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INFORME ANUAL     
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2 de diciembre de 1998
PE 228.192/def. A4-0468/98
sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1997)
Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores
Ponente: Anne-Marie Schaffner
En la sesión del 14 de noviembre de 1996, el Presidente del Parlamento anunció que la Conferencia de Presidentes había autorizado a la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores a elaborar anualmente un informe sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea.
 A. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 B. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 En la sesión del 14 de noviembre de 1996, el Presidente del Parlamento anunció que la Conferencia de Presidentes había autorizado a la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores a elaborar anualmente un informe sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea.

En la reunión del 19 de marzo de 1998, la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores designó ponente a la Sra. Schaffner.

En las reuniones de los días 23 de julio, 23 de septiembre y 24 de noviembre de 1998, la comisión examinó el proyecto de informe.

En la última de estas reuniones, aprobó la propuesta de resolución por 17 votos a favor, 4 votos en contra y 7 abstenciones.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: d'Ancona, presidenta; Reding y Wiebenga, vicepresidentes; Schaffner, ponente; Berger, (suplente de Crawley), Buffetaut, Cederschiöld, Colombo Svevo, de Esteban Martín, Deprez, Elliott, Gomolka, (suplente de Mendez Bota), Lambraki (suplente de Ford), Lindeperg, Lindholm (suplente de Voggenhuber), Mohamed Alí, Nassauer, Oostlander (suplente de Jean-Pierre), Pailler (suplente de Vinci), Pinck, Pirker, Posselt, Pradier, Rack, G. Schmid, Stewart-Clark, Terrón i Cusí, Van Lancker (suplente de Schulz), Voggenhuber, Wilson (suplente de Bontempi) y Zimmermann.

El informe se presentó el 2 de diciembre de 1998.

El plazo de presentación de enmiendas a este informe figurará en el proyecto de orden del día del período parcial de sesiones en que se examine.


 A. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Resolución sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1997)

El Parlamento Europeo,

- Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

- Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19 de diciembre de 1966, así como los Protocolos correspondientes,

- Vista la Convención de Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial,

- Vista la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

- Vista la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los refugiados y sus Protocolos, así como las recomendaciones del ACNUR,

- Vista la Convención sobre las migraciones en condiciones abusivas y sobre el fomento de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (Ginebra, 1975),

- Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (Nueva York, 1989),

- Vistos los derechos humanos fundamentales garantizados por las disposiciones constitucionales de los Estados miembros y el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH), así como los protocolos adjuntos,

- Visto el Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos

o degradantes (1987),

- Vistos los principios del Derecho internacional y europeo en materia de derechos humanos,

- Vista la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

- Visto el Dictamen 2/94 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 28 de marzo de 1996, sobre la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,

- Vista la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores,

- Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

- Visto el Tratado de la Unión Europea,

- Visto el proyecto de Tratado de Amsterdam,

- Vista su Resolución de 12 de abril de 1989 por la que se aprueba la declaración de los derechos y libertades fundamentales(1),

- Vista su Resolución de 9 de julio de 1991 sobre los derechos humanos(2),

- Vista su Resolución de 12 de marzo de 1992 sobre la pena de muerte(3),

- Vista su Resolución de 18 de julio de 1992 sobre la Carta Europea de los Derechos del Niño(4),

- Vista su Resolución de 11 de marzo de 1993 sobre el respeto de los derechos humanos en la Comunidad Europea(5),

- Vista su Resolución de 19 de enero de 1994 sobre la objeción de conciencia en los Estados miembros de la Comunidad(6)

- Vista su Resolución de 8 de febrero de 1994 sobre la igualdad de derechos de los homosexuales y de las lesbianas en la Comunidad Europea(7),

- Vista su Resolución de 27 de abril de 1995 sobre racismo, xenofobia y antisemitismo(8),

- Vista su Resolución de 18 de enero de 1996 sobre la trata de personas(9),

- Vista su Resolución de 18 de enero de 1996 sobre las malas condiciones en las cárceles de la Unión Europea(10),

- Vista su Resolución de 29 de febrero de 1996 sobre las sectas en Europa(11),

- Vista su Resolución de 9 de mayo de 1996 sobre la Comunicación de la Comisión sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo(12),

- Visto su dictamen de 9 de mayo de 1996 sobre la Propuesta de Decisión del Consejo por la que se declara 1997 Año Europeo contra el Racismo(13),

- Vista su Resolución de 17 de septiembre de 1996 sobre los derechos humanos en la Unión(14),

- Vista su Resolución de 12 de diciembre de 1996 sobre la protección de los menores en la Unión Europea(15),

- Vista su Resolución de 8 de abril de 1997 sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1995)(16),

- Vista su Resolución de 16 de septiembre de 1997 sobre una campaña europea sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres(17),

- Vista su Resolución de 6 de noviembre de 1997 sobre la lucha contra el turismo sexual que afecta a niños y el Memorándum relativo a la contribución de la Unión Europea a la intensificación de la lucha contra los abusos y la explotación sexual de que son víctimas los niños(18),

- Vista su Resolución de 17 de febrero de 1998 sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea(19)

- Vistas las peticiones:

a) 16/97, presentada por, el Grupo Amnesty International de Dampremy, acompañada de cinco firmas, sobre la situación de los objetores de conciencia en Grecia,

b) 48/97, presentada por Marlies Mosiek-Urbahn, de nacionalidad alemana y diputada al Parlamento Europeo, acompañada de 69 firmas, sobre la incorporación de un "chip antiviolencia" en los televisores contra los programas con contenidos pornográficos

o violentos,

c) 67/97, presentada por Heinrich Lenz, de nacionalidad alemana, sobre la retirada de su carné de inválido grave,

d) 79/97, presentada por Robbert Maris, de nacionalidad neerlandesa, sobre un permiso de residencia para ciudadanos de la UE,

e) 183/97, presentada por Giovanni Campano, de nacionalidad italiana, sobre su expulsión de Alemania,

f) 266/97, presentada por Hamza Yigit, de nacionalidad turca, sobre el asilo político en Alemania,

g) 287/97, presentada por John Simms, de nacionalidad británica, sobre el derecho de voto de los nacionales de un Estado miembro residentes en otro Estado miembro,

h) 430/97, presentada por Jean-Pierre Perrin-Martin, de nacionalidad francesa, en nombre de la asociación FASTI sobre la situación de los refugiados en Europa,

i) 436/97, presentada por M.V. Sorani, en nombre de "Solidarité européenne", sindicato de funcionarios de la Comisión Europea de Luxemburgo, acompañada de 1.178 firmas, sobre la lucha contra la pederastia,

j) 506/97, presentada por C. Verbraeken, de nacionalidad belga, sobre el paso clandestino de mujeres de la Europa del Este a la UE para ejercer la prostitución,

k) 680/97, presentada por Judy Wall, de nacionalidad británica, sobre un subsidio de manutención estudiantil en el Reino Unido,

l) 872/97, presentada por Joesoe Maatrijk, de nacionalidad neerlandesa, sobre el derecho de sufragio de los migrantes en las elecciones locales en los Países Bajos,

m) 920/97, presentada por Charles Payne, de nacionalidad estadounidense, sobre la supuesta discriminación racial contra su hijo en Dinamarca,

n) 963/97, presentada por Adolfo Pablo Lapi, de nacionalidad italiana y argentina, sobre la discriminación de los derechos humanos de los homosexuales en Italia.

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores (A4-0468/98),

A. Considerando que el respeto de los derechos humanos, inherentes a la dignidad de la persona, constituye un principio fundamental suscrito por todos los Estados miembros, que han instaurado las instituciones y mecanismos necesarios para garantizar su protección efectiva, y que ésta está garantizada en la Unión Europea por sistemas políticos democráticos y pluralistas dotados de instituciones parlamentarias y de aparatos judiciales independientes,

B. Teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, así como las propuestas de las organizaciones no gubernamentales en materia de protección y respeto de los derechos humanos,

C. Preocupado por el hecho de que, en 1997, se hayan producido en algunos Estados miembros determinadas situaciones que contravienen los principios inherentes al respeto de los derechos humanos;

D. Considerando que su papel en la Unión Europea y en el marco de una política activa de protección de los derechos humanos debe consistir, asimismo, en poner de relieve y denunciar las violaciones de los derechos humanos que deben ser remediadas,

Derechos humanos. Unión Europea y Estados miembros

1. Señala que los derechos humanos son los derechos naturales de cada individuo y que no están supeditados a ningún tipo de obligaciones o condiciones previas;

2. Insiste en la necesidad de que los Estados miembros adopten o refuercen las disposiciones necesarias para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales en el ámbito de la Unión Europea y resalta su importancia para la credibilidad y la coherencia de la acción exterior de la Unión Europea en este ámbito;

3. Pide firmemente que la Unión traduzca en actos políticos de relieve su compromiso y el de sus Estados miembros en favor de los derechos humanos y, para este fin, que desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la Comisión encomiende a uno de sus miembros la responsabilidad en materia de derechos humanos, así como el espacio de libertad, seguridad y justicia;

4. Estima que, como institución comunitaria elegida democráticamente, le compete velar por la defensa y promoción de los derechos y libertades fundamentales en la Unión y lamenta por consiguiente que once de los quince Estados miembros de la Unión aparezcan citados en el informe anual de 1997 de Amnistía Internacional;

5. Celebra que el proyecto del Tratado de Amsterdam haya incluido, en particular, los artículos 6, 11, 49 y 177, que tienen por objeto el respeto de los derechos humanos tanto en el interior como en el exterior de la Unión;

6. Considera que el respeto de los derechos humanos es un elemento inalienable de toda sociedad democrática y debe ser uno de los pilares básicos de la política tanto interior como exterior de la Unión; subraya que el próximo cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) brinda una ocasión inmejorable para promover un debate y una acción política a nivel mundial con objeto de promover el respeto de estos derechos y los instrumentos necesarios para su protección;

7. Reitera que los derechos a la vida y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes son derechos absolutos e inviolables que no pueden quedar sujetos a la interpretación ni a la discrecionalidad de los Estados;

8. Afirma que el derecho a la vida y a la salud incluye el derecho a vivir en un medio ambiente protegido contra la contaminación y conlleva una responsabilidad con las generaciones actuales y venideras; pide en este contexto sobre todo una penalización de las agresiones contra el medio ambiente a través de la aplicación del principio de quien contamina, paga;

9. Pide a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho que firmen y/o ratifiquen el segundo protocolo relativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

10. Subraya que es imposible que países que no respeten los derechos fundamentales de las personas se adhieran a la Unión Europea y pide a la Comisión y al Consejo que en las negociaciones de adhesión concedan mayor importancia a los derechos de las minorías (étnicas, lingüísticas, religiosas y los homosexuales);

Acceso a la prestación de cuidados

11. Estima que el derecho a la vida implica el acceso a la prestación de cuidados, derecho que debe concederse a toda persona, independientemente de su situación, estado de salud, edad, sexo, raza, filiación étnica, religión u opiniones;

12. Considera que toda persona tiene derecho a vivir sus últimos días con dignidad, exige la prohibición de toda acción destinada a acortar la vida de los recién nacidos, de los discapacitados, de las personas de edad avanzada y de los pacientes en estado de coma persistente; pide a los Estados miembros que den prioridad a la creación de unidades de cuidados paliativos, incluido el recurso a todos los medios de lucha contra el dolor, destinados a acompañar dignamente al moribundo en fase terminal, sin obstinación terapéutica;

13. Se opone, consciente de los peligros inherentes a las nuevas tendencias eugénicas, a toda iniciativa que permita experimentos que puedan llevar directa o indirectamente a una modificación de las características genéticas hereditarias (ingeniera genética germinal) o a la producción mediante clonación o técnicas equivalentes de seres humanos genéticamente mejorados o modelos de investigación humanos;

Derecho a la seguridad - lucha contra el terrorismo de Estado

14. Considera que el hecho de poder vivir sin temores relativos a la seguridad personal constituye una necesidad esencial de las personas que residen en la Unión;

15. Condena los asesinatos, los secuestros, las extorsiones de fondos y los actos de violencia y tortura, tanto física como psíquica, perpetrados por las organizaciones terroristas; considera que ninguna motivación o reivindicación política puede justificar actos terroristas y subraya que el terrorismo debe combatirse enérgicamente; pide encarecidamente a los Estados miembros que sigan colaborando estrechamente en la lucha contra el terrorismo y refuercen para ello la cooperación judicial y policial en Europa; considera que, por muy enérgica que sea, toda respuesta a las violaciones de los derechos humanos debe basarse en un respeto estricto de las normas del Estado de derecho, debiendo asegurarse, en particular, la presunción de inocencia, el principio de una justicia equitativa y los derechos del detenido;

El funcionamiento de los sistemas judiciales

16. Recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en repetidas ocasiones a los Estados miembros a restablecer los derechos de ciudadanos víctimas del sistema judicial, en particular, en razón de la lentitud procesal de los sistemas jurisdiccionales y de la violación de los derechos de la defensa; insta, por lo tanto a los Estados afectados a subsanar el mal funcionamiento de los sistemas judiciales y, en particular, a introducir en sus ordenamientos jurídicos el concepto de plazo razonable, tal como se recoge en el CEDH, y a estudiar los medios para reducir la lentitud procesal y para limitar a lo imprescindible el recurso a las detenciones preventivas, que deben ser de carácter excepcional;

17. Señala, a este respecto, que la prisión preventiva supone no sólo un anticipo de las consecuencias de una eventual condena y un innegable perjuicio personal, sino además un sacrificio del derecho fundamental a la presunción de inocencia; que, en consecuencia, sólo será legítima cuando sea absolutamente necesaria, fundada y proporcionada a la finalidad de protección cautelar de los intereses, derechos y valores contemplados en las normas penales sustantivas;

18. Recuerda con firmeza el principio general de libertad y plenitud de derechos del sometido a un proceso penal;

19. Pone de relieve que entre los principios generales de derecho que constituyen el fundamento de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, son de particular importancia el principio de independencia judicial, el principio "non bis in idem", el principio de la presunción de inocencia y su corolario, según el cual no es el acusado quien tiene que probar su inocencia, sino el sistema jurisdiccional quien debe probar la culpabilidad;

20. Pide a los Estados miembros que emprendan todas las iniciativas posibles con el fin de restablecer el equilibrio entre la acusación y la defensa en los procedimientos judiciales y garantizar a ambas partes una igualdad cualitativa y cuantitativa en lo que se refiere a instrumentos de acción;

Derechos civiles y políticos

21. Lamenta que no todos los Estados miembros hayan incorporado a sus ordenamientos la Directiva 94/80/CEE que reconoce el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales; subraya la importancia de este derecho de naturaleza política de cara a la integración social de los ciudadanos no nacionales residentes en el Estado de acogida, y exhorta a los Estados miembros que aún no lo han hecho a que tomen las medidas oportunas en el más breve plazo posible;

22. Les pide, por otra parte, que adapten su legislación a la mayor brevedad con vistas a hacer extensivo ese derecho de voto, de conformidad con el convenio del Consejo de Europa, a los inmigrantes extracomunitarios que residan en su territorio desde hace más de 5 años;

Respeto de la vida privada

23. Subraya que el derecho al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de la correspondencia, así como a la protección de los datos de carácter personal, representan derechos fundamentales que los Estados tienen la obligación de proteger y que, por consiguiente, toda medida de vigilancia óptica, acústica o informática deberá adoptarse dentro de su más estricto respeto y acompañada en todos los casos de garantías judiciales;

24. Destaca que los bancos de datos tales como SIS, SIE, SID y el banco de datos de Europol están sujetos al respeto de la vida privada y a los principios de igualdad de trato y de no discriminación;

25. Considera que el derecho a la protección contra las discriminaciones (en relación con el sistema sanitario, el sistema de seguros, el empleo o de otro tipo) en razón del patrimonio genético de la persona o sus predisposiciones tienen una importancia fundamental y que los datos genéticos de una persona sólo deberían transmitirse a terceros con el consentimiento previo, informado y escrito, de esta persona;

Libertad de expresión y otras libertades

26. Reitera que la libertad de opinión y expresión, la libertad de pensamiento y conciencia, y la libertad individual y colectiva de culto, así como la libertad de asociación, constituyen derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión;

27. Recuerda no obstante que la libertad de expresión encuentra su limitación en el respeto de las leyes y, en particular, de las leyes antirracistas;

28. Subraya que la Comisión Europea de los Derechos Humanos considera que el negacionismo priva de contenido a los principios fundamentales del Convenio, en particular, a los de la justicia y de la paz, y favorece las discriminaciones raciales y religiosas; que, por consiguiente, las restricciones impuestas por los Estados miembros a la expresión de las teorías negacionistas constituyen medidas necesarias para la seguridad pública, la protección del orden establecido y de los derechos y libertades de los demás;

29. Condena sin reservas las tendencias a recortar la libertad de prensa y las presiones o aun intimidaciones de que a veces son objeto los periodistas;

Libertad de culto

30. Condena toda violación del derecho a la libertad de culto y se manifiesta preocupado en particular por las discriminaciones y, en ocasiones, auténticas persecuciones de que son objeto las religiones minoritarias en algunos Estados miembros;

31. Pide a los Estados miembros que, dentro del respeto de los principios del Estado de derecho, adopten medidas para luchar contra las agresiones a los derechos de las personas perpetradas por algunas sectas a las que debería denegarse el estatuto de organización religiosa o cultural, que les reconoce ventajas fiscales y una cierta protección jurídica;

32. Pide a todos los Estados miembros que respeten la recomendación del Consejo de Europa, así como la Resolución 199⅜4 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reconociendo plenamente la objeción de conciencia y la posibilidad de efectuar un servicio civil alternativo que suponga exigencias equivalentes a las del servicio militar;

33. Celebra que Grecia haya adoptado una legislación reconociendo el derecho a la objeción de conciencia; espera, no obstante, que se modifiquen todas las disposiciones del servicio civil introducido que tienen carácter penal y que en casos de rigor, los objetores queden exentos del servicio; pide la liberación de los objetores presos; expresa su deseo de una iniciativa análoga que lleve a dicho país a suprimir la mención de la religión en la tarjeta de identidad, en la medida en que dicha mención es lesiva para la vida privada de las personas y puede entrañar discriminaciones;

Derechos económicos y sociales

34. Recuerda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo, que en aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce los derechos económicos y sociales como derechos humanos fundamentales;

35. Celebra que el Reino Unido haya firmado finalmente la Carta de Derechos Sociales de 1989;

36. Considera necesario respetar los derechos económicos, sociales, sindicales y culturales y reconocerlos como derechos fundamentales, en particular el derecho al trabajo, la vivienda, la educación, la protección social y la cultura;

37. Estima que la pobreza y la exclusión son indignas de sociedades democráticas y prósperas; considera inaceptable que más de cincuenta millones de personas puedan vivir en la pobreza en la Unión Europea y que muchas de ellas no gocen de ningún tipo de protección social;

38. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad política a la lucha contra la exclusión social y la pobreza;

39. Deplora que no se haya aprobado el programa de lucha contra la pobreza y reitera su solicitud al Consejo tendente a su rápida adopción;

40. Pide a los Estados miembros que adopten y apliquen, en estrecha concertación con las organizaciones humanitarias, leyes de prevención y de lucha contra la exclusión relativas en particular al acceso al trabajo, a la salud, a las prestaciones sociales, a la vivienda, la educación y la justicia;

41. Destaca como una de las señas de identidad de la sociedad europea el principio de protección de los ciudadanos de la tercera edad; apoya el derecho de éstos a pensiones y seguros sociales dignos y de nivel suficiente;

42. Subraya que la libertad de reunión prevista en el artículo 11 del CEDH protege el derecho de los ciudadanos a defender colectivamente sus intereses, pudiéndose, por lo tanto, organizar en sindicatos democráticamente constituidos en el lugar de trabajo; condena todo ataque contra los derechos sindicales, toda discriminación contra los delegados sindicales y todo intento de poner en tela de juicio el derecho de huelga en los sectores privado o público; pide una protección adecuada de los representantes sindicales contra cualquier tipo de discriminación;

43. Manifiesta su preocupación por el aumento de la violencia en los lugares de trabajo en numerosos Estados miembros, puesto de relieve en un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que precisa que esta violencia puede abarcar desde las disputas hasta las agresiones físicas, pasando por el acoso sexual y los actos vejatorios; observa, como señala el informe de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, que esta violencia en el trabajo afecta sobre todo a las personas con salarios precarios; pide a los Estados miembros que respeten las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa en la materia, en particular por lo que se refiere a la prohibición del trabajo forzoso, la libertad de asociación y el derecho de huelga, cuestiones todas ellas contempladas en la Carta Social Europea;

44. Manifiesta su indignación por las condiciones de cuasi esclavitud que padecen un número no desdeñable de personal del servicio doméstico, frecuentemente de origen extranjero, debido a que sus empleadores, que a veces se benefician de inmunidad diplomática, se aprovechan de su dependencia económica y vulnerabilidad social;

Derechos culturales

45. Considera necesario que se otorgue a la cultura un papel más importante en materia de creación de empleos, insertándola en la estrategia de desarrollo y no limitándola a la conservación del patrimonio, sino asociándola a todas las inversiones destinadas a la creación artística y a los medios audiovisuales;

46. Pide a los Estados miembros que reconozcan y promuevan sus lenguas regionales, principalmente en los sectores de la educación y de los medios de comunicación; y que firmen y ratifiquen en este contexto la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias;

47. Condena toda forma de censura de la cultura y todo ataque contra la libertad de expresión y de creación;

48. Condena en particular que la censura directa o la que se ejerce a través de la financiación en el ámbito cultural y de determinadas bibliotecas por parte de una serie de dirigentes de las colectividades locales o regionales;

Lucha contra las discriminaciones - derechos de la mujer-derechos del niño - protección de la familia

49. Celebra que el Tratado de Amsterdam incluya disposiciones(20) que permiten la lucha contra cualquier discriminación basada en el sexo, la raza, la nacionalidad, el origen étnico, la edad, la religión o las convicciones, o la orientación sexual;

50. Celebra que varios Estados miembros, al margen de las leyes sobre el matrimonio civil o religioso, hayan adoptado disposiciones legislativas que regulan las relaciones entre personas que deseen establecer un vínculo jurídico;

51. Pide a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho que eliminen cualquier tipo de discriminación de los homosexuales, tales como la diferencia entre la edad de autorización de las relaciones homosexuales y la aplicable a las relaciones heterosexuales;

52. Recuerda que las conferencias de Viena en 1993 y Pekín en 1995 subrayaron que los derechos de la mujer constituyen una parte inalienable, indisociable e indivisible de los derechos humanos, y lamenta el largo camino que aún queda por recorrer en la Unión Europea para que principios como la prohibición de la discriminación en razón de sexo sean plenamente efectivos;

53. Comprueba que las mujeres siguen siendo víctimas de discriminaciones, sobre todo en materia salarial, y todavía no gozan de una auténtica igualdad de trato;

54. Pide a los Estados miembros que luchen contra todo tipo de desigualdad de trato entre hombres y mujeres y ofrezcan modelos positivos de identificación para las mujeres;

55. Pide a los Estados miembros que tomen las medidas adecuadas con el fin de mejorar la igualdad de trato y de oportunidades para las mujeres y garantizar su participación efectiva e igual en la vida pública y en el proceso de adopción de decisiones en todos los ámbitos y recuerda su convicción según la cual las acciones de discriminación positiva son indispensables para llevarlo a la práctica;

56. Lamenta que algunos Estados miembros prohíban o limiten la información favorable a la interrupción voluntaria del embarazo; condena la actitud de los comandos antiabortistas que llevan a cabo sus acciones en algunos Estados miembros como Francia; pide que se castigue severamente la actuación de estos comandos, que se garantice el acceso a información sobre el aborto y se reconozca el papel de las asociaciones;

57. Reitera su petición a la Comisión y a los Estados miembros para que apoyen la propuesta de designar 1999 como "Año europeo contra la violencia contra las mujeres";

58. Condena la práctica de mutilar sexualmente a las mujeres; pide a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros que organicen, en colaboración con los países correspondientes, campañas de información y de educación para poner fin a estas prácticas;

59. Estima necesario que tanto los Estados miembros como la Unión Europea se abstengan de celebrar o aplicar acuerdos bilaterales con países que admiten atentados contra los derechos fundamentales, en particular los derechos de las mujeres y de los niños; recuerda, a este respecto que los acuerdos con terceros países prevén una cláusula de condicionalidad sobre el respeto de los derechos humanos y pide su aplicación efectiva;

60. Reitera que los derechos del niño figuran entre los derechos humanos y pide a los Estados miembros que se esfuercen por hacer realidad los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta en su trabajo los principios de esta convención, incluyendo la evaluación de todos los proyectos de la Unión Europea en materia de legislación, políticas y programas de la Unión Europea desde el punto de vista de su repercusión sobre los niños, utilizando como instrumento de análisis la citada convención;

61. Deplora que, pese a la adopción de una directiva específica, los niños sigan trabajando en algunos Estados miembros y pide que la prohibición del trabajo infantil se respete inmediatamente en toda la Unión Europea;

62. Se felicita de las medidas adoptadas a nivel internacional y comunitario para luchar contra el tráfico de niños y la prostitución y la pornografía infantiles, con independencia de que ésta última sea directa o vehiculada por mediación de las nuevas tecnologías;

63. Insta a los Estados miembros a tomar medidas legislativas en materia de extraterritorialidad, con el fin de poder perseguir en su territorio a los autores de abusos sexuales cometidos contra niños en terceros países;

64. Pide, una vez más, a los Estados miembros que refuercen las medidas encaminadas a prevenir y erradicar las negligencias graves de que son víctima los niños, no sólo cuando se registran en centros privados, sino también, y con más motivo, cuando se producen en centros que dependen directa o indirectamente del Estado o los entes territoriales;

65. Pide a los Estados miembros que apliquen íntegramente la acción común, adoptada el 24 de febrero de 1997 sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la UE, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños(21) y que apliquen plenamente los compromisos contraídos en la declaración realizada tras la conferencia ministerial de los días 24, 25 y 26 de abril de 1967 en La Haya sobre la lucha contra la trata de mujeres;

66. Estima indispensable que se proteja a la familia, en tanto que entorno privilegiado de un desarrollo armonioso de la infancia (incluidas la familia monoparental y la pareja homosexual), y considera que el niño, independientemente de su nacionalidad, siempre tiene derecho a una familia, que es el entorno que le permitirá desenvolver plenamente su personalidad, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; pide a los Estados miembros que procuren, en lo relativo al derecho de custodia en caso de separación, que los niños no sean víctimas de intrincados litigios judiciales;

67. Constata que los discapacitados siguen sufriendo discriminaciones en la vida cotidiana y en el trabajo; pide, consecuentemente, a los Estados miembros que adopten medidas destinadas a mejorar su situación, en particular, en cuanto al empleo y la integración profesional;

68. Pide a los Estados miembros que reconozcan la situación específica de las minorías nómadas, respeten su cultura, garanticen su protección, se abstengan de toda discriminación y luchen contra los prejuicios de que son víctima; pide que se respete (o establezca) la obligación legal de crear lugares de acogida apropiados para estas personas;

69. Recuerda que nadie debe ser víctima de prejuicios o discriminación en razón de su pertenencia a una minoría nacional, lingüística, religiosa o étnica, en virtud de su sexo, por razón de sus opiniones políticas, religiosas o filosóficas o por su orientación sexual, siempre y cuando estas opiniones u orientación no entrañen ni alienten violaciones de los derechos humanos, en particular, de los derechos de la mujer y de los niños;

Situación de los presos - rehabilitación

70. Lamenta que en la Unión Europea todavía se produzcan casos de tortura, violaciones o tratos inhumanos, crueles y degradantes infligidos a personas detenidas o encarceladas, en particular durante la detención preventiva, por parte de los agentes de orden público o el personal penitenciario; subraya el carácter frecuentemente racista de tales actos;

71. Recuerda y lamenta que debido a hechos de este tipo, varios países de la Unión Europea aparecen citados en el informe anual de Amnistía Internacional;

72. Hace constar y protesta contra el hecho de que los miembros de las fuerzas de orden público responsables de tales actos sean pocas veces objeto de persecución o sean condenados a penas leves; pide a los Estados miembros que den pruebas de una mayor firmeza en esta materia con el fin de que tales actos no queden impunes;

73. Pide a los Estados miembros que instauren una "alta autoridad" independiente de los poderes públicos encargada de velar por el respeto de las normas deontológicas por parte del conjunto de las fuerzas de seguridad de las que pudieran tener quejas los ciudadanos, y a la que los ciudadanos pudieran dirigirse directamente;

74. Recuerda que la sanción penal tiene función correctora y de resocialización y que el objetivo es, en este respecto, la reinserción humana y social del preso; pide a los Estados miembros que supriman la "doble penalización", que es injusta y discriminatoria; subraya que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza la expulsión de personas que tengan sus vínculos familiares exclusivamente en el país de acogida y no en su país de origen;

75. Subraya la importancia del respeto del derecho de las víctimas y la necesidad de favorecer la reparación de los daños que se les hayan infligido, y confía en que los Estados miembros tomarán las acciones necesarias a este respecto;

76. Deplora y manifiesta su preocupación por el deterioro de las condiciones de vida en las cárceles de numerosos Estados miembros, como se desprende de los informes del Observatorio Internacional de Prisiones, debida sobre todo a la superpoblación de las mismas, a la aglomeración de los detenidos en espera de juicio y los condenados por sentencia firme y a la frecuente falta de actividades laborales, educativas, culturales y deportivas en el interior de los centros, indispensables para una preparación real y eficaz del preso para el retorno a la vida civil;

77. Renueva su petición a los Estados miembros para que den preferencia, en el caso de los delincuentes menores de edad, a las medidas de rehabilitación y reeducación frente a las medidas penitenciarias, que adapten estas últimas a las necesidades de los menores de edad y que por principio no apliquen a niños menores de 16 años el régimen penitenciario normal;

78. Expresa su deseo de que se tenga en cuenta la situación específica de determinados grupos de presos particularmente vulnerables: menores de edad, mujeres, inmigrantes, minorías étnicas, homosexuales, enfermos; insta a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias para garantizar que éstos reciben un trato personalizado que tenga en cuenta su situación particular;

79. Pide a los Estados miembros que, en la medida de lo posible -y teniendo en cuenta la necesidad de proteger a la sociedad frente a criminales peligrosos- recurran a soluciones alternativas a las penas cortas y, en particular, a aquellas soluciones que ya han dado pruebas de su eficacia en algunos Estados de la Unión, como los trabajos de interés público o la obligación de portar un brazalete electrónico;

80. Pide a los Estados miembros que apliquen una reglamentación nueva con el fin de luchar con mayor eficacia contra la toxicomanía, la propagación de enfermedades transmisibles (SIDA, hepatitis, etc.) y la delincuencia organizada;

Lucha contra el racismo y la xenofobia

81. Reitera su condena de todas las formas de racismo, xenofobia y antisemitismo, de actos de violencia racista y discriminaciones de carácter racista que desgraciadamente quedan impunes con demasiado frecuencia en algunos Estados miembros, sobre todo por lo que respecta al acceso al empleo y la vivienda;

82. Manifiesta su preocupación por el aumento del número de discriminaciones en el mundo del trabajo relacionadas con el origen de los trabajadores, que se manifiestan en discriminaciones en la contratación y en el reparto de tareas y perjuicios en la evolución de las carreras y las remuneraciones; expresa asimismo su preocupación por el comportamiento inadmisible de algunos servicios públicos con respecto al trato dado a los extranjeros en razón de su origen;

83. Manifiesta su preocupación por el aumento de delitos de la extrema derecha, sobre todo en Alemania, donde su número se ha incrementado mucho;

84. Celebra la inclusión de cláusulas antidiscriminatorias en los instrumentos comunitarios, en particular, en el Tratado de Amsterdam, la decisión relativa a la declaración de 1997 como "Año Europeo contra el Racismo" y la puesta en marcha del Observatorio de los Fenómenos Racistas y Xenófobos (Viena); estima, no obstante, que todavía queda mucho por hacer, a nivel nacional y comunitario, para prevenir y combatir el racismo;

85. Pide a aquellos Estados miembros que no dispongan todavía de ninguna legislación específica contra las discriminaciones que las adopten a la mayor brevedad, y a aquellos cuya legislación en esta materia no sea todavía lo suficientemente eficaz, que reformen sus prácticas;

86. Pide a los Estados miembros que adopten o refuercen las leyes antirracistas, basándolas en el principio de que "el racismo es un delito" con independencia de que se manifieste a través de actos, declaraciones o difusión de mensajes;

87. Insiste en la necesidad de llevar a cabo permanentemente campañas de información y educación, en particular, en la enseñanza y los medios de comunicación, con el fin de denunciar el racismo, la xenofobia y el antisemitismo y de fomentar la tolerancia y destacar públicamente la contribución positiva de los extranjeros a la economía y cultura de Europa;

88. Reitera su condena de toda política que incite al racismo y la xenofobia y pide a los partidos que supriman de sus programas cualquier tipo de propaganda racista;

89. Pide a los Estados miembros que organicen programas de formación destinados a las fuerzas del orden, al personal judicial y penitenciario y a los trabajadores sociales, con el fin de enseñar la conducta que debe adoptarse ante las especificidades culturales de las personas de origen extranjero o pertenecientes a minorías étnicas;

90. Pide a los Estados miembros que reconozcan plenamente el derecho del suelo a los efectos de la adquisición de la nacionalidad y que acepten la doble nacionalidad;

Inmigración y asilo

91. Pide que la aplicación rigurosa por todos los Estados miembros de la Convención de Ginebra relativa al estatuto de los refugiados de 1951 y de su protocolo de 1967, de los principios elaborados por el Comité Ejecutivo de Alto Comisariado para los Refugiados, así como del CEDH en materia de derecho de asilo;

92. Destaca que el Convenio de Ginebra no hace ninguna distinción entre víctimas de persecuciones, con independencia de que sean instituciones estatales u otros organismos los que las lleven a cabo;

93. Manifiesta su preocupación por la repatriación, en contra del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de un número creciente de solicitantes de asilo rechazados para los que volver a su país de origen, en donde no está garantizada su seguridad, podría representar un peligro evidente; pide al Consejo que adopte un instrumento específico que prevea que estas personas se beneficien de una protección satisfactoria;

94. Pide con este fin la adopción de instrumentos legales adicionales para formas de protección subsidiaria tales como la autorización temporal para acoger a refugiados en situaciones de afluencia masiva;

95. Manifiesta su indignación ante las condiciones deplorables en ocasiones que sufren los solicitantes de asilo en zonas de espera y centros de retención; lamenta que estos centros sean con frecuencia lugares en los que no se aplica la ley, y pide que se acabe con esta situación;

96. Pide que se reconozca que los solicitantes de asilo son titulares de un derecho propio, no ligado a su posible condición de cónyuges;

97. Comprueba que un número creciente de solicitudes de asilo las formulan niños cuyos padres han muerto o están encarcelados en su país de origen; reitera su petición a los Estados miembros para que examinen los motivos que los solicitantes de asilo menores de edad tienen para huir de su país en el marco de un procedimiento adecuado a la edad de estas personas, pide a los Estados miembros que les concedan un estatuto seguro de permanencia, que prevean las adecuadas estructuras de acogida dotadas de personal cualificado que asegure su debida atención y que, con independencia de su reconocimiento como asilados, les permitan vivir con sus familias;

98. Toma nota de las medidas adoptadas en numerosos Estados miembros para regularizar la situación de las personas sin documentación en regla;

99. Denuncia las violaciones de los derechos humanos en la expulsión de solicitantes de asilo rechazados o de inmigrantes clandestinos;

100. Manifiesta su preocupación por el número de personas que fallecen en el intento de buscar refugio en el territorio de la Unión Europea, en la mayoría de los casos por vía marítima en embarcaciones precarias; pide que se luche con eficacia contra los traficantes de inmigrantes clandestinos;

101. Exige que se refuerce la lucha contra la inmigración clandestina y el papel desempeñado por la delincuencia organizada en este ámbito, sus redes internacionales y sus traficantes, y pide que se resuelva el problema del trabajo clandestino; recuerda la necesidad de respetar los derechos humanos de los inmigrantes clandestinos, que son las primeras víctimas de tales traficantes;

102. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.

(1)() DO C 120 de 16.5.1989, pág. 51.
(2)() DO C 240 de 16.9.1991, pág. 45.
(3)() DO C 94 de 13.4.1992, pág. 277.
(4)() DO C 241 de 21.9.1992, pág. 67.
(5)() DO C 115 de 26.4.1993, pág. 178.
(6)() DO C 44 de 14.2.1994, pág. 103
(7)() DO C 61 de 28.2.1994, pág. 40
(8)() DO C 126 de 22.5.1995, pág. 75.
(9)() DO C 32 de 5.2.1996, pág. 88.
(10)() DO C 32 de 5.2.1996, pág. 102.
(11)() DO C 78 de 18.3.1996, pág. 31.
(12)() DO C 152 de 27.5.1996, pág. 57.
(13)() DO C 152 de 27.5.1996, pág. 62.
(14)() DO C 320 de 28.10.1996, pág. 36.
(15)() DO C 20 de 20.1.1997, pág. 170.
(16)() DO C 132 de 28.4.1997, pág. 31.
(17)() DO C 304 de 6.10.1997, pág. 55.
(18)() DO C 358 de 24.11.1997, pág. 37
(19)() DO C 080 de 16.03.1998, pág.43
(20)() Artículos 12 y 13.
(21)() DO L 63 de 4.3. 1997, pág. 2.


 B. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"Los derechos humanos son el fundamento de la existencia y de la coexistencia humanas. Universales, indivisibles e interdependientes, son el rasgo que define nuestra humanidad"(1).

I. LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DERECHOS HUMANOS

El principio que establece que los derechos humanos son universales e indivisibles y que todos los seres humanos pueden invocar estos derechos es el núcleo mismo de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). La evolución de la legislación internacional relativa a los derechos humanos se ha caracterizado por la separación entre derechos civiles y políticos, por una parte, y derechos económicos, sociales y culturales, por otra; esta separación reflejaba de un mundo polarizado por el conflicto ideológico y estratégico de la guerra fría.

Si bien es cierto que los derechos humanos han ido adquiriendo importancia hasta convertirse en un elemento clave de la política internacional, ello no impide que, a pesar de su omnipresencia en (por así decirlo) todas las constituciones, así como en convenios, resoluciones y discursos políticos, aún estemos lejos de la realización de los ideales de 1948. Basta con leer los informes anuales de Amnistía Internacional para conocer los sufrimientos de este mundo nuestro. El informe relativo al año 1997, que acaba de aparecer y presenta la situación en 141 países, es una sucesión de torturas, violencia, violaciones y asesinatos, violaciones del Estado de derecho y privaciones de las libertades. Es de todo punto lamentable que se cite en este informe a once de los quince Estados miembros de la Unión(2). De hecho, la Unión Europea no puede condenar las violaciones de los derechos humanos en el mundo entero y cerrar completamente los ojos ante las insuficiencias que se comprueban en su interior. Las instituciones comunitarias se han hecho conscientes de la importancia del respeto de los derechos humanos tanto en el interior como en el exterior de la Unión. De hecho, los Tratados hacen referencia a los derechos humanos y las cláusulas al respecto se multiplican en los acuerdos entre la Unión y sus interlocutores.

Desde hace largo tiempo, el Parlamento Europeo ha construido una política de derechos humanos fundada en un concepto ampliado de derechos humanos, en la indivisibilidad de los derechos humanos y en su universalidad. Por otra parte, el Parlamento Europeo considera que la cuestión de los derechos humanos no puede considerarse como dependiente exclusivamente de los asuntos internos de un Estado.

El proyecto de Tratado de Amsterdam ha reforzado el peso de los derechos humanos en tanto que fundamentos éticos y políticos de toda la actuación interior y exterior de la Unión Europea.

El apartado 2 del artículo 6 estipula que "la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH) [...], tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario".

Por otra parte, el artículo 49 del mismo Tratado instaura como condición para la admisión de todo nuevo Estado miembro en la Unión el respeto de "[...] los principios enunciados en el apartado 1 del artículo 6". Ahora bien, este artículo estipula que "la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales [...]". Sin embargo, la Unión no se conforma con pedir a sus propios miembros el respeto de estos derechos fundamentales, sino que hace de ello una de las condiciones de su política de cooperación económica con países terceros y de su política exterior y de seguridad común. El artículo 177 del proyecto de tratado mencionado estipula que "la política de la Comunidad [...] contribuirá al objetivo general de desarrollo y consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como al objetivo de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales". Finalmente, el quinto guión del apartado 1 del artículo 11 establece como uno de los objetivos de la política exterior y de seguridad común "el desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales". Se observa, por lo tanto, que del mismo modo que un Estado miembro que incumpliese de manera grave y persistente sus obligaciones en materia de derechos humanos puede ver sus derechos suspendidos, puede ser sancionado un Estado vinculado por un acuerdo con la Comunidad (Convenio de Lomé, acuerdo de asociación, etc.).

Por lo que se refiere a la competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, se constata en la letra d) del artículo 46 del proyecto de tratado que el ejercicio de esta competencia es aplicable al "apartado 2 del artículo 6 [del presente Tratado] con respecto a la actuación de las instituciones, en la medida en que el Tribunal de Justicia sea competente con arreglo a los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y al presente Tratado".

En este contexto, se constata que efectivamente existe una visión europea de los derechos humanos que tiene en cuenta las disposiciones de la DUDH y del CEDH.

II. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

1. Derecho a la vida

a) Pena de muerte

Hemos de congratularnos de que la pena de muerte, que constituye una violación del derecho a la vida, ya no exista en ningún Estado miembro de la Unión Europea. No obstante, hay que subrayar que Francia y el Reino Unido aún no han firmado el Segundo Protocolo del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) relativo a su abolición. Por otra parte, Bélgica aún no ha ratificado este documento. Además, los Estados miembros deben adoptar disposiciones que impidan la extradición a países terceros de personas a las que allí se les impondría la pena capital.

b) Eutanasia

En algunos Estados miembros se está registrando un aumento importante de una forma particular de violación del derecho a la vida, la eutanasia. La eutanasia activa es un delito condenado formalmente por el artículo 2 del CEDH, que estipula el derecho absoluto de toda persona a la vida. El recurso a la eutanasia solamente puede ser la excepción, nunca la regla. Debe intensificarse el recurso a los cuidados paliativos. Cuando la preocupación principal es el bienestar material y psicológico del enfermo y su entorno, la petición de eutanasia es mínima.

En varias ocasiones, el Parlamento Europeo se ha opuesto enérgicamente a los ataques contra el derecho a la vida de los minusválidos, los enfermos en estado de coma persistente y los recién nacidos minusválidos, que en Europa son generalmente las víctimas de la eutanasia activa, ilegal.

c) Actos terroristas en Europa

El derecho a la vida y a la seguridad está amenazado por las organizaciones terroristas.

En España, 13 personas perdieron la vida en 1997 a causa de actos terroristas atribuidos a ETA. Ningún motivo ni ninguna reivindicación política pueden justificar estos asesinatos. Debe combatirse decididamente el terrorismo. Sin embargo, todas las normas y medidas de lucha contra el terrorismo deben respetar los derechos humanos, independientemente de la gravedad de los actos cometidos. No se puede responder a violaciones de los derechos humanos con otras violaciones de esos mismos derechos.

2. Derecho a un juicio justo

El apartado 1 del artículo 6 del CEDH estipula que "toda persona tiene derecho a que su causa se avista equitativa y públicamente en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial [...]".

Más de un tercio de las sentencias pronunciadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 1997 se referían a asuntos en los que se había violado este artículo. Desgraciadamente, la lentitud de los procesos y la violación de los derechos de la defensa se han hecho moneda corriente en algunos Estados miembros, en particular en Italia. Los Estados en cuestión deben evitar el mal funcionamiento de sos sistemas judiciales.

3. Derecho a participar en las elecciones

El Tratado de Maastricht estipula en los apartados 1 y 2 de su artículo 8 B que "todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales [y europeas] del Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado".

Contrariamente a la legislación comunitaria, numerosos ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no son nacionales aún no han podido ejercer su derecho de sufragio, en particular en Francia y en Bélgica.

4. Derecho al respeto de la vida privada

El apartado 1 del artículo 8 del CEDH estipula que "toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia".Lamentablemente, este derecho no siempre se respeta. El Tribunal Europeo de Estrasburgo condenó a Finlandia por violación del artículo citado en un asunto relativo a la divulgación de la identidad y el estado de salud de una ciudadana finlandesa(3).

También fue condenado el Reino Unido en un asunto de escuchas telefónicas(4).

5. Derecho a la libertad de opinión y de expresión

Los artículos 19 y 10 de la DUDH y del CEDH consagran este derecho, lamentablemente, cada vez más atropellado en el mundo. En sus sentencias de 1 de julio de 1997, 20 de octubre de 1997 y 25 de noviembre de 1997 en los asuntos Oberschlick contra Austria, Radio ABC contra Austria y Grigoriades contra Grecia, respectivamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos denunció la violación del artículo 10 del CEDH y condenó a los Estados en cuestión al pago de multas.

6. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

a) Objeción de conciencia

La objeción de conciencia contra el servicio militar es inherente a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión tal y como la enuncia el artículo 9 del CEDH.

Lamentablemente, algunos Estados miembros aún no han reconocido este derecho, mientras que otros lo han hecho, pero no con las mejores soluciones.

En España, el proyecto de reforma de la Ley relativa a la objeción de conciencia contra el servicio militar estaba a finales de 1997 aún en proceso de examen parlamentario.

La nueva ley francesa, aprobada definitivamente por la Asamblea Nacional en octubre de 1997, preveía la suspensión progresiva del servicio nacional obligatorio desde ahora hasta 2002 y su sustitución por una jornada de convocatoria obligatoria a la defensa.

En Grecia, el derecho a la objeción de conciencia fue reconocido finalmente por la Ley de 5 de junio de 1997: No obstante, es de lamentar que el servicio civil alternativo propuesto sea dieciocho meses más largo que el servicio militar.

En Austria y Finlandia, países en los que está reconocida la objeción de conciencia contra el servicio militar, a pesar de ello se constatan casos negativos (véase la referencia al artículo en el informe de 1998 de Amnistía Internacional y la sentencia de 16 de diciembre de 1997 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Raninen contra Finlandia).

b) Derecho a la libertad de religión

Es de lamentar que Grecia no haya modificado su Ley de 1993 que hace obligatoria la mención de la confesión religiosa en los nuevos documentos de identidad, tanto más cuanto que la República Helénica ya ha sido condenada en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violación del apartado 1 del artículo 5 y de los apartados 1, 9 y 14 del artículo 6 del CEDH(5).

III. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

1. Derechos económicos y sociales

El artículo 22 de la DUDH garantiza derechos económicos, sociales culturales a toda persona "como miembro de la sociedad". Cincuenta años después de la adopción de la DUDH, tenemos que constatar que sus objetivos aún distan de haberse alcanzado. Nos congratulamos de que el Gobierno británico haya aceptado la Carta de los Derechos Sociales Fundamentales de 1989, inspirada en la Carta Social del Consejo de Europa. Lamentamos, en cambio, las informaciones del Comité de expertos independientes del Consejo de Europa referentes al hecho de que numerosos Estados miembros no respetan los horarios y condiciones de trabajo, los derechos sindicales y el derecho de huelga, la igualdad entre hombres y mujeres, la protección social y la protección de la salud. Por otra parte, lo confirman numerosas peticiones dirigidas al Parlamento Europeo y algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

2. Derechos culturales

La DUDH y el CEDH reconocen los derechos culturales como parte integrante de los derechos humanos. Los derechos culturales comprenden el derecho a la educación, el acceso a una información pluralista, el respeto del derecho a la libertad de expresión y de creación, y el reconocimiento de las lenguas y culturas regionales o minoritarias. En este contexto, nos congratulamos de que el Gobierno francés esté dispuesto a ratificar la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias. En cambio, deploramos que el pluralismo cultural y el derecho a la libre expresión se vean amenazados por razones ideológicas en los municipios

o en el sistema escolar.

IV. IGUALDAD DE DERECHOS Y NO DISCRIMINACIÓN

La protección de los derechos fundamentales descansa en la igualdad en cuanto a derechos y dignidad. El artículo 14 del CEDH estipula que "el goce de los derechos y libertades reconocidos [...] ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna o cualquier otra situación".

1. Nacionalidad

Pese al artículo 6 del Tratado CE y de la inclusión en el Tratado de Maastricht del capítulo relativo a la ciudadanía de la Unión, siguen produciéndose discriminaciones que afectan a los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales. He aquí algunos ejemplos:

- el Tribunal de Justicia de las CE resolvió el 25 de junio de 1997 que un joven español (asunto C-131/96) que nunca había residido en Alemania y que percibía en ese Estado miembro una pensión de orfandad, debía ser tratado como un joven alemán y beneficiarse de las ventajas previstas para quienes hacen el servicio militar;

- las autoridades municipales piden a un ciudadano neerlandés casado con una alemana y residente en Alemania que solicite la prórroga de su permiso de residencia, ya que, de no hacerlo, se vería obligado a abandonar a ciudad (véase la petición n° 79/97);

- el Parlamento Europeo ha recibido más de 50 peticiones sobre expulsiones de ciudadanos de la Unión residentes en Alemania hacia sus Estados miembros de origen tras haber cumplido penas en Alemania.

2. Derechos de la mujer

Las mujeres siguen sufriendo discriminaciones y no siempre gozan de una verdadera igualdad de trato. Incluso en los Estados miembros persisten discriminaciones en la contratación, diferencias de remuneración entre hombres y mujeres por trabajos iguales, y el paro afecta más a las mujeres. Por otra parte, con demasiada frecuencia siguen siendo víctima de violencia familiar y sexual, de tortura psicológica y de acoso sexual.

La discriminación llega incluso al nivel fiscal (véase la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de febrero de 1997 en el asunto Van Raalte contra Países Bajos).

3. Derechos del niño

Los niños necesitan una protección particular. En este sentido, las Naciones Unidas adoptaron la Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. No ha impedido que se sigan escarneciendo los derechos de los niños:

- a pesar de la adopción de una Directiva sobre el trabajo infantil, la situación dista mucho de estar resuelta en numerosos Estados miembros, en los que los niños continúan trabajando;

- el número de niños maltratados aumenta constantemente en Europa;

- la explotación sexual de los niños ha llegado a niveles inimaginables.

Los Estados miembros deben penalizar la violencia física y los casos extremos de negligencia que tengan consecuencias graves para el desarrollo físico y psíquico del niño.

Los Estados que aún no lo hayan hecho deben tomar medidas legislativas en materia de extraterritorialidad, para que sea posible perseguir en su territorio a los autores de abusos sexuales cometidos contra niños en un país tercero en imponerles las mismas penas que si los hubieran cometido en su propio país.

Los padres, negligentes en ocasiones, deben asumir sus responsabilidades para con sus hijos y no descargarlas en la escuela o el Estado.

4. Derechos de los minusválidos

La Unión Europea cuenta 37 millones de personas minusválidas que no disfrutan plenamente de sus derechos civiles y humanos. Las peticiones n° 67/97, 311/97 y 394/97 recibidas por el Parlamento Europeo ponen de manifiesto que persisten numerosas discriminaciones contra los minusválidos:

- un ciudadano minusválido que fuera de su Estado de residencia no se beneficia de las tarifas preferentes cuando utiliza el transporte público;

- un ciudadano alemán minusválido residente en los Países Bajos a quien se le retira su tarjeta de gran inválido, expedida en Colonia, so pretexto de que reside en el extranjero;

- empresas que prefieren pagar impuestos a contratar minusválidos.

Los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para mejorar la situación de los minusválidos.

5. Minorías sexuales

A pesar de las mejoras registradas en numerosos Estados miembros, persisten discriminaciones por razón de la orientación sexual. Dan prueba de ello algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y peticiones recibidas por el Parlamento Europeo(6). Hay que abolir las discriminaciones y combatir los prejuicios de que son objeto las minorías sexuales.

6. Minorías nómadas

Las poblaciones nómadas, roma o gitanos en particular, siguen siendo objeto hoy día en toda Europa de prejuicios persistentes. Son víctima de un racismo profundamente arraigado en la sociedad, son blanco de manifestaciones, a veces violentas, de racismo e intolerancia, y frecuentemente ven violados o amenazados sus derechos fundamentales.

Los Estados miembros deben cerciorarse de que se combate a través de leyes adecuadas la discriminación en cuanto tal y las prácticas discriminatorias de que son víctima las minorías nómadas.

V. SITUACIÓN DE DETENIDOS Y PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA

1. Violencia policial

El Comité Europeo de Prevención de la Tortura (CPT) a destacado en numerosas ocasiones que un Estado que encarcela a una persona debe hacerlo en condiciones que respeten la dignidad humana. Por otra parte, todos los Estados miembros han ratificado el Convenio europeo para la prevención de la tortura y de penas o tratos inhumanos o degradantes y han firmado la Convención de las Naciones Unidas para el mismo fin. Estos convenios estipulan que nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, los informes de Amnistía Internacional y del Observatorio Internacional de Prisiones, que son la referencia en este ámbito, dan cuenta de malos tratos, incluso de casos de tortura en prisión preventiva, en algunos Estados miembros.

Se constata a menudo en los interrogatorios el recurso a un empleo abusivo de la fuerza por parte de los policías. Todos los Estados miembros, con excepción de los Estados de Benelux, Finlandia e Irlanda, se ven afectados por este problema. Los malos tratos en las detenciones pueden manifestarse incluso en forma de disparos, homicidios y violaciones. Estas situaciones se han constatado en Francia, Italia, Portugal, el Reino Unido y Suecia. A menudo los malos tratos van acompañados de insultos racistas. Se han denunciado casos de tortura en Portugal, España, Francia y Grecia.

En la mayor parte de los casos, las administraciones internas de las policías de los Estados miembros investigan poco o nada tras denuncias por malos tratos como los mencionados, lo que equivale prácticamente a la impunidad.

Cada Estado miembro debe establecer un mecanismo independiente, encargado de recibir y tramitar las denuncias formuladas a título individual por malos tratos imputables a agentes de la fuerza pública.

Aparte de los casos de violencia policial, hay que considerar también el asunto de la duración excesiva de la prisión preventiva, que constituye una violación del apartado 3 del artículo 5 del CEDH(7).

2. Situación en las cárceles

El último informe del Observatorio Internacional de Prisiones (OIP) da cuenta de una superpoblación que, por lo general, no se deriva de un aumento del número de detenidos, sino de la prolongación de las penas. La superpoblación en las cárceles compromete gravemente las posibilidades de reinserción por sus consecuencias para la salud física y mental de los presos.

Las cárceles ocupan a menudo edificios vetustos, a veces centenarios. La superpoblación, la droga y la promiscuidad acarrean un recrudecimiento de los malos tratos, el aumento del número de suicidios y la explosión del sida.

Los Estados miembros deben reducir al mínimo los efectos perjudiciales del encarcelamiento. En este sentido, es deseable que los Estados miembros retomen íntegramente las disposiciones de la normativa en materia penitenciaria del Consejo de Europa, en particular las normas relativas a las exigencias mínimas de salubridad: equipamiento de las celdas, alimentación, ropa, calefacción e higiene, y acceso a las instalaciones sanitarias, a actividades socioeducativas, culturales y deportivas, y todo elemento que garantice la dignidad y la resocialización del preso. Por otra parte, en el caso de presos condenados a penas cortas, debe recurrirse más frecuentemente a penas sustitutorias, como los trabajos de interés general

o la aplicación del brazalete electrónico.

3. Niños en la cárcel

"Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad". "La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso"(8).

Los niños detenidos constituyen un grupo particularmente vulnerable, expuesto a todo tipo de agresiones y contagios. A menudo son víctima de malos tratos. Golpeados en ocasiones por los adultos (policías y detenidos), se ven también privados de higiene, atención médica y alimentación y educación adecuadas. En algunos Estados miembros, los jóvenes permanecen 21 horas en la celda sin ocuparse absolutamente en nada. Han aumentado los casos de suicidio y de autolesiones entre menores encarcelados.

Es deseable, en el espíritu de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que:

- el encarcelamiento de menores deje de ser la norma para ser la excepción;

- se multipliquen las penas alternativas a la prisión;

- los niños reciban el mismo trato ante la ley: que no sufran ninguna discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, origen nacional, nacimiento, cultura o cualquier otra circunstancia;

- se tengan en cuenta la situación y las necesidades particulares de los menores.

VI. RACISMO, XENOFOBIA, ANTISEMITISMO E INTOLERANCIA

1. Persistencia de fenómenos racistas en la Unión

Las sociedades europeas son multiculturales y multiétnicas y la diversidad que se refleja en una amplia gama de culturas y tradiciones es un factor positivo, un fuente de enriquecimiento. El ascenso del racismo, la xenofobia y el antisemitismo en la Unión Europea es un reto de la mayor importancia para la Unión. Lo muestran y confirman la persistencia de numerosos incidentes racistas y de niveles elevados de discriminación, así como el último sondeo Eurobarómetro de 1997, publicado por la Comisión a finales de ese año.

Se observan en numerosos Estados miembros actitudes de carácter racista, xenófobo e incluso antisemita. Los trabajadores migrantes originarios de los países musulmanes de África frecuentemente sufren discriminaciones en el mercado de trabajo. Las empresas a menudo se muestran renuentes a contratar personas de origen no europeo. Se han denunciado casos de malos tratos en el ejército. Miembros de los contingentes belga e italiano de la fuerza multinacional de las Naciones Unidas fueron acusados de haber infligido malos tratos e incluso torturas a somalíes, incluídos niños.

Los resultados del sondeo de opinión Eurobarómetro de 1997 producen consternación: el 22% de las personas interrogadas se declararon abiertamente "bastante racistas" o "muy racistas". "Estas personas tenía más probabilidades de estar descontentas con sus condiciones de vida, de sentirse amenazadas por el desempleo o inseguras sobre el futuro y tenían poca confianza en la actuación de las autoridades públicas y las fuerzas políticas de sus respectivos países"(9). Y sin embargo, el racismo y la xenofobia están en las antípodas de todo lo que representa Europa en términos de dignidad humana, comprensión y respeto mutuos y ciudadanía en el sentido más amplio de la palabra. Luchar contra el racismo y la xenofobia va a la par con la promoción de una sociedad que impulsa activamente la integración y la plena participación de todos los grupos.

2. Papel de los Estados miembros

En la lucha contra el racismo y la xenofobia, los Estados miembros deben:

- incluir en sus legislaciones medidas que hagan punible la incitación al racismo, la negación del holocausto, y la producción y venta de textos de carácter racista, xenófobo o revisionista;

- impulsar la educación y la sensibilización de los jóvenes en este ámbito;

- alentar a los medios de comunicación a dar cuenta de manera responsable de asuntos de carácter racista o xenófobo y a suscitar el interés del público por otras culturas, ilustrando los beneficios de la diversidad cultural;

- proporcionar una formación específica a las fuerzas del orden;

- proceder a la creación de organismos nacionales especializados a imagen de los ya existentes en el Reino Unido, los Países Bajos y Bélgica.

3. Papel de la Unión

Si bien la lucha contra el racismo incumbe en primer lugar a la responsabilidad de los Estados miembros, la dimensión transnacional del problema justifica que se tomen medidas a nivel europeo. En todo caso, ya se han lanzado algunas iniciativas:

- la Acción Común del Consejo de 15 de julio de 1996 relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia(10);

- la creación del Observatorio Europeo de los Fenómenos Racistas y Xenófobos(11);

- "1997 - Año europeo contra el racismo".

El articulo 13 del proyecto de Tratado de Amsterdam podrá proporcionar la base jurídica necesaria para posibles iniciativas legislativas. Por otra parte, la Comisión, en su comunicación titulada "Plan de acción contra el racismo"(12) propone las medidas siguientes:

- abrir la vía a las iniciativas legislativas;

- integrar la lucha contra el racismo en las políticas y programas de la Comunidad;

- apoyar proyectos piloto y redes que demuestren capacidad innovadora en la lucha contra el racismo;

- sensibilizar a la opinión pública hacia los peligros del racismo mediante acciones de información y comunicación.

VII. INMIGRACIÓN Y ASILO

1. Las políticas de inmigración y asilo de la Unión

Las políticas de inmigración y asilo son distintas. No obstante, los acontecimientos internacionales de estos últimos años han provocado cierta confusión. El proyecto de Tratado de Amsterdam dedica su artículo 63 a las políticas de inmigración y asilo. Deberá traducirse en propuestas legislativas encaminadas a construir auténticas políticas europeas en la materia.

El incremento de las solicitudes de asilo a raíz de los conflictos de la antigua Yugoslavia, Albania, el Kurdistán y el Iraq indujo a los Gobiernos a aplicar medidas más restrictivas mediante la introducción de procedimientos de decisión acelerados y simplificados para la tramitación de gran parte de las solicitudes, las consideradas como claramente abusivas o "manifiestamente infundadas". También introdujeron el concepto de "país tercero seguro". que obliga a los países de tránsito vecinos de los Estados miembros a readmitir a los solicitantes de asilo. Otros frenos son los constituidos por la extensión de la obligación de visado para los ciudadanos de países propensos a generar un número elevado de solicitantes de asilo y la imposición de multas (considerablemente aumentadas en 1997) a las compañías aéreas que transporten pasajeros sin los documentos necesarios para la entrada en el territorio de la Unión.

El Parlamento Europeo y diversas ONG criticaron estas medidas, que no toman en consideración la diferenciación necesaria entre una política de inmigración orientada a la distribución de la fuerza de trabajo o el reagrupamiento familiar y una política de asilo orientada a la protección de todas las personas obligadas a escapar de una persecución por alguno de los motivos recogidos en el artículo 1 de la Convención de Ginebra de 1951. Además, esta Convención establece las condiciones que deben respetarse, especialmente para la devolución de refugiados a su país de origen o a un país tercero en el que su seguridad podría verse comprometida. La expulsión de los solicitantes de asilo e inmigrantes en situación irregular debe hacerse siempre con un respeto absoluto de los derechos humanos(13).

2. Explotación de personal extranjero de servicio doméstico

Hay casos de trabajadores del servicio doméstico empleados en la mayoría de los casos por compatriotas que son sometidos a condiciones de cuasi esclavitud. Las víctimas son en la mayoría de los casos mujeres, en ocasiones parejas, procedentes de países en desarrollo que vienen a Europa para escapar a la miseria. Sin documentación (los empleadores les confiscan inmediatamente los pasaportes) y con un escaso dominio del idioma del país de residencia, trabajan sin percibir salario en condiciones indignas, forzados y secuestrados la mayor parte del tiempo. Reducidos a la condición de esclavos, los empleadores, que a veces disfrutan de inmunidad diplomática, ejercen para con ellos un auténtico derecho de propiedad, pero resultan intocables. Este fenómeno, flagrante violación del artículo 4 del CEDH, es visible también en el pequeño comercio e incluso en el interior de las familias menos acomodadas.

3. Inmigración clandestina y delincuencia organizada

El tráfico de mujeres está en aumento debido a la vulnerabilidad, la pobreza y la marginación de éstas en sus países de origen (PECO, Asia del sudeste, la América Latina), en razón de los beneficios elevados y los riesgos escasos para los traficantes y por la demanda de mujeres que existe en Europa para la prostitución y para otras formas de explotación sexual. Estas mujeres, que dan crédito a ofertas de empleo con salarios elevados, caen en manos de organizaciones delictivas que las reducen a una situación de auténtica esclavitud. Estas mujeres son tratadas como "vulgares mercancías". En ocasiones, incluso son canjeadas por coches occidentales.

Se trata de un fenómeno que no conoce fronteras y que por ello ha dado lugar a una respuesta de la Unión (programas STOP y DAPHNE, ante todo).

(1)() Alocución del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, con motivo de la apertura del año conmemorativo del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en Bulletin de l'Association française pour les Nations Unies, nΊ27, diciembre, pág.33.
(2)() Finlandia, Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos no aparecen citados en el informe.
(3)() Véase la sentencia de 25 de febrero de 1997 en el asunto Z. contra Finlandia.
(4)() Véase la sentencia de 25 de junio de 1997 en el asunto Halford contra el Reino Unido.
(5)() Véanse, en particular, las sentencias de 29 de mayo de 1977 en el asunto Georgiadis contra Grecia y Tsirkis y Kouloumpas contra Grecia.
(6)() Véanse, en particular, la sentencia de 22 de abril de 1997 en el asunto X, Y y Z contra el Reino Unido, y la petición n° 963/97.
(7)() Véase en particular la sentencia de 17 de marzo de 1997 en el asunto Müller contra Francia.
(8)() Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 1 y 37.
(9)() COM(98)0183, pág.5.
(10)() DO L 185, de 24.7.1996, pág. 5.
(11)() DO L 151, de 10.6.1997, pág. 1.
(12)() COM(98)0183.
(13)() Véase la petición n° 266/97

Última actualización: 3 de mayo de 1999Aviso jurídico