INFORME sobre unos ingresos justos para los agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en Europa

24.8.2010 - (2009/2237(INI))

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
Ponente: José Bové

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre unos ingresos justos para los agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en Europa

(2009/2237(INI))

El Parlamento Europeo,

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa» (COM(2009)0591) y los diversos documentos de trabajo adjuntos a la Comunicación,

–   Vistas las recomendaciones finales, de 17 de marzo de 2009, del Grupo de Alto Nivel sobre Competitividad de la Industria Agroalimentaria[1]

,

–   Vista su Resolución, de 26 de marzo de 2009, sobre los precios de los productos alimenticios en Europa[2],

–   Vista su Declaración, de 19 de febrero de 2008, sobre la necesidad de investigar sobre los posibles abusos de poder de los grandes supermercados establecidos en la Unión Europea y de poner remedio a esta situación[3],

–   Vistas las conclusiones del Consejo de 29 de marzo de 2010 sobre el mejor funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa[4],

–   Visto el informe sobre la industria agroalimentaria y el derecho a la alimentación del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación,

–   Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–   Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0225/2010),

A. Considerando que la reciente volatilidad de los precios de los alimentos y las materias primas ha suscitado gran preocupación en relación con el funcionamiento de las cadenas de suministro de alimentos europea y mundial,

B.  Considerando que desde 1996 los precios de los alimentos han aumentado un 3,3 % al año mientras que los precios que reciben los agricultores sólo se han incrementado un 2,1 %, al mismo tiempo que los gastos de explotación han crecido un 3,6 %, lo que demuestra que la cadena de suministro de alimentos no está funcionando adecuadamente,

C. Considerando que la Comunicación de la Comisión reconoce que «estas fluctuaciones han tenido graves consecuencias para los productores agrícolas e implican que los consumidores no están siendo tratados correctamente»[5],

D. Considerando que los precios finales al consumo se han mantenido, en promedio, constantes, o incluso han aumentado a pesar de la brusca reducción de los precios de los productos agrícolas en 2008,

E.  Considerando que unas relaciones comerciales equilibradas no solo mejorarían el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos sino que además beneficiarían a los agricultores,

F.  Considerando que la proliferación actual de prácticas comerciales desleales está socavando la capacidad de los agricultores para invertir e innovar (especialmente en tecnologías ecológicas, mitigación del cambio climático y fuentes de energía renovables), mientras que se les exige el cumplimiento de estrictas normas medioambientales y que estas exigencias serán aún más rigurosas en la Política Agrícola Común posterior a 2013,

G. Considerando que la proporción del valor añadido agrícola en la cadena de suministro de alimentos se ha reducido desde el 31 % en 1995 hasta el 24 % en 2005 en la UE-25, y que las cifras preliminares para los años siguientes muestran reducciones aún mayores en las ganancias de los agricultores, frente al constante aumento de los beneficios del sector de la transformación, de los comerciantes mayoristas y minoristas y de los agentes externos a la cadena de suministro de alimentos,

H. Considerando que la renta media de los agricultores en la UE-27 se redujo en más del 9 % en 2009, lo que implica que los agricultores ya no pueden obtener unos ingresos justos por su trabajo, y que, a pesar de ello, los agricultores y el sector agroalimentario tienen que seguir produciendo alimentos conformes a unas normas de calidad extremadamente exigentes a unos precios asequibles para los consumidores, en línea con los objetivos definidos por la PAC,

I.   Considerando que en la cadena de suministro de alimentos participan los agricultores, las cooperativas de agricultores y las organizaciones de productores, el sector de la transformación de alimentos, el comercio mayorista, el comercio minorista, las cadenas de supermercados, la restauración colectiva, los restaurantes, el suministro directo de la producción de subsistencia privada y los consumidores, pero también los agentes económicos externos a la cadena de suministro de alimentos, tales como las empresas de comunicación y promoción, los proveedores de transporte y logística, energía y servicios públicos, embalajes, recursos técnicos, aditivos y tecnologías, y los proveedores de servicios de consultoría; que deben tenerse en cuenta esta complejidad y diversidad para mejorar la sostenibilidad del conjunto de la cadena,

J.   Considerando que la Comunicación de la Comisión identifica graves problemas, como el abuso de poder de compra dominante, prácticas desleales en la contratación que incluyen pagos atrasados, modificaciones unilaterales de los contratos, pagos por adelantado en calidad de derechos de participación en las negociaciones, restricción de acceso al mercado y falta de información sobre la composición de los precios y la distribución de los márgenes de beneficio en el conjunto de la cadena de distribución de alimentos, que está estrechamente relacionada con la mayor concentración de los insumos y de los sectores de la venta mayorista y minorista,

K. Considerando que en la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, se recomienda promover y facilitar la reestructuración y consolidación del sector agrario mediante el impulso a la creación voluntaria de organizaciones de productores,

L.  Considerando que la globalización y los procesos de concentración, especialmente a nivel minorista, han creado una situación de desequilibrio entre los diferentes actores de la cadena de suministro de alimentos, y que la realidad actual es que un escaso número de minoristas todopoderosos negocian directa o indirectamente con 13,4 millones de agricultores y 310 000 empresas agroalimentarias de toda la Unión,

M. Considerando que una concentración excesiva conduce a la pérdida de diversidad de los productos, del patrimonio cultural, del pequeño comercio, así como de empleos y de medios de vida,

N. Considerando que la Comisión afirma que los desequilibrios contractuales, unidos a un poder de negociación desigual, tienen un impacto negativo en la competitividad de la cadena de suministro de alimentos, puesto que algunos operadores de menor tamaño pero eficientes pueden verse obligados a operar con un margen de beneficios reducido, lo que limita su capacidad y sus incentivos para invertir en la mejora de la calidad de los productos y la innovación de los procesos de producción,

O. Considerando que los productos alimenticios se comercializan libremente en el mercado interior y que los resultados de las negociaciones de precios entre (las organizaciones de) productores, transformadores, distribuidores y minoristas vienen determinados con frecuencia por la evolución de los precios en el mercado mundial,

P.  Considerando que la enorme diferencia, tanto numérica como de poder económico, existente entre los agricultores y los minoristas es un claro indicador del desequilibrio de la cadena de suministro de alimentos; que, para lograr un equilibrio numérico, es necesario promover el desarrollo de las organizaciones económicas de los agricultores; que las cooperativas desempeñan un papel primordial, ya que refuerzan la influencia y el poder de negociación de los agricultores,

Q. Considerando que la Unión Europea está integrada y vinculada contractualmente en el comercio mundial,

R.  Considerando que la Unión Europea es el mayor importador y exportador agrícola mundial, habiendo aumentado las importaciones agrícolas de la UE en 2008 en alrededor de un 10 % hasta 98 600 millones de euros y las exportaciones agrícolas en cerca del 11 % hasta 75 200 millones de euros,

S.  Considerando que la Unión Europea ya realiza muchas concesiones en el marco de su política de ayuda al desarrollo, y que los acuerdos bilaterales no deben celebrarse de forma que siempre vayan en detrimento de la agricultura europea,

1.  Acoge con agrado la Comunicación de la Comisión Europea, de 28 de octubre de 2009, titulada «Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa» (COM(2009)0591), pues reconoce la existencia de fuertes desequilibrios de poder entre los distintos operadores, pero considera insuficientes las medidas propuestas en la citada Comunicación para hacer frente a esa problemática;

2.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden urgentemente el problema de la injusta distribución de beneficios a lo largo de la cadena de distribución de alimentos, en particular en lo que se refiere a un nivel adecuado de ingresos para los agricultores; reconoce que si se pretende fomentar sistemas de producción sostenibles y éticos se habrá de compensar a los agricultores por sus inversiones y compromisos en estos ámbitos; hace hincapié en que las luchas de poder deben dejar paso a relaciones de colaboración;

3   Observa que se han conseguido todos los objetivos relacionados con la agricultura mencionados en los Tratados de Roma (aumento de la productividad, suministro suficiente de alimentos, precios al consumidor razonables, estabilización de los mercados), con la excepción del objetivo de un nivel justo de ingresos para los agricultores; pide por ello a la Comisión que tenga debidamente en cuenta lo anterior en todas las propuestas presupuestarias;

4.  Reconoce la necesidad de un sector productivo estable, seguro y rentable como factor decisivo para la cadena de suministro de alimentos; observa igualmente, sin embargo, que esta cadena se compone de varios agentes —productores, transformadores, fabricantes, proveedores y minoristas— todos los cuales aportan valor añadido y que también necesitan un cierto grado de seguridad;

Transparencia de los precios

5.  Pide a la Comisión que mejore el instrumento europeo para el seguimiento de los precios de los alimentos y lo haga más accesible a los usuarios, incluyendo un interfaz multilingüe y un mayor número de productos alimenticios, así como permitiendo una mejor comparación de los precios en cada eslabón de la cadena de suministro de alimentos dentro de cada Estado miembro y entre los diversos Estados miembros, con el fin de responder a las necesidades de los consumidores y los agricultores en materia de transparencia en la determinación de los precios de los alimentos;

6.  Lamenta la reticencia de la Comisión Europea para llevar a cabo un estudio sobre la distribución de los márgenes de beneficio en toda la cadena de suministro, con arreglo a lo establecido en el procedimiento presupuestario de 2009;

7.  Señala que el desequilibrio en la transparencia empresarial entre las explotaciones agrícolas y los agentes situados antes y después en la cadena de suministro de alimentos puede tener consecuencias negativas para la posición negociadora de los agricultores y las agrupaciones de productores;

8.  Pide a la Comisión que ponga en marcha rápidamente el proyecto piloto sobre la creación del Observatorio Europeo de precios y márgenes agrícolas (completado con datos sobre precios, márgenes y volúmenes), para el que el Parlamento y el Consejo han aprobado un crédito de 1,5 millones de euros en el presupuesto 2010, que este proyecto piloto se realice en el seno de la Comisión, y que incluya una comparación entre los costes de una producción sostenible y los precios en explotación (con el fin de determinar las diferencias que existen entre los productos convencionales y los producidos de forma ética) en sectores agrícolas clave de los Estados miembros y en diversas situaciones socioeconómicas;

9.  Insta a la Comisión a mantener el Grupo de Alto Nivel sobre la Cadena de Suministro de Alimentos como un foro permanente de debate, ya que ha demostrado ser un instrumento importante para identificar problemas, formular recomendaciones y adoptar estrategias con el fin de poner remedio a la actual situación de desequilibrio;

10. Pide a la Comisión que proponga que los principales distribuidores, transformadores, mayoristas y minoristas europeos estén obligados a presentar un informe anual sobre sus cuotas de mercado (incluida información sobre sus marcas blancas) de productos alimenticios clave, así como de sus volúmenes mensuales de ventas, con el fin de que todos los participantes en el mercado puedan apreciar las tendencias en la demanda, la oferta y la evolución de los precios en la cadena de suministro de alimentos;

11. Señala que en algunos países la industria transformadora de alimentos es la que obtiene el mayor margen en la cadena de suministro de alimentos, lo que también ha sido confirmado por la Comisión; pide, por ello, que se supervise e investigue, en particular, a la industria transformadora a fin de garantizar la transparencia de los precios;

12. Considera que es necesario aumentar la transparencia del mercado y la información suministrada a los consumidores como requisito previo para poner de relieve la identidad de los productos y garantizar la variedad en los alimentos y en los productos agrícolas y agroalimentarios, que son una expresión de la historia y las culturas de muchos países y regiones y reflejan la naturaleza «distintiva» de la agricultura en cada Estado miembro;

13. Insta a la Comisión a obligar a que se proporcione una prueba clara en el documento de transacción del valor de lo que está vendiendo el proveedor, así como del precio neto real vinculado a la transacción;

14. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto sobre los beneficios de un mejor marco jurídico que cubra las etiquetas de calidad y distribución privadas, a fin de evitar su multiplicación y ofrecer a los consumidores una mayor transparencia y a los productores un mejor acceso a los mercados;

15. Destaca la necesidad de promover una mejora del valor añadido de las producciones agroalimentarias europeas y de lanzar campañas de información a los consumidores sobre los esfuerzos realizados por los agricultores y la industria en materia medioambiental, de seguridad alimentaria y de bienestar del ganado;

Competencia

16. Pide a las autoridades de competencia nacionales y europeas, así como a otros órganos reguladores de la producción y el comercio, que aborden con decisión el problema de la posición dominante y la cuota de mercado significativa de los distribuidores, empresas de insumos, procesadores y minoristas del sector agroalimentario que intervienen en la cadena de suministro de alimentos; insta a estas autoridades a que actúen contra las prácticas abusivas de compra por parte de todos los operadores, que colocan a los agricultores en una posición negociadora muy desfavorable:

17. Pide a la Comisión que establezca una nueva relación entre las normas de competencia y la PAC, con el objetivo de dotar a los agricultores y a sus organizaciones interprofesionales de herramientas que permitan mejorar su posición negociadora;

18. Insta a la Comisión a que examine las consecuencias de la penetración significativa en el mercado de un solo minorista o un pequeño número de minoristas en un Estado miembro determinado; insta a la Comisión a que examine la posibilidad de instaurar medidas correctoras, en beneficio de productores y consumidores, cuando se descubra que las prácticas o la cuota de mercado de un minorista tienen efectos contrarios a la competencia;

19. Pide a la Comisión que presente un informe al Parlamento antes del final de 2010 en el que facilite información sobre los abusos de poder, las actuaciones contrarias a la competencia y las prácticas contractuales abusivas por parte de los compradores en cada etapa de la cadena de suministro de alimentos desde el sector de los insumos hasta el consumidor, y proponga respuestas adecuadas;

20. Pide a los Estados miembros que, si procede, refuercen la capacidad de acción de sus autoridades nacionales de competencia estableciendo mecanismos simples para la recogida de pruebas en relación con distorsiones de la competencia debidas a prácticas contractuales desleales;

21. Considera que es necesario prohibir la venta por debajo del precio de compra a nivel comunitario;

22. Insta a la Comisión a que ponga en marcha una investigación sectorial exhaustiva en toda la cadena de suministro de alimentos con objeto de determinar el nivel de los abusos de poder adquisitivo en el sector; señala el éxito de la investigación sobre la competencia realizada en el sector farmacéutico en 2009;

23. Insta a la Comisión a revisar los criterios actualmente utilizados para evaluar el comportamiento anticompetitivo (Índice Herfindahl); considera que ese índice, que es útil para evaluar los riesgos de monopolio, no permite determinar la verdadera medida de las prácticas anticompetitivas de carácter colusorio u oligopolístico, que, al parecer, existen, al menos en parte, en la gran distribución;

24. Pide a la Comisión que vele por una aplicación más adecuada de las leyes de competencia en la cadena de suministro de alimentos, con el fin de limitar efectivamente el desarrollo de posiciones dominantes en el mercado en el sector de los insumos, la industria transformadora de alimentos y el sector minorista y reforzar el poder de negociación de los agricultores a través de organizaciones de productores, sectoriales y de PYME eficaces;

25. Opina que es urgente revisar el Reglamento (CE) nº 1234/2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas (OCM) con objeto de reforzar este tipo de organizaciones, y de ampliar su ámbito de aplicación para incluir las prácticas de producción sostenibles como condición para poder acogerse a una excepción al artículo 101 del TFUE;

26. Considera que será necesario un cierto grado de coordinación y armonización a nivel de la UE de las medidas nacionales contra las prácticas comerciales desleales;

27. Insta a la Comisión a establecer una diversificación de las normas para los productos con una fuerte base territorial, que se caracterizan por su naturaleza específica, distintiva, local o regional en comparación con los productos estandarizados;

28. Pide a la Comisión que presente medidas para garantizar la supervivencia de las diversas características nutritivas, medioambientales y sanitarias y que garantice que esa diversidad se corresponda con unos precios adecuados; considera, en lo esencial, que la competencia debe también desarrollarse sobre la base de las diversas características de calidad, que deben ser debidamente medibles;

Abuso del poder de negociación y contratación

29. Pide a la Comisión que vele por que no se eluda la ley de competencia de la UE (si no se produce distorsión aparente) en la cadena de suministro de alimentos, cosa que con frecuencia se consigue a través de métodos como el retraso en los pagos a los agricultores y a los pequeños transformadores, las modificaciones posteriores de las condiciones contractuales, la imposición de descuentos, la reventa a pérdida, la exigencia de volúmenes excesivos y las tarifas injustificadas de inclusión en los listados de productos, y que, en caso necesario, presente las correspondientes propuestas legislativas;

30. Pide, en particular, que se reduzca a un máximo de 30 días el plazo de los pagos en toda la cadena de suministro de alimentos para los alimentos en general, y que el plazo sea más corto para los productos agrícolas muy perecederos, en el marco de la revisión en curso de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (previendo excepciones en los casos de organizaciones de productores y cooperativas);

31. Insta a la Comisión a que proponga una ampliación de la legislación europea en materia de competencia más allá de su estricto enfoque actual, centrado en el bienestar de los consumidores y la preocupación por conseguir precios bajos para los alimentos;

32. Pide a la Comisión que examine si los requisitos impuestos por las distintas cadenas de distribución, más allá de las estipulaciones estatutarias, en relación con las prácticas de cultivo de las frutas y hortalizas y los residuos de plaguicidas pueden obstaculizar el libre comercio y reforzar injustamente la posición de los distribuidores en la cadena de suministro de alimentos;

33. Exige una catalogación de las prácticas abusivas de mercado, como las ventas a pérdida o las comisiones de venta, y su prohibición expresa por parte de la Unión Europea; pide el establecimiento de un listado público de las empresas incumplidoras y la puesta en marcha de un régimen sancionador;

34. Pide a la Comisión que examine si los abusos de marcas blancas (productos de marca propia), y las prácticas de alianzas de compra por parte de las cadenas de supermercados conducen (y en qué medida) a una competencia desleal, a la presión sobre los agricultores y a la reducción sistemática de los precios a la producción; subraya que el abuso de las marcas blancas tiene un impacto desfavorable sobre la capacidad de los productores (en particular, los pequeños productores) para innovar; insta a la Comisión a que tome medidas al respecto, de forma que los agricultores y las agrupaciones de productores reciban un trato justo en el proceso de configuración de los precios;

35. Opina que las recomendaciones de la Comisión con vistas a reforzar la integración vertical del sector alimentario no siempre responden a la necesidad de equilibrar la capacidad de negociación de los agricultores, los distribuidores y del sector de la industria alimentaria, y que esas estrategias deben, por lo tanto, ir acompañadas de medidas disuasorias de las prácticas abusivas;

36. Señala que la agricultura de contrato impuesta por los compradores, la integración vertical y los mercados de futuros, que tienen un papel cada vez más importante, pueden reducir la competencia y debilitar la posición negociadora de los agricultores; pide, por tanto, a la Comisión que examine los efectos de los acuerdos contractuales de ese tipo y tome, en su caso, las medidas necesarias;

37. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan una contratación justa entre todos los participantes en la cadena de suministro de alimentos, basada en condiciones negociadas con los agricultores y las organizaciones de productores (incluidas las organizaciones sectoriales e interprofesionales), con el fin de promover las prácticas agrícolas sostenibles y garantizar la mejor calidad de los productos, reducir los precios de compra de los insumos y garantizar precios justos, y que establezcan un sistema de fácil acceso para impedir que los compradores violen estos contratos; opina que los contratos tipo podrían ser de utilidad, y que deberían ser obligatorios en determinados sectores; apoya el intercambio de mejores prácticas sobre notificación de prácticas contractuales entre los Estados miembros, incluida la transmisión de información a la Comisión;

38. Acoge con satisfacción y alienta la designación de defensores del pueblo para el sector alimentario minorista, así como la creación de otros mecanismos de arbitraje que tienen el objetivo de garantizar el cumplimiento de los acuerdos contractuales; pide a la Comisión que examine las experiencias en este ámbito con vistas a nombrar a un Defensor del Pueblo a nivel de la UE para el sector alimentario minorista, cuya misión sería velar por el cumplimiento de los códigos de conducta, las mejores prácticas y los contratos en las transacciones entre operadores de distintos Estados miembros;

39. Pide a la Comisión que saque a la luz las prácticas abusivas en relación con las tarifas de inclusión en los listados de productos y las otras tasas de acceso al mercado y proceda a su examen con arreglo a la legislación en materia de competencia; pide a la Comisión que proponga normas uniformes sobre el uso de las tarifas de inclusión en los listados de productos y de las tasas de acceso al mercado y, en particular, que tome medidas contra las tasas excesivas exigidas por los distribuidores;

40. Considera que la Comisión debe promover una campaña de información a gran escala a nivel europeo con el fin de sensibilizar a los agricultores sobre sus derechos, las prácticas abusivas de las que pueden ser víctimas y los medios a su alcance para denunciar los abusos;

Especulación

41. Pide a la Unión Europea que presione a favor de la creación de un organismo mundial independiente de regulación que establezca normas sobre los mercados de futuros y opciones y aplique estrictas medidas de regulación contra las maniobras especulativas sobre los alimentos básicos a nivel mundial;

42. Pide, a la vista de la creciente orientación de mercado, que se adopten medidas para contrarrestar la extrema volatilidad de los precios, ya que algunos operadores de la cadena de suministro de alimentos se están aprovechando de ese fenómeno, mientras que otros resultan claramente perjudicados; pide, por tanto, a la Comisión, que proponga instrumentos legislativos para luchar contra la volatilidad de los precios con el fin de reducir la vulnerabilidad de los productores;

43. Pide a la Comisión que refuerce las competencias de las autoridades bursátiles europeas con el fin de impedir la especulación con los alimentos básicos, y que trabaje a favor de la aplicación de medidas adecuadas de la UE para impedir la especulación con mercancías no agrícolas con el objetivo de influir sobre los mercados de futuros agrícolas;

44. Pide a la Comisión que mejore la supervisión y la transparencia global de los mercados de derivados en el sector de los productos básicos agrícolas y que refuerce también la transparencia de las actividades extra bursátiles en el contextote la próxima revisión de la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID) y otros actos legislativos pertinentes;

Autorregulación

45. Insta al Consejo a que siga promoviendo las iniciativas de autorregulación y la posibilidad de crear fondos de mutualización para hacer frente a los riesgos económicos, con el fin de reforzar la posición negociadora de los agricultores, en particular mediante el apoyo a las organizaciones económicas y de productores y a las cooperativas de agricultores;

46. Alienta a los Estados miembros a que elaboren códigos de buenas prácticas comerciales para la cadena de suministro de alimentos, incluidos los mecanismos de reclamación y las sanciones para las prácticas desleales; pide a la Comisión que proponga un código común, de aplicación en el conjunto de la UE, con el fin de equilibrar las relaciones en la cadena de suministro de alimentos; insta, igualmente, a la Comisión, a que presente una propuesta para establecer un mecanismo de control a nivel de la UE con vistas a supervisar las relaciones entre los minoristas dominantes y sus proveedores a través de organismos especializados en los Estados miembros;

47. Considera necesario fomentar una mayor integración de los distintos eslabones de la cadena en organizaciones interprofesionales, y la creación de contratos tipo voluntarios, con la posibilidad de que, en determinados casos, sobre todo para los productos perecederos, los Estados miembros puedan exigir que sean obligatorios;

Sistemas alimentarios sostenibles y calidad de los alimentos

48. Lamenta que en su Comunicación la Comisión no haga mayor hincapié en la importancia de la agricultura en la cadena de suministro de alimentos y en la cadena de creación de valor añadido de la industria alimentaria; insiste en la correlación entre los bajos precios a la producción y el excedente estructural de producción, así como en sus consecuencias sobre la sostenibilidad, la calidad de los alimentos, el bienestar de los animales, la innovación en la agricultura y el empleo en las regiones desfavorecidas;

49. Pide a la Comisión que proponga la adopción de instrumentos para apoyar y promover las cadenas de suministro de alimentos gestionadas por los agricultores, las cadenas de distribución cortas y los mercados de agricultores, con el fin de establecer una relación directa con los consumidores y de permitir que los agricultores puedan obtener un reparto más equitativo del valor del precio de venta final al reducirse el número de intermediarios y de etapas del proceso;

50. Insta a la Comisión a que, en sus actividades, preste especial atención a la situación de los países en desarrollo y no ponga en peligro el autoabastecimiento alimentario en esos terceros países;

51. Pide a la Comisión que revise las normas de higiene de la UE en función de que la comercialización se realice localmente o en mercados lejanos y de la duración de los productos, que descentralice y simplifique los sistemas de certificación y control, y que promueva las relaciones directas entre los productores y los consumidores así como el acortamiento de las cadenas de suministro de alimentos;

52. Opina que debe concederse un trato preferencial a las organizaciones de productores, las cooperativas de agricultores y las PYME a la hora de adjudicar contratos públicos en la cadena de suministro de alimentos; pide, por tanto, a la Comisión que proponga medidas al respecto;

53. Sostiene la importancia y la necesidad de contar con una reglamentación sólida sobre la calidad de los productos agrícolas; recuerda, en este sentido, la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2010, sobre la política de calidad de los productos agrícolas, y destaca la necesidad de que los productos importados respeten todas las normas de calidad y fabricación con objeto de evitar una competencia desleal con los productos europeos;

54. Recuerda que la estabilidad de la renta de los agricultores condiciona su capacidad para invertir en tecnologías verdes, en medidas para mitigar el cambio climático y en fuentes de energía renovables, así como en medidas de protección del medio ambiente que favorezcan una agricultura sostenible; recuerda asimismo que se exige a los agricultores el cumplimiento de elevados estándares medioambientales, y que estas exigencias se reforzarán aún más con la Política Agrícola Común posterior a 2013;

55. Considera esencial optimizar y racionalizar la organización de la cadena de suministro de alimentos a fin de reducir el impacto sobre el medio ambiente del transporte (los kilómetros que recorren los alimentos) y fomentar la comercialización de productos alimenticios locales;

56. Subraya que la inversión en instalaciones para la conservación y el envasado de los productos agrícolas podría representar una importante contribución para garantizar unos precios justos para esos productos;

57. Subraya la necesidad de garantizar el desarrollo sostenible de la economía rural fomentando la transformación de los productos agrícolas en las explotaciones, así como las actividades no agrícolas, con el fin de aumentar el número de puestos de trabajo y de generar ingresos adicionales;

58. Pide a la Comisión que apoye las iniciativas locales y regionales de comercialización de alimentos y que no las grave con regulaciones y trámites burocráticos excesivos, pues contribuyen de manera significativa a la generación de valor añadido por las explotaciones agrícolas;

Autoabastecimiento, restauración colectiva y desperdicio de alimentos

59. Pide a la Comisión que preste la debida atención, cuando revise las normas de la UE, a los productores locales de alimentos, así como a la producción de subsistencia;

60. Pide a la Comisión que examine las posibilidades de modificación de las normas relativas a la contratación pública de servicios de restauración colectiva, con el fin de reforzar las prácticas agrícolas sostenibles y el bienestar de los animales, y favorecer los alimentos de temporada y la producción local;

61. Considera que la contratación pública, por ejemplo, en el marco de los programas específicos para los productos lácteos y las frutas y hortalizas que se desarrollan en las escuelas, debe garantizar el acceso de los pequeños productores locales y de las agrupaciones locales de productores;

62. Considera que se deben adoptar medidas para promover los mercados agrícolas gestionados directamente por los agricultores, la creación de centros de comercialización para que los productores puedan ofrecer directamente sus productos a los consumidores, y la introducción de programas para fomentar la venta de productos en mercados locales;

63. Insta a la Comisión a que analice en un informe al Parlamento Europeo y al Consejo el enorme desperdicio de alimentos que se produce en la cadena de suministro, con pérdidas que en la mayoría de los Estados miembros alcanzan hasta el 30 % de los alimentos producidos, y que tome medidas a través de una campaña de sensibilización sobre el valor esencial de los alimentos;

64. Resalta la importancia de desarrollar programas alimentarios para los ciudadanos de la UE que los necesitan, como las personas más desfavorecidas, las personas de edad avanzada y los jóvenes;

65. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

• [1]  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/high_level_group_2008/documents_hlg/final_recommendations_hlg_17_03_09_en.pdf
• [2]  Textos aprobados, P6_TA(2009)0191.
• [3]  Textos aprobados, P6_TA(2008)0054.
• [4]  http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/113636.pdf
• [5]  Introducción, COM (2009)0591.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los objetivos centrales de la Política Agrícola Común era y sigue siendo el de garantizar ingresos justos a los agricultores. Pero, en comparación con otros objetivos como el aumento de la productividad y de la competitividad a nivel mundial de la industria alimentaria europea, parece que el objetivo de una renta justa para los agricultores no ocupa un lugar muy destacado en el programa de la Comisión:

La Comisión ha informado al Parlamento Europeo y al Consejo acerca de graves problemas que obstaculizan el adecuado funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en Europa. Estos problemas se han puesto de manifiesto debido a la dramática volatilidad de los precios en lo sectores agrícola y alimentario. Al parecer, estos problemas están estrechamente relacionados con el aumento de la concentración en los sectores de la transformación, los mayoristas, los minoristas y las cadenas de supermercados, su creciente poder en los mercados y las diversas prácticas derivadas del abuso de la posición dominante del comprador en la cadena de suministro de alimentos.

La Comisión también apunta a una serie de prácticas desleales en la contratación, a la restricción del acceso al mercado y a las tarifas abusivas que se imponen a los productores por introducir sus productos alimentarios en el sector minorista. Por otro lado, la Comunicación plantea la cuestión de por qué los precios que se pagan al agricultor sufren una caída en casi todos los sectores mientras que los precios de venta de los productos finales al consumidor permanecen estables o al alza. No obstante, la información sobre los márgenes de beneficios del sector es difícil de obtener.

En respuesta a estos problemas, la Comisión propone una mayor transparencia de los precios a lo largo de la cadena de suministro de alimentos, con el fin de aumentar la competencia y luchar contra la volatilidad de los precios, así como establecer un mejor flujo de la información entre los participantes en el mercado sobre la oferta, la demanda, los precios y la contratación. Sin embargo, la información disponible actualmente en los Estados miembros o a nivel de la UE sobre la fijación de los precios en las fases de transformación y comercialización es muy escasa.

El presente informe incluye propuestas recogidas a partir de un documento de trabajo preparado por el ponente para invitar a todas las partes interesadas a que expresasen sus puntos de vista sobre cuestiones clave, con vistas a lograr un mejor funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos y una renta justa para los agricultores. La propuesta de resolución recoge muchas de estas propuestas, con el fin de profundizar la reflexión sobre las posibles soluciones y pedir a la Comisión y al Consejo que actúen urgentemente.

1. Transparencia

La Comisión sugiere medidas para aumentar la transparencia de los precios en el sector de la alimentación. Dichas medidas consisten principalmente en mejorar la transparencia de los mercados de derivados en el sector de los productos básicos agrícolas con el fin de controlar la especulación excesiva y la inestabilidad de los precios de los productos básicos agrícolas. Asimismo, la Comisión propone un instrumento europeo de supervisión de los precios de los alimentos y servicios de comparación de los precios de los alimentos en el comercio minorista de fácil acceso.

No obstante, estas propuestas no incluyen medidas que puedan aumentar la transparencia en torno a la distribución del valor añadido y de los márgenes de beneficios entre los diferentes sectores de la cadena de suministro de alimentos y dentro de los mismos; información que revele los verdaderos costes de producción de los agricultores en lugar de los precios que ofrecen los compradores y sus consecuencias para las prácticas de producción, la calidad de los productos alimentarios y la reestructuración del sector, así como las repercusiones negativas para el medio ambiente y otros factores externos comparables; o información sobre la influencia del excedente estructural de la producción debido a ciertas políticas sobre las proporciones de la oferta y la consiguiente reducción de los precios que se pagan a los productores.

2. Competencia

La Comisión propone medidas para mejorar la competencia en la cadena europea de suministro de alimentos,

principalmente mediante el fomento de una mayor integración de la industria alimentaria dentro del mercado interior, y la eliminación de las restricciones territoriales al suministro que se oponen a los principios del mercado interior. Asimismo, la Comisión examina determinadas normas medioambientales y de regímenes de etiquetado del origen que pueden obstaculizar el comercio transfronterizo y propone frenar el desarrollo de regímenes nacionales y regionales de etiquetado de origen y sustituirlos por un nuevo marco para las indicaciones geográficas, las normas de comercialización y los regímenes de certificación en el contexto de su política de calidad.

Sin embargo, el ponente lamenta que no se tengan en cuenta las grandes diferencias existentes entre las diversas empresas pequeñas, medianas y grandes que participan en la cadena de suministro de alimentos por lo que se refiere a su estructura territorial, tamaño, nivel de especialización, capacidad de empleo y acceso a subvenciones públicas; el extremado desequilibrio reinante con respecto al poder de negociación de los agricultores frente a los transformadores, mayoristas y minoristas, que ha provocado prácticas de negociación abusivas y comportamientos contrarios a la competencia; la falta de ambición y de eficacia de las autoridades nacionales y europeas de competencia para hacer frente a estos desequilibrios y tomar las medidas adecuadas, y la continua «guerra de precios» entre las cadenas de supermercados de casi todos los Estados miembros.

3. Reestructuración de la agricultura y de la cadena de suministro de alimentos

La Comisión sugiere medidas para reestructurar el sector agrícola y las cadenas de suministro de alimentos e impulsar la creación de organizaciones de productores agrícolas. Por ejemplo, la Comisión propone centrarse en el sector de la lecha y los productos lácteos, olvidando gran número de productos alimenticios muy transformados que forman la mayor parte del consumo de los hogares. También prevé la creación de un nuevo Grupo de Alto Nivel con el fin de mejorar la competitividad del sector agroalimentario, en particular de las PYME, y de fomentar la innovación y las exportaciones en el sector.

Sin embargo, la propuesta no tiene en cuenta la gran diversidad de estructuras agrícolas y de tamaño de las explotaciones, ni sus vínculos con los mercados locales, regionales, nacionales o internacionales, la gran diversidad de industrias de transformación y los distintos niveles de competitividad existentes con respecto a los mercados y las cadenas de suministro en que se encuentran integradas; la diversidad de minoristas locales independientes, mercados, cadenas alimentarias locales y sistemas alimentarios de semisubsistencia que no dependen de la evolución del mercado; la fuerte dependencia de insumos externos, a menudo importados, ni la vulnerabilidad de los productores agroindustriales intensivos en la cadena de suministro de alimentos que, según la Comisión, son los productores más competitivos en el mercado mundial, la rápida desaparición de pequeñas y medianas empresas, minoristas y establecimientos, sobre todo en las zonas rurales desfavorecidas; ni el conflicto existente entre las normas europeas en materia de competencia y la intención expresa de la Comisión de mejorar el poder de negociación de las organizaciones de productores de forma que puedan lograr un precio justo por su producción.

4. Abuso del poder de negociación y contratación

La Comisión considera que es necesario actuar para eliminar las prácticas contractuales desleales entre los operadores comerciales a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos. Señala prácticas como los pagos atrasados y la morosidad, las modificaciones unilaterales de los contratos, los pagos por adelantado en calidad de derechos de participación en supermercados y muchas más.

No obstante, las propuestas para hacer frente a estas prácticas se limitan al intercambio de buenas prácticas, la organización de campañas de sensibilización y la elaboración de modelos de contrato voluntarios. Las propuestas tampoco incluyen medidas contra las prácticas que imponen precios bajos al agricultor mediante requisitos de volumen elevado y «márgenes negativos» (precios exclusivos para un comprador); medidas que establezcan unas tarifas máximas de inclusión en los listados de productos y medidas contra las amenazas de retirada de los mismos; medidas contra la exclusión de suministros, las tarifas abusivas de envasado, las comisiones de comercialización, los descuentos posventa y los pagos retroactivos; medidas contra los retrasos injustificados de los pagos, que constituye una práctica común en casi todas las cadenas de minoristas, ni contra los aportes extraordinarios que se exigen a los productores sobre las comisiones de comercialización para cubrir los gastos derivados de las deficiencias del mercado; ni medidas para mejorar los conocimientos de los productores y los consumidores sobre la fijación de los precios a lo largo de la cadena de suministro de alimentos y medidas para controlar la concentración de agrupaciones y consorcios de minoristas a escala europea.

5. Reventa a pérdida

Dentro de las prácticas contrarias a la competencia, la Comisión no hace mención específica a las prácticas de reventa a pérdida, que se encuentran muy extendidas en toda Europa. No obstante, la Comisión señala un considerable número de cárteles y casos de imposición de precios de reventa, acuerdos de actividades de comercialización y de venta conjuntas (alianzas de compra), acuerdos de vinculación y agrupación, y el creciente uso de productos de marca blanca.

No obstante, la Comunicación no incluye datos o análisis sobre prácticas de reventa a pérdida que recopilen casos como el del «cártel de la pasta» en Italia o casos similares en Francia, Alemania, Irlanda y los nuevos Estados miembros; un tipo de propuestas que tuvieran en cuenta las experiencias de diversos Estados miembros con respecto a la aplicación de leyes nacionales contra las prácticas de reventa a pérdida podrían aumentar la eficacia de la legislación de la UE vigente en materia de competencia por lo que se refiere a la prevención y eliminación de estas prácticas.

Además, el trabajo del Observatorio europeo de precios y márgenes agrícolas podría llevar a la definición de un precio mínimo que cubriera los costes de producción y garantizase ingresos justos a los agricultores. Este precio serviría como referencia durante las negociaciones entre las organizaciones de productores y los siguientes eslabones de la cadena de suministro de alimentos, con el fin de prohibir la venta a pérdida por parte de los agricultores.

6. Mejora de la calidad de los alimentos y sostenibilidad de los sistemas alimentarios

La Comunicación, por otra parte, tampoco ha tenido suficientemente en cuenta las relaciones relevantes entre el tamaño de las explotaciones y los precios a la producción, las diferencias en el grado de dependencia de las explotaciones de insumos externos (energía, piensos, etc.), la sostenibilidad de las prácticas agrícolas con respecto a los nuevos retos como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad que ya se mencionan en el «chequeo» de la PAC y en la estrategia económica UE 2020; la relevancia de las normas de higiene de la UE en relación con la comercialización local o en mercados distantes y el carácter perecedero de los productos, ni los diversos criterios de calidad de los alimentos distintos de la seguridad alimentaria.

Entre los medios para mejorar las cadenas de suministro de alimentos se encuentran la diferenciación y la revisión de las normas de higiene, la descentralización y simplificación de los sistemas de certificación y control; el fomento de relaciones directas entre los productores y los consumidores y el acortamiento de las cadenas de suministro, cuyos beneficios para la sostenibilidad se han documentado en varios proyectos de investigación comunitarios, así como la participación de los productores y los consumidores en la elaboración de criterios de calidad y de comercio justo.

7. Autoabastecimiento, cadenas públicas de suministro de alimentos, restauración colectiva y restos de alimentos

La Comunicación no tiene en cuenta las siguientes prácticas:

–  las cadenas de suministro de alimentos que no se encuentran totalmente integradas en la economía de mercado, como por ejemplo, la producción de subsistencia o semisubsistencia, que aún representa una parte importante del suministro de productos alimentarios en muchos Estados miembros, sobre todo en el sector de la fruta y las hortalizas;

–  los servicios de restauración públicos y privados (incluidos los comedores y restaurantes), que poseen sus propias demandas, estructuras de precios y normas de competencia específicas;

–  los criterios de sostenibilidad medioambiental por lo que respecta a las prácticas de aprovisionamiento de alimentos (restauración colectiva) como medio para mejorar la calidad de los mismos e impulsar el desarrollo económico local, al tiempo que se reducen la distancia recorrida por los productos y la dependencia de sustancias agroquímicas;

–  las pérdidas extremadamente elevadas de productos a lo largo de la cadena de suministro, que en la mayoría de los Estados miembros representan hasta el 30 % de los alimentos producidos y comercializados;

–  la gran importancia del Programa Europeo de Ayuda Alimentaria en la cadena de suministro de productos alimenticios, ya que proporciona alimento a 43 millones de personas pobres en Europa, y la revisión a la que debe someterse con el fin de mejorar el vínculo entre los productores locales y los consumidores de los alimentos.

8. Especulación

Por último, el ponente pide que se tomen medidas adecuadas para luchar contra la especulación con los alimentos.

OPINIÓN de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (4.6.2010)

para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

sobre ingresos equitativos para los agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa
(2009/2237(INI))Ponente de opinión: Esther Herranz García

SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Acoge con agrado la Comunicación de la Comisión Europea, de 28 de octubre de 2009, titulada «Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa» (COM(2009)0591), pues reconoce la existencia de fuertes desequilibrios de poder entre los distintos operadores, pero considera insuficientes las medidas sugeridas en la citada comunicación para hacer frente a esa problemática;

2.  Lamenta que no exista una correlación entre los elevados precios al consumo y los precios recibidos por los agricultores europeos, y destaca la necesidad de alcanzar un reparto más equitativo del valor añadido entre los distintos eslabones de la cadena, desde los mercados que preceden a la producción agraria hasta los consumidores al final de la cadena alimentaria;

3.  Pide un debate de mayor amplitud en el que se tenga más en cuenta la interrelación entre los precios y la calidad, y considera que los consumidores deberían recibir información, entre otros aspectos, sobre los métodos de cría y de cultivo, a través, por ejemplo, de los sitios web de los productores o de ordenadores instalados en los comercios;

4.  Pide la puesta en marcha de una estrategia europea para mejorar el poder de negociación de los eslabones más débiles de la cadena, en especial el sector primario; considera necesario, entre otras medidas, modificar la legislación de la UE en materia de competencia y armonizar las pautas de actuación de las autoridades nacionales de la competencia, teniendo en cuenta las especificidades del sector agrario.

5.  Constata que los desequilibrios de poder representan un fuerte desincentivo para el mantenimiento de la actividad agrícola en la Unión Europea; destaca la necesidad de potenciar las medidas comunitarias enfocadas a la concentración de la oferta en los distintos sectores productivos, mediante un mayor fomento de las agrupaciones de productores, con el fin de mejorar su poder de negociación frente al resto de eslabones de la cadena alimentaria;

6.  Insta a la Comisión a que estudie las consecuencias en los diferentes Estados miembros de situaciones caracterizadas por la fuerte penetración en el mercado de una sola cadena minorista; insta asimismo a la Comisión a que examine la oportunidad de fijar un límite máximo adecuado de penetración en el mercado;

7.  Aboga por la concesión de ayudas a la creación y el funcionamiento de sistemas nacionales que permitan seguir el proceso de fijación y evolución de los precios en el sector minorista y en las grandes superficies;

8.  Exige una catalogación de las prácticas abusivas de mercado, como las ventas a pérdidas o las comisiones de venta, y su prohibición expresa por parte de la Unión Europea; pide el establecimiento de un listado público de las empresas incumplidoras y la puesta en marcha de un régimen sancionador.

9.  Censura la manipulación de precios y la formación de carteles por los sectores de la gran distribución; pide medidas urgentes para poner fin a tales situaciones y volver a hacer transparente el proceso de fijación de los precios de los productos alimenticios al consumidor;

10. Hace especial hincapié en la necesidad de reforzar la legislación europea sobre morosidad en los pagos a los proveedores, tanto para los contratos realizados con entidades públicas como con socios privados; solicita asimismo la introducción a nivel europeo de medidas para evitar prácticas de competitividad injustas en la comercialización de marcas blancas por parte de los establecimientos de distribución;

11. Destaca la necesidad de promover una mejora del valor añadido de las producciones agroalimentarias europeas y de lanzar campañas de información a los consumidores sobre los esfuerzos realizados por los agricultores y la industria en materia medioambiental, de seguridad alimentaria y de bienestar del ganado;

12. Observa que en algunos Estados miembros se han establecido códigos voluntarios de buenas prácticas y/o se ha nombrado a un defensor del consumidor para el sector alimentario al por menor; pide a la Comisión que examine las experiencias de los Estados miembros con vistas a la posible adopción a escala de la UE de un código de buenas prácticas y/o el nombramiento de un defensor del consumidor en el sector alimentario al por menor;

13. Considera necesario fomentar una mayor integración de los distintos eslabones de la cadena en organizaciones interprofesionales, el establecimiento de códigos de buenas prácticas y la creación de contratos estándar voluntarios, y que se prevea que, en determinados casos, sobre todo para los productos perecederos, los Estados miembros puedan exigir su obligado cumplimiento;

14. Pide a los Estados miembros el establecimiento de mecanismos de arbitraje que garanticen el cumplimiento de los acuerdos contractuales;

15. Recuerda que la estabilidad de la renta de los agricultores condiciona su capacidad para invertir en tecnologías verdes, en medidas para mitigar el cambio climático y en fuentes de energía renovables, así como en medidas de protección del medio ambiente que favorezcan una agricultura sostenible; recuerda asimismo que se exige a los agricultores el cumplimiento de elevados estándares medioambientales, y que estas exigencias se vigorizarán aún más con la Política Agrícola Común posterior al 2013;

16. Pide a la Comisión que optimice el Instrumento Europeo de Control de Precios y desarrolle un interfaz de uso sencillo, transparente y multilingüe que permita a los consumidores y a las partes interesadas comparar los precios de los productos alimenticios básicos en cada eslabón de la cadena alimentaria, dentro de cada Estado miembro y entre distintos Estados miembros;

17. Considera esencial optimizar la organización de la cadena alimentaria y racionalizarla en mayor medida, a fin de reducir el impacto medioambiental del transporte de alimentos («food miles») y fomentar la comercialización de productos de la tierra.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación	2.6.2010
Resultado de la votación final	+: –: 0:	54 2 0
Miembros presentes en la votación final	János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis
Suplente(s) presente(s) en la votación final	Christofer Fjellner, Gaston Franco, Esther Herranz García, Rovana Plumb, Bart Staes, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská

OPINIÓN de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (15.6.2010)

para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

sobre unos ingresos justos para los agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa
(2009/2237(INI))

Ponente de opinión: Ashley Fox

SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Observa el desequilibrio existente en toda la cadena alimentaria entre los agentes primarios del mercado de insumos, los productores primarios, los transformadores y los detallistas, causado, entre otras cosas, por la falta de eficiencia y coordinación por parte de los productores y por diferencias en la dimensión económica, el poder de mercado y la posición en la cadena; subraya que unas relaciones comerciales equilibradas mejorarán el funcionamiento de la cadena alimentaria y beneficiarán a todos los agentes económicos, incluidos los consumidores y productores;

2.  Pide a los Estados miembros, con ayuda de las autoridades nacionales relevantes, si procede, que estudien los ingresos y la competitividad en la cadena de suministro alimentario, así como los mercados y las limitaciones específicas de cada sector importante de la cadena, y elaboren propuestas que alienten la consolidación de las organizaciones representativas de los intereses de los productores, a fin de mejorar su organización y su eficacia en las negociaciones comerciales, apoyar la formación de los agricultores en el ámbito de la planificación estratégica y alentarles a invertir hacia arriba en la cadena de suministro, de manera que puedan beneficiarse del valor añadido de sus productos;

3.  Pide a la Comisión que, en su análisis de los problemas de la cadena de suministro alimentario, incluya los efectos de los nuevos agentes de la cadena especializados en las formas modernas de restauración, en particular el sector de restauración colectiva; pide a la Comisión que establezca las cuotas de mercado en la Unión Europea de estos nuevos agentes y estudie las diferencias de comportamiento en los mercados entre estos agentes y los agentes tradicionales de la cadena; pide a la Comisión que publique un informe y, en caso necesario, proponga medidas para favorecer un mayor respeto, por este sector, de las normas europeas de competencia y las buenas prácticas comerciales y contractuales;

4.  Considera que la reacción asimétrica observada entre la evolución de los precios de los productos básicos y la de los precios al consumo de los productos alimentarios constituye un signo del desequilibrio de la cadena de suministro alimentario que tiene repercusiones negativas, en el sentido de que, por ejemplo, impide que los consumidores se beneficien de unos precios más bajos; subraya que una mayor transparencia a lo largo de la cadena es esencial para impulsar la competencia y mejorar la resistencia frente a la volatilidad de los precios; destaca la necesidad de facilitar un mejor acceso de los productores y las PYME a los mercados;

5.  Pide a la Comisión que refuerce los medios de intervención de la Unión Europea para reducir la volatilidad de los precios en el mercado agroalimentario;

6.  Observa que el aumento de los precios al consumo de los alimentos ejerce presión sobre las rentas familiares, principalmente sobre los hogares más vulnerables, que gastan una proporción considerablemente mayor de sus ingresos en alimentos; reconoce el importante papel que desempeña la competencia entre los diferentes agentes en la cadena de suministro alimentario al ofrecer a todos los consumidores, especialmente a los más vulnerables, posibilidades de elección y precios más bajos, y destaca que las reformas de la cadena de suministro alimentario no deben restringir la competencia ni perjudicar a los consumidores;

7.  Subraya la importancia de la revisión del Programa europeo de la PAC de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, con el fin de ofrecer apoyo, en toda la cadena de suministro alimentario, a los ciudadanos más pobres de la Unión Europea;

8.  Observa que la segunda edición del Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo demuestra que los consumidores están satisfechos con los servicios de los minoristas del sector de la alimentación, pero pone de manifiesto su insatisfacción en relación con la comparabilidad de los precios de los alimentos; también observa con satisfacción la primera edición del instrumento europeo de supervisión de los precios de los alimentos publicada por la Comisión, así como las iniciativas similares tomadas por los Estados miembros para permitir ingresos justos a lo largo de la cadena de suministro con un análisis de los costes, procesos, valor añadido, precios y márgenes en todas las secciones de la cadena de suministro alimentario, en consonancia con la legislación en materia de competencia y la confidencialidad comercial con el fin de proporcionar la transparencia de los precios para los consumidores;

9.  Pide a los Estados miembros que, para lograr precios justos, refuercen la capacidad de gestión y de negociación de los productores, y de las organizaciones de productores, frente a otros operadores económicos en la cadena de suministro y que alienten la formación de organizaciones que refuercen los vínculos entre las diversas partes interesadas en el seno de los diferentes sectores, siempre que no obstaculicen el adecuado funcionamiento del mercado único;

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que doten a las relaciones contractuales de una mayor seguridad en toda la cadena de suministro alimentario, de manera que todos los agentes puedan beneficiarse plenamente del mercado único a la vez que conservan su libertad contractual, proponiendo códigos voluntarios de buenas prácticas contractuales, a nivel europeo siempre que sea posible, y detectando y prohibiendo las prácticas contractuales desleales; también subraya la importancia de reducir los plazos de los pagos a lo largo de la cadena de suministro alimentario en el marco de la revisión en curso de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; pide a la Comisión que prepare contratos estándar facultativos por escrito para el sector agroalimentario;

11. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de ampliar el mandato y la composición del Grupo de Alto Nivel sobre la competitividad de la industria agroalimentaria; pide a la Comisión que invite a participar a las partes interesadas, incluyendo las asociaciones de consumidores, y solicita que las diferentes plataformas del foro promuevan el intercambio de información y de mejores prácticas en toda la Unión Europea; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en este contexto, establezcan códigos europeos voluntarios de buenas prácticas comerciales para todos los agentes de la cadena alimentaria;

12. Alienta la designación en todos los Estados miembros de mediadores para arbitrar los conflictos entre todos los agentes económicos, examinar las quejas y formular recomendaciones sobre la mejor manera de respetar la legislación y los códigos voluntarios; alienta a dichos mediadores nacionales a que intercambien las mejores prácticas y coordinen sus acciones;

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que detecten y evalúen las prácticas comerciales desleales que perturban el funcionamiento del mercado interior y, cuando sea necesario, corrijan y combatan las prácticas comerciales y contractuales desleales, así como los abusos de posición dominante; subraya que un mejor conocimiento de los derechos contractuales contribuirá a evitar tales prácticas; pide que se organice una campaña de información para informar a todos los agentes de la cadena alimentaria, especialmente a los agricultores, de sus derechos y de las prácticas comerciales desleales más frecuentes;

14. Considera fundamental que los consumidores tengan acceso a una información clara en el etiquetado que permita identificar el origen de los alimentos no procesados y distinguir los productos locales y tradicionales, y destaca que estos sistemas de etiquetado no deben restringir la libre circulación de mercancías en el mercado interior;

15. Reconoce la importancia que tienen las marcas propias de los minoristas en la mejora de la competencia y en ofrecer a los consumidores una mayor oferta y precios más bajos;

16. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto sobre los beneficios de un mejor marco jurídico que cubra las etiquetas de calidad y distribución privadas, a fin de evitar su multiplicación y ofrecer a los consumidores una mayor transparencia y a los productores un mejor acceso a los mercados;

17. Pide a los Estados miembros que, si procede, refuercen la capacidad de acción de sus autoridades nacionales de competencia estableciendo mecanismos simples para la recogida de pruebas en relación con distorsiones de la competencia debidas a prácticas contractuales desleales;

18. Pide a las autoridades de competencia que, si procede, investiguen y, en su caso, tomen medidas contra las prácticas contrarias a la competencia entre todos los agentes de la cadena de suministro alimentario;

19. Pide a la Comisión que aclare, para los compradores públicos presentes en la cadena de suministro alimentario, la aplicación de los criterios medioambientales y sociales de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios[1], y los complete con criterios que favorezcan la innovación, en particular para alentar: a) el comercio justo para los productores y las compras de proximidad, b) una agricultura europea sostenible, c) la selección de la oferta económica más ventajosa y no la oferta más barata, y d) un regreso de la inversión de carácter innovador en las granjas europeas; pide a la Comisión que incluya estas propuestas en la comunicación interpretativa anunciada relativa al marco jurídico, a fin de ayudar a los poderes adjudicadores a tener en cuenta en mayor medida los objetivos de promoción de la innovación, el desarrollo sostenible y la lucha contra la exclusión social;

20. Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para prevenir la discriminación de que son objeto las PYME europeas del sector agroalimentario en los mercados internacionales; pide en particular a la Comisión que proponga una medida que permita a los poderes adjudicadores de la Unión Europea facilitar el acceso de las PYME europeas a la cadena de suministro alimentario en la adjudicación de contratos públicos, de acuerdo con el modelo de medidas ya aplicadas por ciertas partes del Acuerdo de Contratación Pública de la OMC.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación	3.6.2010
Resultado de la votación final	+: –: 0:	36 0 0
Miembros presentes en la votación final	Pablo Arias Echeverría, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler
Suplentes presentes en la votación final	Ashley Fox, Anna Hedh, Constance Le Grip, George Lyon, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, María Muñiz De Urquiza, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Wim van de Camp

• [1]  DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación	28.6.2010
Resultado de la votación final	+: –: 0:	32 4 2
Miembros presentes en la votación final	John Stuart Agnew, Liam Aylward, Christophe Béchu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Albert Deß, Diane Dodds, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Miguel Angel Martínez Martínez, Gabriel Mato Adrover, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella
Suplente(s) presente(s) en la votación final	Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Bas Eickhout, Jill Evans, Marian Harkin, Sandra Kalniete, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Christel Schaldemose, Robert Sturdy, Milan Zver
Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final	Tadeusz Cymański