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INFORME     
PDF 210kWORD 137k
30 de abril de 2002
PE 305.783 A5-0159/2002
sobre el Libro Verde de la Comisión "Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas"
(COM(2001) 366 – C5‑0161/2002 – 2002/2069(COS))
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Ponente: Richard Howitt
Ponente de opinión*: Carlos Westendorp y Cabeza
Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía
(*Procedimiento Hughes)
PÁGINA REGLAMENTARIA
 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

PÁGINA REGLAMENTARIA

Mediante carta de 20 de julio de 2001, la Comisión transmitió al Parlamento su Libro Verde "Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas" (COM(2001) 366 – 2002/2069(COS)).

En la sesión del 11 de abril de 2002, el Presidente del Parlamento anunció que había remitido este Libro Verde, para examen del fondo, a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y, para opinión, a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, a la Comisión de Desarrollo y Cooperación así como a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades (C5‑0161/2002).

En la sesión del 24 de abril de 2002 el Presidente anunció que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, consultada para opinión, colaboraría en la elaboración del informe de conformidad con el procedimiento Hughes.

En la reunión del 12 de septiembre de 2001, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales había designado ponente a Richard Howitt.

En las reuniones de los días 19 de febrero, 18 de marzo y 17 y 23 de abril de 2002, la comisión examinó el Libro Verde de la Comisión y el proyecto de informe.

En la última de estas reuniones, aprobó la propuesta de resolución por 36 votos a favor y 3 abstenciones.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Theodorus J.J. Bouwman (presidente), Marie-Hélène Gillig (vicepresidenta), Winfried Menrad (vicepresidente), Marie-Thérèse Hermange (vicepresidenta), Richard Howitt (ponente), Jan Andersson, Elspeth Attwooll, Regina Bastos, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Den Dover (suplente de Roger Helmer), Harald Ettl, Jillian Evans, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Fiorella Ghilardotti (suplente de Elisa Maria Damião), Anne-Karin Glase, Stephen Hughes, Anne Elisabet Jensen (suplente de Daniel Ducarme), Karin Jöns, Dieter-Lebrecht Koch (suplente de Enrico Ferri), Ioannis Koukiadis (suplente de Anna Karamanou), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Claude Moraes, Juan Andrés Naranjo Escobar (suplente de Raffaele Lombardo), Bartho Pronk, Lennart Sacrédeus, Herman Schmid, Helle Thorning-Schmidt, Ieke van den Burg, Anne E.M. Van Lancker, Johannes Voggenhuber (suplente de Hélène Flautre), Barbara Weiler y Sabine Zissener (suplente de Miet Smet).

Las opiniones de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades se adjuntan al presente informe; el 16 de octubre de 2001, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores decidió no emitir opinión; el 6 de noviembre de 2001, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor decidió no emitir opinión; el 23 de enero de 2002, la Comisión de Desarrollo y Cooperación decidió no emitir opinión.

El informe se presentó el 30 de abril de 2002.

El plazo de presentación de enmiendas a este informe figurará en el proyecto de orden del día del período parcial de sesiones en que se examine.


PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde de la Comisión "Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas" (COM(2001) 366 – C5‑0161/2002 – 2002/2069(COS))

El Parlamento Europeo,

–   Visto el Libro Verde de la Comisión (COM(2001) 366 – C5‑0161/2002),

–   Vistos el informe final del Grupo de Alto Nivel sobre las consecuencias económicas y sociales del cambio industrial de 1998 y la comunicación de la Comisión a los interlocutores sociales sobre la reestructuración especial de enero de 2002,

–   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de Gotemburgo de los días 15 y 16 de junio de 2001 (SN200/1/01/Rev.1),

–   Vista su Resolución, de 15 de enero de 1999(1), sobre la adopción de normas por la Unión Europea para las empresas europeas que operan en países en desarrollo: Hacia un código de conducta europeo,

–   Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2001(2), sobre la apertura y la democracia en el comercio internacional,

–   Vista su Resolución, de 13 de noviembre de 2001(3), sobre la comunicación de la Comisión titulada "Los servicios de interés general en Europa",

–   Vista la Comunicación de la Comisión de 15 de mayo de 2001 "Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible" (COM(2001) 264),

–   Vista la Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2001(4), relativa al reconocimiento, la medición y la publicación de las cuestiones medioambientales en las cuentas anuales y los informes anuales de las empresas (notificada con el número de documento C(2001) 1495),

–   Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 27 de marzo de 2001(5), "Documento de consulta para la preparación de una estrategia europea para el desarrollo sostenible", SEC(2001) 517,

–   Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2000(6), sobre la Comunicación de la Comisión sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–   Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2000(7), sobre la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda de política social,

–   Vista la Directiva 84/450/CEE(8) del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa,

–   Vista la Comunicación de la Comisión de 20 de junio de 2001(9) "Políticas sociales y de empleo - Un marco para invertir en la calidad" (COM(2001) 313),

–   Vista su Resolución, de 31 de mayo de 2001(10), sobre la Comunicación de la Comisión "Conjugar nuestras necesidades y nuestras responsabilidades: Integración de las cuestiones medioambientales en la política económica" (COM(2000) 576),

–   Vista su Resolución, de 17 de enero de 2002(11), sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la política de productos integrada (COM(2001) 68),

–   Visto el Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001(12), por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS),

–   Vista la Comunicación de la Comisión de 18 de julio de 2001(13) "Promover las normas fundamentales del trabajo y mejorar la gobernanza social en el contexto de la mundialización" (COM(2001) 416),

–   Visto el Convenio de Bruselas de 1968, consolidado en el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000(14), relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,

–   Vistas las dos normas más reconocidas a nivel internacional en cuanto a la conducta de las empresas adoptadas por la OIT "Declaración de principios tripartita sobre las empresas multinacionales y la política social" y por la OCDE "Directrices para las empresas multinacionales", así como los códigos de conducta acordados bajo la égida de organizaciones internacionales como la FAO, la OMS y el Banco Mundial, y los esfuerzos realizados bajo los auspicios de la CNUCED con respecto a las actividades de las empresas en los países en desarrollo,

–   Vista la Declaración de la OIT de 18 de junio de 1998 sobre los principios fundamentales y los derechos en el trabajo y sus Convenios sobre normas fundamentales mínimas a nivel internacional: abolición del trabajo forzoso (Convenios 29 y 105), libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva (Convenios 87 y 98), abolición del trabajo infantil (Convenios 138 y 182) y no discriminación en el empleo (Convenios 100 y 111),

–   Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, en particular, el artículo en el que se pide a todos los individuos, así como a todas las instituciones de la sociedad, que promuevan el respeto universal de los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979; el proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 1994 y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989,

–   Visto el Convenio de la OCDE contra el soborno de 1997,

–   Vistos la Comunicación de la Comisión Europea (COM(2001) 211, de 11 de abril de 2001(15)) sobre prevención de conflictos, los principios voluntarios de los Estados Unidos y el Reino Unido sobre seguridad y derechos humanos y el desarrollo de sistemas internacionales de certificación, como el utilizado para los diamantes, para vincular el comercio con la prevención de conflictos,

–   Vista la decisión de los interlocutores sociales europeos de contribuir a la realización de las acciones dirigidas a erradicar todas las formas de explotación laboral de los niños y de promover los derechos de estos niños en todo el mundo,

–   Vista la política marco de la UE sobre la calidad del trabajo, incluidos los elementos de la igualdad de género, la diversidad y la no discriminación, el aprendizaje permanente y el desarrollo de la carrera, la participación de los trabajadores y la salud y la seguridad,

–   Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 7 de marzo de 2002 sobre la integración medioambiental en las políticas externas del Consejo de Asuntos Generales (SEC(2002) 271),

–   Visto el apartado 1 del artículo 47 de su Reglamento,

–   Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades (A5‑0159/2002),

A.   Considerando que todas las personas en todo el mundo tienen derecho a trabajar en un entorno en el que se respeten plenamente sus derechos humanos básicos, tal y como los establecen la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas laborales fundamentales de la OIT,

B.   Considerando que en el Derecho internacional existen claros fundamentos para ampliar las obligaciones de las empresas en cuanto al respeto de los derechos humanos,

C.   Considerando que en el seno de las empresas y entre los inversores se está desarrollando un consenso general de que su misión va más allá de la mera obtención de beneficios y de que el reto del éxito radica en la combinación de la rentabilidad con la sostenibilidad y la responsabilidad; que las empresas e inversores importantes se han comprometido a ampliar de esta forma su cometido y se han involucrado en iniciativas tales como “Global Compact” con miras a emprender dicha tarea,

D.   Considerando que las empresas europeas deben seguir esforzándose de forma permanente para mantener un equilibrio entre hombres y mujeres, sobre todo en los cuadros medios y superiores, en relación con la dimensión interna de las sucursales de la empresa, no sólo en Europa sino también en los terceros países en los que tienen sucursales,

E.   Considerando que las partes interesadas de la empresa se definen como el conjunto de agentes que ejercen influencia en la empresa o en los que influye la empresa, y que los trabajadores son los principales interesados en las actividades de la empresa,

F.   Considerando que en la comunidad empresarial se reconoce de forma generalizada que las empresas son ciudadanos corporativos y que deben actuar de forma responsable de cara a todos los interesados,

G.   Considerando que las empresas pueden desempeñar un papel importante en la promoción de un desarrollo sostenible y, en particular, en la lucha contra la exclusión social, la discriminación, la reducción del impacto medioambiental y el desarrollo de servicios y productos que respondan al criterio del diseño para todos,

H.   Considerando que, según un estudio realizado por la OIT en 1998, sólo un tercio de los códigos de conducta voluntarios en materia de responsabilidad social de las empresas a escala mundial hacen referencia a las normas sociales internacionales de la OIT,

I.   Considerando que la gran diversidad de códigos de conducta y de etiquetas de carácter voluntario, que se caracterizan por normas y mecanismos de verificación muy diferentes, hace que la comparación de los resultados efectivos resulte muy problemática; que muchos de estos códigos de conducta han sido adoptados de forma unilateral por la dirección de las empresas en cuestión,

J.   Considerando que cada vez es más amplio el consenso sobre la necesidad de partir de un enfoque voluntario sin eliminar, cuando proceda, la posibilidad de regulación,

K.   Considerando que la publicación y utilización de información sobre las repercusiones sociales, medioambientales y económicas de las actividades de las empresas en un formato reconocido, accesible y transparente y, en la medida de lo posible, en un modo que facilite la comparación de la eficacia de las empresas, sería una base efectiva para promover la responsabilidad social de las empresas en toda la Unión Europea,

L.   Considerando que existe una creciente necesidad de completar los métodos estadísticos y cuantitativos en este ámbito con el desarrollo de un diálogo más dinámico, ya que las empresas que mantienen un diálogo dinámico con las partes interesadas pueden identificar y solucionar más sencilla y eficazmente los problemas relacionados con la responsabilidad social de las empresas,

M.   Considerando que el marco de la UE para la responsabilidad social de las empresas debe basarse en la experiencia del régimen EMAS (sistema de gestión y auditoría medioambientales) de la UE, en particular su objetivo de mejora continua y de auditoría y verificación independientes, reconociendo a la vez que la RSE no puede ser objeto de un enfoque uniforme,

1.   Acoge favorablemente el Libro Verde sobre la responsabilidad social de las empresas, el correspondiente proceso de consulta, así como otras iniciativas de la Comisión destinadas a fomentar el debate sobre la responsabilidad social de las empresas y a promover esta responsabilidad;

2.   Celebra la enorme respuesta a la consulta de la Comisión, así como las iniciativas voluntarias de empresas y organizaciones de empresarios, coaliciones de ONG y sindicatos para promover la responsabilidad social de las empresas; subraya, sin embargo, que estas iniciativas, con frecuencia complementarias, siguen estando subordinadas a la legislación nacional e internacional;

3.   Subraya que las empresas están obligadas a aplicar íntegramente las disposiciones jurídicas en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres resultantes de las disposiciones internacionales, europeas y nacionales; pide a las empresas que, por iniciativa propia, emprendan acciones que establezcan un nivel elevado de igualdad entre los hombres y las mujeres (por ejemplo, acciones positivas) a fin de valorizar las potencialidades de las mujeres y de garantizar que los subcontratistas y sus suministradores respeten los derechos de la mujer y apliquen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres;

4.   Considera que las prácticas sociales y medioambientales de las empresas europeas deberían someterse al mismo examen que las prácticas relacionadas con la competencia;

5.   Pide a la Comisión que vele por que la aplicación concreta de su estrategia no reste esfuerzos a la promoción de la claridad en la acción comunitaria; pide que las obligaciones administrativas que entraña la estrategia para las empresas tengan en cuenta los esfuerzos de los Estados miembros en pro de la simplificación administrativa;

6.   Alienta a la Comisión a que elabore una definición amplia y más exacta de responsabilidad social de las empresas, no como un concepto marginal, sino como un objetivo clave para una política empresarial orientada al futuro y un principio rector para las políticas socioeconómicas europeas, tal como se ha desarrollado en el proceso de las cumbres de primavera iniciadas con la de Lisboa; subraya, no obstante, que el concepto de responsabilidad social de las empresas no prejuzga ni sustituye a otras iniciativas de la Agenda Social Europea; considera que, en cambio, la promoción de la RSE debería ayudar a fomentar una actitud más positiva en el mundo empresarial con respecto a la legislación y la normativa social y unos mejores resultados en cuanto al cumplimiento en este ámbito;

7.   Hace hincapié en la importancia de la asociación social de empresarios y trabajadores y representantes de los trabajadores, tanto en el seno de la empresa a distintos niveles, como en un marco más amplio de diálogo social a nivel local, regional, sectorial, nacional, europeo y mundial;

Códigos de conducta y elaboración de informes en materia social

8.   Pide a la Comisión que presente una propuesta para que, además de la obligación de elaborar informes financieros, la elaboración de informes en materia social y medioambiental se incluya en la Directiva adecuada (Cuarta Directiva en materia de Derecho de sociedades);

9.   Pide a la Comisión que en la presente propuesta prevea un estimulo proactivo para las empresas para que presenten, en colaboración con los representantes de los trabajadores, planes anuales sobre la igualdad de oportunidades que incluyan información sobre la presencia de hombres y mujeres en los distintos niveles de organización de la empresa, y las posibles medidas para mejorar la situación en cooperación con los representantes de los trabajadores, una información desglosada por sexos sobre las remuneraciones, los ascensos y las oportunidades de formación, así como propuestas destinadas a mejorar la organización del trabajo para que se pueda compaginar la vida profesional con la familiar;

10.   Pide a la Comisión, en particular, que inicie debates en relación con la presente propuesta, a fin de asegurar su cumplimiento como requisito para cotizar en bolsa, inicialmente a través de la colaboración con las autoridades reguladoras en materia bursátil de los Estados miembros;

11.   Pide a la Comisión que los informes anuales de evaluación de las repercusiones sociales y medioambientales sean objeto de una verificación independiente y que incluyan a todos los niveles de la empresa, su cadena de suministro y los socios comerciales, en su caso, así como que examine las propuestas formuladas por Social Accountability International, Clean Clothes Campaign, la Fundación Fairwear, la Ethical Training Initiative y el Institute for Social and Ethical Accountability sobre los mecanismos de supervisión y verificación;

12.   Pide a la Comisión que investigue, dentro de los límites de sus competencias y de las de los Estados miembros, en qué medida se puede cotejar y publicar de mejor manera la información de que ya disponen las autoridades reguladoras sobre los aspectos sociales y medioambientales de las actividades de las empresas;

13.   Pide a todos los fondos de pensiones privados y colectivos europeos que declaren los criterios éticos que aplican en sus políticas de inversión;

14.   Pide a la Comisión que presente propuestas para las etiquetas sociales, que se basen, como mínimo, en criterios como el respeto de los derechos humanos y sindicales, el medio de trabajo, la formación de los trabajadores, la igualdad de trato, la atención social y ética a los trabajadores y ciudadanos en el entorno social; pide, además, a la Comisión que examine la conveniencia de establecer unas etiquetas sociales y ecológicas comunes;

15.   Pide a los interlocutores sociales, a nivel europeo, nacional y empresarial, que elaboren códigos de conducta que aseguren el respeto de los derechos de la mujer, en especial por lo que se refiere a 1) la igualdad de remuneración por trabajos de igual valor, 2) la calidad del empleo de las mujeres, 3) la lucha contra la discriminación en el momento de la contratación, 4) la adopción de medidas innovadoras y eficaces para que se pueda compatibilizar la vida familiar y profesional, 5) la mejora de las perspectivas de carrera de las mujeres, 6) la participación de las mujeres en la formación básica y continua para que se puedan adaptar a los cambios tecnológicos y económicos y se facilite su reinserción profesional, 7) las cuestiones relativas a la salud y la seguridad y 8) las medidas de lucha contra la violencia y el acoso moral y sexual en el lugar de trabajo;

Plataforma comunitaria por la responsabilidad social de las empresas con la participación de múltiples partes interesadas

16.   Pide que se presente una propuesta para la creación de un Foro comunitario por la RSE con la participación de múltiples partes interesadas que incluya a representantes de las empresas, a los sindicatos, a las organizaciones no gubernamentales y a las autoridades públicas, incluidos representantes de los países en desarrollo; pide a la Comisión que actúe como facilitadora y responsable de la convocatoria y que apoye la idea de que la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo de Dublín ponga a disposición una secretaría;

17.   Pide al Consejo y a la Comisión que se cercioren de que el Foro comunitario por la RSE ofrezca la oportunidad de registrar códigos de conducta voluntarios e iniciativas similares, y que los verifique en relación con las normas internacionales mínimas aplicables, tal como las directrices de la OCDE para las multinacionales y las normas laborales fundamentales de la OIT;

18.   Pide al Consejo y a la Comisión que garanticen que sus propuestas establezcan que en el Foro comunitario por la RSE se integren los informes anuales de las empresas de evaluación de las repercusiones sociales y medioambientales, y solicita que se aliente a las empresas a emprender iniciativas basadas en las normas internacionales;

19.   Insta a los Gobiernos de los Estados miembros y de los países candidatos a la adhesión a que establezcan sus puntos de contacto nacionales en el marco de la iniciativa de las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales;

20.   Constata que el diálogo entre los interlocutores sociales, actuando bajo su responsabilidad, es y sigue siendo una de las principales preocupaciones de la UE; opina que el Foro comunitario puede desempeñar una función mediadora entre las empresas y los individuos o las organizaciones en caso de incumplirse determinados códigos o de constatarse discrepancias en los informes anuales;

21.   Pide al Consejo y a la Comisión que se aseguren de que la información sobre los procesos y requisitos de la presentación anual de informes, las normas básicas aplicables a los códigos de conducta, así como muestras de los informes anuales y los códigos de conducta, sean puestas a disposición del público, también a través de un sitio web del Foro comunitario por la RSE;

Mayor participación de las partes interesadas

22.   Pide que en la próxima revisión de la Directiva sobre el comité de empresa europeo, en las disposiciones suplementarias de la Directiva se incluya una sección que exija que las empresas o los grupos de empresas provean información sobre las repercusiones sociales y medioambientales de sus actividades; pide a los interlocutores sociales en el diálogo sectorial que examinen la posibilidad de negociar nuevos acuerdos en este sentido, similares a los que se han alcanzado en los sectores alimentario, comercial y textil;

23.   Opina que el diálogo social europeo a nivel sectorial constituye un instrumento útil para abordar de forma conjunta los problemas relacionados con la responsabilidad social de las empresas;

24.   Pide que el Foro comunitario por la RSE elabore orientaciones para un diálogo más amplio de las partes interesadas, a partir de la experiencia de empresas, ONG, sindicatos, instituciones académicas y autoridades gubernamentales, y que se recomiende la adopción de orientaciones existentes tales como AA1000;

25.   Pide a la Comisión que promueva iniciativas en las que participen múltiples partes interesadas, así como proyectos piloto, en el ámbito de la RSE con el fin de garantizar que el diálogo produzca la necesaria transición a la práctica; atrae la atención en este contexto hacia la importancia del compromiso de los trabajadores en este tipo de iniciativas y proyectos;

26.   Recomienda que en su propuesta sobre los informes anuales sociales y medioambientales se pida a las empresas que aseguren que los miembros del Consejo de Administración son específicamente responsables de la RSE y que examinen otros posibles cambios en las normas de gobernanza de las empresas a nivel europeo con el fin de promover el diálogo con las partes interesadas y los derechos de los accionistas minoritarios;

27.   Pide en particular al Grupo de alto nivel de expertos en derecho de sociedades, designado por el Comisario Bolkestein en septiembre de 2001, que en su informe final examine específicamente la cuestión de una participación más amplia de las partes interesadas en las normas de gobernanza de las empresas, y a la Comisión que incluya esta cuestión en su respuesta a dicho informe;

28.   Insiste en la adopción de medidas que permitan que las PYME puedan disponer de instrumentos adaptados a sus características específicas y a los que realmente puedan acceder en la práctica;

Integración de la responsabilidad social de las empresas en las políticas europeas

29.   Pide a la Comisión Europea que garantice que los principios básicos de la RSE se incorporan en todos los ámbitos de competencia comunitaria, en particular en el Derecho de sociedades, el mercado interior, la política de competencia, la legislación sobre los mercados financieros, la política comercial, la Política Exterior y de Seguridad Común y la política de cooperación al desarrollo;

30.   Reitera su petición a la Comisión Europea para que dé ejemplo de buenas prácticas en materia de responsabilidad social en todas sus actividades;

31.   Celebra la decisión del Gobierno de los Países Bajos de vincular el acceso a los créditos a la exportación con el cumplimiento por parte de las empresas de las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales; pide a la Comisión que vincule los incentivos para la aplicación voluntaria de las normas a las ayudas financieras del sector público;

32.   Insta al Consejo a que tenga en cuenta la posición del Parlamento sobre el principio de responsabilidad social de las empresas en la Directiva sobre contratación pública;

33.   Pide a la Comisión y al Consejo que tengan en cuenta el enfoque de las partes interesadas y otros elementos de la RSE en el desarrollo del debate sobre gobernanza y responsabilidad de las empresas, así como en el desarrollo del debate sobre derecho de sociedades y cuestiones de mercados financieros, por ejemplo en la nueva propuesta de directiva sobre adquisición de empresas;

34.   Pide a la Comisión que apoye y asista a los grupos de vigilancia de las empresas y otras iniciativas de la sociedad civil que tengan por objeto supervisar el comportamiento de las empresas;

35.   Pide a la Comisión que, junto con el Parlamento Europeo, refuerce las exigencias de notificación de actividades políticas de las empresas a nivel europeo mediante un sistema de registro público de actividades de ‘lobby’ de las empresas, y que garantice la responsabilidad de todos sus comités reguladores relacionados con el sector empresarial;

36.   Pide a la Comisión y al Consejo que elaboren programas de asistencia comunitarios a terceros países de acuerdo con las normas mínimas laborales y medioambientales aceptadas a nivel internacional, y que elabore nuevos proyectos con el fin de facilitar que los gobiernos nacionales incorporen los principios de la RSE en la legislación nacional social y laboral, así como que incluyan a los interlocutores sociales en este proceso y que cooperen con las inspecciones laborales y medioambientales para garantizar su aplicación; pide, además, a la Comisión que apoye la creación de capacidades para la comprobación de los códigos en los países meridionales, la adaptación a un contexto local de los códigos internacionales en los países meridionales, y las observaciones de los países meridionales sobre la notificación de las empresas y las tendencias en la RSE;

37.   Pide a la Comisión que aplique enérgicas medidas de protección del consumidor con el fin de fundamentar la credibilidad de la información de las empresas en relación con las prácticas social y medioambientalmente responsables, en particular mediante la aplicación de disposiciones en relación con la publicidad engañosa;

La función del Parlamento Europeo

38.   Acoge favorablemente y alienta las audiencias anuales que celebra la comisión competente en relación con las empresas europeas que tienen actividades en países en desarrollo e insta a esta comisión a que las continúe celebrando;

39.   Pide a la comisión competente del Parlamento Europeo que cree un grupo de trabajo sobre la RSE, que debata regularmente hallazgos y recomendaciones en las reuniones de comisión;

Temas de RSE específicos de la Unión Europea

40.   Recomienda a todas las empresas que apliquen las disposiciones del título III del Reglamento (CE) nº 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea, así como de la Directiva 2001/86/CE, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores;

41.   Pide a la Comisión que garantice la aplicación de la responsabilidad social de las empresas en todos los servicios de interés general y que promueva la función de los distintos servicios de interés general en la lucha contra la exclusión social y para garantizar niveles mínimos de prestación de servicios; insta a la Comisión a que incluya estos elementos en el proyecto de directiva marco sobre los servicios de interés general, que ha de elaborarse cuanto antes;

42.   Pide a la Comisión que incorpore la noción y los principios de la responsabilidad social de las empresas en las directrices anuales para el empleo y en la próxima evaluación de la estrategia europea de empleo; y pide a los Estados miembros que integren los principios y objetivos de la responsabilidad social de las empresas en sus planes bianuales nacionales de lucha contra la exclusión social y en sus planes nacionales anuales de acción en materia de empleo, sobre la base del objetivo horizontal de la calidad del trabajo;

43.   Pide que el Fondo Social Europeo se utilice para promover la RSE en la formación de los gestores y de otros trabajadores, incluido el apoyo a los procedimientos de certificación y a una reestructuración más responsable desde el punto de vista social; solicita que se aumente la facilidad de acceso al Fondo regional para las empresas que deseen realizar inversiones privadas en las comunidades y regiones menos favorecidas, en particular fomentando la financiación de la UE destinada a “instituciones financieras comunitarias de desarrollo” que apoyen específicamente iniciativas locales de empleo que, de otro modo, tendrían dificultades para acceder a una financiación otorgada por bancos comerciales;

44.   Subraya que el desarrollo de los conocimientos y competencias de todos los trabajadores constituye una parte decisiva de la responsabilidad social de las empresas; pide que se intensifiquen los esfuerzos tendentes a garantizar la formación permanente, tanto a nivel comunitario como nacional; considera que, a este respecto, es importante que las empresas rindan cuentas de sus competencias en el marco de sus informes sociales y medioambientales anuales, y que esto se haga también a nivel nacional;

45.   Señala que los servicios públicos locales sin fines lucrativos desempeñan una función vital para responder a las necesidades de las víctimas de la exclusión social, y que las empresas de economía social han acumulado una gran experiencia en el ámbito de la responsabilidad social; pide a la Comisión que tome medidas para reconocer plenamente en los Tratados constitutivos de la Unión al sector económico cooperativo y al del voluntariado, y que complete un inventario de la experiencia y la aplicación de la responsabilidad social en el sector no lucrativo;

46.   Recomienda, en particular que las empresas de economía social y, en especial, los trabajadores y las cooperativas sociales examinen la posibilidad de adoptar el “Bilan Sociétal”, ya que este instrumento permite tener en cuenta los aspectos sociales, económicos y medioambientales así como el comportamiento de las partes interesadas, los subcontratistas y los proveedores;

47.   Insta a los interlocutores sociales a que lleguen a un acuerdo en respuesta a la comunicación sobre reestructuración; insta a la Comisión a que presente con carácter de urgencia una propuesta legislativa si no se llega a este acuerdo;

48.   Pide a todas las grandes empresas que –tal como se propone en el informe Gillenhammer sobre la gestión de los cambios-, de común acuerdo con los representantes de los trabajadores, elaboren un informe social anual público que dé cuenta, de forma estructurada, de la práctica y la política en materia de empleo y de condiciones de trabajo; pide a la Comisión Europea que emprenda una iniciativa con miras a alentar la elaboración de informes sociales anuales de este tipo;

49.   Subraya que a las empresas incumbe una responsabilidad a la hora de prevenir el deterioro de las condiciones de trabajo y la exclusión de los trabajadores del mercado de trabajo; la prevención a través de la garantía de unas condiciones de trabajo físicas y psíquicas sanas y seguras deberá desempeñar un papel central en todas las iniciativas tendentes a promover la responsabilidad social de las empresas;

Temas específicos de la RSE en la relación de Europa con terceros países

50.   Reitera su petición a la Comisión, al Consejo y a la Convención Europea de que presenten con carácter de urgencia propuestas para desarrollar el fundamento jurídico apropiado para establecer un marco multilateral para las operaciones de las empresas europeas en todo el mundo;

51.   Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de crear un Defensor del Pueblo Europeo para las empresas europeas con actividades en países en desarrollo en relación con la RSE;

52.   Se congratula por la intención de la Comisión de apoyar la promoción activa de las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales; pide a la Comisión que establezca rápidamente puntos de contacto para las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales en todas sus delegaciones en terceros países donde operen empresas con sede en la UE –tal como se prevé en el presupuesto 2002 de la UE para los países de América Latina, Asia y el África Austral-, a fin de garantizar la presencia de efectivos suficientemente formados en asuntos de la RSE, y que incluya el resultado del trabajo de dichos puntos de contacto en los informes regulares de las delegaciones a las instituciones europeas, incluido el Parlamento Europeo; pide, además, a la Comisión que ponga en práctica las conclusiones de su Conferencia celebrada en mayo de 2001 en relación con las directrices de la OCDE, desarrollando en particular las mejores prácticas entre los Estados miembros (por ejemplo en relación con la gestión de los Puntos de contacto nacionales); que convoque reuniones a nivel de la UE entre los PCN con interlocutores sociales y las ONG representadas; que analice la experiencia con las directrices en las empresas europeas; que coordine la aportación europea a las reuniones de la OCDE sobre las directrices; y que asista a los países candidatos a la adhesión, tanto para que se adhieran a las Directrices como para que den su apoyo a nuevos países adherentes como Estonia y Lituania;

53.   Pide a la Comisión y al Consejo que tengan en cuenta la posición del Parlamento en relación con la aplicación de las normas laborales mínimas y la promoción de la gobernanza social internacional en todos los ámbitos de la actividad exterior de la Comunidad, con especial atención a la aplicación de las normas mínimas sociales y laborales en los acuerdos internacionales multilaterales y bilaterales;

54.   Pide al Consejo y a la Comisión que no sólo formulen una propuesta concreta para la aplicación de la cláusula relativa a los derechos humanos que prevea, en particular, mecanismos claros, precisos y verificables de control y evaluación de la situación en materia de derechos humanos en los acuerdos comerciales con terceros países, estableciendo mecanismos de cumplimiento adecuados y garantizando que quedan cubiertos todos los derechos humanos, los derechos sociales, en particular la libertad sindical y el derecho de huelga, y todos los agentes, incluidas las empresas de la UE, sino que también exijan de forma sistemática su aplicación y la información pública al respecto; pide igualmente que se establezcan evaluaciones del impacto en términos de desarrollo sostenible y de género como parte del proceso de desarrollo de la política comercial;

55.   Señala que el Convenio de Bruselas de 1968, consolidado en el Reglamento (CE) nº 44/2001(16), establece la jurisdicción de los Tribunales de los Estados miembros para las demandas contra empresas registradas o con domicilio social en la UE por los daños sufridos en terceros países; pide a la Comisión que elabore un estudio en relación con la aplicación de este principio de extraterritorialidad por parte de los tribunales de los Estados miembros de la Unión; pide a los Estados miembros que incluyan este principio de extraterritorialidad en su legislación;

56.   Pide a la Comisión que incluya una referencia a la RSE y, si procede, su futura Directiva sobre la RSE en todas sus propuestas de mandatos para la negociación de acuerdos de cooperación y comercio con terceros países;

57.   Opina que el objetivo de todas las negociaciones de la OMC sobre un marco multilateral para la inversión transfronteriza debe ser garantizar que tales inversiones contribuyan a elevar el nivel de vida, produzcan un desarrollo sostenible, promuevan el respeto de los derechos humanos y contribuyan a una distribución más justa de los beneficios de la economía global; insiste, por tanto, en que estas normas deben reflejar las responsabilidades sociales de los inversores internacionales en lo que se refiere, por ejemplo, a normas sociales y medioambientales, a la transparencia y la probidad, al comportamiento contrario a la competencia y a la transferencia de tecnología;

58.   Pide a la Comisión y al Consejo que promuevan la adopción de medidas equivalentes fuera de la UE por parte de los Gobiernos, las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, tales como el Convenio Marco sobre Responsabilidades de las Empresas que se examinará durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible;

59.   Pide a la Comisión que presente propuestas específicas para promover la contribución de las empresas de la UE a la transparencia y la buena gobernanza a nivel mundial, incluida la elaboración de una lista negra, similar a la del Banco Mundial, para impedir que las empresas de la UE inculpadas de soborno, corrupción y de incumplimiento de las normas internacionales mínimas aplicables (normas laborales fundamentales de la OIT, Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales) ante los Tribunales de la UE puedan acceder a la contratación pública; que establezca un grupo especial de supervisión del cumplimiento a fin de garantizar que las empresas adjudicatarias de contratos en el contexto de la contratación pública de la UE o que cuentan con garantías financieras, como garantías de créditos a la exportación, cumplan las obligaciones de la UE en materia de derechos humanos y las políticas y procedimientos de desarrollo, así como las normas mínimas con arreglo a las mencionadas directrices de la OIT y la OCDE en la ejecución de dichos contratos; afirma que las empresas que figuran en la lista negra no podrían optar a contratos o garantías comunitarias durante un período de tres años;

60.   Pide a la Comisión que incluya en su Libro Blanco propuestas específicas en cuanto a la función que pueden desempeñar las empresas en la prevención de conflictos a nivel mundial, incluida la extensión a la Unión Europea de los principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos y la supresión del vínculo entre la compra de armas y la venta de recursos naturales, incluida la aplicación de sistemas de certificación como el Proceso Kimberly que se aplica a los diamantes;

61.   Pide que, en el caso de los países con los que la UE haya establecido relaciones formales, a través de acuerdos comerciales o de cooperación, sobre todo en el marco del Acuerdo de Cotonú, se incluya conjuntamente el asunto de la responsabilidad social de las empresas en el orden del día oficial;

62.   Reitera el llamamiento, contenido en su Resolución de 13 de diciembre de 2001(17) sobre la Comunicación de la Comisión sobre la prevención de conflictos (1999), de que se aborde la cuestión de la influencia que ejercen las empresas privadas y públicas en zonas inestables mediante la creación de un marco jurídicamente vinculante y sanciones a aquellas empresas que contribuyan a los conflictos;

63.   Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión.

(1)DO C 104 de 14.4.1999, p. 180.
(2)Textos aprobados de 25.10.2001, punto 14.
(3)Textos aprobados de 13.11.2001, punto 12.
(4)DO L 156 de 13.6.2001, p. 33.
(5)Pendiente de publicación en el DO.
(6)DO C 223 de 8.8.2001, p. 6.
(7)DO C 197 de 12.7.2001, p. 180.
(8)DO L 250 de 19.9.1984.
(9)Pendiente de publicación en el DO.
(10)Textos aprobados de 31.5.2001, punto 10.
(11)Textos aprobados de 17.1.2002, punto 1.
(12)DO L 114 de 24.4.2001, p.1.
(13)Pendiente de publicación en el DO.
(14)DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
(15)Pendiente de publicación en el DO.
(16)DO L 12 de 16.1.2001, p.1.
(17)Textos aprobados de esa fecha, punto 15.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

A través del Libro Verde sobre la responsabilidad social de las empresas, la Comisión Europea emprendió una amplia consulta a fin de utilizar la experiencia existente y los enfoques innovadores sobre el tema con el fin de establecer un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Aunque el objetivo era suscitar un amplio debate sobre la responsabilidad social de las empresas a escala europea, el Libro Verde se limita a enumerar una extensa lista de iniciativas actuales, al tiempo que propone un enfoque voluntario y basado en las buenas prácticas.

Este informe trata de identificar prioridades específicas en un marco comunitario para la responsabilidad social de las empresas que comprenda una combinación de iniciativas voluntarias y normativas de acuerdo con el consenso internacional emergente. Las propuestas de este informe se basan en resoluciones parlamentarias anteriores y en una amplia consulta llevada a cabo por el ponente (véase anexo), así como por la propia Comisión.

Contexto global

En los cinco últimos años, la responsabilidad social de las empresas se ha convertido en uno de los problemas fundamentales a los que se enfrenta la comunidad internacional. La reestructuración de la economía mundial iniciada en la década de los setenta ha traído una mayor eficacia y productividad a los mercados globales, pero también ha provocado una degradación social intensa -tanto en los países en desarrollo como en los industrializados- y una creciente destrucción del medio ambiente. Con la globalización se ha hecho cada vez más claro el mensaje de los sindicalistas, los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, los responsables de la formulación de políticas y los empresarios de que la situación ya no es sostenible ni en términos de objetivos comerciales ni de desarrollo humano.

La respuesta europea

La Comunidad Europea ya reaccionó en 1993 con el llamamiento del entonces Presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, para que las empresas participasen en la lucha contra la exclusión social. En 1999, el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre normas comunitarias para las empresas europeas que operan en países en desarrollo, y en marzo de 2000 el Consejo Europeo de Lisboa exhortó a las empresas a desarrollar su sentido de responsabilidad social en materia de mejores prácticas para la educación permanente, organización del trabajo, igualdad de oportunidades, inclusión social y desarrollo sostenible. Como consecuencia de la prioridad concedida al tema de la responsabilidad social de las empresas durante la Presidencia belga, la Comisión publicó el “Libro Verde: fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas”. Se nos brinda ahora una oportunidad histórica para hacer avanzar el debate.

Definición de responsabilidad social de las empresas

En su introducción, el Libro Verde afirma:

“La responsabilidad social de las empresas es, esencialmente, un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio.(1)

Esta definición presenta dos defectos fundamentales. En primer lugar, socava el concepto mismo de gobernanza global y, en segundo lugar, apunta que el único enfoque para la responsabilidad social de las empresas es voluntario.

Existen leyes internacionales para defender y salvaguardar la protección de la vida humana y el medio ambiente. No corresponde a las empresas decidir si desean “contribuir” a ello.

El Libro Verde afirma que:

“Aunque la responsabilidad principal de las empresas consiste en generar beneficios, pueden contribuir al mismo tiempo al logro de objetivos sociales y medioambientales (…)(2).”

Esto significa que la responsabilidad social de las empresas es una opción suplementaria en las actividades comerciales normales. Pero, en realidad, debe convertirse en una parte fundamental de toda actividad comercial.

Numerosas empresas han emprendido acciones de manera voluntaria para aplicar sus propios códigos de conducta y garantizar que respetan sus compromisos sociales y medioambientales. Este tipo de medidas debería elogiarse y fomentarse. Sin embargo, son muchos los ejemplos que muestran que el enfoque voluntario es inadecuado y que es necesario reforzarlo con medidas legislativas complementarias.

Las acciones voluntarias surgen como consecuencia de la interacción de la presión de los consumidores, de los medios de comunicación, de los miembros de la industria, de la competencia y la amenaza de nuevas normas y tasas. La acción europea y sus correspondientes propuestas legislativas pueden contribuir a aumentar este conjunto de presiones interactivas.

La responsabilidad social de las empresas se aplica tanto a las empresas que cotizan en bolsa como a las públicas (estatales). Se aplica a las multinacionales y a las pequeñas y medianas empresas. Nuestras expectativas respecto de las empresas multinacionales y las PYME pueden diferir en función de su solidez y sus recursos relativos. Las PYME podrían necesitar plazos diferentes para alcanzar determinados objetivos, dependiendo de su capacidad, pero, en cambio, podrían ser logrados efectivamente por las cadenas de producción de empresas más grandes. Sin embargo, esto no debería impedir que se les exija el cumplimiento de las recomendaciones y los requisitos legales establecidos a escala europea. En la mayoría de los países europeos, la mayor parte de las personas trabaja en pequeñas y medianas empresas. Esto las convierte en actores principales en el debate sobre la responsabilidad social de las empresas y significa que sus necesidades y su labor no pueden menospreciarse.

Códigos de conducta e informes sociales

Los informes sociales son un elemento fundamental para contribuir al respeto adecuado de las normas sociales, laborales y medioambientales acordadas a escala internacional. La transparencia es el único medio de garantizar la responsabilidad. En la actualidad, sólo una minoría de empresas elabora informes sociales anuales y lo hace sin seguir una metodología común o unas normas en materia de informes.

Las recientes iniciativas europeas destinadas a fomentar la elaboración de informes por parte de las empresas han tenido poco éxito. La Comunicación de la Comisión sobre los informes medioambientales de las empresas y la solicitud de la Comisión para que las empresas elaboren informes sociales de manera voluntaria, en respuesta al informe Gillenhammar de 1998, así como la Comunicación al Consejo Europeo de Gotemburgo de 2001 son buena prueba de ello.

Es necesaria una directiva europea para resolver este problema. La directiva establecería un calendario para que las PYME y las empresas multinacionales informaran anualmente sobre el impacto social y medioambiental de sus actividades tanto en Europa como en terceros países, de acuerdo con unas normas mínimas de información. Estas normas podrían basarse en las que establece la Global Reporting Initiative, que ha sido aclamada a escala internacional por su aplicación global. El informe debería hacer referencia a todas las unidades de una empresa; así, por ejemplo, la Comisión y la cadena de producción completa deberían tratar de establecer orientaciones específicas con la GRI sobre un protocolo de informe para la cadena de producción.

En cuanto a los fondos de pensiones europeos, tanto privados como colectivos, la directiva debería exigirles que declaren públicamente su política ética, al igual que hace la legislación del Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos y Alemania.

Los códigos de conducta de las empresas y los informes anuales podrían registrarse en un Foro europeo para la responsabilidad social de las empresas, que también serviría para verificar los informes. Se podría asimismo exigir a todos los fondos de pensiones que registren su política ética.

En un contexto en el que se producen nuevos casos de injusticia empresarial con mucha frecuencia, estas medidas contribuirían a restaurar la confianza de los consumidores y servirían para presionar a las empresas que no cumplen las normas internacionalmente acordadas.

Un Foro europeo para la responsabilidad social de las empresas

Desde que, en 1999, el Parlamento Europeo defendiera la creación de una plataforma de control europea en su Resolución sobre las empresas europeas que operan en países en desarrollo, los expertos y los interlocutores sociales, en particular, así como otros agentes sociales, se han sumado a la iniciativa y apoyan, ahora más que nunca, la necesidad de un órgano de este tipo.

Sin embargo, es preciso definir ahora el papel y la función exacta de dicha plataforma. Su principal cometido sería el diálogo pluripartito. No obstante, también se podría invitar a las empresas y otras entidades a que registraran sus códigos de conducta en la plataforma, y ésta, a su vez, se encargaría de comprobar que todos los códigos incluidos respetan las normas laborales, sociales y medioambientales básicas a escala internacional. Así pues, las empresas podrían registrar sus informes anuales en materia de impacto social y medioambiental, de conformidad con la legislación europea, y conferirle carácter obligatorio.

La plataforma necesitaría una asignación presupuestaria adecuada. La Junta Directiva estaría compuesta por representantes de las empresas, las ONG, los sindicatos y el ámbito académico, así como por representantes de los países en desarrollo. Su dirección correría a cargo de una secretaría y funcionaría como una Oficina de la Comisión.

Un papel más destacado para los interlocutores

En el contexto de la responsabilidad social de las empresas, los interlocutores pueden ser los empleados, los proveedores o los clientes de una empresa, las comunidades en las que se sitúan sus operaciones, así como otros elementos pertinentes.

Los empleados son los principales interlocutores de la actividad de una empresa. Los sindicatos han desempeñado un papel fundamental en la negociación de acuerdos de responsabilidad con las federaciones empresariales en los sectores alimentario, comercial y textil.

Las organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación por el hecho de que el diálogo social tradicional los excluye de los verdaderos debates pluripartitos. Por su parte, los sindicatos rechazan cualquier intento de reducir sus derechos de negociación en el lugar de trabajo.

El presente informe señala que es adecuado utilizar el diálogo social para fomentar un debate sobre las obligaciones sociales y medioambientales de las empresas. En la próxima revisión debería modificarse la Directiva sobre el comité de empresa europeo a fin de obligar a los comités de empresa a tener mayores competencias en materia de responsabilidad social de las empresas, y se debería invitar a los interlocutores sociales por medio del diálogo sectorial a considerar la negociación de nuevos acuerdos en esta materia.

Además, la Comisión debería utilizar la plataforma europea para dar a conocer las orientaciones y los ejemplos de mejores prácticas en el diálogo con los interlocutores. Debería financiar la formación del personal directivo para que integre de la mejor manera posible el concepto de responsabilidad social de las empresas en las estructuras y actividades de gestión de las empresas públicas y privadas.

La Comisión debería solicitar a las empresas europeas que designen a un miembro directivo encargado de la responsabilidad social de las empresas. Podría ser útil que las empresas convocasen un Consejo de interlocutores o incluyesen un representante de los interlocutores en su Consejo de Administración; así pues, en este contexto deberían revisarse las normas de gobernanza de la empresa de la UE con el fin de examinar estas y otras oportunidades de fomentar la participación de los interlocutores, incluido el fomento del activismo de los accionistas mediante el refuerzo de los derechos de los accionistas minoritarios.

Integrar la responsabilidad social de las empresas en todos los ámbitos de las políticas y de los programas comunitarios

Es preciso que haya coherencia para que la política de la Comisión en materia de responsabilidad social de las empresas tenga éxito.

Es particularmente decepcionante que, hasta ahora, la Comisión haya perdido varias oportunidades de integrar la responsabilidad social de las empresas en todos los ámbitos políticos. Valga como ejemplo el caso de la actual revisión de las normas de contratación, en que no se ha aprovechado plenamente el potencial para vincular los contratos públicos con normas sociales y medioambientales más estrictas. La decisión del Gobierno neerlandés de relacionar el acceso de las empresas a los créditos a la exportación con el cumplimiento de las orientaciones de la OCDE demuestra que las normas voluntarias pueden fácilmente vincularse al apoyo financiero del sector público. La Comisión Europea debería introducir inmediatamente tales disposiciones en todas las ayudas financieras destinadas al sector privado, incluyendo el fomento de la inversión a través de la propia Comisión y del Banco Europeo de Inversiones, con mecanismos claros de control y reclamaciones.

La Comisión ha planeado otorgar premios en materia de responsabilidad social de las empresas este año y en el futuro, siguiendo el ejemplo de las listas de la revista norteamericana “Fortune”. Esta iniciativa no ha sido aprobada ni por el Parlamento ni por el Consejo y debería considerarse con cuidado a la luz de las críticas que la tildan de superflua y poco rigurosa a la hora de examinar las prácticas de las empresas.

Un papel para el Parlamento Europeo

La Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento Europeo celebra audiencias anuales sobre las empresas europeas que operan en los países en desarrollo. Estas audiencias han resultado ser muy útiles tanto para garantizar la responsabilidad pública de las empresas como para mostrar algunas de las dificultades con las que se enfrentan las empresas a la hora de aplicar sus políticas éticas en los países en desarrollo.

Además, ahora se ha propuesto la creación de un grupo de trabajo sobre responsabilidad social de las empresas en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. Se debería prever una asignación presupuestaria para poder llevar a cabo dos misiones anuales. Las misiones se centrarían más en los sectores que en los países. Por ejemplo, la delegación del grupo de trabajo podría elegir entre examinar la industria chocolatera y visitar las fábricas de empresas europeas situadas en Europa y en los países en desarrollo. Después de las misiones se darían a conocer los resultados y las recomendaciones de la delegación. El grupo de trabajo podría invitar con cierta regularidad a interlocutores europeos y de terceros países para hacer presentaciones. El grupo de trabajo debería asimismo poder controlar la labor política del Parlamento Europeo, que podría necesitar supervisión en materia de responsabilidad social de las empresas.

La responsabilidad social de las empresas dentro de la Unión Europea

El hecho de haber avanzado tan poco en el ámbito de la reestructuración de empresas, en particular, tras el informe Gillenhammar (1998), constituye un motivo de preocupación. La Comunicación de la Comisión Europea a los interlocutores sociales sobre reestructuración especial (enero de 2002) sigue estando abierta para consulta hasta finales de año. En su Libro Blanco sobre la responsabilidad social de las empresas, la Comisión debería comprometerse a presentar nuevas propuestas legislativas con carácter urgente, si no se consigue alcanzar un consenso.

Los Fondos Estructurales también deberían servir para apoyar las buenas prácticas de las empresas en Europa. Se deberían establecer disposiciones para que el Fondo regional fuese más accesible a las empresas que deseen buscar oportunidades de inversión privada en las regiones y comunidades más desfavorecidas. Al mismo tiempo, el Fondo Social Europeo podría desempeñar un papel más importante de apoyo a la formación para una reestructuración socialmente responsable.

La responsabilidad social de las empresas específicamente en las relaciones de Europa con terceros países

Las empresas europeas tienen un enorme impacto en las vidas de millones de personas que viven en terceros países de todo el mundo.

En la actualidad, la responsabilidad internacional de las empresas europeas se limita al respeto del Convenio de Bruselas de 1968 sobre la jurisdicción de los tribunales europeos, ante los que tienen que responder las filiales que operan en terceros países en algunos casos (extremos) de negligencia que han dado lugar a homicidios u otros perjuicios graves.

No obstante, casi todos los participantes en el debate coinciden en que la dimensión internacional representa a la vez el mayor desafío y potencial a la hora de fomentar la responsabilidad social de las empresas.

Por consiguiente, la resolución del Parlamento recomienda una serie de acciones: sentar las bases jurídicas para un nuevo marco multilateral, como ya solicitó el propio Parlamento, integrar los principios de responsabilidad social de las empresas en todos los intercambios comerciales de la UE, las políticas de desarrollo y la PESC, adoptar medidas concretas para la posible instauración de un Defensor del Pueblo de la Unión Europea en materia de responsabilidad de las empresas, prevención de conflictos y de sobornos, y contribuir al desarrollo de iniciativas de responsabilidad social de las empresas a escala global, teniendo especialmente en cuenta las negociaciones previstas por la OMC sobre normas globales en materia de inversión transfronteriza.

Se debería pedir a la Comisión Europea que cofinanciara, junto con el centro de formación de la Organización Internacional del Trabajo de Turín, cursos de formación para el fomento de normas globales, destinados a directivos y representantes sindicales que tengan responsabilidades directas en el comercio, la inversión y las actividades de aprovisionamiento en terceros países.

(1)Libro Verde de la Comisión Europea: “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas”, julio de 2001, apartado 8.
(2)Libro Verde de la Comisión Europea: “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas”, julio de 2001, apartado 11.


OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA

12 de abril de 2002

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre el Libro Verde de la Comisión titulado “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas”

(COM(2001) 366 – C5‑0161/2002 – 2002/2069(INC))

Ponente de opinión (*): Carlos Westendorp y Cabeza

(*) Procedimiento Hughes

PROCEDIMIENTO

En la reunión del 22 de noviembre de 2001, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía designó ponente de opinión a Caroline Lucas.

En las reuniones de los días 25 de febrero y 26 de marzo de 2002, la comisión examinó el proyecto de opinión.

Con anterioridad a la votación final, la Sra. Caroline Lucas señaló que, dado que las enmiendas aprobadas habían cambiado su posición inicial sobre el tema, no podía continuar siendo ponente de opinión. A continuación la comisión designó ponente de opinión a su presidente Carlos Westendorp y Cabeza.

En esta última reunión, la comisión aprobó las conclusiones por 26 votos a favor, 22 votos en contra y ninguna abstención.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Carlos Westendorp y Cabeza (presidente), Yves Piétrasanta (vicepresidente), Jaime Valdivielso de Cué (vicepresidente), Caroline Lucas (ponente), Nuala Ahern, Konstantinos Alyssandrakis, Sir Robert Atkins, Luis Berenguer Fuster, Ward Beysen (suplente de Elly Plooij-van Gorsel), Guido Bodrato, David Robert Bowe (suplente de Gary Titley), Massimo Carraro, Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Willy C.E.H. De Clercq, Concepció Ferrer, Francesco Fiori (suplente de Paolo Pastorelli), Neena Gill (suplente de Norbert Glante), Michel Hansenne, Roger Helmer (suplente de Werner Langen), Hans Karlsson, Bashir Khanbhai, Peter Liese (suplente de Peter Michael Mombaur), Rolf Linkohr, Erika Mann, Hans-Peter Martin (suplente de Harlem Désir), Marjo Matikainen-Kallström, Eryl Margaret McNally, William Francis Newton Dunn (suplente de Nicholas Clegg), Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Samuli Pohjamo (suplente de Colette Flesch), John Purvis, Alexander Radwan (suplente de Godelieve Quisthoudt-Rowohl), Bernhard Rapkay (suplente de Olga Zrihen Zaari), Daniela Raschhofer, Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Umberto Scapagnini, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Claude Turmes, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto y Myrsini Zorba.

BREVE JUSTIFICACIÓN

El Libro Verde la Comisión (COM(2001) 366) titulado “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” puede constituir un paso importante para fomentar en Europa el debate relativo a la responsabilidad social de las empresas.

El Libro Verde se basa en una definición de la responsabilidad social de las empresas, según la cual las empresas integran voluntariamente las preocupaciones sociales y medioambientales tanto en sus operaciones comerciales como en sus relaciones con los interlocutores. No obstante, como demuestran las diversas reacciones ante las consultas (incluidas las realizadas de parte del sector), no existe una definición uniforme de responsabilidad social.

En efecto, resultaría equivocado definir la responsabilidad social sólo como la parte voluntaria del papel de las empresas, ya que la mayor parte del impacto social y medioambiental de las empresas está, correctamente, regulada por ley. El Libro Verde incluye en su ámbito muchos aspectos clave como la salud y la seguridad, el impacto ambiental y los derechos humanos, aspectos en que las disposiciones legales son fundamentales para garantizar el respeto de unas normas mínimas aceptables. En este contexto, la responsabilidad social incorpora tanto las disposiciones legales como las mejores prácticas voluntarias, y ello se debería reconocer en el presente debate.

La UE está en buena situación para promover la responsabilidad social debido a su influencia a nivel nacional, europeo e internacional, y puede garantizar que la responsabilidad social se considere como un aspecto clave, estratégico y transversal en toda la UE. Además de dar un ejemplo de las mejores prácticas de responsabilidad social en todas sus operaciones, la UE debería asumir la dirección en materia de aplicación y ejecución de normas a fin de elevar el nivel de responsabilidad de las empresas más que mantener el status quo. Mediante la normalización y armonización de las políticas relativas a la responsabilidad social, la UE podría crear un entorno empresarial más justo y competitivo.

La UE y sus Estados miembros son los principales contratistas y compradores de bienes y servicios del sector privado, y, a menudo, apoyan a este sector mediante un seguro de créditos a la exportación y otras garantías financieras. Esta capacidad financiera les proporciona importantes palancas con que fomentar la responsabilidad social. Como compradores de bienes y servicios, la UE y sus Estados miembros deben estar dispuestos a exigir a sus proveedores un comportamiento empresarial responsable y a hacer que tal comportamiento constituya una condición previa para poder acceder a los fondos comunitarios.

Todas las empresas deberían estar obligadas a declarar su política en materia de responsabilidad social, derechos humanos y medio ambiente (aun en el caso de que la empresa haya decidido no tener una política sobre alguno de estos aspectos o incluso sobre ninguno de ellos). Se acoge con satisfacción el apoyo de la UE a la publicación de un “triple balance” en los informes de la empresa. Este tipo de publicación de informes reconoce a todos los interlocutores, desde las comunidades hasta los consumidores. Sin embargo, esto sólo puede tener sentido cuando todas las empresas informan según una norma acordada en su propio sector y adecuada al tamaño de su organización. Sin un marco de este tipo, las compañías que informan continuarán haciéndolo basándose en normas imprecisas e incomparables. Para aquellas que no tienen suficientes incentivos para hacerlo, los riesgos serán mayores si seguimos la tendencia de los Estados Unidos, donde disminuye el número de empresas que informan sobre su impacto social y medioambiental.

Las Directrices de la OCDE, recientemente revisadas, constituyen el único marco global, apoyado multilateralmente, de normas que rigen las actividades de las empresas multinacionales. Corren paralelas a la Declaración tripartita de los principios de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social pero van más allá de las cuestiones relativas al empleo y a las relaciones industriales y cubren las políticas generales del buen comportamiento de las empresas. En lugar de desarrollar más códigos de conducta, la UE debería hacer uso de las iniciativas existentes como ésta o como el proyecto de principios relativos a los derechos humanos de las Naciones Unidas para las empresas comerciales.

La GRI (Global Reporting Iniciative) constituye un ejemplo de norma generalmente aceptada que no anula la capacidad de una empresa de informar de diferentes maneras, adecuadas a cada sector y al tamaño de la empresa. No es un código de conducta ni una serie de principios, pero puede apoyar todos los códigos y principios –Pacto Mundial de las Naciones Unidas, OCDE y otras iniciativas- mediante un mecanismo de responsabilidad riguroso y concreto para evaluar la observancia por parte de la empresa de todo código o principio que apruebe.

A este respecto, el trabajo que lleva a cabo en la actualidad la GRI podría servir como marco útil para las normas de información y verificación. Además, la GRI ha manifestado en su respuesta al proceso de consulta que acogería con satisfacción el apoyo de la Comisión y de los Estados miembros al desarrollo de indicadores clave para los resultados sociales. Por consiguiente, la Comisión debería apoyar activamente el trabajo realizado por la GRI en el establecimiento de criterios para la publicación de un "triple balance" en sus informes con vistas a presentar, en el plazo de 5 años, una directiva relativa a la publicación de informes sociales y medioambientales. Una decisión al respecto constituiría un paso importante de la UE encaminado a lograr una práctica empresarial sostenible, y contribuiría de manera importante a la próxima Conferencia Río + 10, que se celebrará en Johannesburgo en septiembre de 2002.

CONCLUSIONES

La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore los siguientes elementos en la propuesta de resolución que apruebe:

1.   Pide a la UE que siga contribuyendo al desarrollo de la responsabilidad social de las empresas sensibilizando a la opinión pública sobre la naturaleza e importancia de esta responsabilidad;

2.   El FSE podría, en este sentido, desempeñar un papel más útil en el apoyo a la formación para llevar a cabo una reestructuración socialmente más responsable;

3.   En vista de que la adopción de medidas en materia de responsabilidad social redundará finalmente en beneficio de las empresas en cuestión, propone que la Comisión fomente campañas organizadas por las propias agrupaciones empresariales para incrementar la sensibilización sobre las ventajas, modalidades y mejores prácticas según los sectores y el tamaño de las empresas;

4.   Insta a la Comisión a que asegure que, en particular las trabajadoras y los trabajadores, así como sus representantes, participen estrechamente en el desarrollo y la elaboración de conceptos relativos a la responsabilidad social de las empresas, dado que la participación es un componente decisivo de la concepción;

5.   Se congratula expresamente de la iniciativa de la Comisión, y pide a esta Institución que promueva proyectos piloto sobre la responsabilidad social, a fin de ofrecer un incentivo más a las empresas (y, en particular, a las PYME), para que se comprometan de forma responsable en materia social y ecológica;

6.   Considera que, en lugar de desarrollar más códigos de conducta, la UE debería centrarse en garantizar un mayor cumplimiento de los códigos existentes; acoge, por lo tanto, con satisfacción la intención de la Comisión de promocionar activamente las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, de manera que tales prácticas se apliquen a nivel mundial, en lugar de exclusivamente a nivel de la UE; debería asegurar, en particular, que los "puntos nacionales de contacto", que supervisan la aplicación de las Directrices, proporcionen un mecanismo eficaz para la responsabilidad de las empresas y que tales puntos de contacto se establezcan, a la mayor brevedad, en las delegaciones de la UE de los países donde operan empresas europeas, tal como está previsto en el presupuesto de 2002;

7.   Insta a la Comisión a que desarrolle baremos concretos para la evaluación de la responsabilidad social como concepción de la sostenibilidad para las empresas en Europa, así como a que realice regularmente una evaluación comparativa sobre la base de las mejores prácticas;

8.   Subraya que, teniendo en cuenta las diversas ventajas y requisitos de la responsabilidad social de las empresas en función del sector, del tamaño de las empresas y de los recursos disponibles, corresponderá a cada empresa, en conjunción con las partes interesadas, decidir sobre la manera de aplicar las medidas en materia de responsabilidad social;

9.   Reitera su petición a la Comisión Europea en el sentido de que dé ejemplo de las mejores prácticas de responsabilidad social en todas sus actividades;

10.   Pide a la Comisión que realice y publique estudios y análisis de coste-beneficio sobre la responsabilidad social de las empresas por tamaño y categorías sectoriales, y especialmente sobre su impacto en las PYME;

11.   Pide a la Comisión que mejore la eficacia de las cláusulas relativas a los derechos humanos en los acuerdos con terceros países;

12.   Pide al Consejo y a la Comisión que no sólo formulen una propuesta concreta para la aplicación de la cláusula relativa a los derechos humanos que prevea, en particular, mecanismos claros, precisos y verificables de control y evaluación de la situación en materia de derechos humanos en los acuerdos comerciales con terceros países, estableciendo mecanismos de cumplimiento adecuados y garantizando que quedan cubiertos todos los derechos humanos, los derechos sociales, en particular la libertad sindical y el derecho de huelga, y todos los agentes, incluidas las empresas de la UE, sino que también exijan de forma sistemática su aplicación y la información pública al respecto; pide igualmente que se establezcan evaluaciones del impacto en términos de desarrollo sostenible y de género como parte del proceso de desarrollo de la política comercial;

13.   Pide a la Comisión que lleve un registro de compañías incluidas en la "lista negra" por haber sido inculpadas ante los tribunales de la UE por casos de corrupción; dichas compañías no podrían optar a contratos o garantías comunitarias durante un período de tres años;

14.   Pide a la Comisión y al Consejo que garanticen que las normas por las que se regulan las negociaciones multilaterales en el seno de la OMC reflejen las responsabilidad social de los inversores internacionales en lo que respecta, por ejemplo, a las normas en materia de medio ambiente, transparencia y probidad, comportamiento anticompetencia y transferencia de tecnologías y que promuevan la adopción de medidas equivalentes fuera de la Unión Europea por parte de los Gobiernos, las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales.


OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

18 de abril de 2002

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre el Libro Verde titulado "Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas"

(COM(2001)0366 – C5‑0161/2002 – 2002/2069(COS))

Ponente de opinión: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

PROCEDIMIENTO

En la reunión del 22 de enero de 2002, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades designó ponente de opinión a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

En las reuniones de los días 27 de marzo y 18 de abril de 2002, la comisión examinó el proyecto de opinión.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las conclusiones por 11 votos a favor y 5 abstenciones.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Anna Karamanou (presidenta), Marianne Eriksson (vicepresidenta), Jillian Evans (vicepresidenta) y Olga Zrihen Zaari (vicepresidenta), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (ponente de opinión), Regina Bastos, Lone Dybkjær, Fiorella Ghilardotti, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Lissy Gröner, Astrid Lulling, Thomas Mann, Maria Martens, Christa Prets, Eryl Margaret McNally (suplente de Mary Honeyball) y Anne E.M. Van Lancker (suplente de Joke Swiebel).

BREVE JUSTIFICACIÓN

El objetivo del Libro Verde de la Comisión es dar el primer impulso a un debate público más amplio acerca del modo en que la Comisión puede promover la responsabilidad social de las empresas tanto a escala europea como internacional. El concepto de la responsabilidad social de las empresas se interpreta como la contribución voluntaria de las empresas al desarrollo social y ambiental sostenible y tiene su origen en el avanzado papel que desempeñan las empresas en la sociedad cambiante de hoy en día.

En las reflexiones del Libro Verde no se hace alusión concreta a las responsabilidades de las empresas en lo referente a la igualdad de hombres y mujeres, pese a que el Consejo Europeo de Lisboa hizo un llamamiento especial al espíritu de responsabilidad social de las empresas en lo que concierne, entre otros aspectos, a la igualdad de oportunidades. Por consiguiente, el objetivo de la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer debe ser destacar dichas responsabilidades así como el importante papel que pueden desempeñar las empresas para el logro de la igualdad entre los dos sexos.

La ponente considera importante, en primer lugar, distinguir los límites entre la obligación legal y la responsabilidad social de las empresas. Ante todo, las empresas deben respetar los requisitos legales resultantes de las disposiciones internacionales, europeas y nacionales. Deben estar informadas sobre sus obligaciones y, a este respecto, el papel del Estado y de los propios interlocutores sociales es importante, especialmente en relación con las PYME. Por ejemplo, deberán instaurarse mecanismos de apoyo legal a las PYME en los Estados miembros donde no se haya previsto aún algo similar. Asimismo, las empresas, en colaboración con los representantes de los trabajadores, deberán informar a las propias mujeres acerca de sus derechos laborales.

Además de lo anterior, las empresas pueden asumir de forma voluntaria compromisos que establezcan pautas más elevadas en cuanto al desarrollo social en general y a la igualdad de oportunidades en particular. Dichos compromisos pueden oficializarse mediante la elaboración de un código de conducta, es decir, de una declaración de valores y prácticas comerciales desarrolladas por la empresa.

La ponente pide que se elaboren códigos de conducta similares sobre la igualdad de remuneración por trabajos de igual valor, la lucha contra la discriminación en el momento de la contratación, la compatibilización de la vida familiar y profesional, la mejora de las perspectivas de carrera de las mujeres, la participación de las mujeres en la formación básica y continua y el modo de atajar los fenómenos de acoso en el lugar de trabajo.

La asunción de compromisos por parte de las empresas en los ámbitos citados puede ser de importancia decisiva, ya que

-   la diferencia entre la remuneración de las mujeres y la que perciben los hombres por un trabajo de igual valor alcanza el 25% en el sector privado, frente al 9% en el sector público;

-   el porcentaje de trabajadoras jóvenes es mayor que el de trabajadores jóvenes, la antigüedad aumenta a ritmo más lento y los ascensos se producen también a un ritmo más lento;

-   las mujeres interrumpen con mucho mayor frecuencia que los hombres su carrera para encargarse del cuidado de familiares; las empresas pueden contribuir a prevenir este fenómeno mediante la creación de guarderías, la concesión de licencias parentales y la aplicación de métodos flexibles de trabajo, y contribuir a atajarlo mediante la participación de las mujeres en programas de formación y reinserción:

-   por último, la reestructuración de las empresas repercute ante todo en las mujeres, lo que hace que resulte necesaria la formaciσn durante toda la vida.

Para concluir, la ponente considera que debe hacerse especial referencia al respeto por parte de las empresas de los derechos de las mujeres, como parte de los derechos humanos, ya que las mujeres constituyen la clave para un desarrollo económico sostenible de los terceros países y, por regla general, el sector más sensible y degradado de la mano de obra.

CONCLUSIONES

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore los siguientes elementos en la propuesta de resolución que apruebe:

A.   Considerando las Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa y en especial el llamamiento realizado por dicho Consejo "al sentido de responsabilidad social de las empresas con respecto a las prácticas idóneas en relación con la formación continua, la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la integración social y el desarrollo sostenible",

B.   Considerando que para ponerse efectivamente en práctica, el tema de la responsabilidad social de las empresas debe enfocarse desde el punto de vista tanto voluntario como reglamentario,

1.   Subraya que las empresas están obligadas a aplicar por entero las disposiciones jurídicas en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres resultantes de las disposiciones pertinentes de alcance internacional, europeo y nacional; pide a las empresas que, por iniciativa propia, emprendan acciones que establezcan un nivel elevado de igualdad entre los hombres y las mujeres (por ejemplo acciones positivas) a fin de valorizar las potencialidades de las mujeres y garantizar que sus subcontratistas y suministradores respetan los derechos de la mujer;

2.   Acoge favorablemente la iniciativa del Libro Verde sobre la responsabilidad social de las empresas y pide a la Comisión que presente una directiva para definir un marco normativo europeo en este ámbito;

3.   Pide a los interlocutores sociales, a nivel europeo, mundial y de las empresas, que en los ámbitos en los que estas disposiciones sean aplicables elaboren códigos de conducta, en especial por lo que se refiere a 1) la igualdad de remuneración por trabajos de igual valor, 2) la calidad del empleo de las mujeres, 3) la lucha contra la discriminación en el momento de la contratación, 4) la adopción de medidas innovadoras y eficaces para compatibilizar la vida familiar y la vida profesional, 5) la mejora de las perspectivas de carrera de las mujeres, 6) la participación de las mujeres en la formación básica y continua para que se puedan adaptar a los cambios tecnológicos y económicos y se facilite su reinserción profesional, 7) las cuestiones relativas a la salud y la seguridad y 8) las medidas para luchar contra la violencia y el acoso moral y sexual en el lugar de trabajo;

4.   Pide a la Comisión que incluya en la Directiva sobre la responsabilidad social de las empresas un incentivo proactivo para que, en colaboración con los representantes de los trabajadores, presenten planes anuales relativos a la igualdad de oportunidades que incluyan información sobre la presencia de hombres y mujeres en los distintos niveles de organización de la empresa y posibles medidas para mejorar la situación en cooperación con los representantes de los trabajadores, una información desglosada por sexos sobre las remuneraciones, los ascensos y las oportunidades de formación, así como propuestas destinadas a mejorar la organización del trabajo para que se pueda compaginar la vida profesional con la familiar;

5.   Pide a los Estados miembros que aseguren que se informa a las empresas, y principalmente las PYME, sobre las disposiciones legales, tanto comunitarias como nacionales, en materia de igualdad de trato y de oportunidades de hombres y mujeres, que las empresas respetan dichas disposiciones no sólo en teoría sino también en la práctica y que, en colaboración con los representantes de los trabajadores, informan a las trabajadoras al respecto; espera que los Estados miembros aseguren el necesario control del cumplimiento de la legislación relativa a la igualdad por parte de todas las empresas;

6.   Pide a la Comisión que organice, en cooperación con los Estados miembros, una campaña europea, en la que participen los interlocutores sociales y que se centre en particular en las pequeñas y medianas empresas, sobre el acervo comunitario en materia de igualdad de derechos para hombres y mujeres;

7.   Pide a la Comisión que introduzca en el sistema de responsabilidad social de las empresas un método de información, control y evaluación de los planes a favor de la igualdad de oportunidades y de los códigos de conducta presentados por las empresas, acompañado de un intercambio sistemático de buenas prácticas;

8.   Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se aseguren de que la responsabilidad social de las empresas y, en particular, el aspecto relativo a la promoción de los derechos de la mujer, se incluye en la política exterior y de seguridad común y en la política de cooperación al desarrollo; pide a las empresas que garanticen que el respeto de los derechos de las mujeres, como parte indisoluble de los derechos humanos, se incluye como principio fundamental en sus transacciones comerciales y en sus inversiones productivas en terceros países;

9.   Pide que el Fondo Social Europeo promueva la responsabilidad social de las empresas, haciendo especial hincapié en la igualdad de oportunidades, la formación de los ejecutivos de la empresa y los interlocutores sociales;

10.   Destaca que a la Comisión le incumbe la responsabilidad concreta de informar suficientemente a los países candidatos sobre el acervo comunitario en materia de igualdad y de colaborar activamente con ellos en la aplicación de dicho acervo.

Última actualización: 29 de mayo de 2002Aviso jurídico