INFORME sobre la Comunicación de la Comisión: Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano

6.7.2010 - (2009/2151(INI))

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Ponente: João Ferreira

Procedimiento : 2009/2151(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento :  
A7-0227/2010
Textos presentados :
A7-0227/2010
Textos aprobados :

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Comunicación de la Comisión: Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano

(2009/2151(INI))

El Parlamento Europeo,

–     Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2009, titulada «Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano»[1] y la correspondiente evaluación de impacto[2]; y visto el documento de trabajo de la Comisión, de 14 de diciembre de 2007, sobre el refuerzo de los sistemas de alerta rápida en Europa[3],

–     Vistas las Resoluciones, de 16 de septiembre de 2009 sobre los incendios forestales del verano de 2009[4]; de 4 de septiembre de 2007 sobre catástrofes naturales[5]; de 7 de septiembre de 2006 sobre incendios forestales e inundaciones[6]; de 5 de septiembre de 2002 sobre inundaciones en Europa[7]; de 14 de abril de 2005 sobre la sequía en Portugal[8]; de 12 de mayo de 2005 sobre la sequía en España[9]; de 8 de septiembre de 2005 sobre catástrofes naturales (incendios e inundaciones) en Europa[10]; sus Resoluciones de 18 de mayo de 2006 sobre catástrofes naturales (incendios forestales, sequías e inundaciones) —aspectos agrícolas[11], aspectos del desarrollo regional[12] y aspectos del medio ambiente[13]—, de 11 de marzo de 2010 sobre las graves catástrofes naturales acaecidas en la Región Autónoma de Madeira y los efectos del temporal «Xynthia» en Europa[14]; y vistas sus Resoluciones legislativas de 18 de mayo de 2006 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea[15],

–     Vistas las conclusiones del Consejo del 16 de junio de 2008 sobre el refuerzo de las capacidades de respuesta a desastres en la Unión Europea[16]; y vistos los puntos 12 a 15 de las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 15 y 16 de junio de 2006 sobre la capacidad de respuesta de la Unión Europea frente a emergencias, crisis y desastres[17],

–     Vista la Decisión 2007/162/CE, Euratom, de 5 de marzo de 2007, por la que establece un Instrumento Financiero de Protección Civil[18],

–     Vista la Directiva 1996/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Directiva Seveso II)[19],

–     Vista la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (Directiva sobre inundaciones)[20],

–     Vista la Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva de EIA)[21],

–     Visto el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, aprobado el 22 de enero de 2005 en Kobe[22],

–     Visto el Convenio sobre la diversidad biológica, aprobado el 5 de junio1992 en Río de Janeiro,

–     Visto el artículo 196 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–     Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–     Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y las opiniones de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0227/2010),

A.  Considerando que la prevención deberá representar una parte cada vez más importante en el ciclo de gestión de catástrofes, adquiriendo una creciente relevancia social,

B.   Considerando que las catástrofes naturales ponen en peligro los ecosistemas y la diversidad, afectan al desarrollo sostenible y comprometen la cohesión social,

C.  Considerando que los Estados miembros, y en particular las regiones de convergencia, son más vulnerables a las catástrofes, ya sean naturales o de origen humano, debido a factores como el uso intensivo del suelo, el crecimiento industrial y urbano desordenado, el éxodo rural, la desertización y el incremento de los fenómenos climáticos extremos,

D.  Considerando que los cambios climáticos están en el origen de la frecuencia cada vez mayor de catástrofes naturales (inundaciones, sequías extremas e incendios), ocasionando pérdidas de vidas humanas, así como graves daños ambientales, económicos y sociales,

E.   Considerando que las catástrofes suelen producirse por distintas causas, no siempre atribuibles exclusivamente a los fenómenos naturales extremos, y que suelen venir potenciadas por la relación desequilibrada entre el ser humano y el medio físico que le rodea,

F.   Considerando que las catástrofes pueden ser causadas por accidentes tecnológicos e industriales que pueden conllevar la liberación de agentes químicos, biológicos, radiológicos o nucleares peligrosos (CBRN), con efectos importantes para la salud, los cultivos, las infraestructuras o el ganado,

G.  Considerando que a menudo se podría haber prevenido gran parte de los daños causados por las catástrofes naturales y de origen humano; considerando, además, que las políticas de la UE deben ofrecer incentivos sólidos para que las autoridades nacionales, regionales y locales desarrollen, financien y apliquen medidas de prevención y conservación más eficientes,

H.  Considerando que un planteamiento completo, activo, inteligente y consecuente respecto a la prevención de catástrofes deberá incluir distintos niveles de cooperación entre las autoridades locales, regionales y nacionales,

I.    Considerando que las medidas de prevención de catástrofes en vigor han demostrado ser insuficientes, y que las propuestas anteriores del Parlamento Europeo todavía no se han aplicado plenamente, lo que dificulta la aplicación de una estrategia consolidada de prevención de las catástrofes naturales y de origen humano a escala de la UE,

J.    Considerando que la sequía y los incendios persistentes están acelerando además el proceso de desertización, en especial en el Sur de Europa, afectando sobre todo a las estructuras forestales mediterráneas y a zonas con grandes masas forestales monoespecíficas, no autóctonas y altamente pirófitas, poniendo en peligro la vida de los ciudadanos y la calidad de vida de las poblaciones afectadas,

K.  Considerando que la ocupación/utilización equilibrada de la tierra, el desarrollo económico y social en armonía con la naturaleza, el respeto de los recursos energéticos y naturales y el medio ambiente, la cohesión reforzada en toda la UE, la lucha contra la despoblación rural, la desertización y la erosión del suelo, y el mantenimiento de una actividad agrícola sostenible desde el punto de vista medioambiental son algunos de los elementos fundamentales de la prevención de catástrofes,

L.   Considerando el papel fundamental que desempeñan los bosques para la conservación del medio ambiente, a través de los equilibrios generados tanto en el ciclo del carbono como en el ciclo hidrológico,

1.    Señala que las catástrofes naturales y de origen humano pueden tener consecuencias muy graves para el desarrollo económico y social de las regiones y los Estados miembros; destaca que el objetivo principal de la prevención de catástrofes consiste en proteger la vida humana, la seguridad y la integridad física de las personas, los derechos humanos fundamentales, el medio ambiente, las infraestructuras económicas y sociales, incluidos los servicios públicos básicos, la vivienda, las comunicaciones, el transporte y el patrimonio cultural;

2.    Destaca que un enfoque proactivo es más eficaz y menos costoso que un enfoque meramente basado en la reacción ante las catástrofes; considera que el conocimiento del contexto local, geográfico, económico y social es fundamental para la prevención de catástrofes de origen natural y humano;

3.    Acoge con satisfacción el compromiso asumido por la Comisión de garantizar que las cuestiones relacionadas con la prevención de catástrofes se tendrán en cuenta de forma más coherente en las políticas y programas comunitarios, y subraya la necesidad de un enfoque holístico para la prevención de catástrofes; recuerda que deben tenerse en cuenta todos los tipos de catástrofes naturales y de origen humano, y que ello incluye, entre otros riesgos[23], las inundaciones, tormentas, sequías, tsunamis, terremotos, incendios forestales, temperaturas extremas, erupciones volcánicas, avalanchas, deslizamientos de tierra, accidentes tecnológicos e industriales, erosión del suelo, contaminación del subsuelo y las aguas subterráneas y contaminación de los mares, lagos y ríos;

4.    Invita a la Comisión a que fomente el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros con relación a la prevención de las catástrofes de origen humano e insta a los Estados miembros a que se aseguren de la formación en materia de gestión de catástrofes de las autoridades regionales;

5.    Considera que, debido a la dimensión y/o naturaleza transfronteriza que las catástrofes pueden presentar, resulta pertinente y necesario reforzar la cooperación, tanto a nivel regional como comunitario, basándose en una complementariedad de las acciones, en la difusión de buenas prácticas y en el principio de solidaridad entre Estados miembros;

6.    Toma nota de la propuesta de creación de una red compuesta por representantes de los distintos servicios nacionales competentes de todos los Estados miembros; subraya que dicha red deberá funcionar en el ámbito de la cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales con responsabilidades en el ciclo de gestión de catástrofes, en el ordenamiento del territorio y en la cartografía de riesgos y la gestión de los mismos; destaca el papel de esta red para el intercambio de experiencias y medidas de prevención, así como para el establecimiento de una metodología común y de requisitos mínimos para la elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo a escala de la UE; pide que se incluya en esta red a representantes de la agricultura y que se considere la posibilidad de tener en cuenta la experiencia del PNUMA, de las organizaciones sociales y no gubernamentales que trabajan en este ámbito y de otros actores vinculados y con conocimiento de la tierra;

7.    Considera esencial cooperar tanto en la difusión de información, experiencias, aplicaciones técnicas y científicas, como en la coordinación de las estrategias de desarrollo de las capacidades de intervención;

8.    Pide a las regiones que consoliden las redes de coordinación territorial y transfronteriza ya existentes con objeto de desarrollar una cooperación centrada más específicamente en la prevención de catástrofes; considera que las estructuras de cooperación transfronteriza, como las macrorregiones, con su cooperación de orientación funcional, pueden convertirse en plataformas eficaces para la cooperación en el ámbito de la prevención de catástrofes; aboga por la utilización de la valiosa experiencia adquirida en este campo a través de proyectos ejecutados en el pasado en el marco de la Iniciativa INTERREG;

9.    Considera que las acciones y estrategias coordinadas entre los Estados miembros, los diferentes sectores y los distintos actores involucrados en el ciclo de gestión de las catástrofes pueden conducir a avances reales en materia de prevención de catástrofes; destaca el papel que puede desempeñar el voluntariado en estas estrategias y pide a los Estados miembros que alienten la cooperación con este fin a escala nacional, regional y local; sugiere que, en el contexto del Año Europeo del Voluntariado 2011, se analice la posibilidad de organizar una cooperación en el ámbito del voluntariado a escala de los Estados miembros con miras a la prevención de catástrofes;

10.  Pide la colaboración de los Estados miembros, los países vecinos de la UE y los países en desarrollo en proyectos transfronterizos de difusión de buenas prácticas y conocimientos prácticos por medio de los programas de la política de vecindad de la UE y los programas de desarrollo;

11.  Hace hincapié en que el principio de no discriminación debe incluirse en la prestación de ayuda; señala que la ayuda debe prestarse en función de las necesidades, sin discriminación por razón de raza, color de la piel, sexo, lengua, religión, ideología política u otro tipo de ideología, origen nacional o social, posesiones, nacimiento u otra condición de los beneficiarios;

12.  Señala que los problemas medioambientales causados o exacerbados por el cambio climático producen en la actualidad un aumento de la emigración forzosa; desea, por tanto, destacar la creciente relación ente los solicitantes de asilo y las zonas con problemas producidos por el clima; pide una mayor protección y el reasentamiento para los «refugiados climáticos»;

13.  Subraya que las regiones y las comunidades locales son las que viven y padecen en primera línea las catástrofes naturales y, que, en general, ni sus medios materiales y humanos, ni sus conocimientos y recursos financieros son suficientes para afrontarlas desde un planteamiento meramente nacional y/o regional, sino que requieren una respuesta eficaz y solidaria a escala europea;

14.  Destaca la importancia de reducir las desigualdades entre las regiones y los Estados miembros respecto a la capacidad de protección de sus poblaciones y sus bienes, incluido el patrimonio cultural, mediante la mejora de la prevención en las regiones y Estados miembros que presentan una elevada exposición al riesgo de catástrofes; insta a que se preste especial atención a las regiones más aisladas, más escasamente pobladas, montañosas y fronterizas de Europa, y a las regiones europeas económicamente más desfavorecidas;

15.  Subraya que deberán reconocerse y tenerse en cuenta las características y limitaciones naturales de las regiones aisladas, las regiones montañosas, las regiones con baja densidad de población y las afectadas por la despoblación, las regiones periféricas y ultraperiféricas, las islas, las regiones menos favorecidas, así como las regiones que tienen una combinación de riesgos; señala a la atención las dificultades añadidas con las que se encuentran esas regiones para hacer frente a las catástrofes; pide que se preste especial atención a estas regiones a través de los diversos instrumentos financieros disponibles, y pide la flexibilización de las condiciones para la movilización del Fondo de Solidaridad para dichas regiones;

16.  Defiende la necesidad de revisión del Reglamento del Fondo de Solidaridad, adaptando los criterios de elegibilidad a las características de cada región y catástrofe, incluidos los desastres de evolución lenta como la sequía, prestando especial atención a los sectores productivos, las áreas más vulnerables y las poblaciones afectadas, y procurando que la movilización sea más flexible y oportuna; considera que las operaciones subvencionables enumeradas en el artículo 4 del Fondo Europeo de Solidaridad (FSUE) son demasiado restrictivas; considera que, al establecer límites mínimos de elegibilidad, la consideración de la dimensión regional es vital, ya que de lo contrario las regiones enfrentadas a catástrofes muy graves pueden verse excluidas debido a que no se alcanza el umbral establecido para el conjunto de dicho Estado miembro;

17.  Subraya la necesidad de establecer un marco financiero apropiado para la prevención de catástrofes, con recursos financieros suficientes para prevenir y combatir las catástrofes, que refuerce y articule instrumentos existentes como la política de cohesión, la política de desarrollo rural, la política regional, el Fondo de Solidaridad, el Séptimo Programa Marco y los programas Life+; solicita que en las Perspectivas Financieras 2014-2020, se tenga en cuenta la prevención en este ámbito; pide a la Comisión Europea que evalúe la posibilidad de proponer una puesta en común más sistemática de los recursos disponibles a fin de reforzar la eficacia de los mecanismos de prevención en toda la UE;

18.  Insta a la Comisión a garantizar que las actuales presiones presupuestarias derivadas de la crisis no conlleven una merma de los recursos destinados a las políticas actuales de prevención de catástrofes y que, como parte de la revisión presupuestaria en curso, analice rigurosamente las lagunas existentes en el ámbito de la prevención y determine si los instrumentos disponibles cubren todos los tipos de catástrofe;

19.  Recuerda que la política de cohesión es un instrumento fundamental para la prevención del riesgo de catástrofes naturales; considera que los distintos fondos e instrumentos deben poder funcionar de forma flexible y coordinada, con el fin de mejorar la operatividad y la eficacia de esta política; insiste en que la prevención de riesgos debe coordinarse también con otras políticas relacionadas con el ámbito de la prevención, para evitar la fragmentación de las medidas y aumentar así su eficacia y valor añadido;

20.  Reafirma la necesidad de controlar que los fondos comunitarios se utilicen correctamente y de recuperar los que han sido mal utilizados;

21.  Hace hincapié en que la prevención de catástrofes es primordialmente competencia de los Estados miembros y que en este ámbito se debe seguir aplicando el principio de subsidiariedad;

22.  Pide a los Estados miembros responsables de la ordenación territorial que establezcan criterios y disposiciones legales para prevenir catástrofes en las zonas de riesgo de inundaciones y corrimientos de tierras y otros riesgos geológicos, teniendo en cuenta los problemas generados por la deforestación indiscriminada, y asimismo que impidan la construcción en dichas zonas;

23.  Pide a los Estados miembros que evalúen la posibilidad de mejorar la integración de la prevención de catástrofes en los programas operativos nacionales de financiación comunitaria, así como en los programas operativos a nivel nacional, regional y local; considera que todos los actores públicos implicados en la protección del medio ambiente deben comprometerse y participar efectivamente en este proceso; insta a la Comisión a financiar las necesidades de revisión de los programas operativos identificados por los Estados miembros en este ámbito; pide a la Comisión que, con el fin de intercambiar experiencias, solicite a los Estados miembros que faciliten detalles de sus programas operativos para hacer frente a las catástrofes naturales y de origen humano;

24.  Considera que la UE debe dar prioridad al apoyo a los Estados miembros para que apliquen, entre otras, las siguientes medidas de prevención:

a)    Elaboración y revisión de normativas de seguridad para la construcción y la utilización del suelo;

b)    Corrección de las situaciones que pueden producir riesgos: renaturalización de los lechos de los ríos; recuperación y protección de las cuencas hidrográficas, de las zonas húmedas y de los ecosistemas conexos; control de la erosión y de la sedimentación en los cursos hídricos; aumento de la capacidad de los puentes y pasos hidráulicos; limpieza y reordenamiento de las masas boscosas; reforestación; intervenciones de protección o defensa de la franja costera;

c)    Protección o remodelación de las áreas habitadas, sobre todo de las zonas urbanas y, en particular, de aquellas que sean vulnerables a determinado tipo de catástrofes, con la participación de sus habitantes;

d)    Mantenimiento y seguimiento de la seguridad de las grandes infraestructuras existentes, poniendo especial énfasis en presas, conductos de combustibles, puentes ferroviarios y puentes de carretera, instalaciones de suministro de energía y agua, saneamiento, comunicaciones y telecomunicaciones;

e)    Apoyo a la actividad agrícola en las zonas que pierden población y que corren el riesgo de sufrir catástrofes naturales, y contribución a la reintegración de actividades humanas mediante la construcción de infraestructuras destinadas a que las personas que viven en dichas zonas puedan permanecer en ellas;

25.  Exhorta a la Comisión a que apoye a los Estados miembros en la promoción de campañas de información sobre la prevención destinadas al público en general y en la adopción de las mejores prácticas, a través de canales de fácil acceso para todos los ciudadanos sobre los riesgos identificados, así como sobre los procedimientos que deben adoptarse para hacer frente a catástrofes naturales o de origen humano; insta a que, en los programas de formación destinados a la población, se preste especial atención a los jóvenes desde la edad escolar y a las comunidades rurales; en el contexto de la concienciación del público, destaca también el papel de la línea telefónica de urgencia «112» de la Unión Europea y la necesidad de que sea más conocida;

26.  Recuerda que el agua constituye a menudo uno de los agentes que provocan las catástrofes naturales, no sólo debido a las inundaciones —relacionadas muchas veces con una planificación insuficiente—, las heladas, el granizo y la contaminación de las cuencas hídricas, sino también como consecuencia de su escasez, que puede causar importantes transformaciones, como la desertización de extensas regiones del sur y el sudeste de Europa;

27.  Destaca el hecho de que las sequías persistentes han favorecido en los últimos años la multiplicación de incendios forestales en Europa, agravando al mismo tiempo la desertización de un gran número de regiones;

28.  Teniendo en cuenta la interrelación entre los fenómenos de sequía, incendios forestales y desertización, solicita a la Comisión que presente una propuesta de directiva, semejante a la directiva sobre inundaciones, que favorezca la adopción de una política comunitaria en escasez de agua, sequía y adaptación al cambio climático. En este sentido, reitera también la importancia de la creación de un Observatorio Europeo de la Sequía, como centro de conocimiento, atenuación y control de los efectos de la sequía;

29.  Reitera su llamamiento a la Comisión para que aliente la entrada en funcionamiento del Observatorio Europeo de la Sequía y la Desertización, que se encargará de estudiar, mitigar y controlar los efectos de la sequía y la desertización, con objeto de mejorar la toma de decisiones estratégicas y la coordinación entre los Estados miembros; considera que deben tenerse en cuenta las interconexiones entre la sequía, los incendios forestales, la desertización y la adaptación al cambio climático y que deben establecerse unos objetivos serios y basados en la solidaridad, en el contexto de la prevención del riesgo de sequía y de la política de gestión.

30.  Considera que, dado que los bosques son importantes para la producción de madera, el mantenimiento de la biodiversidad, la prevención de las inundaciones, las avalanchas y la erosión, la gestión de los recursos hídricos subterráneos y la captura de carbono, el hecho de que estén amenazados por los incendios debe preocupar a todos los Estados miembros; por tal motivo, pide a la Comisión que presente y aplique, junto con los Estados miembros, propuestas legislativas e iniciativas en el ámbito de la protección forestal y la prevención de incendios; considera que debe apoyarse la forestación y reforestación, dando preferencia a las especies nativas y a los bosques mixtos, para fomentar la biodiversidad y una mayor resistencia al fuego, las tormentas y las enfermedades, así como la recogida y el uso sostenible de la biomasa forestal residual, que constituye una fuente de energía renovable; considera que, en el marco de una verdadera cooperación en este ámbito, es necesario llevar a cabo la recogida regular de datos, la elaboración de mapas de riesgos, la preparación de planes de control del riesgo de incendios, la identificación de los recursos necesarios y de los recursos disponibles en los 27 Estados miembros, así como la coordinación a distintos niveles;

31.  Dado el carácter de delito ecológico de los incendios provocados y el aumento de su frecuencia, pide a la Comisión que estudie y proponga al Consejo y al Parlamento Europeo fórmulas de aplicación de medidas coercitivas que desincentiven las negligencias e intencionalidades en el origen de los incendios;

32.  Destaca la importancia de abordar la prevención con una perspectiva transversal, que se ha de incorporar a las políticas sectoriales correspondientes, para la promoción de una ocupación equilibrada del territorio y un desarrollo económico y social cohesionado y en equilibrio con la naturaleza;

33.  Reconoce que algunas políticas sectoriales conllevan un aumento de la exposición al riesgo en determinadas regiones, la promoción del abandono rural y la concentración excesiva de población en las zonas urbanas;

34.  Considera que la producción agrícola y forestal es vulnerable a fenómenos climáticos como la sequía, las heladas, el hielo, el granizo, los incendios forestales, las inundaciones, las lluvias torrenciales y las tormentas; a riesgos para la salud como las infestaciones por plagas, las epizootias y las epidemias; a los daños producidos por animales salvajes; a las consecuencias de actividades humanas como el cambio climático, la contaminación, la lluvia ácida y la contaminación genética no intencionada o deliberada; a deslizamientos de tierras como consecuencia de problemas relacionados con la planificación urbana y territorial; a riesgos tecnológicos y relacionados con el transporte; a la desertización de zonas montañosas y a incendios forestales debidos fundamentalmente a la falta de mantenimiento de las masas forestales y a comportamientos delictivos, así como a la contaminación de los ríos ocasionada por vertidos químicos de las fábricas, la pérdida de sustancias fertilizantes y la negligencia por parte de los usuarios de los bosques;

35.  Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, que han permitido en algunos Estados miembros reducir a la mitad las aportaciones de fertilizantes de nitrógeno sin reducir por ello los rendimientos agrícolas;

36.  Defiende, como un elemento esencial para la prevención efectiva de las catástrofes naturales, una política agrícola ambiental y socialmente equilibrada que tenga en cuenta la necesidad de apoyar y estimular la producción agrícola sostenible y el desarrollo rural en los distintos países y regiones; propugna un refuerzo real de los incentivos a las funciones agroambientales y agrorrurales, la promoción de la permanencia de la población en las zonas rurales como factor esencial para la conservación de los ecosistemas, a fin de luchar contra la tendencia actual de desertización y empobrecimiento de estas zonas y reducir la presión sobre las zonas urbanas; además, destaca el papel que desempeñan los agricultores como guardianes del campo y lamenta la insuficiencia de elementos clave relativos al sector agrario en la Comunicación de la Comisión;

37.  Aboga por la creación de un régimen público europeo de seguros agrarios; insta a la Comisión a que presente una propuesta para un sistema de seguro público europeo con el fin de abordar mejor el riesgo y la inestabilidad de los ingresos de los agricultores relacionados con las catástrofes naturales y de origen humano; hace hincapié en que dicho sistema debe ser más ambicioso que el actual modelo voluntario, con el fin de impedir la proliferación de diferentes sistemas de seguros en la UE, que ocasionan enormes desequilibrios en las rentas de los agricultores; considera urgente que todos los Estados miembros puedan acceder a un mismo sistema de compensaciones mínimas en caso de catástrofe natural o de origen humano;

38.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan en el cálculo de las primas agroambientales los costes adicionales soportados por los agricultores para la realización de actividades de prevención de incendios (como la limpieza de cortafuegos, la extracción de plantas arbóreas muertas, la labranza del terreno a lo largo del perímetro de las parcelas, etc.) y de eliminación de las aguas (limpieza de los canales generales y de recogida);

39.  Destaca la importancia del estudio de medidas de adaptación —a nivel rural y urbano—, frente al incremento de la frecuencia y magnitud de los fenómenos climáticos extremos en diversas zonas geográficas; considera que los previsibles efectos negativos del cambio climático representan una limitación adicional para la actividad agrícola y la seguridad y soberanía alimentarias, y subraya la necesidad de responder a éste y a otros desafíos en el contexto de la adaptación al cambio climático y la reducción de sus efectos negativos;

40.  Subraya la importancia de la investigación y el desarrollo (I+D) públicos en la prevención y la gestión de catástrofes, e insta al incremento de la coordinación y la cooperación entre las instituciones de I+D de los Estados miembros, en especial aquellos que tienen que hacer frente a este tipo de riesgos; insta a un refuerzo de los sistemas de alerta temprana en los Estados miembros y a la creación y el refuerzo de los vínculos existentes entre los distintos sistemas de alerta temprana; recomienda a la Comisión que tenga en cuenta estas necesidades y su financiación adecuada;

41.  Subraya la necesidad de preparar los sistemas sanitarios de los Estados miembros desde el punto de vista de la estructura de recursos humanos, buenas prácticas y conocimiento de los riesgos, de manera que sean capaces de hacer frente a situaciones catastróficas;

42.  Subraya la importancia de contar con un compendio exhaustivo de datos e información sobre los riesgos y costes de las catástrofes al que se pueda acceder en toda la UE y que permita, de este modo, el intercambio de información entre los Estados miembros en lo que se refiere a las capacidades civiles y los recursos médicos nacionales; subraya, igualmente, que debemos usar y desarrollar las estructuras ya existentes, como el Centro de Control e Información (CCI), en vez de crear nuevas estructuras;

43.  Lamenta que la Comisión no haya realizado aún un estudio sobre las prácticas de cartografía de peligros y riesgos en los Estados miembros de conformidad con lo previsto en su Comunicación de 23 de febrero de 2009 titulada «Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano»; exhorta a la Comisión a que concrete de manera efectiva este compromiso durante el primer semestre de 2010;

44.  Considera que es necesario establecer una metodología común y requisitos mínimos para cartografiar los peligros y riesgos a escala comunitaria;

45.  Subraya la importancia de la elaboración de criterios para analizar y calibrar el impacto socioeconómico de las catástrofes sobre las comunidades;

46.  Recomienda que se proceda a incluir de modo más completo una serie de cuestiones más detalladas relativas a la prevención de catástrofes en la revisión de la Directiva EIA, en particular en lo que se refiere a la evaluación y la comunicación de los riesgos;

47.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los gobiernos de los Estados miembros.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años, los Estados miembros de la UE han sufrido una gran cantidad de catástrofes. A título indicativo, durante los seis primeros años de existencia del Fondo de Solidaridad de la UE, la Comisión recibió 62 solicitudes de ayuda financiera de 21 países[1]. Aproximadamente un tercio de dichas solicitudes se enmarcan dentro de la categoría de «catástrofes de grandes proporciones». Para otras catástrofes no se llegaron a movilizar ayudas del Fondo, a pesar de que los impactos que tales catástrofes tuvieron sobre las poblaciones afectadas, el medio natural y la economía, fueron considerables y, en muchos casos, duraderos.

Normalmente resulta bastante difícil contabilizar los daños, sobre todo cuando se tiene en cuenta la pérdida de vidas humanas. En cualquier caso, los costes económicos y sociales de las catástrofes son muy importantes.

En este contexto, la prevención deberá adquirir una creciente relevancia social, convirtiéndose en una parte cada vez más importante del ciclo de gestión de catástrofes.

Como los Estados miembros son los primeros y principales responsables de la protección de sus ciudadanos y de la prevención de catástrofes, resulta plenamente justificado el aumento de la cooperación en el ámbito de la prevención, así como una mejor coordinación de los esfuerzos y un refuerzo de la solidaridad y ayuda entre Estados.

Con vistas a concretizar este objetivo, se propone una cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales que tengan responsabilidades en el ciclo de gestión de catástrofes, en el ordenamiento del territorio y en la cartografía y gestión de riesgos. Se recomienda crear una red que constituya un foro de intercambio de experiencias y de medidas de prevención, en el que también puedan participar de alguna manera las organizaciones sociales que participen en esta área. Se destaca la importancia que desempeñan las autoridades regionales y locales debido al conocimiento pormenorizado que tienen de las características y condiciones locales.

La incidencia y la magnitud de las catástrofes se deben a multitud de factores, aunque normalmente se ven potenciadas por políticas que generan una relación desequilibrada del ser humano con el medio físico que le rodea. Los Estados miembros son más vulnerables a las catástrofes, ya sean naturales o de origen humano, debido a factores como el uso intensivo del suelo, el crecimiento industrial y urbano desordenado, el éxodo rural, la desertificación y el aumento de fenómenos climáticos extremos. Esta vulnerabilidad, a pesar de ser general, resulta más significativa en las regiones de convergencia. Por este motivo, resulta importante encarar la prevención desde una perspectiva transversal, incluyéndola en las políticas sectoriales relevantes para fomentar una ocupación equilibrada del territorio y un desarrollo económico y social coherente, en armonía con la naturaleza. Por otra parte, hay que reconocer que algunas de estas políticas sectoriales (por ejemplo, la PAC) tendrán como consecuencia un incremento de la exposición al riesgo de determinadas regiones y de sus poblaciones, por lo que resulta importante realizar las correcciones correspondientes.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que las catástrofes tienen tendencia a afectar a las personas que disponen de menos medios para protegerse, así como a sus familiares y bienes.

Resulta pertinente y necesario crear un marco financiero a nivel europeo adecuado para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano. Dicho marco debería reforzar y articular los instrumentos existentes en el ámbito de la política de cohesión, la política regional y la política de desarrollo rural, entre otras. La financiación de la UE deberá privilegiar un conjunto de medidas de prevención que tendrán que aplicar los Estados miembros, y cuyo objetivo general consiste en corregir situaciones que potencialmente produzcan riesgos, proteger las zonas habitadas, supervisar la seguridad de las grandes infraestructuras y elaborar o revisar las normativas de seguridad de construcción y de uso del suelo.

Asimismo, se considera necesaria una mejor integración de la prevención de catástrofes en la programación operativa nacional de la financiación comunitaria. La Comisión deberá apoyar las necesidades de reformulación de los programas operativos identificadas por los Estados miembros en este ámbito. Deberán reconocerse y tenerse en cuenta las características y limitaciones naturales de las regiones poco pobladas y de las regiones ultraperiféricas.

El desarrollo por parte de los Estados miembros de la capacidad de investigación y desarrollo (I+D) en el ámbito de la prevención y la gestión de catástrofes resulta de una importancia crítica. Este desarrollo representa además un ámbito de incremento potencial y deseable de la coordinación y la cooperación entre los Estados miembros, sobre todo de aquellos que tienen que hacer frente a este tipo de riesgos. Se recomienda que se tenga en cuenta esta necesidad y su adecuada financiación. En este ámbito, se considera asimismo importante reforzar los sistemas de alerta temprana en los Estados miembros, así como establecer y reforzar los vínculos existentes entre los distintos sistemas de alerta temprana. Por otro lado, resulta necesario estudiar y desarrollar medidas de adaptación, tanto a nivel rural como a nivel urbano, frente al incremento de los fenómenos climáticos extremos.

Un enfoque comunitario sobre la prevención de catástrofes deberá incluir además como preocupación central la disminución de las diferencias existentes entre regiones y Estados miembros en este ámbito, en concreto ayudando a mejorar la prevención en las regiones y Estados miembros que presenten una elevada exposición al riesgo y tengan menor capacidad económica.

Se llama la atención sobre algunos tipos de catástrofes naturales que se han repetido, sobre todo en las regiones de convergencia, y se propone, respecto al seguimiento de las anteriores resoluciones del Parlamento Europeo, la creación de un Observatorio Europeo de la Sequía, así como una iniciativa específica en el ámbito de la protección de los bosques y de la prevención de incendios.

OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo Regional (28.4.2010)

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

sobre la Comunicación de la Comisión: Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano
(2009/2151(INI))

Ponente de opinión: Viktor Uspaskich

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.   Destaca el papel crucial desempeñado por las autoridades regionales y locales en el ciclo de gestión de catástrofes; cree firmemente que la participación activa de las mencionadas autoridades en la elaboración y aplicación de estrategias de reducción de riesgos y de prevención de catástrofes es el mejor modo de asegurar que se idean las soluciones más efectivas y operativas; destaca asimismo la importancia de consultar y asociar en este proceso a diferentes partes interesadas de los sectores público y privado, inclusive organizaciones de voluntariado;

2.   Destaca que un enfoque proactivo es más eficaz y menos costoso que un enfoque meramente basado en la reacción ante las catástrofes; considera que el conocimiento del contexto local, geográfico, económico y social es fundamental para la prevención de catástrofes de origen natural y humano;

3.   Subraya que son las regiones y las comunidades locales las que viven y padecen en primera línea las catástrofes naturales y, que, en general, ni sus medios materiales y humanos, ni sus conocimientos y recursos financieros son suficientes para afrontarlas desde un planteamiento meramente nacional y/o regional, sino que requieren una respuesta eficaz y solidaria a escala europea;

4.   Opina que solo una estrategia común y acciones coordinadas entre los diferentes sectores y los diferentes actores que participan en el ciclo de gestión de catástrofes pueden conducir a avances reales en el ámbito de la prevención de catástrofes y en la preparación, la respuesta y el proceso de recuperación; destaca el papel que pueden desempeñar las actividades de voluntariado en la estrategia común y propone que estas acciones incluyan un componente de voluntariado; pide a los Estados miembros que fomenten la cooperación a tal fin a escala nacional, regional y local; sugiere que, en el contexto del Año Europeo del Voluntariado 2011, se analice la posibilidad de organizar una cooperación en el ámbito del voluntariado a escala de los Estados miembros con miras a la prevención y gestión de catástrofes;

5.   Defiende una estrategia global para toda la UE con la introducción de un protocolo de actuación uniforme para cada tipo de catástrofe, incluidos los incendios forestales; hace hincapié en que los Estados miembros son los principales responsables de la prevención y gestión de catástrofes; considera que esta estrategia debe garantizar la total solidaridad entre los países y prestar especial atención a las regiones más aisladas, más escasamente pobladas y ultraperiféricas, así como a algunas otras regiones o islas de la Unión Europea que presentan características y necesidades específicas por las condiciones geográficas, topográficas, económicas y sociales en las que viven sus habitantes; subraya, sin embargo, que no existe absolutamente ningún tipo de proyecto para sustituir o debilitar las competencias nacionales existentes en materia de protección civil y prevención de catástrofes a través de las directrices de la UE;

6.   Subraya la importancia de las medidas de sensibilización y de información a los ciudadanos, tanto acerca de la prevención de catástrofes como acerca de su reacción durante y después de las crisis, que es esencial para salvar vidas; pide a la Comisión, por tanto, que desarrolle la evaluación del mecanismo de protección civil y la formación en el marco del programa de protección civil y elabore directrices comunitarias para las diversas calamidades posibles; señala asimismo la necesidad de información adicional relacionada con el número de teléfono único europeo para llamadas de urgencia «112»;

7.   Destaca que los efectos de las catástrofes no se circunscriben a las fronteras formales y administrativas de las regiones y los Estados miembros; considera, por lo tanto, que la determinación de las zonas de riesgo particularmente alto, con la especificación del correspondiente tipo de riesgo, debería ir acompañada de la fijación de objetivos prioritarios y de mecanismos de cooperación en dichos ámbitos; pide a las regiones que consoliden las redes de coordinación territorial y transfronteriza ya existentes con objeto de desarrollar una cooperación centrada más específicamente en la prevención de catástrofes; considera que las estructuras de cooperación transfronteriza, como las macrorregiones, que cooperan sobre una base funcional independiente de las fronteras administrativas, pueden convertirse en plataformas eficaces para la cooperación en el ámbito de la prevención de catástrofes;

8.   Defiende el aprovechamiento de la valiosa experiencia adquirida en dicho sector a través de proyectos ejecutados en el pasado en el marco de la iniciativa comunitaria INTERREG, y considera de vital importancia seguir aprovechando las posibilidades que se ofrecen en el marco del objetivo de la cooperación territorial europea; considera, en este sentido, que la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) puede constituir una importante herramienta para reforzar de forma adicional la cooperación intergubernamental, transfronteriza e interregional, incluso con países no miembros de la UE, y ser un marco estable para el intercambio y la transferencia de conocimientos y mejores prácticas en el ámbito de la prevención de catástrofes, y para la creación de bases de datos comunes y sistemas de alerta rápida entre sus miembros;

9.   Recuerda que la política de cohesión es un instrumento fundamental en la prevención del riesgo de catástrofes naturales; considera que los distintos fondos e instrumentos deben poder funcionar de forma flexible y coordinada, con el fin de mejorar la operatividad y la eficacia de esta política; insiste en que la prevención de riesgos debe coordinarse también con otras políticas relacionadas con el ámbito de la prevención, para evitar la fragmentación de las medidas y aumentar su eficacia y valor añadido;

10. Manifiesta su satisfacción por la propuesta de la Comisión de ampliar la experiencia adquirida en los ejercicios sobre prevención de catástrofes, prestando especial atención a aquellas partes de Europa sometidas a una combinación de riesgos, como inundaciones, ciclones, erupciones volcánicas y terremotos; pide a la Comisión que lleve a cabo un inventario de las fuentes de información, así como la difusión de buenas prácticas en el marco de la gestión de riesgos; apoya la coordinación de las actividades de investigación en este ámbito y considera que deben reforzarse los vínculos entre la detección y los sistemas de alerta temprana;

11. Apoya la iniciativa de la Comisión dirigida a evaluar la posibilidad de mejorar la integración de la prevención de catástrofes en los programas operativos establecidos para el periodo 2007-2013, y pide a los Estados miembros que utilicen los Fondos Estructurales directamente asignados a la prevención de riesgos, de modo que las acciones en este ámbito se adopten sin demora durante el actual periodo de programación; recuerda, no obstante, la necesidad de una acción coordinada a este respecto; sugiere que, en el marco de la estrategia para el próximo período de programación, la Comisión tome en consideración la necesidad de introducir medidas de financiación de la UE para la prevención de catástrofes que cubran todos los ámbitos de acción;

12. Señala que el cambio climático agrava cada vez más las calamidades naturales, entre las que se incluyen inundaciones y catástrofes hidrológicas, para las que resulta esencial una prevención adecuada y bien coordinada, y pide a la Comisión que explore, con motivo de la revisión presupuestaria en curso, todas las posibilidades de mejorar los actuales sistemas de prevención de catástrofes, incluyendo la posibilidad de utilizar los medios actualmente disponibles para la alerta temprana y la observación vía satélite para evaluar los riesgos de sequía y desertificación;

13. Insta a la Comisión a garantizar que las actuales presiones presupuestarias derivadas de la crisis no conlleven una merma de los recursos destinados a las políticas actuales de prevención de catástrofes y que, como parte de la revisión presupuestaria en curso, analice rigurosamente las lagunas existentes en el ámbito de la prevención y determine si los instrumentos disponibles cubren todos los tipos de catástrofe;

14. Insta a la Comisión a no olvidar que una mejor gestión y conservación de los bosques es una de sus prioridades clave en la lucha contra el cambio climático; considera que dotarse de una auténtica política forestal prestaría una importante contribución, no sólo a la lucha contra el cambio climático, sino también a la prevención de las catástrofes naturales;

15. Pide a la Comisión que elabore un plan de acción europeo sobre el intercambio de buenas prácticas en la prevención de catástrofes, así como planes de emergencia coordinados que unan las fuerzas nacionales para la cooperación transfronteriza en caso de emergencia;

16. Opina que la financiación de infraestructuras con cargo a los Fondos Estructurales en los próximos periodos de programación debe estar condicionada a la previa aplicación de medidas específicas conformes con las normas en materia de prevención de catástrofes;

17. Pide a la Comisión que proceda inmediatamente a una nueva propuesta para simplificar aún más las medidas de gestión y reforzar la flexibilidad del Fondo de Solidaridad de la UE.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

27.4.2010

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

37

1

2

Miembros presentes en la votación final

François Alfonsi, Charalampos Angourakis, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Viktor Uspaskich, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Vasilica Viorica Dăncilă, Ivars Godmanis, Catherine Grèze, Veronica Lope Fontagné, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

OPINIÓN de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (17.4.2010)

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

sobre un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano
(2009/2151(INI))

Ponente: Maria do Céu Patrão Neves

SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaría, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la prevención de catástrofes naturales y de origen humano[1]; respalda el punto de vista que sostiene que la prevención de las catástrofes no puede separarse de la intervención; se reafirma en los anteriores trabajos del Parlamento sobre este asunto[2], al tiempo que lamenta que la Comisión no haya presentado todavía propuestas legislativas que respondan a las propuestas del Parlamento; destaca la necesidad de establecer una legislación general, así como directrices y normas mínimas que reflejen un planteamiento integral para la formulación de una política de la UE más eficaz en la gestión de las catástrofes naturales; recuerda que, en su defecto, el Tratado de Lisboa autoriza el recurso a las cooperaciones reforzadas entre Estados miembros y que, por lo tanto, esta cuestión también puede abordarse en este marco;

2.  Solicita a la Comisión Europea que aborde las catástrofes naturales y de origen humano en estrecha vinculación con todas las etapas: prevención, preparación, intervención inmediata y recuperación, todas ellas estrechamente vinculadas a una política de gestión rápida y eficiente; el incremento en la capacidad de respuesta debe tener en cuenta todo tipo de catástrofes (tanto en el interior como en el exterior de la UE, ya sean naturales o de origen humano), y todos los instrumentos de la UE, así como la coordinación internacional;

3.  Defiende una estrategia global para toda la Unión mediante la puesta en marcha de un protocolo de actuación uniforme para cada tipo de catástrofe, garantizando una total solidaridad entre los países para hacer frente a las catástrofes; insta a que en dicha estrategia se preste una atención especial a las regiones europeas más aisladas, las escasamente pobladas, las zonas de montaña y fronterizas y las más desfavorecidas económicamente;

4.  Apoya los elementos clave del enfoque comunitario, si bien estima que son insuficientes para el sector agrícola; considera esencial una prevención de las catástrofes fundamentada en los conocimientos; destaca la necesidad de crear una base en la que, en interés de una vigilancia eficaz, se registren datos económicos y sociales sobre las catástrofes, incluida la cartografía de las zonas de mayor riesgo, así como la conveniencia de formular medidas adaptadas al carácter específico de los riesgos principales en cada región;

5.  Alienta la iniciativa de interconectar a los agentes y las políticas en todo el ciclo de gestión de las catástrofes, al tiempo que destaca los beneficios que reportaría una fuerza de reacción rápida que permitiera mejorar la coordinación y la solidaridad entre los Estados miembros, dado que ningún país dispone de los recursos necesarios y suficientes para afrontar por su cuenta grandes catástrofes naturales; respalda la iniciativa de crear un grupo de partes interesadas y pide que el mecanismo propuesto de gestión de crisis incluya a representantes de la agricultura, con miras, entre otros fines, a convertir en una realidad el principio de multifuncionalidad;

6.   Destaca que los efectos de las catástrofes naturales rebasan las fronteras jurídicas y administrativas de las regiones y los Estados miembros, por lo que la elaboración de mapas de riesgo debe ir acompañada de mecanismos de cooperación territorial amplios e independientes de dichas fronteras y que funcionen a escala macrorregional, con el fin de combatir las catástrofes naturales y de origen humano de forma más eficaz tanto en lo que se refiere a la prevención como a la intervención propiamente dicha.

7.  Pide la colaboración de los Estados miembros, los países vecinos de la UE y los países en desarrollo en proyectos transfronterizos de difusión de buenas prácticas y conocimientos prácticos por medio de los programas de la política de vecindad de la UE y los programas de desarrollo;

8.  Considera que la experiencia reciente y la de los últimos años ponen de relieve la necesidad de seguir reforzando la capacidad de protección civil, prevención, preparación y respuesta de la Comunidad frente a las catástrofes naturales y de origen humano, al tiempo que pide con urgencia a la Comisión que adopte medidas a este respecto con el fin de ofrecer una expresión visible de la solidaridad europea con los países afectados por emergencias graves; apoya las actividades destinadas a mejorar el estado de preparación de los servicios de protección civil de los Estados miembros, en particular mediante intercambios de expertos y mejores prácticas, ejercicios y proyectos relativos a la preparación;

9.  Lamenta profundamente la dimensión y la gravedad de los daños registrados en las últimas catástrofes naturales sufridas por algunos Estados miembros, y considera necesario examinar inmediatamente, a la luz de estos hechos, si las medidas de prevención y de preparación son suficientes, con el fin de extraer las lecciones pertinentes que permitan prevenir y limitar los efectos devastadores de catástrofes similares que los Estados miembros puedan sufrir en el futuro; insta, a este respecto, a la Comisión a que solicite a los Estados miembros que faciliten detalles de los programas operativos que han establecido para afrontar las catástrofes naturales, con miras a intercambiar experiencias y extraer las conclusiones pertinentes en materia de medidas de urgencia, coordinación de los organismos administrativos y operativos y disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios;

10. Solicita a los Estados miembros y a las autoridades locales que favorezcan la concienciación con respecto a la prevención de catástrofes, especialmente en colegios y comunidades rurales;

11. Recuerda que invertir en una gestión sostenible de los ecosistemas y en una gestión ambiental sólida puede generar soluciones rentables que reduzcan la vulnerabilidad de la comunidad frente a las catástrofes; señala que los ecosistemas sanos actúan como amortiguadores naturales frente a situaciones de peligro, y que su instalación y mantenimiento suelen ser menos costosos y con frecuencia más eficaces que las estructuras de ingeniería físicas; señala asimismo que, de acuerdo con el Banco Mundial (2004), invertir en medidas preventivas, incluido el mantenimiento de ecosistemas sanos, supone unos costes siete veces inferiores a los causados por las catástrofes;

12. Destaca la necesidad de contar con la presencia de representantes del sector agrícola en el mecanismo de gestión de catástrofes para una evaluación y solución adaptadas a la realidad de dicho sector, con miras a coordinar con mayor eficiencia los recursos disponibles y a reforzar la política de la UE en términos de capacidades para una respuesta inmediata;

13. Considera que la producción agrícola y forestal es vulnerable a fenómenos climáticos como la sequía, las heladas, el hielo, el granizo, los incendios forestales, las inundaciones, las lluvias torrenciales y las tormentas; a riesgos para la salud como las infestaciones por plagas, las epizootias y las epidemias; a los daños producidos por animales salvajes; a las consecuencias de actividades humanas como el cambio climático, la contaminación, la lluvia ácida y la contaminación genética no intencionada o deliberada; a deslizamientos de tierras como consecuencia de problemas relacionados con la planificación urbana y territorial; a riesgos tecnológicos y relacionados con el transporte; a la desertificación de zonas montañosas y a incendios forestales debidos fundamentalmente a la falta de mantenimiento de las masas forestales y a comportamientos delictivos, así como a la contaminación de los ríos ocasionada por vertidos químicos de las fábricas, la pérdida de sustancias fertilizantes y la negligencia por parte de los usuarios de los bosques;

14. Hace hincapié en que las catástrofes naturales y de origen humano ponen en peligro la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas y provocan el éxodo rural, agravan la erosión y la desertificación, dañan los ecosistemas, suponen un riesgo para la biodiversidad y afectan gravemente la calidad de vida de la población rural que permanece en el campo; considera que las consecuencias son más graves en las zonas con desventajas naturales y sin posibilidades de diversificar la actividad económica, en las que se practica una agricultura de subsistencia o en las que la agricultura es el sector predominante o el único sector de la economía, llevando así a la falta de alimentos, la falta de empleos en las respectivas regiones y la migración de la población hacia zonas urbanas;

15. Destaca el papel que desempeña el agricultor como guardián del paisaje en la Unión Europea, por lo que considera necesario favorecer el mantenimiento de una actividad agrícola en condiciones de viabilidad para frenar el abandono de la producción y la despoblación de las zonas rurales, fenómeno que acentúa, además, el riesgo de incendios forestales;

16.  Recuerda el papel crucial de la agricultura en este contexto, ya que garantiza la existencia de economías rurales y frena la emigración a zonas urbanas, y en la medida en que ofrece buenas condiciones ambientales para la tierra, reduce las emisiones de carbono y contribuye a su retención, mejora el mantenimiento de los suelos, devuelve su estado natural a los sistemas hídricos fluviales y costeros y fomenta la recuperación de los espacios naturales;

17. Recuerda que, por medio de la fotosíntesis, las plantas absorben CO2 de la atmósfera y producen biomasa que se puede convertir en biogás, biocombustibles o productos industriales; que el aumento del uso de productos agrícolas en la elaboración de productos industriales como polímeros, lubricantes, tratamientos superficiales, disolventes y fibras, puede contribuir a reducir la dependencia de fuentes de energía no renovables;

18. Considera que existe un conjunto de cultivos agrícolas energéticos que, junto a la energía eólica y solar, puede contribuir de modo significativo a la seguridad energética de la UE;

19. Considera que los previsibles efectos perjudiciales de las alteraciones climáticas sobre la producción agrícola dificultarán todavía más el mantenimiento de la seguridad alimentaria, lo que se verá agravado por el aumento demográfico a 9 000 millones de personas en 2050, que obligará a aumentar la capacidad de producción en un 70 %, aspectos que muestran la existencia de vínculos indisolubles entre la seguridad alimentaria, la lucha contra el cambio climático, las catástrofes naturales y la reducción de la pobreza;

20. Llama la atención sobre la necesidad de que la futura Política Agrícola Común disponga de medios financieros suficientes para seguir asegurando —en un contexto de adaptación al cambio climático y reducción de sus efectos perjudiciales, en especial mediante la prevención de los impactos de las catástrofes naturales— el abastecimiento de alimentos a las poblaciones europeas y responder así a los nuevos retos que se puedan plantear;

21. Pide a la Comisión Europea que estudie la viabilidad de la creación de un fondo de adaptación al cambio climático en el contexto de las próximas perspectivas financieras, con el fin de contribuir a la financiación de medidas de prevención contra las catástrofes naturales en los distintos sectores económicos;

22. Recuerda que las masas forestales son importantes ante todo para la producción maderera, pero también para el mantenimiento de la biodiversidad y la prevención de los incendios, las inundaciones, las avalanchas y la erosión, así como para la gestión de los recursos hídricos subterráneos y del paisaje y para la captura de carbono; por ello, urge que la UE se dote de una política forestal exigente que tenga en cuenta la diversidad de los bosques europeos y utilice el conocimiento científico a fin de mantenerlos, protegerlos y adaptarlos para combatir los riesgos a los que se encuentran expuestos;

23. Destaca el hecho de que las sequías persistentes han favorecido en los últimos años la multiplicación de incendios forestales en Europa, agravando al mismo tiempo la desertificación de un gran número de regiones;

24. Solicita a la Comisión Europea que, a semejanza de la Directiva sobre inundaciones que ya está en vigor, presente una propuesta de directiva para la lucha contra la sequía, con el fin de lograr una mejor coordinación de las políticas de los Estados miembros en la materia y de optimizar los instrumentos comunitarios disponibles;

25. Considera que los incendios forestales constituyen un grave problema en muchas zonas de Europa y que es necesario adoptar medidas en dichas zonas que impidan la forestación excesivamente densa y las alteraciones en la composición de la masa forestal; estima que debe concederse preferencia a las especies nativas y a los bosques mixtos, en aras de una mayor resistencia a los incendios, las tormentas y los daños causados por los insectos, teniendo en cuenta las distintas condiciones naturales entre los bosques boreales nórdicos y los del sur de Europa; pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a que incluyan disposiciones legales y sanciones en materia de responsabilidad civil y penal de los pirómanos, y a que coordinen los equipos de evaluación que deban consultarse acerca de la recuperación de las zonas afectadas, con el fin de evitar las actividades especulativas;

26. Aboga por el establecimiento de una política forestal genuina destinada a mejorar la gestión y la conservación de las masas forestales, teniendo en cuenta el papel primordial que desempeñan en la lucha contra el cambio climático, cuya incidencia en las catástrofes naturales es creciente;

27.  9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan en el cálculo de las primas agroambientales los costes adicionales soportados por los agricultores para la realización de actividades de prevención de incendios (como la limpieza de cortafuegos, la extracción de plantas arbóreas muertas, la labranza del terreno a lo largo del perímetro de las parcelas, etc.) y la eliminación de las aguas (limpieza de los canales generales y de recogida);

28. Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, que han permitido en algunos Estados miembros reducir a la mitad las aportaciones de fertilizantes de nitrógeno sin reducir por ello los rendimientos agrícolas;

29. Recuerda que el agua constituye a menudo uno de los agentes que provocan las catástrofes naturales, no sólo debido a las inundaciones —relacionadas muchas veces con una planificación insuficiente—, las heladas, el granizo y la contaminación de las cuencas hídricas, sino también como consecuencia de su escasez, que puede causar importantes transformaciones, como la desertificación de extensas regiones del sur y el sudeste de Europa;

30. Invita a la Comisión a que informe sobre la aplicación en los Estados miembros de los artículos 70 y 71 de las disposiciones relativas al «chequeo» de los sistemas de seguros de riesgos y mutualidades; insta a la Comisión a que presente una propuesta sobre un sistema europeo común obligatorio que aborde mejor el riesgo y la inestabilidad de los ingresos de los agricultores en relación con las catástrofes naturales y de origen humano; hace hincapié en que dicho sistema sea más ambicioso que el actual modelo voluntario, con el fin de impedir la proliferación de diferentes sistemas de seguros en la UE, que ocasionan enormes desequilibrios en las rentas de los agricultores;

31. Considera urgente que todos los agricultores europeos puedan acceder a un mismo sistema de compensaciones mínimas en caso de catástrofe natural o de origen humano, denuncia la imposibilidad de aplicar el apartado 8 del artículo 11 del Reglamento de la Comisión (CE) nº 1857/2006[3] a causa de las divergencias entre los sistemas de seguros disponibles en los distintos Estados miembros y recomienda que, a la hora de calcular las primas de los seguros agrícolas, se tenga en cuenta el fomento de medidas de prevención;

32. 12. Recuerda que los sistemas de seguros están previstos en el «compartimento ámbar» de la OMC, y que nuestros socios comerciales —por ejemplo, los Estados Unidos (Programa Anticíclico y Programas de Ayuda para Catástrofes)— recurren a ellos de forma sistemática para garantizar los ingresos de las explotaciones agrícolas y forestales como compensación por los efectos de las catástrofes naturales y por las pérdidas de ingresos debidas a la inestabilidad de los mercados;

33. Se remite a las estrategias ya existentes para la reducción del riesgo en el plano de las explotaciones, como por ejemplo las estrategias internas o las estrategias orientadas al mercado; recuerda que dichas estrategias constituyen el eje central de la diversificación, la producción adaptada, la modificación de la rotación de cultivos, los métodos de cultivo que conservan el suelo y ahorran agua, los mercados de futuros, los seguros y los contratos, y que deben ser completadas con instrumentos de acompañamiento;

34. Invita a la Comisión a que fomente el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros con relación a la prevención de las catástrofes de origen humano e insta a los Estados miembros a que se aseguren de que las entidades regionales se formen en materia de gestión de catástrofes;

35. Considera que debería facilitarse un marco financiero suficiente como respuesta a las catástrofes, y que éste debería articularse preferiblemente por medio del Fondo de Solidaridad, la política de desarrollo rural, la política regional, el Séptimo Programa Marco, las ayudas públicas, el programa Forest Focus y los programas Life+; pide que se utilicen parcialmente fondos especiales fuera del marco de la PAC para financiar las medidas de prevención privadas, como las medidas de adaptación de los bosques al cambio climático y las correspondientes actividades de investigación, la reforestación, la protección de los humedales y los ecosistemas afines, el control de la erosión y de la sedimentación en los cursos hídricos, así como los usos alternativos para la recuperación de tierras de alto riesgo; pide, asimismo, que la prevención y la intervención y la información a la población se integren de forma adecuada en las próximas perspectivas financieras;

36. Insiste en la necesidad de mejorar las medidas de prevención para hacer frente a todos los tipos de catástrofes naturales mediante el establecimiento de directrices estratégicas conjuntas destinadas a garantizar una mejor coordinación entre los Estados miembros y una mayor operabilidad y coordinación entre los distintos instrumentos comunitarios (Fondos Estructurales, Fondo de Solidaridad, así como mecanismos de respuesta rápida e instrumentos de preparación para grandes emergencias);

37. Insta a la Comisión a que movilice, de la forma más flexible posible y sin demora, el actual Fondo de Solidaridad de la UE, con el fin de asistir a las víctimas de las catástrofes naturales, al tiempo que solicita la adopción de criterios de mayor transparencia;

38. Insta a la Comisión a que simplifique y acelere el proceso, teniendo en cuenta las estimaciones iniciales de los daños directos sufridos por un país afectado por una catástrofe, de forma que las prestaciones del Fondo de Solidaridad tengan la máxima eficiencia;

39. Pide que se amplíe el ámbito de aplicación del Fondo Social de la UE de forma que se defina el concepto de «catástrofe» como un acontecimiento destructivo importante que ocasiona daños graves a la población y al medio ambiente, y de tal manera que dicho concepto incluya las catástrofes de evolución lenta, como el fenómeno de la sequía; opina que, en esta situación, la adopción por las administraciones centrales o regionales de medidas de emergencia para el racionamiento del agua debería dar lugar a la intervención del Fondo Social de la UE;

40. Propone que se amplíe el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad de la UE a fin de incluir los daños agrícolas y forestales;

41. Considera que el conjunto de posibles acciones enumeradas en el artículo 4 del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) es demasiado limitado, puesto que no contempla situaciones de la misma naturaleza, como por ejemplo las sequías; en este contexto, y pese a la imposibilidad de que las principales víctimas (particulares y empresas) reciban ayudas directas, habría que introducir en el FSUE una cláusula más flexible que permitiese la concesión de ayudas indirectas;

42. Pide que se introduzca en el FSUE una nueva categoría, correspondiente a «otras acciones de interés público destinadas a recuperar la vida social y económica de las poblaciones o zonas afectadas», que permita incluir hechos cuyas consecuencias afecten a bienes privados que funcionan como si fueran públicos a causa de su indudable importancia para el bienestar general;

43. Considera fundamental que se tenga en cuenta la dimensión regional al establecer los umbrales de elegibilidad, dado que, en caso contrario, las regiones que sufran catástrofes muy graves podrían verse excluidas por no alcanzar el umbral establecido para el conjunto del Estado miembro; estima que debería tenerse en cuenta, asimismo, la situación específica de las regiones aisladas o remotas, como las regiones insulares y ultraperiféricas;

44. Considera que, a la hora de fijar los umbrales mencionados en el apartado 15, deben tenerse en cuenta las zonas rurales con desventajas naturales específicas y las zonas abandonadas, a fin de incentivar la permanencia en ellas;

45. Insta a la Comisión a que apoye la rehabilitación de las regiones agrícolas que han sufrido daños graves, relance la creación de empleo y adopte medidas adecuadas que compensen los costes sociales inherentes a la pérdida de empleo y de otras fuentes de ingresos en la agricultura.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

17.3.2010

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

34

6

0

Miembros presentes en la votación final

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi y Janusz Wojciechowski

Suplentes presentes en la votación final

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Lena Ek, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves y Daciana Octavia Sârbu

  • [1]  COM(2009)0082.
  • [2]  Informe, de 18 mayo 2006, sobre las catástrofes naturales (incendios, sequía e inundaciones) - aspectos agrícolas (C 297 E de 7.12.2006, p. 363); Resolución, de 16 febrero 2006, sobre la gestión de riesgos y crisis en la agricultura (C 290 E de 29.11.2006, p. 407); Resolución, de 19 de junio de 2008, sobre el refuerzo de la capacidad de reacción de la Unión Europea en caso de catástrofes (C 286 E de 14.8.2008, p. 15).
  • [3]  DO L 358 de 16.12.2006, p. 3.

OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (28.4.2010)

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

sobre el informe sobre la Comunicación de la Comisión: Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano
(2009/2151(INI))

Ponente: Antigoni Papadopoulou

SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.   Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la prevención de catástrofes naturales y de origen humano; recuerda que las catástrofes naturales y de origen humano afectan a todos los Estados miembros y países candidatos y abarcan, entre otros peligros[1], inundaciones, tormentas, sequías, seísmos[2], incendios forestales, temperaturas extremas, erupciones volcánicas, avalanchas, desprendimientos de tierras y accidentes tecnológicos e industriales, erosión del suelo, contaminación del subsuelo y de los acuíferos y contaminación de los mares, lagos y ríos;

2.   Subraya que, al aplicar el enfoque comunitario, no hay que olvidar que son distintos los tipos de catástrofes que se producen en los diversos Estados miembros, por lo que requieren medidas diferentes;

3.   Hace hincapié en que, si bien es cierto que las catástrofes pueden obedecer a numerosas causas, no siempre son atribuibles exclusivamente a fenómenos naturales extremos, sino que con frecuencia es más probable que se deban a la relación deficiente que el hombre mantiene con el medio físico circundante y a accidentes tecnológicos e industriales que pueden acarrear la emisión de agentes químicos, biológicos, radiológicos o nucleares (QBRN) peligrosos, con graves efectos en la salud, los cultivos, las infraestructuras y el ganado;

4.   Apoya los elementos clave del enfoque comunitario; si bien lamenta que aún no se hayan llevado a la práctica en su totalidad las anteriores propuestas del Parlamento Europeo, algo que impide la aplicación de una estrategia comunitaria consolidada para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano;

5.   Cree que la Comunicación de la Comisión sobre la prevención de catástrofes naturales y de origen humano debería desencadenar el debate político entre las instituciones de la UE y los distintos grupos de interés, entre los que se cuentan ONG y otros miembros de la sociedad civil;

6.   Observa que las catástrofes naturales y de origen humano tienen consecuencias muy graves parala economía de las regiones, con un efecto negativo sobre las infraestructuras, el empleo, el patrimonio natural y cultural, el medio ambiente, el turismo y el desarrollo económico y social del país; propone que, al configurar el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior y el marco financiero para 2014-2020, entre las prioridades de una política exterior y de seguridad coherente se cuente el enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano, con un sistema adecuado para la asignación de la ayuda humanitaria en situaciones de crisis en la Unión Europea y en terceros países;

7.   Destaca la importancia de la nueva cláusula de solidaridad mencionada en el artículo 222 del TFUE para garantizar las acciones de ayuda por todos los medios y la coordinación efectiva entre Estados miembros en caso de catástrofe natural o de origen humano;

8.   Subraya, en ese sentido, la importancia de la participación del Comité permanente de cooperación operativa en materia de seguridad interior (COSI) mencionado en el artículo 71 del TFUE y creado por la Decisión 2010/131/UE del Consejo, de 25 de febrero de 2010, por la que se crea el Comité permanente de cooperación operativa en materia de seguridad interior[3]; señala, no obstante, que el COSI no es un órgano legislativo y no debería tener prerrogativas legislativas o cuasilegislativas; le preocupa profundamente la falta de control por parte del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales e insiste en que se les informe oportuna y debidamente de las actividades del COSI a fin de garantizar el debido control democrático;

9.   Opina que el COSI debería prestar servicios de apoyo interoperables en todas las fases (preparación, respuesta y recuperación) de la movilización de instrumentos en relación con las catástrofes naturales y de origen humano, y que su marco operativo debería recoger todas las áreas de las que debe ocuparse (cooperación policial y aduanera, fronteras exteriores, seguridad interior y catástrofes) de acuerdo con la estrategia de seguridad interior de la UE;

10. Incide en que la prestación de ayuda debe cumplir el principio de no discriminación; señala que la ayuda debe prestarse en función de las necesidades, sin discriminación por razón de raza, color de la piel, sexo, lengua, religión, ideología política u otro tipo de ideología, origen nacional o social, posesiones, nacimiento u otra condición de los beneficiarios;

11. Recuerda que las situaciones de emergencia y las catástrofes ponen en peligro los derechos humanos fundamentales; pide que se realice un seguimiento eficaz de las acciones de ayuda al objeto de garantizar la protección de los derechos humanos, incluida toda una serie de medidas preventivas relativas a la violencia física y sexual, el maltrato psicológico, la trata de seres humanos, la migración forzosa y el comportamiento delictivo;

12. Señala que las mujeres suelen ser las principales afectadas por las catástrofes naturales y de origen humano, puesto que su sustento depende, más que el de los hombres, de los recursos naturales que se ven amenazados por los peligros; insta a la Comisión a que adopte estrategias que tomen en consideración la igualdad entre los sexos y respondan a las necesidades de seguridad de las personas y a las crisis ambientales y humanitarias desencadenadas por catástrofes naturales y de origen humano;

13. Insiste en que las catástrofes naturales y de origen humano, como hemos podido ver recientemente tras la erupción del volcán en Islandia, pueden dañar gravemente la economía y las infraestructuras vitales, incluidos los servicios públicos básicos, las comunicaciones y el transporte; insta a la Comisión a que establezca nítidamente las prioridades de ayuda para los países damnificados, por ejemplo, la planificación de refugios y campamentos o el suministro de suficiente agua potable y saneamiento;

14. Señala que toda operación de protección civil eficaz se basa en unos métodos clave específicos, como, por ejemplo, mecanismos de prevención, participación activa y cooperación colectiva, capacidad de reacción, respuesta, recuperación y reconstrucción;

15. Incide en el establecimiento de sistemas de alerta temprana y de fuerzas de reacción rápida, que deberían complementarse con programas de formación y proyectos de sensibilización ciudadana;

16. Subraya la importancia de contar con un compendio exhaustivo de datos e información sobre los riesgos y costes de las catástrofes al que se pueda acceder en toda la UE y que permita, de este modo, el intercambio de información entre los Estados miembros en lo que se refiere a las capacidades civiles y los recursos médicos nacionales; subraya, igualmente, que debemos usar y desarrollar las estructuras ya existentes, como el Centro de Control e Información (CCI), en vez de crear nuevas estructuras;

17. Señala que los problemas medioambientales causados o exacerbados por el cambio climático producen en la actualidad un aumento de la emigración forzosa; desea, por tanto, destacar la creciente relación ente los solicitantes de asilo y las zonas con problemas producidos por el clima; pide una mayor protección y el reasentamiento para los «refugiados climáticos»;

18. Considera que debería existir un mecanismo de coordinación transversal sólido que garantice la difusión de las mejores prácticas capaz de reforzar la cooperación en los campos de la preparación, la respuesta y la recuperación;

19. Señala que el acceso a la asistencia sanitaria es fundamental en el período inmediatamente posterior a una catástrofe; opina que la prioridad debe ser prestar asistencia médica y quirúrgica de urgencia a los supervivientes heridos, reducir el riesgo de enfermedades transmisibles, prestar ayuda psicosocial a las personas que haya sufrido grandes pérdidas, traumatizadas y con unas condiciones sociales y de vida difíciles, así como apoyar una gestión adecuada de la alimentación y la desnutrición de recién nacidos y niños de corta edad;

20. Considera que mecanismos financieros de la UE tan importantes como el Instrumento de Financiación de la Protección Civil deberían, dado el aumento de la frecuencia y la magnitud de las catástrofes, concentrarse en mayor medida en las acciones de prevención, y que deberían ampliarse inmediatamente y sin trámites burocráticos las posibilidades de financiación de las acciones en la UE y en terceros países;

21. Opina que la financiación destinada a complementar los esfuerzos nacionales de protección —fundamentalmente de las personas, pero también del medio ambiente y de los bienes, incluido el patrimonio cultural— en caso de catástrofe natural o de origen humano, se debe gestionar a través de los instrumentos financieros existentes;

22. Opina que la cooperación aporta, sin lugar a dudas, un valor añadido cuando ocurre una catástrofe natural o de origen humano; pide, por tanto, a los Estados miembros y a las instituciones de la UE que intensifiquen la cooperación en materia de prevención de catástrofes y adopten un enfoque global que permita mejorar la eficacia de la política de la UE en materia de gestión de catástrofes; acoge, por tanto, favorablemente, las medidas que ya ha adoptado el Consejo en relación con la creación de un marco comunitario para la prevención de catástrofes y para la prevención de incendios forestales;

23. Señala la importancia de garantizar el control eficaz y democrático de las actividades de seguridad; destaca la creciente participación del Parlamento Europeo en la elaboración de las políticas de seguridad tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; de ahí la importancia fundamental de una consulta eficaz en todas las fases;

24. Hace hincapié en la prevención y la previsión de catástrofes naturales y de origen humano, así como en la atenuación de sus posibles repercusiones a fin de que se adopte una estrategia fundamentada en un enfoque proactivo basado en la información; a tal fin, es imprescindible garantizar que la legislación nacional de los Estados miembros respete las normas de seguridad básicas que han de cumplirse, por ejemplo, en el ámbito de la construcción.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

27.4.2010

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

41

1

1

Miembros presentes en la votación final

Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Cecilia Wikström

  • [1]  Esta es una lista no exhaustiva de catástrofes naturales o de origen humano; por consiguiente, otros tipos de catástrofes naturales y de origen humano que no figuran en la presente opinión pueden estar incluidas en la lista.
  • [2]  Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2007, sobre las repercusiones regionales de los seísmos (DO C 282 E de 6.11.2008, p. 269)
  • [3]  DO L 52 de 3.3.2010, p. 50.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

22.6.2010

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

42

6

2

Miembros presentes en la votación final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Esther de Lange, Anne Delvaux, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Margrete Auken, João Ferreira, Christofer Fjellner, Marisa Matias, Bill Newton Dunn, Rovana Plumb, Michail Tremopoulos, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Anna Záborská