos tratos a extranjeros por parte de la policía en Italia, España, Grecia, Alemania, Austria, Dinamarca y Francia.

Sin querer por ello minimizar el racismo constatado en estos servidores del Estado, no debemos ignorar las causas relacionadas con las malas condiciones de trabajo, con la escasez de efectivos en la policía, en el aparato judicial, en la enseñanza y en los servicios sociales, lo que a menudo origina lo que Pierre Bourdieu denomina un "sufrimiento de posición" que dificulta la relación de estas personas con las víctimas del denominado "sufrimiento de condición".

Algunos dirigentes políticos, en especial -aunque no exclusivamente- de la extrema derecha se apoyan en un discurso racista por motivos electorales. Sin embargo, también algunos gobiernos contribuyen a favorecer el ascenso de la intolerancia y del racismo al adoptar o preparar determinadas legislaciones, en particular sobre la inmigración. Éste era el caso en Francia con las leyes sobre la inmigración, y en Alemania con la obligación de visado, introducida mediante reglamento, para los miembros menores de las familias de inmigrados originarias de Turquía, Túnez, Marruecos y de los Estados de la antigua Yugoslavia. En Alemania, numerosos dirigentes políticos, especialmente del Partido CSU, han reclamado una reducción de la inmigración relacionándola directamente con el desempleo.

Hay que condenar enérgicamente a los dirigentes que fomentan el racismo y la xenofobia y exigir a los partidos políticos la supresión de toda propaganda racista y discriminatoria. Por lo que se refiere a nuestra propia institución, propongo que la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades prepare una modificación del reglamento con objeto de poder sancionar las manifestaciones racistas de los parlamentarios europeos en el ejercicio de sus funciones. Si no sancionamos estas manifestaciones, seríamos todos cómplices de aquellos cuyas palabras cargan las pistolas y tienen "sangre en la voz".

La movilización de los demócratas y de los antirracistas ha permitido obtener resultados en la lucha contra el racismo, tanto a nivel nacional como europeo. Algunas legislaciones nacionales han reforzado los medios de lucha contra el racismo. A nivel europeo, se han incluido en los instrumentos comunitarios cláusulas antidiscriminación. Manifestamos nuestra satisfacción por la decisión adoptada el 23 de julio de 1996 de designar el año 1997 como "Año Europeo contra el Racismo". Sin embargo, queda mucho por hacer a escala comunitaria y de los Estados miembros para hacer retroceder al racismo y a la xenofobia. Como señala el economista Sami Naïr: "no se pacta con el racismo, con la xenofobia ni con el odio, pues es pactar con el instinto de muerte de la sociedad". Para reconstruir una sociedad más justa y más humana, así como para reestructurar el vínculo social, es necesario combatir de manera prioritaria las causas económicas y sociales que nutren al racismo, ese racismo que prolifera en el terreno abonado de las políticas de austeridad llevadas a cabo en los Estados miembros y que generan precariedad, desempleo y pobreza.

La batalla para imponer otra lógica económica desvinculada del estricto criterio de rentabilidad financiera y basada en la satisfacción de las necesidades de la población debe ganarse mediante la aplicación y el reforzamiento de los medios legislativos nacionales y comunitarios de prevención y represión de los actos racistas. El racismo no puede ampararse en la libertad de expresión, es un delito que debe ser castigado. Desde este punto de vista, el racismo que reina en las estructuras administrativas -especialmente en la policía- debe reprimirse y sancionarse con mayor contundencia.

Deben llevarse a cabo con carácter permanente campañas de información y educación, especialmente en la enseñanza y en los medios de comunicación, para luchar contra el racismo, fomentar la tolerancia y dar a conocer la contribución positiva de los extranjeros para la economía y cultura europeas. Como continuación del Año Europeo contra el Racismo, proponemos que el 21 de marzo de cada año se convierta en Día Europeo de Lucha contra el Racismo.

III. Derechos económicos, sociales y culturales

Las políticas económicas de los Estados miembros, vinculadas a la aplicación de los criterios de convergencia como preparación a la UEM, no han hecho desaparecer el desempleo y han tenido graves consecuencias sociales: debilitamiento de la protección social, desmantelamiento de los servicios públicos, precariedad del trabajo y deterioro de las condiciones de vida y de trabajo.

Europa cuenta con cerca de veinte millones de parados. Desde hace años se considera fundamentalmente el empleo desde el punto de vista del coste del trabajo que debe reducirse en nombre de la competitividad de las empresas, cuyas consecuencias, el desarrollo del tiempo parcial y de la flexibilidad, suponen un cuestionamiento de los derechos sociales.

El informe del CSERC (Consejo Superior del Empleo, los Ingresos y los Costes) pone claramente de manifiesto para Francia el vínculo existente entre flexibilidad y agravación del desempleo, especialmente entre los jóvenes, lo que tiene como consecuencia un aumento de la pobreza en este colectivo. La pobreza al comienzo del ciclo de vida constituye un fenómeno nuevo: más de un millón de personas sin hogar tienen menos de 21 años en la Unión Europea.

La política social europea obedece sobre todo a los imperativos de la realización del mercado único: su finalidad fundamental es reabsorber los desequilibrios económicos y sociales existentes que pueden obstaculizar la realización del gran mercado. La Carta de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989, inspirada en la Carta Social del Consejo de Europa, establece un determinado número de derechos sociales que deben garantizarse. De hecho, se trata de una declaración de intenciones sin efectos vinculantes.

Desde este punto de vista, lamentamos que numerosos Estados miembros no respeten determinadas disposiciones de la Carta Social del Consejo de Europa. En efecto, el Comité de Expertos Independientes, encargado de supervisar la aplicación de la Carta, constató que numerosos Estados miembros no respetaban los horarios ni las condiciones de trabajo, los derechos sindicales y el derecho de huelga, la igualdad entre hombres y mujeres, la protección social y la protección de la salud. Se trata de Austria, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó en abril de 1996 una nueva Carta Social Europea, abierta a la firma el 3 de mayo de 1996. Esta nueva Carta Social constituye un amplio tratado internacional que reúne en un único instrumento todos los derechos garantizados por la Carta de 1961 y por sus Protocolos adicionales de 1988 y 1995, los nuevos derechos aprobados por los Estados (derechos a la protección contra la pobreza y la exclusión social, a la vivienda, a la protección contra el acoso sexual, derechos de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato, derechos de los representantes de los trabajadores), así como las siguientes enmiendas: reforzamiento del principio de no discriminación, mejora de la igualdad hombres-mujeres en todos los ámbitos que abarca el Tratado, mejor protección de la maternidad y protección social de las madres, mejor protección social, jurídica y económica de los jóvenes en el trabajo y fuera de él, mejor protección de las personas minusválidas.

Espero que todos los Estados miembros firmen y apliquen a la mayor brevedad esta nueva Carta en su integridad dispositiva.

Por otra parte, todos los Estados miembros deben ratificar los convenios de la OIT. Sin embargo, el convenio n° 111 sobre la igualdad de oportunidades y de trato y la no discriminación en materia de empleo no ha sido aún ratificado por Luxemburgo, Irlanda y el Reino Unido. Por lo que se refiere al convenio n° 138 relativo a la edad mínima de admisión al empleo, aún no cuenta con la ratificación de Dinamarca, Austria y el Reino Unido.

Querríamos señalar a la atención el caso específico de las empleadas de hogar de origen extranjero que viven en determinados Estados miembros en condiciones de semiesclavitud. Sin documentos y hablando apenas la lengua del país, trabajan sin percibir salario en condiciones indignas, en muchos casos secuestradas y tratadas con violencia. Tras haberlas reducido a la condición de esclavas, sus empleadores, que a menudo gozan de inmunidad diplomática, ejercen con respecto a ellas un auténtico derecho de propiedad. El 4 de marzo de 1996, una joven empleada eritrea de 20 años fue liberada en condiciones rocambolescas en el domicilio de una diplomática libanesa destinada en París. Desde hacía varios meses, esta joven trabajaba sin horarios ni salario, se le habían confiscado sus documentos y se encontraba secuestrada en el apartamento. Pudo ser liberada e indemnizada por iniciativa del Comité "Francia contra la esclavitud", mientras que la desconsiderada empleadora fue expulsada al Líbano.

3.1 La pobreza

Hay aproximadamente un 16% de pobres (es decir, más de 57 millones de personas) en la Unión Europea si nos atenemos a la definición según la cual los ingresos inferiores en un 50% a los ingresos medios de los ciudadanos del país corresponden a una situación de pobreza. El informe de la organización Socorro Católico con respecto a Francia en 1996 da cuenta del tratamiento de 751.000 situaciones, cifra nunca alcanzada y que representa un aumento de más del 10% con respecto a 1994. Sin embargo, la pobreza no es únicamente un problema de ingresos, debe ampliarse al concepto de exclusión social vinculado asimismo con el desempleo, la precariedad, la inestabilidad o ruptura de las estructuras familiares, la enfermedad y la falta de vivienda. Las personas sin hogar, que alcanzan la cifra de 2,5 millones en Europa según el Observatorio Europeo de Personas sin Hogar, se encuentran en una especial situación de desventaja. Al no disponer de vivienda, ven cómo se les deniegan otros derechos fundamentales, sociales, civiles y humanos, lo que los margina aún más.

Geneviève de Gaulle-Anthonioz, que sucedió al padre Wresinski en la presidencia de ATD-Cuarto Mundo, señala: "se ha hecho cada vez mayor la fractura entre los que tienen y los que no tienen; para hablar claro, entre los ricos y los pobres. Nos encontramos ante una evolución inquietante de la sociedad, de la utilización de los avances técnicos, de la productividad de la que no ven beneficio alguno muchos hombres y mujeres. Por utilizar una imagen, antes se soltaban algunos vagones de la locomotora portadora de progreso. Hoy en día, son cada vez más los vagones que se sueltan desde que la locomotora se ha convertido en un tren de alta velocidad".

En estas condiciones, resulta especialmente intolerable que el Consejo rechace desde 1994 -a causa del rechazo de Alemania en nombre del principio de subsidiariedad- la aplicación del IV programa de acción contra la pobreza (previsto para el período 1994-1999) que prolongaba y reforzaba el segundo y tercer programas, que habían dado pruebas de su utilidad y contaban con el aprecio de las organizaciones humanitarias.

Asimismo es inaceptable que haya ayuntamientos que dicten bandos contra la mendicidad, como ha sido el caso en Francia y en Alemania.

Los Estados miembros deben convertir la lucha contra la pobreza y la exclusión social en una prioridad política y deben dotarse de los medios legislativos, materiales y financieros necesarios, puesto que "rechazar la miseria significa construir el futuro de todos". Para que nadie pueda vivir la angustia del "qué pasará mañana", deberían adoptarse medidas específicas: la reactivación del poder adquisitivo y del empleo, el aumento de los mínimos sociales, la prohibición de los embargos y de las expulsiones. Desde este punto de vista, sería útil que cada Estado miembro adoptara una ley sobre la prevención y la lucha contra las exclusiones en concertación con las organizaciones humanitarias.

3.2. Derechos sindicales

Las legislaciones de los Estados miembros reconocen el derecho de asociación, pero en ocasiones se imponen restricciones. Éste es el caso de Alemania, cuyos empleados de los servicios públicos se ven privados del derecho de huelga en violación del Convenio n° 87 de la OIT sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación.

Asimismo en algunos Estados miembros no se respeta el derecho sindical. Se despide a delegados sindicales o a delegados del personal a pesar de las protecciones con que cuentan, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, por lo que se refiere a Francia, se registran 14.066 despidos de personal protegido, es decir, más del 4% con respecto a 1995 (Ministerio de Empleo). Asimismo se han constatado casos de infracción del derecho de huelga. Éste es, por ejemplo, el caso de los estibadores de Liverpool, que dura más de dos años y para el que aún no se ha encontrado solución. La empresa "Mersey Docks Harbour Company" (MDHC), de la que el Estado es accionista (14% de las acciones), despidió abusivamente a 329 estibadores por haber hecho huelga en apoyo de cinco trabajadores despedidos por haberse negado a efectuar horas suplementarias no retribuidas. Es urgente que el Gobierno británico materialice en sus actos sus propias promesas y adopte iniciativas para que se reconozca el derecho de los estibadores de Liverpool despedidos por haber hecho huelga y, de manera más general, anular las restricciones al derecho de huelga.

En Francia se han apuntado ataques a las libertades sindicales, especialmente en algunos grandes almacenes que no dudan en acusar en falso a los asalariados para impedir la creación o el desarrollo de secciones sindicales, e incluso para impedir la celebración de elecciones profesionales (como en "Leader price" en Lyon). En algunas empresas, como es el caso de la Peugeot de Sochaux, la dirección ha impedido el desarrollo de carrera o ha bloqueado el acceso a la formación profesional de responsables sindicales. El Tribunal de Conciliación Laboral de París dictó el 4 de junio de 1996 un mandamiento judicial por el que se condena a la dirección de Peugeot por discriminación por actividad sindical. Se han observado las mismas maniobras discriminatorias con respecto a responsables sindicales en otras empresas tan dispares como Citroën en Rennes, Motorola en Toulouse, RVI en Vénissieux, Aérospatiale en St. Nazaire y Toulouse y se han incoado procedimientos ante el Tribunal de Conciliación Laboral. Incluso en empresas públicas como la EDF, se ha abierto un procedimiento sancionador contra sindicalistas del departamento de Var por haberse unido a la huelga en la movilización de 1995. Un empleado de la EDF que se había negado a efectuar un corte de electricidad en el domicilio de personas indocumentadas fue sancionado por su dirección. Algunos tribunales han llegado incluso a "asimilar las reivindicaciones salariales a una extorsión de fondos" para poder perseguir judicialmente a sindicalistas del aeropuerto de Orly.

3.3. Derechos culturales

Los derechos en los ámbitos de la cultura, de la educación y de los medios de comunicación forman parte integrante de los derechos humanos. ¿Cómo pueden concebirse los derechos culturales sin reafirmar la libertad de creación artística, la necesaria confrontación de sensibilidades e inteligencias? Es preciso defender una concepción de la cultura democrática abierta a la pluralidad de la cultura de los individuos y de los pueblos del mundo, opuesta a la reclusión en ghetos y a los integrismos y que se base en los derechos universales, en la integridad de la persona y en el espíritu laico. Esta concepción de la cultura incluye el reconocimiento de la libertad de expresión y de creación, el respeto de las lenguas o culturas minoritarias, el derecho a la educación, así como el acceso a una información plural. Recordemos la posición del Parlamento Europeo sobre los riesgos que supone la concentración de los medios de comunicación para la libertad de información y reiteremos la solicitud de elaboración de una directiva anticoncentración, como desea el grupo de expertos de alto nivel en su informe final "Construir la sociedad europea de la información para todos".

Debemos permanecer alerta en cuanto a la amenaza que representa una "comercialización" cada vez mayor de la cultura para la libertad de creación, la audacia creativa y el acceso a las obras. Parece urgente y necesario un arranque ético para proteger a la cultura de un servilismo (es decir, de una muerte lenta, pero segura) con respecto a los imperativos mercantiles, auténticas censuras económicas. Las nuevas formas de producción de las industrias culturales, vinculadas a las grandes maniobras de concentración financiera, especialmente los sectores de la edición, de los multimedios y de la televisión digital, ponen gravemente en peligro la libertad de expresión y de creación en sus propios orígenes, reduciendo para el creador las posibilidades de encontrar a la persona o a la empresa que pueda apoyar y realizar su proyecto. Una nueva etapa amenaza con comprometer de manera aún inédita en la historia de las civilizaciones la independencia cultural de los pueblos: la de los acuerdos internacionales del tipo AMI (Acuerdo Multilateral sobre las Inversiones) que se halla actualmente en fase de negociación en el seno de la OCDE. Para garantizar estos derechos, es necesario excluir de estos acuerdos a la cultura, lo que se denominó en la época del GATT "la excepción cultural".

Querríamos lanzar una voz de alarma sobre la ofensiva de los ayuntamientos dirigidos en Francia por el Frente Nacional contra la cultura y la democracia: cierre de lugares de cultura plural, retirada en las bibliotecas públicas de determinadas publicaciones y obras consideradas peligrosas (obras de pedagogía y de filosofía), supresión de subvenciones a asociaciones de inserción y de iniciativa cultural, censura de filmes, despido de responsables de centros culturales (como en Chateauvallon), destrucción de obras de artistas plásticos (como la escultura de René Guiffrey en Toulon). Estos actos constituyen violaciones de los derechos más fundamentales de la democracia, especialmente la libertad de creación, de expresión y de reunión. Deben adoptarse medidas para garantizar el respeto del derecho a la cultura y para que fracasen las maniobras de los "enemigos de la libertad" que pretenden que impere su "orden cultural".

La libertad de expresión, como toda libertad, también tiene sus límites. Sin embargo, no puede aceptarse la difusión de la propaganda racista y revisionista como una mera opinión. Se trata en estos casos de un ataque a la dignidad humana, una incitación al odio y una complicidad en crímenes contra la humanidad. Se trata de un delito que debe sancionarse, pues la tolerancia exige que se establezcan los límites de lo intolerable. Por este motivo, hay que dotarse de medios legislativos y jurídicos para impedir que, en el nombre de la libertad de expresión, se reivindique el derecho de difundir una propaganda racista y revisionista.

IV. Igualdad de derechos y no discriminación

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en numerosas ocasiones a los Estados por violación del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (cuestionamiento de los derechos de la defensa): Dinamarca, Francia e Italia (en cinco ocasiones) han sido condenados por una duración excesiva de los procedimientos; Portugal y Bélgica, por la falta de un procedimiento contradictorio; Francia, por la falta de juicio imparcial; Austria, por desigualdad de un procedimiento penal y el Reino Unido por ataque al derecho a no acusarse a sí mismo y por asistencia judicial insuficiente (en dos ocasiones). Por último, se ha condenado a dos Estados por violación del artículo 5 (cuestionamiento de los derechos de la persona detenida): España, por detención preventiva demasiado larga y el Reino Unido (en dos ocasiones) por violación de una posibilidad de apelación ante un tribunal para decidir sobre el mantenimiento o no de la detención.

Debemos manifestar nuestra preocupación por determinadas prácticas discriminatorias con respecto a los presos nacionales de la Unión Europea que cumplen su pena en otro Estado miembro diferente al suyo, como es el caso de la limitación de los derechos a una reducción de pena por buena conducta

o la limitación del derecho al permiso penitenciario.

La protección de los derechos fundamentales se basa en la igualdad en derechos y en dignidad. Por este motivo, hay que conceder una gran atención a los grupos especialmente vulnerables de la sociedad (minorías, mujeres, niños, presos, homosexuales, etc.) y contribuir a garantizar el desarrollo de la persona y el respeto de estos derechos.

Algunas minorías étnicas siguen padeciendo la intolerancia y diferentes formas de discriminaciones. Los roma siguen padeciendo el ostracismo en numerosos Estados: desde la falta de zonas de acogida equipadas y expulsión, discriminación en el trabajo (Irlanda) hasta malos tratos por parte de la policía (Grecia e Italia).

Siguen existiendo discriminaciones basadas en la orientación sexual. Existen leyes antihomosexuales en Austria y hay corrientes integristas que combaten el reconocimiento de las parejas del mismo sexo solicitado por el Parlamento Europeo en su Resolución de 8 de febrero de 1994. No obstante, se han registrado notables mejoras en numerosos Estados miembros y a nivel comunitario. La Comisión propone cláusulas de no discriminación en los instrumentos comunitarios que contemplan la prohibición de las discriminaciones basadas en la "raza", el sexo, el color, la religión, el origen nacional y también la orientación sexual. En algunos Estados miembros existen contratos de unión civil que reconocen derechos a los homosexuales.

Conviene defender los derechos de los individuos y garantizar su protección y, al mismo tiempo, luchar asimismo contra los prejuicios de que son objeto.

4.1. Derechos de la mujer

Las mujeres siguen siendo víctima de discriminaciones y no gozan siempre de una verdadera igualdad de trato. En la Conferencia Mundial de Viena se reiteraron los derechos fundamentales de la mujer como parte integrante, inalienable e indivisible de los derechos universales del ser humano. La Conferencia Mundial de Pekín insistió en la necesidad de que las mujeres participaran plena e igualitariamente en la vida civil, política, económica, social y cultural, así como en el fortalecimiento de su participación en el proceso de toma de decisiones en todos los ámbitos.

Pueden percibirse mejoras en los Estados miembros, pero todavía queda mucho por hacer, tanto por lo que se refiere a la igualdad de oportunidades y derechos como al estatuto de la mujer en la sociedad. Persisten discriminaciones en la contratación, persiste la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres a trabajo igual, cerca de un 30% como media. Además, las mujeres representan más del 80% de los asalariados a tiempo parcial (en una gran proporción se trata de un tiempo parcial obligado), lo que origina una discriminación para las promociones y los ascensos. Por último, el desempleo afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres.

Las mujeres son víctima de violencias sexuales: violencias en el hogar, violaciones, acoso sexual en el trabajo. La trata de mujeres se desarrolla especialmente a partir de los países del Tercer Mundo y, más recientemente, a partir de los PECO, en donde las redes del crimen organizado infiltran a varias decenas de miles de mujeres, en ocasiones muy jóvenes, para nutrir las redes de prostitución o de trabajo doméstico.

Irlanda sigue atentando contra la libertad de expresión e impide informar a las mujeres acerca de sus derechos al prohibir la difusión de cualquier publicación, filme o mensaje publicitario en favor del aborto. Por lo que se refiere al derecho al aborto, es cuestionado por la acción violenta de comandos que invaden las instalaciones hospitalarias y amenazan al personal médico, especialmente en Francia.

En numerosos Estados miembros persiste el sexismo en los manuales escolares, en los medios de comunicación y en la publicidad, con una desigualdad de trato entre hombres y mujeres. Ésta es la conclusión de un informe oficial llevado a cabo en Francia: "La imagen que se da de la mujer en los manuales escolares no permite a las jóvenes encontrar modelos positivos de identificación. La mayor parte de las veces sólo encuentran modelos de madre, esposa y ama de casa. Poco o nada valorada por sus cualidades, no se invita a la mujer a participar ni en la vida económica ni en la historia de su país". Con objeto de hacer evolucionar a la sociedad hacia una igualdad real, sería deseable que los Estados controlaran en mayor medida el sistema de edición de los manuales.

4.2. Derechos del niño

Los niños necesitan una protección especial. Por este motivo, las disposiciones internacionales en favor de la protección de los derechos humanos se completaron con un instrumento específico relativo a los derechos del niño y a su bienestar: la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Dicha convención se refiere a los derechos civiles y a las libertades individuales de los niños, a sus derechos económicos, sociales y culturales, así como a su derecho a una protección especial contra todas las formas de violencia, incluida la violencia cotidiana y silenciosa que les imponen las opciones económicas y políticas de nuestras sociedades.

A pesar de la adopción de una directiva sobre el trabajo de los menores, se está aún lejos de encontrar una solución a la situación en numerosos Estados miembros en que hay menores que siguen trabajando: Gran Bretaña, Portugal, Alemania e Italia.

En 1996 cabe señalar en varios Estados numerosos casos de raptos y asesinatos de niños por parte de pederastas. Una mayor concienciación de la opinión pública sobre las violencias con respecto a los niños, especialmente de carácter sexual, ha permitido conseguir la mejora de las legislaciones nacionales y elaborar propuestas a nivel comunitario con objeto de luchar contra la pornografía que implica a niños , la prostitución y la trata de menores.

A imitación de Alemania, Bélgica y Francia, todos los Estados miembros deberían adoptar medidas legislativas en materia de extraterritorialidad, con objeto de poder perseguir en su territorio a los autores de abusos sexuales perpetrados contra menores en un país tercero y de condenarles a las mismas penas que si los hubieran cometido en su propio país.

Con objeto de hacer hincapié de forma más solemne en los derechos del niño, proponemos que se organice el 20 de noviembre de cada año un Día europeo de los derechos del niño (desde 1996 Francia organiza cada año el 20 de noviembre un Día nacional de los derechos del niño). Este Día europeo permitiría sensibilizar a la opinión pública sobre el respeto de los derechos del niño y asimismo daría a los niños la posibilidad de expresarse y de dar su opinión sobre el modo en que deben respetarse sus derechos. Ese día, como nos pide el poeta Nazim Hikmet:

"Ofrezcamos el globo a los niños

Ofrezcamos el globo a los niños, al menos por un día

Démosles el globo para que jueguen como si fuera un globo multicolor,

Para que jueguen cantando entre las estrellas,

Ofrezcamos el globo a los niños.

Démoselo como una manzana enorme

Como un pan recién hecho.

Ofrezcamos el globo a los niños y plantarán en él árboles inmortales".

4.3. Derechos de los minusválidos

Los minusválidos siguen padeciendo discriminación en la vida cotidiana y en el trabajo. En algunos países, han obtenido leyes que favorecen su inserción en la vida diaria y que dan prioridad a su inserción profesional.

Sin embargo, demasiado a menudo, las empresas prefieren pagar impuestos en lugar de contratar a minusválidos. Éste es, por ejemplo, el caso de Francia, país en el que las empresas de más de veinte asalariados deben contratar a un 6% de asalariados minusválidos o, en su defecto, pagar un impuesto que sirve para financiar los centros de formación y de inserción profesional.

Sería deseable que los Estados miembros mejoraran las leyes existentes reforzando las garantías para los minusválidos o que promulgaran leyes que permitan favorecer el empleo de este colectivo.

V. La situación de los detenidos

Todos los Estados miembros han ratificado el Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes y han firmado la Convención de las Naciones Unidas que tiene los mismos objetivos.

Estos instrumentos establecen que nadie debe ser sometido a tortura o cualquier forma de pena o tratamiento inhumano o degradante. Los informes de Amnistía Internacional y del Observatorio Internacional de Prisiones, que constituyen una referencia en este ámbito, dan cuenta, no obstante, de malos tratos, incluso de torturas en situación de detención preventiva, en algunos Estados miembros.

Los malos tratos se producen a menudo durante el período inmediatamente posterior a la detención. Las víctimas más frecuentes son, sobre todo, los solicitantes de asilo y los inmigrantes. Han estallado varios escándalos, especialmente en Alemania, España, Francia y el Reino Unido, en los que se encuentran implicadas fuerzas policiales.

Los malos tratos deben considerarse infracciones penales graves cuyos autores deben recibir duras sanciones. Los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas para prevenir el recurso a la violencia en la detención preventiva y en prisión, especialmente estableciendo una formación adecuada del personal policial y penitenciario.

En la misma tónica de las conclusiones de Amnistía Internacional, un estudio encargado por los ministros del Interior de los Estados Federados de Alemania concluyó que el problema de la violencia policial con respecto a los extranjeros no se limitaba únicamente a "algunos casos aislados". También se han lanzado acusaciones de malos tratos contra policías en Dinamarca. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha puesto de manifiesto su preocupación por la persistencia de los malos tratos a los detenidos que, en las cárceles españolas, van hasta la tortura, especialmente con respecto a las personas sospechosas de actos de terrorismo. En Francia algunas informaciones dan cuenta de disparos, homicidios y malos tratos, a menudo acompañados de insultos racistas, por parte de agentes de las fuerzas del orden. Los agentes del Estado, especialmente los policías y el cuerpo de funcionarios de prisiones, depositarios de lo que Pierre Bourdieu denomina "monopolio de la violencia física y simbólica legítima", deben ser los primeros en respetar las leyes. Debe reprimirse sin vacilación cualquier ataque a los derechos de las personas por parte de los agentes de las fuerzas del orden.

Desgraciadamente, las condenas de los integrantes de las fuerzas del orden que han sido autores de malos tratos son a menudo muy benévolas o inexistentes, como es el caso de España, Francia, Austria y Alemania. Policías de Berlín que fueron acusados de haber golpeado a puñetazos y con sus porras a extranjeros a los que habían detenido solamente fueron condenados a penas leves.

En su informe anual, el Observatorio Internacional de Prisiones hace hincapié en el aumento de la población reclusa (muy importante en Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, Italia y los Países Bajos), así como en las condiciones de detención que atentan contra la dignidad de los reclusos. El hacinamiento en las cárceles constituye de alguna manera el síntoma de un disfuncionamiento de la sociedad. Winston Churchill dijo: "Enseñadme vuestras cárceles y os diré qué tipo de gobierno tenéis". La cárcel no debe ser un lugar en el que no existan los derechos. El hacinamiento, las condiciones de detención (como el aislamiento de los reclusos) y la normativa en vigor generan situaciones que atentan contra la integridad psicológica y moral del recluso y limitan o impiden el mantenimiento de los lazos afectivos y sexuales de los reclusos con sus seres queridos. Se ha encadenado durante su hospitalización o esposado durante la realización de exámenes ginecológicos a reclusas embarazadas o enfermas. Incluso llegó a esposarse a una mujer en el hospital tras haber dado a luz en la prisión de Holloway en Londres.

Los Estados deben reaccionar para garantizar de mejor manera los cuidados a los reclusos toxicómanos en Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Portugal, y para que no siga ocultándose la realidad de la propagación del sida por el intercambio de jeringuillas en las cárceles, como lo confirma el informe de la OIP en lo que se refiere a Alemania, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia y los Países Bajos.

Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para hacer respetar la dignidad humana en las cárceles en materia de condiciones materiales, atención médica, permisos penitenciarios, acceso al trabajo y a las actividades culturales y deportivas, en el respeto de las "normas penitenciarias" del Consejo de Europa y concediendo una atención especial a los grupos más vulnerables (mujeres, inmigrantes, minorías étnicas y homosexuales).

VI. Apoyo a las organizaciones humanitarias

No podemos concluir este informe sin rendir un homenaje a la labor eficaz llevada a cabo por las organizaciones humanitarias. Gracias a sus análisis acertados, a sus propuestas precisas y a la movilización de sus miembros, desempeñan una función primordial para denunciar los ataques a los derechos humanos y contribuir a la mejora de la situación. Debemos insistir para que los Gobiernos de los Estados miembros y la Unión Europea aumenten su ayuda presupuestaria y tengan más en cuenta sus análisis y propuestas.

VI. Derechos humanos en la UE en el debate de urgencia del Parlamento Europeo

En cada período parcial de sesiones en Estrasburgo el Parlamento Europeo celebra un debate de urgencia en el que se aprueban resoluciones. En él se trata con regularidad el tema de los derechos humanos, pero únicamente se refiere a los derechos humanos en el mundo tras una selección propuesta por la Subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. Para poder introducir la cuestión del respeto de los derechos humanos en un Estado miembro, sólo existe la posibilidad de recurrir al Pleno.

Para que el informe anual que trata del respeto de los derechos humanos en la Unión Europea alcance plenamente sus fines, proponemos que se considere sistemáticamente en cada debate de urgencia un punto "Derechos humanos en la UE". La Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores sería responsable de la selección de los temas, por ejemplo, mediante una comisión representativa de todos los grupos políticos presidida por el presidente de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores.

(1)() ANAFE: Asociación Nacional de Asistencia en las Fronteras para los Extranjeros, informe 1996-1997.


 ANEXO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

B4-0267/97

presentada de conformidad con el artículo 45 del Reglamento

por el Sr. Cushnahan

sobre la denegación de derechos humanos en Gran Bretaña e Irlanda

El Parlamento Europeo,

A. Visto el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos,

B. Visto el caso de Róisín Mc Aliskey, en prisión preventiva en la cárcel de Holloway, en Gran Bretaña, y el reciente asesinato del cabo interino Stephen Restorick en Bessbrook, condado de Armagh,

C. Considerando que las autoridades alemanas solicitan a Gran Bretaña la extradición de la Sra. Mc Aliskey en relación a la explosión de una bomba en el cuartel del ejército británico en Osnabruck en junio de 1996, y observando que la Sra. Mc Aliskey está embarazada de seis meses y que su estado de salud es muy precario, según han señalado los diagnósticos de los médicos independientes que la han examinado,

D. Considerando que el brutal asesinato del cabo interino Stephen Restorick representa un paso adelante en la escalada de violencia del IRA, que ha asestado un duro golpe al deseo de una paz permanente en Irlanda del Norte,

1. Cree que a ningún prisionero, ya esté en prisión preventiva o convicto, se le deberían negar sus derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a un régimen de prisión humanitario y, por tanto, insta a las autoridades británicas a que dispongan la inmediata hospitalización de la Sra. Mc Aliskey, dentro del sistema penitenciario si no se le concede la libertad bajo fianza;

2. Cree asimismo que el asesinato del cabo interino Stephen Restorick representa la negación del derecho humano fundamental por excelencia que es el derecho a la vida y considera que el incumplimiento del alto el fuego por parte del IRA supone la negación de los deseos del Gobierno británico y del Gobierno irlandés y de la abrumadora mayoría de los ciudadanos de ambos países.


 OPINIÓN

(Artículo 147 del Reglamento)

para la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores

sobre el Informe anual sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1996) (Informe Pailler)

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Ponente de opinión: Hubert Pirker

PROCEDIMIENTO

En la reunión del 4 de noviembre de 1997, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales designó ponente de opinión al Sr. Pirker.

En la reunión de los días 9 de diciembre de 1997 y 22 de enero de 1998, la comisión examinó el proyecto de opinión.

En esta última reunión, la comisión aprobó las conclusiones por 25 votos a favor y 10 votos en contra.

Participaron en la votación los diputados: Hughes, presidente; Menrad y Ojala, vicepresidentes; Pirker, ponente; Andersson, Boogerd-Quaak, Cabezón Alonso, Carniti, Castagnetti, Correia, Brendan Patrick Donnelly, Eriksson, Ettl, Fayot (suplente de Morris), Glase, González Triviño (suplente de Vandemeulebroucke), Jöns, Lindqvist, Mann, McMahon, Megahy (suplente de Ruffolo), Mendonça, Oomen-Ruijten, Peter, Pronk, Schiedermeier, Schörling, Skinner, Sornosa Martínez, Theonas, Van Lancker, van Welzen, Waddington, Weiler y Wolf

OBSERVACIONES GENERALES

La Unión Europea se declara plenamente partidaria del respeto de los derechos humanos. Según la jurisprudencia continua del Tribunal de Justicia Europeo, los principios generales del Derecho que se contemplan en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros deben recogerse de manera jurídicamente análoga en el Derecho comunitario. A ese respecto, puede tratarse tanto de los derechos fundamentales estatales primarios como de los derechos derivados del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Con la inclusión del artículo F en el Tratado de la Unión, esta práctica del Tribunal de Justicia Europeo ha quedado consagrada en dicho Tratado. En lo que respecta a los derechos sociales fundamentales, con la alusión a la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de 1989 ya existe ahora una referencia especial en el preámbulo del Protocolo sobre la política social que, sin embargo, sólo presenta carácter de declaración. Con el Tratado de Amsterdam se completará la referencia a los derechos sociales fundamentales con la inclusión de una alusión a la Carta Social Europea en el preámbulo.

A continuación se aborda la cuestión de las violaciones constatadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el Comité de expertos del Consejo de Europa sobre la aplicación de la Carta Social Europea. A ese respecto, debe señalarse que los derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos son directamente reclamables judicialmente también mediante acciones individuales, mientras que, en el marco de la Carta Social Europea, el Comité ministerial del Consejo de Europa sólo puede formular recomendaciones sobre la base de los informes presentados por los Estados signatarios.

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos cubre, entre otros, los siguientes ámbitos: prohibición del trabajo forzado u obligatorio (artículo 4), libertad de reunión y asociación (artículo 11) y prohibición de la discriminación (artículo 14). Todos los Estados miembros se han adherido al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y por ello están sujetos a sus disposiciones.

En el período considerado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sólo constató una violación de los derechos humanos en el ámbito de los derechos sociales: en el asunto Gaygusuz contra Austria(1), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constató que Austria viola el principio de la no discriminación, pues en su ordenamiento jurídico la concesión de la ayuda de emergencia a los extranjeros está ligada al requisito de la nacionalidad austriaca: la concesión de la ayuda de emergencia presupone, según el Derecho austriaco, el pago de cotizaciones al fondo del seguro de desempleo. Puesto que el demandante abonó durante su actividad profesional cotizaciones a este fondo en las mismas condiciones que los trabajadores austriacos, en opinión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no está justificada objetivamente una desigualdad de trato sobre la base de la nacionalidad.

Austria ya ha emprendido la supresión de la discriminación detectada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos modificando su Ley sobre el seguro de desempleo(2).

Carta Social Europea

En la Carta Social del Consejo de Europa se formulan todavía con mayor detalle las categorías de derechos humanos que ya se han mencionado en relación con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos. Las siguientes disposiciones revisten, entre otras, importancia: prohibición del trabajo forzado (artículo 1.2), derecho de asociación (artículo 5) y derechos sindicales (artículo 6). Debe señalarse que, contrariamente con lo que ocurre con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos, no todos los Estados miembros están sujetos a todas las normas de la Carta Social.

El Comité de expertos del Consejo de Europa sobre la aplicación de la Carta Social constató, entre otras, la violación de las siguientes disposiciones(3).

Libertad de asociación

En, entre otros países, Dinamarca, Francia y Suecia se han constatado acuerdos del tipo"closed shop". Se trata de prácticas según las cuales se obliga de hecho a los trabajadores a afiliarse a un sindicato determinado para poder encontrar empleo en el correspondiente sector económico. El ejercicio de un poder monopolístico por parte de un sindicato viola el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes o su derecho a no pertenecer a ningún sindicato.

Irlanda viola, según el Comité de expertos, la libertad sindical, puesto que se obliga a los sindicatos, como requisito previo para participar en negociaciones, a adquirir una licencia.

Se critica especialmente la situación existente en el Reino Unido y en Irlanda del Norte. El Comité de expertos constató que las medidas legislativas para proteger a los sindicatos son insuficientes en varios aspectos, entre otros, en lo que respecta a:

- la prevención de las prácticas aplicadas por empresarios concretos con objeto de obstaculizar la afiliación de los trabajadores a los sindicatos;

- el derecho de los sindicatos a autoorganizarse (incluido el derecho a excluir a miembros).

Derecho a la huelga

En relación con Alemania se ha emitido una opinión negativa, pues según el Derecho alemán las acciones de huelga sólo se admiten en el marco de las negociaciones colectivas y tienen que ser iniciadas o asumidas por un sindicato. Según el Derecho alemán, las huelgas fuera del marco de las negociaciones colectivas así como las huelgas de grupos de trabajadores individuales son ilegales. Ello constituye de hecho una restricción del derecho a la huelga. En relación con Francia se declararon inadmisibles los recortes salariales desproporcionados realizados como consecuencia de los períodos de huelga en el servicio público. El Comité de expertos constató que tanto en Irlanda como en el Reino Unido y en Irlanda del Norte no está garantizada una protección suficiente para los trabajadores frente al despido como consecuencia de su participación en una huelga. También se han criticado las disposiciones vigentes en el Reino Unido y en Irlanda del Norte según las cuales los sindicatos pueden ser demandados civilmente por terceros para exigir compensaciones por los daños que resulten de paros laborales. El riesgo financiero resultante de ello supone de hecho un obstáculo para el ejercicio del derecho a la huelga. También se ha declarado inadmisible la prohibición general de las huelgas para los funcionarios en Dinamarca. En relación con Portugal, el Comité de expertos ha considerado asimismo que el derecho a los paros laborales está restringido por las disposiciones en materia de afiliación sindical aplicables a los trabajadores en huelga.

Prohibición del trabajo forzado

Dinamarca viola, según el Comité de expertos, la prohibición del trabajo forzado, puesto que en el Derecho danés la "ociosidad" constituye una figura delictiva penal.

En relación con Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia y los Países Bajos, así como el Reino Unido e Irlanda del Norte, determinadas disposiciones relativas a medidas disciplinarias en el ámbito del transporte marítimo se han considerado no conformes a la Carta Social. Se trata de disposiciones que permiten en general la persecución penal de los paros laborales. La persecución penal sólo es, sin embargo, conforme a las disposiciones de la Carta Social si como consecuencia del paro laboral existe un riesgo para la seguridad del buque o para la vida o la salud de las personas. En relación con España se ha constatado una violación análoga en el ámbito del transporte aéreo.

CONCLUSIONES

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes conclusiones:

1. Pide a los Estados miembros que eviten las violaciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos también en el ámbito social y que, en la medida en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constate violaciones, las corrijan mediante la adaptación de las normas jurídicas nacionales pertinentes; reitera la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que reconoce que los derechos sociales y económicos forman parte de los derechos humanos fundamentales;

2. Pide a los Estados miembros que cumplan sin demora las recomendaciones del Comité de ministros del Consejo de Europa en lo relativo a los ámbitos de la "prohibición del trabajo forzado", la "libertad de asociación" y el "derecho a la huelga" contenidos en la Carta Social Europea.

3. Subraya que el Tratado de Amsterdam dispone que la Comunidad y sus Estados miembros actuarán teniendo en cuenta los derechos sociales fundamentales tal y como están establecidos en la Carta Social Europea de 1961 y en la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de 1989;

4. Insta al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a que presten una especial atención en sus decisiones a la Declaración de los derechos y libertades fundamentales (DO C 120/51, 16.5.1989), aprobada por el Parlamento Europeo en el año 1989, haciendo particular hincapié en la garantía de los derechos sociales y económicos con vistas a la protección de las personas y en el valor jurídico de los deberes que se imponen a los Estados miembros como consecuencia de los derechos sociales y económicos, en última instancia, en el marco legislativo de cada uno de ellos, y tomando asimismo en consideración las disposiciones de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos;

5. Reitera la importancia de las conclusiones del Comité de Sabios presidido por Maria de Lourdes Pintasilgo, de su análisis en profundidad y de las propuestas relativas al alcance de los derechos fundamentales;

6. Insta a los Estados miembros a que actúen de manera decidida con el objetivo de garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, del derecho a la seguridad social, del derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social, del derecho al alojamiento y otros derechos sociales;

7. Aboga en favor de la elaboración a nivel comunitario de instrumentos que establezcan garantías mínimas con respecto a las rentas, a la protección social y al derecho al tratamiento médico y al alojamiento como un requisito previo esencial para garantizar una calidad de vida consistente con la dignidad humana;

8. Opina que la pobreza y la exclusión son indignas de una sociedad democrática y rica y que es inaceptable que en la Unión Europea haya más de 52 millones de pobres; pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que conviertan la lucha contra la exclusión social y la pobreza en una prioridad política y que, con la participación de las ONG interesadas, desarrollen políticas holísticas coherentes para combatir estos fenómenos; pide al Consejo que adopte sin demora el IV Programa sobre la pobreza; considera que una parte mayor del presupuesto de la UE debería dedicarse a la lucha contra la exclusión social y al fomento de la inclusión, en particular, mediante el apoyo a proyectos piloto en empleos en el sector terciario;

9. Considera que debería ofrecerse a los desempleados el acceso a la enseñanza y a la formación, con el fin de aumentar sus oportunidades de plena participación en una sociedad más amplia;

10. Pide a los interlocutores sociales que desarrollen contratos sociales que permitan a los trabajadores tener derecho a obtener el acceso a la formación para aumentar los niveles de seguridad en el empleo;

11. Pide a los Estados miembros que apliquen un marco jurídico europeo que garantice el acceso al empleo de las personas con discapacidades;

(1)() Sentencia de 16 de septiembre de 1996.
(2)() Modificación de la "Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977", BGBl. I n° 78, 14 de julio de 1997.
(3)() Dado que los Estados signatarios no presentan cada año informes y que el Comité de expertos competentes no se pronuncia tampoco cada año sobre todas las disposiciones/partes contractuales, la evaluación contiene discrepancias en lo que respecta al período considerado; todos los datos aquí utilizados se refieren a los informes del Comité de expertos del Consejo de Europa sobre la aplicación de la Carta Social XIII-3, 4 y 5 de 1996 y 1997. Es, por ello, posible que algunas de las violaciones constatadas ya sean actualmente obsoletas.


 OPINIÓN

(Artículo 147 del Reglamento)

para la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores

sobre los derechos humanos en la Unión Europea durante 1996 (Informe Pailler)

Comisión de Derechos de la Mujer

Carta de la presidenta de la comisión a la Sra. Hedy d'Ancona, presidenta de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores

Bruselas, 22 de enero de 1998

Señora Presidenta:

En la reunión del 22 de enero de 1998, la Comisión de Derechos de la Mujer examinó la situación de los derechos humanos en la UE durante 1996 y aprobó los siguientes texto y conclusiones por unanimidad(1).

Los derechos de la mujer se reconocieron como parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre derechos humanos celebrada en Viena en 1993. Posteriormente, los derechos humanos de la mujer se incluyeron como uno de los doce objetivos y acciones estratégicas de la Plataforma de Acción de Pekín, que se acordó crear en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer de 1995 y, a raíz de dicha Conferencia, la mayoría de los ministros presentes en un Consejo de Ministros de Asuntos Sociales para debatir la Conferencia de Pekín de septiembre de 1995 hizo de los derechos humanos una de sus principales prioridades para el seguimiento de la Plataforma de Acción.

Lamentablemente, diversos informes recibidos desde entonces de los Estados miembros sugieren que se está prestando poca atención al seguimiento del capítulo de los derechos humanos de la Plataforma de Pekín o que, si se mencionan los derechos humanos, ello ocurre habitualmente en el contexto de las relaciones de los Estados miembros con los países en vías de desarrollo. Sin embargo, es importante no ignorar la cuestión de los derechos humanos dentro de las fronteras de la UE y, en este contexto, estudiar de modo más concreto las violaciones de los derechos humanos que afectan de modo específico a las mujeres.

El primer Informe Anual de la Comisión sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea, de 1996, fue objeto de críticas por parte del Parlamento este mismo año, por ignorar en gran medida las cuestiones relativas a los derechos humanos de la mujer, en especial, la violencia ejercida contra la mujer. Sin embargo, dicho informe hacia una alusión a los derechos humanos en la UE que demuestra por qué es importante considerar esta cuestión desde el punto de vista del sexo: "Para la Comunidad, los derechos humanos comprenden la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia y la discriminación por razón de sexo y la explotación sexual, ..."(2). El respeto de los derechos humanos proporciona la base para la igualdad de oportunidades, en especial, cuando muchas de las violaciones de los derechos humanos que sufren las mujeres son un reflejo de la discriminación a que se enfrenta la mujer en la sociedad en general y constituyen de hecho un obstáculo a los avances dirigidos a superar la desigualdad.

El informe Eriksson relativo a una campaña sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres señalaba el grado en que la violencia contra las mujeres está arraigada en todos los Estados miembros y en todos los estratos sociales. Está indudablemente relacionada con el desigual equilibrio de poder existente entre los sexos en las esferas social, económica y política. Estadísticas procedentes de todos los Estados miembros muestran que la violencia contra las mujeres está ampliamente extendida, y son enormes los costes resultantes para la sociedad en términos financieros y estructurales. Muchos Estados miembros han reconocido, en sus informes sobre el seguimiento de la Conferencia de Pekín, la importancia de combatir la violencia contra las mujeres, y esto debe incluir no sólo la prevención, sino también la protección y la ayuda a las mujeres que han sido víctimas de la violencia. Esto podría desarrollarse aún más mediante la designación de 1999 como Año Europeo contra la violencia hacia las mujeres, tal como ya propusiera el Parlamento en su resolución del informe Eriksson(3).

En 1996 aumentó el grado de consciencia sobre el creciente número de mujeres que son objeto de tráfico, especialmente con propósitos de explotación sexual. La conferencia organizada por la Comisión y la Organización Internacional para las Migraciones en Viena en 1996 así como dos informes del Parlamento Europeo(4) han puesto de relieve la cuestión hasta tal punto que actualmente se reconoce que afecta a todos los Estados miembros y requiere la cooperación internacional, tanto de autoridades como de ONG, para combatirla. A nivel europeo, los programas STOP(5) y DAPHNE necesitan contar con una financiación adecuada, de modo que puedan realizar una contribución positiva a la lucha contra el tráfico de mujeres, y esta comisión lamenta el hecho de que no se hayan aumentado los créditos para DAPHNE en el presupuesto de 1998.

En lo que concierne a refugiados y solicitantes de asilo, esta comisión ha instado reiteradamente en el pasado a los Estados miembros a permitir que se incluya la persecución por razones de sexo entre los criterios pertinentes para la admisión en la UE, de conformidad con las recomendaciones del ACNUR. Esta comisión considera, además, que la mutilación de los genitales femeninos es una violación inaceptable de los derechos humanos de la mujer, y, si bien la legislación de algunos Estados miembros prohíbe dicha práctica, informes procedentes de algunos de ellos indican que las mujeres refugiadas y migrantes que residen en la UE son enviadas al extranjero para realizárseles la denominada circuncisión, mientras informes recientes han revelado que miles de mujeres jóvenes corren el riesgo de ser mutiladas mediante operaciones clandestinas efectuadas en contravención de la legislación nacional.

Garantizar la aplicación de la legislación vigente y el castigo severo de quienes la infringen es, con frecuencia, la cuestión central de la prevención de la violencia contra las mujeres, el tráfico de mujeres y la mutilación de los genitales femeninos. En el caso de la esterilización forzosa, en algunos Estados miembros es la propia legislación la que permite esta espantosa violación de los derechos humanos de la mujer. En este punto, es interesante señalar que los Estados miembros estuvieron dispuestos a aprobar el Reglamento relativo a las ayudas a las políticas y programas demográficos en los países en vías de desarrollo(6), que hacía referencia a medidas de ayuda que contribuyan a mejorar la salud reproductiva de las mujeres y jóvenes y denunciaba específicamente "toda violación de los derechos humanos basada en el aborto obligatorio, la esterilización forzosa ..." (considerando 9); pero, al mismo tiempo, algunos Estados miembros, al no modificar su legislación en esta materia, están socavando los mismos derechos reproductivos de la mujer en sus propios territorios.

El capítulo de la Plataforma de Pekín sobre derechos humanos preveía tres ámbitos de acción: promover y proteger los derechos humanos; garantizar la igualdad y la no discriminación en el Derecho; procurar la instrucción jurídica o la mayor toma de conciencia. La Plataforma de Acción hace gran hincapié en la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (CEDAW). Esto es tanto más importante cuanto que la CEDAW, a diferencia de los compromisos adquiridos en las Conferencias de las Naciones Unidas, es vinculante para los Estados signatarios. Algunos Estados miembros han retirado sus reservas sobre la CEDAW después de la Conferencia de Pekín, pero esta comisión desearía ver completado este proceso mediante la retirada de todas las reservas que actúan en contra de las intenciones de la Convención. Esta comisión se muestra también preocupada por las objeciones formuladas en algunos Estados miembros a la propuesta de un protocolo opcional anejo a la CEDAW, que permitiría establecer un procedimiento de reclamación al que las personas podrían recurrir si creyeran haber sido víctimas de discriminación.

En un plano legal, el nuevo artículo 6 A insertado en el borrador del Tratado de Amsterdam, referente a la no discriminación, puede contribuir a superar las violaciones de los derechos de la mujer basadas en la discriminación por razones de sexo. En un plano práctico, debe prestarse en estos momentos mucha mayor atención a aumentar la conciencia de las necesidades específicas de la mujer existente tanto entre las autoridades como entre los servicios públicos que se ocupan de las mujeres afectadas, y a mejorar la formación en cuanto al modo de abordar las violaciones de los derechos humanos específicas según el sexo.

La Comisión de Derechos de la Mujer solicita, por tanto, a la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, competente para el fondo, que incluya en su resolución los siguientes apartados:

1. Recuerda que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre derechos humanos celebrada en Viena en 1993 estableció que los derechos de la mujer constituyen una parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales.

2. Pide a los Estados miembros que apliquen por entero sus obligaciones derivadas de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (CEDAW) y que retiren cualquier reserva restante que sea incompatible con el propósito de la Convención; pide a los Estados miembros que acuerden y ratifiquen el protocolo opcional anejo a la CEDAW propuesto, que otorgaría a personas y grupos el derecho de presentar una reclamación conforme a la Convención.

3. Insta a la UE a que se adhiera al CPDH y a que apoye la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en favor de la adopción de un protocolo adicional al CPDH sobre los derechos de las mujeres;

4. Lamenta que, en sus informes sobre la aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín y en sus informes periódicos al Comité de la CEDAW, los Estados miembros contemplen los derechos humanos como una cuestión que afecta predominantemente a la política de cooperación al desarrollo, con lo que conceden escasa prioridad a las violaciones de los derechos de la mujer cometidas dentro de la UE.

5. Pide a los Estados miembros que fomenten el principio de democracia paritaria, considerando que los derechos de la persona humana estarán mejor garantizados si existe una participación igualitaria de hombres y mujeres en el poder de decisiones;

6. Reitera su convicción de que las acciones positivas son fundamentales para acaba con las discriminaciones y permitir a las mujeres el acceso al pleno ejercicio de sus derechos económicos y sociales;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respalden la propuesta para designar 1999 como Año Europeo contra la violencia hacia las mujeres, con el fin de señalar la prevalencia de esta violación de los derechos de la mujer de índole fundamental que afecta a todos los estratos sociales y entraña costes incalculables no sólo para las mujeres afectadas, sino para la sociedad en su conjunto.

8. Insta a los Estados miembros a que incluyan la persecución basada en razones de sexo entre los criterios para la admisión en la UE de los solicitantes de asilo procedentes de determinados países; insta además a los Estados miembros a que acuerden un estatuto de residencia temporal para las mujeres que hayan sido víctimas del tráfico de seres humanos desde un tercer país, antes de decidir, de modo definitivo, si ha de permitírseles permanecer en el Estado miembro en cuestión;

9. Condena rotundamente la práctica de la mutilación de los genitales femeninos y pide a los Estados miembros que apoyen, en cooperación con los países en cuestión, campañas de información en ese sentido, que velen en sus propios países por que los miembros de estos grupos étnicos reciban una mayor información con vistas a eliminar las tradiciones existentes y que adopten todas las medidas posibles tanto para sancionar a quienes efectúan la operación como para proteger a las jóvenes y mujeres afectadas, tanto si se les obliga a someterse a la operación en un Estado miembro como si se les envía a un tercer país;

10. Insta a los Estados miembros a que revisen cualquier disposición legislativa vigente que permita la esterilización involuntaria, con vistas a que sólo se autorice por razones puramente médicas, y solicita una moratoria sobre la esterilización involuntaria en tanto no se haya concluido la citada revisión.

Le saluda atentamente,

(Fdo.) Nel van DIJK

(1)() Participaron en la votación los diputados: Bennasar Tous, vicepresidente segundo; d'Ancona (suplente de Ahlqvist), Breyer (suplente de Hautala), Daskalaki, Eriksson, Gröner, Hawlicek, Kerr (suplente de van Dijk, de conformidad con el apartado 2 del artículo 138 del Reglamento), Kokkola, Lulling, Maij-Weggen, Mohamed Ali (suplente de Ribeiro), Nordmann (suplente de Kestelijn-Sierens) y Sornosa Martínez.
(2)() COM(96)0650.
(3)() A4-0250/97, PV 16.09.1997, págs. 35-40.
(4)() DO C 32, 5.02.1996, págs. 88-93; PE 222.558.
(5)() DO L 322, 12.12.1996, págs. 7-10.
(6)() DO L 202, 30.07.1997, págs. 1-5.

Última actualización: 3 de mayo de 1999Aviso jurídico